Alberto Castilla cumple el segundo mandato sorteando la cooptación y buscando caminos de paz en el país.

El primer líder campesino en llegar al Senado colombiano, Alberto Castilla Salazar tiene postura simple y una gran simpatía. Caminando en los salones del Congreso Nacional o entre los militantes populares, viste las mismas ropas, como el bolso marrón y beige del pueblo indígena Arahuaco. La diferencia es que en el Senado pasa casi indiferente, mientras en los espacios populares es saludado, abrazado y detenido para pequeñas conversaciones.

Nacido en el municipio de Convención, en el departamento del Norte de Santander, en frontera con Venezuela, él fue criado por su madre y sus abuelos. De un pueblo formado principalmente por productores agrícolas y campesinos, el ingreso en el movimiento comunitario a los 14 años, liderando la Junta de Acción Comunal – un comité de autogestión autónoma local reconocido por la ley colombiana.

Una vez acabo el bachillerato comenzó a trabajar como albañil en la construcción civil y después, en la alcaldía del pueblo, donde comienza a estrechar su relación con los campesinos. “Y seguimos construyendo hasta que fui asumiendo la lucha campesina como mi lucha”, cuenta Alberto.

Dentro de su militancia campesina, pasa a integrar el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), que hace parte del Coordinador Nacional Agrario, en el cual llego a los 16 años y fue ocupando diversos puestos hasta ser su dirigente político nacional.

Avanzando algunos años más en la historia, Castilla cuenta que, en 2013, ocurrió un importante Paro Campesino; luego, el paso a ser el representante del CNA en la construcción del Congreso de los Pueblos, organización que articula procesos y movimientos de toda Colombia.

A partir de estos dos espacios, comienza a tomar cuerpo la discusión de una candidatura propia al Senado. “Nosotros veníamos de una distancia, en que no había confianza entre el movimiento social y la representación política. Y, pues, encontraron en mi alguna cualidad, características, que yo podría asumir [ese papel]. Presentamos el nombre y ganamos”, relata, con la simplicidad que lo caracteriza.

Así, en 2014, por primera vez en su historia, el Congreso colombiano tiene campesino como Senador de la República: Alberto Castilla. En su segundo mandato, reelegido en 2018 por el Polo Democrático, el hace parte de los actuales 23 miembros de la Bancada Alternativa para la Paz, de un universo de 108 senadores*.

Aquí entrevista completa:

Alberto, en su primer mandato (2014-2018), ¿Cuáles fueron los principales logros y las dificultades?

Nosotros entendimos que nuestra llegada al Congreso de la República no iba a permitir que nosotros tuviéramos grandes logros legislativos. Pero sí que empezáramos a tener una relación con el movimiento social, no solamente con campesinos, sino también con trabajadores organizados en sindicatos y con otras expresiones del movimiento social.

Y fuimos proponiendo en una relación con el movimiento campesino, fuimos construyendo una reforma constitucional que es la más importante que nosotros hemos enfrentado, que es una reforma que ve el campesinado como sujeto político de derechos.

Desde 2014, esa se construyó en un debate local, regional, con universidades, institutos de investigación, todos nos ayudaron y enfrentamos esa reforma. Lógico que la reforma no paso. Pero hoy ¿cuál es la ganancia? La ganancia es que hoy todo el movimiento campesino en Colombia habla de la necesidad de ser campesino. O sea, hace parte de la agenda de lucha del campesinado.

Eso fue en el primer periodo, porque ahorita tenemos el mismo proyecto en discusión.

¿Cómo fue el proceso de aproximar los movimientos populares del legislativo?

Yo creo, te lo digo con mucha humildad, yo creo que el paso mío por el Congreso ha ayudado a resolver un debate en el movimiento campesino y en el movimiento social: el de la representación política. En ese debate servimos de referencia.

La gente creía que elegir un líder al Congreso, se perdían el líder. Lo cooptaba. Yo he demostrado que no se pierde, que mantengo las mismas actitudes, las mismas decisiones. Es lo que yo he querido hacer, o sea un ejercicio parlamentario que le diga al movimiento social y al conjunto de la sociedad que es posible hacer política y no perderse en el camino.

¿Cómo la discusión sobre la conformación de una Asamblea Legislativa Popular desde los movimientos sociales, como la que vimos formarse en octubre, dialoga con esa idea de disputar mandatos legislativos en el Congreso?

El Congreso de los Pueblos cuando nació, como parte de los movimientos, no como esa asamblea, en la cual Congreso de los Pueblos es uno entre otros; pero cuando Congreso de los Pueblos nació, empezó a construir unos mandatos, que equivalen a una legislación, pero popular. El mandato para defender el territorio, mandatos para buscar la participación de la gente en la toma de decisiones. Se decía mandatar para la vida digna. O sea, era una legislación hacia adentro más que todo, como una decisión de nosotros hacer, ordenar el territorio, construir poder popular, hacia nosotros.

