El agronegocio es una estrategia de explotación propia del capitalismo que tiene como principal objetivo producir commodities, productos primarios para exportación o mercado interno que cumplen estándares y tienen un valor de mercado. El complejo agroindustrial del que forma parte, responsable en la Argentina del 38 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, fue diseñado para beneficio de unos pocos, los dueños de los medios de producción: tierra, semillas, insumos artificiales, maquinaria y tecnología moderna. De hecho, esta estrategia, que no fue pensada para alimentar a la población o derramar riqueza, es una de las actividades que más contribuyen al calentamiento de la atmósfera y está destruyendo la estabilidad climática que hizo posible la agricultura.

El “agro moderno” depende fuertemente de los combustibles fósiles, cuya extracción está subsidiada en todo el mundo, ya que de otro modo no sería económicamente viable (el costo energético de la extracción supera el valor de la energía obtenida).

En sí, la energía fósil es un subsidio del pasado, más precisamente del período carbonífero. Se trata de una forma de energía muy concentrada que se está acabando: se estima que el pico del petróleo ocurrió en 2008.

El problema es que todo el carbono acumulado bajo la tierra durante millones de años, al ser quemado, está pasando de golpe a la atmósfera, donde produce el conocido efecto invernadero —principal causa del calentamiento global— y ya estamos a 1,2 grados centígrados (ºC) de temperatura por encima de los niveles preindustriales.

Hoy sabemos que, de seguir este curso, la Tierra llegará al menos a 3,2 ºC de aumento a finales de este siglo. Si con “apenas” 1,2 grados más estamos viendo semejante quiebre de los patrones climáticos, solo resta imaginar lo que sucederá si no frenamos las emisiones de carbono ya mismo. Los investigadores aseguran que tenemos menos de siete años para reducir los impactos más severos.

La multicrisis climática no es una crisis más. Es el escenario en que transcurre todo lo demás. Hoy, ninguna acción, plan o proyecto puede pensarse sin tener en cuenta el cambio en los patrones climáticos que ya es evidente.

Producir y distribuir comida quemando petróleo y gas resultó bastante “barato” durante los últimos 200 años y, de hecho, los alimentos todavía son relativamente baratos. Esto es así porque las externalidades negativas (pérdida de biodiversidad, por ejemplo) de su producción y transporte no integran su precio final. Ambientalistas y científicos lo vienen advirtiendo desde hace décadas: el actual sistema agroalimentario, lineal (en contraposición al circular, que recicla) y petrodependiente, no va más y tiene que ser cambiado de raíz.

Deuda y agronegocio

Con una sequía sin precedentes, el campo está sufriendo más que otras actividades económicas las consecuencias de un fenómeno que contribuye a crear. Ya todas y todos lo sabemos y lo venimos denunciando desde hace décadas: el agronegocio, basado en combustibles fósiles, maquinaria pesada, monocultivos transgénicos patentados y agrotóxicos que integran un “paquete tecnológico”, no solo ha destruido la biodiversidad que representaban ocho millones de hectáreas de bosques nativos sino que ha desempoderado a familias y pueblos enteros, expulsándoles a cinturones de pobreza alrededor de las grandes ciudades.

Esta expansión que no cesa, y que con la necesidad de dólares para pagar la deuda externa sufrirá un incremento aún mayor, es inherente al capitalismo. No olvidemos su mito fundacional: “Crecer o perecer”.

Si bien resulta obvio que el crecimiento ilimitado es físicamente imposible, la mayoría de las plataformas políticas enarbolan al neoextractivismo como algo normal y deseable: la solución a todos nuestros problemas de desarrollo. Nos quieren hacer creer que solo es posible pagar la deuda con más destrucción de territorios, hábitats humanos y naturaleza (conceptos que deberían ser percibidos y acuerpados como una misma cosa). ¿Es posible honrar un compromiso mal habido sabiendo sus consecuencias catastróficas?

Si con extractivismo y agronegocio llegamos a un 40 por ciento de pobres, porcentaje todavía mayor si solo se consideran las niñeces, ¿es sensato apostar a más de lo mismo para salir de la pobreza?

¿Qué vamos a hacer con el acceso a la tierra?

El planeta se está calentando y se está secando. ¿Quiénes nos van a alimentar cuando la producción de comida se dificulte cada vez más?

