A fines del mes de abril, la urbanista brasileña Raquel Rolnik visitó la Argentina y presentó, entre otras actividades, su último libro “La guerra de los lugares . La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. A continuación, una reseña para seguir pensando el acceso a un hábitat digno.

Por Agustín Bontempo | Foto: Camila Parodi

“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo mejor?” [1]

David Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”

El siglo XXI, este que irrumpió en nuestras vidas con trasformaciones culturales a gran escala a partir, especialmente, del acelerado desarrollo de las tecnologías, también vino con la profundización de un modelo de exclusión vinculado al acceso a un hábitat digno. Este paralelismo no es caprichoso, pues el nuevo mundo es cada vez más desigual, excluye a las mayorías y priva a la población de todo el planeta a que pueda tener garantizado un derecho humano fundamental: la vivienda propia.

De esto discurre “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”, el último libro de la urbanista brasileña y ex relatora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, quien participó de la presentación de su libro en Argentina durante la última semana de abril -material editado por la Editorial El Colectivo en conjunto con LOM Ediciones-, en una serie de encuentros organizados por la Fundación Rosa Luxemburgo Oficina Cono Sur.

El trabajo de Rolnik es riguroso para comprender la escandalosa crisis habitacional que azota al mundo en general y a nuestra América Latina en particular. Poder habitar un hogar de manera digna, en ciudades integradas y con acceso a los servicios básicos, se vuelve un anhelo cada vez más lejano para una porción inmensa de la humanidad. Hablar de este tema es involucrarse de lleno con la desigualdad en esta angustiante expresión: no tener donde vivir o hacerlo a un costo altísimo.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2] que relevó 109 países, en octubre de 2021 había 1.300 millones de personas en situación de pobreza. Además, destaca que al menos 1.000 millones de individuos carecen de una vivienda digna. Como contrapartida, un informe reciente de la Confederación OXFAM[3] asegura que en el mundo hay 2.668 milmillonarios que concentran riquezas equivalentes al 13.9% del PBI mundial, donde se destaca que 10 de estas personas poseen más que el 40% de las personas en situación de pobreza en todo el mundo.

Este escenario pone de manifiesto las dificultades que tienen miles de millones de seres humanos para dormir bajo un techo en todo el planeta mientras una pequeña porción de personas posee riquezas superlativas. Esta aproximación da cuenta de que la amplia brecha en materia de ingresos es estructural y estructurante del problema planteado.

A los bajos ingresos, se le suma que el mercado inmobiliario se fue imponiendo por sobre las obligaciones de los Estados en garantizar la vivienda de las familias. Es interesante que podamos hacer un breve recorrido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, el mundo se conformó de una manera bipolar donde el bloque capitalista debió implementar un modelo que pueda intervenir en la estructura de las relaciones sociales. La necesidad de recuperar la calidad de vida post conflicto bélico y la confrontación con el comunismo, decantó en el surgimiento del Estado de Bienestar que tomaba partido en ámbitos que garanticen derechos para la ciudadanía. Esa lógica (que en nuestro país se vio truncada hacia la década del 70, especialmente con el inicio de la dictadura cívico y militar que se instaló el 24 de marzo de 1976) se rompió para que se termine imponiendo lo que algunos llamaron el pensamiento único que tuvo su enclave a través del consenso de Washington para desarrollar una visión de un mundo que, a través de la globalización, iba a resolver todas las necesidades estructurales de la población a nivel global.

La autora desarrolla estas ideas asumiendo que el sistema -con sus variantes nacionales- no dio respuestas definitivas a la problemática, aunque sí hubo procesos de intervención y regulación. La caída de la URSS y la idea del fin de la historia se comenzó a imponer con fuerza en la década de 1990 poniendo en jaque el concepto de vivienda como derecho humano[4] y, en su lugar, ser pensado como un instrumento del mercado que priorice las ganancias de algunos sectores. La propia Rolnik lo sintetiza con claridad:

“En países postsocialistas, en Estados Unidos y en buena parte de los países europeos la privatización de los complejos de vivienda pública y los cortes drásticos en la inversión y en los fondos habitacionales se sumaron a las reducciones en los programas de bienestar y en las ayudas al alquiler. Esas medidas estuvieron acompañadas por la desregulación de los mercados financieros y por una nueva estrategia urbana, a fin de permitir la movilización del mercado doméstico y el reciclado del capital internacional”[5]

Raquel Rolnik, “La guerra de los lugares”

Un sistema expulsivo

El período abierto en 1990 tuvo un desarrollo de variables que, evidentemente, fueron agitando escenarios de crisis. Una población global que crecía aceleradamente en un mundo que cada vez daba menos respuesta a las necesidades existentes, con un mercado laboral que comenzó a modificarse a partir del impulso de las nuevas tecnologías propias de la Sociedad de la Información[6] que, a su vez, tuvo un reflejo en los territorios

Pablo Ciccolella destaca que “Los procesos de reestructuración económica global, entonces, han dado lugar en los últimos años al rediseño de la relación entre economía, sociedad y espacio, generando nuevas estructuras territoriales de producción, gestión, circulación, así como nuevas formas de fragmentación territorial”. Y agrega que “También ha desencadenado una nueva oleada de modernización, planteando un nuevo esquema territorial de la antinomia atraso/modernidad, determinando, por ejemplo, un nuevo modelo selectivo de incorporación/exclusión de áreas, determinando la declinación de unas y el ascenso de otras, en el contexto del capitalismo global”[7].

El problema es doble. Las ciudades se organizan no ya en base a la integración ordenada de sus comunidades sino de acuerdo a las necesidades que se imponen desde el mercado. De esa manera, los aún vigentes cordones industriales quedan cada vez más en zonas marginales del tejido urbano y, consecuentemente, los ámbitos habitaciones también, mientras que los “centros” urbanos vinculados al nuevo mercado laboral tecnológico, por ejemplo, tienen cada vez menos espacio para habitar. Por lo tanto el modelo de ciudad es excluyente.

Este reordenamiento también es abordado por Rolnik quien destaca que el mecanismo expulsivo en las ciudades se acelera en el Siglo XXI. En este período se destaca el colapso de las hipotecas subprime en Estado Unidos que culminaron con la crisis económica de 2008 y que sus efectos en todo el mundo persisten aún hoy. Este régimen trató de incluir en un sistema crediticio a millones de familias que realmente no podrían cumplir con las exigencias económicas, causando un colapso financiero de gran escala para ellas y al modelo en general.

En los países del “tercer mundo” el efecto fue mayor. Por un lado, por las propias consecuencias del estallido financiero aunque, a su vez, el mercado inmobiliario que se imponía tornó cada vez más difícil la posibilidad de acceder a créditos y sistemas de vivienda propia así como también de alquileres, desarrollándose con intensidad las producciones informales de barrios completos. En Argentina esto tuvo su expresión. De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)[8], más de 5 millones de personas viven en más de 5.600 barrios o asentamientos precarios en todo el país.

En el caso argentino hay una caso aún más elocuente: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estima que, en la Capital Federal -el distrito más rico del país-, más de 300 mil personas viven en este tipo de barrios. Con excepción del barrio Padre Mugica (un asentamiento centenario construido en zona portuaria porque recibía a sus primeros habitantes que llegaban desde Europa para trabajar), la inmensa mayoría se ubica en zonas marginales de la ciudad. Como contrapartida, se estima que casi un 30% de las viviendas formales están vacías y a disposición de la especulación inmobiliaria.

Este panorama muestra no solamente el carácter expulsivo de las nuevas ciudades sino que sintetiza una de las máximas de este tiempo: la gente sin casas y las casas sin gente.

La financiarización de la vivienda

“La propiedad inmobiliaria [real state] en general y la vivienda en particular configuran una de las más nuevas y poderosas fronteras de la expansión del capital financiero. La creencia de que los mercados pueden regular el destino del suelo urbano y de la vivienda como forma más racional de distribución de recursos, combinada con productos financieros experimentales y <<creativos>> vinculados a la financiación del espacio construido, hizo que las políticas públicas abandonaran el concepto de vivienda como un bien social y el de ciudad como un artefacto público. Las políticas habitacionales y urbanas renunciaron a la función de distribuir la riqueza, bien común que la sociedad coincide en dividir o proveer a aquellos que tienen menos recursos, para transformarse en mecanismos de extracción de ingresos, ganancia financiera y acumulación de riqueza. Este proceso derivó en la desposesión masiva de territorios, en la creación de pobres urbanos <<sin lugar>>, en nuevos procesos de subjetivación estructurados por la lógica del endeudamiento, además de haber ampliado significativamente la segregación de las ciudades”.

La cita es de la propia Raquel Rolnik y describe de manera elocuente el mundo habitacional actual y el análisis general que plantea en todo su libro. Los hogares en tanto activos financieros en lugar de derechos humanos básicos que deben ser garantizados, sistemas crediticios limitados que condicionan la vida de las personas, el capital ficticio y la extracción constante de la renta productiva. Estamos hablando de un proceso denominado como financiarización que se trata de “el dominio creciente de actores, mercados, prácticas, narrativas financieras en varias escalas, lo que resulta en la transformación estructural de economías, empresas, Estados y grupos familiares”[9].

El proceso de financiarización que la autora aborda en detalle también es la contrapartida de las necesidades que la población en todo el mundo necesita para acceder a un hábitat digno. Los Estados (en todos sus niveles, en todos los países y regiones) deben planificar los territorios de manera integral, equitativa y ambientalmente sustentable. Se requiere que el suelo urbano sea accesible para las mayorías en ámbitos que permitan generar comunidad y socialización. Que la vivienda pueda ser un derecho humano efectivamente y no de manera declarativa.

La hegemonía del mercado financiero global atenta contra estas necesidades y demandas, excluyen y consecuentemente empobrecen a millones de familias en todo el mundo. Por supuesto que este escenario no puede ser abordado de manera aislada y eso también lo entiende Rolnik. Las relaciones desiguales de producción y explotación del ámbito laboral también construyen marginalidad, de un lado, y riqueza obscena, del otro. Es difícil acceder a trabajos y que estos sean estables, permitiendo encarar los proyectos de vida en todas sus dimensiones. Esto, que también es uno de los grandes problemas que el capitalismo ha generado y no puede dar soluciones, también produce informalidad en la vivienda y en los barrios, que carecen de servicios básicos y accesibilidad al conjunto del ejido urbano.

Tal como lo anuncia el título del libro, la autora entiende que los territorios son una nueva arena de disputa entre poderes fácticos y la enorme masa de ciudadanos, ciudadanas, parte de una inmensa clase trabajadora que reclama lo que les corresponde.

Rolnik cree -y con todo derecho-, que las nuevas formas de gobernabilidad juegan un rol destacado en esta guerra y que la democracia, en concreto, no resuelve lo que debería. En síntesis, lo que está ocurriendo es una expansión de las fronteras del mercado. Sin embargo, este proceso no es lineal. Del otro lado hay comunidades enteras que se organizan y resisten, que plantean alternativas, soluciones y salidas. Hay batallas políticas y sociales con variadas alternativas y orientaciones políticas.

En definitiva, de eso se trata la guerra de los lugares: si el capital impone sus reglas de mercado, la organización de las y los asalariados se darán sus mecanismos para que su derecho humano vulnerado pueda ser garantizado por sus propios medios.

Estructura de los capítulos

El libro tiene un abordaje exhaustivo de la problemática que estudia. En la primera parte, que se divide en 5 capítulos se aborda la financiarización global de la vivienda. Escenarios, impactos desiguales en diversos territorios del mundo, las propuestas e iniciativas que los gobiernos y el real state ha impulsado.

La segunda parte, repartida en 4 capítulos, se centra en la inseguridad en la tenencia. Se trata de los padecimientos que atraviesan las familias que son desafiadas o directamente expulsadas de sus hogares y barrios, con destinos diversos, complejos y muchas veces desoladores. Desplazamientos producto de guerras y desastres naturales, desalojos por incapacidades económicas y nuevos arraigos en lugares que son ajenos y precarios.

La tercera parte consta de tres capítulos y analiza los lineamientos generales del libro en la experiencia particular de Brasil, confrontando los métodos institucionales y gubernamentales, el rol del mercado inmobiliario, la situación de la población y las alternativas que se plantean frente al escenario esbozado.

A continuación, la autora hace un balance sobre los efectos de los acontecimientos en desarrollo y las respuestas organizadas de la comunidad y un análisis de los nuevos procesos de financiarización con su más actual expresión: los alquileres.

Una breve conclusión

Raquel Rolnik es una profesional con una acabada y comprobada experiencia, tanto en sus roles académicos como de práctica política. La Guerra de los lugares es un amplio y riguroso estudio sobre la organización urbana en términos sociales y de infraestructura. Como señala Ana María Vázquez Duplat en el prólogo, el estudio de conceptos y experiencias en decenas de ciudades que la autora evidencia a lo largo de todo el trabajo nos permite comprender el entramado de las ciudades de hoy.

