Por Mariángeles Guerrero

El 11 de septiembre de 1973, radio Magallanes fue acallada. El metal tranquilo de la voz del presidente socialista Salvador Allende se perdió entre el estruendo de las bombas y el sonido agudo de los brindis en los barrios altos de Santiago. Así celebraron los momios, la derecha chilena, el golpe de Estado dirigido desde Estados Unidos contra el gobierno de la Unidad Popular, el del marxismo por la vía democrática en ese país largo de montañas y de mar, al sur de Nuestra América.

Allende sabía que la transmisión por radio Portales, antes de que la emisora fuera destruida por el bombardeo, sería su último discurso.También, que serían sus últimas palabras. En ese momento, los generales de la traición, comandados por Augusto Pinochet, atacaban La Moneda.

Enfrentado a la muerte, dejó un gesto de dignidad para quienes —sabía—, serían perseguidos “porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder”. Allende estaba dispuesto a pagar con su vida la lealtad del pueblo: de las campesinas, de los obreros, de la juventud. “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”, dijo entonces, confiado en los destinos de su tierra. De nuestra tierra.

Había ganado las elecciones el 4 de septiembre de 1970. Esa noche, desde un escenario improvisado en la sede de la Federación de Estudiantes de Santiago, Allende selló el pacto que tres años después defendería mientras ardía La Moneda: “Mi único anhelo es ser para ustedes el Compañero presidente”. Con ese compañero caminaban mujeres y hombres anónimos que levantaban las banderas de la Unidad Popular con convicción revolucionaria.

Aquella noche festiva de 1970, Allende anticipó el plan de gobierno: “Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo”.

Dos certidumbres tenía Allende: que la revolución no implica arrasar sino edificar y el pueblo chileno estaba preparado para esa tarea. De la derecha no esperó siquiera el reconocimiento del resultado electoral: “Ella no será jamás capaz de reconocer la grandeza que tiene el pueblo en sus luchas, nacida de su dolor y de su esperanza”.

El 20 de diciembre de 1970, el gobierno de la UP envió un proyecto de reforma constitucional para introducir el concepto de “nacionalizar” como una facultad del Estado. En 1971 se votó en el Congreso la nacionalización del cobre. “Porque el pueblo es Gobierno, es posible que hoy digamos que el cobre será de los chilenos. Porque los grupos minoritarios que gobernaron el país, las viejas y rancias oligarquías siempre estuvieron comprometidas con el capital foráneo y muchos de sus miembros defendieron los intereses extranjeros”, dijo entonces el compañero presidente.

En el amanecer de la victoria, en la primavera de 1970, quedó claro que la vía chilena al socialismo no tenía fronteras. Así lo vio Allende: “Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de la dictadura y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su propio destino”.

En diciembre de 1972, lo reafirmó ante las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, en México: “Hay que entender que la lucha es solidaria en escala mundial, que frente a la insolencia imperialista sólo cabe la respuesta agresiva de los países explotados”.

Guadalajara fue emblemático porque allí se dirigió especialmente a la juventud, a la que entendía como la vanguardia de la batalla contra el capitalismo. La herencia de aquel discurso fue la célebre frase “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica”. Pero precisamente la concepción de juventud de Allende no era para nada biologicista.  

“Hay jóvenes viejos que comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social, caramba, qué dramáticamente peligroso, les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos. Hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses”, ejemplificó.

El compañero presidente dejó entonces un mensaje que no pierde vigencia: “La juventud tiene que entender que no hay lucha de generaciones; que hay un enfrentamiento social, que es muy distinto, y que pueden estar en la misma barricada de ese enfrentamiento los que hemos pasado de los sesenta años y los jóvenes que puedan tener 13 o 20”.

Allende pasó a la historia como un ejemplo, aunque siempre se mostró como un deudor de su pueblo, el que le había permitido estudiar y ser médico, luego diputado, luego presidente. No falló a esa gratitud y fue plenamente consciente de ser el intérprete de una afrenta al capital en un momento bisagra, de revoluciones y dictaduras. 

