El viraje protagonizado por Macri en Argentina se inscribe en un proceso más amplio de cambio de agenda a escala global.

Las disputas políticas suelen tomar formas nacionales en la disputa por el Estado, momento clave de la estructuración de cualquier proyecto social. Pero esto implica que esos proyectos sociales se limiten por esas fronteras. El marco global de referencia es clave para comprender los procesos de cambio.

Así, resulta insuficiente analizar el programa de Cambiemos en el gobierno de Argentina solo bajo coordenadas nacionales. Sin dudas, diversos condicionantes de la política interna definieron este resultado, entre los cuales la disputa al interior del bloque en el poder parece haber sido una característica definitoria. Tempranamente señalamos que Cambiemos representaba fracciones del bloque en el poder menos dispuestas a hacer concesiones a las clases populares. La construcción del discurso de esta fuerza se hizo a partir de la matriz propuesta por las fracciones concentradas del sector agropecuario, incipiente en su protesta en 2008.

La alianza que Cambiemos representa incluye también a otras fracciones del bloque en el poder: la financiera, la que opera en los servicios públicos y el capital extranjero en general. Estas fracciones tienen entre sí disputas no triviales sobre el rumbo específico que debería tomar la acumulación, pero tienen acuerdos comunes que les permiten avanzar con políticas concretas. Entre ellos, se resaltan el sesgo anti-popular y el frente externo. Sobre este segundo acuerdo hace falta enfatizar.

Tratándose de capitales extranjeros y fracciones internacionalizadas del capital local, su prioridad parece ser reestructurar las formas de negocio más directas posibles con los centros de acumulación global, con las menores mediaciones posibles. En este sentido, y concordante con el sesgo anti-popular, la búsqueda de negocios directos sin cortapisas parece tentadora en materia de ganancias potenciales, pero soslaya el problema político de legitimar tales decisiones. Les juega a favor la aún insuficiente confluencia popular de resistencia, que les permite ganar tiempo en la puesta en práctica del programa.

De manera concreta, el escenario mundial en que se inserta Argentina es uno signado por la crisis. La misma que desde 2008 marca los tiempos a través de sus diferentes fases. La débil demanda externa y la caída de los términos de intercambio, sumadas a la crisis de Brasil, significan severos problemas para un modelo que pretende hacerse viable por el impulso a las exportaciones. La retracción de capitales hacia Estados Unidos tampoco augura buenos pronósticos para la entrada de inversiones extranjeras dirigidas a la producción.

La explícita opción tomada para resolver este intríngulis ha sido buscar una alineación más directa y subordinada al proyecto de expansión estadounidense en ciernes. La visita de Obama para el 24 de marzo fue fuerte no sólo desde lo simbólico. Para el país del Norte, Macri es un activo político, pues es, hasta el momento, la única expresión de este nuevo rumbo regional que ha llegado al gobierno mediante elecciones. Por eso el gesto diplomático, que vino de la mano de renovadas promesas de inversiones y directrices de integración.

No en vano, en las últimas semanas el presidente Macri se reunió con sus pares de Chile (Bachelet) y Colombia (Santos), buscando confluir con los países de la Alianza del Pacífico (que completan Perú y México). Estos países fueron explícitamente promovidos desde la Oficina de Asuntos Externos estadounidense como la alternativa para América Latina frente a otras iniciativas de integración regional. Concretamente, se trata de una iniciativa que retoma el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), creando lazos de libre comercio entre estos países y la potencia del Norte.

El ALCA fue enterrado en Mar del Plata en 2005, gracias a la sistemática y organizada oposición social al proyecto. Los gobiernos de Kirchner y Lula da Silva buscaron negociar un ALCA con concesiones, y ante la negativa de Bush, optaron por darle prioridad al Mercosur. Para el gobierno argentino, ésta había sido la prioridad desde la campaña electoral: atado a la propuesta de desarrollar un “capitalismo en serio” impulsando una “burguesía nacional” que reindustrializara el país, el Mercosur aparecía como el ámbito propicio. La mayor parte de las exportaciones industriales del país se dirigen a ese destino, mientras que las ventas al resto del mundo son básicamente materias primas o productos derivados de su procesamiento básico. El Mercosur, legado de Alfonsín y Menem, servía como espacio de acumulación para el débil empresariado industrial realmente existente frente al ALCA. Este último proyecto, de apertura y liberalización, solo permitiría el funcionamiento de aquellos sectores con ventajas comparativas (agroindustria, minería) o protegidos de la competencia (ciertos servicios), dejando en la ruina a los demás.

