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Por Camila Parodi

Durante las últimas semanas se conoció la noticia en la que más de 700 personas habían sido hospitalizadas por intoxicación en la ciudad de Presidencia Roca de la provincia de Chaco. El empresario Eurnekian, de la Estancia “Don Pacos”, había fumigado ilegalmente el territorio ignorando la medida cautelar del 2012 que limita la fumigación en la región y sin haber contemplado siquiera los factores climáticos.

Por su repercusión y las denuncias realizadas por la población, se realizó una medida cautelar dictada por el juez de garantías de General San Martín, Luis Allende. Hoy se realizará una audiencia pública entre las partes. Para profundizar en los hechos, hablamos con el ingeniero zootecnista Mauricio Tinari integrante de “El Futuro está en el Monte” una fundación que trabaja acompañando a las comunidades qom y wichi de la zona del Impenetrable en Chaco.

Hace unos días resonó en algunos medios la noticia de que más de 700 personas de Chaco habían sido internadas debido a la intoxicación por fumigaciones aéreas ilegales en la zona de Presidencia Roca… ¿Cómo lo vivieron?

El pasado Lunes 25 de octubre, la estancia “Don Panos” del empresario Eurnekian decidió fumigar una parte de sus cultivos con Acetoclor (un herbicida) y con 2 derivados de la Cipermetrina (insecticidas). Al tratarse de una estancia de 4.000 Ha. deciden pulverizar desde un avión, pero sin las condiciones climáticas para hacerlo, ya que ese día había viento sur y eso ocasionó mucha deriva del producto. El líquido llegó al pueblo de Presidencia Roca y alrededores produciendo infinidad de problemas.

Se quemaron cultivos enteros de tabaco y verduras de pequeños productores y productoras de la zona, se quemaron árboles enteros del pueblo, se perdieron las frutas de los cítricos y, además, se enfermaron al menos 700 personas que fueron al hospital con signos claros de intoxicación por agrotóxicos (dolor de cabeza, vómitos, diarrea, sarpullidos y hasta algunos dificultades respiratorias). Se calcula que solo un 10% de las personas afectadas concurrieron al hospital, el resto se curó con remedios caseros con plantas medicinales pero manifestaron el malestar. Cabe aclarar, que estas plantas también se encontraban fumigadas,  ya que la población ignoraba ya que no se hizo pública la denuncia sino hasta varios días después de lo ocurrido. Además, la gran mayoría de las personas no tiene acceso al agua de red por lo que toman agua proveniente de los aljibes que también se encontraba contaminada con el químico.

¿Es la primera vez que se denuncia una fumigación de este tipo?

No es la primera vez, desde hace más de 25 años en la Estancia “Don Panos” se realizan fumigaciones y desmontes ilegales. Cuando compró la estancia, tuvo la primera demanda al realizar un desmonte ilegal de 4.000 hectáreas en una zona donde no estaba autorizada. Al año siguiente, en 1996, se hacen las primeras fumigaciones y ya hay personas que fueron intoxicadas desde ese momento. Esta situación se va a repetir aproximadamente unas 10 o 15 veces hasta el momento de la fecha. Esta última fumigación tuvo un impacto mediático un poco más fuerte por tratarse de que hubo más de 700 personas hospitalizadas y con condiciones mucho más fuertes que las veces anteriores donde el efecto había sido mucho menos.

¿Hubo también daños materiales?

Sí, eso es a nivel pueblo, pero también la gente que está en el campo se vio afectada. Principalmente los productores de tabaco y algunos productores hortícolas grandes, con quienes la empresa fue y arregló directamente pagándoles $50.000 a los productores de tabaco por hectárea y $20.000 a los productos hortícolas. Un número que es bajísimo y que no llega a cubrir ni siquiera los gastos de la implantación de los cultivos. Pero bueno, mucha gente decidió arreglar así por el miedo a que la justicia después les haga algo. 

¿Qué respuesta organizada están desarrollando desde el territorio?

Por ahora, las medidas que se han tomado fue incentivar a las y los habitantes para que hagan la denuncia individual principalmente por la situación de los niños y niñas que las afectó de sobremanera. En ese sentido, se comunicó a todas las personas intoxicadas que vayan al juzgado y denuncien si perdieron cultivos o las enfermedades que tuvieron en los últimos días como para poder tener un registro de eso y después se va a hacer una denuncia colectiva. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que tienen miedo de denunciar por tratarse de un pueblo pequeño y quedar expuestas.

¿Cuáles son los pasos legales que se están llevando a cabo?

Por el momento lo que se logró es una cautelar para que dejen de fumigar. La denuncia formal la está llevando a cabo la organización Carrillo, la abogada Alejandra Gómez y el abogado Sánchez. Este miércoles 17 se realizará una audiencia pública entre las partes y para el 25 de noviembre se está programando una asamblea barrial en la plaza central de Roca para ver qué recaudos tomar para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, así es como estamos avanzando por ahora en el pueblo de Presidencia Roca con la ayuda de la organización de mujeres, quienes fueron las que fueron articulando todo este proceso.

Si este hecho hubiera ocurrido en otra ciudad del país o con otra población posiblemente hubiera sido la principal noticia de los medios de comunicación ¿Qué lectura hacen al respecto?

En la provincia del Chaco vivimos muy dispersos, tanto físicamente como organizativamente. Esta realidad nos trae todo tipo de problemas a la hora de hacer denuncias de manera colectiva. Al tratarse de pueblos tan aislados y alejados de los centros donde se toman decisiones parecería que nuestra vida vale menos. Si este conflicto hubiese ocurrido en CABA la respuesta hubiera sido otra, se hubiese prohibido el uso de agrotóxicos a nivel nacional.

Si bien existe una cautelar para frenar esta situación en particular esta historia no nos habla de un hecho aislado sino hace parte de un complejo escenario de avance del agronegocio sobre el territorio y sus comunidades ¿Cuál es la situación del territorio chaqueño?

Ya se hicieron varias denuncias con respecto a los desmontes en la provincia, y al día de hoy hay una cautelar para que no se otorguen más permisos de CUS en la provincia hasta que se actualice el OTBN. Pero lo cierto es que estamos en “la franja de gaza de la agricultura”: El agronegocio busca avanzar sobre los suelos más marginales utilizando tecnologías e insumos de lo más avanzados y la expansión de la frontera agrícola está acabando con nuestros bosques nativos. 

El bosque Chaqueño es el segundo bosque más grande después de la amazonas y el  bosque xerofítico (seco) más grande del mundo. Estamos en la latitud de los grandes desiertos a nivel mundial, pero tenemos un monte (bosque) que protege el suelo y regula la humedad. Está en toda la ciudadanía la decisión de cuidarlo y respetar a las comunidades que viven en él, o de continuar dándole lugar al negocio de unos pocos empresarios a cambio de una dádiva para que el gobierno nacional pueda pagar su deuda obscena y criminal.

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Nélida Almeida es una joven trabajadora de la tierra de la provincia de Misiones y forma parte de Productores Independientes de Puerto Piray (PIP), una organización que reúne a más de 70 familias productoras de ese municipio ubicado al noroeste de la provincia y que hoy es parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). Allí, en plena selva paranaense, las mujeres campesinas encabezaron la lucha para frenar el monocultivo de pino por parte de la multinacional forestal Arauco (ex Alto Paraná) que expulsó a familias campesinas e indígenas de sus territorios.