Yo creo que cuando se convoca una asamblea legislativa popular se está subiendo por lo menos una retórica distinta, porque se enmarca dentro de lo que existe, una legislación que todo el tiempo se asimila a la institucionalidad gubernamental, del Estado.

Siento que cuando se habla de Asamblea Legislativa Popular realmente hoy se debe estar pensando en cómo esos mandatos que se construyeron se vuelven norma dentro de la institucionalidad del Estado. Y hay que tramitarla. Eso daría para interpretar que hoy sí vemos la necesidad de llegar con nuestras propuestas a la institucionalidad del Estado, porque antes lo que hicimos fue fortalecer nuestra institucionalidad popular. Ahora hay que llegar a la institucional del Estado.

Yo creo que es un salto en la disputa institucional. Desde el movimiento social se está asumiendo el tejer unas relaciones con una representación política, es decir estamos dando un paso hacia la democracia representativa, que tiene una forma distinta de cuando hacemos mandatos para nosotros. Es una democracia directa hablando para una democracia representativa. Creo que sí estamos asumiendo una disputa institucional. Creemos el Estado y sus instituciones que hay que disputarlos para ponerlos al servicio del movimiento social y popular.

Y usted fue reelecto al Senado en las elecciones de 2018. ¿Cuáles las diferencias del escenario político con lo del 2014?

Sí ha cambiado, porque hubo mayor decisión de sectores sociales de aspirar a llegar al Congreso. Y en esa decisión Pues han elegido más, de diferentes partidos, diferentes movimientos políticos. Lograr fortalecerse la presencia en el Senado y en la Cámara de Representantes. Nosotros pasamos a tener hoy 23 senadores de una corriente que puede encontrarse para algunas cosas, no que está unificada en todo, pero que puede encontrarse.

Eso es importante que se haya fortalecido y que se haya configurado no solamente en número mayor de miembros del Senado y de Cámara, sino que entendimos la necesidad de hacer cosas juntos, de actuar juntos.

Es una bancada por la paz que incluye los congresistas del partido FARC, del partido Alianza Verde, del Polo Democrático Alternativo, de la lista de los decentes, que fue una lista que apoyó Colombia Humana – la corriente progresista que impulsó a Petro -, la presencia de los indígenas y mismo Petro. Esa es la configuración de una bancada alternativa, que puede funcionar con 23 para un tema y puede que no sea los 23 para otro tema. Pero por lo menos para tener relaciones con el movimiento social existe una bancada que se está referenciando ya.

Y creo que eso es muy importante porque sigue nutriendo, alimentando la necesidad de que tengamos mayor representación. En la medida que veamos que seguir teniendo lo que hoy tenemos no es suficiente, nos vamos desafiando, poniendo retos mayores, tenemos que ser mayorías en el Congreso. Y lo podemos hacer, y tenemos que buscar hacerlo.

Creo que se está contribuyendo para cambiar la mentalidad que se tenía frente a la representación política.

¿Cuáles son las otras bancadas, las de representación conservadora o de derecha hoy en el Congreso colombiano?

Para la bancada alternativa la disputa mayor es con la ultraderecha presente en el Congreso y que están en el Gobierno, que es el Centro Democrático. Esa es una corriente muy fuerte, pues tiene al presidente de la República. Pero con ellos se han articulado la representación de la Iglesia Cristiana no católica, los evangélicos. Dos corrientes fuertes. Para nosotros la iglesia evangélica es parte del bloque con el que disputamos. Principalmente esos.

Aunque el Centro Democrático quiere ubicarse en el centro de la política, nosotros los siempre ubicamos en la ultraderecha por sus prácticas. Básicamente eso son los sectores más fuertes.

Hay el bloque liberal, donde la confrontación no es mayor. En algunos momentos podemos estar con ellos, pues nuestro enfrentamiento es con la ultraderecha.

¿Cuáles son las principales disputas para ese mandato?

Una es lograr avanzar en la implementación de la paz. Entrando en una discusión sobre qué significa paz, hay una disputa si la paz son derechos, la disputa si la paz es cumplir las insurgencias lo firmado.

Dentro de esa disputa de paz miramos la tenencia de la tierra, el acceso, control de las tierras, el reconocimiento del campesinado, garantías laborales, respeto por los derechos, a la igualdad, a la participación.

¿Y cómo queda el tema de los acuerdos y diálogos de paz?