A partir de la expansión del agronegocio, en pocos años la tierra se concentró en muy pocas manos y su destino pasó a ser mayormente la producción de monocultivos de exportación. Sin embargo, el 60 por ciento de los alimentos frescos que se consumen en el país es producido por pequeños productores familiares.

Es aquí donde los modelos agroecológicos de producción diversificada, de base indígena, familiar y campesina, son los que tienen más posibilidades de adaptarse, de ser resilientes.

Esta forma de vivir y producir no busca producir dólares, como el agronegocio, sino alimentos. Pero la realidad grita que del “campo que alimenta”, en su gran mayoría pequeños productores, más del 80 por ciento alquila la tierra en que trabaja.

Mientras, la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue aprobada en 2014 pero nunca fue reglamentada ni contó con presupuesto.

El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra propone una línea de créditos para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Por otra parte, apunta a crear un banco de tierras, es decir que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas para su venta a los agricultores familiares y campesinos mediante un sistema de créditos blandos (Procrear Rural).

No hay reclamo más genuino que el de quienes luchan por la tenencia de la tierra que trabajan, porque el plazo de un período de alquiler impide construir viviendas dignas o establecer cualquier tipo de cuidado agroecológico: todo emprendimiento que recicla energía, agua y nutrientes tarda un tiempo en establecerse y llegar a un equilibrio.

Sumado a esto, los cultivos que llevan un ciclo más largo de crecimiento requieren que los productores puedan establecerse sin temor a que no les renueven los contratos de alquiler. Por eso, y por respeto a la dignidad humana de quienes producen nuestro alimento, es prioritario facilitar el acceso a la tierra para quienes la trabajan y la cuidan.

La tierra para quien la trabaja y la cuida

Garantizar alimentos sanos y nutritivos para la población debería ser la prioridad absoluta de cualquier gobierno, por eso necesitamos con urgencia un debate público, responsable y concluyente alrededor de la propiedad y el uso de la tierra.

Creemos que la forma de instalar ese debate en la sociedad es mediante la acción directa para forzar la voluntad política en pos de un reclamo más que justo, imprescindible. Proponemos una transición hacia la agroecología descentralizada y sin intermediarios.

Existe absoluto consenso científico: estamos transitando el colapso del clima y los ecosistemas. Sin embargo, tenemos una pequeña ventana de oportunidad para repensar el lugar de la agricultura dentro de un nuevo paradigma más realista que el actual, que es claramente inviable.

Para lograrlo es preciso pasar cuanto antes a sistemas agrícolas diversificados que garanticen la soberanía alimentaria, que no dependan del mercado externo de commodities, que estén basados en la agroecología y que no sean el negocio de unos pocos. Un sistema que regenere y revalorice el trabajo humano digno, que reduzca insumos, que permita el acceso a la tierra y, sobre todo, que asegure que la transición hacia una nueva realidad ecológica y climática sea justa y equitativa.

Hoy más que nunca es necesario anteponer la vida, en todas sus manifestaciones, a la generación y concentración de riqueza.

Ignorar la información científica es la ceguera política más criminal de este tiempo.

La agroecología de base indígena, familiar y campesina debe dejar de ser considerada sólo como una alternativa: es la forma de empezar a desandar el camino del hambre y la dependencia alimentaria y de revalorizar el trabajo agrícola.

Publicado originalmente en Tierra Viva.

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En el marco de la Segunda Marcha Plurinacional de los Barbijos, el sábado 4 de junio se realizó en Rosario una nueva audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas con la participación de colectivos que llegaron de distintos lugares del país.

Por Vanessa Dourado y Vivian Palmbaum desde Rosario

El Juicio Ético Popular a los Ecocidas, se inició en el mes de marzo de este año con un primer encuentro virtual y luego se extendió de manera presencial en las provincias de Mendoza, Santa Fé y Catamarca y luego a otras provincias. La iniciativa retoma, en la actual coyuntura,  la experiencia del Juicio Ético a las Transnacionales que se realizara en el año 2011. Se trata de un proceso, que concluirá en el mes de diciembre 2022, para llegar a una sentencia.

En una hermosa tarde de sol, frente al Río Paraná, se conformó la jornada pública del Juicio Ético en Rosário, que tuvo como telón de fondo el humo de los incendios y los buques cargueros que no cesaban de pasar.  El proceso que se inició con el homenaje a Carlos Vicente, presidente honorario del Tribunal, intenta establecer responsables del ecocidio, en un contexto de profundización de un modelo productivo,  en el que “no es posible dejar que esto siga sucediendo”, tal como se expresó en la presentación a cargo de una integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía, que impulsa la iniciativa que agregó que “es necesario recuperar las historias de luchas colectivas y científicos comprometidos con la ética, como Andres Carrasco”.