En 2013, tras casi 20 años de lucha, lograron recuperar las tierras para las familias con la sanción de una ley que ordenó la expropiación de 600 hectáreas de la empresa para ser destinadas a la agricultura familiar. Sin embargo, a 8 años de la sanción de la ley, la empresa aún no cumple con la entrega del total de las tierras. En 2017, Arauco entregó a las familias las primeras 166 hectáreas y a comienzos de este año el gobernador Oscar Herrera Ahuad y la empresa firmaron las escrituras que reconocen formalmente la propiedad de las tierras de las familias que la trabajan. Desde la recuperación, las y los productores de PIP-UTT se dedicaron a “curar la tierra” y diversificaron los cultivos en sus colonias. Hoy producen maíz, porotos, batata, mandioca, sandía y otros alimentos sanos y sin agrotóxicos que comercializan a través de redes de comercio justo para todo el país.

En el marco del Segundo Encuentro de Mujeres Trabajadoras de la Tierra, conversamos con Nélida, promotora de género de la UTT en Misiones, sobre la resistencia campesina y las redes de cuidado feministas en los territorios. “No hay nada más feminista que luchar contra el agronegocio”, aseguró. Además, denunció incumplimiento por parte del Estado provincial y de la empresa en la entrega de las tierras y las constantes amenazas que sufren las familias productoras.

¿Qué significa este Encuentro de Mujeres Trabajadoras de la Tierra?

Este es el segundo Encuentro de Mujeres Trabajadoras de la Tierra. El nombre que lleva se lo pusimos entre todas, que es “Por la tierra, por el territorio y por nuestros derechos”. Estamos muy emocionadas y muy contentas ya que es un espacio que nos brindamos todas para poder construir en conjunto, charlar sobre nuestras experiencias, y sobre los que nos pasa. También para hablar de políticas públicas y de cómo podemos erradicar, entre todas y con acción, las violencias que vemos todos los días desde nuestros territorios rurales. 

Recién una compañera decía que en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No binaries y Bisexuales, que se hizo en La Plata, recordaba a otra compañera gritando “atrás de este brócoli estamos nosotras”. ¿Cómo viven esta posibilidad de reencontrarse y reconocerse para volver a conversar sobre los temas que las convocan? 

Es muy importante lo que dijo esa compañera, porque hay historias detrás de cada lechuga, de cada mandioca, de cada producto y alimento que nos representa. Cuando empezamos a charlar vemos que en las provincias hay una ausencia del Estado en cuanto a políticas públicas, nos damos cuenta de que todas las compañeras no tenemos los derechos básicos asegurados, como el acceso al agua, a servicios, a la educación, entre otros. Nosotras tenemos que transitar largas distancias para poder llegar a lo que es el centro de las ciudades, entonces, ni siquiera podemos decidir formarnos o recibir educación. No tenemos ni siquiera esa posibilidad. Y también, por ejemplo, ante todo esto que desata el cambio climático se nos echa a perder las producciones y eso también es lo que venimos charlando, remarcando la necesidad de políticas de asistencia para estos casos de inclemencias del tiempo que no podemos evitar.

Así es como vivimos. Por ejemplo, en las zonas rurales tenemos nuestras casas que son precarias y muchas veces, ante la caída de granizo o de vientos fuertes, se nos destruyen. Y en esa línea, también, contar que muchas de las mujeres no somos propietarias de las tierras y creemos que para que la soberanía alimentaria realmente sea efectiva nosotras también tenemos que tener tierras para poder pensar y decidir sobre qué producir y cómo producir. Ahora se empieza a pensar la agroecología como una alternativa de producción, pero nosotras somos las que desde hace muchísimo tiempo venimos fomentandola.

Hablabas del cambio climático y de cómo las está afectando en las producciones, pero el cambio climático tiene que ver justamente con el accionar humano, pero particularmente con determinadas empresas y políticas extractivistas que avanzan sobre los territorios. En ese sentido, en PIP tienen una experiencia muy concreta de lucha. ¿Nos podés contar un poco cómo es esa historia de lucha y de recuperación de sus territorios? 

Fue una lucha impulsada y encabezada principalmente por mujeres. Esta empresa instaló monocultivos en nuestras colonias. Frente a esto, los hombres se tienen que ir porque ya no hay más trabajo, no hay changa, y se quedan las mujeres. Entre compañeras nos empezamos a dar cuenta de cómo nos estaban contaminando y cómo nos estábamos enfermando: muchas compañeras embarazadas que tienen sus hijes con problemas motrices, algunas compañeras con cáncer, incluso compañeras que fallecieron. Todo eso fue lo que nos juntó, en principio a luchar en contra de la multinacional Alto Paraná, que ahora es Arauco, una empresa de capital chileno. 

Después de muchos años de lucha, a la que se fueron sumando los varones, en el 2013 sale la Ley XXIV-11 de expropiación de 600 hectáreas para la agricultura familiar. Actualmente tenemos 166 hectáreas que fueron cedidas en el 2017 y están pautadas las otras entregas por etapas de corte para el 2021. Ahora, nosotras ya tendríamos que tener las 600 hectáreas, pero hay un incumplimiento de parte del Estado provincial de Misiones y de la empresa, que no sólo no nos están dando los que nos pertenece sino que siguen desmontando en forma clandestina. El año pasado plantaron pino y eso significaría tener que esperar otros 15 años más para que nos den esas tierras. Es algo lamentable, la verdad. Nosotras nos enteramos por unas compañeras que estaban en el lugar y que nos dijeron “están desmontando otra vez”. Entonces fuimos, ocupamos ese lugar y plantamos maíz y dijimos “¡Basta! Esto es nuestro” y no nos estaban avisando, correspondía que ellos se acerquen a nuestra comunidad, a nuestra organización, a decirnos que iban a desmontar y sacar los pinos. Nosotras tenemos que estar alertas todo el tiempo.

Escuchando a las compañeras en el Encuentro queda muy claro cómo las mujeres están al frente de los campos, al frente de las casas y también al frente de las luchas. ¿Qué significa asumir esos roles?

Nuestros roles son importantísimos, siempre cuando se nos pregunta cuál es nuestro rol en nuestros territorios, cómo es que hacemos tantas cosas, que es impresionante lo que hacemos. Ser generadoras de conciencia o hablar de agroecología no es algo de ahora, si bien recién se está hablando de agroecología o de soberanía alimentaria, somos nosotras y fuimos nosotras las que tras generaciones y generaciones la llevamos a la práctica con nuestras ancestras, nuestras abuelas, que venían cuidando los montes, los bosques y venían denunciando este avance. Porque tenemos compañeras en esta lucha por la tierra hace más de 20 años en el país. 

En Misiones, tenemos compañeras que fueron hostigadas, perseguidas; compañeras a las que les destruyeron las casas, a las que amenazaron con que le iban a matar a los hijos para que dejen de luchar. Porque los varones no estaban en el territorio, estaban trabajando afuera y nosotras, con nuestras madres y abuelas, estábamos en la casa y, a pesar de estar sometidas todo el tiempo a ese miedo, seguimos. Es una lucha que sólo se ve así en los territorios y que es impulsada por las mujeres.

¿Qué significa para vos ser Promotora de Género?

