Parece ponerse en evidencia que las políticas públicas, lejos de considerar a la vida como prioritaria, privilegian el agronegocio y a las ganancias de las corporaciones por encima de la vida de las personas. La designación del presidente de la Sociedad Rural al frente del Ministerio de Agricultura no deja dudas. Crecen las iniciativas organizadas para ponerle freno a la destrucción de la vida.

El 3 de diciembre fue el Día internacional de lucha por el No uso de agrotóxicos. En nuestro país la situación parece crítica, ya que somos el primer consumidor mundial de agrotóxicos, y se registran envenenamientos del suelo, lecho de los ríos, frutos de la tierra y de personas, cercanas a los lugares de fumigación pero también de aquellas que viven en las ciudades y no tienen ningún contacto.

A la deriva

Deriva es la denominación técnica del fenómeno que sucede, tras una aplicación técnica o terrestre, con el movimiento de plaguicidas en el aire. Esto es lo que sucede cotidianamente en los pueblos fumigados de nuestro país. Así coinciden en describirlo los docentes de la Red Federal de Docentes por la Vida. Frente al riesgo al que queda expuesta la vida presentaron un recurso ante la Defensoría de la Nación en defensa de la vida.

Las y los docentes expresan entre los considerandos del recurso presentado: “Cada vez resulta más evidente que, tal como se afirma en las conclusiones del 3·º Congreso de Médicos de Pueblos fumigados en septiembre de 2015 Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA): ‘El sistema de producción agrícola vigente en el país contamina el ambiente y los alimentos de los argentinos, enferma y mata a las poblaciones humanas de las zonas agrícolas’ y las docentes de esta red podemos dar fe de ello, ya que somos testigos diariamente de la aplicación de un sistema productivo, basado en transgénicos y venenos, que evidentemente no tiene en cuenta el ‘costo humano’, al punto de exponer a alumnos , docentes y comunidad en general, a un grave riesgo de salud, por el solo hecho de concurrir a una escuela rural como docente o alumno , o vivir y/o trabajar en comunidades rurales”.

La Defensoría, en una resolución de septiembre de 2014 (Nº 00029/14), reconoce el “impacto sobre la salud de las prácticas agrícolas actuales, que afecta a las comunidades educativas rurales, y en particular a los niños que asisten a escuelas rodeadas o cercanas a campos cultivados en los que se aplican agroquímicos”. Sin embargo pasados tres años, la realidad no se ha modificado, y ha empeorado en muchos casos. Tal como enfatiza la Red: “Siguen sin respetarse las distancias, se realizan las aplicaciones sin previo aviso y en pleno horario escolar, las escuelas y su población escolar siguen expuestas a las derivas de los venenos aplicados en el modelo productivo vigente”.

Las y los docentes continúan enumerando algunos de los innumerables casos, y entre los más resonantes, que han tomado estado público mencionan: “Las muertes de Nicolás Arévalo, José “Kily” Rivero y el daño a Celeste Estévez, niños de la ciudad de Lavalle, Corrientes o Rocío Pared de la ciudad de Mburucuya, también de la provincia de Corrientes, que murió al ingerir una mandarina con veneno-carbofuran. Melisa Núñez, de 19 años, vecina de Quequén, murió por un derrame de agrotóxicos en un depósito ilegal de la empresa de fumigaciones Shipinsuarence SA: el negocio de los agrotóxicos también le arrebató la vida”. Si se elabora la lista de afectados, podría ser infinita. Un suceso continuamente desoído por las autoridades.

Al mismo tiempo señalan en otros focos de intoxicación a los silos de acopio de cereales, que se encuentran en los pueblos rurales. Una situación que expone a la población a la deriva de las pulverizaciones que también allí se realizan sobre el cereal. A ello se suman otras situaciones como la que se está produciendo en Mendoza para combatir la polilla de la vid, que prioriza una vez más, la renta económica por sobre la salud de la población y el ambiente, sin buscar otras alternativas posibles, saludables y afectando así a las escuelas y al resto de la población rural aledañas a las zonas fumigadas.

Por la vida

Los Docentes por la Vida solicitan a la Defensoría del Pueblo de la Nación:

• Recomiende al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN SUS NIVELES NACIONAL Y PROVINCIALES, incluya el tema en la agenda del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, como así también que en cada Región y Distrito Educativo las Inspectoras Regionales, Distritales, Areales y de los distintos Niveles Educativos. Un pedido que hace hincapié en la necesidad de crear conciencia en el ámbito educativo a la vez que pide que sea difundido un Protocolo de denuncia como una herramienta para los Consejos Escolares y Gobiernos Municipales.

“Porque somos educadores y creemos profundamente en la educación como motor de cambio, solicitamos asegurar en los Diseños Curriculares como los libros de textos que manejan los alumnos de los diferentes niveles de Educación, se incluyan todos los temas que aporten a crear conciencia sobre las problemáticas ambientales de nuestro país y del mundo actual, y su impacto sobre la salud humana, dándole un prioritario lugar a estos contenidos en la formación de nuestros niños y adolescentes, para educar ciudadanos conscientes que a futuro no repliquen estos modelos de producción contaminantes”.

