“… el pueblo aprendió que estaba solo

y que debía pelear por sì mismo y 

que de su propia entraña sacaría los 

medios, el silencio, la astucia y la fuerza…”

Rodolfo Walsh Un oscuro día de justicia (1968)

Por Pablo Nolasco Flores/ Foto Belén Altamirano

El mandato del ajuste

 El 2024 fue el año en el cual se llegó al consenso en el mandato del ajuste. Se impuso una sensación social sobre la aceptación de corregir aquello que se venía haciendo mal. “Estábamos pagando poco”. “Hay que ajustar para corregir”. “Vamos a sufrir, pero luego estaremos mejor”. Sin embargo, ¿cómo estamos tan seguros de que después estaremos mejor? Aceptar el sufrimiento presente para disfrutar las mieles de algo que vendrá – no sabemos cómo- suena a aferrarse a una esperanza. Quizás algo voluntarista. O más bien como expresión de deseo. 

 Lo que parecería que maduró en la sociedad, en la política ya era consenso -sobre todo en las expresiones liberales-. La motosierra pasó y, si bien hubo muestras de resistencia, no alcanzó para frenarla. Quizás si las dirigencias políticas y sindicales opositoras hubieran puesto un poco más de voluntad en ello, la resistencia habría dado otros resultados. Pero justamente, lo que se escondió detrás fue el consenso político para el ajuste. 

 El superávit fiscal, la caída del consumo y el desahorro son elementos objetivos que demuestran la eficacia de este consenso. Como en economía política uno más uno es dos, lo que no tiene uno lo tiene el otro. Menos dinero para educación y salud, menos gasto en el consumo popular y el desprendimiento de ahorros – los dólares debajo del colchón- fueron a parar a otros sectores sociales. Es lo que se denomina transferencias de riquezas de una clase a otra. Todos los ajustes apuntan a eso. 

 Sin embargo, no sólo los liberales cerraron filas alrededor del consenso del ajuste. El peronismo moderó su discurso, aceptó en gran medida la idea de que había que ajustar e incluso comenzaron a plantear la necesidad de adecuar al peronismo a la nueva lógica capitalista. Muchos periodistas progresistas se sumaron a este consenso con la retórica de que era necesario bajar el déficit fiscal. El problema es que los ajustes los pagan los más débiles: trabajadores, desocupados, estudiantes universitarios y jubilados. A pesar de ello, no plantearon otra alternativa, como la de pensar que el déficit fiscal también se puede bajar aumentando impuestos a los que más tienen.

 Un consenso es un acuerdo en una idea. La aceptación de un discurso, de una narrativa. Tiene una fuerte carga subjetiva. Pero todo consenso no se da en el vacío. Tiene que encontrar su materialidad porque puede desvanecerse. Entonces, el límite de un consenso está en los logros materiales de ese discurso. Y hay que decirlo: la sociedad Argentina ya tiene una gran experiencia en la historia reciente con los discursos que no resuelven los problemas materiales. El límite de los narrativos está en el bolsillo. 

 ¿Cómo llegamos al consenso del ajuste? En primer lugar por una condición objetiva. La sociedad argentina es una sociedad ajustada (Bartolotta, Gago y Sarrais Alier, 2019). Pero además, hay una narrativa construida desde arriba, de los sectores dominantes, que fundamenta y explica porqué era necesario aplicar un ajuste: una economía estancada, con una sociedad cada vez precarizada, con un estado que decía estar presente y no funcionaba y un sector, denominado casta, que era la responsable de tal situación. Cuando Milei se refería a ellos metía a todos en una misma bolsa: la clase política – sobre todo el ala distribucionista del peronismo-, el Estado, los empleados del estado, los trabajadores sindicalizados, etc. Esto quiere decir que a una realidad objetiva material se le suma una explicación, de sentido común por cierto, pero que logra ser interpretada por un sector mayoritario de la sociedad. Veníamos mal y sabemos por qué. Entonces hay que ajustar.

 ¿Cuál es el límite del consenso del ajuste? Si el consenso del ajuste se logra por la coincidencia entre realidad material objetiva y discurso narrativo,  el mismo puede fisurarse si no hay una transformación. Si no hay salida a esa realidad el discurso cae en un saco roto y la esperanza se convierte en una nueva frustración. Esa salida es la estabilización económica. Vivir sin inflación. Todavía no se puede decir que eso esté ocurriendo. Aún es endeble. Pero además de la estabilización hay que mejorar la vida material. Esto implica volver a consumir. Algo que las clases dominantes le otorgan a las clases dominadas para poder gobernar. Entonces la salida sería estabilización y consumo. Y por ahora eso no se ve. Para eso la economía tiene que crecer. Y de nuevo, por ahora eso tampoco se ve. Ni siquiera está en la imaginación la manera en que ese crecimiento puede darse. Porque en Argentina el mercado interno tiene un rol dinámico para generar ese crecimiento y el consumo y, por ahora, no hay un elemento que pueda explicar la posibilidad real de que se dé ese proceso. 

 Una estabilidad inestable

 La manera en que el gobierno de Milei desaceleró la inflación demostró que esta no era producto de la emisión momentánea como algo en sí mismo. Quedó en evidencia que el problema del aumento general de los precios de la economía se basaba en la imposibilidad de aplicar un ajuste en los ingresos de los sectores populares en el marco  de un estancamiento económico con escasez de dólares. La inflación estaría siendo “domada” porque el ajuste se está bancando y, además, se produjo un ingreso de dólares de corto plazo producto del blanqueo. El dólar barato en un marco de recesión económica, explica la reducción de la inflación. 

 ¿Podrá seguir sosteniendo este dólar barato hasta las elecciones legislativas sin sufrir sobresaltos y sin perder divisas? Si llega plata vía endeudamiento quizás pueda seguir sosteniéndolo e inclusive pensar en salir del cepo. El año que viene se cree que la cosecha va a ser una de las mejores de la historia. Pero, ¿a este dólar atrasado van a liquidar igual los productores? Mieli prometió quitar retenciones. Esto implicaría menos ingresos fiscales, entonces, ¿el 2025 será el ajuste del ajuste? Si en el 2024 la estabilidad se basó en el consenso del ajuste. ¿Dónde va a radicar la estabilidad en un año electoral sin mejora material? 

 Imaginación política en la inestabilidad

 El capitalismo argentino todavía no encuentra una salida para que funcione tal como así lo desean los dueños de todo. Un país reprimarizado que viva de la renta de la exportación de bienes naturales, donde una gran masa de la población soporte acepte vivir en condiciones de informalidad, con sueldos bajos y sin un marco regulatorio para que los sectores de baja productividad laboral puedan funcionar. Si bien, en los últimos años se ha avanzado en grandes transformaciones regresivas en ese sentido, Argentina todavía conserva ciertos niveles de vida que otros países de latinoamérica no gozan.  

 Milei termina su año con cierto nivel de sinceramiento y promesas de que algo mejor vendrá. Y cuando los políticos prometen algo y luego no lo cumplen los problemas se pueden acelerar.  En una entrevista reciente con el The Wall Street Journal prácticamente sostuvo que para que su programa económico funcione necesita de la ayuda de Trump para un  nuevo acuerdo con el FMI. Además, volvió a reforzar la idea de que los salarios se están recuperando y que la pobreza está bajando. Milei necesita mostrarse triunfalista para seguir manteniendo esa esperanza. Festeja cada puntito de la inflación que baja como si fuera el triunfo del programa económico libertario y la instalación de un nuevo modelo de país. Esto puede encontrar su límite. Todas las transferencias de ingreso terminaron en conflicto social tarde o temprano. La sociedad argentina no se banca mucho tiempo sin consumir.  Es por ello que el experimento liberatrio puede fracasar. Pero si fracasa, ¿hacia dónde vamos, con quienes y para qué? 

 Hace varios meses Mario Santucho hijo viene sosteniendo la idea de que a esta etapa la tenemos que pensar en función de un nuevo horizonte. El descontento y el malestar son sensaciones que todavía siguen presentes y corren el riesgo de profundizar si este gobierno fracasa. Defenderse y proponer dice Santucho. Hay algo de la experiencia reciente peronista que no va más. Entonces, si uno quiere hoy intervenir en el descontento, no se le puede ofrecer como alternativa lo que estaba antes, porque hay amplio sector social que no quiere volver ahí. 

 Durante el 2024 nos juntamos, algunos espantados, otros pesimistas, a tratar de encontrar las explicaciones de como una propuesta de gobierno ultraderechista llegó a ocupar el poder en Argentina. Podemos leer esto como una derrota, pero no estamos derrotados. El 2025 se abre con esta estabilidad inestable. Entonces, que la inestabilidad nos encuentre en las luchas. Pero que también nos encuentre en la imaginación política para formarnos y escuchar. Como dice Walsh, “sacar los medios, el silencio, la astucia y la fuerza”. Porque ahí puede radicar nuevos valores, una nueva ética de lo que luego serán nuestros horizontes.

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Por Pablo Nolasco Flores | Foto: Somos Barrios de Pie.

Vamos a celebrar el hambre y no tener a quien oír y nadie a quien amar.
Seguir alimentando las maldades. Vamos a aplastar un corazón,
vamos a celebrar nuestra bandera. Nuestro pasado de absurdo gloriosos,
todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal.
Vamos a cantar juntos el Himno Nacional, la lágrima verdadera.
Vamos a celebrar nuestra nostalgia conmemorando nuestra soledad.