Ser promotora de género es cuidarnos entre nosotras. En mi caso, si tengo que salir, pasa una sola vez el colectivo al día y tengo que hacer 15 kilómetros para poder acceder a una comisaría, como a cualquier servicio básico. Entonces, como no hay posibilidad, somos nosotras otra vez las que nos juntamos, las que contamos nuestras experiencias, las que decidimos formarnos. La UTT nos brindó muchas herramientas para poder conocer nuestros derechos, porque nosotras no sabíamos que existían muchos tipos más de violencias, en nuestros territorios violencia era solo un golpe, pero vemos que son muchos los tipos de violencias que existen.  Entonces, nosotras estamos haciendo lo que muchas veces no hace el Estado, y lo hacemos porque si no lo hacemos nosotras no lo hace nadie.

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Por Vivian Palmbaum / Foto por Indymedia

El informe fue elaborado por el Comité de Salud Ambiental, de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) compuesto por un conjunto de médicos, médicas e investigadores que vienen trabajando hace muchos años con las consecuencias del modelo de producción intensiva de la agricultura. Allí se revela lo que ya es ampliamente conocido: la asociación del ambiente con la salud infantil, tal como se viene denunciando y corroborando. En el documento se sintetizan los conocimientos actualizados y científicamente documentados y  reconoce el envenenamiento que afecta a las vidas más pequeñas.

Desde distintas zonas rurales y aledañas se vienen denunciando la recurrencia de enfermedades que lejos están de ser naturales y que se han ido incrementando a la par que el modelo agrícola de producción industrial se fue consolidando y ampliando en nuestro país. Desde 1996, año en que se le dio vía de entrada a la producción de soja transgéncia con la habilitación de Monsanto en nuestro país, se instaló un modo de producir en la agricultura ligado al uso de distintas sustancias químicas asociadas a la semilla genéticamente modificada.

Entre quienes iniciaron la lucha contra este sistema es necesario reconocer al Dr. Andres Carrasco, pionero en visibilizar las terribles consecuencias por lo que sufrió amenazas  y persecuciones hasta su muerte. Luego las Madres de Ituzaingó, Córdoba, y madres, padres, docentes y habitantes de distintas regiones rurales que se fueron organizando para enfrentar una realidad siniestra que se metía en las casas y que no tenía límites.

Todas las formas de vida son afectadas por el uso de productos químicos en la agricultura. Peces muertos, abejas en peligro de extinción y el ecosistema en peligro de desaparición, son algunas de sus consecuencias junto a las derivas que se propagan a ríos, lluvias y hasta las ciudades entre sus innumerables consecuencias.

El informe de la SAP da cuenta que “no existe todavía ninguna Ley Nacional que regule el uso de estos productos en todo el territorio nacional. De este modo, salvo las localidades donde se han dado intensas luchas por parte de los vecinos afectados y se han logrado algunas ordenanzas municipales restrictivas, casi no existen restricciones al uso de estos productos”.

Desde Marcha entrevistamos al doctor Medardo Avila Vazquez, pediatra, neonatólogo y epidemiólogo, infatigable para visibilizar los efectos de agrotóxicos en niñas y niños. Acompañó a las Madres de Ituzaingó y es uno de los fundadores de la  Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados , entre otras tantas actividades en las que participa militando a favor de la vida.

Medardo Avila comenzó la entrevista valorando la importancia del documento “porque recopila toda la información que se ha ido generando en los últimos diez años sobre esta situación”. Reveló que  “hay pocos países donde la exposición de las personas y de las y los niños es tan intensa como la que se da en los ambientes de las zonas agrícolas, en los pueblos de las zonas agrícolas, donde  la contaminación del aire, del suelo y del agua va creciendo porque las aplicaciones de agrotóxicos se incrementan año a año y aumentan las dosis de aplicación”.

Además, comentó que “es muy importante que la Sociedad Argentina de Pediatría, que es nuestra organización científica de los pediatras argentinos, haya hecho este informe donde se llama a las cosas por su verdadero nombre, ´las sustancias químicas que se usan en el campo son tóxicas para los humanos´”.

¿Cuáles son los efectos en la salud de los niños y niñas?

El trabajo científico y epidemiológico demuestra que en los pueblos agrícolas entre el 40% y el 50% de los niños y niñas tienen síntomas de asma, sobre todo en los meses de aplicación de agrotóxicos (de octubre a diciembre).  Por el contrario, ciudades grandes como Rosario, Córdoba, Mar del Plata o Buenos Aire, solamente el 12% de los niños sufre cuadros asmáticos y necesita usar broncodilatadores en aerosol. También está multiplicada la cantidad de niños que nacen con malformaciones, dos o tres veces más frecuente que lo habitual que tienen las poblaciones humanas. Esto se da en los contextos de madres o embarazadas que viven en ambientes donde se respira agrotóxicos y estos actúan sobre las estructuras genéticas de los embriones y de los fetos produciendo malformaciones graves.

Pero los efectos tóxicos son más amplios aún, tal como lo explicó el doctor Vazquez, “en los niños y niñas los agrotóxicos y el glifosato en particular, se ha demostrado que tienen un efecto de inhibición la multiplicación de las ramificaciones de las neuronas. Las neuronas son nuestras células neuronales que tienen que estar interconectadas, la interconexión entre las neuronas es la que nos da nuestras capacidades intelectuales sensitivas, emocionales a nuestro cerebro. Esto se ve muy disminuido en contextos donde hay una carga de glifosato muy grande, donde las neuronas no se ramifican o se ramifican mínimamente comparándolas con las neuronas normales.  Esto se ha demostrado en grupos de estudio de la doctora Rosso, en Rosario, y publicado en las revistas Neurotoxicology de EE.UU., donde se demostró el daño de los neurotóxicos en las neuronas. El año pasado se publicaron extensos estudios epidemiológicos en EE.UU. donde se demostraba que las madres que vivían en las zonas cercanas a las aplicaciones de agrotoxicos tenían más del doble de riesgo de que sus niños tengan problemas de desarrollo intelectual, que tengan problemas del tipo autismo, que tengan problemas para aprender en escuela, que tengan problemas para hablar correctamente y eso es muy grave”.

Además destacó que “también los canceres están aumentados, principalmente en los adultos más que en los niños”.

Recordemos que docentes de los pueblos fumigados formaron una red para denunciar y visibilizar los efectos de las fumigaciones sobre las escuelas rurales. Desde el gobierno del ex presidente Macri fueron avaladas estas prácticas y condenado a quienes se oponían y hasta se instó a mal llamar productos fitosanitarios a los venenos y se responsabilizó por el mal uso a quienes perdían su salud en las aplicaciones.

El doctor Medardo Avila Vazquez fue enfático al expresar, “debemos avanzar en un sistema de producción que disminuya el uso de agrotóxicos y proteja a los niños y niñas de esta exposición, sobre todo en las escuelas que son fumigadas con las y los niños adentro de ellas”.

[i] “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”  https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_efectos-agrotoxicos-07-21_1625686827.pdf

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Por Huerquen* / Foto: Alvaro Ybarra Zavala / Getty Images

Hoy que la pandemia nos hizo familiar hablar de curvas y picos, hacer el mismo ejercicio con el modelo agrícola es esclarecedor de su inviabilidad: en estos más de 20 años el aumento de la superficie sembrada y de los rindes por hectárea, no se corresponden con el aumento de la cantidad de kilos/litros de agrotóxicos aplicados y liberados al ambiente. Mientras las dos primeras crecen aritméticamente, la última crece exponencialmente. En 1996 se usaban 3 litros de glifosato (al 48%) por hectárea, y hoy se están usando casi 14 (encima del 60% de promedio) dice Eduardo Cerdá de RENAMA, y con mezclas de químicos sobre las que no sabemos su dinámica en el ambiente y menos su impacto biológico.