• Recomendar a las autoridades políticas de todos los niveles (municipal, provincial y nacional) arbitren los medios necesarios para que los alumnos , docentes y no docentes de las escuelas rurales dejen de ser sometidos a la violencia constante que implican las fumigaciones con agrotóxicos, ampliando esto a toda la población que se viera afectadas por las derivas, atentos a su deber de asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, La Declaración Universal de los Derechos del niño y el adolescente y La Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que , como ciudadanos, sabemos nos amparan frente a este flagelo.

Además peticionan recomendar al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN, “fomentar la reconversión productiva hacia modos alternativos que eviten el uso de agroquímicos” Para finalizar apelan a nuestra ley suprema la Constitución Nacional y piden que se cumpla con el artículo 41 que dice:

Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Múltiples iniciativas

El lanzamiento oficial de la Red Federal de Docentes por la Vida, se realizó en el marco del 8º Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires el pasado 19 de agosto. Allí se nuclean los docentes de distintas escuelas de los pueblos afectados por las fumigaciones con agrotóxicos.

Frente al avance del envenenamiento con auspicio público, se multiplican las iniciativas, silenciadas en los medios masivos, pero que se replican para rechazar y repudiar las políticas oficiales que privilegian los negocios. Hoy, 7 de diciembre, la Multisectorial Paren de Fumigarnos está participando activamente en la movilización hacia la ciudad de Rosario en defensa de la Ordenanza que prohíbe al glifosato en todo el distrito y que un grupo de Corporaciones del Agronegocio quieren modificar en su beneficio. “Decimos que ¡Ya basta de cáncer, infertilidad, malformaciones, abortos, intoxicaciones y una multiplicidad de afecciones a la salud acreditados por otros tantos científicos honestos! Nuestros hijos no son ratas de laboratorio. Decimos basta de glifosato”.

También en la próxima Cumbre de los Pueblos, que se organiza contra la presencia de la OMC, (Organización Mundial del Comercio) se pone en agenda la economía de los pueblos donde se organizan deliberaciones entre organizaciones nacionales y globales para enfrentar a los poderes destructivos del capitalismo y lograr la soberanía alimentaria preservando la vida.

A lo largo y ancho del país las personas se organizan para hacer crecer las acciones mancomunadas y creativas destinadas a preservar la vida, sin la cual no hay negocio posible.

Source

En las últimas semanas venimos asistiendo a una diversidad de situaciones que ponen de manifiesto las dificultades que atraviesa la agricultura, en manos de pequeños productores, mientras la población aumenta el riesgo de contaminación. Distintas iniciativas de organización muestran que aún contra los gigantes, apañados por el Estado, es posible luchar de manera organizada. 

La agricultura sin la dependencia de agroquímicos es totalmente posible y además muy rentable. Así lo plantean con énfasis desde la Red de Comunidades y Municipios (RENAMA) que fomentan la agroecología. El pasado fin de semana cumplió un año y lo celebró con un encuentro en la localidad de Lincoln, donde se llegaron desde distintos lugares para debatir sobre otra manera de cultivar y de cuidar la vida.

Además, con el destino de visibilizar la gravedad de una situación que afectan directamente a la vida, se realizó una nueva edición de la Marcha Mundial Contra Monsanto el pasado 20 de mayo. Mientras tanto, desde las políticas públicas se alientan a las grandes corporaciones, que incluso tienen un lugar en la TV Pública y hasta en el INTA se ha indicado no usar la palabra agrotóxico. Una  política nacional vampirezca que mientras hace crecer a las corporaciones, le chupa la vida a las personas.

RENAMA

El viernes 12 y sábado 13 de mayo, en la localidad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires, se reunieron distintas organizaciones, municipios, defensorías, público, investigadores/as, médicos/as, abogados/as ambientalistas, ingenieros/as agrónomos, productores y otras agrupaciones bajo la consigna: “Tenemos un motivo común: la salud, el campo y la vida”.

Con distintas mesas y paneles se realizó un intenso debate, con presentación de experiencias y propuestas diversas en torno a la Agroecología como una posibilidad concreta de producción. También estuvieron presentes mesas acerca de la salud, las cuestiones relacionadas a lo legal, entre varios paneles propuestos para los dos días.

RENAMA es una organización incipiente que viene alentando y difundiendo una realidad contraria a las políticas públicas: es posible producir de manera agroecológica y además es rentable. Tal como ellos lo expresan: “RENAMA es un colectivo de personas que logra demostrar que la agricultura extensiva (y la no extensiva también) sin usar pesticidas es posible, y es rentable”. Una red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecologia, con el propósito de ofrecer una herramienta de gestión y producción alternativa, ya probada y con resultados exitosos en diversas partes del mundo y del País.

