Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La campaña hacia la segunda vuelta de Iván Cepeda y Aida Quilcué (Pacto Histórico) tuvo movilización, música, artistas, mujeres de la economía social, ambientalistas, travestis y un amplio arco social en las calles. También una mayor presencia del senador y candidato presidencial en las redes sociales, en entrevistas con influencers y actos en cada región de Colombia. Muchas personas salieron de forma autoconvocada con carteles, volantes y stickers a hablar con los vecinos y buscar los votos que faltan para que hoy Cepeda sea el nuevo presidente de Colombia. Detrás de la movilización popular, un objetivo: que Colombia dé vuelta de forma definitiva la página de la violencia y camine hacia la paz. 

En el barrio Ciudad Hunza (localidad de Suba, norte de Bogotá), se sostiene una trama comunitaria de radio, arte, ollas populares y trabajo de las recicladoras urbanas. Sus calles empinadas están pintadas con consignas contra la violencia de género. Allí, Ángel Jaime León, comunicador popular y militante, asegura que la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no fue solo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado. “Fue un acuerdo de la sociedad colombiana”, resalta.

Ese acuerdo requiere transformaciones estructurales sobre todo en lo que respecta a la tierra, la política y el sistema electoral. La paz no es solo quitar fusiles, es generar las condiciones para la vida digna. Es dar tierra a las familias campesinas, es cuidar los páramos que brindan agua, es reconocer el trabajo invisible de las que cuidan a sus familias y territorios. La paz requiere un compromiso político. Y en esa apuesta se posiciona la fórmula del Pacto Histórico, las propuestas de Cepeda-Quilcué para la Colombia de los próximos años.

Ambos candidatos comparten una herida: vivieron en carne propia el asesinato de familiares por la persecución política. 

Manuel Cepeda Vargas era legislador electo por la Unión Patriótica cuando lo asesinaron grupos paramilitares y el Estado colombiano en 1994. Iván era entonces profesor de filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá e iba hacia su trabajo cuando encontró el auto en el que viajaba su padre con un disparo en el parabrisas. “Le pido al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la Justicia en Colombia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”, dijo el joven Cepeda ese día frente a las cámaras de televisión.

En 2008, la Minga Indígena realizó una movilización histórica para reclamar por los derechos de las comunidades originarias en Colombia. A fines de ese año, en una emboscada militar, asesinaron a Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena del Cauca, Aida Quilcué. Las fuerzas oficiales lo presentaron como un “falso positivo”: un supuesto combatiente de las fuerzas armadas insurgentes caído en combate. Quilcué advirtió que no iban a callarla y continuó exigiendo mejores condiciones de vida para sus comunidades. 

Cepeda debió exiliarse y, a su retorno, fundó el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice). Fue uno de los partícipes de las conversaciones por el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su rol fue dialogar con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional para llegar a ese pacto entre las organizaciones armadas y el gobierno. Así se llegó a un punto de partida: lo que dicen los papeles y que debe convertirse en realidad. El gobierno colombiano incumplió por acción o por omisión. Entre 2016 y 2026, 489 firmantes del acuerdo fueron asesinados según el Consejo Nacional de Reincorporación.

Albeiro Suárez mira de frente a la cámara y sonríe. Tiene una remera blanca, con una rosa y el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fuerza política con la que las FARC se propusieron retomar la lucha mediante las urnas. “Necesitamos que en vez de que nos estigmaticen, nos apoyen, que vengan al territorio y se den cuenta de que aquí no estamos construyendo trincheras ni fusiles, estamos construyendo paz”, asegura el hombre de 47 años. El ex combatiente de las FARC era líder de su comunidad, una referencia para otros firmantes del acuerdo que, como él, buscaban reinsertarse en la sociedad mediante el trabajo campesino en el departamento Meta (este de Colombia).

A Albeiro lo mataron el 16 de octubre de 2020, dejando a su comunidad sin su líder y expuesta a ser víctima de otros crímenes. Albeiro había dejado los fusiles y apostaba a otra vida para él y para sus compañeros. Lo asesinaron mientras hacía diligencias para mejorar las condiciones de vida en el campamento de firmantes que empezaba a florecer con casas de nylon y organización colectiva para empezar a cultivar cacao.

Aída Avella se para en el escenario en el cierre de campaña de Iván Cepeda en Bogotá. Mira al público con los ojos cargados de emoción. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, canta con voz poderosa. Y asegura algo que sintetiza la necesidad de paz y, una vez más, que la paz no se hace sola, sino con decisión política. “En este gobierno (el de Gustavo Petro) a nadie le arrancaron los ojos por pensar diferente”. Es la misma voz potente que, en 1996, gritaba a los medios tras sobrevivir a un atentado: “Hagan algo, este es el precio de la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP”. 

La aseveración sobre los ojos que hace Avella refiere a la persecución estatal de las personas que participaron del estallido social de 2021 en el gobierno de Iván Duque. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades en abril de ese año, en oposición a una reforma tributaria que pesaba sobre los alimentos. Fue una manifestación popular cobardemente reprimida por el gobierno. El Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) indica que, entre el 28 de abril y el 28 de junio de ese año hubo 75 asesinatos, 83 personas tuvieron lesiones oculares y 28 fueron víctimas de violencia sexual; hubo 1.832 detenciones arbitrarias y otros 1.468 casos de violencia física.

En las afueras de un shopping en Kennedy, al sur de Bogotá, muchos rechazan el volante de Cepeda-Quilcué, muchos otros lo reciben. La polarización política está en el aire en una zona de la ciudad donde en primera vuelta ganó Abelardo de la Espriella con el 80 por ciento de los votos. Pero los que piden los volantes y saludan con un grito en favor de Cepesa son jóvenes: no superan los 35 años, son varones, son mujeres. Son, generacionalmente, los protagonistas de aquel estallido.

Mauricio Grajal y Jenny Moreno Socha son jóvenes que estuvieron en el epicentro del estallido, en Cali, en 2021. A partir de aquellos días, generaron junto a otras personas la Juntanza Popular por la Transformación Social. Ambos comentan que, antes del estallido, las y los jóvenes no tenían representación, que muchas y muchos de los que salieron a manifestarse pertenecían a sectores populares y no participaban de ninguna organización. Marcan que la derecha velozmente señaló a quienes participaron de aquellas protestas como grupos financiados por la guerrilla. Para sostener la memoria y la verdad de aquellos días, escribieron un libro en el que relatan la experiencia.

Grajal relata que aquella experiencia fue para él transformadora cultural y socialmente. En ese entonces tenía 19 años.  “Me permitió participar en espacios en los que no había pensado estar. Encontramos el camino de qué hacer y para qué hacer. No soy formado en la universidad, pero a través de la organización pude acceder a capacitaciones para exponer las barreras estructurales que tienen los jóvenes”, relata.

Y agrega: “Un gobierno como el de Iván Cepeda es clave para sostener ese camino, el de los jóvenes que quieren transformar el territorio en el que viven”. 

Moreno Soacha agrega que el significado del estallido fue la expresión de que a los jóvenes les importa la política. Y que vivieron la experiencia de estar en la primera línea de las manifestaciones a ser lideresas y líderes sociales, de fortalecer la identidad en el territorio y de entender lo colectivo. “El joven que salió en 2021 salió con digna rabia y hoy es más consciente”, asegura. Ella tenía 28 años en esa época y salió a las calles por solidaridad con otros jóvenes.