“Vivimos la época inquietante de un mundo que cruje, donde el hombre hecho pueblo y el pueblo hecho hombre quieren estar presentes, no sólo en el derecho a vivir, en el derecho cotidiano al trabajo, a la educación, a comer, al descanso o la recreación, sino también en la grande y noble dimensión histórica de construir con su esfuerzo, de poner los ladrillos del gran edificio que no se improvisa: de una nueva sociedad, sobre la base, también, de la moral de un hombre nuevo”, afirmó ante la Cámara de Diputados, meses antes de asumir su mandato como presidente.

“Sé que, más allá de lo que puede un hombre, aunque tenga el poder, y más allá de los partidos o fuerzas sociales que forman la base política de su acción de gobernante, está el pueblo; el que ha conquistado los derechos, el que ha luchado y se ha abierto camino, desbrozando la maraña de los intereses bastardos, para asomarse por su propio sacrificio a un pedazo de justicia que era tan necesario”, agregó. 

Hoy recordamos a Allende porque su camino no se detuvo el 11 de septiembre de 1973.

Source

No están en los calendarios oficiales de la memoria ni tienen himnos en su nombre. Los ejecutados en los primeros meses de la dictadura en Chile fueron, en muchos casos, ciudadanos pobres y sin militancia de las barriadas populares, uno de los principales bastiones de la Unidad Popular de Salvador Allende. Sus asesinatos han quedado en la impunidad y recién se empiezan a judicializar.

Una vez concretado el golpe de Estado en Chile, los civiles y militares que derrocaron a Allende se abocaron a consolidar su posición y legitimarse en el poder mediante medidas represivas y políticas. Entre ellos estuvo la clausura del Congreso Nacional y la batería de decretos que establecieron el estado de sitio y estado de guerra interno, lo que dio lugar a la justificación del “enemigo interno” para las tácticas del terror como los campos de detenidos, muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y poblaciones, ejecuciones extrajudiciales y desaparecidos.

En febrero de 1992 se promulgó la Ley 19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que entre otras tareas creó la Comisión Rettig. En su artículo 6, la citada ley estableció que “La ubicación de las personas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena”. Sin embargo, para Alicia Lira, presidenta de la AFEP, existe un amplio campo de casos que no han sido investigados ni aclarados: los que no son “emblemáticos”.

Así, por ejemplo, de acuerdo a una investigación del año 2012 de Pascale Bonnefoy y John Dinges, a partir del 11 de septiembre la morgue de Santiago, acostumbrada a recibir un promedio inferior a 10 cadáveres diarios, se enfrentó al colapso: sólo en el primer mes de la dictadura llegaron 588 cuerpos, de los cuales 397 habían muerto por heridas de bala (revisa mapa interactivo aquí), muchos de ellos ocurrieron por la represión desatada en las poblaciones y barrios populares mediante tácticas como ráfagas de disparos indiscriminados contra zonas habitadas y detenciones y allanamientos aleatorios.

Un escuadrón de la muerte en Estación Central

“En la vía pública, en varias oportunidades, cuando salía con él realizaba disparos al aire, incluso nos ordenaba disparar de la misma forma, sin motivos justificados, situación que no podía serle respondida porque era el oficial. Además, cuando salía a patrullar, ocasionalmente recuerdo que lo hacía con una raqueta de tenis, vestido con vestimenta institucional, con botas de cabalgar”, relató el imputado Enrique Romero Jara, carabinero (policía) ya fallecido y quien fuera conocido como el “Hilton 100” respecto a su superior directo, el teniente Oscar Patricio Ibacache Carrasco. Ambos son investigados por la muerte de varios vecinos de la Población Los Nogales en los primeros meses después del golpe, cargos con los que también se acusa a Juan Eliecer Ponce Manivet. El mismo teniente Oscar Patricio Ibacache Carrasco atribuyó su sobrenombre de “Teniente Loco” a  su vestir “excéntrico, según la palabra que emplearon mis amigos en la población, porque usaba botas y pantalón de montar”.