Ya sabemos lo que pasa cuando las curvas se disparan: en los Pueblos Fumigados de la pampa húmeda y del norte argentino han cambiado las formas de enfermar y morir. Además de una lista larga de enfermedades que tocan demasiadas puertas en cada localidad, como el cáncer, los problemas de tiroides, dolencias respiratorias, digestivas y epidérmicas o nacimientos con malformaciones; abordar la complejidad del modelo nos lleva a reconocer todo lo que han cambiado la forma y el rostro de nuestros territorios.

Benito Juárez, al centro-sur de la provincia de Buenos Aires, es uno de los tantos partidos donde el agronegocio hizo pie hace tiempo y tenía una ordenanza cuya única restricción a los venenos del agro eran el asfalto y el timbre de la escuela; pero que el jueves 25 de junio votó su nueva ordenanza “buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos”. Como en todos y cada uno: una historia aparte, y una parte del todo.

Juárez

Rodolfo Tula, además de vecino de “Juárez” es ingeniero agrónomo y trabaja en el INTA: “este modelo basado en la dependencia de insumos externos y fuerte demanda de capital que hoy es hegemónico, impactó en Juárez con cambios muy profundos durante las últimas décadas. Acá por ejemplo desde 1960 tenemos casi la misma población en todo el partido, 20.300 habitantes, pero cambió donde están ubicados: si en 1960 había 6.000 personas en la ciudad cabecera, en el 2010 estamos en 14.000. Disminuyó la gente que vivía en zonas rurales. Cambió la relación entre lo rural y lo urbano, en lo comercial, y lo social en el sector rural. También cambió el número de explotaciones agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, desde el 2002 la provincia de Buenos Aires pierde casi el 30% de los establecimientos. Este es un modelo que expulsa a la gente del campo y que además hace desaparecer las explotaciones más chicas, porque es muy demandante de escala y de capital.”

Mauro Jáuregui, que forma parte de la Asamblea de Autoconvocadxs por la Salud Ambiental (AASA) que viene denunciando los impactos de las fumigaciones, concuerda: “Acá había puestos por todos lados con familias enteras. Desde los 90 eso empieza a cambiar y comienzan a desaparecer escuelas por falta de alumnos, por falta de puestos. Eso produce un desarraigo enorme. El pueblo no puede absorber a toda esa gente por falta de trabajo y mucha gente se va a otras ciudades más grandes como Tandil”.

Rodolfo continúa: “Los agroquímicos también impactan fuertemente en la pérdida de biodiversidad y en la salud; además generan daños y conflictos entre particulares. De todo esto surge la necesidad de ordenar el territorio y legislar sobre la aplicación de estos productos”.

Discusión territorial y ordenanza

En 2014 la Municipalidad decide trabajar un plan de ordenamiento territorial, y para su confección se realizan talleres en todas las localidades del partido, con participación del INTA y distintos actores comunitarios, abordándolo en su complejidad. “Talleres abiertos y participativos donde tomábamos inquietudes y demandas de los vecinos sobre su territorio. Un plan que entiende que la respuesta es socio-técnica, con las personas y lo intereses colectivos adentro, y con un componente ético indivisible de cualquier análisis. A su vez talleres sectoriales con productores, con jóvenes, con la junta de comisiones vecinales; y todo eso sumado al trabajo en gabinete con datos topográficos, de la escorrentía de aguas, de las relaciones comerciales con partidos vecinos, etc. Se genera un diagnóstico que se presenta en un taller con todos los actores de la comunidad, y se presentan los temas que surgieron más fuertemente. Uno de ellos es la necesidad de restringir la aplicación de agroquímicos, que queda fuertemente instalado y con la urgencia de trabajarlo”.

Para Rodolfo el debate multisectorial permitió consensos, que sin negar matices y diferencias, fue la base de un proyecto de ordenanza que, en agosto de 2018, todos los bloques del concejo deliberante local se comprometían a votar. 48hs antes del tratamiento, el bloque de Cambiemos que tenía la mayoría rompe el acuerdo, y presenta un proyecto propio que permitía fumigar a 30 metros de la zona urbana, y lo vota. De los 7 miembros de su bloque 6 son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos, y uno además es aplicador.

Esa ordenanza es vetada por el intendente y proyecto original vuelve a primer plano. Este proyecto se votó el pasado 25 de junio y se aprobó por unanimidad.

De la lectura de la ordenanza y anexos anotamos: Se establecen «Zonas Verdes”, de exclusión de fumigaciones, en el polígono que rodea a cada centro urbano (Benito Juárez, Villa Cacique, Barker, Estación López, Tedín Uriburu, Bunge y El Luchador) desde 400 a 800 metros, y 2 km para aplicaciones aéreas. “Zonas buffer” de 500 metros de los pozos de dotación de agua, y 50 metros a cada lado de los límites de cursos y espejos. 500 metros de exclusión para escuelas rurales, viviendas habitadas y “unidades de producción no convencionales”. Se delimitan con detalle condiciones climáticas de fumigaciones y se establece la plantación de “Vegetación Testigo” que “podrá dar cuenta del daño por agroquímicos”. Prohibición de fumigar banquinas consideradas como espacio de resguardo ambiental. Un observatorio y seguimiento satelital.

Balances

“Creo que es la única ordenanza que se hace en el partido con participación de un montón de actores” dice Mauro y continúa: “Creo que eso la hace destacada, que ha sido amasada, leudada, cocinada en una mesa muy grande. Y me parece muy importante que se hizo bien horizontal.”

Para Rodolfo “lo más destacado de la ordenanza es que se habla del modelo, y no sólo de la toxicidad de los productos sobre la salud y el ambiente, que por supuesto era una cuestión central; pero todas las intervenciones que se hicieron en el recinto fueron en el sentido de hablar de qué generó y qué genera un modelo que expulsa a la gente del campo, que brinda menos mano de obra, que necesita capital para sostenerse, que disminuye la biodiversidad, que no genera alimentos a nivel local. Todo esto se puso en relieve. Logramos que se aborde la complejidad y no es fácil evadir estas discusiones donde se plantean visiones reduccionistas sobre limitar las derivas, sobre las llamadas buenas prácticas y que en general llevan a un cuello de botella donde todo queda supeditado a una o dos variables.”

“Lo otro a destacar es el logro que mediante el plan de ordenamiento territorial podamos decidir soberanamente cómo queremos vivir los vecinos del partido. Se planteaba esperar a que venga la ley provincial y nosotros dijimos que no, que tenemos el derecho de decidir colectivamente como queremos vivir, relacionarnos, qué queremos fomentar y qué no; como por ejemplo que los lugares de restricción son para promover otro modelo productivo como es la agroecología. Es un gran avance” concluye.

Juárez, pandemia y después

Lo de Juárez es particular y también general; un proceso concretísimo a su vez conectado con lo que sucede en muchos otros pueblos de la pampa húmeda. Ahí donde grupos de vecinos y organizaciones sociales enfrentan (de distintas maneras) el lobby del agronegocio que encarnan organizaciones como CASAFE, Aapresid, CREA, la Sociedad Rural u otras, impulsando ordenanzas que obligan a las y los vecinos convivir con los agrotóxicos; desplegando un discurso fuertemente negacionista de su impacto negativo en lo sanitario, lo ambiental y (también en) lo económico; y además con aceitadas conexiones con determinadas representaciones políticas.