Ambos dejan planteada una pregunta que ayuda a entender lo que se juega hoy en las urnas. “¿Cómo le fue a la oposición en este gobierno? ¿Tiene la oposición las mismas posibilidades de ser oposición en un gobierno de derecha o de izquierda? ¿Quién quiere la paz y quién la violencia en Colombia?”.

La campaña de Abelardo de la Espriella responde esa pregunta: el candidato anunció que “destripará” a quienes piensen diferente. Prometió hacer cumplir la ley, que quien bloquee una avenida durante una protesta recibirá un castigo. Promesa que, en el oído argentino resuenan conocidas, vivenciadas, resistidas. Prometió también reincorporar el extractivismo como política de Estado en un país donde la concentración de la tierra expone la desigualdad que vive Colombia y que es otro elemento que impide la paz. Precisamente, la derecha que hoy apoyará a este candidato fue la misma que bloqueó en el Congreso las reformas necesarias para cumplir el acuerdo.

Cepeda, por su parte, promete ante todo garantías para quienes no voten por él y reparación para las víctimas de la violencia estatal.

Colombia está llena de muertes, dice alguien. Colombia está llena de desaparecidos y desaparecidas cuyas familias aún buscan y esperan, como Las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) a quienes Iván Cepeda acompañó en el largo camino de buscar paz y justicia. Colombia llora a los falsos positivos, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Nacional hizo pasar por guerrilleros para justificar los asesinatos. Sobre esa herida hay dos propuestas: destripar al opositor, como amenaza De la Espriella, o el diálogo, como convoca Cepeda; continuar agrediendo a quien piensa diferente o continuar la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el accionar de los grupos armados, el paramilitarismo y el Estado.

Sobre esa herida hay dos alternativas y la última palabra la tendrán los votos de este domingo.

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

El punto de encuentro es la parroquia del barrio. Allí, seis mesas de plástico con seis tableros de ajedrez están dispuestos sobre la calle, la corta y angosta Carrera 66. El bar, la papelería, la barbería, no saben de la siesta. Un hombre de barba blanca reparte volantes. Más allá, dos compañeros suyos traen leña para calentar el agua: más tarde habrá canelazo, bebida de maracuyá, aguardiente, hierbas y canela. “La gente va a ir llegando a eso de las dos, después de comer”, dice José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá, donde se encuentra el barrio La Madelena. 

Entre las calles angostas se alzan edificios de colores, la mayoría de tonos ladrillo que brillan al sol del mediodía. Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y está conformada por más de 300 barrios. Viven allí cerca de un millón de personas. Cuesta Novoa explica que las viviendas son parte de una transformación de los barrios populares de la ciudad en propiedades horizontales: el 70 por ciento de la población de la ciudad vive en este tipo de urbanización.

Siguen los preparativos para el convite. Alguien trae un parlante, otro un micrófono y enseguida suena la salsa y la cumbia. No falta quien toma el micrófono y canta con fervor canciones como La Suegra o El Venado. Y que, claro, invita a bailar a quienes van llegando. Pero el centro de todo es la campaña electoral. El domingo habrá elecciones en Colombia y es clave que la gente conozca las propuestas de la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilqué: revolución desde los territorios (lo que implica por ejemplo dotar al 80 por ciento de los municipios rurales de agua potable), revolución agraria, educación como derecho, con énfasis en la ruralidad y austeridad en el gobierno.

Lo central, lo que está en el centro, es la alegría, la política, la comunidad. Mary Galindo vive en la vecina localidad de San Cristóbal, en el barrio Ciudad de la Santa Rosa, uno de los más vulnerables de la ciudad. “Estoy aquí porque me gusta la juntanza, promover la solidaridad con nuestros vecinos”, dice a Marcha Noticias.

“Hacemos reuniones comunitarias y canelazos y charlamos, hablamos de las reformas, de lo que el pueblo necesita, de las quejas, de las reclamaciones. Y tratamos de buscar soluciones en lo que está al alcance de nosotras, de las madres comunitarias”, relata.

Las madres comunitarias, explica, son madres que se organizan en las localidades de la ciudad para salvaguardar a los niños y jóvenes con actividades, talleres y ollas comunitarias. “Hacemos muchas cositas así pues para indicarles dónde pueden conseguir cursos, dónde pueden estudiar, porque hay mucha gente que no sabe”, agrega.

También ayudan a conseguir turnos médicos de adultas y adultos mayores. Cuando se le consulta qué opina sobre la política de cuidados iniciada por el gobierno de Gustavo Petro, responde: “Muy buena, excelente. Antes no nos apoyaban, nadie se preocupaba por los cuidadores. Todos preguntan por el enfermo, pero no por la persona que cuida y la persona que cuida muchas veces tiene muchas cargas emocionales, psicológicas y físicas”. El documento Conpes, de Consejo Político, Económico y Social —-principal órgano de planificación del gobierno nacional— aprobó en 2025 el Documento Conpes 4123, que sienta las bases del sistema nacional de cuidados. Señala entre sus objetivos “velar por la garantía del goce efectivo a cuidar en condiciones dignas, así como reconocer y fortalecer las formas colectivas, comunitarias y prácticas de cuidado propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos, como pilar del sostenimiento de la vida”.

Cuesta Novoa es además filósofo y autor de cinco libros, entre ellos “Adónde van los desaparecidos”, en el que cuenta su experiencia como sobreviviente a la desaparición forzada por haber pertenecido a la guerrilla M19. Explica que el sistema político colombiano tiene importantes avances en términos de autonomías territoriales y descentralización de la política administrativa y financiera. En Bogotá, el alcalde es Carlos Fernando Galán (del partido Nuevo Liberalismo, que apoya a nivel nacional a Paloma Valencia). El 70 u 80 por ciento del desarrollo de la ciudad corre por cuenta del gobierno local. Pero las decisiones que se toman a nivel nacional impactan en las localidades y los barrios: Ciudad Bolívar no es la excepción.

Señala: “Hemos logrado, a lo largo de los últimos cuatro años, desarrollar una política sistemática y permanente del salario mínimo. Demostrando que, a diferencia de lo que plantean los neoliberales sobre que si se eleva el salario mínimo se eleva la tasa de inflación y la tasa de desempleo, logramos la reducción al 8.8 de la tasa de desempleo. Y la tasa de inflación a lo sumo estará en 5 o 6 por ciento”.

“Una de las cosas que ha dicho con mucha claridad el presidente Petro es ‘si en las mesas de todos los colombianos al momento del almuerzo, del desayuno y de la cena hay más comida que cuando surgió el estallido social de 2021, ya ganamos’. Ahora mismo, en todas las casas y apartamentos de Ciudad Bolívar hay más comida en las mesas. Y eso es una gran revolución, sobre todo porque nuestro gobierno llegó entre otras cosas como resultado del estallido social”, describe. 

En 2021 hubo una serie de manifestaciones contra el entonces presidente Iván Duque por una política fiscal que incrementó los impuestos sobre la comida. El concejal recuerda que entonces había gente comiendo en los basureros y que por eso la gente salió a protestar. Y marca que lo que logró el gobierno de Petro es la seguridad alimentaria.

Pero también apunta a la soberanía alimentaria. Alude al páramo de Sumapaz, localidad de Bogotá, donde se fomento que los campesinos de la región provean de alimentos a la ciudad. Esa iniciativa, indica, fue parte del programa Hambre Cero de Gustavo Petro. 