Un nuevo encuentro que muestra la necesidad para la vida humana: producir lo que consumimos de otro modo que no sea el envenenamiento progresivo.

¿Qué tiene que ver Monsanto?

Monsanto, una corporación que se expande a costa de la muerte de las personas, fue encontrada culpable por el Tribunal Internacional de La Haya, del delito de Ecocidio, de afectar el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la alimentación y a la libertad para la investigación científica. Un juicio impulsado por organizaciones y llevado adelante por un tribunal integrado por cinco juristas internacionales.

Este 20 de Mayo se realizó la Marcha Mundial Contra Monsanto con múltiples actividades destinadas a exponer y visibilizar la grave situación, auspiciada por distintas organizaciones que han entendido que no solo se trata de una cuestión de la ecología. Una corporación emblema del modelo extractivista que desprecia la vida humana para hacerse de ganancias y que además tiene políticas extorsivas hacia los productores, amenazados para cobrarles regalías por la patente de las semillas, por pooles de abogados y alentados desde el propio Estado Nacional que lo patrocina.

INTA prohíbe

Otra de las políticas que se promueven desde el Estado acaba de difundirse. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), el Ingeniero Agrónomo Hernán Trebino, Director del Centro Regional Buenos Aires Norte, ordenó a través de un comunicado que “Deberá practicarse una abstención irrestricta del empleo de el término agrotóxico, ya que su empleo implica una posición valorativa negativa”. Además, agregó que se debe emplear productos fitosanitarios o agroquímicos en vez de agrotóxicos. La capacidad de asombro crece a cada minuto, una decisión institucional que pone en tela de juicio la ética profesional de las y los trabajadores de la institución.

Esta política de silenciamiento en favor de las corporaciones ya se está extendiendo hasta a la educación. En el cuaderno de un chico de escuela primaria de Totoras, provincia de Santa Fe, se puede ver una foto con el logo del INTA, donde se habla de fitosanitarios y se les enseña que no se llaman agrotóxicos, con trabajos alusivos. Las y los Vecinos Autoconvocados de la Ciudad están organizándose y denunciando estas acciones, que silenciosamente intentan borrar la responsabilidad del Estado, aliado a las corporaciones para favorecerlas.

También merece mencionarse como el propio Estado municipal en Totoras viola un amparo judicial que hizo lugar al establecimiento de un límite agronómico, para proteger a la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con mucha demora ha comenzado a reconocer el daño que produce el uso de agrotóxicos. Los médicos de los pueblos fumigados también se vienen organizando para denunciar lo que se percibe en su vida cotidiana: muerte, enfermedad y malformaciones que se expanden como una plaga, algo que hasta hace poco tiempo no sucedía. Una ecuación que incluye en su primer término la expansión del monocultivo sojero y el uso de agrotóxicos para aumentar el negocio, cuyo resultado es la contaminación que llegó incluso a la cuenca del Río Paraná y hasta el SENASA encontró sus rastros en productos de origen animal.
Agriculturas familiares en extinción

Otro aspecto son las políticas públicas dirigidas al sector de las agriculturas familiares. Apenas comenzado el mes de mayo, con el Decreto N° 302/2017,  se eliminó la Secretaría de Agriculturas Familiares. Una formalidad que en la práctica vienen denunciando desde las economías regionales a lo largo y ancho del país, al que se suman los pequeños productores de las agriculturas familiares. Mientras el Estado apela a la formalidad de la modificación del organigrama ministerial, que permite desentenderse del conjunto de las problemáticas para dividirlas burocráticamente, se multiplica la organización de los diversos sectores que representan al gran conjunto de pequeños productores. Un funcionario poco idóneo parece ser la mejor justificación para transformar las políticas que se dirigen a una actividad que se realiza a pequeña escala pero que produce ingresos para miles de familias.

En la práctica la Secretaría ya había sido desarticulada, sin dar ningún tipo de respuesta a las problemáticas de los pequeños productores que se quejaban amargamente, afectados por el conjunto de medidas económicas que beneficiaron a las grandes corporaciones y terratenientes con quitas de retenciones, subsidios y favores financieros a su medida. Mientras que los pequeños productores, mucho de los cuales vive en condiciones de extrema precariedad, vieron afectados sus costos por la dolarización de sus insumos, el aumento de los servicios y las políticas abusivas de los grandes monopolios que concentran la comercialización. Las imágenes de verdurazos en Plaza de Mayo, parecen bastante elocuentes.

Entre los antecedentes del depuesto Secretario de Agriculturas Familiares, Oscar Alloatti, se puede leer en el portal de Chacra: “Vivían en una casa (estilo) chorizo, de barro, techo de paja, tenían 8 vacas y 10 caballos en un campo arrendado, en Entre Ríos”. El funcionario también fue secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe en el período 1999-2003, con Carlos Reutemann como gobernador. Luego hizo comunicación con Luis Landriscina en Tv y radio, lo que finalizó en 2009. Hasta asumir el actual cargo y ya jubilado, conducía un programa de TV rural semanal “Ñu porá” (campo bueno) y cubría todos los rincones del Litoral.

