Por Romina Pesalaccia

El departamento de Ancasti, un paraíso catamarqueño ubicado a 90 km de la ciudad capital, es un lugar donde la naturaleza, en su estado más puro y con escasa intervención humana, conforma uno de los espacios con mayor biodiversidad de Catamarca. Con vastas extensiones de monte y bosque, se preserva como un pulmón verde indispensable en estos tiempos. Sin embargo, hay una realidad ineludible: desde hace años, esta región está siendo despojada de su agua. Tal es la gravedad de la situación que 2025 marca el tercer año consecutivo sin crecientes, con lluvias tan escasas que apenas logran aumentar el caudal de los ríos. El calor extremo de los últimos años, en directa relación con el aumento global de las temperaturas debido a la crisis climática, y la falta de recuperación hídrica por la ausencia de precipitaciones, dejan a estos ríos con apenas unos días de vida antes de convertirse en charcos estancados.

Ancasti y su población han mantenido una trayectoria de resistencia en defensa del agua. Desde la amenaza de la megaminería de litio hasta el desalojo de un feedlot que contaminó el cauce de uno de los arroyos más importantes de la zona, la sierra no está exenta de los extractivismos que saquean y envenenan los territorios. Manipular las lluvias es una forma más de explotación que asfixia al planeta y a la vida que sostiene.

“Cuando era chico, el río Anquincila no se podía ni cruzar. Había que ingeniárselas de todas las maneras posibles para atravesarlo”, relata Edgardo, vecino de Anquincila, una de las localidades serranas. “Las vertientes brotaban por todos lados, había meses en los que ni se podía salir de las casas en vehículo por la cantidad de barro”, recuerda, mirando al cielo. Nunca antes se había vivido un desequilibrio climático tan severo como el actual. Aunque de vez en cuando había alguna temporada seca, siempre llegaba la creciente para calmar tanta tierra agrietada.

El ciclo que ya no se renueva

La Sierra de Ancasti, con un clima predominantemente templado y húmedo en las zonas más altas, se caracterizaba por tener veranos cálidos y lluviosos e inviernos fríos y secos. Desde finales de noviembre hasta finales de febrero, ocurrían al menos tres grandes crecientes, con millones de litros de agua capaces de saciar la sed de la sierra. A partir de marzo, las lluvias otoñales saturaban la tierra. Incluso hubo años en los que el sol apenas se asomó en toda la temporada. Así, el Ancasti se cubría con la “nuboselva”, como se le llama en el lugar a la densa niebla que domina el paisaje.

Este ciclo de humedad daba paso a inviernos sin lluvias, pero con ríos cargados. En primavera, los vientos intensificaban la sequía, aunque el ciclo natural se renovaba, devolviendo vida a los veranos colmados de agua.  Y lo más importante es que estas condiciones climáticas alimentaban el ciclo de la vida, permitían a sus habitantes, cultivar hortalizas, maíz e incluso trigo, además de sostener la crianza de animales de pastura como vacas, ovejas y cabras, una actividad fundamental para la economía local.

Sin embargo, desde hace casi 20 años, estos ciclos dejaron de renovarse. Las causas son muchas y están relacionadas: fenómenos climáticos globales como El Niño y La Niña, la deforestación para el monocultivo en zonas limítrofes, que altera el clima de la región, y la crisis climática. Pero hay algo más que afecta a los cielos: la modificación del clima 

“Nos están cortando las lluvias”

Tras una gran sequía que alcanzó su punto más crítico en 2012, las vecinas y vecinos de la zona empezaron a movilizarse a través de diferentes asambleas y encuentros, realizando los primeros reclamos sobre la manipulación del clima que estaban viviendo. A principios de 2013, el ciclo del agua comenzó a recuperarse y, hacia finales de 2016, volvieron a fluir vertientes que llevaban años secas. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de esas vertientes se han vuelto a secar por completo.

“Una noche, a eso de las 2 de la mañana, estábamos en el patio viendo cómo se formaba la tormenta, con rayos y relámpagos, cuando de repente se escuchó el avión y, al minuto, el cielo se abrió”, cuenta Juan Manuel Carrizo, recordando un episodio de enero de 2024 mientras visitaba a su familia en la Villa de Anquincila. Agregó que esa no es la primera ni la única vez que se escucharon aviones desarmando tormentas. Este testimonio se repite una y otra vez; es una realidad innegable que está transformando el clima y la vida de toda una región que depende de las lluvias.

Este año, las y los vecinos de Ancasti fueron testigos de la formación de grandes tormentas. Mientras localidades vecinas sufrían temporales, como en Capayán y Fray Mamerto Esquiú, en Ancasti, entre los truenos, se escuchaban los motores de los aviones, y las tormentas desaparecían, a veces sin caer ni una gota de agua, y otras veces con lluvias extremadamente escasas. El panorama de este verano ha sido desolador: ríos completamente secos en plena temporada de lluvias, los cultivos reducidos a pequeñas plantas por la falta de humedad, o campos completamente agrietados y áridos. Los balnearios naturales que se forman en la temporada turística dejaron de existir, afectando gravemente la economía regional. Además, los cortes de agua también se hicieron presentes este verano, obligando a muchas localidades serranas a depender de camiones cisterna que recorren grandes distancias para entregar agua.

La manipulación del Clima: una realidad innegable

La manipulación del clima se produce en diferentes escalas globales. En nuestro país, se ha llevado a cabo principalmente a través de la siembra de nubes con el supuesto objetivo de mitigar el granizo. Esta técnica consiste en introducir yoduro de plata en las nubes, con el fin de reducir el tamaño de las gotas de lluvia y evitar la formación de granizo. En Mendoza, por ejemplo, el Sistema de Mitigación de Granizo ha empleado esta práctica durante décadas, dispersando el yoduro mediante aviones y generadores terrestres. Aunque algunos agricultores consideran que ha ayudado a proteger sus producciones, la efectividad a largo plazo es cuestionada. Además, existe preocupación por el posible impacto ambiental, ya que las intervenciones podrían estar alterando los ciclos naturales de lluvia y acumulando compuestos no deseados en los ecosistemas.

Cecilia Sustersic es Licenciada en Comunicación Social y docente en la Provincia de San Luis, especialista en Ambiente y Geoingeniería e integrante de la organización CLAMA (Cielos Limpios en América Monitor Ambiental), para ella, “empresarios agrícolas, mineros y otros sectores económicos recurren a estas herramientas para adaptar el clima a sus necesidades, lo que agrava la desigualdad y profundiza el impacto en comunidades vulnerables”. CLAMA es un movimiento integrado por personas de diferentes partes del país, y que trabaja en conjunto con organizaciones internacionales. Sus integrantes, que desde el año 2009 investigan y denuncian la manipulación climática, están acompañando a las comunidades afectadas de Argentina, especialmente en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

Una posibilidad ante tanto yoduro

En otras provincias como San Juan y San Luis, se han implementado leyes que regulan o prohíben la manipulación artificial del clima, especialmente en lo que respecta a la siembra de nubes y el uso de cañones antigranizo.

En mayo de 2024, la Legislatura de San Juan aprobó una ley que suspende por 30 meses el uso de cualquier técnica destinada a alterar artificialmente el ciclo hidrológico durante las etapas de condensación y precipitación. Antes de esta ley, el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo (MIPAC) expresó su preocupación ante los legisladores sobre el uso de tecnologías como los “rompetormentas”, que alteraban las precipitaciones en favor de ciertos intereses agrícolas, afectando a pequeñas comunidades y sus producciones.

En noviembre de 2024, San Luis también promulgó la Ley IX-1148, que prohíbe el uso de cualquier técnica, actividad, mecanismo, sistema o tecnología destinada a alterar o modificar artificialmente las fases atmosféricas del ciclo hidrológico, especialmente durante las etapas de condensación y precipitación. 

Estas leyes se lograron gracias a los esfuerzos articulados de las agrupaciones vecinales y comunidades que, hasta el día de hoy, siguen resistiendo para proteger los cielos limpios. Con este antecedente, en 2024, los habitantes de los Departamentos de Ancasti y Portezuelo, en Catamarca, llevaron a cabo un extenso monitoreo de sus cielos y denunciaron ante la Policía Aeroportuaria de Catamarca la presencia de aviones en la región en momentos previos a una precipitación, que luego fue desarmada. En ese contexto, realizaron un pedido de información, pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

Con la sequía en la Sierra de Ancasti cada vez más acuciante, vecinas y vecinos organizaron dos charlas informativas junto a la Licenciada Cecilia Sustersic, programadas para los días 28 y 29 de marzo en la Villa de Ancasti y Anquincila. Estas reuniones surgen con la urgencia de abordar de manera colectiva las alternativas para enfrentar esta grave problemática y evitar que las lluvias continúen siendo interrumpidas.

La situación en la Sierra es crítica, con un impacto que va más allá de lo local. La falta de lluvias y la disminución de las reservas de agua ponen en riesgo el acceso al agua potable en ciudades como Icaño y Recreo, que dependen directamente de las cuencas hídricas de la región. Ante esta realidad, es fundamental que las comunidades se informen, se organicen y actúen de manera colectiva. La manipulación climática es una realidad y forma parte de la serie de extractivismos que azotan nuestros territorios. Despojar a los pueblos del agua, interrumpiendo sus lluvias, es parte de una agenda de saqueo y entrega. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir las comunidades antes de que sus ríos se sequen por completo? Es urgente frenar este avance, encadenado como siempre a un sistema que agota los recursos vitales, la tierra y el agua.