En Ciudad Bolívar hay una porción importante de los 3,5 millones de pobres que salieron de la pobreza  en Colombia gracias al incremento del salario mínimo vital que está hoy en 2 millones de pesos. “Vivimos ya una experiencia maravillosa de la mano también de Petro (como alcalde) con Bogotá Humana. Fui subsecretario de ese gobierno y logramos sacar 1.4 millones de bogotanos de la pobreza”, comenta.

De cara a las próximas elecciones, señala que el gobierno del Pacto Histórico estuvo siempre bloqueado por los poderes fácticos, las oligarquías financieras, las oligarquías políticas que están incrustadas en los espacios de poder. Pone como ejemplo el aumento, consecutivo al aumento salarial, de las tasas de interés por parte de la Junta Central del Banco de la República.

“Por eso se necesitan cuatro años más. Porque en buena medida muchas de las tareas de reformas sociales quedaron truncadas en el camino”, resume.

Las y los vecinos se acercan y pronto las mesas de ajedrez están llenas. Cuesta Novoa propone un juego: ¿a qué le harán jaque mate el domingo 31 de mayo? No todos responden, pero la mayoría sí: jaque mate a la pobreza, jaque mate a la corrupción, jaque mate a los falsos positivos. La partida continúa.

Entre las y los militantes del Pacto Histórico que reparten volantes en La Madelena está Damaris Torres, emprendedora. Cuenta que se queda volanteando todas las noches hasta las 12 de la noche y que come jengibre y cúrcuma para seguir convenciendo indecisos. Cuando se le pregunta qué la motiva, responde: “Amo a mi país”. La mujer cuenta que tuvo que pagar las carreras universitarias de sus hijas con el mecanismo “gota a gota”, por el que se pide plata a un prestamista pero si no se paga en el horario acordado, se mata al deudor. Pero que apeló a eso porque no quería que sus hijas vivan la misma realidad que ella. 

También está el joven Samuel Sánchez, de 19 años. “El gobierno de Gustavo Petro dignificó el trabajo, a muchos jóvenes y a la educación, y a la fuerza pública les dio un empleo digno. Algo que no se había hecho durante 200 años que había gobernado la derecha acá en Colombia. Durante mucho tiempo los jóvenes no habíamos recibido en educación pública un buen proceso, pero ahora tenemos la matrícula cero”, argumenta. La “matrícula cero” es la política de gratuidad para los estudios superiores que implementó el gobierno. 

Otra mujer que se acerca con su pechera del PH es Fany Leal, médica egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Asegura que milita por Iván Cepeda porque quiere que se reforme la Ley 100, que en los años 90 estableció la privatización de la salud. El Estado le pagaba las prestaciones a Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), pero estas a su vez tercerizaron en Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), que eran quienes efectivamente realizaban las atenciones pero luego no recibían los pagos. “Las EPS quebraron a las IPS. Cuando eso ocurrió, yo trabajaba en el sector público y tocaba pedirles a los pacientes la jeringa a las 3 de la mañana para un dolor bien berraco”

Fany Galindo y otros vecinos se sirven vasitos de canelazo calentito. Cuando se le pregunta a la madre cuidadora en qué pensará este domingo cuando vaya a votar, afirma: “En la vida. En el ‘no a la guerra’, porque no eso nunca nos ha llevado a ninguna parte. Ahorita lo que predomina es el amor, la paz, la tranquilidad, la camaradería, la solidaridad entre hermanos. Y que nos apoyemos entre todos, no que vayan a pasar uno por encima del otro como estamos acostumbrados. Todos tenemos que trabajar en comunidad para apoyarnos y salir adelante. Eso es progresismo”. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La llegada a esta elección presidencial en Colombia está marcada por la certeza de que cuatro años no bastan para saldar dos siglos de gobiernos ligados a las élites económicas y políticas del país. Que hace falta otro período de gobierno para avanzar en las transformaciones necesarias para garantizar la paz y la vida digna. Es en ese marco que diversos espacios de los movimientos socioambientales, feministas, sindicales y de lucha por la paz confluyen para apoyar la fórmula presidencial del Pacto Histórico.

Hoy Colombia define la continuidad del proceso iniciado con Gustavo Petro, en la Iván Cepeda y Aida Quilcué; el retorno de la derecha uribista en la figura de Paloma Valencia o una propuesta similar a la de Javier Milei en Argentina, representada por Abelardo de la Espriella.

La construcción de la paz

Camila Macías es integrante de la Corporación Planeta Paz. Este proyecto se creó en 2000 y promueve la paz mediante estrategias de educación y comunicación popular, investigación social crítica, luchas de las mujeres populares y los géneros, y seguridad ambiental territorial. “Es importante tener un marco común de lo que ha significado la lucha en este país por la construcción de la paz. Colombia ha estado atravesado por las violencias, por los genocidios, por los múltiples conflictos en los territorios. La paz no significa simplemente la superación del conflicto armado, para construirla se necesita seguir avanzando en el programa que se inició en estos cuatro años”, señala. 

Y agrega: “Eso significa poder constituir las condiciones políticas, sociales, económicas, ambientales y el reconocimiento de las mujeres, las diversidades sexuales, las poblaciones discriminadas y excluidas para que estos múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana puedan ser encauzados”.

Para Macías es una apuesta “política y ética” avanzar en el camino iniciado por Gustavo Petro. “Hay que reconocer el trabajo de posicionar temas sociales y ambientales que hace cuatro u ocho años no estaban”, argumenta. 

Marca dos hitos: la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el estallido social de 2019. Y señala que ambos desarman el argumento alrededor de un actor armado en pos de avanzar en discusiones estructurales para el país. Y, en ese contexto, según la activista la política ambiental y de los derechos de las mujeres son elementos centrales. También los programas para los jóvenes, para los adultos mayores y para la educación.

Estas políticas “trasladan esta dinámica del conflicto y de la estigmatización que venía habiendo alrededor de campañas históricas sobre la guerra con grupos armados y lo que se ve es un esfuerzo de avanzar en un movimiento social que pueda cautivar a la población, que pueda cautivar a los jóvenes”. La activista detalla que estas ideas fueron trabajadas con las comunidades, sobre todo en áreas de frontera donde la conflictividad es mayor.

“El no cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de (el ex presidente) Iván Duque ha generado un aumento acelerado de las agresiones”, aporta. En contraste, el gobierno del Pacto Histórico generó una institucionalidad para acercarse a las comunidades, claves en la construcción de paz; entendiéndolas también como interlocutores válidos para avanzar en los procesos de negociación en algunos territorios.

“Las organizaciones entienden que lograr la paz significa no solamente que ministros o agencias estatales e instituciones nacionales tengan presencia efectiva en los territorios, sino construir realidades locales y no exclusivamente desde los centros del poder político”, concluye.

La reforma agraria: un avance y un camino por hacer

Uno de los elementos centrales para la paz en Colombia tiene que ver con la necesidad de democratizar la tierra. En un país donde el 1 por ciento de los propietarios concentra el 80 por ciento de la tierra, el Acuerdo de Paz de 2016 incluye entre sus ejes la reforma agraria. Cepeda da un paso en ese sentido y habla de “revolución agraria”.