Hablar de ciudades expulsivas en el Siglo XXI es, sin duda, referirse a los efectos del neoliberalismo a escala mundial. La caída del bloque comunista fue la punta de lanza para consolidar este modelo excluyente, de ciudades desiguales que se fue consolidando y expandiendo, garantizando que la pobreza económica tenga su correlato habitacional.

Por tanto, es urgente que podamos analizar en detalle el análisis de Rolnik porque la estructura social hegemónica es voraz y amplia sus márgenes sin contemplaciones. Pero también, como señala incluso la autora, esta misma voracidad siembra la fuerza de su destrucción.

El neoliberalismo hegemoniza, sí, pero ya no de manera estable. Innumerables procesos y movilizaciones populares en todo el mundo lo ponen en jaque, resisten sus consecuencias y ofrecen alternativas. La inestabilidad que presenta América Latina donde nuevos gobiernos populares son el resultado electoral de las luchas llevadas adelante por las y los campesinos de Colombia y Ecuador, los pueblos originarios de allí pero también de Perú, Bolivia o Chile, la clase obrera organizada junto a los sin tierra que resisten el fascismo de Brasil.

La guerra de los lugares es, a veces, angustiante frente a la claridad con la que expone este mundo en el que vivimos. Pero también es provocador y, por momentos, nos ilusiona al ver que el pueblo en su resistencia y organización también presenta alternativas que nos incluyen a todos y todas.

[1] D. Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”. Akal, Buenos Aires, 2014.

[2] “El índice de pobreza releva profundas desigualdades entre grupos étnicos”. Informe PNUD, octubre de 2021. Consultar aquí: https://www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/el-%C3%ADndice-de-pobreza-revela-profundas-desigualdades-entre-grupos-%C3%A9tnicos#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%20en%20109,y%20Asia%20meridional%20(532%20millones

[3] Beneficiarse con el sufrimiento, mayo de 2022. Puede consultar el informe aquí: https://www.oxfam.org/es/informes/beneficiarse-del-sufrimiento

[4] En Argentina, la vivienda es un derecho que debería estar garantizado por el Estado según lo establece el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

[5] R. Rolnik. “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. Editorial El Colectivo y Ediciones LOM. Buenos Aires, 2021.

[6] El término Sociedad de la Información fue acuñado por Manuel Castells, quien afirmó que en la década de 1970 comenzó a imponerse un modelo de estructuración de la sociedad y del trabajo que remplazaría la hegemonía industrial.

[7] M. Ciccilella. “Metrópolis Latinoamericanas. Más allá de la globalización”. Editorial Café de las Ciudades, Buenos Aires, 2014.

[8] Se puede consultar aquí: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap

[9] Consultar aquí: https://www.academia.edu/7359027

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Por Agustín Bontempo e Iván Barrera. Foto: Télam

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández y su gobierno tuvieron en claro que su principal desafío sería poder cumplir con sus promesas de campaña teniendo al Fondo Monetario Internacional y su cronograma de pagos insostenible sobre las espaldas. Mucho se dijo al respecto: se acusó oportunamente al gobierno cambiemita de tamaña irresponsabilidad y hasta se amenazó con una investigación de la deuda que terminaría con los responsables políticos en manos de la justicia, con una denuncia internacional hacia el FMI por incumplir con su propio acuerdo y con la soberanía económica impoluta al no tener que cumplir con un acuerdo fraudulento desde sus bases hasta su ejecución. Como tantas otras promesas, nada de eso sucedió. De hecho, fue todo lo contrario: pandemia de por medio se cumplió con cada uno de los pagos acordados en tiempo y forma y se llevaron adelante discusiones, en general atravesadas por mucho hermetismo, que tenían un fundamento oficial de dudosa credibilidad: el FMI no es el mismo de antes. Así como anunciaron en Grecia y Portugal que el FMI no era el mismo que en el 2001 en Argentina y así como Macri anunció que el FMI de Grecia y Portugal no era el mismo que en Argentina 2018, Alberto nos muestra un FMI que es distinto al de Macri, un FMI abierto al crecimiento y el desarrollo del país.

Spoiler alert: es el mismo FMI de siempre 

Cuando sucedieron las PASO y el gobierno sufrió una derrota electoral en todo el país, decíamos que el oficialismo había comenzado a mostrar su debilidad política con retrocesos, como la expropiación de Vicentín, pero que había una alternativa, no solamente para remontar el resultado en las generales, sino para cumplir con las exigencias por las cuales habían sido votados: mejorar las condiciones de la ciudadanía y para eso “El camino debe ser claro: pasar de lo imaginario, lo retórico, de los amagues discursivos para alcanzar las soluciones concretas en términos económicos y sociales, con la firmeza que eso implica, incluso cuando la exigencia viene de actores con el poder de la talla del FMI”.

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La media sanción obtenida en la madrugada del viernes da cuenta de dos elementos fundamentales para comprender, además, la situación interna de la coalición del Frente de Todos. Por un lado, el sector que responde al albertismo despeja mantos de dudas sobre su orientación política general. No se iba a expropiar Vicentín ni se iba a confrontar al FMI. Un camino que, no por antipático, deja de ser coherente. Por otro lado, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner con la clara expresión en su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que en estos escenarios mostraron posiciones contrarias llegando en esta instancia a aportar la mayoría de los votos negativos en contra del acuerdo, con la misma Cristina publicando un video el día después recordando las penurias del fondo y la posición del ex presidente Néstor Kirchner.

Con esto último no decimos que el kirchnerismo duro y puro está en contra de pagar la deuda, pero evidentemente muestran una grieta sobre las negociaciones, donde busca despegarse de la decisión política. Tanto Máximo cuando renunció a su banca, como los argumentos de su bloque para votar en contra, hablan claramente del reconocimiento de la deuda, pero también de las condiciones en que fue tomada, las pautas para ser pagada y la búsqueda de responsabilidades para que la carga de la crisis que estos pagos desataría no recaiga exclusivamente en el pueblo trabajador.

Mención especial se debe hacer para aquellas organizaciones que mantuvieron una posición contraria a los intereses del FMI, tanto en las calles (incluso soportando la represión de la Policía de la Ciudad) como en el Congreso. Mérito que no alcanza a sectores libertarios que su negativa al acuerdo fue porque el ajuste les quedaba corto.

¿Que implica el acuerdo y qué escenarios se abren?

El hermetismo con el que el gobierno nacional de la mano de su ministro de Economía, Martín Guzmán, llevó adelante las negociaciones, hizo que se utilizaran litros de tinta para comprender de qué tipo de acuerdo se habla. No vamos a reponer todos los debates en cuestión, pero es importante destacar cuál es la deuda, qué implica el acuerdo y hacia dónde nos dirigimos.

Mauricio Macri, en apenas 3 minutos en el año 2018, anunció el retorno del FMI al país, tomando una deuda de 57 mil millones de dólares de los cuales 45 mil millones llegaron a desembolsarse, siendo la más grande en la historia de la entidad financiera. El FMI, antes que un organismo financiero es un organismo político. Detrás de sus acuerdos no solo se impone un esquema de pagos, sino una serie de políticas que determinan la posición de un país respecto de la economía mundial. La deuda contraída por Macri, insostenible desde su origen, sirvió para subvencionar una fuga de capitales escandalosa, financiar una campaña electoral que terminó en una derrota apabullante y someter a la economía del país a un ajuste brutal con aumento de tarifas de todos los servicios, alimentos, despidos, crecimiento de la pobreza y el ingrediente incendiario por excelencia: inflación. Coctel explosivo que se solucionaría con recortes de derechos por medio de reformas laborales, educativas, previsionales y ajustazos presupuestarios.

A su momento, el Frente de Todos denunció discursivamente este escenario sin radicalizar posturas concretas de ningún tipo. Luego de pagar miles de millones de dólares en estos dos años, el gobierno llega a un acuerdo que supone:

• Iniciar un esquema de pagos que va de 2026 hasta 2034
• El mismo se efectivizará por medio de un Programa de Facilidades Extendidas, que supone nuevos desembolsos para cumplir con los pagos
• Revisiones trimestrales durante 30 meses
• Compromiso por cumplir metas fiscales e inflacionarias y de reducción de subsidios, entre otros

Estos títulos suponen varias cosas. En primer lugar, a partir de la firma de este acuerdo finaliza el gobierno de Alberto Fernandez y se inicia el cogobierno FMI- Fernandez. Mientras la Argentina vaya cumpliendo con sus demandas, es posible que el Fondo sea flexible para que, si en alguna revisión los números no son los deseados, el acuerdo no se caiga. El objetivo es de largo aliento y supone una injerencia integral en nuestra economía.

Por otro lado, que el pago se inicie en 4 años supone dos problemas en el marco del acuerdo. En lo inmediato, porque el gobierno pretende crecer y fortalecer las arcas del Estado para el momento en que se deba pagar la deuda, sin embargo, uno de los compromisos asumidos es que cualquier crecimiento mayor al estipulado en el acuerdo se usará para cumplir con las metas fiscales impuestas por el FMI, es decir, el potencial ajuste que sucederá, no podrá contenerse por la vía del crecimiento y tampoco implicará mejoras sustanciales en los bolsillos de las y los trabajadores. Además, en una economía tan inestable, es factible que el próximo gobierno también deba rediscutir las formas de pago, más allá de que Argentina cumpla con todas las demandas.

Pero, al menos con este acuerdo, matamos al fantasma del default, ¿no? Pues no, mi ciela. Todo lo contrario: como se explicó antes, cada tres meses el gobierno recibirá la adorable visita de una misión del fondo para revisar la ejecución del acuerdo. Si entienden que este se incumplió –o dicho de otro modo: Si el FMI ve que la Argentina no va hacia el esquema político económico de su preferencia- puede suspender el desembolso de pagos y condenar nuevamente a la economía argentina al default, esta vez con un acuerdo firmado por el actual gobierno, legalizando todo lo ocurrido durante el macrismo, sin posibilidad de maniobra.

Este limitado punteo no tiene la intención de ser exhaustivo con la letra del Memorándum, sino poner sobre la mesa lo que muchos sabemos: el FMI es el mismo de siempre. Con recetas anticuadas que en todo el mundo ha generado crisis sociales, económicas y políticas (ya experimentadas por Argentina), vuelve a la carga con los mismos ingredientes para cocinar el mismo plato.

En esta oportunidad, hablar de una deuda que se tomó de manera irregular, contra el propio estatuto del Fondo, que además sirvió para fugar capitales y enriquecer a unos pocos sobre el hambre de las mayorías, solo puede ser leído como una estafa sustentada en una deuda ilegal e ilegítima. Una estafa que fue legitimada por primera vez en su historia por el Congreso de la Nación. 

Hace unos meses, el economista Olmos Gaona nos decía que decirle que no al fondo era posible, necesario y que además, sería un mensaje político contundente para la entidad. Aunque esta mañana hubo un paso institucional hacia adelante, la negativa de diversos sectores tanto en el congreso y como en la siempre necesaria resistencia callejera, mostraron, nuevamente, que otro camino es posible y que demanda la más amplia unidad, más allá de sus matices.

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Puestas así las cosas, queda la pregunta inicial por responder: ¿Las estafas se pagan? Por supuesto que no. 

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini | Fotos de Correpi

Este viernes se realizó el acto de presentación en Plaza de Mayo del Archivo Antirrepresivo 2021 que todos los años elabora la Correpi y que, con excepción del 2020 por la pandemia, tiene cita junto a familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas.

Principales conclusiones

El informe tiene datos contundentes. En primer lugar, se destaca que la cantidad de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2021 asciende a 8172, cifra que lamentablemente se incrementa casi a diario, especialmente si contemplamos los casos que vienen ocurriendo en las últimas semanas.

Durante la actual gestión fueron 209 los casos de gatillo fácil, con algunos muy resonantes y recientes, como el asesinato de Lucas González, el jugador de Barracas Central que fue baleado en la cabeza por efectivos de la Policía de la Ciudad que se movilizaban en un auto particular sin identificación; Luciano Olivera, que fue asesinado de un tiro “accidental” en el pecho por el policía de la Bonaerense, Maximiliano González; o Elías Garay, el joven mapuche que fue ejecutado por sicarios vinculados a la empresa forestal que pretende las tierras donde habita la comunidad originaria, con el aval de la policía que liberó la zona.

En la gestión de Alberto Fernández son 981 los casos, donde sobresalen los 671 curridos en cárceles, comisarías o en lugares de detención, una de las modalidades que tuvo un rol protagónico desde el inicio de la pandemia y que representan 7 de cada 10 casos de asesinatos en manos de las fuerzas represivas, lo cual resulta llamativo si se tiene en cuenta la baja circulación de personas en la calle durante los últimos dos años.

Según explicó a Marcha María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Correpi, “hubo una triplicación de las muertes en lugares de detención, producto directo de las políticas que se llevaron adelante, desoyendo los reclamos y las advertencias que se hicieron incluso antes de que se declarara la pandemia de covid el 20 de marzo. Ya desde mediados de febrero se venían advirtiendo las circunstancias que había en cárceles y en comisarías provinciales, con personas detenidas diciendo ‘bueno, si acá entra el virus es una masacre’. Y ocurrió”.