Perfección, Attaque 77, año 1998

La pobreza en Argentina alcanza al 52,9% de la población. Cerca de 30 millones de personas
viven en esa situación y 5 millones en la indigencia. En lo que va del año el porcentaje de
pobres aumentó más de diez puntos porcentuales y el de indigentes, seis. Una catástrofe
social en poco tiempo. Los números no hablan por sí solos. Muestran resultados pero no los
procesos. De lo que se trata, entonces, es de poder desandar explicaciones que den cuenta del
por qué de estas cifras.

Si hay pobres es porque hay empobrecedores. Si la pobreza fuera una moneda, de un lado
estarían los pobres y del otro lado los empobrecedores. Si cada vez hay más pobres es porque
tienen menos recursos para sostener su vida material. A la par, si hay empobrecedores es
porque concentran más riqueza. Si no partimos de esta lógica parecería que los pobres crecen
de la nada. Pero no, no es así. Hay alguien que se queda con eso que ellos ya no tienen.

Crisis económica y sufrimiento social

En Historia de las crisis argentinas (2020) Antonio Brailovsky escribió que una crisis es una
de las peores formas de dolor humano. Cada una de ellas significa la frustración de deseos,
esperanzas y la pérdida de potencialidades humanas. La gente se enferma, se muere y los que
no, llevan una vida desdichada en la desocupación y la miseria. Además agrega que las
propuestas de salidas a las crisis siempre son las mismas: los sectores más postergados tienen
que hacer los sacrificios para que el sistema económico vuelva a su equilibrio estable.

La especificidad propia de Argentina es que la crisis económica se viene desarrollando hace
bastante tiempo. Quizás esos deseos y esperanzas ya están perdidas. Esto puede pensarse así
por la tolerancia al ajuste y la paciencia social. ¿Por qué una sociedad que tenía un imaginario
social ascendente soporta que casi un 53% de su población viva en condiciones de pobreza?

Venimos insistiendo en la complejidad para analizar a la sociedad argentina. Es tan grande el
nivel de fragmentación social que podemos ubicar diferentes segmentos según ingresos,
vínculos con el mundo laboral, formas de consumo y círculos sociales. Sin embargo hay dos
novedades que nos trajo la crisis capitalista argentina en los últimos años: los trabajadores
formales pobres y la naturalización de la pobreza estructural de una gran capa de las clases
populares. Entonces, no nos sirve de mucho preguntarnos simplemente “¿por qué esto se
banca y no explota?” si no complejizamos el análisis.

Leandro Barttolotta, Ignacio Gago y Gonzalo Sarrais Alier son tres sociólogos populares que
en los últimos años vienen escribiendo sobre los padecimientos de ese sector que vive en la
precariedad naturalizada. La sociedad ajustada (2019) e Implosión, apuntes sobre la cuestión
social en la precariedad (2023) son dos trabajos donde además de cartografiar, mapear y
hacer trabajo de campo proponen nuevas explicaciones para comprender qué pasa por abajo.

Las vidas populares que soportan la inflación, los barrios ajustados y estresados, las vidas en
el abismo de la precariedad y el terror anímico que esto provoca, el consumo empobrecido, el
endeudamiento, la depresión y los cuerpos cansados son conceptos potentes que recorren los
análisis de estos autores que no hacen sociología a distancia. ¿A este sector de la sociedad
que sufre todos estos padecimiento le vamos a pedir que estalle, que exploten, que salgan?
Las crisis económicas, a contramano de lo que sostienen los liberales, no se producen por la
distribución de la riqueza, sino por su concentración. Las mismas son aprovechadas para
profundizar estos procesos de centralización de recursos por parte de los sectores capitalistas.
Por eso hay poca imaginación para las salidas de las crisis y siempre se sale de la misma
manera, con ajuste a los más desposeídos.

Los fabricantes de mentiras

Un profesor de Economía Política en su clase a sus estudiantes del profesorado de Historia
les dijo:

• Yo, de la derecha no espero nada. Con la derecha ni a la esquina. Pero a aquellos que
  en nombre del pueblo, lo empobrecieron cada vez más, mi total desprecio.

Porque los nuevos trabajadores pobres y esa normalidad precaria se gestó durante los últimos
doce años, donde la mayor cantidad de estos gobernó el peronismo. Milei incorporó un
discurso de campaña donde decía que venía a resolver esos dramas populares. Apuntó contra
la casta. Sin embargo, a casi diez meses de su gestión no sólo la casta sigue viviendo de
privilegios sino que tiene a la mitad del país subsumido en la pobreza y casi una quinta parte
en la indigencia.
El número de pobreza es una conclusión de la estafa electoral del gobierno de Milei: la casta
no pagó ningún ajuste -ni tampoco lo va a pagar-. Lo pagaron los mismos que se venían
empobreciendo en los últimos años a fuerza de inflación y precarización de la vida.

Disciplina social

Empobrecer, ajustar y precarizar puede terminar disciplinando a las personas. Un sujeto
disciplinado no pide derechos, no demanda una vida mejor. El miedo lo paraliza. No lo hace
porque su situación material y simbólica le impide imaginar mejores futuros. Porque un
sujeto que vive en un círculo de pobreza le impide ver más allá. No le reclama a los estados,
ni a los políticos y , mucho menos a los principales responsables del empobrecimiento, los
empresarios. Y, justamente, hace muchos años que el capitalismo local necesita que las
demandas sociales se mitiguen para poder aplicar las reformas necesarias y relanzar sus
inversiones productivas y aumentar sus ganancias.

El ex vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Lineras escribió una nota en el portal Jacobin
titulada “El monstruo de la inflación”. En ella sostiene que “la inflación abre en la estructura
cognitiva de las personas la desesperada búsqueda de nuevos referentes discursivos y
propositivos que le ayuden a recuperar la certidumbre sobre el mundo. La elevada inflación
es un agente de la incertidumbre estructural que agrede el horizonte predictivo con el que las
personas concurren al mundo cada día. De sus entrañas emergen las monstruosidades
políticas más desgarradoras. Y dejan una huella en la experiencia subjetiva que tarda al
menos una generación en borrarse”. Milei representa esa monstruosidad. Su discurso cruel
tiene cabida por la guardia baja que tienen las mayorías populares producto del ajuste
permanente. Pero además, no parecería haber espacio para las salidas colectivas. Al contrario,
se observa con cada vez más fuerza los discursos basados en las salidas individuales y de
competencia.

Lo que aguanta no estalla

En una nota escrita por Pablo Ibañez para el medio Cenital se presentaron testimonios de
intendentes peronistas del conurbano donde grafican lo que está sucediendo en los sectores
más indigentes de la sociedad. Uno de ellos expresaba que “el Gobierno aumentó mucho la
AUH y la Tarjeta Alimentar. Eso ayuda a zafar a los sectores más bajos. El tarifazo no pega,
porque en las villas no pagan tarifas. Y el aumento del transporte impacta menos, porque no
todos lo usan” y otro agregó que “Milei es, en todo, un Macri mejorado. Subió los planes y,
además, los liberó de la contraprestación del plan Potenciar”. El gobierno libertario
entiende que tiene que sostener un control de los procesos de marginación social. Es preciso
que se conserve un mínimo de prevensión social en el marco de la profundización de la
pobreza. ¿Alcanza esto para contener la pobreza?

Para el gobierno, es una necesidad que esta fragmentación no estalle. Al menos hasta que
lleguen los dólares, se pueda salir del cepo, en el medio ganar las elecciones del año que
viene y que la economía comience a crecer. Empresa difícil para una Argentina donde la
norma parece ser la inestabilidad. Pero además, como decía una vieja profesora de Política
Económica “crecimiento no es desarrollo”. ¿Qué garantiza que ese crecimiento decante en un
derrame tal como sostienen los liberales?

El capitalismo argentino es el que fabrica pobres e indigentes. Un capitalismo que no puede
incorporar a toda esa masa de excluidos ni pagar buenos salarios ni mejorar la distribución
del ingreso. Mientras no los incorpora tiene que contenerlos con transferencias del estado
pero esto potencia los procesos de fragmentación y una sociedad más rota.

¿Cuál es el límite social del ajuste? No lo sabemos. El ajuste va a seguir. Como dice el
economista Cristian Caracoche, los procesos de ajuste siempre son inestables hasta que
resulten. Eso depende de la tolerancia social. En estos últimos días circularon encuestas
donde indican que el nivel de aprobación de la gestión del gobierno comenzó a bajar. No
debería ser llamativo de un gobierno que no estaría cumpliendo las expectativas: una
inflación que llegó a su piso y no baja, el veto a los jubilados y el posterior asado para la
casta, las contradicciones en lo discursivo y lo que efectivamente se hace. ¿Hasta cuándo se
tendrá paciencia? ¿Habrá límite al programa libertario? ¿Quienes se le impondrán? Y si hay
límite, ¿cómo se traducirá?

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Por Nadia Fink y Martín Azcurra

“Si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también”

Es vísperas de Navidad. Jésica Pla enciende la tele y ve a su abuela en el noticiero.

–Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, yo personalmente, mi vida no es nada, me voy a ahorcar en Plaza de Mayo.

–¿Por qué tan extrema? –se asusta el periodista.

–Porque no le quiero dejar a mis hijos y a los compañeros de los jubilados, a los hijos de los jubilados y a los nietos de los jubilados, lo que fomentamos nosotros. Porque eso lo fomentamos nosotros, los dejamos avanzar y avanzar, y acá están las circunstancias.

–¿Está cansada de luchar?