La negativa de Bush a hacer concesiones respecto de propiedad intelectual y subsidios a la producción agrícola estadounidense favorecieron la inclinación de la balanza, que decantó en la prioridad del Mercosur. Chávez, por su parte, dio rienda a proyectos de integración alternativos (ALBA), que buscaban ir más allá del comercio bajo la lógica del capital. Nuevamente, la negativa de Argentina y Brasil a seguirlo en estos proyectos, hizo que Venezuela desdoblara la iniciativa, buscando una integración política de amplio alcance (UNASUR y CELAC) y pidiendo unirse al ya existente Mercosur.

Estados Unidos no se quedó en espera; avanzó con tratados bilaterales y el impulso a la Alianza del Pacífico. Al mismo tiempo, atendiendo a un problema de otra escala, el gobierno de Obama comenzó una serie de iniciativas para contener el avance de la economía china. Estas incluyen el Tratado Trans-Pacífico (TTP), que asocia ya a 12 economías linderas a este océano -excluyendo a China- bajo la misma lógica de libre comercio del ALCA: privatizaciones, abuso de los recursos naturales, flexibilización laboral, protección de propiedad intelectual. Esta iniciativa se complementa con la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, entre Estados Unidos y la Unión Europea, y el Acuerdo General de Comercio de Servicios (TISA), negociado entre 50 países. Toda una gama de alternativas para expandir el control estadounidense sobre la economía global, y contener las intenciones expansionistas de otras potencias imperialistas.

Macri ha optado abiertamente por alinearse con esta agenda. No solo las reuniones con Obama, Santos y Bachelet, sino el pedido ya obrado para que Argentina sea miembro observador de la Alianza del Pacífico. El Mercosur, de donde no pudo expulsar a Venezuela, será paulatinamente deslindado en los hechos. Esta agenda externa está pensada para el beneficio de unos pocos, los mismos pocos que ganan con la ofensiva anti-popular.

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Lo que dejó la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico y el rol que empieza a jugar este bloque en la recomposición del escenario regional. La presentación de Macri tras la incorporación de Argentina como observador en otro fuerte gesto del rumbo en su política exterior.

El presidente Mauricio Macri subió el jueves pasado al escenario del Teatro Lago, en la ciudad chilena de Puerto Varas, con un chiste -¿ensayado?- en la punta de la lengua. Quien lo acababa de presentar en el marco del foro empresario de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP) había olvidado mencionar un mérito -¿importante?- de su currículo. “Mi verdadero talento, que usted no expresó, es que soy un gran bailarín.” Siguieron las risas.

Fue el debut de Argentina como miembro observador de la Alianza del Pacífico, el bloque comercial que componen Chile, Colombia, México y Perú (más Costa Rica y Panamá en proceso de incorporación) que se constituyó en 2011 como alternativa al Mercosur, y que hoy representa el modelo contrapuesto a los procesos de integración progresistas de la última década en América Latina. Irreprochable la ironía del jefe de Estado que supo moverse al ritmo de la cumbia en el balcón de la Casa Rosada el día de su asunción, habla también del giro argentino en política exterior y de los pasos con que su gobierno puja por reconfigurar el sistema de alianzas regionales hacia un paradigma liberal.

El baile consistirá no sólo en tejer una nueva red de alianzas afines a su proyecto político, sino en reorientar la visión proteccionista de los resortes tradicionales como el Mercosur hacia el paradigma de “libre comercio” y de economías abiertas que promulga la AP. “Hay que dinamizar el Mercosur, que viene congelado desde hace mucho tiempo. Tenemos una visión de convergencia con la Alianza del Pacífico, es el mejor camino para todos”, explicitó el presidente.