Los testimonios estuvieron atravesados por ejes transversales como el impacto del ecocidio sobre los cuerpos de mujeres, identidades feminizadas y disidentes y las niñeces, y la criminalización que sufren les defensores en sus diferentes modalidades, como el hostigamiento, las amenazas, persecusiones y hasta el asesinato de lideres y lideresas (Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Elias Garay, Aldo Flores y Enzo Brisuela o quienes defendían sus territorios en Chubut entre tantxs otrxs). Hay preguntas que están presentes, como la relación entre el ecocidio y el genocidio.

Los testimonios 

Los testimonios se dividieron en problemáticas específicas y estuvieron representados por colectivos que vienen denunciando y trabajando para visibilizar los efectos de las prácticas depredadoras sobre el ambiente en su conjunto. 

Para denunciar la contaminación del suelo, agua y aire y sus distintos impactos sobre las poblaciones, fauna y flora locales, estuvo presente Daniel Romano, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y Martín Montiel, de la Asamblea Contra los Agrotóxicos de La 18 y de la Red de Comercio Justo del Litoral. 

Se denunciaron la relación entre el agronegocio y los agrotóxicos y el desarrollo del trigo transgénico HB4 como uno de los 63 eventos transgénicos aprobados para la explotación industrial de nuestras tierras. La profundización de la agricultura industrial extractiva al tiempo que engorda los bolsillos de las corporaciones profundiza la pobreza, “entonces no es real que este modelo ayude a combatir el hambre” como expresó el integrante de la Asamblea de la ruta 18 e integrante de la Red de Comercio Justo del Litoral. Agregó, “este modelo envenena y empobrece, transforma los recursos del Estado y los transfiere al sector privado como en el caso de Bioceres y aumenta la concentración de la riqueza en pocas manos”.

Acerca de los impactos sobre la salud, la Dra. Analía Zamorano, del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR, hizo hincapié en las políticas institucionales que buscan imposibilitar el trabajo de médicos, medicas y científicos comprometidos con la Ciencia Digna. Además denunció la destrucción de los programas como los “campamentos sanitarios” que relevaban concretamente el incremento sistemático de los daños a la salud de las poblaciones afectadas por este modelo de envenenamiento. Patologías como hipertensión arterial, cáncer, hipotiroidismo, diabetes, entre otras,  han aumentado su prevalencia en el país. 

Juan Pablo Guadagnoli, del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, trajo la problemática de la mal llamada hidrovía y los impactos sistémicos en el ecosistema, más allá del uso del río para el traslado de commodities y la falta de transparencia acerca de lo qué es transportado en los barcos cargueros. Juan también destacó la contaminación urbana e industrial que se genera en la zona portuaria, el impacto en la soberanía estatal y los impactos culturales y simbólicos por el hecho de nombrar el Río como hidrovía.  

En relación al extractivismo urbano escuchamos testimonios de las habitantes más vulnerables que pueblan la periferia de las ciudades. Como siempre son las mujeres quienes sostienen las luchas, las tareas de cuidados y soportan con sus cuerpos la crueldad y la codicia. Lidia Aranda, vecina de Playa Norte, Santa Fe y Antonia Pereyra, de Vecinas de la Sexta en Lucha, denunciaron las amenazas que sufren constantemente para expulsarlas del territorio cómo parte del proceso de gentrificación que viene generando desplazamientos forzados y vulnerando el derecho a la vivienda y a una vida digna para las poblaciones. Una situación que favorece intereses de las empresas inmobiliarias y la ya conocida inversión de los excedentes de capitales en la ciudad de Rosario. 

Por último, Cintia Pendino, Lucía Crosetto y Melisa Ceballos, del Colectivo Amaranto y de la  Multisectorial por los Humedales, denunciaron las quemas intencionales en los humedales y la complicidad de los gobiernos en fomentar los negocios de grandes terratenientes y empresarios en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza, y el silencio acerca de la intencionalidad de los hechos. Además, remarcaran la violación de los convenios internacionales de defensa de los bienes comunes, como el Acuerdo de Escazú, la Conveción RAMSAR y el Convenio sobre Diversidad Biologica.  