Pero a la falta de protocolo para cuidar a las personas privadas de su libertad ante el azote de la pandemia que reconfiguró la cotidianeidad, se suman la negligencia y la violencia estatal. “El año pasado cuatro personas murieron fusiladas en una cárcel en Corrientes y en Florencio Varela, más dos en Jujuy en la represión a una protesta cuya consigna era ‘Estamos condenados a prisión, no a muerte’”, desarrolló Verdú y agregó que “a pesar de la baja de circulación de personas, que tendría que haber disminuido por falta de blancos el gatillo fácil, el incremento de la presencia policial en las calles y las mayores facultades y recursos que se les dieron con el argumento de garantizar las medidas sanitarias hicieron que el gatillo fácil siga en el mismo nivel. Medidas sanitarias que no discutimos ni cuestionamos, pero que había que lograr que se pudieran llevar a cabo con medidas asistenciales y no a punta de pistola”.

La muerte en lugares de encierro es una problemática histórica que la Correpi viene denunciando desde hace muchos años y que se vió empeorada por la situación sanitaria relacionada a la expansión en el mundo del coronavirus, pero no es la única explicación. Según la abogada, “esto va a empeorar porque no es solamente por el covid, son enfermedades que no matarían a nadie si no estuviesen en una cárcel; son los supuestos incendios donde te encontras con una reja con el candado puesto; son los supuestos suicidios, sobre todo en comisarías que, como el caso de Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, termina siendo tortura seguida de muerte”.

Respecto a otras conclusiones a las que arriba el Informe Antirrepresivo, del total de casos las fuerzas del servicio penitenciario tienen una incidencia del 58.1%, la policía bonaerense el 28.64% y la Policía de la Ciudad 5.20%.

Algo que se consolida año tras año es el sector poblacional que sufre esta violencia estatal. En estos 28 años, el rango etario que más víctimas aportó fue el que va de 15 a 25 años, siendo el 38% de los casos. Sin embargo, en la gestión actual ese rango está representado por el 21.1% mientras que 35.2% de los casos no tienen datos de edad, lo cual se explica por los asesinatos en prisiones o comisarías, dependencias que no aportan esa información.

Por otro lado, desde 1992 hasta hoy se registran 423 femicidios, donde se destacan los casos de intrafuerza/intrafamiliar (373) y gatillo fácil (28). También hay 11 casos de transfemicidios y travesticidios.

Otro de los datos contundentes es que la gestión que más asesinatos a manos del Estado tuvo es la de Cristina Fernández de Kirchner, que representa un 33% del total, seguida por el 24% de Mauricio Macri, aunque hay que tener en cuenta que tal violencia desplegó el macrismo que alcanzó esta incidencia habiendo gobernado un tercio del tiempo que la expresidenta.

Por último, a 20 años de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Fernando De la Rúa sigue encabezando la lista de víctimas en protestas sociales: son 45 casos en tan solo dos años de gestión.

La coyuntura como dinamizadora de la represión

La Correpi viene presentando sus informes desde hace 25 años. El inicio del gobierno de Alberto Fernandez tuvo algunos gestos alentadores en torno a esta problemática. La asunción de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, una académica que se instruyó en el estudio contra este tipo de violencias, tuvo su comodato cuando a pocas semanas del inicio de su gestión recibió a la Correpi y a otros organismos de Derechos Humanos. En esa reunión se planteó la agenda urgente que había que abordar, luego de 4 años de un gobierno macrista que hizo bandera de la violencia estatal. Las respuestas no se hicieron esperar: la derogación de las leyes represivas promovidas por Patricia Bullrich y el gobierno de Macri se concretaron.

Sin embargo, ese gesto inicial se vio trastocado por el inicio de la pandemia, el consecuente aislamiento y el incremento de las víctimas en cárceles, comisarías y demás situaciones de encierro, como lo indicamos anteriormente.

Luego de las PASO en septiembre, el retroceso se consolidó de cara a la asunción de Anibal Fernández como nuevo ministro de Seguridad, uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y promotor de la teoría de que, en aquellos años, “los piqueteros se mataron entre ellos”. Las medidas de esta nueva gestión ministerial se centraron en reforzar de tropas en distintos puntos del país, como supuesta “solución” al gravísimo problema del narcotráfico.

El FMI y el futuro próximo

Es fundamental el rol que juega el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la concreción de políticas públicas y la soberanía de la Argentina. Desde el 10 de diciembre de 2019, el gobierno tuvo la tarea de resolver la escandalosa deuda tomada por Mauricio Macri, la más grande en la historia de la entidad financiera. El covid cambió drásticamente los planes del gobierno, como sucedió en todo el mundo, pero el pago de la deuda ilegítima parece que nunca se puso en duda.

Mucho se ha escrito sobre las exigencias que este escenario implicaría, en términos de recortes en salud, educación, programas sociales y subsidios. Pero hay que agregar, además, las consecuencias en materia represiva que podría tener el ajuste que pretende el Fondo. Para Verdú, “que no se reconozca que la deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional va a profundizar la situación de crisis y eso va a tener como respuesta, necesariamente, más represión. Lo estamos viendo en este mismo momento en Chubut y en un montón de lugares del país donde se están generando protestas y reclamos y donde la respuesta es la represión. No nos olvidemos de Guernica”.

Pero la Correpi no se queda solo en la denuncia y, como lo hiciera en su momento con Frederic, sigue pugnando para que se concrete la agenda antirrepresiva urgente. Como explicó la referente de la organización, “son medidas que no van a cambiar el sistema pero que podría tomar cualquier gobierno, éste o cualquier otro, si tuviera la decisión política de tratar de disminuir un poco la letalidad de las fuerzas en la calle. Por ejemplo, si la policía de civil estuviera sin el arma reglamentaria, bajaría al 50% el gatillo fácil. O si el policía en funciones no tuviera el arma en condición de disparo inmediato, también disminuirían sensiblemente los casos en que intervienen de uniforme, como el de Luciano Olivera en Miramar. Y si cumpliese algún gobierno la sentencia que desde hace 18 años espera la Corte Interamericana que se acate, que prohibió todo el sistema de detenciones arbitrarias, detenciones contravencionales, averiguación de antecedentes, razzias, etcétera, no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosé, no hubiera muerto Alejandro Martínez en San Clemente, no hubiera muerto Eric Valdéz en Concordia la semana pasada”.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, y a falta del conteo definitivo que será en las próximas semanas, las elecciones legislativas generales no significaron un cambio significativo respecto de lo acontecido el 14 de septiembre en las PASO. Juntos por el Cambio venció a nivel nacional por 9 puntos al Frente de Todos, obtuvo 116 bancas en la Cámara de Diputados y ratificó su triunfo en provincias muy importantes como Santa Fe, Córdoba (por más de 40 puntos) y Buenos Aires. Esta última, sin embargo, fue por un escasísimo margen: poco más de 100 mil votos, una diferencia apenas superior al 1%.

Si bien estuvo lejos de la “victoria” que celebró el presidente Alberto Fernández en el búnker oficialista, estos resultados claramente le sacaron una sonrisa amarga a un gobierno que viene de 2 años sin respiro. En comparación a las primarias, la performance del Frente de Todos mejoró casi 5 puntos en la provincia de Buenos Aires y le recortó 3 al partido cambiemita, logrando, prácticamente, un empate técnico.

Este resultado, sumados a las remontadas en las provincias de Chaco y Tierra del Fuego, y una mejora general en la mayoría de las demás jurisdicciones, le permitieron al Frente de Todos conseguir dos de los objetivos que se proponía luego de la aplastante derrota de las PASO: ser la primera minoría en la Cámara de Diputados, lo cual logró con 118 escaños, y recortar la diferencia en la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo y fuente primordial del capital político de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El tercer objetivo, mantener el quórum propio en el Senado de la Nación, se quedó corto. El oficialismo perderá 6 bancas y quedará con 35 senadores y senadoras, 2 menos de las necesarias. La oposición gana, así, la posibilidad de frustrar las iniciativas del peronismo en la Cámara Alta, por lo que el Frente de Todos se verá obligado a negociar para poder garantizar, de mínima, el desarrollo de una sesión.

Probablemente, el más aliviado sea Axel Kicillof. A la mejora en los resultados del oficialismo a nivel nacional, en la provincia que gobierna se suma la obtención de la mitad de los cargos para senadores y senadoras provinciales. La mayoría actual de Juntos en la legislatura bonaerense le trajo más de un dolor de cabeza a uno de los delfines del kirchnerismo duro. Si bien deberá negociar para conseguir el quórum, ante un empate en el Senado entre el Frente de Todos y Juntos (tendrán 23 bancas cada uno), la vicegobernadora Verónica Magario se encargará de desempatar, por lo que podría aprobar cualquier ley que requiera de una mayoría simple.

“La provincia de Buenos Aires es, por supuesto, la clave, porque ahí habita un proyecto que tiene parte del oficialismo que está identificado con Cristina y que es el proyecto de Axel Kicillof, una variante de relevo de cara a 2023 que después de las PASO quedó muy dañada”, explicó a Marcha hace unos días Diego Genoud, periodista, analista político y autor del libro “El peronismo de Cristina”. 

Estos resultados, sumado al fin del aislamiento producto del relajamiento de la pandemia y la posibilidad de una remontada de la economía de aquí a dos años, podrían darle todavía una chance a ese sueño que sigue, sin embargo, supeditado a un factor clave que aún se mantiene en las sombras y que determinará la política económica del país por los próximos años: el acuerdo con el FMI. Acuerdo al cual se refirió el presidente Alberto Fernádez mediante un video grabado, apenas anunciados los primeros resultados. El primer mandatario se comprometió a enviar el proyecto de acuerdo al Congreso de la Nación durante la primera semana de diciembre. Toda una definición política, teniendo en cuenta que el plazo que se venía barajando públicamente era hasta marzo del 2022.

Por fuera de las dos principales fuerzas, tanto la izquierda como la ultraderecha mejoraron sus resultados respecto de las PASO. El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad hizo una elección histórica en Ciudad de Buenos Aires, sumando 100 mil votos a los obtenidos en septiembre y logrando una banca en la Capital Federal luego de 20 años, aunque perdió el tercer lugar en la provincia de Buenos Aires con Avanza Libertad, el partido que encabeza José Luis Espert. Así, el FIT-U sumará 2 bancas en la Cámara de Diputados para llegar a 4 y los libertarios tendrán 5 escaños.

El espacio libertario no sólo mejoró en la Provincia, sino que aumentó su caudal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la mano de Javier Milei, que subió 3 puntos y concluyó una muy buena elección, si tenemos en cuenta la corta vida del espacio que encabeza, aunque por lo pronto es un fenómeno que se encuentra limitado al AMBA.

¿Y ahora qué?

Hay diversas maneras de analizar estos resultados, dependiendo de cómo se los vea. El gobierno nacional tenía una aspiración mínima y era achicar la diferencia en la derrota, más allá del optimismo desbordado de algunos sectores de la coalición gobernante en dar vuelta el resultado. 

En ese sentido, cabe destacar que el empate técnico en la provincia de Buenos Aires se celebró como una victoria en términos simbólicos. Ganar o perder por un punto no varía la cantidad de legisladores que ingresarán al Congreso pero el gobierno puede decir que la reactivación económica es un hecho y las y los ciudadanos comenzaron a notarlo y respaldarlo. Esta noticia se vincula directamente con la remontada en Tierra del Fuego o Chaco y diversas elecciones provinciales y municipales.

Más allá de la mejor performance en comparación con las PASO, el dato que no se puede omitir es que a nivel nacional Juntos obtuvo una victoria contundente, de 9 puntos de diferencia.

El escenario para el gobierno es complejo. Con todo este panorama descrito, existe la posibilidad de que las medidas más a fondo que se reclamaron luego de las PASO queden en un segundo plano en favor de sostener la gobernabilidad, en un continuum con lo que fueron los cambios de gabinete. En ese marco, el gobierno apuesta a una reactivación post pandemia en base al rebote luego de la crisis, como está sucediendo en casi todo el mundo, sumado a algunas de las medidas que ya se tomaron. Esto estará en diálogo directo con la necesidad de acordar con la oposición, el establishment y el sector agrario, al mismo tiempo que resolver los tres grandes desafíos de cara a la población: una mejor economía de a pie en base a una recomposición salarial y la creación de puestos de trabajo; la contención de una inflación que cerrará por arriba de los 50 puntos este año; y la solución a los problemas legítimos de seguridad sin una salida manodurista.

La situación se torna adversa ya que el gobierno no solamente pierde hegemonía en ambas Cámaras, sino que está con la soga al cuello por la deuda con el Fondo Monetario Internacional que condiciona cualquier paso que se dé, tal como lo interpretó Alberto Fernández al adelantar el posible acuerdo con la entidad que, posiblemente, marque una agenda de límites o retrocesos para la sociedad, en sintonía con las recetas históricas del FMI.