“Para ello se tiene que tener en cuenta sobre todo a los sujetos de la reforma agraria, esa reforma debe ser democrática”, dice Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), espacio que surgió en 1976 y es una de las mayores organizaciones campesinas del país. 

Agrega que el acceso no debe ser solo a la tierra sino también al territorio, al agua, a las semillas, a las herramientas. Y marca la importancia de la reparación a los pueblos, en un país “donde ha predominado la desigualdad, el despojo y el desalojo”.

Y marca la importancia de avanzar hacia la soberanía alimentaria en un país en que el agronegocio hace que alimentos que se pueden producir en Europa hoy se estén importando.

Respecto al apoyo a la fórmula Cepeda-Quilcué, señala: “Este es un desafío muy grande porque no solamente tiene responsabilidades el gobierno sino también el movimiento social. Y una de las responsabilidades del movimiento social es la unidad. Todo esto tiene que ser realizado con una movilización permanente. Aquí nada nos ha sido dado porque otros han sido muy condescendientes. Todo lo hemos ganado a través de la lucha y de quienes hemos dejado en el camino. Los desafíos son muy grandes para este nuevo gobierno”.

El feminismo en la campaña electoral

Paz González integra La Hoguera y la Asociación Colombiana de Comunicación Popular. Destaca que lo que ha encarnado esta campaña es justo la diversidad que tiene en rostros, en grupos sociales que han sido históricamente excluidos. “Ha sido una campaña marcada por el ejercicio de la autogestión, que no cuenta con grandes presupuestos para hacer estrategias de marketing. Por el contrario, ha sido una campaña absolutamente orgánica, donde la autogestión y el ejercicio del compartir y de la juntanza han sido la columna vertebral”, indica.

También expone que “las mujeres que provienen de regiones que han sido históricamente excluidas, las mujeres racializadas, negras, indígenas, empobrecidas, mujeres trans, se han sentido, de alguna forma, representadas e incluidas en este programa político y en este proyecto de país propuesto por Iván Cepeda, y, por supuesto, por su fórmula vicepresidencial, que es una mujer indígena y que sería, en este caso, la primera mujer indígena en cumplir con este rol”.

“Ha sido muy emocionante y bastante retador, pero también valiente salir a las calles y sentir que no es este momento en el que van a silenciar a las mayorías colombianas, que no es este momento en el que va a pasar la ultraderecha fascista y racista”, expresa.

Juliana Hernández, de la organización feminista Artemisas, señala que los problemas de las mujeres en Colombia incluyen la política económica y los problemas de la ciudadanía. Destaca el reconocimiento del Pacto Histórico de que “la autonomía económica no consiste en dar a las mujeres peluquerías ni puestos para vender cosas que no son sostenibles en el tiempo, sino en reconocer que la inserción laboral de las mujeres tiene que ser real”. 

Y que un sistema nacional de cuidados no puede estar planteado desde la visión neoliberal, en el que la mujer tiene que cuidar sola. “Este gobierno, a través del sistema nacional de cuidado y no en palabras, sino en asignación de recursos, permitió que además se pudiera instalar un sistema nacional de cuidado comunitario”, indicó.

Agregó, como un desafío a futuro, la importancia de mejorar las condiciones de vida reales de las mujeres. “No hablamos solamente de derechos sexuales, reduciéndolos al derecho al aborto, porque si no tenemos salud, si no tenemos transporte, tampoco vamos a acceder”.

La mirada del sindicalismo

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Fabio Arias expresa el apoyo a la fórmula del Pacto Histórico y analiza lo pendiente en un futuro gobierno. Comenta que la lección aprendida en estos cuatro años es que “para avanzar de manera prudente se requiere una mejor correlación de fuerzas en toda la institucionalidad del Estado”. Considera que Cepeda tendrá la obligación de generar un acuerdo nacional. Y que la profundización de las reformas va a ser el resultado de mantener “una fuerte presión social sobre la institucionalidad que tiene Colombia”.

“Ese es el aspecto principal, si logramos consolidar un acuerdo nacional que determine exactamente la profundización de una serie de reformas e incluso la modificación de una cierta institucionalidad en Colombia”, puntualiza. Y apunta al esquema electoral y judicial, cuyas estructuras han sido creadas por el neoliberalismo y la extrema derecha del liberalismo y se vuelven un obstáculo. Es lo que ocurre por ejemplo con la reforma pensional (jubilatoria) impulsada por Petro, que ya fue aprobada por el Congreso pero que está frenada para su revisión por la Corte Constitucional.

“En el mundo del trabajo hay que profundizar la vida democrática de las relaciones laborales, cuestión que no hemos podido cumplir”, indica. Y señala que, en la reforma laboral, quedó pendiente el tema de las libertades sindicales y de la vida democrática de las organizaciones laborales.

Finaliza: “En Colombia el odio al sindicalismo es una cuestión histórica que sigue teniendo unas relaciones mayoritarias en la institucionalidad. Pero hay muchas cosas de tipo realizable, como la reforma pensional o del sistema de salud. Ahí hay un reto significativo y muy determinante para este gobierno”.

El Pacto Histórico, el partido de la unidad

Gloria Flórez es senadora por el Pacto Histórico (electa en 2022), presidenta del partido Colombia Humana y defensora de derechos humanos. Relata los inicios del Pacto como una coalición, lo que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez.

Posteriormente, la coalición pasó a ser un partido, hoy presidido por Petro y Márquez. En septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del nuevo partido, autorizando la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. En marzo de 2026 aceptó la inclusión de Colombia Humana, que en un principio había sido rechazada.

“Estuvimos trabajando a lo largo de un año en el paso a la unidad de las fuerzas que hoy están unificadas en el Pacto Histórico como movimiento político”, comenta Flórez. En las legislativas de marzo, el PH se presentó ya como partido, con listas con paridad de género. Fueron elegidas y elegidos 67 congresistas.

“El reto de la unificación fue precisamente avanzar en el Congreso, lo logramos; y tener una campaña unificada a la presidencia de la República”, agrega. 

Unificado el partido, se convocó a distintos sectores sociales a una Alianza por la Vida para la campaña presidencial. “La ruta de la unidad ha sido esencial porque ha dado resultados importantes”, como las elecciones legislativas, la candidatura única y la alianza con los movimientos sociales.

La senadora subraya un eje que ha atravesado la campaña de Cepeda: la revolución ética, volver a recuperar en el país la ruta de la moralidad pública. “Petro inició ese camino”, añade. Y marca la necesidad de mantener las reformas sociales que inició, de continuar la apuesta de justicia social para Colombia y de lograr que el país se reindustrialice. “Que avance hacia un modelo productivo donde todas las capas de la sociedad tengan oportunidades, rompiendo con el modelo neoliberal que tanto daño ha causado”, define.

Respecto a la campaña electoral, asegura que hay “una campaña feroz, mediática, pues hay muchísimos recursos invertidos en los grandes medios de comunicación y en la comunicación digital. Y nuestra campaña es una campaña austera, hecha a pie con la gente, con el pueblo”.

Un ejemplo de ello es la iniciativa “Súbete a la Chiva”, un colectivo con escaleras impulsado por la Minga Social y Popular, colectivo indígena cuya referente es Aida Quilcué y que surgió al calor de las movilizaciones de 2008. Ese colectivo viajó más de 45 días recorriendo las localidades de Bogotá y otros departamentos de Colombia, llevando la campaña a diversos colectivos de los distintos territorios. 