También es elocuente de la importancia del rol del Estado cuando se decide a ponerle límite a este poder económico; y también de los límites del consenso como quienes fantasean con poder “poner en suspenso” la lógica del capital.

A su vez “abordar la complejidad” como plantean en Juárez es algo distinto a los discursos maximalistas que contraponen el debate de “metros de exclusión” con “discutir el modelo”. Discutir el modelo, más que una declamación, implica justamente abordar esa complejidad en lo concreto de sus particularidades para avanzar (y que no avancen). Esos metros ganados son importantes para la vida de los y las vecinas de Juárez y para la construcción ahí de experiencias agroecológicas, y esto sigue.

Para Mauro “La ordenanza sale ahora en medio de semejante crisis; lo que queda es lo propositivo, es la producción agroecológica, es hacer de estos pequeños pueblos unidades productivas; que puedan asociarse, que puedan dar alimentos sin veneno”.

Para Rodolfo “Esta coyuntura, que es tremenda en un montón de aspectos, nos brinda una oportunidad de reflexionar; antes en los periurbanos había muchos productores familiares, diversificados, chacras mixtas que proveían al pueblo de alimentos sanos y frescos; y es innegable que ese es un modelo más soberano alimentariamente, muchísimo menos dependiente, esto nadie lo duda y es una conclusión muy grande. Están apareciendo herramientas, desde el Estado nacional y provincial, que incluyen todo esto, y están las organizaciones sociales gracias a las que el tema está instalado”.

*Publicada originalmente en Huerquen

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Por Colombia Informa

Maíz, trigo, soja, caña de azúcar y algodón serán cultivados modificados genéticamente. El Movimiento Agroecológico Boliviano -MAB-, la Red Eclesial de la Amazonía Boliviana -REPAM- y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo -CLOC-Vía Campesina- se oponen a esta medida.

El único artículo de la norma sostiene que “de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

La evaluación de las citadas organizaciones sociales bolivianas es que este decreto podría generar un etnocidio. Ven que todo esto está siendo provocado por intereses económicos empresariales y el abandono que sufren las comunidades más empobrecidas en el país por parte del Estado.

El MAB, conformado por 38 instituciones, colectivos y organizaciones de productores publicó un comunicado en el que exige la derogación del decreto.

En él se explica que el Gobierno dictatorial de Áñez viola y transgrede “la Constitución Política del Estado, la Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena que Bolivia suscribió el año 2000 y que ratificó mediante Ley Nº 2274 del anterior Gobierno.

Por su parte, la CLOC-Vía Campesina, manifestó que “este decreto pone en riesgo la soberanía alimentaria del pueblo Boliviano y es un atentado en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las y los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. De igual forma, atenta contra la salud y la alimentación saludable y pone en riesgo la biodiversidad y el patrimonio genético de este país”.

Ambos documentos recogen reclamos nacionales e internacionales. Exigen que “el gobierno central implemente acciones que promuevan una alimentación sana, mediante el fortalecimiento de la agricultura familiar con enfoque agroecológico, para hacer frente a la pandemia”.

Asimismo, invitan a la comunidad internacional a “expresar su repudio ante esta barbarie que pretende el actual gobierno en contra de la agricultura campesina, a las instituciones internacionales para que aceleren las medidas que buscan restablecer la democracia en Bolivia y a todas las organizaciones campesinas y aliadas a defender nuestras semillas nativas y nuestro modelo de Soberanía Alimentaria”.

La REPAM reclamó al Gobierno boliviano que la medida “puede traer consecuencias irreversibles, no solo al daño del medio ambiente, o la explotación irracional de la tierra, o las consecuencias en la salud humana; con esta norma se pretende dar apertura a un negocio para la exportación y en beneficio de un sector privilegiado que sistemáticamente seguirá fomentando la deforestación y pérdida del bosque nativo, contaminación del agua y la pérdida de capacidad de producción del suelo”.

Sin embargo, el Ministro de Desarrollo Productivo boliviano, Óscar Ortiz, defendió la norma y dijo que está encaminada a “fomentar mayor productividad para que se pueda fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos en las exportaciones”.

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Por Vivian Palmbaum | Foto del Foro Ecologista de Paraná

Hoy 18 de febrero se cumplen 110 semanas desde que las asambleas y habitantes de distintos lugares de la provincia se vieron obligados a darse cita frente a la Casa de la Gobernación de la provincia de Entre Ríos porque las protestas y acciones locales no alcanzaban. Hace poco más de dos años que habitantes, vecinos, vecinas y organizaciones civiles encontraron un modo de visibilizar la resistencia al modelo agro contaminante, porque hasta el Poder Judicial les ha dado la espalda.

El 2020 inició con tristeza, con la provincia litoraleña asediada por el uso masivo de agrotóxicos que no se detiene ni siquiera frente a las escuelas rurales. Una situación que se repite a lo largo y ancho del país.

Una vez más, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), lo cual impide la presentación de un recurso de apelación ante la Corte Suprema para que proteja a las escuelas entrerrianas de las fumigaciones con agrotóxicos.

Proteger del veneno a las niñas y niños, docentes y no docentes que asisten cotidianamente a las escuelas rurales es la prioridad para las organizaciones y asambleas civiles de Entre Ríos. El gobernador y la justicia provincial no lo creen necesario.

Las evidencias están a la vista

Los datos son escalofriantes y muestran la realidad de lo que se denuncia y no aparece en los medios hegemónicos. Así lo denunció Entre Ríos 24 que, en un relevamiento hecho en febrero de 2018, mostró que el 55% de los niños, niñas y adultos internados en el hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones, eran entrerrianxs.

Además, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), que datan del 2017, Entre Ríos ocupó el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer, con 140 casos cada 100.000 habitantes.

Resistir por todos los medios

Este fallo del STJ mereció el repudio generalizado de las y los entrerrianos. La presidenta del Foro Ecologista y una de las denunciantes, Lucia Ibarra Bouzada, afirmó en un medio local (FM Litoral) que el fallo fue sorpresivo y que solo se puede explicar como una decisión política, ya que repite el contenido del decreto y no se toman en cuenta las pruebas presentadas. Bouzada agregó que otro elemento de presión del propio fallo es que carga las costas judiciales a la parte demandante, es decir, al Foro Ecologista y AGMER. Entre otras cosas explicó que lo que efectivamente reconoce el fallo es que la distancia de fumigación debe tomarse desde el cerco de la escuela, y no como se hacía antes desde la misma escuela. “Nosotros estamos convencidos de que el camino es proteger la salud de los chicos y de toda la población y no nos vamos a detener”, declaró.

El Foro Ecologista de Paraná y AGMER, junto a la Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a las asambleas ciudadanas, están elaborando la presentación de un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia y además prevén hacer una presentación frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El envenenamiento no se detiene

El año 2019 estuvo atravesado por una batalla judicial para proteger los derechos de niños, niñas, docentes y no docentes de las escuelas rurales que reciben los efectos del veneno en sus cuerpos y en el aire que respiran.

Solo unos meses antes de las elecciones en la provincia, el gobernador derogó por decreto la reglamentación sobre las distancias mínimas para las fumigaciones que habían sido reconocidas por la Justicia, avalando así que las escuelas fueran rociadas de veneno.