El “extraño” teniente comandó una sede de Carabineros que, en la práctica, operó como un escuadrón de la muerte para los vecinos de Estación Central, ensañándose especialmente con pobladores jóvenes, obreros, la mayoría sin militancia ni participación política conocida. Ya el 16 de septiembre de 1973 carabineros de la tenencia Los Nogales ingresaron violentamente a la casa de tres hermanos Hernán Rafael (28), Juan Manuel (25) y Ricardo del Carmen Sepúlveda Bravo (16). Se los llevaron detenidos hasta la esquina de las calles Uspallata y Antofagasta, donde los ejecutaron a la vista de numerosas personas de la población Los Nogales. Hernán y Juan Manuel fallecieron en el acto. El adolescente Ricardo del Carmen fue trasladado a la Posta Nº3, donde murió.

“Fue el Teniente Loco”, le dijo el carabinero Jaime Reyes Godoy a su consuegra, Eugenia Rodríguez, cuando ella le preguntó quienes habían detenido a su esposo. Un día después del asesinato de los hermanos Sepúlveda Bravo la Tenencia Los Nogales -también conocida como Tenencia Cabo Tomás Pereira- siguió con las ejecuciones. Así, el 17 de septiembre de 1973, montados en una ambulancia del consultorio vecino a la unidad de carabineros, los efectivos entraron en la casa familiar de Luis Alberto Lobos Cañas (31), militante comunista, partido para el que trabajaba como chofer. El 18 de septiembre su cuerpo sin vida y con dos heridas de bala fue encontrado en el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes.

Por esos días, los carabineros de la Tenencia Los Nogales también ejecutaron, en la misma población, a Víctor Galvarino Silva López (20) operario en una zapatería, sin militancia alguna, detenido el 16 de septiembre de 1973 y lanzado al Zanjón de la Aguada ya muerto. Ese mismo día, Roberto Enrique Anfrens Fuentes (26) salió de su casa a trabajar y nunca volvió. Su viuda fue avisada el 17 de septiembre de 1973 de que su cadáver estaba en el Zanjón de la Aguada.

Octubre de 1973 llegó con una matanza que estremeció a la ya golpeada población. El primer día de ese mes Carabineros de la tenencia local sacaron a la fuerza a tres adolescentes de un local donde jugaban mete-gol. En presencia de los vecinos Miguel Angel Ríos Traslaviña (16), Rogelio Gustavo Ramírez Améstica (18) y Marco Orlando Ríos Bustos (15) fueron golpeados duramente en la calle. Distintos testigos declararon ante la Comisión Rettig que los carabineros obligaron a los niños a correr, disparándoles por la espalda múltiples veces. El cuerpo sin vida de Miguel tenía 18 impactos de bala, mientras que el de Rogelio 12. Sólo el menor de los tres, Marcos, logró correr entre la ráfaga de Carabineros, llegando hasta el puente Iquique de la Estación Central. Allí, entre las vías del tren, se encontró con otra patrulla militar que efectuaba una “pinza” en la zona. Le dispararon tres veces.

El día 20 de octubre, Juan Manuel Pinto Godoy (33) fue detenido en la casa de un vecino de la población Kennedy cuando ya regía el toque de queda. Carabineros de la Tenencia Los Nogales allanaron la casa, supuestamente en búsqueda de dos delincuentes. Juan Manuel intentó huir saltando la pandereta, pero una bala en la pelvis le impidió huir. Una vez muerto, permaneció tirado en un sitio eriazo hasta que los propios carabineros lo llevaron al Servicio Médico Legal.

Ese mismo día los carabineros de Los Nogales volvieron a patrullar en la ambulancia del consultorio vecino a la Tenencia. En el sector que se conocía como Campamento 18 de Septiembre, numerosos testigos vieron cómo detuvieron a José Tomás Beltrán Bizama (25), obrero sin militancia conocida, Eduardo Antonio Fonseca Castro (26), comerciante ambulante que tampoco militaba, y a Hernán Anselmo Cortés Velásquez (26), un obrero que al igual que las otras dos víctimas no tenía actividad política o social conocida. Los tres cuerpos fueron abandonados en Lo Errázuriz (Maipú), todos muertos por un balazo en la cabeza.