Organizarse

Con políticas públicas que promueven a la gran corporación Monsanto, se regula a favor de los grandes terratenientes mientras empobrece y abandona a los pequeños productores y a las economías regionales, el campo y la agricultura sufren un proceso de concentración y especulación. El gigante Monsanto es promovido por las políticas públicas que le conceden hasta un programa en la tv pública y el paquete incluye la promoción de un cambio en el uso de la lengua. La Argentina es hoy el país donde se realiza el mayor uso de agrotóxicos a escala global, un gran laboratorio.

Sin embargo las comunidades se oponen con organización, tal el caso de distintas iniciativas colectivas como RENAMA, la Marcha Mundial Contra Monsanto, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y muchas otras iniciativas como la de los Vecinos Autoconvocados en Totoras, que encuentran su fuerza en juntarse, organizarse y luchar para preservar la vida. Cabe preguntarse ¿de donde se extraerían las ganancias si no hay vida humana?

Source

La compañía alemana Bayer compró a la estadounidense Monsanto en US$ 66.000 millones. La concentración capitalista alcanza niveles superlativos: Ahora, el mercado de agroinsumos pasó a estar concentrado en 4 compañías gigantes (Bayer, BASF, DowDuPont y Syngenta).

Dinámica concentradora

La dinámica concentradora creciente en los sectores de agroquímicos, biotecnología y semillas, con un acentuado desplazamiento del capital entre sectores, se ha expresado en diferentes oleadas a partir de la década de 1970. Alianzas, fusiones y adquisiciones otorgaron a las compañías líderes de insumos agropecuarios y biotecnología el papel de oferentes de paquetes tecnológicos completos estableciendo fuertes ligazones entre la industria alimentaria, química y farmacéutica.

En el año 2001, un conjunto de 7 corporaciones transnacionales reunía el 80% de las ventas de las principales 20 compañías de agroquímicos y semillas a nivel mundial. Con la adquisición de Adventis por Bayer ese mismo año, el número de líderes que concentraba similar tamaño del mercado se redujo a 6 (Bayer, Dow, Monsanto, DuPont, BASF y Syngenta). En 2003, estas compañías facturaron aproximadamente un total de US$ 31.000 millones en el rubro de agroinsumos, lo cual constituía por entonces el 51% del mercado global.

Monsanto en un vistazo

Originariamente orientada en el rubro de endulzantes para la industria alimenticia, Monsanto pasó en la década de 1920 a especializarse en la industrialización de productos químicos. A partir de 1980 comenzó a avanzar en la producción de agroinsumos. La empresa descubrió la propiedad herbicida del glifosato, creando su marca comercial Roundup (utilizado para el cultivo de la soja transgénica) y la genética vegetal resistente al glifosato (Roundup Ready). En 1997 adquirió Holden Seeds, empresa estadounidense especializada en semillas de maíz y la marca de semillas Asgrow (por entonces de la mexicana Seminis). En 1998, compró Dekalb, sumó el negocio de semillas de Cargill en Europa, América Central, Sudamérica, Asia y África, adquirió Delta & Pine Land especializada en semillas de algodón e incorporó la división europea de desarrollo de cultivos de trigo de Unilever. En 2005 compró la semillera Seminis. En 2015, su balance anual a nivel mundial alcanzaba ventas por U$S 15.000 millones con US$ 2.300 millones de ganancias.

Esta compañía arribó a la Argentina en 1956. En 1997 adquirió Chemotécnica Sintyal y luego formó la empresa Genética Mandiyú -junto a Delta & Pine Land y CIAGRO– para la venta de semillas de algodón BT (resistentes a insectos). La firma también desarrolló un joint venture con Cargill denominado Renessen para la producción y comercialización de maíces denominados “alto valor”. Además, mantuvo participación en el semillero Seminium.

De todas formas, el principal mercado de Monsanto continuó siendo el estadounidense, seguido de los negocios de la empresa en Brasil. La facturación en la Argentina, con un 7% de las ventas globales de la compañía, se ubicó en tercer lugar. En el mercado local, Monsanto ocupó en los últimos años el primer lugar entre los fabricantes de agroinsumos con ventas por US$ 1.246 millones en 2013 y US$ 1.270 millones en 2014. En 2015, sólo en el sector agroquímicos facturó US$ 377 millones, con un 15% de las ventas del sector.

Si es Bayer, te compra

En 2002, luego de la compra de Adventis, se organizó Bayer CropScience, como sociedad jurídica independiente dedicada a la producción y desarrollo de fitosanitarios y semillas agrícolas. Con esta adquisición, el grupo Bayer pasó a facturar unos US$ 48.000 millones anuales a nivel mundial, incluyendo todo los rubros.