Una verdadera paradoja en la que desembocó esta situación fue que el gobernador Bordet obtuvo la reelección frente al candidato de Cambiemos. Si hablamos de paradojas en esta provincia, el mismo mes que el gobernador anuló por decreto la sentencia judicial contra las fumigaciones, se inauguró la primera reunión de la Mesa de Trabajo que daba inicio a la transición hacia una matriz productiva agroecológica en la provincia.

(In)Justicia

En este vértigo institucional, hasta se animaron a modificar, en un trámite exprés, la Ley de Procedimientos de la provincia para cambiar el tribunal de competencia, que pasaba de la Cámara en lo Penal (denunciada por la Mesa de Enlace por fallar en su contra) al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que casualmente fue quien rechazó el amparo colectivo. El mismo que hoy rechaza el recurso extraordinario que permitiría la intervención de la Corte Suprema para entender en el caso.

En esta desgastante secuencia es necesario recordar que las distancias de fumigación actuales son de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para fumigaciones aéreas. Muy lejos están las demandas ciudadanas de 1000 y 3000 metros, respectivamente.

Basta es Basta

Desde la Coordinadora Por Una Vida Sin Agrotóxicos, Basta es Basta, titularon “Un escándalo jurídico en Entre Ríos, otra vez contra la gurisada, contra la Constitución y contra las leyes”. Integrantes de la coordinadora afirman que “es inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar e impida que avancemos en un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet”.

Hay un modelo productivo que está en pugna, ese que como un vampiro se chupa las vidas de las personas, sin distinguir edades. Es una situación de desamparo que se repite en las distintas provincias del país.

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Por Vivian Palmbaum

La imagen de la vida en el campo aparece como el ideal de descanso, tranquilidad y vida sana para las y los habitantes de las ciudades. Sin embargo, hoy se parece a un escenario donde se teje una guerra silenciosa contra la población que está más amenazada por la contaminación que si viviera en la ciudad.

En cada región del país la organización de las luchas contra las fumigaciones y a favor de la vida toman distintas formas y modalidades. Entre Ríos es quizás la provincia con mayor organización  y coordinación local de la resistencia contra este modelo de envenenamiento. Se presentó una nueva acción de amparo ambiental desde las organizaciones contra el nuevo decreto del gobernador Bordet que limita las distancias para las fumigaciones.

Los habitantes de la provincia entrerriana se han organizando en distintos municipios, al tiempo que confluyen en una Coordinadora provincial de las luchas contra las fumigaciones, junto al Foro Ambientalista y la Asociación del Magisterio (AGMER).

Las asambleas se fueron gestando en pueblos y en ciudades donde las y los habitantes se opusieron al modelo agro-contaminante. Con las marchas de los días martes en la capital de la provincia, Paraná, visibilizaron los estragos causados por las fumigaciones y la profundización del modelo productivo.

“Seño me pican los ojos” es uno de los comentarios más escuchados por las maestras rurales de Entre Ríos contábamos en abril, cuando el Poder Judicial hacía lugar al recurso de amparo que dejaba sin efecto el decreto del gobernador Bordet que eliminaba las distancias para las fumigaciones sobre las 1023 escuelas rurales en horario escolar. Fue en esa provincia donde el presidente Macri se animó a calificar de “irresponsable” al fallo judicial a favor de la salud, que el gobernador Bordet nuevamente volvió a embestir derogando lo que por la vía judicial se había establecido.

Sin embargo, las y los habitantes de la provincia con uno de los mayores índices de contaminación por envenenamiento por fumigación con agrotóxicos nuevamente se organizaron para presentar una acción de amparo colectivo ambiental, solicitando que se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad y revocación del Decreto N° 2239, publicado en el Boletín Oficial el día 5 de agosto de 2019. Hace pocas horas, luego que venciera el plazo, la justicia entrerriana rechazó la medida cautelar interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y Agmer.

Tal como consignan distintos medios locales,  el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sostuvo que “el rechazo de la medida cautelar implica que el decreto 2239 resulta plenamente aplicable, es decir que, a la comunidad de productores, ingenieros agrónomos y aplicadores de productos fitosanitarios, se les debe comunicar que la mencionada norma continúa en vigencia. No hay ninguna medida judicial que lo suspenda en su aplicación”. AGMER y el Foro Ecologista también interpusieron una acción de amparo contra el Gobierno provincial promoviendo la inconstitucionalidad del Decreto, lo que seguramente se resolverá a la brevedad.

La demanda presentada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Rios (AGMER) junto al Foro Ecologista de Paraná denunciaba que la medida afectaría a todos los niños, niñas, adolescentes, maestras, maestros y personal no docente que concurre a las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos y cuya pretensión es la defensa del ambiente, tal como se expresa en la presentación que se realizó el viernes 16 de agosto.

Un sistema productivo que excluye la vida

En mayo, las entidades agropecuarias estimaron que por las restricciones en las áreas de fumigación, que establece límites en las zonas que rodean las escuelas rurales, quedarían fuera unas 300 mil hectáreas del sistema productivo. Además, afirmaron que esto provocaría un daño irreversible al sistema productivo entrerriano. Tengamos en cuenta que tal como indica el último Censo Nacional Agropecuario, publicado por el INDEC, el área productiva comprende alrededor de 6 millones de hectáreas para la provincia de Entre Ríos.

Mientras tanto, se multiplican los casos de cáncer, nacimientos con malformaciones y todo tipo de padecimientos de piel, alergias y otras patologías asociadas. Las abejas mueren en masa y se altera el ecosistema. Hoy es más peligroso vivir en el campo que en las ciudades. Sin tener en cuenta que las derivas de las fumigaciones esparcen la contaminación hacia confines impensados.

La Sociedad Argentina de Apicultores, con el acompañamiento de la organización Naturaleza de Derechos, demandaron judicialmente al SENASA (Servicio de Sanidad Vegetal y Calidad Agroalimentaria) para que se prohíba el uso a cielo abierto de cuatro agrotóxicos e insecticidas. Clothianidin, Imidacloprid, Tiamethoxam y Fipronil son las principales sustancias químicas relacionadas con la disminución drástica de la población mundial de abejas.

Un grave contraste entre los bienes que se quieren defender y las vidas que se ven afectadas y desprotegidas. En esa provincia es inolvidable el emblemático caso de Fabián Tomasi, símbolo de la contaminación y la lucha contra los agrotóxicos.

Basta es basta

Desde la Coordinadora Basta es Basta emitieron un comunicado, “Repetir los argumentos no frena los daños“,  en donde responden al decreto del gobernador Bordet donde fundamentaban el amparo colectivo frente a la arbitrariedad del ejecutivo provincial que además ha motivado que el Poder Legislativo impulse la revisión de la legislación que regula los amparos.

Entre otras cosas, en el comunicado recuerdan que las distintas sentencias judiciales se expidieron sobre la necesidad de que el gobierno “pruebe” la inocuidad de las aplicaciones realizadas en distancias menores. Esta exigencia nunca se cumplió. Fundamentaban que con esta nueva acción de amparo intentaban “visibilizar nuestro deficiente e incompleto sistema de ‘registro’ de agrotóxicos que omite exigir a las empresas estudios científicos, sin conflictos de interés a mediano y largo plazo, que son los periodos en los que se presentan daños crónicos y acumulativos a la salud como es el daño genético, que luego desencadena patologías graves tales como cáncer, infertilidad, Alzheimer, deterioros neurológicos”, entre otros. Este sistema permite que en Argentina estén autorizados 108 plaguicidas prohibidos en el resto del mundo.