Posiblemente se abra un escenario donde se busque garantizar gobernabilidad acordando con sectores intra y extra coalición gobernante, donde también empezará la puja por el 2023 sin que haya un bloque que pueda autoproclamarse como el líder y garante de continuidad del proyecto. En la actualidad, Alberto Fernández está disminuido para una posible reelección y los candidatos del paladar cristinista no se logran imponer.

Por el lado de Juntos, la victoria es contundente en sintonía con lo antedicho. El principal desafío será consolidar y ampliar el espacio, especialmente porque el objetivo no está puesto precisamente en imponer una agenda particular de temas en el Congreso, sino en la transición hacia un nuevo gobierno, como aseguró el ex presidente Macri. 

En ese marco, la principal fuerza opositora comenzará un largo camino donde los halcones y palomas se jugarán mucho, más allá de si la coyuntura oportunamente demande acuerdos. Rodríguez Larreta hoy se posiciona como el principal referente y presidenciable a partir de que sus delfines hayan ganado las dos contiendas más importantes: Vidal superando por más de 20 puntos a Santoro (más allá de que el resultado obtenido es histórico en una elección de medio término para el peronismo porteño) y Santilli logrando mantener el primer lugar en PBA aunque con la clara preocupación, al menos en términos simbólicos, de perder ese puesto en el escrutinio definitivo.

Sin un candidato claro, el bloque de los halcones que encabezan Macri y Bullrich se jugará las cartas a profundizar su línea anti kirchnerista, promoviendo todas las trabas posibles en la gobernabilidad y trabajando fuerte por ampliar el espacio hacia la ultra derecha liberal y, en algunos casos, fascista, como el caso del espacio que encabezan Javier Milei y José Luis Espert.

Por supuesto, en ambos casos, habrá una disputa en torno al resto del país donde Juntos se impuso en 13 jurisdicciones, algunas muy importantes por peso (Córdoba) o por tradición históricamente peronista (La Pampa), así como también por el rol que tendrá la UCR que, por primera vez dentro de la coalición, logró imponer cierto peso a partir de la presencia de Facundo Manes.

Por su parte, el Frente de Izquierda-Unidad logró afirmarse como tercera fuerza a nivel nacional, hecho que se destaca principalmente por superar a la derecha liberal que tuvo una fuerte banca mediática. Aún muy lejos en los números de las principales estructuras, sí logró un notable crecimiento y consolidación en algunas jurisdicciones, como en el caso de Jujuy donde Vilca obtuvo un 25% y pelea voto a voto el segundo lugar con el Frente de Todos, o Myriam Bregman que será electa diputada por la C.A.B.A., banca que se conquista luego de 20 años. En este último caso, si se contempla la performance de Autodeterminación y Libertad, se puede afirmar que más del 10% de los votos porteños fueron para la izquierda.

En total, el FIT-U alcanzará cuatro bancas nacionales y tendrá el desafío de que el estatus de tercera fuerza nacional pueda convertirse en propuesta de alternativa concreta en la disputa por el poder. Además, es probable que parte del caudal recibido sea de un kirchnerismo de centroizquierda desencantado, por lo que tienen la tarea de consolidar como propio ese voto de confianza.

Finalmente, el fenómeno de la ultraderecha liberal no puede omitirse. Hoy solo existe con cierta potencia en la Ciudad de Buenos Aires (un distrito donde el peso del voto a las variantes de derecha suele tener sostén), pero habrá que seguir de cerca cómo se desarrolla su tarea en la Cámara de Diputados, con un rol que debe ser distinto al show mediático que lo caracteriza.

Más allá de estas prematuras aproximaciones sobre el escenario que se abre, habrá que atender las primeras medidas del gobierno nacional y las reacciones de la oposición. Quedan dos años de gestión y Argentina es ese país donde se puede perder una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires (2009) para después arrasar en las ejecutivas (2011) o, por el contrario, ganar con comodidad en las de medio término (2017) para irse en primera vuelta dos años después (2019).

Lo que ningún análisis puede omitir es que las elecciones legislativas siempre sirven para dar mensajes a la clase gobernante, expresar los enojos o los deseos de la población. Más allá de los análisis a uno y otro lado de la grieta que buscan llevar agua para su molino, lo cierto es que, con relación a las legislativas de 2019, Juntos por el Cambio perdió 1 millón 300 mil votos y el Frente de Todos 4 millones 600 mil. Números abismales y elocuentes. Si a eso sumamos la segunda menor afluencia a las urnas desde el retorno de la democracia (la menor fueron las PASO de este año), la crisis de representatividad, que explica también el crecimiento de los extremos ideológicos, es evidente.

Ninguno de los principales espacios políticos reboza de alegría ante esta crisis política, social y económica de magnitudes que la “casta política” no dimensiona del todo aun. La verdadera pregunta no es quién ganó sino hasta cuándo será tolerable un país atado con alambre y con más del 50% de la población por debajo de la línea de pobreza.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

¿Quiénes la toman y por qué motivo? ¿Quiénes la pagan y con qué recursos? ¿Por qué no se investiga y se discute ciertamente su legitimidad? Como contrapunto siempre hay sectores sociales que sí levantan esta línea y en concreto reclaman que ese dinero se use para paliar la pobreza que crece en una coyuntura sumamente compleja. 

En Antes que se acabe el mundo dialogamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y experto en el tema, autor de los libros “Deuda odiosa” y “Deuda externa de Ecuador”, para profundizar en la situación.

Escuchá la entrevista completa: 

https://ia801403.us.archive.org/28/items/a-olmos-gaona/A_OLMOS_GAONA.mp3

¿Se puede recuperar la economía de la pospandemia con esta deuda que pesa sobre nuestras cabezas? 

Yo te diría que lamentablemente la Argentina no puede pagar esta deuda. No puede pagar esta deuda con el fondo, no puede pagar la deuda con el Club de París, no puede pagar la deuda acordada el año pasado con los acreedores, o sea, en este momento la situación económica en Argentina es extremadamente difícil y las cuentas no dan. Yo no entiendo por qué se dice “Vamos a acordar un plazo” es decir, ¿De dónde va a salir la plata? Macri dejó una deuda de 323.000 millones de dólares, ahora la deuda es de 348.000 millones de dólares.

Entonces, se pagan intereses, se siguen pagando intereses, se sigue refinanciando la deuda, pero la deuda sigue, sigue, sigue. Sigue porque no se pueden pagar todos los intereses, entonces se acumulan al capital por anatocismo. En estas negociaciones con el fondo, yo supongo que el ministro de Economía Martín Guzmán tiene que plantear un plan, pero como el Presidente de la República dice que él no cree en los planes económicos, realmente no entiendo cuál va a ser la definición.

Por otro lado, ayer (por el miércoles) se pagaron 1.885 millones de dólares al fondo y la situación en la Argentina es extremadamente grave y eso ha sido un pago, me imagino como un acto de buena voluntad para que el gobierno siga negociando con el fondo, aunque yo personalmente, esto es muy subjetivo, creo que ya hay un acuerdo cerrado con el fondo, pero el Gobierno no quiere mostrarlo hasta después de las elecciones, porque el acuerdo con el fondo no va a ser un acuerdo a 20 años a 25, no. Lo máximo que da el fondo es lo que da siempre, 10 años y por otro lado, va a establecer ajustes y condicionalidades porque lo ha hecho invariablemente siempre y el que no conoce la historia del fondo puede mirar que nos va a dar otras alternativas. Se ve que se olvida lo que pasó con Grecia hace unos años, donde una situación extremadamente grave, al Fondo Monetario Internacional no le importó porque el problema es que el fondo de ahora es el mismo de siempre, ahora puede tener actitudes distintas, diría más benevolentes como ha hecho este reparto Especiales de Giro, pero el fondo tiene una forma de manejarse que la Argentina la ha vivido en los 28 acuerdos que celebró con el fondo, ¿Por qué ahora va a ser distinto?, ¿Por la pandemia? Si, por la pandemia puede haber ciertas flexibilidades para no pagar esos intereses de más que habría que pagar por el monto desmesurado del crédito que nos dio y por otro lado, a mi lo que me llama la atención es que el Gobierno no ponga énfasis en señalar las responsabilidades del fondo de darle a Argentina un préstamo que equivalía a 10 veces los derechos que tenía la Argentina en ese momento y, con una situación que cuando se lo dio, el fondo sabía que la Argentina no iba a poder pagar. 

Cuando yo analizo todas estas cuestiones y veo los documentos, que al final parece que nadie los lee, cuando en el año 2017 Luis Caputo emitió el bono a 100 años, en el implosur del bono, que es la advertencia que hace un país a los que van a comprar el bono, en 12 puntos mostraba lo que iba a pasar. Que la Argentina iba a tener conflictos sociales y una de las partes fundamentales del bono de la Argentina no iba a poder pagar sus ventas, el fondo ese mismo año en su informe el artículo cuarto muestra lo que estaba pasando con economía y dice lo que había que hacer: ajustes, restricciones laborales, acortar el gasto público, la receta permanente del FMI, ¿Por qué ahora el fondo va a ser distinto?

¿Cuáles serían las condiciones que buscarían imponer? En definitiva, sabían que era un acuerdo impagable, ¿Cuál es la intención, incidir en la política económica del país?

El fondo fue creado con un objetivo y por supuesto eso cambió totalmente. En los acuerdos que hace el fondo siempre pide ajuste fiscal, siempre pide modificación de legislación laboral, por entender que es restrictiva, restringir el empleo público y disminuir los gastos del Estado. Los datos del Estado significa que sí hay que hacer inversiones importantes para desarrollo, eso hay que acotarlo. Uno de los ejemplos de los acuerdos más importantes que hizo el fondo con Argentina fue en el año 1992, cuando se llevó el Plan Brady, es decir, en ese momento la Argentina reestructuró 32.000 millones de deuda y el FMI envió una comunicación reservada a la comunidad financiera internacional para que apoyara al gobierno de ese entonces, diciéndole que el gobierno se había comprometido a vender las empresas públicas, a modificar la legislación laboral, que era restrictiva para las empresas extranjeras y a privatizar el sistema jubilatorio. Entonces, en este momento, el fondo no puede pedir que se vendan las empresas públicas, porque ya se vendieron todas, pero sí puede plantear que haya ajustes en el sistema jubilatorio. En rigor ya los hubo, porque la ley que se firmó durante la época de Macri era mejor de la que está en vigencia, cualquier análisis económico lo demuestra categóricamente.

Por otro lado, el ministro Guzmán estableció un déficit del 4,5% en el presupuesto del 2021 y de acuerdo al planteo que le hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole “acá había una sustitución presupuestaria” ¿Qué pasa con la otra parte? Guzmán esto lo hace para quedar bien con el fondo, para mostrar que está tratando de constreñir el gasto público para que el déficit sea menor y, la divisa menor, eso significa que el fondo lo ve con buenos ojos. Ahora bien, ¿Qué pasa con el pueblo argentino? ¿Qué pasa con la gente que no tiene para comer? ¿Qué pasa con el índice de pobreza que ha crecido? Parece que el pueblo argentino, la gente, es un número. Es un número, es una variable eventualmente de ajuste. 

Entonces, yo me imagino que el fondo puede limitar un poco los intereses porque pedía cobrar más de los que finalmente cobra en razón del mundo, en el préstamo podía haber alguna limitación de eso, pero por supuesto primero va a pedir un plan muy concreto ¿Y cuál va a ser el plan? Eso es lo que yo no veo.

Por otro lado, si vos te fijas en el último presupuesto que acabo de empezar a leer, son más de 4.500 páginas, se habla de una inflación del 33%. En la página web del Banco Central hoy se habla de que la inflación va a ser más del 40%. ¿Qué pasa? ¿No hay coincidencia en lo que dice el Ministerio de Economía con lo que dice el Banco Central? Son cosas que sorprenden y muestran que indudablemente hay un gobierno que no funciona como debería.

En el mes de Marzo el Gobierno había anunciado que iba a denunciar al gabinete de Macri por endeudamiento, pero no dejamos de pagar por un lado y estamos viendo esta coyuntura, ¿Cuál es ese vínculo? 

Por un lado, la denuncia es una denuncia efectista sin ningún resultado y no solo fue la denuncia del gobierno. Fue la denuncia de Juan Grabois contra Nicolas Dujovne y Christine Lagarde, fue la denuncia de Claudio Lozano también contra los mismos, fueron recursos de amparo que hicieron un montón de abogados diciendo que no se habían seguido las normas de Procedimiento Administrativo para hacer el tema del pago. Esto es desconocer absolutamente lo que son los acuerdos con el fondo. 