Como respuesta a solicitudes de información tales como el listado completo de efectivos en virtud de una querella interpuesta en 2010 por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el departamento de Recursos Humanos de Carabineros de Chile respondió que “no se logró ubicar o encontrar documentación correspondiente al año 1973, en los Archivos de la 21° Comisaria de Estación Central, unidad de la cual dependía en esa época la Tenencia de Carabineros Cabo Tomas Pereira, ya que esta se encontraría incinerada”. El 27 de abril de 2016 de este año se solicitó a la Corte de Apelaciones reabrir el sumario de investigación en el caso de los hermanos Sepúlveda Bravo y Luis Lobos Cañas. Aún se espera la resolución de la corte.

Asesinada por salir a la esquina: El crimen de Sonia Norambuena en la Santa Adriana

El estado de guerra interna decretado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973 significó, además, un reordenamiento de las Fuerzas Armadas. Así, se estableció el Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI), a través del que se emanaban instrucciones y directrices macro para el cumplimiento de las tareas que requería mantener el estado de excepción. En Santiago el CAJSI estuvo a cargo del general Herman Brady Roche (fallecido en 2011 luego de estar en coma por dos años, procesado por múltiples violaciones a los derechos humanos) y se dividió en distintas “agrupaciones”, entre las que estaba la Agrupación Sur que tuvo base en la Guarnición “El Bosque”, a cargo del general de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) Mario Vivero Ávila, miembro del Comando Conjunto.

Un día después de implementado este reordenamiento militar, paralelo al orden jerárquico castrense, los habitantes de la zona sur de Santiago sintieron todo su peso. Los relatos de sobrevuelos disparando ráfagas desde la base El Bosque, allanamientos masivos como los de La Bandera y La Legua y ejecuciones aleatorias fueron parte del despliegue necesario para mantener el estado de excepción interno que dio a Pinochet la justificación, extendida hasta hoy, de una guerra entre dos fuerzas equivalentes. La población Santa Adriana no fue la excepción.

Distintos testigos han declarado a la justicia la presencia de una patrulla de oficiales vestidos con uniformes de combate azules que atribuyen a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) -muy conocidos en la zona por la presencia de la Guarnición Aérea El Bosque- en el puente situado en Ochagavía con Callejón Lo Ovalle, el 12 de septiembre de 1973. Desde allí se efectuaban disparos y ráfagas de ametralladora, la que tenían montada en un trípode. Preocupada por el ruido de los disparos,  Sonia Isaura Norambuena Cruz (34) salió a buscar una de sus hijas que jugaba en la calle. Sonia estaba esperando un nuevo hijo, que se sumaría a los seis que ya tenían con su esposo. La situación económica se había vuelto especialmente difícil desde que, un par de años antes, él sufrió un accidente laboral que le impidió seguir trabajando.

Acompañado de su padre, Francisco Cartes Cartes, Eugenio estaba jugando fútbol en la esquina de Callejón Ochagavía con pasaje 25. Allí se resguardaron con Sonia y su padre esperando la llegada de su hermana. “Llegó mi hermana Edith, al lugar donde nos encontrábamos con mi madre, momento en el que ella cae repentinamente al suelo, para lo cual nos acercamos con mi padre, apreciando un pequeño rasguño al costado derecho de su abdomen, y en la parte de la espalda”, declaró Eugenio. Sonia Norambuena fue llevada hasta su casa por sus hijos, ya que Francisco no podía levantar peso. “Mi madre no pudo ser llevada al Hospital para que la atendieran, ya que por la cantidad de balazos que se sentían en el entorno, era imposible salir de las casas”, señaló una de sus hijas, Cecilia, ante la justicia.

Por el estado de conmoción en la población, Sonia Norambuena no pudo ser velada. Su esposo e hijos construyeron un ataúd en el patio y la velaron en su misma cama por aproximadamente cinco días. Recién ahí pudo ser llevada hasta el Cementerio General, donde los militares apostados en la entrada sólo dejaron que pasara su esposo. El mismo mes de septiembre, militares allanaron la casa familiar en forma de amedrentamiento.

Hoy la ejecución de Sonia Norambuena Cruz está siendo investigada por la justicia, luego de que tanto la Subsecretaría del Interior y su programa de DD.HH como la AFEP se querellaran. La principal dificultad ha sido identificar a los efectivos de la FACh que se apostaron en el puente Ochagavía, ya que los militares citados a declarar han negado cualquier patrullaje fuera de rutina, disparos, ráfagas o participación en algún crimen.