Así como ellos mismos afirman, las FARC firmaron [el acuerdo] sabiendo que no era lo mejor. Esa es la misma lectura la que tenemos nosotros. Pero lograron acordar una agenda y esa es la agenda que se firmó en un acuerdo. Y lo que está pasando hoy es que el gobierno incumple el acuerdo.

Primero, porqué para el gobierno actual la lectura es que ese acuerdo no lo firmó el Estado, sino el gobierno. Entonces les parece que no compromete a este gobierno, que ellos pueden cambiar, asumir otra negociación, ese es un problema que tiene la implementación. Que no tienen ninguna voluntad de cumplir lo acordado.

Por lo tanto, el incumplimiento cada vez es más alto, porque no hay presupuesto, pero tampoco hay institucionalidad para responder con lo acordado. Y yo creo, haciendo un balance, desde mi lectura, lo concreto que tiene la FARC es la participación en el Congreso y que están tratando de estructurar todo lo demás.

El tema de la reforma rural integral que debería discutirse y que no tiene presupuesto, que no tiene disposición para dotar de tierra el campesinado. La jurisdicción especial de paz, que es como el centro del acuerdo, porque en últimas a un ex guerrillero vos puedes cumplir con un proyecto productivo, que no deben nada para que siga la vida, pero no le puedes mantener la inseguridad de su situación jurídica. Yo creo que hay un problema muy serio que va a poner en riesgo el acuerdo y ese incumplimiento.

Por eso se está dando que algunos miembros de lo que era la guerrilla de las FARC, haciendo una evaluación de ese incumplimiento del gobierno, no crean ahora en el gobierno, y estén tomando decisiones de volver a armarse. Y que vean que su partido no da la fuerza para pelearse lo que acreditaron. Eso, por un lado.

Por el otro, con la mesa de diálogo con el ELN, pues que el gobierno anterior de Santos avanzó. Y este gobierno no reconoce esos avances y empieza como a poner en ceros una agenda que parte por exigir unilateralmente al ELN unas actuaciones, unas condiciones, pues que para el país es un mensaje de retrasar, de demorar muchísimo más. Pero yo creo que para quien está en la mesa buscando una negociación, pues tampoco le da la seguridad de avanzar y le da las dudas sobre lo que se está hablando.

Yo creo que esa es la dificultad de cómo andan los procesos y que el riesgo que tanto la mesa de dialogo con el ELN como el acuerdo con FARC sean un fracaso.

¿Es retroceder con el avance por la paz en Colombia?

Sí, total. Por eso esta bancada tiene que poner como el centro de su acción las necesidades de no volver, sino de construir sobre lo construido, reconocer y ahí echar hacia adelante. Y esa bancada entiende que hay que buscar darle continuidad a la solución política con las insurgencias, pero también buscar condiciones y garantías para el movimiento social. Defender la vida de los líderes y de las lideresas. Ese es el principal camino, desde el movimiento social, buscar la participación.

El hecho que el gobierno tenga hoy la representación de un partido político, de una corriente política en nuestro país, que desconoce todo lo que es la construcción de paz, que va por seguir garantizándole al capital transnacional, le da mejores condiciones, que adecua su actividad, adecúa su institucionalidad para servirle al capital transnacional, que sigue teniendo a los territorios como un lugar para negociar con el capital, desconociendo la existencia de los pueblos.

Esa realidad encuentra hoy una respuesta y es la respuesta de un movimiento social que no ha perdido la capacidad de movilizarse y que entiende hoy la movilización articulada con la representación política que, desde mi punto de vista, le da potencia, le da fuerza. No es un movimiento social luchando solo, sino que ahora también poniendo a su servicio espacios institucionales.

*El senado colombiano hoy está compuesto por 108 parlamentarios. Son elegidos 100 senadores nacionalmente, de los cuales Castilla hace parte, por medio de votaciones nacionales, y no con representación de los estados, como es el caso brasilero. Además de eso, hay dos indígenas electos por la circunscripción espacio donde solo votan indígenas; cinco senadores de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que poseen dos mandatos garantizados como resultado de los Acuerdos de Paz, más Gustavo Petro, que fue candidato presidencial derrotado en la segunda vuelta de la última elección, también una nueva regla en el sistema político del país.

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Hace más de un mes se empezó a recrudecer la confrontación armada entre el reducto existente del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos insurgentes que operan en la región del Catatumbo.

El Catatumbo, departamento de Norte de Santander, es una región limítrofe con Venezuela que se ha caracterizado como una de las zonas más conflictivas del país en tanto convergen el abandono estatal, la presencia de múltiples actores armados (ELN, EPL, antiguas FARC-EP, grupos paramilitares, Policía y Ejército), los cultivos de uso ilícito y de rutas para el narcotráfico, la economía extractiva ligada al petróleo y la presencia de grandes cultivos de palma africana, por nombrar los más evidentes.