Desde el punto de vista del procedimiento, el acuerdo de Macri con el fondo es exactamente igual al que firmó Néstor Kirchner en el 2003, es igual al acuerdo que firmó Carlos Menem y a todos los acuerdos anteriores desde el punto de vista del procedimiento. Siempre es el mismo porque así se maneja el fondo, no hay que establecer procedimientos especiales porque el fondo está exceptuando de esos procedimientos. Es una verdadera barbaridad, pero es lo que ha ocurrido siempre. Por otro lado, ¿Cómo se va a denunciar a Nicolás Dujovne que firmó el acuerdo con el fondo cuando Nicolás Dujovne, de acuerdo a la carta constitutiva del fondo, tiene inmunidades totales? No puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo porque era parte del fondo en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile y le corresponden todas las inmunidades. En estas cosas de las que se habla mucho pero se conoce poco, el Fondo Monetario Internacional, que es una barbaridad y ninguno de los 188 países que lo componen ha querido cambiar, tiene más inmunidades que un país soberano, no puede ser sometido a juicio como institución, no pueden ser imputados sus directores, ni sus gobernadores, ni sus operadores en cuanto hagan trabajo para el fondo. Tiene inmunidad de archivos, ningún tribunal de ninguna parte del mundo puede pedirle al fondo que muestre sus archivos, qué es lo que prepara, lo que no prepara. El fondo puede dañar impunemente a cualquier país que no pueda tocarlo en ninguna parte del mundo.

Entonces, se hace una denuncia trucha para salir en los diarios, que el jefe de la oficina de Anticorrupción después se sume al acuerdo del Tesoro, yo me imagino que se estarán riendo a carcajadas de la Argentina. No solo no resiste el menor análisis, sino que además todas las inmobiliarias del fondo están ratificadas por una convención internacional y lo que es terrible es que una institución como el fondo tenga esas prerrogativas y ningún país se haya animado nunca a cuestionarlas y a querer cambiarlas entonces.

¿Qué es lo que pasa? Denunciamos sin fundamento sabiendo que irá al archivo la denuncia, pero claro, en los diarios, en los grandes títulos “El Gobierno denunció en Fondo Monetario”.

Otro de los puntos claves de esto es ¿Qué pasó con la plata del fondo? Según el informe del Banco Central, durante la gestión macrista, se fugaron 86.000 millones de dólares. Si, se fugó la plata del fondo. Los responsables del gobierno de Macri dicen que la plata que vino del fondo sirvió para pagar deuda del gobierno anterior. Un fiscal amigo hace unos días decía los que hablan de esto de la que se la llevaron los amigos de Macri deben creer que los dólares del fondo vienen marcados con un sello del Fondo Monetario y que están los amigos de Macri con las valijas esperando para llevarlas. Es extremadamente grosero. Por otro lado la fuga no es delito y, además, se considera como fuga todos los capitales que se fueron. Los capitales que se fueron pueden haberse ido por revisión de utilidades de las empresas extranjeras, por compra de insumos de empresas que necesitan insumos extranjeros, por formación de activos y un señor que compró dos millones de dólares tiene todo el derecho porque no hay una norma legal que se le impida y ¿Por qué no hay una norma legal que lo impida? ¿Por qué hoy, año 2021, tenemos todavía leyes firmadas por Jorge Rafael Videla? Inversiones extranjeras, ley de sistema financiero. Leyes que fueron ratificadas por el Congreso Nacional en el 2014. Entonces tenemos que ir a las causas, no a las consecuencias. Si tenemos una estructura legal de la dictadura que sigue vigente, que los legisladores ratificaron en el 2014, no podemos quejarnos que haya fuga porque, ojo, en la fuga al lavado de activos que se van del país, hay dinero de la droga que también se va del país, pero hay otras, cuestiones legítimas, entonces no se puede englobar en lo mismo todo.

Yo creo que un auditoría en el Banco Central debería determinar exactamente, quién se llevó la plata, en concepto de que se la llevó ¿Por qué no lo hace el Banco Central? En el año 2001, las Comisión Investigadoras de la Cámara de Diputados hizo un informe demostrando que se habían fugado más de 30 mil millones de dólares, con nombre y apellido de todas las personas y todas las empresas que se habían llevado la plata, ¿Por qué eso no se hacía ahora? Serviría para determinar qué efectivamente la plata del fondo se la llevaron y entonces poder ir a la Corte de La Haya a través de una opinión consultiva y decirle “señores, el Fondo Monetario violó su carta constitutiva, porque el artículo sexto determina que cuando un país fuga el dinero que el fondo está prestando, el fondo debe advertirlo y si el fondo advierte y el gobierno no hace nada el fondo tiene que sancionarlo y cortar el flujo de fondos cosa que el fondo no hizo.

¿Cuál sería un escenario posible si se desconoce el pago de la deuda?

Yo creo que no habría ningún tipo de conmoción, como la oposición y las grandes empresas dicen, porque el fondo no va a ejecutar a la Argentina en un tribunal. Primero, no podría hacerlo y segundo, porque no lo va a hacer. Porque no es el sistema. El fondo va a seguir negociando, va a seguir apretando, va a seguir tratando de que la Argentina llegue a algún tipo de acuerdo y, eventualmente, si la Argentina tuviera una actitud de decisión política distinta, seguramente se podría obtener algún otro tipo de negociación. Lamentablemente, acá hay un gobierno que internamente tiene problemas y un Ministro de Economía que va a hacer con el fondo lo mismo que hicieron todos los ministros anteriores: un acuerdo de paciencias extendidas y reconociendo los intereses que se deben, porque se han pagado ahora 1.885 millones y se pagaron hace unos meses 400 millones. Se pagaron en plena pandemia, gravísima, el 3 de marzo, 320 millones de dólares al fondo. Si seguimos con esas pautas, dentro de este esquema, no hay solución que seguir negociando y pagando. Decirle “no” al Fondo sería una decisión soberana que quizás al Fondo lo haga reflexionar de lo que hizo con la Argentina, del préstamo inconsciente que hizo, de haber tratado de favorecer al gobierno de Macri para sostenerlo porque se estaba cayendo. Eso sería un llamado de atención, además de tener un recurso para ir a la Corte a apelar la carta consultiva, pero parece que esas no son las posibilidades que el gobierno en este momento está pensando muy bien. 

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

Escuchá la entrevista completa:

Entre acusaciones y operaciones, y con el beneplácito de la oposición que mira cómo se arrancan los ojos entre ellos, el oficialismo expuso públicamente diferencias internas que, hasta ahora, solo eran trascendidos que llegaban a los diarios.

Para analizar la composición actual del peronismo y tratar de entender esta derrota y la crisis que explicitó, hablamos en Antes que se acabe el mundo con Alejandro Horowicz, ensayista, doctor en Ciencias Sociales y autor del libro Los cuatro peronismos, un libro fundamental de la historia argentina.

Parte del peronismo que se ha manifestado en contra de pagar la deuda, si bien después terminó aceptando el pago, quedó muy expuesto con el conflicto que se desarrolló esta semana, a raíz de las presentaciones de renuncia y los pedidos de cambios de gabinete. ¿Qué pensás de esa discusión?

La crisis no es más que una expresión sumamente clara del impacto de una derrota como la que acaba de sufrir el oficialismo. No estamos hablando de un “revés electoral”. En siete de ocho circunscripciones de la provincia de Buenos Aires fue derrotado, y fue derrotado mayoritariamente en todo el país. En ninguna de las grandes ciudades obtuvo algo parecido a una victoria, ni siquiera a un acompañamiento. Es simple el motivo. La sociedad, cuando vota al peronismo, no espera del peronismo este comportamiento. Y cuando tiene este comportamiento, deja de votarlo. No es un misterio muy complejo. Cuando uno hace un diagnóstico de los motivos de la cuestión, es imposible no poner en el centro la política general del gobierno.

Si la ponés en el centro del análisis, estás diciendo que no es simplemente un problema de funcionarios ni de que se trata del efecto general de la pandemia a nivel global, donde los oficialismos son castigados. No hay ninguna duda de que una pandemia se sufre y, por lo tanto, nadie la pasa particularmente bien, eso es cierto. Pero hay una distancia entre pasarla mal mirando mi parque de 1500 metros cuadrados y pasarla mal en una casilla con 16 personas en 40 metros cuadrados. La diferencia no requiere grandes explicaciones sociológicas, simplemente que el que la pasa mal en un terreno, cuando mira al que la pasa mal en otro, no le produce exactamente simpatía.

¿Qué caracterización haces del peronismo que hoy está en el poder?

Hay una suerte de división del trabajo en la cual, en el orden político existente, los que organizan el saqueo no lo pagan y los que lo pagan no lo organizan. Esa división no deja de ser operativa y sumamente clara. Y cuando vos ves las condiciones para pagar el saqueo, aparece en el otro extremo la vieja cuenta ortodoxa tradicional, el equilibrio fiscal. El argumento que el ministro de Economía dio en su momento en el Congreso, de que no se sale de una recesión ajustando, parece ser que solamente quedó para la elaboración conceptual. En la práctica real, él propone salir de la recesión ajustando.

El gobierno públicamente adoptó un discurso de izquierda pero la política económica no fue para nada en ese sentido, ¿estás de acuerdo?

Los números son muy claros y no dejan mucha opción a la interpretación. Si vos mira el salario real del 2019 y el salario real de hoy; miras los niveles de actividad económica del 2019 y miras los niveles de actividad económica de hoy, no hay ninguna clase de discusión. Uno puede explicar por qué una cosa o por qué la otra, pero las explicaciones, para el que tiene que sufrir la situación, no son de mucha ayuda.

¿Esta coalición gobernante tiene similitudes con alguno de los peronismos de los ciclos anteriores en los que ha sido gobierno o estamos viendo algo nuevo?

Conviene ser prudentes y claros. Yo tengo una caracterización clara sobre el peronismo, que son cuatro. Básicamente, cuando me refería al de Cristina y al de Néstor dije en su momento, y sostengo ahora, que tienen la música del tercero y la letra del cuarto, es decir, que no proponen un programa distinto, para la sociedad argentina, al de los programas que estaban en curso. El programa de la sociedad argentina desde 1976 es pagar la deuda externa que se construye sistemáticamente. Pues bien, los que las hacen después no las pagan en el mismo terreno pero logran una asociación política que consiste en pagar la deuda, que nunca nunca se pone en tela de juicio. En todo caso, se discute que no se debe tomar la deuda pero la deuda tomada se paga, y como pagar la deuda en términos fiscales es enormemente simple, son recursos públicos destinados a tal efecto, cuando vos destinas el excedente al pago no lo destinas a otras cuestiones que suponen consumo popular, inversión, etcétera.

En las elecciones de 2019, algo que se terminó cristalizando y siendo central en el armado de las listas fue la unidad del peronismo. El Frente de Todos, entre el kirchnerismo, el massismo, el albertismo y sectores de los movimientos sociales, se presentó unido a las elecciones. Ahora parece ser insuficiente. ¿Qué opciones le queda a este frente, de cara a las elecciones ejecutivas del 2023 y las generales de noviembre?

Vamos por partes, como diría nuestro viejo amigo Jack El Destripador. Conviene entender que la unidad de esas fracciones se parece peligrosamente a la inmovilidad. Esas fracciones pueden coincidir todas en un acto electoral, en los comicios, pueden armar una lista común pero la política común que pueden elaborar se parece peligrosamente a la que elaboraron. Y la respuesta de la sociedad a la política que elaboraron, está a la vista. El planteo es enormemente sencillo. Para ajustar no lo van a votar a Alberto Fernández, para ajustar existe Macri. Para ajustar existen las respuestas ortodoxas tradicionales de las que se espera exactamente eso. Si no se acompaña eso cuando se espera, no se va a acompañar aquello que no es lo esperado.

El problema no es simplemente la unidad, sino la unidad para qué, la unidad en derredor de qué programa. Y el secreto de esta unidad es que es la unidad para el pago del desaguisado anterior. Esa unidad se rompe en varios pedazos rápidamente porque la sociedad se ocupa de que eso quede claro. No se puede sostener un acuerdo político simplemente porque las direcciones políticas lo acuerdan. Las bases sociales de ese acuerdo huyen rápidamente porque no comparten esa decisión y no la eligieron.

¿Considerás que por fuera del oficialismo hay un escenario de radicalización de las opciones políticas? Porque también se mencionó mucho de que crecieron los extremos, por derecha y por izquierda.

De ninguna manera. Lo que creo es que hay un fenómeno de descomposición de las opciones políticas. Milei es, simplemente, el que carajeó a la casta política. Y expresa horizontalmente, cuando la carajea, al conjunto mayoritario de la sociedad que ve en esta casa un comportamiento diferencial clarísimo. Alberto Fernández logra, en un momento, haciendo una política de Estado frente a la pandemia, un apoyo altamente significativo. Sostener esto, para cada uno de los que lo sostuvo, fue un esfuerzo enormemente grande, desgastante y doloroso. Cuando yo veo la foto de Alberto Fernández haciendo aquello que nos dijo clara y explícitamente que no hiciéramos, siento que está rompiendo el pacto que constituyó con la sociedad que lo respaldó. Es decir, está devaluando la palabra pública y haciendo que su credibilidad no exista. Desde el momento en que la credibilidad del Presidente es puesta en duda, la palabra pública deja de ser el elemento común, y lo que el Presidente diga de acá en adelante no va a ser tan sencillo de aceptar. Entre otras cosas, porque lo más obvio de todo, quedarte en tu casa y no festejar con otros, no pudo cumplirse.