Además, ante la tradición de compra de votos y de la posibilidad de fraude, se convocó en las calles a cuidar este los votos del Pacto Histórico.

La diferencia entre Cepeda-Quilcué y los otros candidatos, dice Flórez, es que “tenemos al pueblo de nuestro lado”. Agrega: “La campaña es la continuidad de un proyecto que arrancó ya en el país y no se puede dar marcha atrás, porque sería muy doloroso para el pueblo colombiano y para América Latina”.

Finalmente, agrega: “Tenemos una amenaza gigante que es el norte, porque están direccionando mensajes, recursos y propaganda en contra de nuestra campaña. Estados Unidos lo hizo en Honduras, en Ecuador, ha metido la mano en todos lados. Pero esperamos que el pueblo sea sabio y defienda lo que ha conquistado después de tantos siglos de búsqueda de un gobierno que represente sus intereses”.

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Gabriel Becerra es el secretario general de la Unión Patriótica y dirigente del Partido Comunista Colombiano; ambas fuerzas integran el Pacto Histórico que este domingo propone a Iván Cepeda y Aida Quilqué para continuar el proyecto iniciado por Gustavo Petro. Desde 2022, es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Bogotá en representación del Pacto Histórico.

En 2020 fue uno de los fundadores y coordinador del equipo promotor que dio origen al Pacto Histórico. En la Cámara de Representantes, integra la Comisión primera constitucional, la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral y la Comisión de paz. 

Su partido de origen, la Unión Patriótica (UP), fue diezmado por la persecución política. Surgió a nivel nacional como resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado Colombiano y los grupos insurgentes en 1984. Ese acuerdo abrió la posibilidad de crear un movimiento político que permitiera a la insurgencia hacer política con garantías a través de las urnas. Para 1986, era la tercera fuerza a nivel nacional. 

Sin embargo, tras el ascenso de la UP en la política institucional, sistemáticamente fueron asesinados nueve congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y campesinos.

Entre 1984 y 2002, la UP fue víctima de un genocidio político caracterizado por asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos y atentados cometidos con la participación de agentes estatales, grupos paramilitares y sectores de la política tradicional. 6.200 personas fueron asesinadas en ese contexto. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad estatal en esos hechos. El 30 de enero de 2023, declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de la UP.

Uno de los dirigentes asesinados, en 1994, fue Manuel Cepeda, padre del candidato Iván Cepeda.

En diálogo con Marcha Noticias, Becerra manifiesta: “El proyecto político de la UP fue truncado por la violencia. El Pacto Histórico es la oportunidad y la materialización, tanto en los espacios que hemos conquistado en el Congreso de la República como en la presidencia, de la continuidad de ese proyecto político que no pudieron desaparecer y que hoy vive en las realizaciones del pueblo colombiano a través del Pacto Histórico”.

En ese sentido, marca que los avances generados por el primer gobierno nacional de izquierda en Colombia como “un listado largo de realizaciones que muy poco se nombran, sobre todo en los medios masivos, pero que son reales e importantes”. Sin embargo, en vistas a un segundo gobierno señala la necesidad de avanzar en ese camino para poder romper con un pasado de exclusiones y de violencia.

—¿Qué se necesita hoy para lograr la paz en Colombia?

—La paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles y de la violencia. En 2016 se logró el Acuerdo de Paz y ese acuerdo sentará las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Pero lamentablemente la derecha logró, tanto en un plebiscito que se realizó como en el gobierno posterior de Iván Duque, colocar muchos obstáculos y frustrar en una parte la implementación ágil de ese acuerdo necesario para construir la paz. Que, repito, no depende solamente del desarme ni del cese de la violencia física. Para construir la paz en Colombia se necesita un proceso de cumplimiento de los acuerdos, empezando por el que se firmó en el 2016 y de avance de una serie de reformas y de transformaciones que le quiten la base a a cualquier aplicación de violencia a través de la lucha política o a través de los fenómenos de la criminalidad no política, para que de esta manera se pueda construir una paz con garantías de justicia social, de cese de la violación de derechos humanos y sobre todo cambios en la vida política, económica y social de Colombia.

La paz es la materialización de un proceso democrático en Colombia que no ha sido posible y que esperamos concretar para que sea la mejor herencia a las nuevas generaciones.

–¿Cuáles son los desafíos más importantes ante la intención de retorno del uribismo en la figura de Paloma Valencia y ante la emergencia de un discurso similar al de Javier Milei en Argentina, representado en Colombia por Abelardo de la Espriella?

—El desafío es construir un modelo de sociedad distinta a la que propone este émulo de la extrema derecha global, de Milei, de Nayib Bukele o del partido Vox. Esa es la gran disputa de la sociedad colombiana en este momento: si logra mantenerse y consolidarse en el gobierno un proyecto centrado en la vida, en la defensa de la naturaleza, en los derechos sociales, en el respeto a las libertades individuales, en la lucha contra la guerra o si en Colombia la extrema derecha logra recuperar espacio y ser gobierno. El desafío es tener la capacidad de argumentar, de movilizar y de garantizar la fuerza popular, la fuerza política, la fuerza electoral necesaria para impedir que los vientos de la ultraderecha fascista que recorren algunos países de América Latina y del mundo sean triunfadores en nuestro país. Es derrotar al fascismo y construir una democracia basada en la lucha contra las desigualdades porque no puede haber democracia sin igualdad social.

—¿Cuáles fueron, desde su punto de vista, los avances más significativos del gobierno de Gustavo Petro?

—En primer lugar, hay que ubicarlo como el primer gobierno realmente distinto a las élites políticas tradicionales que gobernaron el país desde la independencia durante 200 años.

Este primer gobierno tenía el desafío de iniciar las bases de una transformación en la sociedad colombiana muy marcada por la idea de democratizar la sociedad. Democratizarla en la economía, en la política, en lo social. Y ha iniciado ese proceso de transformaciones. Pero todavía falta bastante para consolidar un proceso de transformación. Nosotros triunfamos en unas elecciones hace cuatro años, yo creo que vamos a volver a triunfar ahora. Pero tener el gobierno no es tener el poder. El poder en una sociedad está condicionado por factores económicos, culturales, comunicativos, ideológicos, factores sociales que todavía en la sociedad colombiana tienen un peso significativo. No hay que menospreciar el peso de sectores conservadores y de la derecha en el país. Aún en medio de estas limitaciones el presidente Petro con un programa de reformas avanzó en temas importantes. Uno de ellos es la reforma agraria. Colombia tiene un nivel de concentración de la tierra muy elevado y eso ha derivado en los problemas de la violencia. El 1 por ciento de los propietarios es dueño del 80 por ciento de la tierra productiva en Colombia. Eso no es normal en una sociedad democrática. En el campo de la entrega de tierra vamos en unas 750.000 hectáreas, llegando casi al millón. Son cifras importantes, si las compara con lo que hizo el gobierno Iván Duque, que solamente distribuyó 17.000 hectáreas. En el campo agrícola hay otros resultados, como el crecimiento del aporte del campo en la economía nacional, y el desarrollo rural. Todo esto es muy importante cuando se trata de cambiar la matriz económica del país, que ha estado ligada al extractivismo, a servicios y a sectores de la economía no productiva. Nosotros queremos hacer una economía productiva. En el campo de los derechos sociales, hemos recuperado la capacidad adquisitiva de los trabajadores con el aumento del salario mínimo. Al desempleo lo recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito: 8.8. A la inflación la recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito, 5.4. El crecimiento de la economía, aunque no ha sido desbordante, está en un promedio casi del 3 por ciento. En las circunstancias internacionales actuales no es malo. La política social ha pretendido reducir la pobreza extrema. Garantizamos la gratuidad al 98 por ciento de los estudiantes de la universidad pública. Logramos aumentar el plan de asistencia social al adulto mayor. Aprobamos la reforma pensional y la reforma laboral, que recuperaron derechos que se le quitaron a los trabajadores durante los gobiernos de derecha. Y hemos fijado una postura sobre la política exterior colombiana muy distinta a la que clásicamente han tenido las élites colombianas. 

