El pasado fin de semana se realizó el 18° Encuentro Nacional de Murgas Independientes y Autogestivas, ocasión en que las murgueras organizadas de todo el país pudieron sentar postura y voz para impedir el acceso de violentos, generando espacios de intercambio y construcción feminista. 

*Integrante de la Regional Noroeste de Murgueras Independientes de Buenos Aires

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El barrio Juan XXIII, mejor conocido como La Bombilla, es uno de los tantos barrios que rodean Tucuman capital, barrios olvidados por las distintas gestiones estatales. Facundo, de 12 años vivía allí, como solía ser costumbre en su cotidiano, el Jueves 8 fue con su amigo Juan a una picada de motos que se corre en una vieja terminal de colectivos. Al regresar en moto con Juan de 14 años y sin llegar a reaccionar, son atacados por policías que se encontraban patrullando la zona, tras el tiroteo unidireccional Facundo cayó baleado y Juan herido en la pierna y en la cabeza.

El pasado lunes las pericias confirmaron que Facundo murió por un balazo en la nuca, Juan continúa herido. El joven insiste cada vez que toma la palabra “la policía mató a mi amigo” mientras las cámaras lo siguen persiguiendo y atormentando. A su vez, Adriana Rodrigues, referente del Frente popular Darío Santillán en Tucumán y vecina de Facundo relata que el Viernes 9 “después del velatorio de Facundo la policía se metió en nuestros barrios haciendo racias, levantando a cualquier pibe de la calle, se metieron helicópteros que sobrevolaban en nuestros techos.”

Sin embargo, durante esa noche la cobarde bala policial no le tocó a él sólo, en Quilmes y Morón dos jóvenes fueron asesinados de forma similar, bajo el mismo patrón de acción: disparo a la cabeza a quemarropa bajo la sospecha de “un posible robo o disturbio”. El sujeto, también, siempre el mismo: joven de barriada popular. De igual manera el victimario se repite, un policía, no siempre uniformado. Si bien esta lógica represiva lleva muchos años sosteniendo todos los discursos y gobiernos, luego de la legitimación de la práctica “Chocobar” por parte del Presidente Mauricio Macri se ha instaurado de forma más consolidada.

Facundo, Fabian, Alexis son sus nombres. A  lo largo de los días transcurridos, en vez de repasar sus historias o reflexionar sobre el accionar policial, los medios hegemónicos de comunicación han mantenido, su también histórica, manipulación. De esta forma no importa saber que a Facundo le gustaba jugar a la pelota y que era muy querido por su abuela con quien vivía en Tucumán, como tampoco entender el cotidiano con el que lidiaba Alexis, también mimado por su abuela, en la Villa Carlos Gardel de Morón o lo preocupado que se encuentra el papá de Fabián de Quilmes. Ahora lo que importa es meter el contenido criminalizador hacia los pibes, ese que tiene como único objetivo el sostener las políticas de ajuste y represión que, a su vez, atacan directamente contra las vidas jóvenes.

Fabián Exequiel Enrique tenía 17, vivía en la villa Los Eucaliptus de Quilmes. El oficial del grupo Halcón que lo asesinó también por la espalda no se encontraba en funciones cuando empleó su arma bajo el argumento de que el joven quiso robarle el celular junto a otro chico. El padre de Fabián rápidamente salió a contradecir la respuesta, esperada del oficial “el policía se bajó del auto y lo acribilló. Mi hijo no le robó nada y, aunque lo hubiese hecho, tampoco podía pegarle tiros por la espalda”, relató Claudio Enrique el padre de Fabián “Lo mató como a un perro”, a su vez relata amenazas posteriores de efectivos de la policía hacia la familia dándoles a entender que en cualquier momento, otro pibe podría terminar muerto en el barrio.