El triunfo de Alan García

Cuando en 2014 el ex presidente de Perú Alan García agradeció los aplausos que saludaban su presencia como orador en un encuentro de ex mandatarios sobre los alcances y desafíos del bloque andino, también pidió una corrección en su presentación: “Quisiera que la historia me recuerde como promotor y por haber lanzado la idea de la Alianza del Pacífico, porque creo que es el proyecto más constructivo y de mayor futuro que en los próximos decenios podrá desarrollarse en Latinoamérica en su conjunto”.

La gesta de la Alianza se remonta a 2010, recordó García. Habían pasado sólo cinco años desde que los presidentes de Brasil, Lula Da Silva; de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos; de Venezuela, Hugo Chávez, y de Argentina, Néstor Kirchner, rechazaran la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata. El mensaje a Washington había sido claro. En palabras del jefe de Estado del país anfitrión, Latinoamérica se oponía a aceptar “las consecuencias nefastas” de las políticas de “ajuste estructural” y del endeudamiento externo. “El mercado por sí solo no reduce los niveles de pobreza”, había alertado Kirchner.

No todos los países de la región se habían alineado a esa postura y Alan García sería quien tirara la primera piedra para reformular el proyecto de un bloque comercial que tiene al libre mercado como principal bandera. “Los avances que hemos hecho en materia de liberalización del comercio -Perú, Colombia, Chile y México comparten, además de la salida al Pacífico, Tratados de Libre Comercio con Washington- son insuficientes para fortalecer nuestras economías”, escribía García a su par colombiano, Juan Manuel Santos, el 10 de octubre de 2010. “En este mundo de las telecomunicaciones no hay que crecer hacia adentro como soñaron en el Pacto Andino o en el Mercosur. Hay que hacer un bloque para crecer hacia afuera. Ese es el cambio de paradigma.”

Era el nacimiento de la Alianza del Pacífico, “un mecanismo constituido por países con visiones afines del desarrollo, el libre comercio y la economía”, según se autoproclama en su presentación institucional. “Teníamos que proponer un giro copernicano –recordaba García en 2014-. Los otros (en referencia a los países que conducían la Unasur) optan por el estatismo como hace 40 años. (Pero) esa película en blanco y negro de gobiernos totalitarios que se adueñan de las empresas ya la vimos y a lo que conduce es a modelos inertes llevados por la marea sin músculo ni esqueleto productivo”.

La desregulación como alianza

La Alianza del Pacífico se propone como una plataforma moderna, desideologizada y con lógica de mercado que busca crear “mercados atractivos” para atraer inversiones y fortalecer el comercio en la región Asia-Pacífico. Sus objetivos son avanzar hacia la circulación libre de bienes, servicios, capitales y personas -algunos especialistas señalan que este último punto es el único motivo por el cual Estados Unidos continúa siendo sólo un país observador-, impulsar un mayor crecimiento de las economías de esos países “con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión de sus habitantes” y articular política y comercialmente con otras naciones.

La expectativa de estos países no parece estar puesta en ampliarse en cantidad de socios. Entre sí parecen completar los requisitos para posicionarse internacionalmente. Entre los países de la AP concentran el 39% del Producto Interno Bruto (PIB) total de América Latina y el Caribe, representando en su conjunto la octava economía del mundo. Además, festejan sumar aproximadamente el 50% del comercio exterior de Latinoamérica.

La expectativa del bloque está puesta en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP), al que ya se sumaron Chile, Perú y México y al que Colombia ya se comprometió. Esta nueva alianza podría quitar barreras comerciales entre estados políticamente afines de Asia y América. El horizonte, no hay que olvidar los conceptos de García, pareciera estar más en desregular la economía para aumentar el flujo comercial hacia afuera que en apostar a la integración local.

La felicidad del derrame de la copa

El ingreso de Argentina como país observador número 49 es más un gesto de consonancia política con los objetivos y lineamiento propuestos por la Alianza que un compromiso con implicancias económicas concretas. En cuanto a atribuciones operativas apenas significa que el gobierno podrá participar sin derecho a voto de los encuentros a los que sea invitado. Quizás resulta más elocuente mencionar que son Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela los países de Sudamérica que todavía no se sumaron como observadores.