Contexto

La complejidad de esta región se da por diversos procesos históricos ligados a grandes transformaciones económicas que vienen presentándose desde hace casi un siglo en el territorio. De esta forma, el Catatumbo se relacionó con el mundo a través de la extracción de petróleo desde hace más de ochenta años, pero más adelante, en la década de los ochenta, se ligaría también a través de los cultivos de uso ilícito. En el nuevo milenio incursionó la agroindustria en la región, específicamente con el cultivo de palma africana o palma de aceite destinada para la producción de biocombustible y acompañada de un fuerte proceso de copamiento territorial militar y paramilitar que daría lugar a masacres (la del municipio de Tibú en el corregimiento de la Gabarra en 1999) y a un fuerte proceso de despojo y concentración de tierras.

Por su ubicación geográfica este territorio goza de tener una invaluable oferta de bienes naturales estratégicos como el petróleo y el carbón, además de otros minerales como el plomo, el cobre y el fosfato. Dicha riqueza mineral ligó al Catatumbo a la economía extractiva, pero a su vez con la extracción del petróleo se incentivó el asentamiento de contingentes de trabajadores de esta industria, dando paso también a la organización de los trabajadores y a un sindicalismo combativo que será protagonista en las luchas sociales que se han dado desde ese entonces hasta el presente.

El abandono estatal padecido en el Catatumbo en términos de infraestructura vial, salud, educación y bienestar social en general, contrasta con el fuerte despliegue actual de más de 12.000 efectivos de la fuerza pública en sus tierras dedicados a labores de inteligencia, vigilancia de infraestructura petrolera, combate contrainsurgente y contra las drogas.

La inoperancia del Estado ha dejado como consecuencia el aumento de la pobreza y la disminución de la calidad de vida de sus pobladores, además de profundizar la crisis agraria debido a la imposibilidad del campesinado para comercializar sus productos a causa de la inexistencia de vías o al pésimo estado de estas, dificultando la conexión al interior y con el resto del país. Por motivo de esa exclusión estructural, desde la década del noventa miles de campesinos se han visto empujado a cambiar sus cultivos de café, yuca, plátano y hortalizas por matas de coca, cuyo procesamiento y transformación en pasta base y cocaína han servido como fuente de financiación de diversos actores armados presentes en la región.

Esta realidad socioeconómica dio pie para que en la región se establecieran y consolidaran tanto organizaciones sociales como proyectos político-militares. Los primeros se han encargado de organizar la vida comunitaria a través de las Juntas de Acción Comunal encargándose de la convivencia entre vecinos y actores armados, de la construcción de carreteras, colegios y puestos de salud, de la creación de planes de vida colectivos, de la defensa y protección de los bienes naturales y del territorio, de la defensa de los derechos humanos, entre algunas otras actividades.

Estos proyectos sociales entre los que se encuentran el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), el cabildo indígena del pueblo Barí y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) han sido algunos de los actores sociales regionales que se han encargado de hacer frente al proyecto de despojo y militarización que el Estado, las trasnacionales y los terratenientes de la región vienen consolidando a sangre y fuego desde hace varias décadas, razón por la cual han sido tachados como auxiliadores o pertenecientes a grupos insurgentes.

En cuanto a los proyectos político-militares que hacen o hicieron presencia en la región, debemos remitirnos a los últimos 40 años, periodo en el que se establecieron por las ventajas estratégicas que brinda la cercanía a la frontera con Venezuela, en términos de abastecimiento y posibilidades de mantener una retaguardia, pero además, por las ventajas que prestan las formaciones montañosas y escarpadas del Catatumbo que sirven para resguardarse del Ejército.

El Catatumbo fue hasta la entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), la única región de Colombia donde coexistían las tres organizaciones insurgentes nacidas en la década de los sesenta en este país: el ELN, el EPL y las anteriormente denominadas FARC-EP. Estas guerrillas han desempeñado el papel del Estado impartiendo justicia, solucionando los problemas de convivencia en las comunidades, construyendo también escuelas y puestos de salud y en general organizando la vida social de los territorios de influencia.

Sus principales fuentes de financiación en la región se han centrado en la extorsión a empresas y comerciantes, cobro al gramaje de pasta base de coca y contrabando de combustible, lo que obligó a construir acuerdos entre estos grupos para repartirse zonas y las rentas derivadas de dichas actividades.