Por su parte Alexis Gutiérrez Suarez tenía 18 años, vivía en el barrio Carlos Gardel, de Morón. El consumo y la violencia propiciada ante la falta de espacios que contengan a la niñez y a la juventud lo habían desgastado en su corta vida. El jóven ya no tenía intenciones de medir consecuencias y si, bien las mismas pasiones de todos: el fútbol y su abuela lo llevaban a “recatarse”, cuenta su abuela que en sus últimos días se encontraba desganado y ella como siempre intentaba mimarlo y reanimarlo. Alexis sabía que la cárcel no era el lugar donde quería terminar, sabía bien de relatos y experiencias que le llegaban de familiares y vecinos pero tampoco tenía muchas más opciones. La noche del viernes fue asesinado en otro episodio confuso.

La prensa apunta, la policía dispara

Mientras el furor de la masiva marcha del 8M continuaba haciendo eco, la noticia del niño asesinado impactó.  Una vez conocida la noticia, rápidamente la agenda mediática se modificó. Quienes en los días previos de efervescencia feminista defendían “la vida de cualquier niño por nacer” ante el debate de la aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ahora salían livianos y livianas a decir: “uno menos”. Ese es el cotidiano confuso que atraviesa cada niño y niña desde las barriadas populares, de la lástima al odio sin posibilidad concreta de ser entendidos como sujetos de derechos y menos políticos.

Es con estas historias, cargadas de desidia y abandono que los Repetto y los Feinmann se regocijan ante las cámaras, se preguntan qué hacían solos a la noche y justifican como en épocas oscuras de dictadura que “algo habrán hecho”. De esta manera, el dispositivo represor funciona sin grietas y a la perfección. Aquellos que semanas atrás decían “ninguno menos” se alivian y duermen tranquilos sabiendo que la policía así los cuida y que, efectivamente hay pibes que tienen que sacrificarse en pos de ese orden anhelado el cual pareciera no depender de las políticas del estado.

Las historias relatadas se cruzan, se encuentran y si bien son de distintas zonas, los tres jóvenes son de barriadas populares y la ecuación no vuelve a fallar: ser joven y pobre siempre fue sinónimo de peligrosidad. En este sentido, actualmente, existe una legitimación de este relato amparada por el poder político, judicial y mediático. Alexis, Fabián y Facundo no son casos aislados, se suman a las cifras crecientes de asesinatos en manos de las fuerzas represivas de (in)seguridad.

Sea que los jóvenes delinquen o no, sea que se encontraran en consumiendo o no, sea que simplemente se tomaron el atrevimiento de salir a la calle, en ese lugar que se los señala, persigue y acusa. Hay un estado de derechos que no se garantiza, hay un discurso mediático que ampara la punibilidad. Mientras los debates sobre la modificación del código penal siguen latentes amparando la baja de edad de punibilidad, hay un poder político que legitima el accionar violento de las fuerzas represivas haciendo un uso selectivo de la fuerza apuntado a la criminalización y estigmatización de la juventud.

Existe un sistema que antes de investigar, dispara, culpabiliza y queda impune. Pero resulta importante recordar que también existen organizaciones las mismas que sin presupuesto y políticas públicas que acompañen continúan luchando día a día bajo una certeza: que las y los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. Que las jóvenes caen en las redes de trata amparadas por la policía y el poder político, que el narcotráfico se instala con cada vez más fuerza en cada barrio, amparado por la policía y el poder político y que se necesitan de cuerpos sacrificables, de personas “desechables” para hacer mover la maquinaria.

(*) Encuentro Niñez y Territorio.

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Durante esta semana, organizaciones sociales y feministas se acercaron al Juzgado n° 5 de San Justo para denunciar la sustracción del hijo de Valeria Sainz Moreno seguida de  la revinculación con la familia de un violento. La historia de Valeria y su hijo pone en evidencia el accionar de la justicia patriarcal que, lejos de condenar a los violentos, sigue otorgándoles beneficios.

“Mi hijo está en una casa que no conoce, con gente que no quiere, nadie escuchó lo que tenía para decir” cuenta Valeria frente al Juzgado N° 5 de San Justo, partido de La Matanza. Acompañada por su familia, amigos, amigas, organizaciones feministas y de derechos humanos, el pasado martes hicieron pública la denuncia contra la jueza María Petrona Martinez, quien otorgó la tenencia de su hijo a los suegros de Valeria luego de haber denunciado las violencias que sufría por parte del padre de su hijo. Valeria está decidida a luchar, esto es lo que tiene que quedar claro en una historia donde la justicia es sinónimo de injusticia y las opresiones diarias se potencian bordeando los límites de la inverosimilitud.