–No, no estoy cansada. Pero para que vea que tenemos galla, los jubilados vamos a hacer lo que voy a hacer.

Jésica se asustó y corrió a verla. Sabía que Norma, su abuela, era capaz de todo.

La década de 1980 terminaba con una inflación inédita, que no paraba de crecer, un récord de paros generales de la CGT y docentes que marchaban y paraban por todo el país. En los barrios, también se estaba viviendo otra realidad. Y en medio de ese panorama, surgió una figura inesperada que iba a cambiar el tono de las luchas, salida de un sujeto político negado por la sociedad y la historia: una jubilada.

Norma Pla aparece en escena en 1991, una viejita enojada que condensa el paso de la resistencia moderada a la acción directa, o al menos una combinación de ambas, un signo que se irá repitiendo a lo largo de la década de 1990, con acciones cada vez más colectivas, y que va a concluir 10 años después en un gran estallido del pueblo indignado.

“No hay plata para nosotros, pero sí para canchas de tenis en Olivos”

En esa época, el flamante presidente, Carlos Menem, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo –a quien más tarde recordaremos, también, como el que estableció el “corralito” que llevó a las clases medias a las calles en 2001–, congelaron la jubilación en 150 pesos. ¡Casi un insulto! Una tímida peregrinación de jubiladas y jubilados empieza a llegar al Congreso. Se juntan los miércoles y piden aumento del mínimo a 450.

Oriunda del barrio obrero San José de Temperley, a Norma Beatriz Guimil de Pla nadie tiene que venir a decirle que la plata no alcanza. Nunca se pudo jubilar a pesar de haber trabajado durante 50 años. Cobra una mísera pensión, de 150 pesos, porque su marido falleció luego de quedar desocupado en los años ochenta. Sus cuatro hijas e hijos tienen un tallercito que apenas les alcanza para ayudarla.

Pero también sabía lo que era el trabajo por monedas. De chiquita, había tenido que dejar la escuela para entrar a la fábrica. Hacía tareas de limpieza y maestranza, y nunca fue registrada. Su padre era Guarda del Tranvía 20, y su madre, empleada doméstica de los Martínez de Hoz. Y aun así no alcanzaba.

Norma empezó a encarnar el sentido común, la perspectiva simple y la palabra directa ante un Gobierno que hacía estragos en la economía de su gente sin que se le alterara el buen semblante. En 1992, Cavallo dijo por televisión que necesitaba 10.000 pesos por mes para vivir y que no todos los argentinos podían pretender ganar lo mismo que un alto funcionario del Estado. Así, en horario central. La jubilada interpeló con sencillez: “Yo gano 150 pesos, me arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están todavía peor que yo. Pedimos 450 pesos de jubilación, ¿es mucho? Si el ministro Cavallo dice que 10 mil no le alcanzan ¿Que no hay plata?… No habrá para nosotros, pero sí para aviones o canchas de tenis en Olivos. Yo aporté toda mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero”.

Y es ahí, en la calle, donde empezó a sentirse viva: megáfono en mano, pancartas al agite, cantitos liberadores, gritos de enojo, charlas con nuevas y nuevos amigues. Tramaban acciones al poder concentrado: movilizaciones al Congreso, al Banco Hipotecario, a la DGI, al Ministerio de Economía… Porque en esa época todavía no quedaba claro dónde estaba el poder real. Se movía de un lado para otro. Una vez llegaron a hacer una choripaneada frente a la embajada de Gran Bretaña, en repudio a la visita del príncipe Andrés.

En Norma, la indignación se volvía rebeldía. Ella rompía todos los moldes. ¡Una viejita que incomodaba al sistema! Su boca casi sin dientes no se callaba nada. Su pensamiento era impecable. En cada comentario o pregunta, interpelaba la incoherencia del neoliberalismo (mucha riqueza en pocas manos), desde la humildad y la ternura. Una especie de Greta Thumberg jubilada. Su discurso tenía la fuerza de la sencillez y de la pobreza digna.

“El legado de mi madre es la lealtad y la empatía con las personas. Ella siempre participaba en cosas políticas pero sociales, como de tesorera de la ENET N° 2, tesorera en una agrupación Scout, y fue una de las fundadoras del club 9 de Julio de San José. Y por eso nosotros, mis tres hermanos y yo, seguimos sus pasos. Y la importancia de luchar por el otro, de ponerse en el lugar de otra persona que está pasando una situación mala, y salir a luchar por eso”, resalta la menor de sus hijas, María Cristina Pla.

Pero había algo más potente todavía. Norma rompía el molde del viejismo, como lo habían hecho las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo; mujeres al frente para recuperar derechos. Con su salud tambaleante a cuestas, saltaba vallas, trepaba puertas, hacía huelgas de hambre, tiraba huevos. Las voces más conservadoras estallaban en cada pregunta: ¿Cómo podía ser que una abuelita indefensa estuviera haciendo semejante lío? ¿No tendría que estar en su casa, tejiendo bufandas, rodeada de sus nietos? ¿Cómo podían permitirle caminar bajo la lluvia agitando las pancartas? ¡No era tan indefensa entonces! Algo se rompió y las jubiladas y los jubilados empezaron a ser, entre tanta desigualdad televisada, sujetas y sujetos políticos que incomodaban con sus cuerpos arrugados y sus acciones directas. “Estamos en una sociedad en la que al viejo se lo descarta de todos los ámbitos, pero son lo más valioso: ellos ya pasaron por donde ahora nosotros tenemos que pasar”, reflexiona María Cristina.

El discurso neoliberal mostraba su verdadera naturaleza: no le importa el ser humano. Toda una vida de aportes… había sido una estafa gigante. Porque la privatización de la caja de las jubiladas y jubilados no fue una simple estafa, fue el robo a la vida entera de las personas, en el período de desarrollo económico más importante del país. Cada vez que Norma entregaba su frágil cuerpo a la lucha, el discurso dominante se caía, la serpiente se retorcía.

En esa época, el ministro del interior, Carlos Corach, no tenía ningún inconveniente en mandar a reprimir todos los miércoles en el Congreso. Así que, cada tanto, Norma iba presa por protestar. “Siempre estoy detenida, pero no por ladrona ni por corrupta, sino por decirle la verdad a estos señores que nos están apaleando constantemente, pero la vamos a seguir. Somos más pueblo que milicos, que no se olviden de eso”. Tuvo más de 23 procesos judiciales por tirar huevos y harina al Congreso. Sin embargo, la gestión menemista nunca le habilitó un interlocutor. Ante el silencio, tan violento como una represión, la voz de Norma irrumpe por donde puede. Y en ese hacerse oír, inaugura el método de los escraches, que cinco años después retomará el grupo de H.I.J.O.S de desaparecidas y desaparecidos, contra Bussi, Videla y Galtieri, entre muchos otros. El grupo de acción de Norma realizó innumerables escraches, a diputados, al príncipe Andrés, a Domingo Cavallo y, por supuesto, a Carlos Menem. Una de sus acciones más notorias fue cuando se subió al escenario del Mercado de Abasto y le pidió a Mijail Gorbachov que le dijera al mundo que estaban “cagados de hambre”.

Como otras resistencias de esa época, la memoria de los años noventa se empezó a escribir con ella. Su momento más activo fue cuando permaneció 80 días en el acampe de Plaza Lavalle, por el aumento de las jubilaciones, allá por 1992; una forma de lucha que se iba a repetir en toda la década de resistencia neoliberal, pero que sigue hasta hoy. Cinco años después, las y los docentes iban a realizar una de sus luchas más contundentes e históricas: La Carpa Blanca, que duró 1003 días y contó con la presencia de figuras emblemáticas como León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Diego Maradona, Ernesto Sabato, Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat, Imanol Arias, y jugadores de la Selección que organizaron un picadito.

Pero a ese acampe de Plaza Lavalle, se acercaban todos los días jubiladas y jubilados de todo el país; al fin tenían un foco donde concentrar toda la atención. Norma le puso todo el corazón a esa acción. “Más de una vez ha traído a dormir a casa a algún jubilado de la Plaza Lavalle… y se ha quedado a vivir durante meses. Me acuerdo del abuelo José, que agujereaba el colchón para guardar panes, por si después no había para comer. Imaginate el hambre que tendría”, recuerda María Cristina.

“No llore, señor ministro”

Corría 1994. Fue uno de esos días en los que Norma ingresó al Congreso con sus compañeras y compañeros, para exigirle una explicación al ministro Cavallo. Allí tuvo lugar una conversación histórica, que se transmitió por televisión.

–Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo, cuando era un niño. Él aportaba como aportó su esposo… –le dice Cavallo, y se queda en silencio mirando hacia abajo, con esa postura que evidencia la vergüenza.

–No llore, señor ministro, no llore. Tenga fuerza para defender a su padre y todo –le responde Norma con respeto y empatía, con la humanidad que el mismo sistema no tenía con ella ni sus compañeras y compañeros.

–Estoy emocionado. Primero porque lo que ustedes dicen es la verdad. Estoy convencido como ustedes. Pero también sé cuál es la realidad sobre la que tenemos que actuar. A pesar de que mi familia no es de muchos recursos –silencio y lágrimas–, yo pude estudiar. Y creo conocer cómo funciona la economía. La economía de un país es como la economía de una familia. Uno puede gastar lo que tiene para gastar –sigue mirando hacia abajo –. Nuestro país es como esas familias ricas que en su momento dilapidaron los recursos que los padres o abuelos habían acumulado. Y llega un momento en que se está muy mal, porque se tienen deudas externas, internas, de todo tipo. A punto tal que no se llega a conocer cuánto se debe. Y no se tiene con qué afrontarlas. Para colmo, todos los mecanismos que se utilizaron para tirar los problemas hacia adelante y que los tenga que resolver algún otro, ya no se pueden seguir utilizando. Es más, sería estafar a todo el mundo, a ustedes, a sus hijos y nietos (…). Se necesitan recursos. Mucha gente dice que no los tenemos porque estamos pagando al exterior. Les aseguro que lo que estamos pagando al exterior es mínimo (y siguen las excusas).