Como un guión calcado, todos han señalado que es primera vez que escuchan del caso. En cuanto al general Mario Vivero Ávila, incluso ha descartado en sus declaraciones la existencia del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) y de la paralela “Compañía Anti Insurgencia” creada por los militares de la FACh en El Bosque, pese a que efectivos a su cargo sí han confirmado su existencia. Esta compañía, paralela al orden jerárquico del ejército, habría estado compuesta por efectivos de la Escuela de Especialidades, Ala de Mantenimiento, Academia Politécnica Aeronáutica, Ala de Abastecimiento y Mantenimiento y de la Academia de la Escuela de Aviación de El Bosque. Según declaró en 2011 el ex militar Oscar Chylk, este grupo estaba comandado por el fallecido teniente Leonardo Antonucci y, para los abogados querellantes, es una de las principales sospechosas de la ejecución de Sonia.

El 6 de septiembre de 1990 el ciudadano Francisco Cartes fue a contar, por primera vez, su historia ante la Comisión Rettig. Allí señaló que “producto de estos hechos mi familia ha quedado muy mal, no han podido estudiar y tuvimos serias dificultades económicas:  hambre, frustraciones, falta de salud. Yo pido justicia para mis hijos y no para mi. Yo juré ese día ante mi familia que jamas me iba a casar con ninguna mujer hasta que matara al perro que asesinó a mi mujer y estoy aquí ahora cumpliendo”. Murió un año después sin saber quiénes asesinaron a su esposa.

Los amigos del frigorífico Matadero

El 30 de octubre de 1973, Jeremías Jara Valenzuela (21), Pedro Otárola Sepúlveda y Manuel Gutiérrez Montano, operarios frigoríficos del Matadero de La Granja, fueron a jugar una “pichanga” antes de su turno de trabajo, que empezaba a las 3 de la tarde. A las 14:30 estaban tomándose una bebida en la fuente de soda “Don Ale”, población Villa Nueva Paraguay, cuando un grupo de carabineros irrumpió en el local y se los llevó detenidos. Sus familias fueron alertadas de la detención por distintos testigos. Así fue como llegó Digna Valenzuela, madre de Jeremías, hasta la comisaría de la Población San Gregorio. Le dijeron que los soltaban a la noche.

Dos días después volvieron a preguntar por los jóvenes. “Seguramente pasaron a entretenerse a otro lado”, dijeron los carabineros, de la comisaría a cargo del capitán Héctor Osses Yáñez y el sargento Armando Sáez Pérez, mostrándoles el libro de registros donde supuestamente habían firmado los jóvenes. Pero, según contó Manuel Gutiérrez Montano, lo que ocurrió fue otra cosa. En la madrugada del día de su detención fueron sacados de los calabozos y llevados al zanjón El Mariscal, paradero 46 de avenida Santa Rosa, donde ejecutaron a Jeremías Jara y Pedro Otárola y lanzaron sus cuerpos al caudal. Manuel, en tanto, saltó al río antes de que le dispararan y logró sobrevivir. Así alertó a las familias Jara Valenzuela y Otárola Sepúlveda, para luego desaparecer de la población. Nunca más supieron de él. Los restos de Jeremías Jara aparecieron un mes después en San Bernardo, hasta donde habían sido arrastrados por la corriente.

Según la Comisión Rettig, entre el 8 y el 30 de octubre de 1973, en ese mismo lugar, aparecieron 16 personas muertas en similares condiciones. De este grupo, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación solamente logró identificar a Jaime Antonio Rivera Aguilar y a Eduardo Santos Quinteros Miranda, a quienes declaró víctimas de violación de derechos humanos. Esto no quiere decir que todos sean atribuibles a la Subcomisaría La Granja, ubicada en la San Gregorio: la zona sur también era patrullada por la FACh y el Ejército además de Carabineros.