La confrontación actual EPL-ELN

El inicio del proceso de concentración y entrega de armas por parte de las FARC-EP durante el 2017 genera cambios y ajustes en la compleja repartición de las influencias territoriales de las organizaciones insurgentes presentes en el Catatumbo. Al abandonar las FARC-EP sus antiguas áreas de control en la región, se genera la oportunidad para que las estructuras del ELN y del EPL iniciaran un proceso de expansión y fortalecimiento en las zonas dominadas anteriormente por las FARC.

A la recomposición de las influencias territoriales se le suma la reacomodación de la comandancia local del EPL (también denominada como ‘Los Pelusos’) entre 2015 y 2016 tras la muerte en combate de ‘Megateo’ y la captura de ‘David León’, principales de dicha organización. Tras esos acontecimientos se fractura el mando del EPL , dando lugar a una sucesión de mando caracterizada por sostener fuertes lazos con actividades y rentas derivadas de la producción y tráfico de cocaína y del contrabando de gasolina originaria de Venezuela.

Por otro lado, con el inicio de las negociaciones entre el ELN y el Gobierno a partir del año 2016 y con el inicio del cese bilateral del fuego decretado en octubre del 2017, el EPL empieza a expandir su influencia de manera más contundente hacia zonas controladas por el ELN, lo que genera el el rompimiento de acuerdos entre ambos grupos en zonas en donde existían acuerdos para el tránsito y abastecimiento de las dos agrupaciones y acuerdos para la repartición de las rentas provenientes del contrabando de gasolina, la comercialización de insumos para el procesamiento de cocaína y del control de los cultivos de uso ilícito (que en la región tienen una extensión de más de 25.000 hectáreas).

El 15 de marzo iniciaron los combates entre el ELN y el EPL tras una serie de acciones militares en donde ambos grupos sufrieron bajas. En esa fecha también inició el éxodo de campesinos buscando huir de la confrontación. Un mes después, el 15 de abril, el EPL decretaría un paro armado en la región llamando al cese de actividades de transporte y comerciales e invitando a los catatumberos a mantenerse resguardados en sus casas, mientras el ELN llamó a desobedecer dicho paro. Las consecuencias que deja el paro van desde la parálisis del transporte intermunicipal, el desabastecimiento de víveres, paso restringido de ambulancias, cese de clases en todas las escuelas de la región y en general una grave crisis humanitaria que afecta las dinámicas cotidianas de la población.

El 23 de abril se dio a conocer un comunicado en el que el EPL anuncia un cese temporal de hostilidades contra el ELN que tuvo una duración de tres días, en donde se autoriza a la población a reabrir el comercio para procurar el abastecimiento de víveres y el acceso a otros servicios básicos. A pesar de esto la zozobra y la incertidumbre en la región se mantiene debido a la imposibilidad de que ambos grupos lleguen a acuerdos que detenga de manera contundente la confrontación, sumando también la clásica respuesta estatal orientada a la militarización y al tratamiento de guerra a los pobladores catatumberos.

La respuesta de los movimientos sociales ante la actual crisis

Según la oficina de la ONU en Colombia, la confrontación entre el ELN y el EPL ha dejado un saldo de más de 3.000 personas desplazadas y graves restricciones en la movilidad y acceso a bienes y servicios básicos de otras 144.000. Ante esta crisis humanitaria, diversos actores sociales y políticos de la región, junto con la iglesia católica e instituciones de orden local, regional, nacional e internacional, decidieron conformar la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, un organismo que pretende visibilizar la situación humanitaria del Catatumbo, pero también posicionarse como interlocutor político legítimo ante el Gobierno Nacional y los actores armados presentes en el territorio para articular acciones y buscar mecanismos que garanticen la protección de las comunidades y de los procesos organizativos que hacen presencia en el Catatumbo.

De esta forma, representantes de las principales organizaciones campesinas e indígenas que desarrollan sus actividades en la región (CISCA, MCP, ASCAMCAT, Pueblo Barí) se dieron cita el 12 y 13 de abril en Bogotá junto a la Defensoría del Pueblo, la embajada de Alemania, Naciones Unidas, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría Genera, la FARC y la gestoría de Paz del ELN. Asimismo estuvieron presentes los senadores del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla e Iván Cepeda.

Este escenario sirvió para que los movimientos sociales del Catatumbo denunciaran las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario que vienen padeciendo a raíz de la confrontación entre el EPL y el ELN y por las actuaciones de la fuerza pública, además permitió que le exigieran al Gobierno articulación institucional y respuestas de impacto real para hacer frente a la situación humanitaria que vayan más allá de la presencia de la fuerza pública y que reconozcan el olvido y la exclusión histórica que ha padecido la región por parte del Estado.