–Usted tiene madre… pero seguro que no está en la Plaza Lavalle con nosotros. Debe estar mejor. Si no tiene que pagar la deuda externa, no lo haga, pero págueles a los jubilados. Piense en su Patria. Si lo presionan de afuera salga al balcón y dígalo, que el pueblo lo va a ayudar…–No, la respuesta de Norma no es la respuesta vacía de un político acostumbrado a deshacerse en excusas. No. Lo de ella es una propuesta concreta, la de una vecina que multiplica panes para que coman todas y todos en el barrio, la de una ancestra sabia, y concreta.

Así como el reclamo de una jubilación digna, otro de los pedidos urgentes era la recuperación del PAMI, la obra social más grande de Argentina y Latinoamérica, orientada principalmente a personas jubiladas y pensionadas, la población más vulnerable de la sociedad. En varias oportunidades Norma tomó el edificio de la calle Chacabuco, en conjunto con sus compañeras y compañeros.

Desde 1992, la gestión de Matilde Menéndez inauguró la etapa del PAMI corrupto. Se retiró en 1994 dejando una deuda de 148 millones de dólares. Luego de su salida, fue intervenido por el gobierno, en manos de Carlos Alderete, y posteriormente en una sucesión de autoridades cada una más corrupta que la otra. Cada gestión fue funcional al plan de ajuste menemista que apuntaba a resolver el déficit mediante la inclusión de empresas privadas en la administración y la reducción de personal, a pesar que los gastos de personal fuesen marginales: el 84% del de­sequilibrio se explicaba por pagos de prestaciones médicas y solo 6% por gastos de personal.

Se emitía Polémica en el bar, conducido por Gerardo Sofovich, y Norma Pla fue como invitada. La única mujer en esa mesa donde el machismo estaba a la orden del día.

–Yo quiero que me escuche el ministro de Economía y el señor presidente también, porque nunca pudimos llegar a un diálogo con él –arranca Norma luego de las presentaciones y saludos, y dice en algún pasaje de la charla al conductor–: Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también.

–Está bien, pero… ¿usted está segura de que lleva el diálogo para poder acceder al presidente? Hoy, por ejemplo, en la entrevista que usted tuvo en la radio con el señor (Carlos) Alderete, porque después me quedé conversando con él, dijo que alguno de los diez puntos que usted le entregó son razonables.

–Los diez puntos son razonables.

–Está bien. Usted dice que los diez puntos son razonables, yo le digo que Alderete dice que alguno de esos puntos tendría ­factibilidad. Pero, al mismo tiempo, usted cuestiona la capacidad del presidente de designar a quien a él le parece como interventor en el PAMI…

–Escúcheme… el presidente de la Nación está acostumbrado a mandar decretos o a gobernar por dedo. Vos acá y vos acá, y nosotros no lo vamos a permitir eso, porque PAMI es de los ju-bi-la-dos y de los tra-ba-ja-do-res.

–¿Quién es nosotros, Norma? –la interrumpe Luis Beldi.

–Nosotros… usted también, yo también, y la gente que nos está mirando también.

–¿El PAMI funciona mal?

–Escúcheme, ¿por qué renunció la señora Matilde (Menéndez) si no andaba mal el PAMI? ¿Usted me puede dar pruebas de que el PAMI anda bien?

Norma tenía razón: el PAMI funcionaba mal. Para 1996, la deuda se estimaba en 1.000 millones. En 1997, la intervención de Víctor Alderete se hizo cargo de la “normalización”, reduciendo el personal, de 13.700 empleados a 2.800, y de la transferencia al Estado de las deudas del organismo.

Ella sabía cómo funcionaba el PAMI: era una paciente asidua porque padecía cáncer de mama. Una peluca cubría su cabeza calva, debido a la quimioterapia. Incluso, varias veces interrumpió sus tratamientos para asistir a una marcha. En uno de los escraches al presidente, en el predio de la Rural, la policía la golpeó y le quitó la peluca. Ella apareció frente a las cámaras de TN, gritando “jubiladooooos”, mientras sus compañeros le daban besos en el cachete y le acariciaban la cabeza desnuda.

Por sus métodos de acción directa, escrache y boicot, que ­inauguraron la época que se avecinaba, se convirtió en una referente social, sobre todo para los grupos que empezaban a realizar piquetes en las provincias.

En 1995, la democracia tiene su primer muerto político durante una pueblada. En Tierra del Fuego, la gendarmería asesina al trabajador Víctor Choque con un disparo en su rostro. Norma se entera, pero se encuentra en pleno tratamiento oncológico. Su corazón se indigna. Pudo haber sido ella, o cualquiera de sus compañeras y compañeros. Su cuerpo le pide estar presente. Porque a esa altura, su presencia es un fósforo que enciende cualquier hoguera. Le pide a su hijo que firme un documento donde se hace responsable de su salud, se arregla un poco frente al espejo y parte rumbo a la protesta en la Casa de la Provincia. Pero ese día su cuerpo no aguantó más y se desmayó. Volvió en ambulancia. Su compromiso era enorme, y aun así los medios la seguían tratando como una vieja loca.

Unos meses más tarde, su cuerpo dijo basta. Había pedido que sus cenizas fueran esparcidas en Plaza Lavalle, el lugar donde permaneció el acampe que quedó en la historia. Hoy una parte de sus restos duermen allí, bajo una placa y una magnolia. Hoy, que se sigue pidiendo vivir con dignidad la época de “jubileo”, hoy que el trabajo del cuidado está siendo cada vez más reconocido, hoy que las mujeres se rescatan de cada lugar que ocuparon en la historia de nuestras luchas; hoy Norma Pla es un nombre y un apellido que se siguen asociando con la dignidad y con el futuro.

Del libro 2001. No me arrepiento de este amor.

Historias y devenires de la rebelión popular.

Ed. Chirimbote, 2021

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Por Pablo Nolasco/ Foto Susi Maresca

Nuestros ancianos resistirán, aunque repriman, resistirán.
Y no están solos, aún los guía la hidalguía de Norma Plá,
que desde el cielo, muy fuerte grita, si no hay justicia nunca habrá paz.
Resistencia Suburbana, Represión brava. Año 2000

En una semana vimos como dos veces la policía reprimió a los jubilados. Fuimos muchxs quienes dijimos: “de pegarle a un viejo no se vuelve”. Si viviéramos en una sociedad más humana no habría lugar para aquellos que les pegan a un viejo. Pero no. Estamos transitandotiempos de crueldad que no son nuevos. Esta crueldad fue madurando en estos años de ajuste permanente, fractura social y discursos de odio que se fueron multiplicando.

La crueldad se potencia, atentando contra la vida misma, cuando se cruza con la batalla cultural y la moral. Demián Verduga escribió en Tiempo Argentino que la derecha ganó la batalla moral. La existencia de un amplio sector de la sociedad que se identifica con los valores que quiere imponer, como hacer pasar un ajuste a los jubilados mediante veto y palo, habla de esa ¿nueva ? moralidad. Peor aún si vemos como en la misma semana donde se reprime a trabajadores retirados de la actividad económica, el presidente embellece al evasor impositivo de Marcos Galperin diciéndole benefactor social.

¿De pegarle a un viejo no se vuelve? En una sociedad donde la moral de la crueldad envenena las subjetividades, la funcionaria que hoy le pega a los jubilados es la misma que hace cinco años fue parte de un gobierno que le recortó el 20% del poder de compra y hace veintitrés, siendo ministra de trabajo del gobierno que se fue con más de treinta muertos en diciembre del 2001, recortó vía decreto un 13% de los haberes de los retirados. Patricia Bullrich se llama. Y en ella se personifica la moral de la crueldad imperante.

¿Qué es lo grave de pegarle a un jubilado?

Un jubilado es un trabajador retirado del sistema de producción. Durante el lapso que duró su trayectoria laboral formó parte del proceso productivo, creando mercancías, y generando valor. Es un ex explotado que goza de un ingreso que le permita transitar la última etapa de su vida sin tener que trabajar, es decir, sin tener que crear valor.

En términos de justicia distributiva y de calidad de vida en el marco de las relaciones sociales capitalistas, quisiéramos que estas personas puedan tener un ingreso que les permita tener cierto bienestar una vez retirados del sistema productivo. Pero para el capitalismo argentino siempre, sobre todo con los gobiernos de derecha, los jubilados fueron un problema. Salvo algunas excepciones, pudieron tener una jubilación digna.

El presente no es la excepción. Los jubilados son uno de los eslabones más débiles. Un informe reciente publicado por la ONG HelpAge, indica que el 73% de las personas mayores de 61 años son pobres. Esto se explica porque más de cinco millones de jubilados y pensionados cobran menos de 340 mil pesos, cuando la canasta básica de este sector ronda los 685 mil.