Tribunal

El Tribunal amplio que tiene la responsabilidad de dictar una sentencia está integrado por actores que siguen, desde hace varios años, la problemática del extractivismo y sus impactos en los territorios de Abya Yala. En esta edición, forman parte del Tribunal: Norita Cortiñas, Beverly Keene, Marcos Pastrana, Mara Puntano, Pablo Lada, Sandra Gallo, Alejandra Ciriza, Jenny Lujan, Adriana Guzman, Francisca Droguett, Djacira Araujo, Alicia Amarilla, Alejandra Santillana Ortiz, Damián Verzeñassi, Álvaro Álvarez, Roxana Longo, Alicia Massarini, María Teresa Cañas y José Pepino Fernández. 

Esta audiencia, en Rosario, contó con la participación de cinco representantes del Tribunal: Sandra Gallo, Beverly Keene, Álvaro Álvarez, Alicia Masszarini y Damiäan Verzeñassi que aportaron su perspectiva.

Destacamos algunas declaraciones. Alicia Massarini, doctora en ciencias biológicas e investigadora del Conicet, compañera de Andres Carrasco, explicó que se han sumado científicas y científicos a las denuncias de los efectos sobre la salud de este modelo productivo. Expresó, “el Estado no es cómplice sino un partícipe necesario y activo desde que este modelo se impone en el año 96, las distintas gestiones no han hecho más que expandirlo y multiplicarlo y sin dudas son responsables de los daños que se experimentan desde los territorios”. Luego presentó como esos graves daños genéticos se prolongan “hasta tres y cuatro generaciones” y cómo comprometen el futuro de la vida. Además denunció un sistema médico hegemónico que se desentiende de los daños a la vida. 

Damián Verzeñassi, médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, remarcó “un 25 de marzo de 1996 se nos dijo que este modelo iba a terminar con el hambre y la pobreza”. Y se preguntó en voz alta como académico: “¿de 1996 a 2022 disminuyó la pobreza en nuestro país? ¿de 1996 al 2022 disminuyó el hambre en nuestro país? ¿el aumento por exportaciones disminuyó la malnutrición en nuestro país? ¿de 1996 a 2022 el desarrollo del modelo agroindustrial asociado al uso de agrotóxicos aumentó la cantidad de productores, productoras y campesinos que garantizan el arraigo en nuestro país? Preguntas que valen la pena que nos hagamos a la hora de pensar si en este juicio los acusados por las compañeras y compañeros son o no parte de quienes tienen responsabilidad en el ecocidio que en este momento se está transitando en el planeta”. Además explicó las evidencias contundentes que hay del ecocidio con la aplicación del paquete tecnológico ligado a los venenos y que violan el derecho humano a la integridad física. 

Beverly Keene, economista y miembro de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, denunció el carácter históricamente vinculado al extractivismo de la deuda a través de las políticas que obligan el país a profundizar la matriz extractivista con el objetivo de generar divisas. Beverly puso en evidencia el vínculo entre los genocidios y la explotación de los bienes comunes y la dominación del territorio a través de la sumisión a los organismos financieros internacionales. 

Álvaro Álvarez, integrante del Equipo de Pañuelos en Rebeldía y investigador del CONICET, mostró cómo las obras de infraestructura de la mano de IRSA COSIPLAN cumplen la función de fragmentar los territorios y su apropiación de espacios indispensables para el desarrollo de la vida. “Las pedagogías de muerte y de crueldad debemos anteponerlas a la pedagogía de la vida y de la resistencia”.

Mauricio Cornaglia, integrante de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y la Marcha de los Barbijos de Rosario, organizadores del encuentro, realizó una síntesis de lo que se fue escuchando. 

Todas las voces fueron unánimes en responsabilizar -por participación y/u omisión- a los gobiernos nacionales y provinciales y locales, las empresas nacionales y transnacionales, los terratenientes y los grandes productores del sector del agronegocio, y las instituciones y sus funcionarios públicos cómplices de las prácticas ecocidas, incluyendo sectores académicos que producen las condiciones de posibilidad para la cristalización de la imposición de un modelo de muerte. 

Enlaces relacionados: https://juicioeticoypopularalosecocidas.ar/2022/06/07/audiencia-en-rosario/

Podes seguir los juicios en: https://www.facebook.com/Juicio-%C3%89tico-y-Popular-a-los-Ecocidas-102406335830515

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Por Base IS y Jorge Zárate

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Por Adelante!