Producto de este encuentro, el 22 de abril en el municipio de El Tarra en el Catatumbo se realizó una asamblea que contó con la participación de más de 5000 personas en donde los participantes se comprometieron con la paz de la región. En las conclusiones de la asamblea en El Tarra se evidencian las demandas de los habitantes del Catatumbo, por un lado las de carácter inmediato frente a la confrontación armada, por otro lado las de carácter estructural y político frente al Estado. En las primeras se evidencia la necesidad de detener la guerra cuyas principales víctimas son la población civil, la salida que reclaman es política y negociada.

La demanda por el respeto a las decisiones de las organizaciones sociales, pero además el respeto a las zonas humanitarias, a los corredores humanitarios y a las misiones de verificación, estrategias procedentes de la población civil para garantizar el acceso a sus derechos. Garantizar el respeto a la vida y a la integridad de los líderes sociales y comunales de la región. Finalmente, desminar los territorios, garantizar el derecho a la educación y a la salud, así como el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Mientras las demandas al Estado pasan por el cumplimiento de los acuerdos de paz con la insurgencia, el pueblo catatumbero exige un cambio en el enfoque militar, ya que la experiencia de las comunidades ha indicado que este solo agudiza y agrava el conflicto en la región.

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*Julian Peña es estudiante de geografía de la Universidad Nacional de Colombia y colaborador de Marcha Noticias.

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Si por un momento diéramos crédito a las acusaciones de pertenecer a grupos armados contra prestigiosos y respetados líderes sociales (o, en ocasiones anteriores, contra reconocidos académicos o defensores de derechos humanos), ¿eso no legitimaría a las guerrillas? Un método inconsistente, cada vez más ineficaz.

Esta vez fue el turno del líder campesino Alberto Castilla, reelecto senador por el PDA, y del representante indígena a la Cámara, Germán Carlosama. El fiscal Néstor Humberto Martínez pidió a la Corte Suprema que los investigue por presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La acusación no aporta mayores elementos y los señalados no fueron notificados, tuvieron que enterarse por los medios de comunicación. La fiscalía, incluso, podría tener motivaciones revanchistas en el caso de Castilla: el senador, en rueda de prensa, expresó que tiempo atrás había llamado la atención sobre vínculos del fiscal Martínez con casos de acaparamiento de tierras, dando a entender que podría haber animosidad en la acusación.

´Modus-operandi´ desgastado

El método de pretender sacar de carrera a opositores políticos con acusaciones sin sustento no es nuevo: a lo largo de la historia padecieron ese tipo de persecución importantes figuras como Gerardo Molina Ramírez, tres veces representante a la Cámara; el respetado político e intelectual Diego Montaña Cuéllar, o el incuestionable exmagistrado y fundador del Polo, Carlos Gaviria Díaz. Más recientemente defensores de derechos humanos que se volcaron a la política como Alirio Uribe Muñoz o Iván Cepeda padecieron la misma saña acusatoria. En esos casos no pasó mayor cosa, aunque con Piedad Córdoba tuvieron mejor suerte: la exsenadora liberal perdió su curul en 2010 y fue inhabilitada por supuesta colaboración con las FARC.

Pero no se trata solo de quienes hacen oposición desde la política institucional. Los señalamientos contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, también por presuntos vínculos con las FARC, le valieron 2 años de cárcel sin importar que después haya sido declarado inocente. Entre los mencionados más arriba, Molina Ramírez fue, además de político, uno de los más respetados rectores de la Universidad Nacional y Montaña Cuéllar fue profesor y autor de diversos libros de derecho y sociología. Más recientemente, entre las 13 personas apresadas en Bogotá en 2015 con similares señalamientos había una prestigiosa abogada, un periodista y representantes estudiantiles muy queridos en el ámbito universitario. En Colombia, ciertas profesiones vinculadas al pensamiento crítico son perseguidas con igual intensidad de lo que sucede con la oposición política.

Un método que se vuelve contra los acusadores

La acusación sobre Castilla tuvo dos efectos inmediatos: el senador del Polo logró más visibilidad en canales de televisión, diarios y emisoras (a pesar de ser un dirigente con trayectoria, los grandes medios suelen ignorar a quienes defienden causas ajenas a sus intereses) y, por otro lado, se reactivó el pedido de investigación sobre los vínculos del fiscal Martínez, autor de la acusación, con los negociados de tierras que Castilla viene denunciando en defensa de los campesinos. Con la tranquilidad de que el señalamiento en su contra no pasará más allá de la bulla mediática, el senador bien puede resultar beneficiado de una acusación sin sustento.

Viendo los distintos casos de conjunto, hay otra reflexión que también deja mal parada a la estrategia acusatoria indiscriminada que aplican los personeros de la justicia que pretenden ver subversivos en toda causa popular.