Hace cinco años que Valeria Sainz Moreno decidió separarse de Javier Otranto, hombre violento que la sometía a todo tipo de vejaciones. A partir de ese momento comienza otro camino sinuoso en el que ella tiene que soportar las medidas restrictivas del titular del Juzgado de Familia N°4 Juan Manuel Delfino quien sostenía como necesaria la revinculación de su hijo con el padre, más allá de las denuncias presentadas por la madre. “Otranto tiene 40 denuncias por hechos de violencia hacia mi” explica Valeria, nos cuenta que los perímetros de exclusión que se realizan sobre mujeres víctimas de violencia de género no eran aplicados por este juez, poniendo en riesgo en más de una oportunidad la vida de Valeria y de su hijo. Por el contrario, aludían que la vida de Valeria y su hijo no corrían riesgo inminente, cuando en más de una ocasión Otranto agredió a Valeria en ese período causando severas lesiones físicas y psicológicas sobre la madre y su hijo.

Tras un período extenso de lucha, acompañada por organizaciones feministas, se asentaron denuncias ante la Suprema Corte de Justicia provincial donde se logró que Juan Manuel Delfino deba excusarse y correrse del caso. La nueva magistrada que toma su caso, María Petrona Martinez le explicita no estar de acuerdo con el corrimiento de Delfino manifestando ser amiga de este juez, “ella es íntima amiga de él, cuando tomó la causa nos dijo a mí y a mi abogado que no nos iba a perdonar que hayamos denunciado al juez anterior, que ella iba hacer lo que quería e iba a revincular a mi hijo a la fuerza con su padre porque a la larga se iba a acostumbrar a la violencia” manifiesta la denunciante.En todo este recorrido el foco deja de estar puesto sobre los actos violentos de Otranto y se pone sobre culpabilizar a Valeria por el hecho de ser mujer y de animarse a denunciar al poder judicial patriarcal. A su vez, su abogado, Fabio Ernesto Sánchez también expresa haber sufrido amenazas e impedimentos para ver el expediente del caso.

Petrona Martínez continúa con las medidas de revinculación del niño con su padre a pesar que todos los pedidos e informes psicológicos desestiman este acercamiento. Impulsa esta medida amparándose en el SAP (Síndrome de Alienación Parental), síndrome que alude a que un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de sus hijos o hijas para obstaculizar el vínculo con el otro progenitor. Este síndrome rechazado como entidad clínica por la Organización Mundial de la Salud por carecer de validez científica fue aplicado en otros juicios para apañar a abusadores y violentos. De esta manera se deposita en las madres el poder de manipulación sobre sus hijos, convirtiendo a las víctimas en victimarias y corriendo el foco sobre los hechos de violencia y manipulación llevados a cabo por el padre. “Mi hijo llora cuando ve al padre, en uno de los encuentros con el padre en una plaza, Otranto llegó a dislocarle el hombro por forcejear con él” relató.

El pasado miércoles, cuando Valeria va a buscar a su hijo al jardín le notifican que la jueza había tomado una medida cautelar por tres meses de reconciliación forzada del niño con sus abuelos paternos, sacando al niño del jardín en patrullero. Hasta ese momento el niño había tenido escasa relación con esta familia, la cual había manifestado no querer sostener una vinculación con el niño, confirma Valeria que “los abuelos no pidieron esta medida, la abuela archivó el expediente de comunicación con su nieto, no le importaba mantener vínculo con él” . A esto se le suma que el niño manifestó en más de una ocasión no querer tener vínculo con su padre.

Anteponiendo la ensaña personal ante los derechos del niño y de la madre, se traslada al niño a la casa de sus abuelos, estableciendo una perimetral de exclusión a la madre y al padre. Queda claro que en este accionar se viola tanto la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde ese momento Valeria no puede ver a su hijo. Estas estrategias de desmotivación que atentan en muchos niveles a los derechos humanos, solo hicieron que la organización sea más fuerte y que los reclamos de justicia se hagan oír en diferentes planos de la sociedad. Valeria no solo soportó las violencias ejercidas por su ex pareja, sino también la violencia institucional de un sistema que ampara violentos y criminaliza a las madres, un sistema que permitió a juezas como Petrona Martinez que puedan seguir ejerciendo su cargo a pesar de tener más de 17 denuncias en su contra por su accionar violento.