La comunidades organizadas, encabezadas por Bernarda Pesoa, lideresa del Pueblo Qom de Cerrito, acordaron la suspensión temporal de actividades de la Fundación Paraguaya y la instalación de una mesa de diálogo en la sede de la Gobernación de Presidente Hayes, que será convocada por la Dirección del Gabinete Social el día 17 de agosto. Participarán de la mesa varias instituciones públicas, así como representantes de las comunidades Qom y la Fundación Paraguaya.

“Es muy importante destacar las redes de solidaridad tejidas en torno a este tema y no soltarlas hasta lograr el objetivo de la mayoría de las aldeas Qom que habitan el territorio chaqueño, que es la revocación del convenio firmado por esta fundación y los líderes de dos aldeas“, señala la Organización Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI), en su cuenta de Twitter.

En las últimas semanas, la Fundación Paraguaya movilizó maquinarias para la quema de pastizales y el derribo de árboles nativos como los labones y otros que alimentan a los pueblos indígenas de la zona, además de algarrobos palmares y otras especies nativas. La Fundación Paraguaya es dirigida por el exintendente de Asunción Martín Burt. El político liberal también fue Jefe del Gabinete Civil del gobierno de facto, golpista, de Federico Franco.

Las organizaciones comunitarias Qom del Bajo Chaco habían presentado denuncias a la Fiscalía del medio ambiente local y ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y solicitaron acompañamiento en este proceso, pero ante el avance acelerado del desmonte de árboles, resolvieron tomar medidas de fuerza que finalmente consiguieron frenar temporalmente el crimen ecológico.

Fuente: Adelante!

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Por Vivian Palmbaum

¿La agricultura del futuro llego a la Argentina? Si la pandemia pone en evidencia un modelo productivo que está en crisis entonces, ¿no hay salida para la vida? Desde el portal Naturaleza de Derechos[i] acaban de publicar un documento llamando la atención sobre una política de Estado que reafirma el modelo extractivo de producción agrícola ganadero que, sabemos, perjudica gravemente la vida en todas sus formas.

Bajo el argumento de asegurar la alimentación de los pueblos con la bandera de la seguridad alimentaria, las corporaciones, cuyas ganancias provienen del negocio agroganadero, vienen explotando la vida, como lo refleja la actual pandemia. La actividad agroganadera que nos alimenta parece que ha dejado de ser algo relacionado con la naturaleza y se convierte en un sistema digital de control, referenciación y prescindencia de los saberes de los pueblos.

“Carne sintética ultraprocesada, material celular con sabor a pollo o pescado, huevos artificiales, semillas de maíz, soja, girasol y también todas las frutas, hortalizas y verduras sometidas a la edición genética mediante la técnica CRISPR, campos despoblados controlados por drones teledirigidos y programables para sembrar, medir variables y seguir fumigando con nuevos combinados de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos con la incorporación de software de precisión para mapear y recolectar toda la información de los recursos biológicos y genéticos, automatización de procesos físicos de cosecha”, es parte de la larga lista de actividades y procesos que reflejan la realidad de las actividades agroganaderas ligadas al Nuevo Paquete Tecnológico del Sector Agropecuario, AgTech. 

Tecnología digital aplicada a la agricultura tal como lo describe una corporación bancaria, o como explica la Asociación Argentina de Siembra Directa (Aapresid). Pero como las palabras reflejan la realidad, el término AgTech surge de la combinación de agricultura y tecnología, al igual que FinTech, que surge de la unión de finanzas con tecnología, y pone en evidencia un modelo de concentración y maximización de ganancias.

Desde Aapresid proponen “una nueva agricultura que procura aumentar la productividad sin los efectos negativos propios de los esquemas de labranza. Y es una auténtica respuesta al gran dilema entre producción y sustentabilidad que hoy enfrenta la especie humana”. Nada se dice del virus que amenaza a la humananidad, mientras se invisibilizan sus causas y se pone en el campo de la responsabilidad individual la subsistencia.

La empresa Auravant, con base en Argentina y España, es una plataforma digital, con versiones web y móvil, como explican ellos mismos, que se aplica a la producción agrícola: “permite realizar seguimiento y monitoreo de cultivos a través de imágenes satelitales o de drones, análisis e integración de las distintas capas del suelo para generar ambientaciones, prescripciones variables de insumos para aplicar la dosis óptima se semillas, fertilizantes y herbicida”.