Supongamos, por un instante, que tuvieran algún viso de realidad los presuntos vínculos de las personas señaladas con la guerrilla. Si así fuera, los acusadores tendrían un dilema: deberían decidir si insisten en presentar a la insurgencia armada como un puñado de narcotraficantes y secuestradores de ideas arcaicas y sin mayor interés que el de delinquir o, por el contrario, les reconocen a éstas un carácter político, ya que contarían con la adhesión activa de prestigiosos líderes sociales, legisladores con fuerte apoyo en las urnas, académicos, periodistas, abogados, etc. Aunque claramente no sea esa la intención, instalar esta última idea con señalamientos dudosos le hace un favor a la guerrilla.

Medios y rótulos

“Reviven dosier de ‘elenopolítica’” se apresuró a titular el diario El Tiempo en referencia a la acusación contra Castilla y Carlosama. “ELN, el nuevo enemigo”, rezó la nota de tapa de la revista Semana el 17 de febrero de este año.

Con el paso de las FARC de la lucha armada a la política legal, a los inquisidores del régimen les queda ahora el ELN como blanco de todas sus denuncias. A pesar de que la Mesa de Quito entre esta guerrilla y el gobierno inició el quinto ciclo de diálogos el pasado jueves, el destino de esas negociaciones es incierto, ya sea por la falta de avances como por el cambio de gobierno que tendrá lugar en pocos meses. Todo indica que el ELN no llegará a una instancia de acuerdo final en el corto plazo y, aunque el cese del fuego bilateral es un deseo de todo el movimiento social, sería realista esperar nuevos hechos de hostilidades fruto de la decisión gubernamental de negociar en medio de la confrontación.

Ante ese panorama, los sectores progresistas y de izquierda de Colombia no deberían dejarse amedrentar con este tipo de acusaciones, que seguramente no serán las últimas, conociendo el carácter de los agentes de la justicia que controlan fiscalías y juzgados. El caso de Alberto Castilla recogió inmediatamente la solidaridad de sus pares en el senado (además de las autoridades del Polo, que hicieron una defensa sin fisuras, Iván Cepeda y Aída Avella fueron quienes reaccionaron con más contundencia); también se solidarizaron cerca de 300 organizaciones sociales que firmaron una carta en apoyo a él y a Carlosama. Pero hay casos de líderes sociales menos conocidos que son detenidos, perseguidos o incluso asesinados en los territorios por señalamientos irresponsables de este tipo. Disponer la inmediata solidaridad, en cada caso, será una buena forma de no dejarse atropellar.

Aun con la incertidumbre respecto al resultado de las próximas elecciones presidenciales, los sectores progresistas y de izquierda incrementaron notoriamente su representación legislativa en las elecciones del 11 de marzo. Rodear a los referentes del movimiento social, especialmente cuando son atacados (de éste y otros modos más letales) será un buen método para consolidar las fraternidades necesarias en la izquierda, e ir por más.

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*Originalmente publicado en Lanzas y Letras de Colombia.

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Alberto Castilla es el primer congresista campesino en la historia de Colombia. Cumple el doble rol de senador por el Polo Democrático Alternativo y dirigente campesino del Congreso de los Pueblos. En entrevista con Marcha, analiza el proceso de paz en su país y los desafíos del movimiento popular.

¿Cómo analizan los diálogos de paz que se están realizando entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?

Desde que se anunció la instalación de una mesa entre las FARC y el gobierno, el CNA y el Congreso de los Pueblos nos movilizamos para respaldar esa iniciativa, porque nosotros creemos en la solución política, pero también nos movilizamos para decir que a esa metodología le faltan voces, le falta la participación de otros actores y decíamos entonces que no puede haber paz completa si no está el ELN y si no está inclusive el EPL –otra insurgencia que existe en Colombia-. Entonces consideramos, y es nuestra lectura, que la paz significa resolver problemas estructurales; la paz significa cambios en las condiciones de vida, transformaciones profundas en las estructuras del Estado y que esa paz se construye con las agendas sociales, con las agendas políticas del movimiento social.

Hemos planteado entonces la necesidad de respaldar la solución política, el fin del conflicto armado le haría mucho bien a la sociedad colombiana, le haría mucho bien a América Latina pero también creemos que la paz también significa mayores garantías y condiciones para la participación de la sociedad y que se resuelvan los problemas que de fondo tenemos pero que también exista una política pública coherente, una política emitida del gobierno nacional que busque resolver esos problemas y no enviar mensajes contradictorios para la construcción de la paz, como los que actualmente están surgiendo desde el gobierno colombiano.

¿Cuál es la situación del campesinado en Colombia? ¿Se están pensando nuevas acciones de protesta?

