La Cámara del Trabajo habia fallado en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y en favor de Roberto Fernández, sindicalista amigo del gobierno,  Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El titular de los “metrodelegados”, Roberto Pianelli, dijo que el fallo de la Corte que confirmó la nulidad de la personería gremial de su organización, “es escandaloso; es un fallo claramente político y contra la libertad sindical”.

Agregó que “viola la libertad sindical, la entierra, no es una casualidad; fue sacado por la mayoría de la Corte un día después que paramos en defensa de la salud de nuestros compañeros”, en referencia a la denuncia sobre la existencia de amianto (o asbesto) en uno de los modelos de tren, lo que fue desmentido por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Sostuvo que “una justicia adicta al gobierno saca resoluciones de este tipo” y señaló que se beneficia a la UTA, que “no se quiso presentar a cotejar con nosotros, boicoteó el expediente y lo sigue boicoteando y le dan de por vida la garantía de que no le van a tocar la personería”.
Además recordó que la UTA firmó “una paritaria como la que quería el gobierno; es el único gremio del gobierno que se sienta junto al Ministro a anunciar los aumentos de tarifas que van a golpear a sus trabajadores y a los de otras actividades”. Pianelli aseguró que a pesar del fallo adverso van a seguir “haciendo lo que hicimos siempre: estamos comprometidos con nuestros compañeros, con la defensa de los intereses de los usuarios para tener el mejor transporte, el más seguro de todos, y tenemos derechos para hacerlo”, concluyó.

Recordemos que la Cámara del Trabajo falló en contra de otorgar la personería gremial a la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). El trámite de personería gremial es una instancia que prevé constatar qué sindicato tiene mayor afiliación, para eso se citó a la AGTSyP y a la UTA. Este último no se presentó. Sin embargo para la Cámara no mereció sanción alguna. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el recurso extraordinario que presentó la AGTSyP contra la sentencia de la Cámara del Trabajo.

En un comunicado, la AGTSyP señala que agotada la instancia judicial, llevará su reclamo ante la CIDH y la OIT. No obstante aclara que sigue siendo el sindicato más representativo de los trabajadores del Subte y Premetro, con la mayor afiliación y que conforme a las normas constitucionales y la doctrina de la OIT, reconocida por la Corte Suprema, tiene los derechos de representar los intereses colectivos de los trabajadores subterráneos.

Un fallo que beneficia a la UTA

Roberto Fernández desde 1984 no agarra el volante de un colectivo. Desde entonces ha ocupado distintos cargos en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hasta convertirse en septiembre de 2006 en secretario general del gremio. Cansados de los pactos de Fernández con Roggio, el millonario dueño de Metrovías, y los gobiernos de turno, en 2008 los trabajadores del subte realizaron un plebiscito que determinó que la inmensa mayoría quería un nuevo sindicato. Primero tuvieron la inscripción simple, y en 2015 lograron la personería.

Fernández redoblaría entonces su intento de robarle a la AGTSyP la representatividad que le habían dado sus compañeros. Para eso, además del lobby ante el Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema, la UTA no paró de hacerle favores al gobierno y los empresarios.

En 2013, dos días antes del traspaso del subte de la Nación al intendente Macri, la UTA firmó con Metrovías un acuerdo para la “adecuación de las condiciones laborales necesarias para mejorar el servicio” incluyendo una cláusula de paz social y numerosas medidas “a fin de aumentar eficiencia y productividad”. Era una devolución de favores a Macri, que había adelantado un mes antes que sólo reconocería a la UTA como el gremio con injerencia en el Subte: “los metrodelegados se arrogan una representatividad que no les corresponde”, afirmó.

Roberto Fernández nunca se olvida de sus amigos. Como cuando ofreció aquella postal inédita en la historia argentina: un sindicalista anunciando un tarifazo en el transporte. Fue el 31 de marzo de 2016, cuando participó del anuncio del aumento de tarifas junto al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El 18 de diciembre de 2017, se conoció el comunicado que señalaba que “la Unión Tranviaria Automotor no adhiere al paro del 19 de diciembre”, cuando miles manifestaban en las calles contra la reforma previsional. Por último, fue la firma de la paritaria del gremio por el 15%, en tres cuotas y sin cláusula gatillo, como propone el gobierno. Un día después llegaría el fallo de la Suprema Corte.

El paro del 13

El pasado 13 de marzo, los trabajadores del subte anunciaron un paro en todas las líneas desde las 20:00 y hasta el fin del servicio, en reclamo de medidas de seguridad ante la presencia de material cancerígeno en las formaciones usadas de la Línea B, que fueron compradas a España.

“El plenario de delegados de AGTSyP del Subte resolvió un paro desde las 20 hasta el cierre exigiendo que se elimine toda pieza con asbesto de las formaciones que lo contienen. Se trata de un material prohibido, cancerígeno, detectado en el metro de España, en los mismos trenes que el gobierno de Macri compró allí como material de rezago”, informaron los metrodelegados.

Los trabajadores del subte pidieron que “todo el material rodante sospechado” sea revisado y reformado para eliminar el asbesto antes de ponerlo nuevamente en circulación. También reclamaron la implementación de protocolos de seguridad eléctrica, cuyo incumplimiento costó la vida de cinco trabajadores. “No se puede confiar en una patronal que adolece de negligencia criminal sistemática en materia de la seguridad de trabajadores y usuarios”, opinaron.

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Frente a la suba de las tarifas del subterráneo, Claudio Dellecarbonara, dirigente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), comentó en entrevista radial con La Revancha (FM La Tribu) las características del amparo que presentó junto al legislador porteño por el FIT, Patricio del Corro, para frenar el aumento previsto.