—¿Cuando alude a la política exterior se refiere a la relación, por ejemplo, con Estados Unidos?

—Me refiero a la política exterior que tiene que ver con Estados Unidos y en general con toda la comunidad de naciones y de organismos internacionales. En el caso de Estados Unidos y en el caso de otras naciones lo que hemos recuperado es una autonomía y un criterio soberano en las decisiones que no tienen que ver con romper relaciones, pero sí con reclamar y ejercer una postura propia en temas como el conflicto en Palestina y las amenazas de la guerra general, la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de apropiarse de naciones enteras como Groenlandia o México o el trato que se le ha querido dar a los migrantes. El gobierno de Colombia no ha aceptado cierto tipo de tratos, ha pedido que haya respeto a la dignidad de nuestros compatriotas en el exterior. Se opone a la ruptura de la legalidad internacional en situaciones como el bombardeo y la detención ilegal del presidente Maduro en Venezuela. Rechazamos los bombardeos contra personas en alta mar aún si esas personas están haciendo actividades ilegales porque bombardearlas y causarles la muerte no respeta el derecho internacional público. En los foros económicos y en los foros ambientales hemos defendido la postura propia de lucha contra el calentamiento global, la exigencia de una postura que proteja esta casa grande de la amenaza de calentamiento global que nos permita avanzar en una transición energética y en los temas económicos y políticos. Nos ubicamos en el campo del multilateralismo y de unas relaciones Norte-Sur que no sean de sometimiento.

—¿Cuáles son las posibilidades de un futuro gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilcué para avanzar en las transformaciones necesarias?

—Nuestra economía logró mantenerse. Pero es una economía que está presa de una concepción neoliberal. Nosotros pensamos cambiar esa orientación económica. El presidente Petro ha iniciado con algunas decisiones, pero hay que tomar muchas otras para fortalecer el carácter productivo de la economía colombiana, fortaleciendo la reforma agraria, la revolución agraria y también avanzando en otros sectores. Si superamos la violencia y construimos la paz, Colombia tiene un potencial turístico muy grande que ya en este gobierno ha crecido pero que puede aumentar. Tenemos posibilidades de desarrollos económicos, además del campo agrícola, en otros campos relacionados con la ciencia y con la tecnología, si somos juiciosos y fortalecemos la inversión en el conocimiento y en la cultura. Por otro lado, tenemos dificultades en las finanzas públicas porque recibimos un Estado muy endeudado. Le ha tocado al presidente Petro asumir esas deudas. Pero si hay una reactivación y un fortalecimiento de la economía, las finanzas públicas pueden mejorar porque podríamos garantizar reformas fiscales y tributarias que nos permitieran recuperar recursos para el Estado a través de criterios distintos para los que evaden el pago de impuestos puedan pagar y también extendiendo una política fiscal a sectores que hoy no pagan ningún impuesto. Existen todas las condiciones para, en un viraje de la economía, tener desarrollos materiales de equidad y de igualdad social posibles. Esa es la raíz con la que estamos comprometidos. Tenemos las condiciones para avanzar pese a que los vientos globales no son tranquilos. Tenemos capacidad para tener una economía más productiva que nos ayude a tener más riqueza, equitativamente distribuida, y de esa manera garantizar una transformación en beneficio de las mayorías. Queremos un crecimiento económico en beneficio de la mayoría, no un crecimiento económico que beneficia a las élites de siempre. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Aida Quilcué, mujer nasa del Cauca colombiano, lideresa indígena, defensora de los territorios, de los derechos humanos y de la naturaleza y senadora desde 2022, es la candidata a la vicepresidencia de Colombia junto a Iván Cepeda por la fórmula del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

El pasado 9 de marzo se conoció que Quilcué sería la candidata a la vicepresidencia. En diálogo con Marcha Noticias afirmó: “Es el tiempo de las mujeres y ese tiempo no es solo una presencia simbólica, sino una presencia viva para la gobernanza. He emprendido un camino, igual que muchas mujeres desde los distintos espacios, desde los procesos más invisibles porque a veces somos muy invisibles, que vale la pena”.

También señala: “Hay que avanzar a pesar de las dificultades, de los tropiezos; esas dificultades y tropiezos nos vuelven fuertes. Y desde esa fuerza hoy estoy aquí para representar el pueblo colombiano como vicepresidenta de la República”.

Aida marca también el cariño recibido durante la campaña, por parte de los sectores populares, las mujeres, las y los jóvenes, la comunidad LGTB+, las personas con discapacidad. Una campaña autogestiva construida desde el poder popular.

“Estamos para enfrentar y asumir los desafíos y retos que hoy nos pone el país”, anuncia. Y explicita que esos desafíos son “la exclusión histórica que han tenido los 115 pueblos indígenas de Colombia, que son una presencia viva del país, una presencia que ha sido estigmatizada, que ha sido olvidada, que ha sido excluida y que es una presencia real de la riqueza cultural y natural que tenemos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, afrodescendientes y los pueblos más excluidos incluso en las ciudades”. 

Agregó: “El segundo desafío es avanzar en las transformaciones que ha empezado el presidente Petro. Se ha avanzado con los derechos de la ciudadanía en el marco de las reformas del Congreso de la República y de reformas constitucionales y en derechos. Vamos a avanzar en todas esas propuestas que se están encaminando y que es la continuidad de ese proyecto político”.

Cuando se le pregunta qué sueña para su país, responde: “Hemos vivido milenaria e históricamente muchas situaciones difíciles, que aún estamos viviendo. Lo que más sueño es que nuestros hijos e hijas puedan caminar tranquilos en el territorio, que no nos odiemos por pensar diferente y que exista la igualdad en Colombia”.

A las mujeres del continente, les dice: “Tengamos mucha fuerza porque las formas de exclusión, sobre todo en las mujeres no se da sólo en la oposición, también en el progresismo y tenemos que caminar, enseñar, aconsejar y ojalá algún día también sacar ese esa práctica de de esto y que los hombres han sido tan valiosos como nosotras las mujeres. Y seguiremos siendo valiosos y valiosas para construir esa esa Colombia que hoy queremos, pero también esa Latinoamérica y ese mundo que hoy necesita la humanidad”.

El tiempo de los pueblos

El documental “Aida Quilcué. Es tiempo de los pueblos”, realizado por Juntos Somos-Human Conect, retrata su vida y su lucha contra el racismo, la violencia estatal y en defensa de los territorios. Combina una entrevista reciente a la lideresa con material de archivo sobre su militancia.

Quilcué inscribe su propia vida en una lucha que lleva más de 500 años. “Invadieron nuestros territorios, invadieron nuestro pensamiento y nos quitaron la tierra”, denuncia. Y da un mensaje tan actual como necesario para el país y la región: “Resistir no es aguantar, es dignificar”. 