En 2013 se expresó el campesinado después de muchos años de haber sido marginado, acallado y asesinado, y resurgieron las luchas, pero surgen con una decisión: trabajar por la unidad del movimiento agrario. Así construimos un pliego unitario y nos conformamos en una plataforma que llamamos la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, un espacio de articulación con un pliego de ocho ejes estratégicos que consideramos deben resolverse para poder avanzar en las condiciones de vida digna. Ese es un momento muy importante porque sobre todo que para el gobierno colombiano los campesinos no existimos, no hay ninguna medición estadística oficial que diga cuántos y cuántas campesinas somos en el país. Nosotros somos más de 10 millones en Colombia pero la Constitución sólo habla de trabajadores agrarios y el campesino es más que un trabajador, no se reduce su identidad a la actividad laboral, el campesinado es una construcción cultural.

Hoy estamos en un buen momento de articulación del campesinado, estamos aportando de manera importante al fortalecimiento del movimiento social colombiano, pero sobre todo estamos diciendo que para avanzar en la construcción de paz en Colombia, se requieren nuestras voces y que un dialogo/negociación entre movimientos sociales y gobierno nacional podría llevarnos a obtener una paz estable y duradera.

Su armado electoral, el Polo Democrático Alternativo, tiene un IV Congreso y elecciones internas el próximo domingo. ¿En qué se sustenta este partido y qué se elige en el congreso?

Nosotros hemos venido discutiendo que como movimiento social tenemos que dar una salto, un salto cualitativo, nosotros vamos al paro o a la movilización social, reclamamos derechos, nos expresamos en la universidad, en las calles, en las carreteras, pero necesitamos llegar a la institucionalidad, disputar la institucionalidad. No para acomodarnos en ese espacio, sino para generar el debate de lo que significa esas instancias, de lo que significa la toma de decisiones a partir de no contar con la decisión de la gente. Entonces consideramos que nuestra actuación política para disputar esa institucionalidad debe hacerse con un instrumento electoral que reúna todos los requisitos pero que recoja también todas nuestras luchas.

Hoy estamos avanzando en la construcción del Polo Democrático Alternativo, el domingo vamos a tomar las decisiones políticas que buscan que el Polo Democrático Alternativo sea un partido moderno, un partido que responda a las exigencias de la sociedad. Los movimientos políticos deben estar en una relación directa con las luchas sociales, y eso es lo que buscamos: avanzar en un instrumento electoral del tamaño de nuestras aspiraciones, que recoja la lucha social, que recoja el sentimiento de las minorías, que permita la participación.

Por ahora avanzaremos en fortalecer el Polo Democrático Alternativo, pero somos convencidos que hacia adelante, y por la situación política que vive Colombia, se requiere un espacio mayor de articulación: con sectores de la izquierda, de demócratas, de progresistas, de los que queremos el buen vivir, de los que estamos contra el modelo extractivita, de los que estamos por defender el agua, es decir, tiene que haber una articulación del movimiento social y del movimiento político que nos permita recuperar nuestra vocación de ser gobierno. Mientras ese momento llega, fortalecemos el Polo Democrático Alternativo.

¿Cuáles son las expectativas, desde el Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario, para este VI Congreso de la CLOC VC?

Este es un espacio de articulación de las luchas, principalmente. Cada Congreso se define una línea estratégica, en esta ocasión se ha empezado a dictar una lucha contra el capitalismo y en defensa de la soberanía de nuestros pueblos. Nosotros desde Colombia venimos buscando articular aquí una lucha muy importante por el reconocimiento del campesino como sujeto político de derechos. Consideramos que, más allá de declaraciones de derechos, más allá de convenios internacionales, se debe reconocer al sujeto político para que sea precisamente sujeto de derechos. En ese sentido, para el momento que vivimos en Colombia de expectativa frente a la posibilidad de poner fin al conflicto armado y empezar un proceso de construcción de paz, es fundamental avanzar en que el campesinado sea reconocido a nivel de la constitución política de Colombia. Y tenemos el desafío de articular estas luchas en este Congreso con las organizaciones de América Latina y el Caribe.

¿Qué cuestión le interesa rescatar en este contexto que se vive en la región?

Es importante destacar que el camino en el que estamos es un camino de construcción de poder, que tenemos en el horizonte nuestra vocación de ser gobierno, que lo más importante es la lucha transformadora, la luchas sociales, las luchas del movimiento popular, pero que no podemos perder ninguna oportunidad táctica para llegar a los escenarios donde hoy se pueden posicionar nuestras apuestas políticas y eso hará posible entonces un mayor entendimiento del movimiento social y lucha institucional nos permitirá avanzar en los objetivos que no son otras cosas que cambiar las condiciones.

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