Sin embargo, los propios carabineros de la Subcomisaría La Granja se delataron al llegar cinco días después de que aparecieran los cuerpos a las casas de las familias Jara Valenzuela y Otárola Sepúlveda. Según declaró Rosa Sepúlveda a la Comisión Rettig, “al parecer se sabía que uno de los detenidos había quedado vivo”. Rosa quedó citada a la Fiscalía Militar, lugar donde un oficial le comentó que el cuerpo de su hijo estaba en el Servicio Médico Legal y que había sido ejecutado “por político”. En 1974 fue hasta el SML, donde le informaron que su hijo Pedro había sido enterrado en una fosa común del Cementerio General.

Los testimonios de los familiares de Jeremías Jara y Pedro Otárola apuntan a que, al menos, el sargento Arnaldo Sáez conocía a las víctimas. Esto, ya que era recurrente que los funcionarios de esa comisaría llegaran hasta el frigorífico del Matadero La Granja y exigieran que los trabajadores robaran carne de los depósitos para entregárselas. Sáez, además, era muy reconocible por sufrir de vitiligo, razón por la que era conocido como “El Manchado”.

Sobre el caso circulan varias versiones: primero, que “El Manchado” habría aprovechado de su condición de agente del Estado y del clima general de represión y ejecuciones para “cobrarle” a los jóvenes constantes burlas por su piel. Otras informaciones entregadas por carabineros de la subcomisaría La Granja a la justicia apuntan a que Manuel Gutiérrez Montano logró salir de la población ya que una familiar suya era trabajadora doméstica del General Director de Carabineros, César Mendoza. Ninguna de ellas ha podido ser comprobada.

Acusados por distintas causas, entre ellas la ejecución de Dante Valentín Olivares Jiménez (36), detenido en septiembre del ’73 en La Bandera, el capitán Osses ha culpado al sargento Sáez de estos hechos, quien murió el 1985 de un accidente cerebrovascular. Además, el capitán Osses y los efectivos Aquiles Bustamante Oliva, Fernando Félix Rojas Véliz, Luis Alberto Baeza Sanhueza y Segundo Baldomero Llanos Amarilis fueron procesados también por las ejecuciones de Héctor Queglas Maturana y Luis Morales Muñoz, también en La Granja, también en octubre de 1973. Por esos días también fue asesinado Jorge Hernán Espinoza Farías (19), delito por el que también están acusados Osses Yáñez y Bustamante Oliva.

Según ha declarado el capitán Osses Yáñez, supo de la ejecución de Jeremías y Pedro por el oficial Aquiles Bustamante, quien habría acompañado al sargento Arnaldo Sáez en los asesinatos. Hoy la causa ha finalizado su etapa de investigación y desde los querellantes esperan procesamientos. Doña Rosa Sepúlveda no fue parte. En los años ’80 le informaron desde el Cementerio General que los restos de su hijo Pedro habían sido removidos. Nunca pudo ver el cuerpo ni despedirse de él.

*Artículo publicado originalmete en El Desconcierto

Source

A 41 años del golpe de Estado en Chile, el último discurso pronunciado por Salvador Allende sirve como guía para desmenuzar los años de gobierno de la Unidad Popular, primera experiencia de la vía democrática al socialismo.

1.

“Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron”

Así comienza el célebre último discurso pronunciado por Salvador Allende desde el Palacio de La Moneda. Allí donde se resguardaba de los bombardeos de varias horas y del avance de las fuerzas reaccionarias y traidoras. Allí donde resistiría y daría una demostración de coraje, entereza y compromiso con su pueblo.

Aquel día, las comunicaciones con el pueblo comenzaban a las 7.55 AM. El mismo Allende irá dando los partes de la situación del golpe. Durante las cinco intervenciones radiales, insta a los trabajadores a mantener la calma, no entrar en provocaciones y estar alertas. Pero la situación es cada vez más vertiginosa y compleja.

2.

“Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”

El golpe había tenido un antecedente en julio del mismo 1973 con una sublevación militar conocida como el Tanquetazo que, sumada a la nueva ley de control de armas -concesión realizada por el presidente tras el paro patronal de camioneros y empresarios en octubre de 1972-, dieron el impulso para que los intereses extranjeros y oligárquicos se impusieran a la voluntad del pueblo chileno. Un pueblo que había tenido el atrevimiento de votar por primera vez en el continente la vía democrática al socialismo.