Hija de una maestra y de un líder comunitario, desde la infancia acompañó a su papá, aprendiendo que la tierra comunitaria es de las comunidades. En su relato aparece también la raíz de la lucha en la memoria del líder indígena Manuel Quintín Lame, defensor de los derechos de los pueblos indígenas colombianos, que falleció en 1967.

Aida fue promotora de salud y maestra comunitaria en su comunidad. El punto de inflexión que la convirtió en lideresa fue la avalancha del río Páez en junio de 1994, que afectó a la zona del departamento Cauca (en el suroeste colombiano). Más de 1.100 personas murieron y su comunidad se vio obligada a desplazarse y a comenzar de cero en otro territorio del departamento. 

Fue la primera mujer nombrada como representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entre 2003 y 2009 fue consejera mayor. En 2008 organizó la serie de protestas y marchas conocida como Minga Indígena contra el gobierno de Álvaro Uribe, que desconocía las autonomías de los pueblos indígenas.

“Me decían ‘cuidado, Aida, que la pueden matar’, pero yo no pensé que la muerte estuviera tan cerca”, relata en el documental. A finales del 2008, en una emboscada militar, asesinaron a su esposo Edwin Legarda. Quilcué luchó por justicia para su esposo y también por justicia para otras víctimas de la persecución y de los “falsos positivos”; nombre que se le dio a las ejecuciones cometidas por el Ejército Nacional de Colombia contra ciudadanos no beligerantes pero cuyos asesinatos se presentaban como resultados de enfrentamientos en el marco del conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad de Colombia, 6.042 civiles fueron asesinados por el Estado con este mecanismo.

Poco después del crimen de Legarda, Aida dijo en un acto público: “Si mataron a mi esposo para que Aida se calle, sepan que me dieron más fuerza”. Si bien se condenó a seis militares por la ejecución de Legarda, no se avanzó en la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.

La lucha de Quilcué contra el arrebato de tierras para el extractivismo continuó. En 2022, fue electa senadora nacional por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), uno de los partidos que representa a los pueblos indígenas en el congreso por medio de la circunscripción especial para pueblos indígenas. Ya en la política institucional, manifestó su voluntad de “representar a los pueblos excluidos, olvidados, estigmatizados e incluso asesinados”, tal como manifiesta en la entrevista registrada en el documental. 

Una frase de Aida queda resonando en el film: “De tantas lágrimas, de tantas luchas, de tantos sacrificios, hoy llegó el tiempo de los pueblos”.

“Hay tristeza, hay lágrimas, pero también hay esperanza”

En la semana previa a las elecciones, Quilcué agradece al Consejo Regional Indígena del Cauca, “una organización que ha tenido muchos altibajos, pero que le ha enseñado a Colombia la resistencia y la dignificación de los pueblos”. También a la Organización Nacional Indígena de Colombia y a las organizaciones regionales que componen los 115 pueblos indígenas que habitan el país.

En referencia al estallido social de 2019, recuerda: “Los jóvenes nos enseñaron a nosotros, porque conocimos la exclusión total que se vive en las ciudades. Algunos muchachos nos decían, ‘preferimos quedarnos aquí en la calle, porque aquí al menos tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida y en la casa no lo tenemos’. Y no porque los papás fueran perezosos, sino porque no había oportunidades. Y por eso va mi abrazo a aquellos jóvenes, que hoy la oposición dice que son terroristas, delincuentes. Yo reivindico esa memoria. A algunos los dejaron lisiados y otros aún siguen en las cárceles”.

Reivindica a la clase obrera por “luchar por su derecho a un trabajo digno”. A las mujeres, “para que la violencia salga de las familias y de las sociedades porque toda clase de violencia contra la mujer también nos ha afectado y nos ha llevado al olvido estructural”. Y también a la comunidad LGBTIQ+ y a las personas con discapacidad. Desde su identidad como mujer indígena, se hermana con esas luchas: “No solamente vivimos la violencia de los fusiles, hemos vivido la violencia de exclusión”.

Añade: “Desde el progresismo tenemos que sacar esa violencia porque eso fue lo que se sembró en nosotros. Tenemos que aprender a caminar en la diversidad porque aquí cabemos todos y todas. Nuestros pueblos se han enfrentado y terminaron en una situación difícil, pero a esto lo crearon aquellos que siempre nos quisieron ver divididos. La colonia llegó y nos puso a pelear entre nosotros; llegó la corrupción, la mentira, la envidia. Por eso nos dividieron y por eso muchos pueblos en Colombia fueron totalmente exterminados, como el Pueblo Yalcón, que hoy solo existe en las estatuas y en la memoria. 

Para Quilcué, hoy los pueblos pueden dividirse, porque eso permite el avance del capitalismo, la exclusión, el racismo y todas las formas de violencia. “Hay tristezas, hay lágrimas, pero hay esperanza. Y hoy nos hemos encontrado una Colombia que nunca nos habíamos encontrado para mirarnos a los ojos, para cantar entre nosotros, pero también para caminar juntos y juntas”, describe. 

Candidata a la vicepresidencia

La candidata del Pacto Histórico expresa: Y concluye: “El 31 de mayo tiene que ganar Colombia. Tienen que ganar las víctimas, los indígenas, los vecinos, las mujeres, la juventud. Que suene la flauta, que suene el tambor, que suene la música, que suene las guitarras, que suenen los vientos, los ríos, las aguas, porque también tenemos que proteger nuestra Madre Tierra. Y esa será nuestra lucha”. 

Asegura que su proyección no era ser candidata a vicepresidencia, sino retornar a su territorio. “No porque no pudiera o no porque no hubiera estudiado, porque basta con haber vivido lo que vivimos al lado de nuestros pueblos, porque eso hace parte de nuestro aprendizaje”. Pero finalmente decidió aceptar la invitación de Iván Cepeda: “Con Iván venimos de lugares distintos, pero con los mismos caminos de esperanza y paz”.

“Yo no me preparé en la academia, me preparé en la academia de la naturaleza y los pueblos. Y me voy a juntar con esa otra ciencia que es Colombia. Nadie gobierna solo. Alrededor hay muchas mentes, muchas manos valiosas, idóneas, invisibles que gracias a ello podemos seguir gobernando”, agrega.

“A Petro lo han estigmatizado, lo han señalado. Pero nunca dicen que ellos fueron los que dejaron los rezagos de la corrupción, el racismo y la exclusión. No con eso quiero justificar los vacíos que aún existen. Porque estamos aprendiendo. Pero yo sé que esta Colombia nos va a enseñar a mejorar las cosas”, analiza.

Relata que la campaña fue de amor, de abrazos. Y que eso aumenta la responsabilidad de continuar la transformación. Sin embargo, aclara que hay problemas que no se solucionan en cuatro u ocho años de gobierno. “Este es un proyecto político a largo plazo, donde muchas generaciones tenemos que prepararnos para gobernar este país”.

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Por Redacción Marcha

La izquierda, aglutinada en el Pacto Histórico, someterá por primera vez la continuidad de su proyecto de gobierno al escrutinio popular. Poniendo además en tensión el concepto de cambio o de alternancia que pretende regir los comicios regionales de los últimos tiempos.