“Tenemos que ir en una transición ordenada, no crítica hacia la integración Mercosur, espero en breve, con la Alianza del Pacífico y después con el mundo entero”, opinó Macri el jueves pasado y lamentó que Argentina venga “de muchos años de una economía cerrada”. En ese sentido, celebró su incorporación al bloque: “Si uno quiere llegar lejos, hay que ir unidos. Unidos por la ley, por las instituciones, por la no impunidad y por las reglas claras que premien el esfuerzo de la gente. Ese esfuerzo que dignifica, que te lleva a lo más importante de este mundo que es lograr ser felices, felices en familia, en los afectos y en los valores”.

Y, en la misma línea, expuso que “a mayor institucionalidad vamos a tener más inversión, que es lo que hace que tengamos más empleo”, que se traducirá, según auguró, en igualdad de oportunidades y reducción de la pobreza. Parece fácil, aunque hay que ver cuál es el desenlace de la crisis económica y política que atraviesa Brasil y si permite la transformación del Mercosur que pretende Argentina.

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El afianzamiento con los gobiernos de Santos en Colombia y de Rajoy en España son dos caras de una misma moneda para el gobierno de Mauricio Macri: la del giro a la derecha en materia de política exterior. Venezuela definiría el tablero.

El diez de junio pasado ocurrió un suceso de alto impacto en cuanto a la política exterior de nuestro país: la Alianza del Pacífico aceptó el ingreso de Argentina como país ‘observador’. Esta Alianza está conformada por México, Chile, Perú y Colombia, y se ha constituido en los últimos años como la contracara del Mercosur, en la medida que las y los presidentes de dichos países han tenido una ostensible simpatía hacia el libre mercado y hacia la política de los Estados Unidos.

Aunque la Argentina siquiera cuenta con salida al Océano Pacífico, las articulaciones regionales muchas veces no se detienen en dichos detalles al momento de acrecentar su poder. Por caso, tampoco Turquía tiene salida al Océano Atlántico, aunque ello no ha impedido que acompañe la política exterior de Estados Unidos, sumándose a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Como fuera, hoy son casi cuarenta los países que se mantienen como ‘observadores’ en la Alianza del Pacífico, ahora con Argentina incluida.

Precisamente para pavimentar el camino de nuestro país hacia ‘el Pacífico’, Mauricio Macri emprendió una apretada agenda política en materia de relaciones internacionales, que lo llevó a visitar a su par colombiano Juan Manuel Santos. Si bien Santos destacó la buena relación que tuvo con Cristina Kirchner, enfatizó en declaraciones al diario Perfil, que “con Macri nos parecemos mucho más en nuestras visiones de qué hacer con la economía, con la democracia”. Tras las buenas migas construidas, el primer mandatario del país cafetero no dudó en afirmar que Colombia sería la ‘puerta’ de Argentina al Pacífico.

Una puerta hacia Barajas

La segunda puerta que el gobierno de Mauricio Macri viene priorizando en materia de política exterior conduce al viejo continente. Es sabido que existe buena sintonía entre el PRO y el Partido Popular (PP) de España casi desde la conformación de la fuerza política de Macri; pero, ahora en el gobierno, los gestos de acercamiento han ido en aumento.

El primer hito fue la visita de Prat-Gay a la tierra de Cervantes, quien insólitamente pidió perdón a los empresarios españoles por el “trato recibido” durante los gobiernos anteriores. Hasta la propia Elisa Carrió, perteneciente a Cambiemos, cuestionó esta actitud y denunció el accionar vaciador de muchos empresarios europeos al frente de empresas en nuestro país.

Más recientemente Macri le deseó a Mariano Rajoy, candidato del PP, ‘éxitos’ para las jornadas electorales del pasado domingo. Al cierre de esta nota los boca de urna de las elecciones en España consignaban al PP como principal fuerza política, aunque con la posibilidad de quedar en minoría si otras fuerzas de izquierda y centro izquierda conformaran alianzas entre sí. A esto se le debe sumar el triunfo del Brexit en Gran Bretaña la semana pasada, y el ascenso de figuras de la derecha en las planas nacionales de los principales países de Europa, como el caso de Merie Le Pen en Francia, quien se mantiene primera en los sondeos para las elecciones del año próximo.

Es en este escenario que deben comprenderse las relaciones cuasi carnales que el gobierno de Cambiemos parece querer establecer con España, las cuales se piensan como la vía para la concreción de un viejo anhelo para la Unión Europea: establecer tratados de libre comercio con los países del Mercosur.