El INTA y la Facultad de Agronomía de la UBA, firmaron un convenio para aplicar esta tecnología desde los dos mayores organismos públicos relacionados con la producción de conocimiento y la educación pública, que acompaña a productores y forma profesionales en el ámbito público. Este acuerdo tecnológico parece ser la continuación de convenios que se firmaron durante la gestión anterior de gobierno, como por ejemplo, la que firmó el INTA Paraná en julio de 2019. Se pone en evidencia, aunque invisibilizada, que hay una continuidad de políticas a pesar del cambio de gobierno.

Bill Gates cada día más cerca

Tal como explican en su documento desde Naturaleza de Derechos: el plan AgTech nace del acuerdo, en el año 2018, suscripto por el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, y el presidente de Microsoft Latinoamérica, César Cernuda. Se trata de la “Alianza Digital Educativa para Las Américas” con el objetivo de implementar una digitalización completa de la agricultura, a través de una amplia plataforma tecnológica de Microsoft utilizando herramientas de Internet de las Cosas (IoT), Big Data e Inteligencia Artificial (IA); así como la aplicación de innovación y tecnologías de información y comunicación en proyectos de desarrollo, entre otras.

¿Bailando por un chancho?

Argentina firmó un acuerdo con China para producir nueve millones de toneladas de carne porcina, lo que implicaría para pasar de producir 6/7 millones de cerdos por año a 100 millones. Una iniciativa suscripta por el Ministro de Relaciones Exteriores, y virtual Ministro de Agricultura, Felipe Solá, como funcionario de gobierno.

Pocas horas después miles de firmas suscribieron el documento “No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en fábrica de nuevas pandemias”[ii]. En el comunicado se expresa que “Para entender la magnitud de lo que significan 9 millones de toneladas de carne, tengamos en cuenta que estas representarían 14 veces el total de lo producido por el país en todo el 2019”. El actual modelo productivo que privilegia las ganancias sobre la vida nos llevó a una crisis sanitaria que solo encuentra precedentes en “el ébola, la gripe aviar y la porcina, el SARS y otras zoonosis”, detallan. El hacinamiento animal en criaderos industriales, utiliza una cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades y engordarlos rápidamente. Un caldo de cultivo para la mutación de virus y bacterias. El resultado es el que hoy ha puesto en peligro a la humanidad a la vez que implica la matanza de miles de millones de animales. 

En el comunicado recuerdan que “el riesgo para la salud es innegable, pero corre el peligro de ser desatendido, como  lo fue en 1996 con la introducción de la soja transgénica”. Entonces, Felipe Solá era Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y aprobó la introducción de esas semillas que solo crecen en combinación con un paquete de venenos aumentando el uso de agrotóxicos en un 1400% en casi 25 años de agronegocio transgénico.

Los gobiernos plantean como única posibilidad de desarrollo el extractivismo en todas sus formas, que los pueblos se empeñan en rechazar sistemáticamente. Seguramente, hay muchas más opciones que no comprometen el peligro para la vida en todas sus formas.

[i] https://drive.google.com/file/d/1P7YJfmfD8aVkF_tEtofCJVieu8uKeIt0/view?fbclid=IwAR3w-Y-iveB3-ZWhyjT2J_nHClTC9ghh9-kzjTpnXw8BxWTds5bNIvzFWQk

[ii] https://pactoecosocialyeconomico.blogspot.com/2020/07/no-queremos-transformarnos-en-una.html

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Por Agostina Zeki @agoszeki / Fotos: Juliana Lucero @ju_luc

Finalizó el año. Otro año que en Coronel Suárez, como en tantas localidades de la provincia de Buenos Aires, les habitantes no tuvieron una ordenanza que regule el uso de agrotóxicos en el partido. Otro año en que los gobernantes y la Sociedad Rural, lograron evadir la problemática de los daños ambientales y las enfermedades que causan sus “buenas prácticas agrícolas”. Otro año en que, legalmente, pudieron seguir fumigando en frente de sus casas, por encima de las escuelas, que pudieron pasear sus maquinarias contaminadas por la ciudad, que tienen sus galpones y centros de acopio al lado de las plazas.