En 2006, Bayer Innovation GmbH, una filial del Grupo Bayer para el desarrollo de nuevas áreas de negocio, adquirió la empresa de biotecnología Icon Genetics AG. Esta área se potenció aún más en 2009, cuando Bayer CropScience compró la compañía de biotecnología Athenix Corp.

En 2014, Bayer incorporó la compañía de biotecnología noruega Algeta, la farmacéutica estadounidense Merck, Dihon Pharmaceutical Group en China y los activos de gestión de suelos de DuPont en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y México. En 2015, la facturación mundial de Bayer superó los US$ 54.000 millones.

En la Argentina, las ventas de Bayer Argentina ascendieron a US$ 793 millones en 2014. En 2015, en el rubro agroquímicos, Bayer realizó ventas a nivel local por US$ 208 millones, posicionándose en cuarto lugar por detrás de Syngenta y Dow.

Avanzando juntos en la disputa global

La competencia entre capitalistas marca una tendencia a la concentración de la producción y centralización del capital (y viceversa). Esta concentración se vincula con las ventajas de la obtención de mayores porciones del mercado y la producción en gran escala, consiguiendo elevar los niveles de la reproducción ampliada y la acumulación de capital. La competencia internacional lleva a la lucha entre oligopolios capitalistas sostenidos por los Estados de las principales potencias económicas mundiales.

Ahora, el mercado de agroinsumos pasó a estar concentrado en 4 compañías gigantes (Bayer, BASF, DowDuPont y Syngenta). Mientras Bayer y Monsanto se muestran bajo la consigna “Advancing together”, las estadounidenses Dow y DuPont ya habían acordado su proceso de fusión en diciembre de 2015. Por su parte, los capitales chinos hicieron recientemente un ingreso resonante al mercado: en 2014 el holding estatal COFCO adquirió el 51% del paquete accionario de la transnacional cerealera y de agroinsumos NIDERA (a lo que se agrega la compra reciente de Noble) y, en febrero de 2016, Syngenta, la colosal empresa anglo-suiza, fue comprada por ChemChina.

Esta presencia concentrada en el mercado global de agroquímicos y semillas transgénicas registrada en las últimas décadas arroja resultados negativos para el mundo, comenzando por la dependencia de los agricultores hacia las compañías y la acentuación de todo el proceso de crisis y quiebra de la pequeña producción rural. Además, estas colosales empresas mantienen estrechos vínculos con los Estados de las potencias de origen y su industria militar. Bastante conocido es el papel desempeñado por Monsanto y Dow en la creación de agentes químicos para la guerra de Vietnam. Por otra parte, puede registrarse el papel de los grandes bancos en este proceso. Como ejemplo, basta mencionar que el Bank of American Corporation Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan contribuirán a la financiación de la compra de Monsanto con unos US$ 57.000 millones.

Todo lo cual hace reflexionar sobre la nocividad de los cultivos genéticamente modificados y los agroquímicos para la salud humana: no se trata de las consecuencias de la biotecnología y la agricultura transgénica sino de las derivaciones del capitalismo en su fase imperialista. En ese sentido, la voracidad de estas gigantescas empresas está asociada a su necesidad siempre creciente de asegurar ganancias y el límite está en la conveniencia del negocio. Lo mismo si es Monsanto, Bayer o cualquiera de los otros jugadores.

Source

La declaración del Ministro de agricultura de la Nación del 19 de mayo, acerca de un decreto que establece criterios para el uso de semillas, marca una respuesta al conflicto que se viene dando desde hace unos meses entre medianos y grandes productores rurales y Monsanto. Un análisis de lo que implica la regulación sobre semillas y cuál es la coyuntura nacional en la que se realiza este anuncio.

La agricultura, como su nombre lo indica, es una práctica cultural, esto es, una forma de organizar una producción (la de alimentos) en un determinado marco económico e histórico, pero también una manera de organizar la vida humana. Está compuesta por saberes, costumbres e interacciones. Tiene componentes a muy largo plazo, pero también cambios dinámicos. Ideas universales, pero también localismos que marcan las prácticas.

El interés de Monsanto

Monsanto, una corporación bioquímica, lanzó en el mercado argentino en 1996 una combinación de semilla y herbicida: la soja RR y el herbicida Round UP. Hasta la aparición de la soja RR, los elementos centrales de la agricultura industrial eran las semillas y el resto de los productos (herbicidas, fertilizantes, maquinarias), los accesorios que se intercambiaban según el lugar, el clima y el criterio del productor. Monsanto rompió esta línea, al establecer un tipo de semillas que se produce en función directa del herbicida empleado. Hasta el Round Up el límite de los herbicidas era la enfermedad o la eliminación del cultivo mismo. Hasta la soja RR la perspectiva del intercambio o de la hibridación de semillas era conseguir plantas más resistentes a los cambios climáticos, a la escasez de agua o a una mejora de la producción. Una modificación genética vino a garantizar, no una planta que diera mejores rendimientos, sino una planta que, en teoría, no tuviera competencia. La siguiente variante, la RR2, incorporó además resistencia a un único potente pesticida.