La mañana del martes amaneció soleada, las organizaciones fueron llegando, colgando sus banderas frente al Juzgado de Familia N°5, comenzaron los cantos denunciando el accionar de la jueza y pidiendo que se revea la causa contra Valeria y su hijo. Su abogado ya había presentado un escrito para que se revea la medida contra los derechos del niño de 5 años de edad. Tras compartidas de mate, cantos por megáfono y manos rojas de tanto aplaudir, las manifestantes, familiares, amigos y amigas se trasladaron a la Cámara Civil 2 de Apelaciones para insistir con que se revea la medida tomada por Petrona Martínez. Luego de un día intenso donde se hicieron presentes representantes de organismos de derechos humanos, se logró que se revea la medida tomada compulsivamente por la jueza, en el día de ayer se le daría la respuesta a Valeria sobre los pasos a seguir sobre su causa, las organizaciones y las personas que acompañan y apoyan a Valeria acamparon frente a la Cámara de Apelaciones en Hipólito Irigoyen 2569 de la localidad de San Justo esperando la respuesta prometida.

A la hora que se termina de escribir esta nota, no hubo una respuesta por parte de la Cámara de Apelaciones. Sea cual fuere el veredicto, la organización y la lucha seguirá creciendo, esto no termina acá, el 26 de Junio comienza el juicio contra Otranto por los episodios de violencia hacia Valeria. “El padre me mandó a matar más de tres veces” nos dice Valeria, tanto ella como las organizaciones que la acompañan también estarán presentes durante el juicio. A su vez que se sigue visibilizando el accionar de la jueza María Petrona Martínez buscando que la palabra justicia encarne la defensa de los derechos humanos, y que se eleven medidas contra el accionar nefasto Marínez.

En el país donde muere una mujer producto de un femicidio cada 18hs, el movimiento feminista pisa fuerte, tomando las calles, las plazas, los Consejos de Mujeres, las Cámaras de Apelaciones y todos los lugares donde se siga reproduciendo las violencias machistas. Seguiremos tomando las calles por asalto, denunciando la impunidad, porque si no hay justicia, hay escrache.

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El pasado Viernes se realizó, en el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo del Hotel Bauen, el panel “Nacer Pobre, Crecer Presx” organizado por el espacio Niñez y Territorio, y el Consejo de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires, ambos parte de la campaña No A La Baja.

Este panel se inscribe en una serie de acciones que se vienen realizando desde la campaña No A La Baja surgida tras los intentos del actual gobierno de bajar la edad de punibilidad a las 14 años de edad. Quienes trabajan día a dia con pibes y pibas entienden que las políticas públicas de niñez no deben estar signadas por la represión y encierro.

En este sentido, Clarisa Gamberra, representando a Niñez y Territorio, hizo referencia a la avanzada del poder represivo en los territorios signados por la pobreza, el cercamiento en los barrios por parte de las fuerzas de seguridad y el gerenciamiento de los territorios por parte de los narcos como moneda corriente en las barriadas de todo el país. Esto implica, explica Gamberra, “la creación de cárceles a cielo abierto donde los pibes y las pibas son sacados de los centros urbanos y retenidos en las barriadas por las redes de ilegalidad apañadas por las fuerzas de seguridad de un estado represivo.” En este contexto de marginación, de generaciones de familias viviendo en condiciones precarias, “el Estado se hace presente a través de su brazo armado y la liberación de los territorios a las bandas del delito organizado”, asegura la trabajadora de niñez. En esa linea, para ella “los pibes y pibas de las barriadas crecen en un terreno de supervivencia en consonancia con la construcción social de sujetos peligrosos”.