La querella por Venezuela

Una pieza clave en el tablero de la política exterior mundial para cualquier país de América Latina es hoy en día Venezuela. A la identificación que el gobierno del FpV estableció con el chavismo, el macrismo le opuso una campaña electoral plagada de críticas a Nicolás Maduro. Sin embargo, ante el pedido de la oposición venezolana hacia la Organización de Estados Americanos (OEA) para aplicar la Carta Democrática, aduciendo que en Venezuela están en juego las garantías constitucionales, el gobierno de Macri se mostró ambiguo.

La canciller Susana Malcorra declaró que apostaban al ‘diálogo’ en Venezuela, lo cual fue leído como un gesto tibio y poco comprometido con la oposición venezolana. De hecho el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el antichavista Henry Ramos Allup, dijo que la posición de Argentina era penosa y se quejó de que Macri no cumplió con lo que había prometido en la campaña; incluso fue más allá: “Cristina al menos no era hipócrita”, sentenció desde su cuenta de Twitter.

Rápido de reflejos, y siempre manejándose en una fina línea diplomática, días después Macri recibió al opositor venezolano Enrique Capriles en la Casa Rosada, en lo que se leyó como un gesto de recomposición con la derecha caribeña.

Amarillo tras las fronteras

En esta misma columna periódica se vienen estableciendo continuidades y rupturas entre los gobiernos kirchneristas y la política de Cambiemos. Tal vez en lo referido a la política exterior es donde mayores puntos de disonancia encontremos entre uno y otro gobierno.

Más allá de los atenuantes vistos, que la situación de Venezuela se esté discutiendo hoy en día en la OEA, con la presencia de Estados Unidos, y no en la Unasur (agrupamiento que excluye a la potencia norteamericana), es todo una muestra del cambio de época en la región. Claro que este cambio no es atribución exclusiva de la política exterior argentina, sino de todo un avance regional de gobiernos y fuerzas políticas conservadoras; en materia de política exterior entonces, Cambiemos viene haciendo –con creces- honor a su nombre.

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La entrada de las Argentina como miembro observador de la Alianza del Pacifico abre las puertas al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) y a una nueva etapa de relaciones carnales con los Estados Unidos.

A finales del año 1972 el por entonces presidente chileno, Salvador Allende, denunciaba en las Naciones Unidas la falta de control de los estados sobre las empresas multinacionales. Decía que “Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden y no están fiscalizadas por ningún parlamento, y por ninguna organización representativa del interés colectivo”.

Aun faltaban un par de años para que el gurú ultraliberal Milton Friedman, asesorara a la dictadura de Augusto Pinochet. Todavía debían pasar más de quince años para que el paquete de reformas neoliberales del  “Consenso de Washington”,  impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, cayeran como una guillotina sobre el pueblo latinoamericano. Carlos Menem en Argentina y Alberto Fujimori en Perú, hijos predilectos de la Escuela de Chicago, tuvieron la triste tarea de empujar la pobreza a índices escalofriantes.

Después llegó el 2001, el “que se vayan todos” y el rechazo a la clase política en general, salvo honrosas excepciones. Pero casi con exclusividad podemos afirmar que la resistencia popular que se llevó puesto cinco presidentes en menos de una semana, estuvo dirigida hacia forasteros personajes como Anoop Singh y Anne Kruger, principales exponentes de las políticas económicas aplicadas en este lado del mundo. Con posterioridad a las puebladas del 19 y 20 de diciembre, se inició una etapa de gobiernos progresistas en Latinoamérica. El rechazo al Acuerdo de Libre Comercio con los EE.UU. (ALCA) en la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos en la Ciudad de Mar del Plata, dieron el puntapié inicial hacia una política exterior redireccionada a acuerdos comerciales y políticos que fortalecieron  el MERCOSUR y dieron nacimiento al UNASUR.

La restauración conservadora que encabeza Mauricio Macri y su canciller Susana Malcorra, pretende exportar su concepción del mundo o, en su defecto, la de los países centrales, al resto de América Latina. Una muestra clara de ello es el rápido apoyo al golpe blando producido contra la ex presidenta del Brasil, Dilma Rouseff, o el intento de presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro exigiendo que se realice antes de fin de año el referéndum revocatorio del mandato presidencial.