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Una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía en Chile tiene relación con la grave crisis hídrica que afecta a parte importante del territorio. En ese sentido, la propuesta de nueva Carta Magna posiciona al agua como un derecho y un bien común inapropiable, crea una nueva institucionalidad con la Agencia Nacional del Agua y los Consejos de Cuencas, además de hacer un cambio radical desde los cuestionados “derechos de aprovechamiento” a las “autorizaciones de uso”.

• Por Camila Gonzalez

El plebiscito del 4 de septiembre se acerca velozmente y, con ello, las y los chilenos deberán votar si aprueban o rechazan la propuesta de carta fundamental elaborada por la Convención Constitucional. Existe mucha expectación en diversos sectores, sobre todo por la situación medioambiental de Chile y los avances que propone el texto en esta materia.

De hecho, la posibilidad de contar con una nueva Constitución se ha visto como una oportunidad histórica para generar cambios en materias como el agua, sobre todo por la grave crisis hídrica que afecta a parte importante de Chile, asociada a fenómenos como la sequía y la escasez hídrica (que se debe, en gran parte, a la acción humana). El problema es que el escenario de cambio climático aumenta aún más los riesgos. Por lo mismo, una de las primeras declaraciones de la Convención Constitucional fue el reconocimiento de que la carta fundamental se “escribe en un contexto de emergencia climática y ecológica”.

De esa manera, la propuesta de carta fundamental busca cambiar la forma en que se asegura y gestiona este importante elemento en el país, ante los cuestionamientos sobre la administración actual. Esto se explica, en parte, porque “la actual Constitución de Chile hace referencia a los derechos de aprovechamiento de aguas y garantiza su propiedad, pero no hace referencia al agua en sí”, afirma María Luisa Baltra, profesora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Católica (UC).

Por ello, en el proyecto “Cambio climático y nueva Constitución”, de Climate Tracker y FES Chile, te contamos las principales propuestas en materia hídrica que contiene la nueva carta fundamental, desde la creación de la Agencia Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca; la definición del agua como un derecho y un bien común inapropiable; el paso de derechos de aprovechamiento a autorizaciones de uso; y una breve visión del panorama internacional.

El agua en la legislación actual

La actual Constitución de la República de Chile data del año 1980, en el contexto de la dictadura de Augusto Pinochet, y fue escrita por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, conocida como Comisión Ortúzar. Luego, recibió modificaciones del Consejo de Estado, finalizando en las manos de la Junta de Gobierno, donde alcanzó su redacción final.

Un inicio muy distinto tuvo la propuesta escrita por la Convención Constitucional, la cual surgió tras el denominado “estallido social” que comenzó en octubre de 2019, derivando luego en un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” y un Plebiscito en el que ganó la opción de redactar una nueva propuesta de carta fundamental, a través de una Convención Constituyente compuesta por 155 personas elegidas por sufragio popular.

De esa manera, el pasado 4 de julio la Convención presentó la nueva propuesta, que busca reemplazar la Constitución vigente que, efectivamente, contiene la palabra “agua” solo en el Capítulo III de los Derechos y Deberes Constitucionales, en el artículo 19, en su inciso 24º, que establece “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. Es aquí donde plasma que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

Es decir, desde el primer momento, propone un énfasis de propiedad y eso se destaca, incluso, a nivel internacional, según el análisis “Agua y Constitución” del Centro de Derecho y Gestión del Agua de la UC, tras la revisión de 92 constituciones. “Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas”, destacan en una nota.

En esa línea, Baltra especifica que, “de acuerdo con lo que establece el Código de Aguas, el agua terrestre (sea superficial o subterránea), en cualquiera de sus estados, es un bien nacional de uso público”, esto es, que pertenece a la nación, y “quien quiera aprovecharla requiere de un título que lo permita”. Este título puede ser constituido por la autoridad o por situaciones reconocidas por la ley.

Para ambos casos, “se crea un derecho de aprovechamiento de las aguas en favor de una persona natural o jurídica”. Además, “quedan sujetos a los límites que fije la ley o las limitaciones que las autoridades fijen, para cumplir con las funciones que el agua tiene, especialmente en materia de subsistencia humana y preservación ecosistémica”, destaca la experta.

Utilizando otras palabras, en la actualidad es el Código de Aguas y no la Constitución vigente la que estipula la utilización y otros temas relacionados con la materia hídrica.

El protagonismo del agua en la nueva Constitución

En la propuesta de nueva Constitución, el tema hídrico tiene un rol protagónico y completamente diferente al actual. La visión social y ecosistémica trasciende en todo el texto. De hecho, la palabra “agua” aparece decenas de veces y hay un capítulo completo dedicado al “Estatuto de las aguas”, entre los artículos 140 y 144, en un contraste brutal con el nulo trato en el texto constitucional vigente.

También la propuesta pone un mayor foco en la descentralización. Un artículo que refleja ese espíritu es el 141, que establece: “El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos”.

Asimismo, el ex convencional y otrora coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, Juan José Martin, destaca el cambio en la definición de este elemento, contemplándolo como un bien común natural inapropiable. Esto implica que “se le da un deber de custodia especial del Estado” y, además, “no solo es inapropiable por sí misma como elemento, sino que ahora también se inapropiabiliza su uso y se establece expresamente que, para poder utilizarlo, se hace a través de autorizaciones administrativas”.

Para Martin, este punto constituye un cambio sustancial ya que, actualmente, la gestión del agua se hace a través de un derecho de aprovechamiento que tiene “propiedad”, es decir, el elemento está “privatizado en su uso”. En cambio, este bien común y su utilización no funcionan bajo el “régimen de propiedad” en el nuevo texto constitucional.

El siguiente cambio importante consiste en la nueva institucionalidad. De partida, se crea la Agencia Nacional del Agua (ANA), “órgano autónomo que toma decisiones de carácter más técnico”. Va a ser el encargado de “la gestión a nivel nacional del agua y de dar las directrices generales, de autorizar y fiscalizar el cumplimiento de las responsabilidades que implican las autorizaciones de uso de agua”, que son las que reemplazan a los derechos de aprovechamiento.

Acá también destaca la creación de los Consejos de Cuenca, los que “serán los responsables de la administración de las aguas”, y serán integrados por lo menos por los titulares de autorizaciones de uso de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca (Artículo 143).

Otros elementos diferenciadores, destacados por el ex constituyente, es que “se protegen las fuentes del agua, especialmente los glaciares, los humedales y también ecosistemas prioritarios que influyen en el ciclo del agua como los bosques”. Además, se reconoció “el derecho humano al agua y al saneamiento y el derecho a la naturaleza, y sus ciclos naturales”.

La transición de los derechos a los usos de agua

Uno de los principales cambios que contempla el documento que debe votar la ciudadanía es la transición desde los “derechos” a los “usos” de agua, lo que nos remite al Artículo 142: “El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua (ANA), de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”.

De hecho, dentro de las atribuciones específicas de esta institución, se destaca que va a “otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua”.

El codirector del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales (UDP), Matías Guiloff, reflexiona que “venimos de un modelo que ayudó en su momento, pero que, sin lugar a dudas, en este momento donde enfrentamos crisis climática e incertidumbre, es un modelo que ya no se encuentra en sintonía con los tiempos”. Este último punto no es menor, ya que Chile cumple con 7 de los 9 factores de vulnerabilidad ante el cambio climático, definidos por Naciones Unidas.

Guiloff considera que la propuesta constitucional en materia hídrica es un avance importante, pues “no tiene este defecto y ello se debe a que es una que articula de mejor manera el dilema entre estabilidad, certeza y flexibilidad, lo que se requiere para una adecuada gestión del agua”.

Hay que recordar que los derechos de aprovechamiento, bajo el marco del Código de Aguas, poseían una gran estabilidad, y esto dificultaba introducir reformas. “Solo se logró por primera vez, luego de 25 años, y se volvió a lograr el año pasado, pero sigue habiendo un núcleo de rigidez tratándose de los derechos que se asignaron antes de esta reforma”, precisa el profesional.

Por su parte, el abogado del área de Incidencia de ONG FIMA, Felipe Perillán, también coincide en que es un progreso significativo, ya que robustece la institucionalidad, incorpora nuevos actores (en la administración) y devuelve la calidad de bien inapropiable al elemento. Sobre lo último, crítica que, con la Constitución de 1980, “se admite que hay propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, que se traduce en la práctica en tener propiedad sobre el agua y que ha generado los mercados de las aguas y la especulación al respecto”.

“Las autorizaciones del uso del agua buscan terminar con ese problema y consideran causales de caducidad, causales de revocación, establecen los usos determinados”, recalca Perillán, y agrega que “esto no es algo nuevo a nivel internacional, de hecho, es la regla general que el aprovechamiento del agua se otorgue a través de autorizaciones administrativas de uso y que no se entregue el agua en propiedad”.