¿Pudiste leer la carta de Cristina Fernández?

Punteé los elementos claves y la primera cosa que dice la Vicepresidenta es sobre el problema de la política fiscal. Porque el equilibrio fiscal es la clave de la ortodoxia. Y cuando vos lo haces, en medio de una recesión y una pandemia, los más débiles son los que más pagan. Eso está clarísimo y se ve en el resultado electoral.

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Por Agustín Bontempo

A las 18 hs del domingo electoral, todo indicaba que no habría “sorpresas” en los comicios. Lo premeditado por las encuestadoras y luego reforzado en los boca de urna que ellos mismos hacen, solo manifestaba dudas sobre si algún punto más, algún punto menos. En definitiva, luego de 16 años, el peronismo ganaría una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, Juntos se consolidaría en CABA y restaba ver como se complementaba con las fuerzas minoritarias.

Nada de eso ocurrió. La lista encabezada por Victoria Tolosa Paz quedó cinco puntos por debajo del frente Juntos por el Cambio, donde Diego Santilli se impuso a Facundo Manes en la interna (igual integrará las listas en noviembre gracias al sistema d´hondt). En la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal se impuso a Ricardo López Murphy (que también integrará las listas en noviembre) y Adolfo Rubinstein. La sorpresa, tal vez, fue el resultado obtenido por Javier Milei, de la ultra derecha liberal, que superó los 13 puntos.

Es importante destacar que el Frente de Izquierda se consolidó como tercera fuerza en todo el país, teniendo resultados interesantes en provincias como Jujuy (23 por ciento), Chubut (casi el 10 por ciento) o Neuquén y Santa Cruz (alrededor de 8 por ciento). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Myriam Bregman superó los 6 puntos y en la provincia de Buenos Aires con más de cinco puntos, el FIT-U logro superar a Espert y Randazzo, augurando hasta dos posibles bancas en la Cámara de Diputados.

Crítica, autocrítica y más política

“Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su fracaso”. La interpretación lineal de la frase ha sobrevolado el discurso de algunos medios de comunicación y de parte de la dirigencia política. ¿Cómo es posible que la ciudadanía vote por Juntos por el Cambio luego del desastroso gobierno que llevó adelante? La pregunta tiene un error político de envergadura que, si no se supera, el fracaso del oficialismo en noviembre es inexorable. El error no es – nunca puede ser- de quienes votan. Pues si el pasado macrista fue de pobreza, desempleo, inflación, sometimiento al FMI, la memoria activa de la ciudadanía ante la falta de resolución de esos temas (entre otros) es lo que explica el resultado electoral en buena medida.

No es cierto que la población haya votado en favor de Vidal, Santilli y compañía. Al menos no lo es integralmente (está claro que tienen su núcleo de votantes por convicción). El problema radica en que, por fuera del mundo de la política, la ciudadanía elije a sus representantes para que resuelvan sus problemas cotidianos. Y aunque hay dos modelos en pugna (también creo que pueden ser tres o cuatro), eso se verifica no en el plano discursivo sino en el plano de lo fáctico: si el modelo macrista es de exclusión, el modelo de Todos debería ser de inclusión. Lo contrario de la pobreza es la riqueza, de la inflación es la estabilidad de precios, del sometimiento al FMI, es el enfrentamiento del mismo.

Cargar las tintas sobre la responsabilidad del votante es desprenderse de la propia responsabilidad del camino a construir. Y tal vez hay un hito en el gobierno que describa esto y es Vicentin. A mediados de 2020 Alberto Fernández anunció la expropiación del conglomerado, en el marco de una crisis y endeudamiento de la empresa pero que, al mismo tiempo, controlaba buena parte del mercado agroexportador. En otras palabras, el gobierno anunciaba que iba a gestionar directamente una de las principales fuentes de ingreso de dólares al país.

Sin embargo, no sucedió. La posibilidad histórica era intervenir el mercado alimentario y de flujo de divisas, dos de los grandes problemas de la actualidad. El precio de los alimentos, la necesidad de que haya billetes verdes en el país. Anuncio, presiones, recule y marcha atrás. Aquel momento estructuró un desarrollo político que no permitió, evidentemente, resolver los problemas de la población, cada vez más afectada por los números de la pobreza creciente y el incremento de los precios, especialmente de la canasta básica. Las operaciones del poder real, los armados mediáticos, los propios errores, las medidas que, por efectivas y de vanguardia, no daban soluciones otras cuestiones estructurales, incluso la gestión de la pandemia (que aunque el balance sea positivo, es insostenible en el tiempo como capital político electoral), no ha sido suficiente.

La derrota electoral corrobora la memoria del pueblo. El recuerdo de no poder llegar a fin de mes convoca a no votar a quienes no le han resuelto el problema. Y atención. Estas líneas no sugieren que el Frente de Todos está haciendo lo mismo que Cambiemos. Muy por el contrario, no haber resuelto los problemas generados por el gobierno de Cambiemos  y agravadados por una pandemia que afectó al mundo, tiene que dejar la enseñanza de que hay que pensar nuevos rumbos para que el gobierno pueda cumplir con el mandato que la población les asignó. Y esa es la manera de alcanzar la vida que queremos.

Juntos por el Cambio, nuevamente la opción presidenciable

La diferencia en provincia de Buenos Aires es el rasgo distintivo de la elección, y eso que la fuerza que hoy parece liderar Horacio Rodríguez Larreta ganó en buena parte del país. Es que si bien era habitual que el kirchnerismo no gane las elecciones de medio término, en esta oportunidad la diferencia fue más amplia de lo habitual.

El riesgo que corría Larreta era doble: perder la interna con Manes o perder en el conteo total, que, si bien las encuestas lo daban como posible, hablamos de 16 años que no ocurría. La apuesta por tener un candidato fuerte en provincia de cara a las presidenciales de 2023 salió bien, así como también la victoria en CABA.

Hay indicadores que muestran que el enorme crecimiento de Milei (circunscripto solo a la Capital Federal), no le ha quitado votos considerables al oficialismo porteño. Sin embargo sigue siendo un fenómeno difícil y complejo, el cual se pretende contener con la integración de López Murphy a las listas de cara a las generales de noviembre.

Sin lugar a dudas, Juntos (o Juntos por el Cambio o Cambiemos) fue el gran ganador de la jornada. Sin embargo, sería un error político confiar en los resultados sin entender el voto contra el gobierno que se canalizó por esta fuerza pero que, de no mostrar propuestas superadoras a lo que fue la gestión 2015-2019, podría irse a otras fuerzas políticas, en particular con el peligroso crecimiento de la propuesta fascista que encabeza Milei.

La izquierda, tercera fuerza nacional

El FIT-U jugó sus internas. En los distritos más importantes, la lista del PTS-PO-IS se impuso a la lista del MST. Por fuera del FIT, ni el Nuevo Más ni Política Obrera han superado las PASO.

Como se mencionaba al inicio del artículo, la izquierda tuvo una performance importante, siendo la tercera fuerza nacional con más de 1.5 millones de votos, algo por encima de las propuestas liberales. De mantenerse estos números, la posibilidad es que al menos cuatro bancas sean conquistadas por este bloque.

Es importante destacar este desarrollo electoral ya que en los medios el rol de la izquierda fue bastante ocultado, dando mucha prensa a la “rebeldía” liberal. Sin embargo, el caudal acumulado este domingo eleva el piso que se venía cosechando y sigue otorgando un status importante en la arena legislativa.

De cara a noviembre, el FIT-U deberá trabajar para traccionar los votos de las fuerzas de izquierda que no superaron las PASO. En la CABA en particular, será importante el accionar de AyL que logró superar primarias.

Quedará para otro momento el debate integral entorno a la unidad de toda la izquierda.

A modo de conclusión

El gobierno jugó un partido de visitante, con público de los rivales y con reglas ajenas. La campaña política, vamos a coincidir, fue bastante vulgar, vacua, vacía. Tratar de confrontar con los mismos recursos a los reyes del marketing político e incluso con el gritón de ideas absurdas e inconsistentes, es al menos equivocado.

El Frente de Todos deberá imprimir política a la campaña, salir de lugares comunes y proponer en concreto. Deberá tomar decisiones que pongan dinero en los bolsillos de las personas con la difícil tarea de contener la inflación. El gobierno no tiene más remedio que radicalizar posiciones protoobreras que, efectivamente, solo se llevan adelante confrontando al establishment. Lo debe hacer, sino noviembre puede ser mucho más que una derrota electoral. Y más allá de este horizonte cercano, será necesario revisar cuál será la agenda priorizando efectivamente a todo ese núcleo social que, esperanzado, votó por esta propuesta política hace menos de dos años.

No cabe duda que, para tal fin, será necesario revisar quienes son las personas que toman decisiones. Quiénes son los funcionarios que funcionan y, especialmente, quienes no lo hacen. Y allí habrá que tomar determinaciones. El camino debe ser claro: pasar de lo imaginario, lo retórico, de los amagues discursivos para alcanzar las soluciones concretas en términos económicos y sociales, con la firmeza que eso implica, incluso cuando la exigencia viene de actores con el poder de la talla del FMI.

En particular, la provincia de Buenos Aires tuvo más de 6 por ciento de votos blancos, nulos o recurridos, además de un potencial 8 por ciento de personas que no concurrieron a votar y lo harán en las generales. Quedan dos meses de campaña electoral y también dos años más para gobernar. Un golpe de timón está a tiempo.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

Esuchá la entrevista completa

Trabajadores y trabajadoras de call centers denunciaron que el gobierno porteño hizo un uso ilegítimo de datos personales recolectados a partir de la línea 147, con el fin de que los mismos sirvan para la campaña electoral tanto de María Eugenia Vidal como de Diego Santilli.

Además de esta denuncia, las y los trabajadores aseguraron que trabajan en condiciones de precarización, hostigamiento y malos tratos.

En ese marco, la organización Defensoría de Laburantes inició un relevamiento y recolección de pruebas sobre el uso ilegal e ilegítimo de datos personales. Además, la misma organización está acompañando a quienes trabajan para GIV S.R.L. empresa que tiene la concesión de la Línea 147.

Marcha dialogó con Tamara Rossi, abogada e integrante de la Defensoría de Laburantes, en el programa de radio Antes que se acabe el mundo

¿Cómo recibieron la denuncia por el uso ilegal de datos personales?

Fue un poco de atar cabos. Primero, desde la Defensoría de Laburantes, acompañamos a trabajadores y trabajadoras en reclamos por incumplimiento en sus derechos laborales. Trabajamos y acompañamos a personas que trabajaron en esta empresa privada, en este call center hace tiempo y en marzo de 2021 descubrimos y sacamos un informe a modo de visibilizar que el Gobierno de la Ciudad amplió la concesión que tenía con esta empresa en un 2.400 %. Esto significa que hubo un aumento de presupuesto de 750 millones de pesos. 

En ese momento, nosotros denunciamos la privatización del servicio y la precarización de las trabajadoras en la Línea 147. Sin embargo, en las últimas semanas, comenzamos a recibir consultas de trabajadoras de este call center que denuncian que en lugar de estar cumpliendo funciones para la Línea, estaban teniendo que trabajar en la campaña de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires y de Diego Santilli en la provincia. De esta manera es que nosotros comenzamos a investigar y entendemos que, por un lado, a qué se debía esa ampliación de la concesión del mes de marzo. Formalmente, venían cumpliendo las tareas que ya desarrollaban en el 147, sin embargo, meses después, nos cierra un poco la ecuación cuando las trabajadoras nos dicen que no están trabajando en el 147 sino en la campaña de Diego Santilli y María Eugenia Vidal y ellas mismas son las que dan testimonio de que lo hacen con las misma base de datos que completan cuando reciben llamados al 147.

¿Cómo fue sistematizando los datos el gobierno porteño?

Tenemos muchos relatos porque con la difusión de nuestra denuncia y todo lo que estamos tratando de visibilizar, de alguna manera se han acercado muchos y muchas trabajadoras de esta empresa que van confirmando y sumando testimonios y se va armando un relato colectivo. Cuando cumplían funciones en el 147, a cualquier vecino o vecina de la Ciudad que llamaran, ya sea para consultar donde renovar la licencia de conducir o para pedir que se pode un árbol, le tienen que pedir una serie de datos si ellas no los tenían. Es decir, trabajaban con una base de datos, constataban lo que ese vecino les decía, y si ese vecino no estaba cargado, lo tenían que cargar. Nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, varios datos. Luego, estas mismas trabajadoras, en la campaña tenían que llamar a estas personas para invitarlas a tomarse un café con la candidata Vidal en capital o Santilli en la provincia.

Desde la Defensoría estamos llevando adelante una campaña para que vecinos y vecinas que hayan recibido este tipo de comunicación, que no hayan dado su información y su consentimiento para esto y quieran denunciar, pueden hacerlo mediante nuestras redes para sumar testimonios, sumar pruebas y hacer una denuncia penal que esperamos confirmar legalmente la semana próxima.