La decisión tomada por el gobierno argentino de ingresar como miembro observador de la Alianza del Pacifico (acuerdo comercial integrado por los países de Colombia, Perú, Chile y México), vuelve a poner en debate los acuerdos de libre comercio con las potencias centrales. Recordemos que  la Alianza del Pacífico fue creada en 2011 como un mecanismo de integración económica abierto al libre comercio.

La puerta abierta al Acuerdo Trans-Pacífico (TPP)

El ingreso a la Alianza del Pacifico es visto como un viaje sin escalas hacia el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. La apertura económica, como nunca antes, se avisora en el futuro próximo. Depende del surgimiento de una resistencia similar a la que se dio hace diez años que este pacto no pase. El Acuerdo Transpacífico no es otra cosa que un acuerdo de Libre Comercio que asegura a los Estados Unidos la influencia imperial que mantuvo hasta que aparecieron con fuerza los países emergentes. No es casual que estén excluidos de este pacto económico China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.

En un comunicado de prensa difundido recientemente por la Asociación por una Tasa a las Transacciones y de Acción de los Ciudadanos (ATTAC) se rechaza la adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico porque entienden que queda allanado el camino para suscribir el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Este Tratado Transpacífico, además de las regulaciones comerciales a favor de los EE.UU., abre la posibilidad de que inversores extranjeros demanden al país en centros arbitrales internacionales como el CIADI. En el comunicado difundido por la ATTAC expresan que el TTP incluye “obligaciones en materia de coherencia regulatoria que obliga a los Estados firmantes a coordinar cotidianamente sus legislaciones, por lo cual hay una imposición de las regulaciones de otros países, que suelen ser a la baja.”

El TPP es solo una parte de una estrategia mucho más global y ambiciosa que incluye la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) con los países de la Unión Europea, y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA por sus siglas en inglés). Este Acuerdo comercial busca regular un gran número de áreas que abarcan desde el comercio de lácteos hasta la regulación laboral, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente. El TPP es integrado por Japón, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Estas economías agrupan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, y reúnen un mercado de 800 millones de personas.

El 5 de octubre del año pasado se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Al finalizar la firma, el presidente de los EE.UU., Barack Obama, expresó que se acaba de cerrar la eliminación de más de 18.000 impuestos nivelando el campo de juego a favor de los granjeros norteamericanos. A su vez, el mandatario norteamericano afirmó que “Cuando un 95% de nuestros consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global”.

Las semillas y las patentes

En el caso de las semillas, se volvería a la carga con la vieja Ley Monsanto que intentó aprobar el kirchnerismo el año pasado. En el capítulo sobre Propiedad Intelectual, el acuerdo obliga a los países a ratificar el Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla. El Colectivo de comunicación Huerquen realizó un cortometraje en el que reflexionaban acerca de las consecuencias que el avance de las corporaciones del agronegocio tiene para nuestras vidas.

En este cortometraje, Carlos Vicente relataba que la norma UPOV91 “Limita la posibilidad de guardar semillas, se criminaliza aún más a las semillas criollas y se permite que toda la biodiversidad de la Argentina sea privatizada”. Esta norma va mucho más allá de los derechos de las patentes de las semillas compradas y sembradas por los agricultores. “Existe la posibilidad de que todas las plantas que crecen en la Argentina sean objeto de derecho de obtentor, y con este elemento da la posibilidad de apropiación y de biopiratería de nuestra biodiversidad”, afirmaba Carlos Vicente en referencia al proyecto de Ley de Semillas. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961.

A modo de Conclusión, Vandana Shiva, referente mundial en la lucha contra Monsanto, afirmó que en Estados Unidos muchas iniciativas independientes de conservación de semillas están siendo llamadas “actos de terrorismo agrario”, en declaraciones al diario La Jornada de México. La doctora Shiva, una de las precursoras en la lucha contra los agrotóxicos, afirmó que también hay leyes como la de California o Pensilvania donde está prohibida la conservación de semillas propias.

A partir de la decisión de Mauricio Macri de empujarnos a la Alianza del Pacifico como miembro informante, la resistencia al acuerdo de TPP se torna más visible pero sobre todo más urgente.

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