Guiloff complementa este punto: “En Estados Unidos también hay permisos (…) uno tiene que aplicar para un permiso, así ha ocurrido con las reformas regulatorias más modernas. Hay que aplicar para un permiso y esos permisos quedan sujetos a análogas limitaciones de las que aquí se están sujetando con estas nuevas autorizaciones”.

¿Cuál es la situación del agua en otros países?

A nivel internacional, los estándares sobre este elemento han ido creciendo. Así lo demuestra la inclusión del concepto en múltiples constituciones del mundo y bajo diferentes preceptos.

Este avance medioambiental podría poner a Chile en un lugar destacado a nivel regional. Al revisar el informe “Hacia una Constitución Ecológica” de ONG FIMA, Oceana y la UDP, se muestra cuál es la situación del agua en otros países del mundo.

Como se puede leer en el documento, el derecho humano al agua se ha ido instalando a nivel constitucional en múltiples países del mundo, y en Latinoamérica se ha contemplado expresamente, por ejemplo, en Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

De todas ellas se pueden identificar factores comunes relevantes. Por un lado, se advierte que, mientras las disposiciones de Ecuador, Sudáfrica y Egipto relacionan el reconocimiento del derecho humano al agua con el “derecho a la alimentación”, las constituciones en Egipto y Uruguay lo vinculan a la salud, la vida o el medio ambiente.

Este último país sudamericano es un gran ejemplo en la materia, en donde “se observa la relación que se hace entre el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas”. Junto con ello, se aborda la existencia de una política nacional de aguas y saneamiento, basada en el ordenamiento del territorio, la conservación y protección del medio ambiente, y la restauración de la naturaleza.

Además, en Uruguay se refieren a la “gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y a la preservación del ciclo hidrológico”, y aluden al establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas. También indica que, para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, se deben anteponer los intereses sociales a los económicos, para terminar por señalar que el agua superficial y subterránea forma parte del dominio público estatal e hidráulico.

De esa manera, la propuesta constitucional chilena se pone a tono con el escenario internacional, pero, pese a los avances que destacan los expertos, su contenido ha sido rechazado por algunos actores de la sociedad, lo que ha provocado la proliferación de informaciones falsas y engañosas.

La propagación de desinformaciones

Al igual que con otros asuntos, han circulado algunas informaciones dudosas, incluyendo afirmaciones de que se tendrá que “pedir permiso a los pueblos indígenas para tener acceso al agua” o “que se eliminarán derechos de agua a agricultores”. Sin embargo, nada de aquello es verdadero.

Camila Zárate, la ex coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, recalcó que aquello es “totalmente falso”. Sobre el supuesto “permiso de los pueblos indígenas para tener acceso al agua”, aclara que en el texto constitucional los pueblos originarios tienen un reconocimiento del “uso ancestral del agua, el que tiene que ver con lo espiritual y sus distintas formas de utilización”.

La norma a la que hace referencia la ex convencional es el Artículo 58, que reza: “La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en territorio indígena o autonomías territoriales indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento”.

Sin embargo, ese es un reconocimiento separado, pues “los pueblos indígenas no tienen ninguna potestad para poder determinar los usos de las aguas”, detalla Zárate. Aquellos que estarán a cargo de este tema son la nueva Agencia Nacional de Aguas y los Consejos de Cuenca.

Hay que añadir en este punto que la propuesta constitucional asegura el derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas, así también como su uso razonable y otros puntos más, por lo que eso prevalecería.

Otro ejemplo de las desinformaciones planteaba que se iban a “eliminar los derechos de agricultores”, pero nuevamente la representante del Distrito 7 paró las especulaciones, recordando que el texto propone una transición hacia la figura de “autorización”, permitiendo que los derechos otorgados se mantengan con otra forma.

Es interesante mencionar en este punto que, según las últimas informaciones del reporte de donaciones que publica el Servicio Electoral (Servel), la campaña del Apruebo acumula $247.225.253, mientras la cruzada del Rechazo la supera, alcanzando los $918.374.920. Un dato adicional es que algunos financistas de esta opción son empresarios de la agroindustria, como es el caso de Ítalo Zunino, principal donante y empresario agrícola.

Junto con aquello, el mes recién pasado un grupo de organizaciones de dueños de aguas y que decían representar “directa e indirectamente, a aproximadamente 500.000 usuarios de aguas existentes a lo largo y ancho de nuestro país”, criticaban la propuesta. Señalando “graves problemáticas”, entre ellas “la eliminación de la titularidad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas”, “el debilitamiento de los usos productivos”, y el reemplazo de los derechos de aprovechamiento de aguas por autorizaciones de uso, las cuales tildaron de “precarias, intransferibles, de fin único y cuyo otorgamiento y mantención dependerán finalmente del funcionario estatal de turno”.

De hecho, sobre un posible proceso de redistribución, la ex convencional, comenta que sería algo que podría afectar a “grandes propietarios” porque los pequeños están totalmente protegidos, e, incluso, dicha desconcentración hídrica podría terminar beneficiándolos.

En el segundo inciso de la Norma Transitoria Trigésima Sexta, se estipula que “esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores; comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados”.

En esa línea, Guiloff es enfático en que se “deja esas autorizaciones en manos de las mismas personas que antes eran dueños de derechos, o sea, no pierden el uso del agua. Lo que sí pierden es lo favorable que era el régimen legal de los derechos porque el Estado casi no tenía potestad y todas las decisiones de uso dependían básicamente de lo que decidiera el dueño de los derechos”.

El camino para una futura implementación

Siguiendo con los cambios en la normativa del agua, de ganar la opción “Apruebo” en el plebiscito de salida se implementarán diversas modificaciones, pero aquello ocurriría de forma “paulatina”.

Dentro de las Normas Transitorias de la nueva Constitución, hay distintas disposiciones que hablan sobre esto, comenzando con la Trigésima Cuarta que menciona entre sus líneas: “En un plazo de doce meses, el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional del Agua y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas”.

Al respecto, Zárate destaca la importancia de los artículos transitorios que permitirán la implementación de esta nueva institucionalidad, principalmente de la Agencia Nacional de Aguas que va a reemplazar a la Dirección General de Aguas (DGA), y que coordinaría una “administración ecológicamente sustentable de las aguas en nuestro país”.

Esa misma norma se hace cargo de “establecer las reglas de los Consejos de Cuencas que se ocupa de la administración de las aguas y que tendrá un enfoque integral”. La implementación de ésta va a depender de la nueva legislación que se cree.

Sobre la transición del mecanismo, Martin explica que “todos los derechos de aprovechamiento van a ser automáticamente autorizaciones de uso, eso implica que todos los que hoy tienen derecho de aprovechamiento no tienen que volver a postular, ni tienen que entrar en un trámite engorroso, ni nada. En el fondo, no se van a quedar sin el agua que hoy tienen”.

Lo anterior está textualmente en la normativa Trigésima Quinta, que plantea que “todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua”, y que hasta que no se dicte la legislación nueva, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas.

En definitiva, son múltiples las modificaciones que implicaría en materia hídrica la nueva propuesta de carta fundamental, tanto en términos legislativos, institucionales, ambientales y sociales. Su futura implementación queda sujeta, entonces, a lo que ocurra el próximo domingo 4 de septiembre, cuando la ciudadanía decida si apuesta por cambios en este y otros temas, o si prefiere mantener la Constitución que rige desde los 80.

Este texto fue producido con apoyo de Climate Tracker

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Por Vivian Palmbaum / Foto por El Regional de Villa María

La Campaña Plurinacional viene realizando semanalmente conversatorios, donde también se hicieron parte académicos y representantes de la ciencia digna, docentes, pueblos originarios y habitantes de distintas latitudes de nuestro país.

Entrevistamos a la educadora Marta Maffei, una de las referentas de la Campaña. Ella es una histórica militante y dirigente docente, reconocida por haber enfrentado las políticas neoliberales del consenso de Washington y haber formado parte de la Carpa Blanca, que le pusieron el cuerpo para resistir las políticas del FMI de destrucción de nuestro sistema educativo. Fue diputada nacional entre los años 2003 y 2007,  autora de la ley de glaciares entre otros tantos proyectos que marcaron la agenda medioambiental del país.

-¿Porque es tan importante luchar en defensa del agua?

-La vida terrestre está adaptada al agua dulce que no llega a ser el 3% de toda el agua planetaria, algo más del 97% es agua salada. En ese medio se desarrolla la vida oceánica o marina (paltas, animales, organismos, adaptados al agua salobre). Esa vida marina ha sido el origen de la mayoría de las formas de vida que luego evolucionaron como organismos terrestres o anfibios y es nuestra gran fuente de oxígeno.

Pero los humanos y millones de especies terrestres, vivimos en total dependencia del agua dulce. Todos nuestros cuerpos son, entre un 60 y un 90 por ciento, agua. Es por tanto un bien escaso, indispensable para toda vida y todas las vidas. Es la clave de nuestra subsistencia y la de todos los ecosistemas terrestres. Sin agua no hay vida. Y acceder al agua está indisolublemente ligado a la capacidad humana de cuidar y proteger el agua para todos.

Un tercio de la población mundial, más de dos mil millones de personas, padecen insuficiencia o mala calidad de agua. El agua está en directa conexión con la salud y la pandemia ya se encargó de hacernos comprender ese vínculo.