Las y los trabajadores denuncian condiciones de precarización para el desarrollo de sus tareas, ¿Cuál es la situación?

La punta del ovillo es por las circunstancias laborales de las trabajadoras. Digo trabajadoras porque en su mayoría son mujeres, si bien hay trabajadores varones, hay una gran cantidad de mujeres, sumamente jóvenes, nacidas después del 2000, 2001, que no tienen otra salida laboral y necesitan el poco dinero que les ofrecen. En este caso, estamos hablando del trabajo en el call center de campaña, una jornada laboral de 12 horas, de Lunes a Sábados, y esto tiene una particularidad: la jornada laboral en call centers es por ley de 6 horas porque se considera una actividad insalubre. En este caso, la empresa las hacía trabajar jornadas de 12 horas, el doble de lo legalmente permitido. Estamos hablando también de malos tratos, de supervisores que les decían que no tomaran agua para no ir al baño, es muy delicado y hay muchos testimonios de trabajadoras que relatan insultos hacia sus personas y hablan de hostigamiento de su intimidad. Por ejemplo, que ellos tenían acceso a lo que quisieran hacer de sus redes sociales, lo que ellos pudieran decir. Que si querían denunciar, denunciaran, ya que había una supervisora con 40 denuncias pero tenía el apoyo de los de arriba y les daban vía libre a hacer lo que quisieran.

Hace mucho que venimos acompañando a trabajadores y trabajadoras de la ciudad desde un montón de ámbitos y puntos de vista. Por ejemplo, agentes de tránsito con monotributo. También hay una red de precarización muy grande en salud. No hace falta que profundice yo porque todos estos meses ha sido visible el reclamo del sector en la ciudad y ahora la terciarización que están ejerciendo sobre las trabajadoras de call center se agrava en la campaña cuando las presionan y las maltratan en pos de un resultado electoral.

¿Hay legislación que proteja a la ciudadanía? En definitiva también son víctimas de este uso ilegítimo de datos y Argentina es un país con bastante atraso en materia de regulación.

En realidad, está prohibido. Desde el punto de vista penal, la utilización de datos personales para fines a los cuales esa persona no autorizó no se puede hacer. Por eso estamos recolectando testimonios de vecinos y vecinas y capturas de pantallas, porque también hay mensajes de texto, de whatsapp, mails. Hay mucho avasallamiento por parte de estas prácticas que principalmente son de la ciudad y el oficialismo respecto de la privacidad y la esfera íntima de las y los vecinos. Y también tenemos una regulación local porque acá lo que sucede es que el principal responsable de que se cumpla, es el Gobierno de la Ciudad. Y quien está ejerciendo este avasallamiento es el gobierno de la ciudad a través de una empresa privada que avala, porque terciariza y le amplía el presupuesto en un 2400%, ahí está el debate, el reclamo y la denuncia pública, ahí está la explicación que el gobierno de la ciudad nos debe a todxs.

¿Esto está vinculado al uso de fondos públicos para publicitar sus perfiles personales, como se señaló hace poco en relación a Larreta y Santilli?

Desde ya, la prueba más fehaciente que tenemos de que esta campaña y esta gestión del call center en favor de la campaña política del Pro está financiada con fondos públicos, como el hecho de la ampliación del presupuesto de la licitación que tiene GIV S.R.L sin que hayan variado de ninguna forma sus tareas. Es decir, pasaron de tener 264 (aproximadamente) operadores a tener casi 3.000 sin que haya cambiado esa licitación. Porque no es que les dieron otro servicio, ellos seguían con la obligación solamente de cumplir con el 147. Sin embargo, obviamente, la partida presupuestaria asignada es mucho mayor, por mucho de lo que se necesitaba para esto, por eso es que cabe la sospecha de que esto encima es pagado por dinero de las y los contribuyentes.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini / Foto de Agencia Télam

Escuchá la entrevista completa:

El jueves 19 de agosto, la Legislatura porteña aprobó el megaproyecto inmobiliario del grupo IRSA para construir torres en el acceso al río de la Costanera Sur. Bastaron dos plenarios de comisiones para que, en un tratamiento express, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pueda avanzar con otro negocio de sus empresas amigas. ¿Quiénes acompañaron esta nueva entrega? Vamos Juntos, UCR-Evolución y el Partido Socialista. El Frente de Todos y el Frente de Izquierda votaron en contra.

Marcha dialogó con Jonathan Baldiviezo, abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en el programa de radio Antes que se acabe el mundo.

¿En qué consiste el proyecto que se aprobó?

Es un convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el grupo IRSA para construir un nuevo barrio porteño, un nuevo Puerto Madero en un predio que se conoce como la ex ciudad deportiva La Boca. Ubicado frente a Puerto Madero, al lado de la reserva ecológica de la Costanera Sur. En ese predio, que actualmente es un humedal, uno de los pocos humedales que quedan en la Ciudad de Buenos Aires, quieren construir decenas de torres de 145 metros de altura, un nuevo barrio que va a tener una capacidad constructiva de 900 mil metros cuadrados, es decir, tendrá una densidad constructiva superior a la de Puerto Madero.

En ese sector el impacto ambiental, tanto por el humedal como la reserva ecológica que está allí, será muy grave. Por otra parte, se viene a consolidar un hecho histórico de la tierra pública de la Ciudad de Buenos Aires, porque estos eran predios que pertenecían al Estado nacional. En 1989, en los primeros meses del gobierno de Menem, se vota en el Congreso una ley donde se les regala estas tierras al Club Atlético Boca Juniors para que la destinen a una ciudad deportiva que nunca se terminó de construir. además, se autorizó al club a venderlo a un tercero.

Imaginemos que el gobierno actual le regale a un club deportivo 70 hectáreas, 70 manzanas, y que además lo autorice a vender esas tierras a un tercero, sin que los porteños y porteñas recibamos un peso a cambio. Así nos despojaron de 70 hectáreas, sin nada a cambio, con la excusa de que se tenía que hacer un club social y deportivo, etcétera, pero esas tierras terminaron en manos de IRSA y ahora IRSA, que compró esas tierras baratas porque justamente no se podía construir un proyecto inmobiliario, viene a solicitar a la Legislatura que le aprueben el convenio para poder construir este mega emprendimiento inmobiliario. Las ganancias para IRSA, con solo la aprobación, van entre 1000 y 1500 millones de dólares. Esa cifra sería un tercio del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, con la votación de la ley, una empresa va a ganar un tercio del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en capitalización de valores inmuebles. Un negocio extraordinario y desorbitante.

Un negocio que no existe, porque no surge de inversiones o de una actividad productiva, surge de comprar tierra pública barata y solicitar luego, en el gobierno de turno, los cambios normativos que le permitan incrementar su valor 30 o 40 veces más. Ese dinero lo que explica es que a la clase política que nos gobierna no le importa que esté el humedal, no le importa perder ese sector de la Costanera que la Constitución dice que tiene que ser pública y de acceso y uso común de todos los porteños y todas las porteñas.

Además, también hace que la Legislatura le dé máxima prioridad y un tratamiento VIP y exprés. Si no fuera por un juez que intervino, suspendiendo por algunas semanas el trámite, este se habría aprobado en solo dos semanas de discusión. Terminó demorando un mes, que también en una ridiculez, pero en dos semanas se habría aprobado este proyecto.

Cuando uno va a ver los estudios técnicos que, en cierta forma, justifican este proyecto, se encuentra con un informe de 19 páginas. 5 de ellas son marco normativo, el resto son hojas a simple faz con fotos. Es decir, una verdadera vergüenza que demuestra la impunidad inmobiliaria de que ni siquiera se esfuerzan para cumplir la formalidad de hacer los estudios para avanzar en estos emprendimientos. Recordemos que no es un edificio lo que está autorizando. Son 24 hectáreas, un barrio en plena costanera sobre un humedal. Deberían por lo menos haber dibujado algunos estudios más complejos y no lo hicieron porque justamente saben que las ganancias que va a traer la empresa, va a poder permitir repartir apoyos electorales y otro tipo de cuestiones, va a permitir el aseguramiento de los votos como ha sucedido el jueves pasado en la Legislatura.

¿Quiénes están detrás del Grupo IRSA? ¿Tienen otro contacto o trabajo que hayan realizado con el Gobierno de la Ciudad?

El presidente de IRSA es Eduardo Epstein y tiene contacto tanto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como con el gobierno nacional. Para ejemplificar, es la personificación del modelo extractivista en nuestro país ya que el grupo IRSA es el máximo terrateniente urbano del país, tiene la mayoría de los shoppings en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. También es el mayor productor y explotador de campos a través de su empresa Cresud. Tiene megamineras de oro y, por otra parte, tiene la presidencia el dueño del Banco Hipotecario que administra los PRO.CRE.AR a nivel nacional.

Es decir, tiene ramificaciones en inmobiliarios, en agronegocios, en la megaminería y en la cuestión financiera de créditos que tiene un banco. Es un monstruo muy poderoso de la Argentina que tiene ramificaciones políticas y apoyo por todas partes. El hermano de Rodríguez Larreta era uno de los directores de IRSA, encargado de relaciones públicas. Andy Freire, que fue cabeza de lista del PRO, también era director y empleado del grupo IRSA, así que no resulta llamativo que el grupo tenga este tratamiento exprés en la Legislatura, cuando no se está discutiendo ningún tema esencial salvo este negocio inmobiliario.

Afortunadamente, hay un debate abierto en torno al medioambiente y en particular con los humedales. ¿Qué riesgo implica este proyecto teniendo en cuenta la cercanía con la reserva ecológica?

En primer lugar, es el costo de oportunidad que estamos perdiendo. El domingo pasado hicimos una gran bicicleteada y abrazo a la Costanera Sur. Como fue un día muy lindo, la Costanera explotaba. Con la pandemia no hay un acceso tan libre y está más limitado el ingreso a la reserva, la gente hacía cola porque se sobrepasaba el cupo de ingreso. Eso nos lleva a pensar que ya la reserva ecológica ni siquiera alcanza para los habitantes de la Ciudad, que en vez de construir torres deberíamos estar pensando en cómo estos humedales anexarlos a la reserva, transformarlos en más espacio verde, transformarlos en una reserva y así podamos seguir disfrutando la ciudadanía a la costanera.

En vez de eso, lo que están haciendo es rodear de torres la reserva, que también recordemos que siempre ha sido un espacio muy reclamado por el sector inmobiliario. Con la excusa de “urbanizar” el barrio popular Rodrigo Bueno, se animaron a sacarle casi 6 hectáreas a la reserva ecológica. Se dijo que era para darle al barrio una ayuda social pero ya demostraron que la reserva ecológica no es intangible, por más que sea uno de los humedales con mayor protección a nivel mundial por ser un sitio Ramsar. Ya demostraron que le pueden sacar 6 hectáreas sin que la ciudadanía genere una revuelta.

Y por esas cosas uno siempre también piensa, ¿cómo puede ser que el gobierno haya dejado hace tanto tiempo crecer un barrio popular en plena reserva? Justamente, tiene que ver con que utilizan estos fines medios humanitarios o sociales para ir a sacarle suelo a la reserva.

Así como vimos que para despojarnos de estas 70 hectáreas usaron un club, en este caso utilizaron un barrio popular para ir sacandole hectáreas a la reserva. Además de eso, se la rodea de edificios y eso obviamente genera impactos a nivel de inundaciones, porque este proyecto no se va a construir sobre la costa actual, seguramente se haga sobre una costa más elevada, generada a través del relleno de los suelos, y genere impactos de ruidos con la reserva, que por ley es uno de los sectores que debe estar con menor impacto sonoro para proteger la biodiversidad, el derecho del silencio.

La naturaleza necesita de ciertos silencios porque cualquier distorsión o incremento de los ruidos genera impacto sobre las plantas y los seres vivos de ese lugar. Acá se va a instalar todo un barrio justo al lado de la reserva, incluso el presidente de IRSA está pensando en que haya un puente que una la reserva con su nuevo barrio. Una visión más de considerar que la reserva sea el patio trasero de ese proyecto inmobiliario.

La Ciudad avanza con este proyecto, aliado del intento de terminar de privatizar Costa Salguero, el megaproyecto comercial en el Hipódromo. Por el contrario, parece distar mucho de solucionar el déficit habitacional que hay en la Ciudad. ¿Cómo analizas esta relación?

Tenemos una gestión de gobierno que solamente está preocupada en el saqueo de lo público y en ir estableciendo nuevas rentabilidades a la especulación inmobiliaria a través de excepciones a la planificación. En esta mirada no resulta nada sorprendente la situación de emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera se animan a declararla, no es que no se toman medidas sino que tampoco se reconoce el problema.

La Legislatura y la gestión del gobierno se manejan como si la ciudad no estuviera viviendo una crisis sanitaria, una crisis habitacional ni una crisis ambiental. Siguen vendiendo espacios verdes. Hace un par de semanas comenzaron a rematar parcelas del Parque de la Ciudad.