Digo legalmente, porque la legitimidad social no la tienen. Porque son les vecines quienes pelean con los productores para que no les fumiguen en frente o encima de elles, literal. Digo legalmente, porque les ciudadanes ya no silencian las prácticas contaminantes, sino que se organizaron, las escracharon, y activan colectivamente para que el cáncer, los problemas respiratorios, los abortos espontáneos y el veneno en los alimentos NO sean lo cotidiano, porque el abuso de sus derechos no sean moneda corriente.

Coronel Suárez es una ciudad ubicada en el centro sur de la provincia de Buenos Aires con al menos 40 mil habitantes. El agronegocio, su matriz económica. El campo que no somos todes. El campo de muchas hectáreas en manos de pocas personas, que produce mercadería y no alimentos, que mata la biodiversidad, que envenena el agua, que esteriliza la tierra, que contamina el viento. Este campo de la Sociedad Rural y Semilleros Argentinos es el que mueve la economía de Coronel Suárez.

En esta línea, también encontramos a éste campo bien representado en el poder político de la ciudad, como si nada hubiese cambiado desde la conformación de los Estados-Nación y la elección de los dirigentes políticos. El poder lo tienen quienes poseen la tierra, quienes la acumulan, quienes la explotan; y las leyes se hacen a su medida.

En este contexto político, social, económico, cultural e histórico, es que quienes habitan este territorio dijeron basta. Se organizaron, discutieron la matriz de producción, se informaron sobre otras formas de producir alimentos sanos, y escribieron un proyecto de ordenanza para, de base, regular el uso de agrotóxicos y que las fumigaciones sean a más de mil metros de zonas habitadas.

Este proyecto, escrito por la ONG Evolución Ambiental, fue presentado el 22 de noviembre de 2018. En 2019, les Vecines Autoconvocades por la Salud Ambiental en Coronel Suárez, se sumaron a la resistencia para que este proyecto de ordenanza fuera tratado en el Concejo Deliberante de la ciudad.

Comenzaron las Asambleas Autoconvocadas en Plaza San Martín, la plaza central de la ciudad, todos los jueves antes de que el Concejo sesione para hacer escuchar la voluntad del pueblo. Un año de fuerte activismo social, en el que hubo intervenciones artísticas, charlas informativas sobre la problemática, y capacitaciones sobre agroecología, una forma sana de trabajar la tierra y producir alimentos que desmiente el mito sobre la productividad y rentabilidad máxima del agronegocio.

Todas estas actividades se dieron en un contexto de resistencia latinoamericana a las prácticas extractivas; prácticas de saqueo del territorio y las corporalidades. Resistencia no sólo al agronegocio, sino que también a la megaminería, el fracking y el desmonte. Prácticas que explotan, envenenan y matan, y que hace décadas se llevan adelante en toda la Abya Yala, porque fueron construidas como naturales para el progreso. Pero ¿de qué progreso se habla si lo que deja es muerte?

En el contexto neoliberal en que se gestaron las resistencias y se tejieron redes para denunciar los abusos, en Argentina fue año electoral. Pudimos ver a nivel nacional, provincial y local, en el caso de Coronel Suárez, cómo las resistencias ambientales y los cuestionamientos al modelo productivo, fueron cooptadas en los discursos de Cambiemos y el Frente de Todos.

En esta ciudad bonaerense, a pesar de las intervenciones en el Concejo para que sea tratado el proyecto de ordenanza, los concejales no tuvieron la intención política de presentarlo para ser tratado, excepto Ricardo Alejo Moccero, Concejal del Movimiento para la Victoria e Intendente electo de la ciudad por el Frente de Todos, quien se acercó a la Asamblea autoconvocada con la intención de discutir el proyecto en conjunto y presentarlo desde su bloque, asegurando que era la forma de que sea tratado. “Sabíamos que era parte de su estrategia política para sumar votos”, dijo Lucía Borsella, integrante de la ONG Evolución Ambiental y artivista por la salud ambiental, “lo discutimos y pensamos que si era la única forma de que sea tratado debíamos hacerlo, teniendo en claro nuestro horizonte y nuestro posicionamiento político”.

El candidato, quien también es dueño de varias hectáreas, se juntó con les vecines e integrantes de la ONG. Uno de los puntos que propuso modificar fue la distancia ya que mil metros le pareció mucho, por lo que propuso reducir la distancia de fumigación a 400 metros. Les ciudadanes no estuvieron de acuerdo y propusieron que sean 600, ya que desde 2017 existe la Ordenanza Municipal n° 3029 que establece que los “depósitos de semillas, fertilizantes y agroquímicos (…) deberán radicarse en zona rural y zona de servicios de ruta. Si se emplazaran en zona rural, deberán distar como mínimo 600 m. del límite del área urbana y de sus zonas de reserva”, por ende, explicó Borsella que: “si los bidones cerrados tienen que estar a 600 metros, abiertos es lógico que la distancia sea mayor”.