Por eso defender el agua es defender la vida y la salud. Hemos peleado años para que el acceso al agua potable sea considerado un derecho humano esencial.

-¿Qué podemos vislumbrar detrás de la apropiación de este recurso indispensable para la vida?

-La destrucción de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, la contaminación, se aceleran con emprendimientos sostenidos en el uso intensivo del agua como el fracking, la megaminería, la agroindustria, las repesas. Todos en franco litigio con la necesidad de asegurar el acceso universal y uso sostenible del agua para el funcionamiento de los ecosistemas y la vida de todos los seres que los habitamos.

La manipulación de la tierra por parte de los grupos económicos pone en jaque la provisión de agua segura para los pueblos, para el saneamiento ambiental y para la vida de los ecosistemas.

Si seguimos con este modo antropocéntrico de habitar el planeta solo podemos esperar dolor.

-¿Por qué en la región Nuestra Americana es tan importante la lucha por el agua? 

-Nuestra América está fuertemente golpeada por el extractivismo, el saqueo, la destrucción de ecosistemas y el endeudamiento externo que es también una presión constante para liberar los territorios a favor de las demandas corporativas. Sobran ejemplos desde la tala indiscriminada de bosques y selvas, los incendios, la pérdida de humedales, la explotación comercial de los cursos de agua, tierras arrasadas, suelos desertificados, sequías e inundaciones imparables.

Nuestros pueblos lo saben y resisten. Disputan el agua, su agua para vivir. Saben que, cuando pelean un bien indispensable y escaso como este, la disyuntiva es cada vez más rigurosa: agua para la vida o agua para los negocios.

Las estrategias, los tiempos de las luchas tienen las urgencias que ni la política ni la academia parecen tener. Nuestra gente disputa espacios vitales contra enemigos poderosos. Enfrenta el despojo avasallante de sus bienes y sus territorios. Tienen tiempos cortos para ponerle freno a la ambición y pocos aliados fuera de sus propios vecinos.

Tienen heridas, las normas que le otorgan la palabra son perversamente conculcadas, por eso las resistencias sociales más o menos organizadas, se acompañan de la porfiada observación de la realidad, de miradas comprometidas, de experiencias negativas y solidaridades entre excluidos. Son su defensa visceral ante la mentira y el atropello. Sus sentires son muchas veces la única herramienta que el poder no puede arrebatarles. Y dan pelea por su agua, por sus territorios, por su derecho a vivir sus vidas.

Más de la mitad de los crímenes de luchadores ambientales en el mundo, ocurren en Nuestra América. Hasta el 2018, de los 164 asesinatos mundiales, 83 ocurrieron en nuestros territorios. Pero todos estos años no han sido solo resistencias, han construido conocimientos enriquecedores, densos, surgidos a la propia comunidad. Conocimientos que históricamente han sido negados, invisibilizados o subvalorados por el “conocimiento oficial” lineal con los intereses corporativos, la tecnocracia estatal, la ciencia y la tecnología puestos al servicio de la dominación.

-¿El campo de las luchas ambientales está muy fragmentado? ¿Cuál es la salida?

-La fragmentación es parte de la multiplicidad de frentes abiertos por la ambición y la voracidad del capital. Pero las luchas armonizan y van directo a la construcción de nuevas miradas, nuevos actores, nuevas articulaciones. Los caminos populares son diversos pero confluyentes, son los alertas hacia un imprescindible cambio de paradigma forjado por las gentes que terminan viendo lo mismo, sufriendo lo mismo y resistiendo lo mismo de mil maneras distintas, para recuperar la armonía, la justicia social y ambiental en sus relaciones con la naturaleza, el buen vivir, la economía, la política y la cultura.

Nuevas lecciones contra las privatizaciones, la mercantilización y el despojo de las aguas y los bienes de los pueblos.

Nuestros pueblos saben que no es tiempo de ser auto-complacientes y en las luchas han aprendido mucho de las formas de cooptación, de las mentiras del trabajo, el crecimiento, el desarrollo y todo el palabrerío esgrimido. Son aprendizajes claves para resistir, para poder re-existir. Muchos de esos luchadores nos enseñan a ser como el agua: transparentes y en movimiento. A no someternos, a no resignarnos, a no naturalizar, a ser libres, a buscar nuestro cauce.

-¿Una consulta popular por el agua sería un modo de construir conciencia?

-Desde el espacio”Gane Quien Gane”, un grupo de amigos de distinta procedencia pero con largo historial en el campo de las luchas populares (compañeros del SERPAJ, Diálogo 2000, CTA, ONGs ambientalistas, científicos) nos hemos fijado como objetivo central dar visibilidad a la problemática socioambiental que nos atraviesa, con total autonomía de cualquier color político. Para articular las luchas, informar y comprometer a la sociedad en busca de soluciones concretas: políticas, sociales, económicas, culturales, para salir de la contaminación, el saqueo y la destrucción de los ecosistemas en que estamos inmersos.

En el grupo, decidimos dedicar este año 2021 a la “Campaña plurinacional en defensa del agua para la vida”. El agua nos atraviesa y atraviesa también a la mayor parte de las problemáticas que señalamos.

Estamos trabajando, valiéndonos de las herramientas que nos permite la pandemia, para visibilizar los conflictos del agua: conferencias, charlas sobre Represas, Hidrovía, Megagranjas, Megaminería, Litio, Agroindustria, agrotóxicos y transgénicos, Mar, pesca y soberanía, Hidrocarburos, Fracking.

Vamos realizar una consulta popular que ayude a socializar la problemática, sus causas y soluciones a tomar conciencia del riesgo, desplazando la indiferencia o la naturalización del desastre.

Esperamos realizarla antes de las elecciones de medio término e involucrar a la mayor parte de la población.

[i] Podes seguir la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua por las redes facebook, twitter e instagram

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Por Guadalupe Duprat en co-autoría con Florencia Goldsman / Fotos: Huayra Bello

Atit-lan, abuela lago, sagrada, patrimonio ancestral, espejo blanco. La cuenca del lago Atitlán recoge infinitas significaciones vinculadas con su riqueza natural e histórica. La profundidad de su cuenca es inalcanzable tal como los lazos afectivos que las comunidades locales tienen con su historia viva y la conexión con el agua, fuente de vida.

Sin embargo, en épocas de neo-extractivismo feroz, los pronósticos de escasez de agua a nivel mundial en el contexto de calentamiento global son cada día mas palpables. Los caudales del Lago Atitlán, así como otras reservas de ríos y afluentes diversos, no están exceptuados de la mirada empresarial que los convierte en mercancía, fuente de negocios para algunos y de beneficios ilimitados para las élites dominantes locales y extranjeras.

El pasado 12 de octubre la Alianza de Autoridades Ancestrales del Departamento de Sololá 13 Imox hizo una invitación memorable y convidó a través de redes sociales y mensajería a la “Declaración del Lago Atitlán como ser vivo”. Las autoridades indígenas, representando a sus comunidades, fueron directas: “El agua no se reduce al compuesto de hidrógeno y oxígeno que se encuentra íntimamente vinculado a la vida vegetal y a los fenómenos generales. Al agua se les respeta, se le habla, se le conversa, se le acaricia, se le transmite alegría y tristezas”.

Así la alianza de autoridades ancestrales “Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox” del departamento de Sololá. en coordinación con la Asamblea de los pueblos, agua, vida y territorio. los pueblos originarios y mestizos de los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiche, Retalhuleu, Suchitepequez, San Marcos, Sololá, Guatemala, Hueguetenango, presionaron una vez mas sobre un punto clave: el respeto a las decisiones comunitarias y al derecho ambiental indígena que, reforzado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por 22 Estados, Guatemala entre otros, prioriza la “consulta previa” que debe ser llevada “de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias, con el objetivo de conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas” como tala, agronegocios, o minería en territorios indígenas.

Maggi García es una joven maya comunicadora integrante de la Alianza Ajpop Tinamit Oxlajuj Imox. Consultada por La Cuerda acerca de cómo entienden las comunidades locales el proyecto del mega colector, explicó: “el mega colector es una propuesta, supuestamente, para salvar el Lago de Atitlán que la está presentando Amigos del Lago, una ONG creada hace 25 años atrás para limpiar el lago. Vemos hoy que 25 años después seguimos jodidos. Esta organización recibe fondos locales, internacionales y no sabemos qué han hecho con estos fondos. Es una organización que está formada por personas dueñas de empresas, dueñas de ingenios de azúcar, dueñas de monocultivos, de fincas de café, cementeras y cervecería centroamericana. Toda esta gente de la cúpula pertenece a un grupo poderoso que históricamente ha sometido al pueblo de Guatemala”.