En medio de esta pandemia el gobierno sigue rematando parques, sigue parcelando parques, algo inconcebible, y no nos sorprende que tampoco esté abordando la cuestión habitacional. No hay ni siquiera demandas de viviendas suntuosas. Es decir, en el sector rico de la ciudad no hay una demanda insatisfecha, porque vemos que Puerto Madero está casi vacío.

Lo que sí vemos es que hay una demanda de los sectores concentrados de dónde destinar el dinero del lavado, el dinero del blanqueo. Recordemos el blanqueo que se hizo el año pasado, tenía como una de sus condiciones que sea destinado a emprendimientos inmobiliarios. El blanqueo no puso restricciones de que ese dinero vaya a viviendas sociales  o equipamiento urbano. Ese blanqueo puede ir a cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario. Bueno, justamente la mayor cantidad va a ir este nuevo emprendimiento del grupo IRSA.

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Por: Agustín Bontempo, Ignación Marchini y Maru Waldhüter

Con las primeras horas de un nuevo día durante la madrugada del 11 de junio de 2021 la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto que promueve el acceso al empleo formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El proyecto que lleva el nombre de Diana Sacayán y Lohana Berkins están en manos de la Cámara Alta para su aprobación definitiva y convertirse en ley.

Una amplia mayoría de diputados y diputadas de diferentes bloques acompañaron la iniciativa que se reflejó en 207 votos a favor, frente a los 11 que lo hicieron en contra y las 7 abstenciones.

El proyecto busca convertir en ley el Decreto 721/2020 impulsado por el presidente Alberto Fernández, mediante el cual se estableció el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector del empleo público. Podríamos señalar éste como el antecedente más inmediato del proyecto tratado en la Cámara baja el 10 de junio pasado, pero lo cierto, es que esta iniciativa es el resultado de luchas históricas por parte de la comunidad Travesti Trans. La activista y teórica travesti, Lara María Bertolini, afirmó que el recorrido de esta lucha lo encontramos en el año 1994 con la reforma de la Constitución “donde se derogaron los edictos policiales y se entendió que, Estado mediante con sus aparatos de persecución y represión, se estuvo estigmatizando, persiguiendo, vulnerando y hasta aniquilando el colectivo Travesti Trans por más de siete décadas. Por este cambio paradigmático en el año 1994, por la incorporación del artículo 7522 respecto a los derechos humanos, se empezó a gestar la lucha desde diferentes lugares, con el feminismo, con la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley del Cupo Diana Sacayán en provincia Buenos Aires. Fue necesario crear una Ley Nacional del Cupo Laboral Trans dado que ni el Estado ni la sociedad respetan la identidad de las personas transgénero, travesti, transexuales”, sostuvo Lara Bertolini quien, vale señalar, es estudiante de abogacía y se desempeña como TraVajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación, tal como se presenta en sus redes sociales.  Lara señaló que la Ley del Cupo Nacional Lohana Berkins-Diana Sacayán “es puerta a los derechos que hasta ahora no se han cumplido por parte del estado nación argentino”.

A diferencia del decreto vigente, que sólo alcanza al Poder Ejecutivo en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal), el proyecto que ya tiene media sanción prevé la inclusión laboral de personas Transexuales, Travestis y Transgénero en el Estado Nacional a través de un mínimo del 1% de los cargos en los tres poderes que lo integran, en los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado. A su vez, el proyecto de ley propone garantizar la finalización de los estudios, incentivar al sector privado para que dé empleos a personas travestis y trans, y ofrecer créditos a emprendimientos productivos de estos colectivos a través del Banco Nación. Y, otro punto a destacar, es el que elimina la obligatoriedad de no tener antecedentes contravencionales, algo común para las personas ejercen la prostitución como herramienta de subsistencia y que, histórica y sistemáticamente son hostigadas por la policía.

Con relación a la iniciativa Florencia Guimaraes, integrante de La Casa de Lohana y Diana y de la organización política Furia Trava, afirmó que se trata de “un proyecto de ley maravilloso y superador porque hay que tener en cuenta que es la unión de dos proyectos. De la ley Diana Sacayán y de la Ley Lohana Berkins, una ley que es de cupo y la otra que es inclusión. Un cupo considerábamos que siempre tiene un techo y hablar de inclusión es mucho más amplio, incluso podemos hablar de integración. Haber logrado que se puedan unir todos los frentes y estos dos proyectos de ley para nosotras era muy importante porque lo que tenía un proyecto no lo tenía el otro, entonces uniéndolo iba a ser lo que esperamos hace mucho tiempo”.

Durante la sesión se hizo referencia a las múltiples vulneraciones de derechos que sufre históricamente la comunidad Travesti Trans, mientras desde la parte superior del recinto se escuchaban lxs activistas cantar “Lo dijo Lohana y Sacayán, al calabozo no volvemos nunca más”.  Se recordó la violencia de los edictos policiales, la dificultad de acceder al sistema de salud y educación pública y, en consecuencia, al empleo. En la actualidad “el acceso al trabajo sigue siendo prácticamente inexistente. Tenemos ley de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires que se empezó a aplicar este año, muy a cuenta gotas, después de seis años de espera y por haber cajoneado el proyecto de Ley Diana Sacayán. Por eso, lo que estamos exigiendo es que haya una implementación real a nivel masivo, necesitamos que muchas compañeras y compañeres de la comunidad Travesti Trans puedan acceder al trabajo”, afirmó Florencia Guimaraes. En la misma línea, Lara Bertolini, advirtió que “en los organismos del Estado respecto de su autonomía pueden decidir o no crear algún régimen administrativo de inserción al cupo laboral, pero hasta ahora no es obligatorio dado que no hay ley nacional. Lo han hecho varias provincias adhiriendo a la ley del cupo provincial Diana Sacayán de la provincia de Buenos Aires en 2015, pero se está llevando muy a los golpes y sin preparación, – esto lo puedo decir con certeza – por parte de los departamentos de recursos humanos y de acompañamiento del cupo dado que no tienen conocimiento más allá de la Ley Micaela. Entonces, habría que ampliar la Ley Micaela con la Ley de Identidad de Género y un recorrido histórico de lo que ha padecido y soportado el colectivo Travesti, Transgénero, Transexual por más de siete décadas en la República Argentina, lo que yo entiendo como un genocidio identitario”.

En este sentido, Florencia Guimaraes señaló que en el proyecto están incluidos aspectos que refieren a la educación y la salud. “Es importantísimo porque hay un nivel muy grande de compañeras de la comunidad Travesti Trans, digo compañeras en este caso porque por lo general el sector más vulnerado en todos su derechos dentro de nuestra comunidad somos las travestis, que no ha terminado ni el nivel primario ni el secundario, debemos poner el punto en la educación, en el sistema de salud que sigue siendo expulsivo, que sigue siendo binario, que nos sigue patologizando, que no respeta en muchos lugares la Ley de Identidad de Género. Hay grandes resistencias todavía a tratarnos dignamente. Hay una mirada muy estereotipada, muy estigmatizante sobre nosotras, hay que romper con esa mirada sobre nosotras”, y advirtió que, “en términos generales a nivel sociedad seguimos en el mismo punto. Todos los informes van demostrando siempre lamentablemente lo mismo, que el 90 por ciento de nuestras compañeras están en situación de prostitución para poder sobrevivir. Eso no ha cambiado mucho en décadas. Ya podemos hablar de los años noventa cuando empezamos a reclamar, a visibilizarnos y denunciar todo lo que sucedía. La falta de acceso al empleo, la violencia cotidiana, los códigos contravencionales que todavía siguen vigentes en muchísimas provincias, la violencia institucional educativa, del sistema de salud, como el poder judicial; por eso decimos que somos una población que está inmersa en una violencia estructural”.

Mucho se habló de reparación, de la necesidad de una ley que venga a reparar años de dolor y expulsión por parte del Estado y por parte de la sociedad. La diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, María Rosa Martínez caracterizó la jornada como “un claro día de justicia”, y afirmó que “la construcción de la igualdad es un acto de reparación”, que llega tarde “porque tardamos en reparar. Un acto de reparación, es un acto de reconocimiento de cuáles han sido las condiciones previas para poder acceder al trabajo”. Por su parte, el diputado del mismo bloque Leonardo Grosso, recordó las palabras de Diana Sacayán cuando le decía “Marica hay que armar una política de cupo laboral en este congreso. Hay que hacer algo. Tejamos eso” y señaló que “Esta es una ley que viene a reparar. Hace falta más política de igualdad, hace falta que el Estado abrace aquello que excluyó, que dejó afuera toda la vida. Es una responsabilidad del Estado reparar eso. El momento en el que estamos llegando es tarde” y finalizó su intervención celebrando la Furia Travesti en el Congreso y con la demanda de aparición con vida Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que está desaparecido desde 11 de marzo pasado cuando salió de su casa para encontrarse con Luis Alberto Ramos, uno de los detenidos en la causa, quien le había ofrecido un trabajo.

“Cuando una travesti entra a la Universidad Pública, le cambia la vida a esa travesti, cuando muchas travestis entren a la Universidad, le cambiará la vida a la sociedad”

El pensamiento de Lohana Berkins se puede extender a todos los ámbitos de la sociedad y particularmente al mundo del trabajo, porque la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans es mucho más que el acceso al empleo. “La inclusión de personas travestis y trans en los espacios de trabajo sería realmente transformador”, afirmó Florencia Guimaraes, y señaló que “va mucho más allá de solamente entrar a trabajar, tiene que ver con cuestiones simbólicas también, queremos ver a nuestras compañeras travas en lugares de toma de decisión, en lugares de visibilidad y no en el cuarto de atrás, escondidas en una oficina, donde no somos visibles. Porque eso también entra cuando hablamos de una reparación o cuando hablamos de acceso a derechos, el derecho a la existencia, a que se nos empiece a ver en otros lugares que no sea ese lugar casi común para nosotras que es el de la esquina por las noches. Queremos ser vistas en absolutamente todos los lugares por eso apostamos fuertemente a este proyecto de ley”.

El proyecto de ley para promover el acceso al empleo formal a personas travestis, transexuales y transgénero lleva los nombres de sus mentoras Diana Sacayán y Lohana Berkins. En palabras de la artista travesti Susy Shock, podríamos decir que lleva los nombres aquellas Traviarcas que abrazaron las luchas de la comunidad travesti trans y lograron tejer desde allí con lazos de amor las luchas con diferentes sectores; de los piquetes al Congreso. Con el pañuelo verde en la muñeca y el puño en alto comprendieron que la lucha por el derecho al aborto, era la lucha por la autonomía de los cuerpos, y esa bandera no la bajaron nunca.

“Diana y Lohana representan la amorosidad, la lucha, los lazos travas, una ética travesti, que solo ellas pudieron transmitirnos y muchas seguimos sosteniéndolas”, afirmó emocionada Florencia Guimaraes quien las recordó como “dos compañeras, particularmente Lohana porque era una amiga y una compañera entrañable – que la semana próxima estaría cumpliendo años -, y que nos fue arrebatada víctima de un travesticidio social, porque no fue una muerte natural, sino que tuvo que ver con todo lo que atravesó en su vida. Entonces para mi ellas son dos faros que siempre nos van guiando, nos van iluminando. Hoy es la ocasión de reconocerlas y traerlas a la memoria activa, porque no se puede seguir negando ni corresponde ocultar que la ley de cupo laboral lleva el nombre de Diana Sacayán porque ella fue la mentora junto a Lohana Berkins. Particularmente Diana venía hablando de un cupo, del acceso al trabajo, de exigirle al Estado una ley para que pudiéramos acceder al trabajo ya en los años 2000 entre los movimientos populares, siendo piquetera, en los cortes de ruta, en las asambleas, en las ollas populares ya venía interpelando a sus compañeras, compañeros y compañeres y diciendo ‘las travas tenemos que luchar por el acceso al trabajo’. Estamos hablando de muchísimos años, de muchísimas vidas que nos fueron arrebatadas. En homenaje a ellas y gracias a ellas que nos abrieron los caminos las conmemoramos día a día. Va a ser ley”.

Lara María Bertoloni, destacó que “hay muchísimas activistas y militantes que han dejado la vida y el cuerpo en la lucha política. Claudia Pía Baudracco, Maite Amaya, Nadia Echazú, muchísimas compañeras que han dejado la vida han luchado frente a frente con las fuerzas de seguridad, han tomado o han querido tomar embajadas en un momento en que nos exterminaban, y ellas han dejado un legado”. Pero entre los nombres de Diana y Lohana, Lara mencionó a Marlen Wayar y enfatizó que “ellas tres han gestado el apocalipsis Travesti Transgénero Transexual. Son las tres amazonas travas que supieron desde la lucha territorial, la negociación política y la mirada de un más allá en la concepción de no ser más esta humanidad, la posibilidad de gestar el futuro que estamos tejiendo, un futuro trans, con multiplicidad identitaria y de géneros, donde los derechos sociales priman sobre los derechos económicos y políticos que tanto presionan al pueblo argentino.”

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