En medio de un proceso electoral que se avecina a nivel nacional, y que en la provincia ya ha dado como resultado la reelección del gobernador Bordet, desde la Coordinadora destacan que “la arbitrariedad en favor del lobby del agronegocio conspira contra nuestra democracia, contra la división y el equilibrio de poderes. El único camino que nos dejan consiste en insistir con acciones judiciales en aras de proteger a toda la comunidad entrerriana de daños genéticos que comprometen la salud no sólo actual sino de segundas y terceras generaciones”.

“Queremos que nuestra gurisada (NdR: nuestras niñes) pueda saltar en patas en los charcos que deja la lluvia sin envenenarse por los agrotóxicos, que llueven en nuestra provincia; que puedan correr hasta cansarse sin temor a que el aire los ahogue por los agrotóxicos que flotan en la deriva negada por quienes debieran protegerlos”.

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Dr. Andrés Carrasco

A poco de finalizar el período del gobierno de Cambiemos, trabajadores y trabajadoras de la educación de la Provincia de Buenos Aires relatan sus resistencias cotidianas al modelo extractivo de producción industrial agrario contaminante. Una postal de algunas regiones afectadas por el modelo productivo. 

Por Vivian Palmbaum

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició el 2019 habilitando la aplicación de la Resolución N° 246, firmada por el ministro Leonardo Sarquis, y permitió extender el área de las fumigaciones con agrotóxicos. Una medida que favorece el negocio por encima del valor de la vida. Así es que desde hace muchos años se vienen gestando iniciativas de organización en cada municipio que lograron limitar el uso de venenos. Esto es posible sólo a través del trabajo colectivo, comunitario y la articulación a nivel regional y federal. Marcha entrevistó a Yamila Vega docente de San Andrés de Giles e integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida.

Fumigando Buenos Aires

Yamila Vega es docente y vive en San Andrés de Giles, “gracias al impulso del colectivo Ambiente Saludable, docentes y vecinos que habían sido fumigados en proximidades de la escuelas y en sus casas lograron que en 2017 se realizara  la primera Audiencia Pública en la localidad para debatir e impulsar una nueva ordenanza, que se materializó meses después” relata.

“Pese a la ordenanza vigente se sigue fumigando en las adyacencias de las escuelas rurales. Los que más sufren las consecuencias son las y los habitantes del medio rural, porque no hay ninguna ordenanza que los proteja” expresó Vega sobre la situación de la salud en espacios rurales, y agregó  “lo que se consiguió fue un registro para que aquellos productores que tengan agroecología se puedan anotar y no les fumiguen a 100 mts., aunque sabemos que la deriva es incontrolable, entonces la ordenanza no los protege”.

A partir de este diagnóstico, la respuesta fue organizada “nosotros y nosotras desde la Red conociendo esta realidad lo que tratamos de generar son capacitaciones, charlas y a través del boca en boca fomentamos el uso del Protocolo de actuación y denuncia para escuelas fumigadas. Por suerte a partir de este año los gremios docentes están teniendo en cuenta el Protocolo y también lo tomó CTERA”.

Pero sólo con el Protocolo no alcanza, “la idea es trabajar,  comenzar a reunirnos con los gremios para avanzar en el uso del protocolo, porque la realidad es que la mayoría de las y los docentes lo desconocen o a veces como no baja directamente de la Dirección General de Escuelas no saben muy bien si usarlo o no cuando están fumigando”. Además explicó que ante un caso de fumigación en horas de clases se está vulnerando el derecho a la salud de los niños y  niñas, contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y además ampara a las y los docentes   la Ley Nacional de Educación.

En los barrios de Pergamino, uno de los núcleos sojeros más fuertes de la llamada Pampa Húmeda, sus habitantes también están sufriendo estragos por la contaminación por fumigaciones. La situación hizo necesario que una vez más las mujeres se pusieran al frente de la lucha y se organizaran como Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, así vienen llevando adelante movilizaciones y presentaciones judiciales para detener a la maquinaria de enfermar y matar con complicidades oficiales. En otros municipios también se organizan para resistir al envenenamiento.

Proyecto educativo contra el envenenamiento 

Yamila Vega como trabajadora de la educación también expresó varias de las preocupaciones de la Red. Por un lado, “una preocupación constante de la Red es que las fumigaciones entren en la ART, que nos la pasen como un accidente de trabajo y que los análisis bacteriológicos que se hacen sobre el agua en las escuelas también contengan análisis de agrotóxicos para poder detectarlos”.

Por otra parte, relató que las empresas del agro-negocio con la complicidad del Estado se entromete en las políticas educativas a través del fomento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, sobre todo en las escuelas agrarias como la que yo trabajo.

Se ofrecen capacitaciones con puntaje para docentes en Buenas Prácticas, ya sea en “feedlot, o cria intensiva de ganado, cultivos, ya que en esas escuelas se trabajan estos contenidos y se potencia distintas actividades como las olimpíadas de pulverización o la agroescuela para las escuelas agrarias.

Las “Buenas Prácticas” en agricultura es una iniciativa implementada por el gobierno nacional para soslayar los efectos de los agrotóxicos, en consonancia con el discurso de las corporaciones, los terratenientes, pooles de siembra y otros que defienden sus intereses.  Desde las organizaciones que se oponen las denominan: “Buenas Prácticas Asesinas”.

Red Federal con marca Zabaloy

Entre 2015 y 2016 Ana Zabaloy se comienza a organizar la Red y cuenta Vera “al principio solo formábamos parte las y los docentes de la provincia de Buenos Aires. La Red se “inauguró” durante el 8° Encuentro de pueblos fumigados, que se realizó en San Andrés de Giles en agosto de 2017. Luego, acompañamos a Mariela Leiva en el juicio que de Entre Ríos, y partir de allí la Red comenzó a convertirse en “federal”, formando parte de ella docentes, vecinos, comunicadores y profesionales de una amplia franja del país, zonas afectadas no solamente por el modelo del agronegocio, en el cual se vierten millones de litros de venenos, sino también zonas afectadas por la megaminería y el fracking”.

Mariela Leiva fue tristemente conocida porque denunció que mientras estaba dando clases en la escuela rural de Colonia Santa Anita, Entre Ríos, una avioneta pasó fumigando a pocos metros de la escuela e intoxicó a los y las estudiantes.La justicia con un fallo inédito sentenció a los responsables con la condena de un año y medio de prisión por considerarlos penalmente responsables de lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa.

La Red nace, tal como lo relata Vega “frente a la necesidad de contención y coordinación de actividades tendientes no solo a la realización de las denuncias sino también para promover proyectos educativos críticos respecto del modelo extractivista al que estamos sometidos, generar conciencia y brindar información a las comunidades rurales, acompañar a quien lo necesite (familias, estudiantes, docentes)”. En Buenos Aires, igual que en otras provincias, cada región tiene distintas ordenanzas vigentes.

Ana Zabaloy es reconocida por el gran trabajo para impulsar la Red “ante la necesidad de terminar con el aislamiento que sufrimos las y los trabajadores de la educación al momento de realizar las denuncias.  Sufrió en carne propia los efectos de las pulverizaciones con agrotóxicos ya que falleció hace pocos meses. Al momento de realizar las denuncias pertinentes no contó con el apoyo de gremios, ni de las instituciones educativas, ni del gobierno municipal, tal como sucede con la mayoría de las y los docentes que denuncian las fumigaciones en las adyacencias de las escuelas.