A continuación Nadia Polanco del Colegio de Trabajo Social explicó el rol de dicho consejo como así también su definición política en las diferentes luchas sociales. “El tema no a la baja está sumamente en boga y queremos dar el debate en todos los ámbitos para evitar que avancen en este sentido”, dijo. A su lado, María José Cano, integrante del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la Provincia de Buenos Aires como así también delegada de ATE en niñez y del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, dio cuenta de la compleja situación del sistema de protección y promoción de derechos de los niños y niñas: “su funcionamiento configura un sistema de desprotección de derechos” aseguró.

Por su parte, Alcira Daroqui, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos del Instituto Gino Germani (UBA), planteo la necesidad de entender este nuevo pronunciamiento de baja de edad de punibilidad como parte de un proceso histórico que fue construyendo esta idea de peligrosidad. En ese marco contextualizó que “desde el menemismo hasta el sciolismo, se intentaron implementar diferentes proyectos de baja de edad de punibilidad que pudieron ser echados atrás gracias a la organización colectiva”.

Entonces, manifestó que “el actual discurso macrista se instala en una serie de consenciones que los diferentes gobiernos anteriores fueron facilitando para que hoy en día se instale fuertemente en la agenda la baja y la modificación del régimen penal juvenil.” Así la investigadora afirmó que “en la actualidad se da una convivencia de acuerdo entre el populismo punitivo, la derecha conservadora y la derecha progresista”.  A su vez expresó que “la baja de edad de punibilidad no solo afectaría a los pibes y pibas de 14 y 15 años, sino que ejercería un control y recrudecimiento de medidas hacia los pibes y pibas de 16 y 17 años, los que se someterían a penas más duras”.

A sala llena, en el mítico hotel recuperado por sus trabajadores y trabajadoras, que actualmente se encuentran peleando  por una ley de expropiación, las y los asistentes pudieron escuchar diferentes puntos de vistas y opiniones encontrada en cuanto a la baja de edad de punibilidad y la discusión de un nuevo régimen penal. Alcira fue contundente a la hora de responder que no debe darse el debate sobre la modificación del régimen penal juvenil en tanto y en cuanto el sistema penal es una herramienta del neoliberalismo que encierra y estigmatiza la pobreza. Para Daroqui “las organizaciones no deben sentarse a debatir sobre un régimen que apunta al encierro de los pibes y pibas pobres, no hay garantías dentro del sistema penal”.

En contraposición, Pablo Abramovich, perteneciente a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB),  consideró que se debe formar parte del debate de la reforma del sistema penal juvenil ya que “es un debate que está en curso y que, de otra manera, quedaría en manos de unos pocos”. Para el referente “el deterioro y pérdida de especialidad del  foro juvenil apunta a ir en deterioro si -desde los trabajadores y trabajadoras del Estado y las organizaciones sociales- no se participa del debate”. A su vez apuntó a instalar el debate del Estado como terreno de diputa donde el poder judicial no es solo conformado por jueces, sino que las y los trabajadores y algunos funcionarios se posicionan en contra del avance de la derechización. En este camino, el sábado 6 de Mayo realizarán un debate dentro del  poder judicial sobre la actualidad del Foro Penal Juvenil para abogar a la construcción de alternativas aplicables.

Para finalizar Carola Bianco, integrante del Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de La Plata, intermedió en el debate sobre la necesidad o no de instalar la discusión por la modificación del Regimén Penal Juvenil. En este sentido, planteó que si bien hay que sostener la negativa ante la intención del gobierno en responsabilizar a los pibes y las pibas pobres de la mal llamada inseguridad, “son las organizaciones sociales las que tienen el conocimiento del territorio y quienes tienen que aportar con esa mirada en esta discusión”.

A su vez desde su experiencia, Bianco aportó que si bien “el derecho civil es un derecho clasista” debemos pensarlo como una herramienta que pueda ser construida desde las organizaciones sociales. Con más preguntas que respuestas y nuevas miradas para llevar a los territorios, las trabajadoras y trabajadores en conjunto con las organizaciones sociales de niñez celebraron un nuevo encuentro de formación que construya argumentos y dispute los sentidos hegemonicos sobre los pibes y las pibas que como bien afirman “no son peligrosos, estrán en peligro”.

(*) Integrante de Niñez y Territorio

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