La Alianza Ajpop Tnamit Oxlajuj Imox ante la pregunta ¿qué es el mega colector? señala que es un titánico proyecto que consta de una tubería de aproximadamente 1 metro de diámetro que se extenderá sumergida cerca de la orilla del lago y alcanzará alrededor de 50 km de largo alrededor de toda la circunsferencia de Atitlán, en donde se intentarían conducir todas las aguas residuales. Una megatubería que significa una inversión inusitada pues contempla una enorme infraestructura.
“No es solamente en la cuenca baja sino también en la cuenca alta: todo el departamento de Sololá. Todas estas aguas residuales van ahí y luego las trasladan al punto mas bajo de la cuenca que es aquí en San Lucas Tolimán donde estamos. Esto significa que uniría toda esta tubería a lo que es la Costa Sur. Llevaría el agua negra hasta una finca que se llama San Julián y ahí hacer una mega planta de tratamiento, con espacio de 1031 hectáreas y ahí establecer la planta de tratamiento, limpiar las plantas residuales de los lodos”. La agrupación señala que a lo largo de todo el proyecto no se pensó en la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, mucho menos en la reutilización de recursos como el agua, los lodos y la energía eléctrica que se proyecta producir mediante la re-conducción de las aguas.

García da mas detalles acerca de la planificación de esta obra pública que no toma en cuenta a las poblaciones locales: “¿Qué se puede hacer con los lodos? Abono orgánico pero no se está pensando que ese abono pueda utilizarlo las comunidades. Se está pensando más bien en darle todos estos deshechos a las fincas de café y ¿quiénes son los dueños? Los finqueros quienes mas hacen explotación laboral y explotación infantil a nivel nacional. Al separar el agua del lodo queda el agua restante ¿qué se va a hacer con esta agua? Pasarla por cinco hidroeléctricas generando energía eléctrica. ¿Qué van a hacer con esta energía? No se la van a dar a comunidades que no tienen para pagar la energía, si no que van a venderla solo a personas privadas sino a personas particulares. Siempre para ingenios de azúcar de la costa sur, fincas de café ¿quiénes son los dueños? Amigos del Lago. Ahí vemos el hilo conductor de todo esto”.

Falsa alarma en los medios de comunicación

Los medios de comunicación masivos alimentan el caldo de cultivo, construyen una situación de urgencia que abona la idea de que el proyecto del megacolector no solo es urgente sino que sería la única solución posible: “Con millonario proyecto pretenden salvar el Lago de Atitlán (Prensa Libre, octubre 2017), “Un lago pide a gritos que lo salven de morir” (El Periodico, marzo 2019).

No obstante, Juan Skinner, ingeniero agrónomo con estudios en ordenamiento territorial, desarrollo local y turismo y miembro del International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) desde hace 12 años, primer director de AMSCLAE (Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno), hace 25 años que vive en Panajachel suena otras alarmas: la de la justicia ambiental y el respeto por las decisiones autónomas de las comunidades indígenas. “El problema es de justicia ambiental y de gobernabilidad, ese es el mayor nudo en el manejo sostenible del lago. En cuanto justicia ambiental significa que no se debe regular sin la participación de la población. Se debe tener participación popular en la búsqueda de soluciones”.

Para Skinner el problema de contaminación existe pero hay un señalamiento erróneo e interesado de las causas. Según su opinión la organización Amigos del Lago “ha exagerado su dimensión para tratar de justificar el proyecto. ¿Por qué no controlan los pesticidas que están en el mercado que se prohibieron desde los años 70 y principios de los 80 en Europa y Estados Unidos?”
Para este científico local, el mega proyecto está trunco desde el inicio porque no ha buscado un diálogo verdadero con las comunidades y, a seis años del inicio de los debates acerca del mismo no logra justificar cuáles son sus bases fundamentales: cómo convencerán a las familias locales de ingresar una tubería en la intimidad de sus casas, de dónde y cómo financiarán la construcción de una tubería de colosal tamaño, y cuáles son las formas de administración que sostendrá un proyecto de administración del agua que busca centralizar la toma de decisiones mas que distribuirla.

Skinner señala que según recientes estudios, que acentúan una mirada interdisciplinaria del asunto, las “organizaciones indígenas comienzan a sentir el ataque, la imposición. Primero la difamación de su territorio y sus recursos. Segundo, la imposición de un mega proyecto que supuestamente resuelve el problema de aguas residuales e incluye desechos humanos (excretas y orina) pero crea otro problema mas grave que es el potencial de sobre-extracción de agua del lago. Este es el mayor problema de lagos del mundo: que se los chupen secos. Hay que pensar también que en todo el mundo hay cientos de proyectos que han creado conflictos ambientales de gobiernos y entes privados queriendo extraer aguas de territorios indígenas y eso es innegable”.

Mujeres rurales y acceso al agua

El acceso al agua no se explica por su abundancia o escasez, sino mas bien por la manera cómo se organiza la sociedad, quiénes toman las decisiones, con qué criterios se distribuye el agua y quiénes detentan el poder sobre ese bien común. Es válido pensar el binario agua-territorio como un concepto que no piensa el agua y el territorio como equivalentes, sino desde su inseparabilidad.

Olga Umul es una defensora de los derechos de las mujeres de San Lucas Tolimán. “Ya tengo aproximadamente 22 años trabajando en favor de las mujeres y ahora hemos iniciado la lucha en defensa del territorio, básicamente defendiendo nuestro lago, nuestra abuela ya que de ella vivimos y dependemos. Entonces estamos en esa lucha social en defensa de todas y todas”.

Consultada acerca de cómo les afecta especialmente a las mujeres el conflicto actual respecto del agua en Atitlán, Olga señala que a las mujeres les afecta el problema directamente porque muchas son jefas de hogar “tenemos que ver cómo abastecernos pues nosotras cuidamos a los niños y tristemente la recarga de trabajo ha sido para las mujeres. Estamos en la lucha para que hombres y mujeres nos dividamos esa tarea y mientras seguimos en esa lucha nosotras somos las primeras que vemos el problema. Desde que nos levantamos lo primero que buscamos es el agua para lavarnos las manos, el rostro, y también para empezar a cocinar los alimentos. Ponemos el café. El agua es lo primero que necesitamos, tenemos que ver cómo limpiar el agua utilizando los conocimientos ancestrales de nuestras abuelas para poder limpiar el agua y utilizarla limpia”.

Hay un componente político de la vida cotidiana y el agua, teniendo en cuenta cuenta lo que señala la organización Agua y Vida (https://aguayvida.org.mx) que se observa en la falta de acceso a la cantidad y calidad adecuadas: “las mujeres rurales son vistas como beneficiarias o consumidoras del agua y no como principales usuarias, cuidadoras, administradoras o tomadoras de decisiones en los ámbitos doméstico y familiar. De ello se ha derivado una limitada o nula representatividad y participación de las mujeres en las asambleas comunitarias”.

Para las defensoras del territorio como García o Umul no quedan otras opciones que estar en pie de guerra ante el avance extractivista. “Estamos sensibilizando a la población y diciendo: en mi caso yo no tengo miedo. Si hay que dar la vida la damos por defender el lago, por las mujeres, seguimos, aquí estamos. Si hay mujeres que dieron su vida por este espacio, aquí estamos la otra generación y estamos viendo como las y los jóvenes se involucran, se suman a la lucha. Para cuando no estemos nosotras queden ellas trabajando y defendiendo esos Derechos Humanos”.

RECUADROS
Declaratoria de la Alianza de Autoridades Ancestrales del Departamento de Sololá (extracto):
La gestión del agua basada en nuestras comunidades tiene una connotación sagrada que se respeta y se basa en una cosmovisión que reconoce como sistema vivo, significa la vida. En la ceremonia, el agua es potencia siempre presente y por ello se busca co-relacionar la conciencia humana con la conciencia del agua criatura – universo. El agua no se reduce al compuesto de hidrógeno y oxígeno, se encuentra íntimamente vinculada a la vida vegetal y a los fenómenos siderales. Todo mundo sabe que el agua siente, reflexiona, llora y también se en tristeza, nosotros los pueblos originarios de Guatemala, no somos ajeno a estas prácticas, nuestra relación con el agua es profunda, mística, sagrada y motivo de respeto.

Declaramos:
Al agua como un ser vivo debido a que no existe manifestación de vida en la tierra que no necesite agua.

Al agua como elemento sagrado, fuente de vida y derecho colectivo.

Que todas las personas como seres vivos tenemos derecho al agua, pero sin fines comerciales.

Los lugares sagrados se deben respetar y no es permitido profanar por intereses económicos.

“Atit’ Tlán” (Abuela Lago), un ser vivo, sagrado y sujeto de derecho colectivo.
San Lucas Tolimán, 12 de octubre de 2019.

Verdaderas causas de la contaminación

Tanto el científico Juan Skinner como la profesora en ciencias de medio ambiente Jessica Kind coinciden en que las explicaciones acerca de la polución en el lago son multicausales. “La cianobacteria es una sobre-población, entre muchas otras que hay en el lago, entonces hay un desequilibrio ecológico a consecuencia de la introducción de un pez exótico invasor, la carpa asiática (la tercera especie invasora en lagos mas peligrosa del mundo). La introdujeron aquí en el 99 como un proyecto para hacerse de financiamiento internacional y aumentaron así los problemas ambientales. Actualmente el mas grave de los problemas se relaciona con el uso de agrotóxicos en el área y en la zona de la costa sur”.
Kind se pregunta acerca de temas principales que no han sido aclarados por los difusores del proyecto del mega colector: hay dudas sobre cómo será el acceso al agua, de qué manera se construirá el sistema de tubería y cómo se reducirá el uso de los agrotóxicos y de la presencia de fósforo, componente que proviene del uso intensivo de fertilizantes. “Creo que hay un problema de muchas capas. No hay una sola fuente de contaminación en el lago, hay una enorme cantidad de agua no filtrada que va al lago (aproximadamente 500 litros por segundo). La otra gran fuente de contaminación es la que viene de la agricultura, para solucionar este problema se necesita tener en cuenta cuestiones vinculadas a los perjuicios del monocultivo, la implementación del sistemas de terrazas, y de qué manera ampliar la biodiversidad para estabilizar la tierra. Vemos un uso masivo de pesticidas, funguicidas y fertilizantes que trae, como consecuencia, menos tierra fértil”.