Hace años que los gobiernos intentan modificar los regímenes jubilatorios. La cuenta es simple. Si la esperanza de vida se eleva, entonces que sigan trabajando. La moral anarco capitalista valora lo productivo y eficiente. Lo que no se puede explotar funciona como estorbo. Lo grave de pegarle a un jubilado es que demuestra la faceta más cruel del programa liberal: si no te puedo explotar te pago jubilaciones de hambre y si no las aceptas, te pego.

Los económico, lo social y lo polìtico (otra vez)

Los jubilados son los principales subsidiarios del ajuste del gobierno de Milei. El celebrado superávit fiscal es explicado, en gran parte, por la licuación de los ingresos de jubilados y pensionados. Por más que Milei intente, mediante piruetas numéricas y manipulación de variables, los jubilados están siendo los sostenedores del ajuste libertario. El Estado destina menos plata en jubilaciones, pensiones y demás coberturas.

Desde que la motosierra del gobierno viene avanzando nos preguntamos sobre la tolerancia social del ajuste. Todos los días pasamos del pesimismo al optimismo de la resistencia. Es tan elevado el nivel de fragmentación social que nos cuesta tener un termómetro que permita tomar la correcta temperatura de la tolerancia al ajuste. El pesimismo prima cuando vemos que las luchas que se dan son pocas y de baja intensidad. Pero de una semana a la otra, estos conflictos pueden despertar lo que adormece y habilitar el lugar al optimismo de la resistencia.

Luego de una semana de una doble represión a los jubilados, la mayoría de las centrales sindicales convocaron a movilizar al Congreso el miércoles 11 de septiembre para presionar y que el poder legislativo derrote al veto de Mieli contra los jubilados. Hace dos semanas no veíamos en el corto plazo alguna convocatoria de este estilo.

En la historia reciente, las jubilaciones han sido un elemento que le dió dinámica a la conflictividad social. En los 90, Norma Plá, la jubilada que se enfrentaba a la policía, politizó a toda una generación que con el tiempo impugnó al modelo de la convertibilidad. En el 2017, “la batalla de Congreso”, que le dió el golpe de gracia al macrismo, se produjo en el marco de la sanción de previsión social.

Se nos complica tomar dimensión social del experimento libertario. Aún no tenemos certezas sobre si el ajuste pasa o se le pone un límite. Sin embargo, no estamos tan seguros de que la moral de la crueldad haya triunfado. En la sociedad del ajuste permanente los tiempos se acortan. Fernando Rosso dice “que el que siembra miseria, muy probablemente cosechará la ira”. Hace nueve meses que la miseria está siendo regada con ajuste y represión. ¿Será la causa de los jubilados la que despierte la ira social para pasar a un optimismo de la resistencia?

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Por Pablo Nolasco Flores // Foto David Fefo

El ajuste tuvo su primer sacudón social, explotó la provincia de Misiones. Docentes, médicos estatales, yerbateros y hasta policías se sumaron a las movilizaciones y cortes de ruta porque la plata no alcanza. Lo que se inició como un reclamo sectorial en el marco de un paro por aumentos de salarios, decantó en una radicalización del conflicto que nos recuerda a las enormes puebladas que las provincias del interior han llevado a cabo en la historia de nuestro país.

Las raíces del conflicto hay que buscarlas en el superávit fiscal ficticio celebrado por el gobierno. Si no pagás, te sobra plata. Pero si no pagas, los conflictos también van a sobrar. La obsesión por los números y el ajuste brutal produce explosiones cuando de lo que se trata es sostener la vida material.

Cuando la crisis es larga los tiempos se acortan

Hace unas semanas Milei inauguró un busto de Carlos Saúl Menem. Entre lágrimas y anécdotas sobre valoradas, el presidente reivindicó la gestión del riojano calificandolo como el mejor gobierno de la historia. El dogmatismo y fundamentalismo de Milei pasa por alto que el programa económico aplicado en los años noventa en nuestro país explotó socialmente en diciembre del 2001. También pasa por alto el primer acontecimiento social de impugnación a ese programa: en diciembre de 1993 la Provincia de Santiago del Estero se subleva contra la clase política ante la falta de pago de sueldos a empleados públicos, de sanidad, municipales y docentes. Tuvieron que pasar cuatro años para que el ajuste fiscal que se venía desarrollando explotara. Dicha explosión se produjo en una provincia del interior. 

En los últimos años, Argentina viene atravesando lo que denominamos como el ajuste permanente o la sociedad ajustada. En ese proceso las personas tienen que aprender a convivir con el ajuste e inventan formas para llegar a fin de mes: posponer pagos, comprar de a poco, financiarizar su vida cotidiana, etc. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, aprovechando esa subjetividad instalada en una sociedad que naturaliza el ajuste, aplicó su programa para disminuir el déficit fiscal: el Estado nacional no iba a transferir dinero a las provincias. En un proceso de alta inflación, al congelar presupuestos o no enviar dinero, los ingresos de las provincias y, sobre todo, los salarios, se licuan. Si antes del shock las personas hacían malabares, con los salarios licuados ni siquiera existe la posibilidad de organizarse. Si no hay plata, hay explosión.

A diferencia del santiagueñazo, la sublevación de Misiones se produce a los seis meses de iniciado el gobierno de Milei. Por si no queda claro, en seis meses le estalló la primera provincia a este programa de ajuste nacional. Para una sociedad que ya se viene aguantando el ajuste en sus vidas cotidianas los tiempos son más cortos. Ante el shock, la respuesta es más rápida. 

Lo económico, lo social y lo político

Como ya lo venimos sosteniendo,  otro de los fundamentalismos de Javier Milei es la teoría económica que sostiene su programa (¿hay programa?) de gobierno. En este sentido, ya nos habíamos preguntado por la línea que separa lo objetivo y lo subjetivo en el marco del ajuste. Es evidente que esa línea es cada vez más fina. Y si lo social le pone un freno a lo económico, lo político podría empezar a resquebrajarse. 

La sostenibilidad de un gobierno radica en estos tres pilares. Lo económico implica que los números cierren, es decir, que los precios y las variables de la economía se estabilicen: precios de bienes y servicios, salarios y el dólar, entre otros. Lo social está determinado por la capacidad de aguante o resistencia cuando la estabilización de la economía trae consecuencias en la vida de las personas. Y, finalmente, el elemento político es aquel que intenta arbitrar el equilibrio entre lo económico y lo social. 

En un escenario de estallido social producto de la falta de fondos para hacer frente a los pedidos de aumentos de salarios en una provincia del interior la política debería intervenir para encontrar una salida. Si esa salida es la liberación de fondos por parte del Estado nacional para hacer frente a esas demandas, los números del programa de ajuste empezarían a desequilibrarse. Si el Gobierno decide soltar plata a una provincia, ¿cómo van a actuar el resto de las gobernaciones? Pero además, ¿cómo van a actuar el resto de los trabajadores en otras provincias? 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que los senadores de la provincia de Misiones son aliados al gobierno nacional en el marco de la discusión por la Ley de Bases. Con una provincia en llamas y ante un gobierno nacional que no da respuestas, ¿los senadores misioneros acompañaran al oficialismo en la votación?  

Si nos guíamos por el dogmatismo del Gobierno nacional, suponemos que no estarían dispuestos a enviar fondos para resolver el problema salarial de la provincia de Misiones. Entonces, si no hay política es probable que la conflictividad social siga en aumento y la delgada línea entre los objetivo y subjetivo se tensen tanto generando nuevos escenarios similares al de Misiones. 

Hacer la experiencia y encontrar los fundamentos de lo que explota

¿Por qué no explota esto?  ¿Hasta cuándo le van a dar tiempo? Estas fueron las primeras preguntas que nos hicimos cuando se comenzó a aplicar el brutal ajuste de Milei. Pasábamos de la bronca al enojo por la falta de reacción de la gente. Además, nos revoleaban por la cabeza con encuestas que sostenían que Milei tenía una imagen positiva a pesar del ajuste. Pero como las dinámicas sociales, la contradicciones y la complejidad de las sensaciones muchas veces no pueden ser medidas y cuantificadas pueden darse casos como el de Misiones. En esa provincia, el gobierno nacional superó el 70% de los votos y hoy es la primera en estallar producto del programa de ajuste de escala nacional. 

Sin embargo, la existencia de un conflicto social con esas características, donde se incluyen paros, movilizaciones, cortes de ruta y hasta enfrentamientos con las fuerzas represivas, no puede ser leído automáticamente como un proceso de ruptura de toda una población que apoyó en las últimas elecciones al Gobierno nacional. De hecho, algunos no vinculan el conflicto provincial con el ajuste a nivel nacional. Esta realidad es común en los procesos de lucha. El desafío que se nos presenta es que los sujetos que se incorporan al conflicto puedan hacer la experiencia, porque son ellos quienes le van a dar cuerpo a la resistencia y a la lucha. Pero además, poder reflexionar sobre la situación concreta y material que los impulsa. Ahí está nuestra función política y pedagógica de cargar de sentido al conflicto para que todos podamos entender por qué esto explota. 

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Por  Pablo Nolasco Flores

La libertad de pagar bajos salarios

La doctrina económica del gobierno de Javier Milei sostiene que todos los precios de la economía deben manejarse con libertad, es decir, por oferta y demanda. Todo el dispositivo de desregulación de la economía que viene sosteniendo el gobierno se apoya en esa premisa y se puede sentir en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras al ir al supermercado, pagar los servicios, utilizar el transporte o pagar una prepaga. 