Esta es la idea “superadora” alrededor del paquete tecnológico de Monsanto. Herbicida + pesticida+ semilla resistente (al herbicida + pesticida) + siembra directa + capital es el paquete tecnológico y económico que trata de ganar espacio y, eventualmente, hegemonizar el mercado alimentario mundial. El productor agrícola debe comprar todo el paquete, ya que los elementos solo funcionan bien si se realizan dentro del conjunto indicado.

Esta nueva técnica implicó un proceso de cambio en las prácticas agropecuarias, con daños y resistencias, que se reflejan en la dificultad de legalizarlas. Los Estados Unidos se valen de un organismo intraestatal, que intenta refrendar los derechos de los obtentores en las legislaciones locales, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), así como otras maneras de lobby o presión que defiende el derecho de sus corporaciones. Los Estados que han asimilado las reglas UPOV requisan las semillas que los productores guardan para la próxima cosecha, o incluso inician juicios a productores en cuyos campos se ha asentado alguna semilla patentada por Monsanto (los documentales El futuro de la comida y 9.70 pueden servir para observar las consecuencias).

La situación local

La práctica agropecuaria en nuestro país ha mantenido, desde la época del Virreinato, una actitud centralizada en la práctica colonial. Los terratenientes y la burguesía local (y desde los años noventa, también medianos productores) han producido centrándose en un producto para la exportación:  cueros, carne vacuna, trigo o soja.

Respecto de las oleaginosas, hoy el circuito funciona así: los productores siembran con semilla de la cosecha anterior y si necesitan semillas extras, o cambian de cultivo, se las compran a las empresas semilleras (Don Mario, Cargill, Bunge Born, etc). Luego se guardan una parte de las semillas para la próxima cosecha y entregan el resto a las semilleras, que son las que se encargan de enviarlas al exterior. El gobierno nacional realiza el cobro, se queda con una parte (las retenciones) y paga a las semilleras, que luego pagan a los productores. Por lo general, los productores de soja no compran semillas de Monsanto, sino semilla transgénica de criadores de semilla locales que se venden a menor precio; lo que se conoce como la “bolsa blanca”.

A partir de 2014, Monsanto empezó a vender la soja RR2 e intentó atacar el sistema de bolsa blanca realizando convenios con las semilleras, por los cuales éstas realizan en el momento de la venta un contrato con el productor, que firma que además de pagar por las semillas costeará un canon según el resultado de la cosecha, para reconocer la reproducción de una tecnología desarrollada por Monsanto. Los productores se encuentran entonces, al momento de cobrar, que se les descuenta el costo de las semillas más un extra (unos 14 dólares por bolsa) para el pago de este canon.

Los productores empezaron a quejarse y la Federación Agraria Argentina reclamó la intervención del Estado. En un comunicado observa: “Ninguna excusa será suficiente cuando hayan avanzado hacia patentar nuestra biodiversidad o los alimentos que producimos los agricultores, los campesinos e indígenas, incluso nuestros saberes históricos“. Pero hace años que  FAA no da ninguna pelea por campesino o indígena alguno, al tiempo que sus productores, al igual que los de SRA, CRA o Coninagro, se han apropiado de una dinámica de producción que se ufana y confía ciegamente  en un desarrollo tecnológico que avanza fuera de todo control. Lo que, sin embargo, no le quita razón al planteo, incluso  desde su propio sector: el patentamiento de las semillas es un avance formidable en el desarrollo capitalista de la agricultura, e implica no solo un mayor nivel de renta para una corporación multinacional, sino también la capacidad de apropiarse y modificar organismos vivos y de lucrar con ellos a su antojo. Y en esto, los productores de FAA también salen perdiendo.

El rol del Estado nacional

Pese a los conflictos de 2008 con las entidades de la Mesa de Enlace, el gobierno nacional nunca dejó de tener una relación cotidiana con la dinámica de los agronegocios.  El Ministerio de Agricultura ha sido un campo de batalla para las organizaciones rurales, desde la Sociedad Rural en adelante, para la obtención de recursos y la construcción de legitimidad. A esto se le suma, en los últimos años, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva,  con el rol de potenciar las disciplinas científicas ligadas al mundo de la agroindustria, (agrotecnologías, desarrollo de feedlots, ingenería forestal, agrocombustibles, etc) a través de sus dependencias y de convenios realizados con universidades nacionales, permitiendo así a las corporaciones ahorrarse los costos de inversión en investigación y desarrollo. En la misma línea se dio el desplazamiento de Enrique Martínez en el INTI, con una gestión orientada a economía social y los pequeños emprendimientos, por lo que la entidad se corrió hacia políticas más ligadas a la gran empresa.