Jessica Kind “El futuro está en los baños secos”
La científica alemana, trabaja como consultora y profesora en el área del Lago Atitlán, se especializa en ciencias medioambientales, es Doctora en geofísica y se desempeñó en el ámbito académico en Suiza durante 15 años. “El futuro del saneamiento son los baños secos. Creo que es un enorme gasto que estemos contaminando con nuestras heces el agua potable. Estamos contaminando el agua para beber, especialmente en lugares en que el agua es escasa y en donde después tienes que limpiar esa misma agua. ¡Piénsalo otra vez! Primero hacemos caca en el agua para beber y después estamos intentando limpiarla para beberla de nuevo. No suena muy astuto. Los nuevos sistemas de saneamiento deberían considerar soluciones secas en donde no hay agua involucrada. A nivel social antes de implementar un proyecto es importante explicar a las personas por qué se quiere llevar adelante. Hasta que las personas no entiendan por qué tienen que cambiar sus hábitos y sus conductas, no lo harán. Para mí la educación sobre el medio ambiente es lo mas importante que podemos hacer aquí. Hasta que lleguemos a un nivel en que las personas entiendan que hay un problema ambiental, un problema con la tierra, con la calidad del aire, podremos empezar a implementar otros proyectos”.

Artículo publicado originalmente en La Cuerda.gt

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En El Salvador la lucha por el agua también es un reflejo de las profundas desigualdades y de la disputa de intereses que favorezcan a las corporaciones.  El sábado se realizó una multitudinaria movilización de las y los salvadoreños a la que se sumó el movimiento feminista de El Salvador. La resistencia popular organizada ha logrado hacer retroceder al negocio de la megaminería y reimpulsó nuevas iniciativas.

El Salvador es el país más pequeño de la América continental. Su superficie es de 21.041 kilómetros cuadrados, un poco más pequeño que la provincia de Tucumán, la de menor superficie en Argentina. Es, además, el país más densamente poblado del continente, y el más urbanizado de Centroamérica. Su ubicación, en pleno corazón del trópico, lo dota de importantes ecosistemas y bienes comunes. Desde hace unos años el país se encuentra en riesgo de caer en estrés hídrico. Esto significa que la disponibilidad de agua puede llegar a no ser suficiente para cubrir las necesidades de la población. En 2016, el gobierno de El Salvador declaró la emergencia por escasez en el Área Metropolitana de San Salvador, el área de mayor concentración poblacional.

Las razones de la falta de disponibilidad de agua son variadas. Algunos, reducen el problema a un mero aspecto técnico o de gestión. Otros, consideran que el problema es de financiamiento para desarrollar un adecuado sistema que garantice el agua para todos y todas. No obstante, el problema es más complejo y pasa también por los usos y el acceso. En El Salvador, es bastante común que cada cuanto una comunidad salga a cortar la calle, lo hacen con piedras, llantas y palos, exigiendo respuesta de las autoridades por no contar con el servicio de agua potable. Todo esto mientras del otro lado de la ciudad, un hotel, una residencia privada o un campo de Golf, riega durante 24 horas sus hermosos céspedes.

El negocio del agua

La lucha por el acceso al suelo en El Salvador ocupó la centralidad del conflicto social durante el siglo 19 y el siglo 20. En este periodo, se dieron diversos levantamientos indígenas y campesinos. Fue la reforma agraria la que se posicionó como la principal bandera durante la guerra revolucionaria que en los 80 llevaría a cabo la guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional). La clase dominante durante este periodo, estaba configurada alrededor del cultivo del café, la oligarquía cafetalera.

Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, en un artículo de opinión, denominó a un grupo de empresas vinculadas al sector de construcción, caña de azúcar e industria de embotellado, como: la oligarquía del agua. Son las empresas que más se han beneficiado del modelo actual, desregularizado y sin un sistema adecuado de compensaciones.

Todas estas empresas se organizan en distintas gremiales que convergen en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la máxima asociación empresarial y que desde hace décadas es la voz oficial del gran capital salvadoreño. Su brazo político partidario se encuentra en la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), principal partido de derecha que surgió en la década de los 80 como un movimiento “anticomunista” y que gobernó el país durante 20 años impulsado diversas medidas neoliberales, como la dolarización de la economía y la privatización del sistema de pensiones. Este partido, ha sido el principal opositor a la aprobación de una Ley que garantice la gestión pública y comunitaria del agua, así como la incorporación del derecho humano al agua en la Constitución de la República.

Denominar a estos sectores como la oligarquía del agua no responde únicamente a un ejercicio de retórica o poético, sino más bien permite entender la magnitud y las dimensiones que podría alcanzar el conflicto, de cara un sector privado que se empecina en negar una distribución justa del recurso y que defiende sus intereses a capa y espada. La conflictividad por el tema del agua ha ido en aumento en el último tiempo. En 2011, por ejemplo, al menos 49 organizaciones en Usulután, al oriente del país, se movilizaron contra la empresa de embotellamiento Aluviah, consiguiendo el cierre de la misma.

Otro conflicto importante se dio desde 2013 con los intentos de la empresa de embotellado La Constancia/Sab Miller, productora de la marca Coca Cola en el país, de expandir su fábrica para explotar con mayor intensidad el manto acuífero de Nejapa, en el área Metropolitana de San Salvador, una de las zonas de recargas más importantes y que abastece a miles de hogares.  Este caso tuvo particular exposición mediática luego de que en 2015, el fotógrafo español Pedro Armestre retratara, como parte de la campaña TIERRRA, de la ONG vasca Alianza por la Solidaridad, este y otros casos en que grandes empresas en Centroamérica dejan sin agua a comunidades enteras dentro de sus planes de explotación. Asímismo, el caso fue llevado hasta el Tribunal Latinoamericano del Agua. Como resultado de esta movilización y campaña, la empresa desistió de sus planes de expansión.

La resistencia popular a la minería metálica

En toda Latinoamérica, asistimos al avance de un modelo económico y de seguridad al que podemos denominar como de base extractivista militar. En la región mesoamericana, este auge tiene sus inicios con la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica, que podríamos enmarcar en una expansión del capital transnacional extractivista en la región. Su avance, por supuesto, ha demandado nuevos formatos y modelos de represión. Por un lado, la remilitarizaición de la seguridad y por otro, el uso de paramilitares y grupos del crimen organizado, fundamentada en la experiencia del Plan Colombia.

En el caso de El Salvador, este avance si bien existe, ha tenido importantes regresiones, matizadas en parte por la presencia del gobierno del FMLN, pero sobre todo por la resistencia popular y ecologista. Quizás el mayor hito de esta resistencia sea el realizado por la Mesa Nacional Frente a la Minería, que en 2017, logró la prohibición definitiva de cualquier forma de minería metálica.

El Salvador no es un país que cuente con una tradición minera fuerte. Se registran algunas actividades intensas a inicios del siglo 20 y otras a mediados pero con poca incidencia en la actividad productiva. En 2002, bajo un contexto de liberación comercial, la empresa Pacific Rim llegó a la zona norte del país para llevar a cabo las primeras exploraciones. Su intención era extraer oro del yacimiento “El Dorado”, ubicado en la cuenca hidrográfica del Río Lempa, principal río del país. Al observar la actividad contaminante de la empresa y a partir del intercambio con organizaciones en otros países, las comunidades comenzaron a organizarse rápidamente alrededor del Comité Ambiental de Cabañas, y más adelante, construyendo alianzas a nivel a nacional, lograron conformar la Mesa Nacional Frente a la Minería.

El libreto utilizado por Pacific Rim es similar al que otras empresas han utilizado en otros territorios. La fundación de organizaciones filantrópicas, las campañas para conseguir la licencia social, el lobby político con funcionarios de gobierno y partidos políticos, litigios en tribunales comerciales, y también el uso de la violencia, en primera instancia a través de la satanización de los defensores y defensoras del medio ambiente, y en última, mediante el asesinato. Fue en el contexto de la lucha antiminería en que se dieron los asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, Dora Recinos Sorto y Juan Francisco Durán, opositores al proyecto minero. Las investigaciones realizadas por las autoridades no vincularon estos asesinatos con el activismo de las víctimas, sino que determinaron que habían sido crímenes de las pandillas. No obstante, la contratación de integrantes del crimen organizado y sicarios para asesinar activistas y luchadores sociales es muy común en Centroamérica. A la fecha, todavía los autores intelectuales de estos crímenes no han sido juzgados.

Luego de casi 13 años de lucha, finalmente, la minería metálica fue prohibida en todas sus formas en 2017. La prohibición ha sido el mayor triunfo del movimiento social en los años recientes. Una encuesta de la Universidad Centroamericana reveló que cerca del 80% de la población estaba a favor de la medida. En los últimos años, la conciencia de la sociedad ha ido creciendo en relación a la problemática del agua. Otros importantes conflictos están vinculados al cultivo de caña y proyectos de emprendimiento turísticos, en la zona costera del país.