Hace pocos días se realizó el 1º Encuentro de la Red Federal de Docentes por la Vida, con una gran asistencia, donde se abordaron las principales problemáticas de las diferentes regiones del país y  además se consensuó una propuesta colectiva que es “empezar a mostrar el otro modelo, el único modelo posible, que es la agroecología, sobre todo a través de proyectos educativos.

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Por Vivian Palmbaum / Foto: Colectivo Manifiesto

Se acerca la finalización de un período de gobierno signado por la profundización del modelo productivo extractivo y contaminante y por la defensa de las corporaciones mientras se minimizaban las consecuencias para la salud de todas las formas de vida. En ese marco se implementaron las “Buenas Prácticas” en agricultura, una iniciativa del gobierno nacional para soslayar los efectos de los agrotóxicos, en consonancia con el discurso de las corporaciones, los terratenientes, pooles de siembra y otros que defienden sus intereses.

Como contrapartida y en defensa de la vida una gran cantidad de asambleas y colectivos se organizaron para resistir y enfrentar un modelo productivo que viene profundizándose en estos últimos cuatro años a la par que se recortan derechos elementales.

Facundo Viola, de la localidad de Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad capital, donde se localiza la producción frutihortícola,  nos contó que en la provincia, se estima que unas “700 escuelas rurales son fumigadas o están en permanente riesgo de fumigación”, y agregó que “además una cantidad que seguramente supere esta cifra de escuelas están dentro de los ámbitos urbanos, en pequeños pueblos al borde de las ciudades donde también les llega la fumigación con agrotóxicos provenientes de los campos que se cultivan bajo el modelo agroindustrial de manera permanente”.

Facundo Viola nos contó que la normativa que en la provincia de Santa Fe prohíbe fumigar, sin excepción, a menos de 500 metros de los centros educativos, tiene 25 años de vigencia, pero que no se cumple. Así fue como “comenzamos luchando contra las fumigaciones que se daban a dos metros de una ventana de una escuela. Lugares en donde además de fumigarse dejaban envases de agrotóxicos tirados muy cercanos a donde pasan los niños. Además escurrían las aguas de los campos cuando se inundaban hacia la puerta de la escuela y toda esa agua era pisoteada por docentes, alumnos y padres cuando iban a retirar a sus niños”.

Facundo Viola contó respecto de las acciones que vienen llevando adelante que “con la organización colectiva,  en la localidad de Arroyo Leyes, hemos hecho numerosas denuncias penales, acciones administrativas y en base a en nuestra localidad de Arroyo Leyes se fumiga a unos 400 metros de distancia desde las escuelas”. Además, contó que “la situación varía según la ciudad y el compromiso que tengas sus pobladores, en algunos lados no lo hacen tan cerca de las escuelas y en otros lo hacen tan cerquita”.

Desde el campo y la Academia

Docentes y habitantes forman son parte del conjunto de trabajadores y trabajadoras rurales de Arroyo Leyes.  Consultado respecto de la situación de quienes trabajan la tierra y la población más precaria el docente, Facundo Viola nos contó cómo es su situación. “Las y los trabajadores rurales se encuentran en una situación muy precaria. La mayoría de los que se emplean en la producción frutihortícola hacen fumigaciones sin ningún tipo de control y protección, como ser guantes, botas,  equipos impermeables, máscaras. Fumigan sin saber lo que están aplicando, muchas veces con indicaciones de los ingenieros agrónomos que son los mismos que venden los venenos. Las y los hijos de estos trabajadores rurales conviven con los agrotóxicos y con los envases desechados, muchas veces utilizándolos como utensilios: asientos, baldes o depósitos para juntar agua, bañarse, lavar los platos, darle de beber a los animales; juegan muchas veces con estos envases y terminan flotando en los cursos de agua. Hemos detectado de hasta 100 envases juntos atados con una piola flotando en el medio del río. Es una situación terrible que viven las y los niños”.

También desde los ámbitos académicos se han sumado a detectar y evaluar la situación actual en la provincia de Santa Fe. “En nuestra localidad se fumiga sin ningún tipo de control desde hace más de 20 años. La Universidad Nacional del Litoral, UNL, validó lo que la población vive cotidianamente, detectó desde el año 2010 un alto índice de discapacidad por encima del promedio y en 2016 detectaron patologías poco frecuentes en niños como niños azules, probablemente por consumir agua con residuos de fertilizantes, que para nosotros también son agrotóxicos. Desde el año 2007 en todo el cordón frutihortícola santafecino, que rodea la ciudad capital, se ha detectado por estudios de la UNL la doble posibilidad de contraer daño genético y padecer cáncer leucemia abortos espontaneos,  malformaciones para aquellas mujeres que estén en el período ventana expuestas a las fumigaciones. Una situación muy difícil, donde la población tiene escasa o muy poca información  acerca de los riesgos y por lo tanto se ha hecho muy poco al respecto como para generar medidas de protección”, nos cuenta Viola.

La fuerza de la organización colectiva

Facundo Viola contó que forma parte de la organización Vecinos Autoconvocados de Arroyo Leyes, y que articulan con Vecinos Fumigados de la provincia de Santa Fe y con distintos colectivos de pueblos, que impulsan la agroecología en distintos territorios como Desvío La Raíz, Agroecología por la Vida de San Justo, Paren de Fumigarnos y diversos colectivos socioambientales que operan en los territorios cercanos. A nivel nacional también participan de la Red Federal Docentes por la Vida.

– ¿Cuál es la propuesta colectiva frente a este modelo productivo agro contaminante?

Nuestra propuesta de fondo es la transformación del modelo productivo agro contaminante por un modelo basado en la agroecología que respete la mano de obra,  que permita abastecer de alimentos sanos variados y de estación a la población que se encuentran cercanas a la zona donde hoy se produce embate del  modelo con las consecuecias trágicas de las fumigaciones. Que se pueda revertir esta situación a través de procesos de cultivos sustentables que no contaminen a la población.

Eso de fondo y mientras tanto buscamos medidas restrictivas a través de distintos proyectos de ley que hemos presentado en la legislatura provincial, ordenanzas locales y además protocolos como el que intenta impulsar CTERA desde el mes de julio en las escuelas fumigadas.

– La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA, adoptó el “Protocolo de actuación ante una fumigación con agrotóxicos en las adyacencias de las Escuelas Rurales” para distribuirlo en escuelas de todo el país y mitigar los efectos de las fumigaciones sobre escuelas rurales.

Todas aquellas acciones que desnaturalicen, sensibilicen y ayuden a concientizar a la población son importantes en la medida que vamos conquistando distancias y zonas de resguardo para que se puedan practicar estos consumos saludables,  para dar muestras que se puede producir sin contaminar, sin utilizar agrotóxicos de manera rentable, sin utilizar agrotóxicos ese es el camino que necesitamos como humanidad para lograr nuestra propia supervivencia. Sabemos que los agrotóxicos son genotóxicos y que el daño genético puede afectar a las futuras generaciones. Por eso ante la posibilidad que se produzca un daño irreversible, según lo establece el principio precautorio,  según la Ley de Ambiente General de la Nación pedimos que esto se detenga ya y que se pase a la producción agroecológica en general.

Lee más:

Protocolo de actuación ante casos de fumigación en una escuela rural

 

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