Casi todos los precios de la economía aumentaron. Casi todos, excepto los salarios. Porque lo que olvidan los dogmáticos libertarios es que el salario es otro de los tantos precios de la economía. Pero, como explicó Karl Marx, hace más de 150 años, el salario es el precio de la mercancía fuerza de trabajo. Y esta mercancía tiene la particularidad de poder producir otras mercancías, por lo tanto, pagarla barato es una de las necesidades del sistema capitalista para su supervivencia.

Techos salariales para que cierren los números

En una entrevista a un medio afín al gobierno, Milei sostuvo la idea de que ningún político puede determinar un precio a mano. En ese sentido, él mismo se preguntó: “¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores y los empleadores?” Su pregunta retórica de nuevo se basaba en el dogma liberal. Sin embargo, el actual accionar del gobierno entra en contradicción con esa idea. 

Hace unas semanas, Luis Caputo, ministro de economía, sostuvo que la secretaría de trabajo no iba a homologar las paritarias que se cierren entre empresarios y trabajadores por encima de la expectativa de la inflación. Esto quiere decir que el Estado iba a intervenir en el precio de la fuerza de trabajo que se define por medio de paritarias libres bajo el fundamento de que eso podría disparar la inflación. Keynesianismo a la inversa.

El festejado superávit fiscal y la leve desaceleración de la inflación en estos dos meses son presentados como números en una hoja de Excel. Sin embargo, detrás de los números hay personas que sufren las penurias de una obsesión técnica. Es fácil lograr que cierren los números si se evita gastar. Pero, no hacerlo implica no satisfacer necesidades. Una familia puede no gastar en alimentos, en los servicios, en el transporte. De seguro que a fin de mes le va a sobrar plata, pero a costa de no cubrir sus necesidades. No obstante, una familia no funciona como la economía de un país. En un país, en lugar de achicar gastos para que cierren los números se pueden ampliar los ingresos por medio de impuestos progresivos (el que más tiene, más paga, como sostenía Adam Smith, el fundador del Liberalismo Económico). El mismo ejercicio puede hacerse con la inflación, su ralentización obedece a la simple cuestión de que las personas están consumiendo menos.  

Dogmas y doctrinas para justificar el ajuste

Uno de los principales problemas que tiene el dogma libertario es sostener que la economía de un país se resuelve por medio de un asiento contable. Es decir, los números tienen que cerrar, estar en equilibrio. Esto no sería un problema si solo se tratara de cuentas. Pero quienes sostienen la economía de un país son personas y la mayor parte de estas son vendedoras de fuerza de trabajo. El “no hay plata” justifica la idea de escasez. Naturaliza que no alcanza para todos. Por eso hay que ajustar y ponerle techo a los salarios. Sin embargo, esa realidad que se intenta hacer pasar como natural se choca con otra que es el enriquecimiento de unos pocos. En el último año la casta económica ha logrado exorbitantes aumentos en sus patrimonios. Solo por nombrar algunos casos,Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, aumentó su fortuna un 28% y se la calcula en unos 6300 millones de dólares, Paolo Rocca, duplicó “la suya”, ascendiendo a 5600 millones de dólares,  y Marcos Bulgheroni triplicó su fortuna, cuyo valor escala los 4900 millones de dólares.

Fundamentar el ajuste bajo los preceptos de la escasez no es una idea novedosa. Forma parte de los fundamentalismos liberales que sueñan con una sociedad sin clases, sin conflictos y luchas por intereses que siempre son contrapuestos. Pero las contradicciones capitalistas hace que el ajuste pueda encontrar límites objetivos y subjetivos. Los primeros están dados por el sostenimiento de la vida material. Sin embargo, esto no se traduce automáticamente en luchas ya que hay elementos subjetivos que pueden funcionar como retardantes en procesos de lucha. Pero, ¿qué tan gruesa es la línea que separa lo objetivo de lo subjetivo en el marco de este ajuste?   

¿Una epidemia de huelgas pidiendo aumentos de salarios?

El sostenimiento en el tiempo del superávit fiscal a fuerza de recortes que impiden el normal funcionamiento de instituciones claves de la sociedad y la desaceleración de la inflación por medio de una baja en el consumo necesita que los trabajadores y trabajadoras no luchen contra el empeoramiento de su vida material. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuál es el límite social de las cuentas equilibradas a fuerza de un ajuste?

La necesidad que tiene el gobierno de que le cierren los números por medio del ajuste se puede chocar con una realidad objetiva: el conflicto social a partir de pedidos de aumento salarial. La forma que tenemos los trabajadores organizados de manifestar nuestro descontento es por medio de las huelgas. En estas semanas se llevó a cabo un paro en el servicio de transporte de colectivos en el AMBA que se sintió en la calle. De la misma manera se vienen desarrollando los conflictos por el cierre de Télam, los despidos en los organismos estatales, los paros nacionales de docentes producto del ajuste en educación y en otras actividades económicas como en metalúrgicos, docentes universitarios y en algunas empresas de alimentación. En este marco, la CGT convocó al segundo paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, pero con varios días de anticipación. En una de esas el gobierno habilita canales de diálogo. 

¿Será que la línea que separa las condiciones objetivas y subjetivas se está acortando? ¿Estaremos entrando en un proceso de conflictividad ascendente? ¿Qué sucederá cuando los comunes forcejeos de la economía política pongan en tensión las celebradas cuentas del gobierno?

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El ajuste económico funciona como un mecanismo necesario en los países capitalistas. En términos generales, ajustar implica que un sector grande de la población obtenga menos beneficios producto de su trabajo. Esto se puede dar de muchas maneras: cobrando salarios nominales (lo expresado en pesos) por debajo de la inflación, pero también haciendo que su salario real cada vez valga menos y como resultado, comprar menos cosas. Otra forma es sobrecargándose de trabajos para poder llegar a fin de mes. Esto es entregar mayor horas de vida a cambio de un ingreso.

Como se planteó en una nota anterior lo que pierden unos en forma de ingreso lo ganan otros. Entonces, los ajustes perjudican a las mayorías trabajadoras y benefician a las minorías capitalistas. Porque es falso eso de que cuando hay ajustes perdemos todos y todas.

Generalmente, las y los trabajadores se resisten a los ajustes. O eso deberíamos creer si no pensamos como clase trabajadora. A lo largo de la historia argentina se dieron enormes muestras de fuerza para resistir a los ajustes de capital. En este sentido, hay algunas ideas que sostienen que cuanto peores son las condiciones de vida de las personas, el escenario se prestaría para resistencias y luchas contra esa situación material. El famoso, “cuanto peor, mejor”.

Sin embargo, eso podríamos creer si la clase trabajadora es homogénea y podríamos tener una idea general de cómo piensa y cómo siente ese ajuste en sus vidas cotidianas. ¿Qué sucede cuando la clase que vive del trabajo tiene un alto grado de fragmentación? Si la clase trabajadora tiene elevados niveles de fragmentación vamos a encontrar a un sector formal con buenos salarios, una capa de profesionales con título universitario que tienen que llenarse de trabajos para obtener un buen salario, otro que posee trabajos formales pero con salarios por debajo de la línea de pobreza y una enorme capa, quizás la mayoría, de trabajadores y trabajadoras informales, sin derechos, que combinan múltiples trabajos con la ayuda estatal.

En esta situación la principal consecuencia es que se nos va a ser difícil comprender cómo se percibe, como siente y cómo piensa cada sector de la clase. Ya que cada uno, según su posición de ingresos tendrá demandas materiales y culturales diferentes.

El ajuste permanente y sus consecuencias en la subjetividad de las personas

Leandro Barttolotta e Ignacio Gago, en un ensayo llamado “Implosión: apuntes sobre la cuestión social de la precariedad”, hacen un análisis muy interesante sobre el padecimiento de la precariedad en los cuerpos de las clases subalternas. Quizás el sector mayoritario de la clase trabajadora y que sufrió con mayor fuerza el ajuste permanente de los últimos doce
años.

Lo interesante del libro es como ligan una cuestión material y objetiva basada en el ajuste permanente que viene sufriendo una enorme capa social con el efecto anímico en la subjetividad. Los autores sostienen que los principales efectos son el cansancio, el agotamiento, la frustración y el malestar. Es decir, nos encontramos con millones de personas que sienten esas sensaciones producto de una realidad material concreta: la pobreza.

Pero se escapó la tortuga. Al menos a las dirigencias políticas que dicen representar al pueblo y, también, a los intelectuales que no estuvieron a la altura. Este ajuste permanente provocó la naturalización de la precarización de las vidas. Miles de familias haciendo malabares para poder llegar a fin de mes. La ansiedad producto del aumento de precios permanente. El malestar, la resignación y la angustia son la estructura de sentimientos de quienes padecen el cuerpo el ajuste.

El problema se profundiza cuando los diferentes gobiernos plantean discursivamente que iban a mejorar la calidad de vida de las personas, pero en los hechos, esas vidas empeoraban. La desilusión con estos programas llevan a una derrota, entonces, cuando los discursos reaccionarios aparecen, tienen allanado
el camino para los ajustes.

Durante estas semanas, el periodista Fernando Rosso planteó una serie de interrogantes que se vinculan con estas ideas. Si las personas durante todo este tiempo de ajuste permanente eligieron gobiernos que en el discurso decían que no iban a ajustar, pero en los hechos, ajustaban, ¿por qué no probar ahora con un gobierno de ajuste?

La naturalización de la precarización, del ajuste permanente y del malestar social puede funcionar como una derrota subjetiva en las mayorías provocando la aceptación de un feroz ajuste como el que estamos viviendo en estos meses. Entonces, cuanto peor, peor.