En junio de 2012, Cristina Fernández se sentó a negociar inversiones en el país con Monsanto, reconociendo la premisa de cambio que demanda la corporación: “Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes”, comentó la Presidenta. En este mismo evento anunció la apertura de plantas experimentales y de producción (una de ellas es conocida por el rechazo del pueblo donde se asienta, en  Malvinas Argentinas,  Córdoba). Estos anuncios, así como las actuales negociaciones con FAA, las semilleras y Monsanto, marcan los privilegios del modelo agroexprotador, que se inscribe en una matriz extractiva y que no puede llevarse adelante sin la destrucción de la biodiversidad, la expoliación de recursos naturales y el desalojo de comunidades originarias con el fin de ampliar los márgenes de rentabilidad. El Plan Estratégico Agroalimentario es una línea clara e indiscutible en ese sentido.

Sobre la Ley de Semillas

El comunicado del Ministerio adelanta que solo los mayores productores pagarían un canon sobre el resultado de la cosecha, mientras que los pequeños y medianos solo abonarían la semilla. Sin embargo, se establecería un reconocimiento de los derechos de las corporaciones sobre los organismos biológicos y la continuidad de una política que referencia al mundo rural con los productores de mercado, dejando de lado a las comunidades campesinas y continuando con la posición de país productor de materias primas. En una excelente síntesis, el documento “Declaración sobre Semillas”, de la Vía Campesina, observa: “La industria ha  ‘mejorado’ las semillas para que no puedan ser cultivadas sin la ayuda de productos químicos dañinos, para que sean cosechadas con maquinaria pesada, y que soporten preservación artificial durante las largas distancias de transporte. Pero ha dejado de lado características importantes para nuestra salud. El resultado son semillas que han perdido su valor nutricional y están saturadas de venenos químicos. Estas semillas son la raíz de numerosas enfermedades crónicas y alergias generalizadas, así como de la contaminación de la tierra, el agua y el aire que respiramos.(…) No debemos equivocarnos. Estamos frente a una guerra por las semillas. Y del resultado depende el futuro de todos y todas”.

Nota relacionada:

Entre el modelo del agronegocio y la soberanía alimentaria

Source

La actual crisis económica mundial, el avance del agronegocio y los transgénicos, la histórica lucha campesina en todo el mundo y las propuestas de la Vía Campesina Internacional para impulsar modelos de producción y de vida que rompan con el actual sistema de consumo, fueron algunos temas abordados por Unai Aranguren, miembro del Comité Coordinador de la principal articulación de organizaciones campesinas a nivel global.

-¿Cómo es la situación actual del campesinado en Europa?

-En Europa el campesinado representa solo el 3% del activo. La crisis se está aprovechando para reducir mucho más los derechos de los campesinos y de las personas en general. Hay una crisis climática, energética y social, sobre todo en el sur de Europa, y los estados han perdido sus soberanías. Los lobbys económicos están diciendo qué medidas tienen que tomar los países: bajar las jubilaciones o desahuciar casas que quedan en manos de los bancos. Ante esta situación, el campesinado tiene una resistencia fuerte. Esta crisis sirve como oportunidad para que muchos jóvenes que están en las ciudades y se han quedado sin trabajo, pero tienen acceso a un pedazo de tierra, puedan empezar un proyecto de autoempleo en el campo. Vemos cada vez más que hay jóvenes que se están planteando, por necesidad y para salir adelante, volver al campo. Ahora mismo somos uno de los pocos sectores que está generando empleo.

-¿Cómo es la presencia de los agrotóxicos y los transgénicos en Europa?

-Europa es uno de los continentes que más ha empujado la producción y la venta de agrotóxicos en el mundo. Varias de las empresas más potentes están en Europa y en Estados Unidos. Gracias a la presión de los ciudadanos hemos conseguido que algunas empresas se hayan tenido que cambiar de sede a otros países porque en Europa la presión era muy alta. Pero todavía siguen intentando darle una vuelta de tuerca más y ahora están planteando una nueva revolución verde. Hablan de la agricultura climáticamente inteligente, entonces venden un paquete de semillas modificadas, de abonos y pesticidas modificados que van a ayudar a que las semillas se acoplen mejor a un medio climático cambiantes. Ese cambio climático es la consecuencia de que el sistema capitalista está acabando con todos los recursos del mundo. El cambio climático es una consecuencia de que el sistema no funciona, por eso planteamos cambiar el sistema. Para eso, planteamos que la alternativa política es la soberanía alimentaria, que es el derecho que tienen los pueblos a volver a decidir qué queremos comer y cómo queremos producir. Necesitamos acceso al agua, a la tierra, a las semillas y necesitamos gestionar nuestro territorio. Además necesitamos políticas públicas que acompañen para avanzar en la soberanía alimentaria y hacer frente a las estrategias capitalistas que intentan vendernos productos que dicen que son inteligentes. Para nosotros lo inteligente es la agricultura campesina que se ha hecho toda la vida.