El proyecto de Ley de Aguas y la movilización en las calles

La falta de regulación del agua y una Ley que defina qué se hace en relación a los usos, ha sido una de las grandes deficiencias señaladas por especialistas para abordar la problemática del agua en el país y garantizar su acceso como derecho humano. Frente a esto, el Foro del Agua, que aglutina a diversas organizaciones sociales y territoriales de base proveniente de diversos sectores, presentó en 2006 un anteproyecto de Ley General de Aguas. Este proyecto incluía como esencia la gestión pública y comunitaria del agua, dándole a los comités de cuenca y juntas rurales y urbanas participación vinculante y activa en la gestión del recurso.

El anteproyecto no tuvo aceptación entre los partidos de derecha y la ANEP, pues para la empresa privada y la derecha, cualquier propuesta que tenga como base la controlaría comunal y popular es una amenaza a sus intereses. De esta manera, la estrategia fue postergar la discusión durante años, hasta que la presión pública y la agudización de la crisis del agua llevara a que el gobierno de El Salvador presentara en 2012 una nueva propuesta de Ley, esta vez, priorizando la gestión centralizada gubernamental, pero retomando algunos aspectos en la propuesta del Foro del Agua. A estos anteproyectos debe sumarse el hecho por la asociación de regantes (priorizando la gestión privada), la Universidad Centroamericana y la Iglesia Católica y los partidos de derecha.

Las diferencias entre los proyectos radican principalmente en la priorización del uso, el reconocimiento del agua como derecho humano y la autoridad administrativa encargada de decidir sobre permisos y políticas públicas. Este último es el punto medular de la discusión. El 5 de junio de este año, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa acordó tomar como base para la discusión de una ley de aguas el anteproyecto presentado por los partidos de derecha, llamado “Ley Integral del agua”.

“Con esta decisión los diputados de los partidos de derecha desconocen las discusiones que las organizaciones sociales en el Foro del Agua y en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua venían dando junto al gobierno en el marco de la Ley General de Aguas, que es la que nosotros como organizaciones apoyamos”, manifestó Gonzalo González, integrante de la Red Activista de El Salvador, una de las organizaciones que integran el Foro del Agua.

Si bien en El Salvador la constitución prohíbe la privatización del agua, la derecha busca con este movimiento tener control de las decisiones relacionadas a regulaciones, sanciones, permisos y política pública. El carácter privatizante de esta propuesta radica en que la autoridad administrativa estaría conformada por dos integrantes de la Empresa Privada, dos integrantes de una gremial de carácter privado llamada COMURES y un representante del gobierno de El Salvador.

La reacción no se hizo esperar. Desde el Foro del Agua denunciaron el intento privatizador por parte de la derecha política. En las redes sociales, diferentes personas y organizaciones comenzaron a agitarse. La respuesta fue rápida y contundente. Primero movilizaron las organizaciones religiosas, sociales, campesinas e indígenas, en el contexto de la caminata ecológica. Luego, el Foro del Agua realizó también una concentración en la plaza El Salvador del Mundo en San Salvador. El día jueves 14, fue el turno de los y las estudiantes de la Universidad de El Salvador, en una jornada marcada por altercados con los cuerpos de seguridad privada de la Asamblea Legislativa y estudiantes. Esta imagen, además, da cuenta del avance de la derecha en el país, pues desde 2009, la protesta social en El Salvador prácticamente no había sido reprimida.

El momento de mayor auge tuvo lugar este sábado, en el que miles de salvadoreños y salvadoreñas, de distintos sectores, se movilizaron por una de las avenidas principales de la capital para exigir que la derecha retroceda en sus intentos de privatizar el agua. Esta marcha fue convocada por la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y la imagen rememora las movilizaciones que a principios del siglo 21 se dieron en contra de la privatización de la salud y que fueron las más grandes que se recuerdan desde los acuerdos de paz, en 1992.

A la marcha también se sumó el movimiento feminista. Charlamos con Natalia Quiñónez, integrante del colectivo Ni Una Menos El Salvador, quien comentó que “vimos en esta coyuntura la posibilidad de articular con sectores que venían, o adormecidos, o divididos y en algunos casos hasta enemistados”. Así mismo, analizó desde una perspectiva feminista y comunitaria la situación del agua en El Salvador, “es importante visibilizar que el tema del agua atraviesa múltiples aspectos del cuidado, sobre todo en relación al trabajo reproductivo de las mujeres. Hay un aporte fundamental en la gestión y distribución del agua que realizan las mujeres, sobre todo en las comunidades, en la toma de decisiones de las juntas de agua, si esto no se visibiliza se estaría perdiendo un componente muy importante”, sentenció.

Bajo las consignas de “el agua no es un negocio”, “contra la privatización del agua” y “por el derecho humano al agua”, la movilización envió un claro mensaje del estado de conciencia actual y de una memoria colectiva que activó rápidamente. El movimiento social y ambiental, con poca acción en la calle en los últimos años, encontró, paradójicamente gracias a la derecha, un punto para la unificación. Por su parte, el partido de gobierno, el FMLN, llamó a su militancia a movilizar el día jueves para sumarse al reclamo de la población.

De esta forma, la lucha por el agua en El Salvador entra en un nuevo ciclo. El mensaje de la población fue claro y contundente, quedará pendiente ver la respuesta en los próximos días. Pues tal y como afirmaron los y las estudiantes el día jueves, este fue tan solo “el primer llamado”.

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Entrevista a Antonio Elio Brailosvsky, escritor y economista especializado en historia ambiental, quien hace referencia a las inundaciones, la falta de saneamiento del agua y las políticas de Estado al respecto.

– Nos mandaron a rezar nuevamente, esta vez fue el Ministro de Agroindustria frente a las inundaciones a lo largo del país. Esta situación que afecta a Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Chubut y Catamarca, ¿solamente se debe al cambio climático?

– El cambio climático existe pero lo potencian los errores agrarios y urbanísticos. Acabo de ver una nota en un periódico colombiano donde están diciendo: no es que el río se metió en sus casas, sino que ellos metieron sus casas en el río. Mientras se siga construyendo adentro de los lugares de riesgo de desborde de los ríos vamos a seguir teniendo desastres. Aquí, en Colombia y en Perú, países que han tenido enormes desastres por inundaciones y aluviones en las últimas semanas.

– Llama poderosamente la atención cómo es posible que no se hayan desarrollado las obras necesarias en un lugar con la riqueza petrolífera y gasífera como lo es Comodoro Rivadavia.

-Lo que más llama la atención son las declaraciones del gobernador diciendo que va a reconstruir todo en el mismo lugar. Un lugar que se inunda se va a volver a inundar muchísimas veces. Por un lado está el negocio de haber loteado terrenos inundables vendiéndolos para la vivienda, y ahora el negocio de obras públicas que no van a servir para nada porque la fuerza del agua se lleva todo. Hay que pensar en dejar de construir sobre terrenos inundables.

– Con el peligro que significa esa inmensa montaña de barro que es “el chenque” al lado de la ciudad.

-Claro. Por qué seguir negando que hay un problema, insistir en que esto es algo que no va a volver a pasar. Una vez que se metió a la gente adentro de un lugar inundable, se van a volver a inundar.

– En cuanto a deforestación, en 7 años se perdió una superficie equivalente a la provincia de Jujuy y en los últimos 25 años se desmontó una superficie equivalente a la Provincia de Entre Ríos. Esto también se vincula al problema de las inundaciones, entonces, ¿qué paso con la Ley de bosques que se sancionó en 2007 y se reglamentó en 2009?

– El bosque y en general la vegetación natural ayuda con las raíces a desviar el agua de lluvia al subsuelo y las napas, es un mecanismo de recarga de agua subterránea, si no hay bosques y árboles el agua escurre en superficie, hay más agua con la misma cantidad de lluvia y eso inunda.

La Ley de bosques tenía un punto débil, el centro estaba puesto únicamente en el dinero, porque la ley planteaba como único medio de mantenimiento de los bosques un subsidio a los que no destruían el bosque nativo, no planteaba sanciones a los que sí lo hacían, entonces terminó siendo una cosa económica. Además, en el gobierno anterior las partidas para subsidios de la Ley de bosques se desviaron hacia otros lados, especialmente hacia la televisación del fútbol.

En el gobierno actual no sé hacia dónde se desviaron pero tampoco tuvieron un uso importante. Si no hay sanciones, y si talar es negocio porque sirve para plantar soja y si se inunda o se destruye el suelo que se arregle otro, se sigue desmontando. Yo creo que la Ley de bosques funcionó solo para la foto, fue una ley principalmente publicitaria.

– Además la deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climático en Argentina y un análisis de la Ley ambiental para la Argentina del Banco Mundial, de octubre del año pasado, sitúa la degradación ambiental en el 8.5 del PBI argentino equivalente a 40.000 millones de dólares. En todo el tema de la deforestación para plantar soja los beneficios son privados pero las pérdidas son públicas.

– Eso pasa con todos los temas ambientales. Siempre hay alguien que hace negocio perjudicando a los demás.