Ajuste de shock, derrota y refundación capitalista.

Desde que Milei comenzó con el ajuste de shock se dieron muestras de resistencias en diferentes sectores del campo organizado: las movilizaciones de los partidos de izquierda y los movimientos sociales, los paros llamados por diferentes sindicatos, el llamado a saltar los molinetes, los cacerolazos, etc. Son respuestas necesarias para los tiempos presentes. Sin embargo, aún se percibe cierto adormecimiento. Esa sensación de que se le está dando tiempo, a pesar de que el shock se está sintiendo cada vez con más fuerza. Además, cuando parecía que el discurso en contra de la casta comenzaba a tener sus límites, en la apertura de sesiones ordinarias Milei lanzó una batería de medidas contra la casta.

Es muy probable que esa prédica funcione como una especie de refuerzo en la subjetividad de las personas para seguir bancando el ajuste. El ensayista Alejandro Horowicz, en su libro “El Kirchnerismo desarmado” hace un recorrido histórico sobre la historia reciente, el programa económico de ajuste durante estos 40 años de democracia, el fracaso del peronismo y las penurias de las mayorías populares.

En un pasaje plantea lo siguiente:
“Si algo caracteriza a los derrotados, es el desprecio de su propia existencia;
desprecio que impide que la derrota sea apropiada como una fuente de conocimiento
para transformar la realidad. En ese punto estamos”

Alejandro Horowicz, 2023.

Da la sensación de que la precarización de las vidas y el ajuste permanente de la última década funciona como mecanismo subjetivo para aceptar un profundo ajuste. Ese desprecio de su propia existencia, de la que habla Horowicz, no es más que la descomposición social que habita en nuestro país. El problema es que si el ajuste pasa y se profundiza entraríamos en una gran derrota, como la de la hiperinflación del 89’ y como efecto de esa derrota, el capitalismo argentino podrá estar en mejores condiciones de ser reformado, como en los 90, con las consecuencias que eso traería: abaratamiento de la fuerza de trabajo, superexplotación laboral, profundización de la pobreza y ruptura de los lazos sociales.

Las largas crisis que empobrecen cada vez más a las personas sirven para que la gente acepte los ajustes y las salidas reaccionarias. La emergencia y la aceptación en gran parte de la sociedad de los discursos liberales demuestran que hay un espacio en el pensamiento y sentimiento de las personas que lo conocido ya no va más. En este escenario, es necesario derrotar el ajuste de Milei para evitar una mayor destrucción material de las vidas. Si no planteamos una salida estructural, alternativa a este modelo y al que nos trajo este escenario, vamos camino a una catástrofe social porque no hay salidas. La lucha la debemos dar en el plano ideológico/teórico, en el económico y en el político. Lo que no se regenera, degenera.

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Por Matías Calvo Crende^[1] y Fernando Gasalla^[2] Foto Nuria Bodda

El pasado 21 de Febrero de 2024, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)^[3], publicó a través de sus redes sociales un comunicado que pone de manifiesto la “situación crítica en las universidades públicas”.

Allí se advierte la difícil situación que atraviesa el sistema universitario público nacional debido, entre otros puntos, al sostenimiento del presupuesto del 2023 en contraste con la necesidad de incrementar los gastos de funcionamiento acordes a la inflación, la necesidad de actualizar salarios de docentes y no docentes; dar continuidad a programas de infraestructura, al sostenimiento de los programas de becas y al desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología.

Para ponerlo en un ejemplo, y funcionando con un presupuesto de prórroga, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) publicó en sus redes un comunicado donde expresa que en enero y febrero de 2024 recibió la misma partida presupuestaria que en enero de 2023 con precios casi un 300% superiores^[4].

En este sentido queda de manifiesto que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las universidades públicas.

Ahora bien, vale la pena hacerse algunas preguntas para “leer entre líneas” cuando se aborda este tema en la agenda pública. ¿A qué universo de estudiantes afectan directamente estas decisiones políticas y qué características tienen? ¿Cuántos estudiantes extranjeros tienen las universidades públicas? ¿Qué impactos sociales implican estas medidas? ¿Con qué herramientas económicas cuenta la población afectada?

En primer lugar, implica afectar a la mayoría de la población estudiantil universitaria en la Argentina:  8 de cada 10 estudiantes universitarixs realizan sus estudios en instituciones estatales. Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, al año 2021 de un total de 2.730.754 estudiantes universitarios eran 2.200.362 quienes se formaban en instituciones públicas.^[5]

Tabla 1. Estudiantes, nuevas/os inscriptas/os y egresadas/os por nivel y sector de gestión. Año 2021.

Por otro lado, en la voz de Patricia Bullrich, los sectores más conservadores de nuestro país han sabido señalar (sin evidencia empírica que la respalde) que la Argentina tenía casi la mitad de la matrícula de sus universidades ocupada por alumnos extranjeros^[6]. Sin embargo, sólo el 4,1% de lxs estudiantes de las instituciones estatales lo son. De esta manera, es posible interpretar que lo que sobra no son estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas, sino desprecio hacia los migrantes en la manera de pensar de algunxs decisores de políticas públicas de nuestro país.

Tabla 2. Participación de estudiantes extranjeras/os según nivel de la oferta y sector de gestión. Año 2021.

En el marco de estas consideraciones, la avanzada ultraderechista sobre las universidades públicas también implica poner en jaque el derecho a la educación superior en las clases más bajas. En la Argentina, gran parte de la población estudiantil universitaria representa una primera generación de quienes pudieron acceder a una carrera de grado. Este fenómeno se percibe con mayor claridad en las universidades nacionales del conurbano bonaerense y del interior del país. Por ejemplo, en la UNGS 8 de cada 10 estudiantes son primera generación de universitarios (2023)^[7] mientras que en la Universidad Nacional de José C. Paz 9 de cada 10 estudiantes lo son.^[8]

En un contexto donde el aumento de la pobreza es una realidad efectiva cada vez más alarmante, resulta improbable la posibilidad de qué estos actores puedan encontrar en el mercado recursos “extra” para financiar sus estudios.  Por otro lado, es esperable un empeoramiento del desarrollo de los indicadores de trayectorias educativas de estos sectores (sea en su abandono, avance o graduación o en su logro académico) visto que el contexto socio económico del estudiantado es una variable determinante: no solo se trata de condiciones personales como el esfuerzo o la “inteligencia” para poder llevar adelante una carrera universitaria, sino en gran medida poder sobrellevar condicionantes (como situaciones de pobreza, desempleo, entre otros factores) que pueden permitir o no esas trayectorias.

Para recapitular: la asfixia presupuestaria a las universidades implica afectar la calidad educativa de la mayoría de la población estudiantil universitaria y poner en peligro el derecho a la educación superior de los sectores populares de la nación.

Pero el recorte educativo llevado adelante por el gobierno nacional a las universidades públicas presenta varios impactos sociales negativos adicionales.

Para mencionar algunos de ellos podemos listar: la caída del salario real de los trabajadores y las trabajadoras, no docentes y docentes y la respectiva pérdida de calidad de vida; el recorte de los platos de comida y refuerzos alimentarios que las escuelas infantiles y secundarias de las universidades nacionales garantizan para distintas infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad social; la caída del desarrollo de las economías locales que se propulsaron por la creación de universidades (como en gran parte de las del conurbano bonaerense);  el fin del acceso a servicios de salud (en los casos de universidades que tienen a cargo hospitales, consultorios odontológicos o psicológicos); el ajuste en las políticas de becas que,  muchas de ellas otorgadas con criterios de necesidad económica y mérito académico, permiten no sólo garantizar el acceso y la continuidad de estudiantes en la vida académica, sino además la potenciación del talento humano y profesional que de otra manera no podría verse desarrollado en nuestra economía.

Es cierto que no todos los problemas de las instituciones universitarias nacionales nacieron con el actual gobierno pero la situación empeora, por un giro ideológico de la administración nacional, su “plan motosierra”, que atenta contra el derecho a la educación superior y omite intencionalmente la responsabilidad del estado nacional en su financiamiento.

En un contexto de ajuste estructural, donde el “financiamiento” que hoy se plantea desfinancia paradojalmente, al punto de que, de sostenerse en el tiempo, dejará de ser un ajuste presupuestario para dar paso al fin de la actividad, debe recordarse que las sociedades más desarrolladas y menos desiguales son aquellas que también más invierten en educación.

Para construir y alcanzar ese puerto deseado, la educación debe ser prioridad.

Y para ello hay que entender que el desarrollo de un país se construye con las universidades nacionales, nunca sin las mismas y mucho menos contra ellas.

^[1] Investigador docente del área Estado, Gobierno y Administración Pública- Instituto del Conurbano- UNGS.

^[2] Director General de Gestión Académica UNGS. Consejero Superior Nodocente UNGS.

^[3] Organismo público que nuclea a los rectores y las rectoras de las universidades públicas nacionales.

^[4] Fuente: https://www.ungs.edu.ar/new/emergencia-presupuestaria-en-la-ungs

^[5] Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/04/sintesis_2021-2022_sistema_universitario_argentino_0.pdf y https://drive.google.com/file/d/1xAJme5qRX0BRwmOLWZmojIHxZBZHRDQt/view

^[6] A propósito ver sus dichos en el XVI Foro Atlántico “Iberoamérica: Democracia y Libertad”.