-Por qué tomaron la decisión de presentar el amparo, teniendo en cuenta que desde el Gobierno y la empresa Metrovías se decía que el aumento del 67% solo se daba por el aumento de los costos?

-Lo presentamos porque estamos muy preocupados por este aumento. Entendemos que es un ataque muy profundo contra el bolsillo y la economía de los trabajadores, que somos en definitiva quienes usamos el transporte público, en el marco de tarifazos en todos los servicios, aumento en los precios y devaluación, todas medidas que han afectado muchísimo el poder adquisitivo de la clase obrera, de la clase más baja de nuestra población. Por esto presentamos el amparo, viendo que no había otra posibilidad, luego de haber participado de la audiencia pública que no fue vinculante: más allá que el 100% de los que intervenimos allí lo hicimos en contra del aumento de las tarifas, el Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de aumentarlas y publicó en el Boletín Oficial que dicho aumento se realizaría hoy miércoles. Si bien no creemos que la salida sea judicial, presentamos el amparo junto a Patricio del Corro, legislador del Frente de Izquierda, para tratar de frenar el tarifazo, pero entendiendo que hay que hacer una gran acción del movimiento obrero, llamando a una huelga general nacional, que es la forma de parar estos ataques. En principio tuvimos una buena noticia porque se habilitó la feria judicial, donde presentamos argumentos relacionados al cuestionamiento a la tarifa técnica, con la cual calculan luego la tarifa al usuario. Pero también cuestionando mucho de fondo la concesión con la empresa Metrovías, que desde 1994 ha sido beneficiada con subsidios y con grandes negociados por todos los gobiernos hasta el presente. Desde nuestro punto de vista, este es el costo mayor para todos quienes utilizamos el transporte público a través de la tarifa: mantener a esta empresa que ha convertido al subterráneo, que es un servicio público o debería serlo, en un gran negociado, con la complicidad de los gobiernos.

-¿En qué se destinó el dinero que ingresó a Metrovías a partir del aumento del 600% en las tarifas desde el 2013 hasta el presente? ¿Ayudó a mejorar el servicio, a aumentar el salario de los trabajadores?

-Ningún trabajador consiguió un aumento del 600% en su salario desde el 2013 hasta el día de hoy. Esto demuestra despropósito y la profundidad del ataque contra el salario y el poder adquisitivo de quienes utilizamos el transporte. Todo el dinero que se recauda por venta de pasajes y por los subsidios que recibe Metrovías no va de la mano de mejoras que permiten que el servicio sea más eficiente o seguro, que es lo que más nos importa a nosotros. Tampoco va en beneficio de construir 10km más de subte que era promesa de campaña de Macri, no ha permitido tener mejores frecuencias, ni mejorar nuestras condiciones de trabajo, que somos quienes movemos el subte cotidianamente. La falta de inversión que significa falta de mecanismos de seguridad ha provocado que tengamos que sufrir la muerte de varios compañeros en estos últimos años. Pero esto no es exclusivo del gobierno de Cambiemos, sino de todos los gobiernos desde el ’94 que han mantenido esta configuración, con una empresa llenándose de dinero y con un servicio que se va deteriorando. Seguramente esto va a seguir así si no podemos conseguir que haya una gran respuesta de los usuarios junto a los trabajadores.

-¿Por qué creés que todavía desde el movimiento obrero no se da una respuesta a los tarifazos?

-Porque las conducciones de las centrales sindicales obviamente tienen intereses propios. Como casta burocrática tienen también intereses políticos, tanto quienes apoyan al gobierno actual como quienes se dicen oposición comparten características muy similares. En un clima de gran pasividad, se les está dando una tregua a este gobierno, y el movimiento obrero, tanto el que está representado en los sindicatos, que solo es una parte del total (casi el 40% de los trabajadores está precarizado con contratos basura sin la herramienta sindical para defenderse), debe salir a las calles. Si las centrales sindicales tuvieran otra visión, tratarían de unir, de romper el aislamiento del movimiento obrero para poner toda esa fuerza en las calles para poder pararle la mano al gobierno. El problema es que este no es su objetivo, el que se visibiliza cuando la CGT intenta reunificarse desde arriba, apelando a sus intereses como burócratas. No están haciendo asambleas en los lugares de trabajo para votar qué clase de conducción queremos, sino que lo discuten entre veinte personas que están al frente de algunas centrales hace casi treinta años. Estamos hablando de una casta que tiene intereses políticos y materiales propios que no responde a las necesidades de la clase obrera. Una persona que hace 30 años que no trabaja no puede saber lo que vive un trabajador que se levante a las 4 de la mañana para trabajar 12 horas para cobrar un sueldo que no le alcanza para pagar un alquiler. Estas son las cosas que nosotros desde abajo estamos intentando cambiar, no solo para superar en el terreno sindical a las burocracias tradicionales, sino también en el terreno político, impulsando una alternativa independiente política como es el Frente de Izquierda, que junto a otras fuerzas de izquierda y trabajadores organizados en los sectores más combativos, somos los únicos que estamos impulsando medidas alternativas a las que toma el Gobierno. Lamentablemente, quienes se dicen de oposición vienen acompañando estas medidas, y ajustando en las provincias donde sí son gobierno. Vemos que hay mucha bronca acumulada y ganas de pelear en los lugares de trabajo, los barrios, los centros de estudiantes, por eso es que hoy vamos a estar protagonizando una gran jornada de protesta y repudio en los subterráneos, tratando de generar una respuesta organizada desde los sectores populares a estos ataques.

Audio completo: http://www.larevanchaprograma.com.ar/subte-los-argumentos-del-amparo-cuestionan-el-aumento-de-la-tarifa/

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