Allende le habló a las mujeres, a la juventud y al “hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente”, dando las gracias por la confianza de millares, de los nadies, de los olvidados que durante el gobierno de la Unidad Popular se sintieron por primera vez protagonistas: en las Juntas de Abastecimiento combatiendo el boicot, en los cordones industriales, en los comandos comunales y en los sindicatos campesinos impulsando la Reforma Agraria.

Pero también intuyó cómo sería la venganza de la oligarquía chilena, al igual que Víctor Jara, quien meses antes cantaba en su Manifiesto: “Del que morirá cantando, las verdades verdaderas, una cruel vil y rastrera, que cobró la vida de miles y dejó al pueblo chileno, en las poblaciones y campos, con los ojos mojados y el llanto desconsolado”.

3.

La persistencia de Allende fue un factor clave en la construcción de la opción socialista en Chile: “Al frente de esta quimera estaba un médico forense, que iba al combate vestido de lord inglés y contaba en sus discursos poemas entrañables sin proponérselo”, según lo graficó Gabriel García Márquez. El gobierno de la UP, desde sus inicios en noviembre de 1970, logró mejorar la situación de los sectores populares, subiendo los salarios y logrando en el primer año que la participación de los trabajadores en la economía llegara al 45%.

Impulsó la educación a través de la imprenta estatal Quimantú, convirtiendo a Chile en el país con mayor cantidad de libros per cápita de mundo, y entregaba medio litro de leche diaria a cada niño en escuelas y hospitales. Pero lo que más irritó a la oligarquía chilena fue la nacionalización del cobre en 1971 (con acuerdo de todos los sectores políticos, sin pago de indemnización), el aceleramiento de la reforma agraria y la creación del área social de la economía, desde donde se procedió a estatizar numerosas industrias claves poniéndolas bajo el control del gobierno.

Quizá una de las riquezas del proceso de aquellos años en Chile tenga que ver con que muchas veces el gobierno se vio sobrepasado por la fuerza de los trabajadores, quienes buscaban acelerar estas victorias con sus propias manos. De ahí que Allende se despidiera del pueblo chileno teniendo certeza de que se esforzó por cumplir el programa de la UP, respetando la Constitución y las leyes, aunque sus opositores aseguraban lo contrario desde el Congreso, mientras que sectores de la misma izquierda, como el MIR, pidieran que se confiara en el pueblo y en su fuerza más que en la legalidad burguesa: “Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”.

Combatió, pese que a siempre fue un político más que un guerrillero. Defendió el proceso revolucionario hasta el último instante con el fusil que le obsequio Fidel. Hizo un llamado al futuro, a la clase trabajadora, a no dejarse a humillar. Los invitó a abrir las grandes alamedas, esas que tantas veces se repletaron para mostrar su apoyo. Los llamó a seguir luchando por construir una sociedad mejor: “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

4.

Allende es el reflejo de un pueblo que creyó en el sueño de una sociedad más justa, democrática y tolerante, con pan y trabajo para todos. Muchos en los cordones industriales, en las fábricas, en los comandos comunales siguieron esperando que Allende tomara la iniciativa, cerrara el congreso y pasara a la ofensiva. Pero Allende, fiel a sus convicciones políticas, buscó hasta el final la salida pacífica y democrática. Un plebiscito vinculante sobre el destino del gobierno sería anunciado el 12 de septiembre, pero la CIA, los reaccionarios y los militares golpistas no iban a tolerar otra derrota en las urnas.

“¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano”

Fueron las últimas palabras públicas de un revolucionario, militante popular de toda la vida, ejemplo de lucha y convicción. Escuchadas en todos los rincones de Chile, de América Latina y el mundo, mostraron la moral revolucionaria dispuesta a defender con la vida la voluntad soberana de un pueblo que había escogido dictar su propio destino. “El metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo”: así invitaba a los pueblos de Nuestra América a seguir luchando por construir un mañana justo para los hijos de esta tierra.

*Militante del Colectivo Poder Popular de Chile.

Source