Con una campaña de los movimientos, autogestiva y con escaso financiamiento central, quienes protagonizarán la escena son Iván Cepeda al frente, ya que en Colombia la reelección por períodos consecutivos no está permitida; acompañado en la fórmula por Aida Quilcué, actual senadora nacional y lideresa indígena en la región del Cauca.

En la vereda opuesta al Pacto Histórico estarán las expresiones de la vieja derecha que buscan distanciarse del lastre uribista, al menos en cuanto a imagen, porque en lo real sigue representando una amenaza para los pueblos bajo los mismos principios con los que durante años se gobernó Colombia. 

Tal y como viene ocurriendo en distintas elecciones en la región, el espectro derechista se divide en una candidatura más identificable a las élites políticas clásicas, por un lado, y la imagen renovada de discursos más radicales que son vendidos como nuevos, por otro. 

En el primer caso encontramos a Paloma Valencia, una candidata asociada al uribismo y que ganó fuerza tras la interna de la derecha. Si bien ha intentado mostrarse como una renovación y lejana al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, el propio se ha encargado en endosar públicamente su apoyo en distintas ocasiones. 

Valencia representa la reedición del Plan Colombia y su falsa promesa de seguridad democrática a punta de militarización de los territorios. La entrega de soberanía a los Estados Unidos y la concentración de las riquezas en pocas y las mismas manos: la élite político empresarial. 

Más rimbombante y ocupando el rol de “outsider”, en una suerte de cosplay a Nayib Bukele, tanto en lo estético como en lo discursivo, aparece la figura de Abelardo de la Espriella. En términos sociales y culturales, pareciera haber sabido representar de mejor manera a la base social del uribismo que la propia Valencia, aunque no del todo a su núcleo más duro. 

En sintonía con otras elecciones en nuestra región, De la Espriella se presenta en diálogo con figuras como Kast, Bolsonaro, Kaiser, Milei, con un perfil que destaca una impronta manodurista, antiderechos y que sobreactúa las formas de la masculinidad hegemónica. 

Si bien en esta contienda se presentan 11 fórmulas presidenciales, la elección se disputa entre estas tres candidaturas Eso sí, se trata de dos proyectos de país antagónicos. El triunfo de Iván Cepeda implicaría para Colombia continuar y profundizar el camino marcado por la gestión de Gustavo Petro, y para Nuestra América representa el resguardo de soberanía en un territorio clave en tiempos de doctrina “Donroe”.

Una elección con la historia de resistencia de los pueblos

En medio de campañas electorales donde las deepfake son protagonistas regionales, los pueblos una vez más asoman su genealogía para defender lo que se hizo y el derecho a exigir lo que falta. Estas elecciones llegan en un contexto regional donde la intervención imperial también se da a través de recursos técnicos y materiales para las campañas, plataformas millonarias de extrema derecha para desestabilizar la soberanía popular.

Hondurasgate, así se hizo pública por el Diario Red la filtración de audios entre los cuales se escucha al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, decirle al actual mandatario Nasry Asfura que se estaba montando una célula que operaría desde Estados Unidos para desplegar una campaña de desestabilización contra los gobiernos de México y Colombia. Vale recordar que Hernández estuvo preso en Nueva York por estar involucrado en una causa de narcotráfico y que, antes de la última elección presidencial en la que se impuso Asfura, el elegido de Trump, Washington le concedió el indulto. Estas redes de la ultraderecha podrían llegar hasta Argentina dado que, según Hernández, Javier Milei habría aportado 350 mil dólares para esta célula. 

El denominado Proyecto Júpiter fue revelado por una investigación de Señal Investigativa y Revista RAYA. Se trata de una estrategia de acción psicológica ligada a quien fuera asesor de comunicación de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Bermúdez Merizalde, con el objetivo de influir en las elecciones. El plan consistía en incidir en trabajadores de empresas ubicadas en el Valle del Cauca con talleres durante la jornada laboral para promover indignación hacia Gustavo Petro, miedo a perder el trabajo e indignación.

A medida que se acercan los días la valoración de Iván Cepeda se sostiene encabezando la intención de voto. Sin embargo, las encuestas también generan ruido y están en el foco del debate público frente a resultados muy dispares no sólo entre distintas casas encuestadoras, sino que también entre entregas de las mismas. La atención ahora está puesta en las instituciones electorales que en la elección de 2022 perdieron aproximadamente 600 mil votos, tal como denunció el Pacto Histórico.

Asimismo las últimas estrategias conviven con el golpismo y la concentración de recursos tradicionales. La fortuna de la familia de Paloma Valencia se hizo a fuerza de explotación en la minería de oro. Su abuelo, Guillermo León Valencia fue presidente entre 19662-1966 por el Partido Conservador. Atacó y persiguió al comunismo, apoyó la intervención de EE.UU. tanto militar como económica, facilitó la portación de armas y fue en este período en que se originaron las FARC y el ELN, y particularmente las organizaciones paramilitares. 

Los Valencia fueron esclavistas del Cauca. Paloma es la creadora de la idea de dividir la región en una zona para las comunidades indígenas y otra para los “ciudadanos de bien”. Pero Aída Quilcué fue la primera mujer en ser elegida Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cargo que ejerció hasta 2009. Ella es símbolo de la resistencia que llega a las urnas: en las elecciones legislativas de 2022, obtuvo una curul en el Senado de la República por la Circunscripción Especial Indígena bajo el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Y hoy es además esperanza de pueblo.

Leé también: https://marcha.org.ar/aida-quilcue-es-el-tiempo-de-las-mujeres-y-ese-tiempo-no-es-solo-una-presencia-simbolica/ 

Radicalizar un gobierno de izquierdas

El 20 de febrero, Iván Cepeda asistió al noticiero central de Caracol, el canal privado de televisión con mayor audiencia en Colombia y uno de los principales distribuidores de contenidos en español a nivel global, para visibilizar sus propuestas de campaña. Paciente, el senador respondió de forma positiva a cada pregunta venenosa de periodistas militantes de la extrema derecha; aún cuando le preguntaron qué significaba “radicalizar”.

“Habrá cambios y profundización de la propuesta esencial del gobierno de (Gustavo) Petro”, aseguró entonces Cepeda. “Es que la política social, y me refiero a que terminar con la pobreza y la desigualdad no son cargas sino una inversión para el desarrollo del país, no la vamos a cambiar, la vamos a radicalizar”, agregó luego. Y delineó a comienzo del año electoral los pilares de su gestión si llega a la presidencia: reformas agraria, previsional, a la salud y la educación; desarrollo y cuidado territorial, reforma a la justicia y por qué no una asamblea constituyente. Un llamado al diálogo de quien dedicó su vida a los DDHH.

Cepeda lee sus discursos porque lo que dice forma parte de acuerdos colectivos. Una definición que honra el sentido del Pacto Histórico, una herramienta de coalición de espacios políticos y sociales de las izquierdas y el progresismo colombiano y que convoca a distintas regiones y territorios del país, así como a la multiplicidad de pueblos, culturas e identidades. 

Estos años de gobierno del Pacto Histórico allanaron el camino hacia una mayor justicia social y también un cambio en las lógicas productivas. En un mundo de genocidios televisados y restauración conservadora la izquierda avanza hacia la paz en Colombia. Lo hace como expresión de luchas históricas de las y los trabajadores, del campesinado, de la ancestralidad indígena, afrodescendientes, de estudiantes y artistas. Es decir, al ritmo del poder popular. 

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