-¿Cómo es la propiedad de la tierra y el agua en Europa?

-No son tan grandes los espacios de los latifundistas, por lo cual allá lo llamamos el Estado del minifundio. Hay muchas pequeñas parcelas a las que son muy difíciles acceder, porque desde Europa se está financiando y ayudando a esas pequeñas parcelas porque los productos no tienen un coste real, entonces si produces un litro de leche estás perdiendo dinero. Europa te ayuda con un dinero para esas hectáreas y obtener materia prima barata para poder exportar a otros mercados y acapararlos. Es una práctica de dumping que denunciamos. Sí estamos viendo que en algunos lugares hay agresiones hacia la tierra. Se ha puesto bastante de moda el tema de la extracción de gas y el fracking, entonces hay muchas regiones que están luchando contra esa práctica. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se quieren firmar entre Europa y Estados Unidos van a abrir la puerta a ese nuevo tipo de agresiones hacia la tierra. Ahora hay unos tribunales arbitrarios que lo que quieren es que bajen las leyes para poder aprovechar y explotar mucho más la tierra y los bienes que tenemos.

-¿Cuál es la situación campesina en África?

-Las situaciones a nivel mundial son muy parecidas. En África y en Asia también está pasando algo muy parecido con el tema de acaparamiento de tierras, pero en algunos lugares la situación es mucho más dramática que en Europa, porque ya no son las empresas sino también los estados del norte los que están intentando acabar con los recursos. Hay estados como China que están tratando de entrar y meter el morro en África y en Asia para intentar competir a nivel mundial dentro del libre mercado. Los compañeros de África están muy concientizados de que uno de los ejes es la defensa del territorio y de los derechos humanos y las migraciones. Ellos están viendo que la mayoría de los jóvenes africanos no tienen alternativas y están tratando emigrar para países de Europa y cómo evitar eso. Algunas campañas que están haciendo son sobre que es posible ser joven y vivir en África. Están planteando alternativas ligadas a pequeñas producciones, a la venta local y a modelos agroecológicos. Algunos lugares como Senegal o Mali están consiguiendo que los jóvenes se queden luchando en sus tierras.

-¿Cómo podrías describir la situación del campesinado en Palestina teniendo en cuenta que es un territorio ocupado por Israel hace 60 años?

-Hace unos meses unos compañeros estuvieron en Palestina con una delegación de solidaridad, porque campesinos de Europa fueron y estuvieron compartiendo con los campesinos palestinos. Cuando estamos hablando sobre el acaparamiento de la tierra o sobre la privatización de los bienes, estos casos en Palestina se multiplican por cien. Vieron cómo campesinos a los que se les había destruido en un año tres veces sus plantaciones y cada vez que cultivaban se la volvían a destruir. Esta es una manera que tiene el gobierno israelí para que esos campesinos dejen de serlo y pasen a ser refugiados o abandonen esas tierras. Pero los palestinos y las palestinas tienen la convicción de que esas son sus tierras y quieren seguir trabajándolas, y a pesar de que sigan destruyendo sus olivos, sus huertas y sus fincas, tienen la fuerza de saber que van a seguir trabajando para defender sus derechos a la tierra, al agua, a las semillas y a los conocimientos. Pero ahora no tienen esos derechos asegurados.

-Hace más de 10 años en América Latina surgieron diferentes gobiernos progresistas y de izquierda. ¿Qué política se da Vía Campesina ante estos procesos que no están exentos de contradicciones con respecto a la tierra y su utilización?

-En Vía Campesina es un debate continuo cómo desde las políticas públicas se puede favorecer el avance de la soberanía alimentaria. El avance es muy grande cuando las políticas públicas acompañan. Estamos analizando y trabajando para que diferentes gobernantes, que pueden ser aliados estratégicos y puntuales, avancen en esas políticas públicas. Hay países que han introducido dentro de sus constituciones el concepto de soberanía alimentaria y hay muchos que llevan años haciendo reformas agrarias. En Cuba hemos visto cómo cuando las políticas públicas acompañan, y cuando un país tiene la necesidad, como Cuba, de producir su alimentación porque está bloqueada, cómo han avanzado hasta conseguir en pocos años el 80 o 90 por ciento de toda su producción. Ahora mismo ellos son autosuficientes y han conseguido una gran parte de la soberanía alimentaria y sobre todo lo han hecho en procesos agroecológicos. Es posible que cuando toma esa determinación el país vuelva a recuperar esa soberanía que en la mayoría de los países los productos llegan de cualquier parte del mundo y los que producimos en nuestros países los mandamos a otra parte del mundo, y en ese intercambio de mercancías el campesino y la persona de a pie nunca gana, solo ganan las multinacionales y las trasnacionales que hacen negocios con las mercancías.

Source