^[7] Rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky, en “Desde el conocimiento” (2021). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=C-SqWBhHVQ0

^[8] Fuente: https://www.ungs.edu.ar/new/se-publicaron-los-datos-preliminares-del-censo-de-estudiantes-2023

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Por Mauricio Polchi

Como si aún estuviera en campaña, con slogans vacíos y sin certezas ni detalles sobre la implementación de su programa de recortes económicos, el domingo 10 de diciembre el flamante presidente Javier Milei se dirigió a los argentinos con un discurso que duró poco más de 30 minutos. Lo hizo después de recibir los atributos de mando por parte de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, de espaldas al Congreso, sobre las escalinatas del Parlamento y de frente a los seguidores del libertario que se acercaron al centro porteño para escuchar al nuevo mandatario.

Si bien no hubo definiciones sobre las medidas que ejecutará el gobierno, ya que los anuncios se volvieron a posponer. Milei mostró las cartas y dejó varias definiciones sobre lo que se vendrá a partir de ahora en el país al ratificar que el “ajuste será de shock” y anticipar que la situación del pueblo trabajador “empeorará” en el corto plazo.

El foco de su mensaje estuvo puesto en la denominada “herencia”, y aunque no deslizó ninguna acción contra los sindicatos, solo se animó a amenazar a quienes reciben alguna asistencia del Estado. “El que corta no cobra”, lanzó en relación a las manifestaciones callejeras.

La previa

A pocos días de la asunción de Javier Milei, y mientras el libertario le sacaba filo a la motosierra que utilizará para avanzar sobre los derechos laborales, las centrales sindicales y un conjunto de organizaciones sociales de Argentina se reunieron en el Salón Felipe Vallese de la Confederación General del Trabajo.

El encuentro realizado el lunes 4 de diciembre en la sede de Azopardo, que desató la furia de la derecha, se convirtió en la primera postal unidad frente al plan de ajuste y privatización que impulsa el presidente electo. “Piqueteros y sindicalistas sellan una alianza contra el futuro gobierno de Javier Milei”, alertó al día siguiente el diario La Nación en su título principal. A tono con esa línea, el expresidente y aliado de Milei, Mauricio Macri, se sumó a la ofensiva conservadora y lanzó un duro ataque desde las redes sociales al tildarlos de “hipócritas”.

La reunión, que puso nervioso y encendió las alarmas del mileimacrismo, sirvió para presentar a las nuevas autoridades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La foto de las cúpulas de la CGT y la CTA junto a la flamante dirección de la UTEP, se propone como un dique de contención para frenar las intenciones de la Casa Rosada sobre desregular la economía, achicar el estado y liberar el mercado. Además, se trató de un hecho inédito que sirvió para reunir a referentes de todo el ámbito sindical como prólogo a una historia que se viene y todo indica que será en una etapa de resistencia a Javier Milei y sus políticas antiobreras. Estos sectores, que por este motivo acompañaron a Unión por la Patria y apoyaron a Sergio Massa durante la campaña electoral, ahora deberán explorar un protagonismo opositor de cara al 2024.

La UTEP

El proceso de construcción de la UTEP, que lleva más de 20 años, tiene su punto de partida en la crisis y posterior rebelión de diciembre de 2001/2002. Con el despliegue del movimiento de desocupados en los barrios populares de la Argentina, la organización gremial de este sector se apuntaló en el año 2011 con la creación la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En el año 2016, junto a la CGT, la CTA y otras agrupaciones, impulsaron la Ley de Emergencia Social. Desde ese momento, se empezó a fortalecer el vínculo con las entidades gremiales y ya en diciembre del 2019 nació la UTEP bajo la conducción de Esteban “Gringo” Castro como Secretario General.

En la primera semana de enero 2023, con la participaron de unos 420.000 afiliados en más de 500 lugares de votación en todo el país, Alejandro “Peluca” Gramajo fue elegido para reemplazar a Esteban Castro como secretario general. Gramajo encabezó la lista de unidad denominada “Celeste y Blanca por Tierra, Techo y Trabajo”, compuesta, entre otros, por Dina Sánchez, la militante feminista y referente del Frente Popular Darío Santillán; Norma Morales, de Somos Barrios de Pie; Ramiro Ezequiel Berdesegar, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa y Johanna Vanesa Duarte, también dirigente del Evita.

En el acto realizado en la CGT, durante su intervención, el cotitular de la central obrera Héctor Daer indicó: “Estamos acá juntos ratificando que no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda” por estar o no sindicalizados. En la misma sintonía, el cosecretario general de la CGT, el camionero Pablo Moyano, recordó que “hace unos años estábamos en la calle contra la reforma laboral de (el expresidente) Mauricio Macri y hoy no solo nos vuelve a gobernar el macrismo sino también el menemismo”.

Por su parte, el dirigente de UTEP Alejandro Gramajo aseguró que “en la Argentina que viene la unidad va a ser fundamental” y llamó a “no enojarnos con el pueblo cuando nos da enseñanzas” en referencia al resultado del balotaje. “No vamos a poder recuperar más el Gobierno si no hacemos una autocrítica”, agregó, y remarcó que “más allá de que a la política y a la Justicia no le guste, ahí vamos a seguir reclamando techo, tierra y trabajo”.

Si bien el objetivo a largo plazo es que la UTEP forme parte de la CGT, en lo inmediato van a diagramar un esquema de defensa frente a las tormentas antipopulares que se avecinan con el paquete de iniciativas que La Libertad Avanza enviará al Congreso a través del conjunto de leyes llamadas “ómnibus”.

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Por Vivian Palmbaum / Foto Oscar De la Vega

Las personas con discapacidad conforman un amplio y diverso conjunto con necesidades particulares, amparadas por una serie de leyes.

En el marco de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia, también se vieron afectadas las personas con discapacidad por resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Discapacidad, medidas que las obras sociales y prepagas parecen haber aprovechado.

En diálogo con Marcha, la licenciada Florencia Poleto, una de las directoras del Centro Educativo Equipo Khipu, habló sobre el trabajo de integración escolar que realizan y el impacto del aislamiento en personas con discapacidad.

¿De qué se trata el trabajo que realizan en el Centro Educativo?

Esta prestación posibilita que muchos niños que tienen algún tipo de discapacidad puedan transitar su escolaridad en todos los niveles: inicial, primario, secundario. Para esto tienen una maestra o maestro integrador que adecua las actividades para que sean accesibles para cada paciente. La idea es que siempre el paciente acceda a los mismos contenidos que sus compañeros.

¿Cómo afectó el aislamiento obligatorio al trabajo con las y los niños?

Desde que se decretó el aislamiento obligatorio, los profesionales que nos dedicamos a discapacidad nos vimos obligados a cambiar nuestra manera de trabajar. Todo aquello que hacíamos en la escuela o el consultorio ahora lo hacemos remotamente porque los chicos siguen escolarizados, porque las actividades las enviamos a través de distintos formatos.

¿Cómo se vieron afectados los ingresos para las y los prestadores?

A partir de la Resolución 308, que es anexo a la Resolución 282, el honorario para discapacidad quedó a merced de la interpretación que cada obra social o prepaga hace de la Resolución. El recorte es, por lo menos, del 50% en gran parte de las prestaciones. Otras directamente no las van a abonar, como en el caso de los transportistas.

En los últimos 4 años el honorario profesional se degradó mucho. Hace cuatro años un maestro integrador ganaba lo mismo que un maestro/a de escuela sin antigüedad. Hoy está ganando 18.152 pesos por cumplir 80 horas mensuales. Cabe aclarar que son profesionales altamente capacitados: psicólogxs, psicopedagogxs, acompañantes terapéuticos, maestras especiales, etc.

A partir de esta Resolución no queda claro cuál va a ser el honorario porque a un Centro es probable que le paguen un tercio de lo que estaba estipulado. Si bien desde el gobierno salieron a decir que esto no iba a ser así, que iban a abonar todo, todavía no salió la Resolución que anule la 308 y tampoco la 282.

¿Qué implica la Resolución 282?

La Resolución deja en manos de las obras sociales y las prepagas la cantidad de sesiones que una persona con certificado de discapacidad tiene que tener.

Desde el colectivo de personas con discapacidad, familias y prestadores se expresaron en un comunicado contra el ajuste que afecta las prestaciones a las personas con discapacidad, una situación que lleva muchos años.

Por una parte, se oponen a la arbitrariedad que significa que obras sociales y empresas de medicina prepaga establezcan la extensión de tratamientos porque “les brinda la libertad de elegir la cantidad de sesiones o consultas, cuando en realidad esta prescripción es competencia de los equipos profesionales tratantes, considerando las necesidades singulares de cada caso”.

También son enfáticos al rechazar el ajuste que afecta a las y los prestadores de salud con la reducción de sus honorarios de manera arbitraria, y que se suma a las demoras en los pagos y en las aprobaciones de tratamientos “que conforman la situación de precariedad laboral en la que nos encontramos como trabajadores de la salud”.

Incertidumbre y dificultades

Venimos arrastrando el problema de que las obras sociales, con suerte, pagan a los tres meses. Este año, en marzo, cobramos facturas adeudadas de 2018, es decir que como Centro podemos tener espalda para sostener el honorario del profesional que acude a la escuela pero como profesional independiente es muy complicado de sostener.

Las obras sociales, además, son muy burocráticas, la cantidad de papeles que tenemos que presentar para respaldar el trabajo remoto es enorme.

Frente a la dificultad que todos estamos atravesando en este momento de incertidumbre, más la incertidumbre que nos genera no saber si vamos a poder sostener el laburo desde lo económico, se está tornando complicado.

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