– El pasado 31 de marzo, en el Día nacional del agua, a raíz de la Resolución Nº 1630 de 1970, en Clarín salió un suplemento llamado “Plan de agua saneamiento nacional”. Más adelante en el suplemento señala que el Día mundial del agua se celebra el 22 de marzo, respondiendo a una recomendación de la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. ¿Fuimos unos adelantados los argentinos entonces?

– Siempre es fácil hacer una declaración, el tema es qué gestión se hace después sobre eso. Y la gestión en Argentina sobre el agua es extremadamente débil. No sabemos, porque no hay ningún control sobre qué residuos peligrosos hay en el agua de red, por ejemplo. En gran parte del interior del país se saca el agua de red de napas que están debajo de campos fumigados o de ríos que reciben el agua de fumigación que viene arrastrada por las lluvias hasta los ríos. Yo preferiría menos festejos y más análisis del agua de red y qué se hace para eliminar esos tóxicos.

– En este espacio publicitario al que hago referencia, el pasado 3 de abril, se menciona un Plan nacional del agua que establece como meta alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y 75% de cloacas. Dice que van a instalar 55.000 kilómetros de tuberías para distribuir agua potable, 30.000 para cloacas, que ese volumen de obra generará más de 300.000 puestos de trabajo entre los años 2016 y 2020 y se estima que las inversiones totales para el logro de la cobertura universal y cloacas para ¾ partes de la población alcanzarán una inversión de 21.600 millones de dólares. Este plan ¿existe?

– Esperemos que sí, porque hace falta. Argentina está muy retrasada en cuanto a vecinos más pobres como Uruguay y Chile que tienen niveles de cobertura de la población mayores que los nuestros. Siempre hay planes, esperemos que pongan el dinero y hagan las obras y además controlen que el agua de red sea efectivamente potable.

– Otra cosa que me llamó la atención de esta producción especial referida al Día del agua, dice que avanzan las obras en la cuenca Matanza-Riachuelo, parece que hicieron un recorrido un grupo de periodistas especializados, ejecutivos de Aysa y las empresas contratistas, dicen haber recorrido el predio de Dock Sud donde pudieron comprobar los avances de la obra Riachuelo, proyecto que permitirá incorporar al servicio de redes cloacales a un millón y medio de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4.300.000 habitantes, es decir, que según esta información ha tomado impulso la obra en la cuenca Matanza- Riachuelo.

– Están haciendo obras, la pregunta es si son las mejores posibles y qué riesgo tienen. La obra grande que es el caballito de batalla de Aysa, es un caño que va por debajo del Río de la Plata y trata de mandar lejos toda la contaminación del Riachuelo. Dicen que con tratamiento pero en realidad es un pre tratamiento, una licuadora que disuelve la materia fecal y la traslada adonde no se vea, más lejos. Allí hay dos problemas, por un lado el riesgo de que al mandarla más lejos vaya hacia las tomas del agua, con lo que empeoraríamos la situación; el otro riesgo es que al mandar ese caño de agua del Riachuelo río adentro, cambie la forma de sedimentación del suelo y se empiecen a formar pantanos costeros y si hay pantanos la contaminación va a tardar mucho más en dispersarse.

Estos temas han sido estudiados de manera débil, con lo cual yo no estoy muy conforme con estas obras, la gente tiene la ilusión de que una obra mejora las cosas y no necesariamente es así. Esta es una obra de altísimo riesgo.

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Partiendo de lugares comunes, Agua introduce al espectador en un mundo que bien podría ser ajeno pero que está allí, listo para impactar en la vida de cada uno. Fuerza, estilo, imaginación, son algunas de las estrategias que invitan al rito.

La obra se presenta desde el desconocimiento, como un rito del cual el público dubitativo, se insertará para observar. Un mundo extraño, incluso para cualquier creyente que se encuentre afuera de esa iglesia en donde todo sucede, en donde comienzan a desarrollarse los primeros acuerdos y desventuras.

Una recepción poco convencional, un ambiente ruidoso y oscuro. Una curiosidad que se debate con la angustia de la extrañeza y lo incierto. Cuatro mujeres sin rostro exclaman lo que cualquier mujer. Después, el sitio que nos acerca tranquilidad e incluso humor.

El director y dramaturgo Marcos Arriola explicó que “la obra habla sobre estos personajes que tienen cierta hipocresía y están en un ámbito un poco satírico” y agregó que esa es la forma que eligieron contar la historia, “sin nada peyorativo”.

Tres mujeres adoctrinadas, aunque inseguras, se mezclan para justificar sus prácticas, sus deseos y sus pecados. Agua es eso, “el elemento más normal que se utiliza en todas las religiones, como símbolo de la purificación. En este caso, elegimos un ritual, pero puede englobar cualquier tipo de ritual donde la gente vaya a pedir perdón”, afirmó Arriola.

También hay una cuarta mujer, la más insensible – o con una sensibilidad no convencional dentro de la obra-, a la que más le cuaja el lugar de contrincante. Porque Agua es, ante todo, una provocación, un lugar desafiante donde aquel sitio de perdón es la misma cuna de los pecados. Y el público, absorto, solo puede aceptar, criticar, molestarse. Y ante tamaño desafío y a pesar de todo, una de las protagonistas lo intenta, aunque a veces parece no lograr escapar.

Las actrices son enérgicas. Adquieren y transmiten una carga muy particular, muy personal en cada caso. El espectador se conmueve por ellas y también se molesta. Las entiende pero también las cuestiona. Ellas exponen, discuten, acatan. Se muestran y a pesar de eso, logran sembrar incertidumbre. Sus danzas, sus propuestas eróticas, combinadas con una música que a veces logra desbordarnos, nos mantiene expectantes.

Emilia Benitez cumple sobradamente con su rol de ser la más adulta de las mujeres. Encarna esa posición con soltura. Luego dos jóvenes: Soledad Marrero Senlle, pequeña inocente que transmite mayor inseguridad frente al rito y Eugenia Fiecconi, quien surge con ciertos aires rebeldes, potente, aunque sumisa frente a sus pecados y la necesidad de extirparlos. Finalmente, Eugenia Aramburu, quien encarna ese lugar de disconformidad y molestia.

La obra dispara al público a muchas y diversas ideas y reflexiones, pero las actrices logran mantener sus roles sin confundir a quien observa en la sala, a pesar de esta vorágine en donde todo es posible.

También hay hombres. Y si de hipocresía hablamos, ellos vienen a cerrar un círculo donde tienen la demandante y salvadora posición, sin importar sus propias prácticas. En una sociedad gobernada por la cultura patriarcal, cuatro mujeres sufren -o tal vez no-, el asedio de un solo hombre. Y sobre ellos y ellas, o como excusa, está el agua, la grandiosa y purificadora agua.

Kevin Joyce logra representar la figura de quien sería un supuesto sacerdote, con un poco de parodia y otro poco de terror. Su actuación resulta precisa, acorde a los cambios que la puesta en escena le exige.

Finalmente, Alan Diaco completa el elenco. Quizás el menos participativo en el texto, es el responsable, como monaguillo, de la música en vivo que por sí sola transmite sensaciones acordes con la fuerza de la obra.

Un rito representativo

La obra tiene una excelente coordinación de estilo. El contraste de la oscuridad, la potencia de la música, el cruce de colores, la presencia de sus actrices y actores. “Fue un trabajo de investigación que tuvimos con todos los actores, fue un trabajo interdisciplinario. Queremos que sea homogéneo. Todas las disciplinas apuntan a tener un efecto muy fuerte por sobre lo que se está contando. Es una obra que tiene muchos aderezos”, indicó Arriola al hablar del trabajo de pre producción.

El público presencia un rito que no le puede ser esquivo, indiferente. Impacta en el pecho, en la cabeza, en el cuerpo. “Cuando hay algo tan potente, que fue nuestra elección, de una u otra manera, quien lo viene a ver con algo se va, pensando algo”, destacó el dramaturgo, quien asegura que nada de esto es casual.

Todo esto es posible gracias a una coordinación que se evidencia a lo largo de la hora que dura la obra. Como en cualquier circunstancia de la vida, esto surge no solo por su director, sino además del trabajo conjunto del cual Arriola da cuenta: “Estoy satisfecho y más, porque estoy trabajando con un equipo que desde todos los ámbitos, maquillaje, música, vestuario, las visuales, fue algo que me superó a mi mismo sobre lo que yo pensaba. Son todos muy talentosos”, sentenció.

La obra se seguirá presentando el resto de los sábados de junio, a las 23 hs en Espacio Urbano, ubicado en la calle Acevedo 460. Para más información se puede acceder a Agua.

Ficha técnica

Actúan: Eugenia Aramburu, Soledad Marrero Senlle, Eugenia Fiecconi, Emilia Benitez, Alan Diaco y Kevin Joyce.

Dirección de Arte y Visuales: Magdalena Peralta Antivero y Sophie Rombos / Diseño Coreográfico: Eva Calderone / Productor Musical: Alan Diaco / Vestuario y Maquillaje: Maité Pilaciauskas / Escenografía: Vanina Bengochea / Dramaturgia, Dirección y Puesta en Escena: Marcos Arriola.

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Una materia que se mantiene y nos invita a la reflexión

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