Así fue que entre otras negociaciones se estableció esa distancia inicial que cada año deberá aumentar 100 metros hasta que llegar a los mil metros que se pidieron inicialmente desde la ONG y les vecines autoconvocades. El candidato a intendente, presentó el proyecto de ordenanza, se paseó por los medios haciéndose parte del mismo, y hasta se comprometió él mismo a producir desde la agroecología.

Sin embargo, el martes 26 de noviembre, a cuatro días de cumplirse el primer aniversario de presentado el proyecto de ordenanza, el concejal Javier Roth del bloque de Cambiemos, presentó un contraproyecto que ignora la voluntad popular y el trabajo realizado por la Asamblea Autoconvocada y la ONG, proponiendo distancias de aplicación que burlan la exigencia de les ciudadanes: 50 metros de zonas urbanas, 30 metros de cursos de agua y no se estipulan las distancias de escuelas rurales.

A este contraproyecto, el Movimiento para la Victoria, adhirió, dejando clara su posición y verdaderas intenciones frente a la regulación del uso de agrotóxicos. Frente a ésta estrategia de los dirigentes políticos que dos días antes de la última sesión del Concejo Deliberante, y antes del cambio de gestión, propuso tratar este contraproyecto “sobre tablas”, les vecines otra vez resistieron. En dos días lograron que la problemática sobrepase los límites locales y la noticia de esta jugada política en favor del agronegocio llegue a múltiples medios provinciales y nacionales, denunciando la connivencia política en la que la grieta entre el bloque de Cambiemos y del Frente de Todos, se cerró para seguir legitimando el poder de la oligarquía ecocida.

Llegó el día en que se reunió el Concejo. En la plaza, la Asamblea autoconvocada debatió las líneas de acción: lo importante fue que no se apruebe el proyecto ese día. Esta vez, la sala donde se reunieron los concejales estaba llena de vecines preocupades por el futuro de su salud e inquietes por la posibilidad de que se legalizara el envenenamiento silencioso, pero con la certeza de que sus corporalidades significaban resistencia y presión a les gobernantes.

El contraproyecto finalmente no se trató sobre tablas, pero pasó a cuarto intermedio. Una batalla ganada les dio más tiempo pero no ignoran que la bomba aún puede explotar, porque esta medida significa que los concejales pueden juntarse en cualquier momento y entre cuatro paredes, y a espalda de les habitantes, aprobarlo. No fue un respiro de alivio, sino un respiro que llenó los pulmones de aire para seguir gritando y exigiendo que ¡paren de fumigarnos! 

Así, pasó otro año sin ordenanza. Otro año en que se visibilizó a quienes responden y representan verdaderamente los que ocupan los puestos políticos de la ciudad. Otro año en que los empresarios del agronegocio demostraron su incumbencia en lo estatal, impunes, sin disimulo.

Pero otro año, también, de lucha. Otro año de encuentros, de redes que se tejieron para resistir. Otro año en que las energías y el amor de todes les que se nuclearon en la Asamblea Autoconvocada por la Salud Ambiental de Coronel Suárez, se expandió demostrando que la transformación es posible si nos fortalecemos colectivamente para construir nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno y nosotres mismes. Otro año que les llenó de fuerza para convencernos de que #SeráOrdenanza.

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Por Vivian Palmbaum / Foto Pablo Piovano (El costo humano de los agrotóxicos)

Desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri se enarboló como bandera de progreso al llamado “campo”, reservorio de la oligarquía terrateniente en nuestro país. Tal como sabemos las familias conservadoras están ligadas a ese campo. Las mismas que Roca repartió producto del arrebato a los pueblos originarios.

Pero para no irnos tan atrás, solo decimos que son estos apellidos los que estuvieron históricamente ligados al poder más conservador que siempre se autoproclamó como granero del mundo y por ello obtuvo privilegios que estuvieron ligados a nuestra historia más sangrienta.

No parece casual que el Ministro de Agricultura designado desde el comienzo de la gestión Cambiemos fuera  Luis Miguel Etchevehere que pasó de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina a ocupar esa función, una característica del gobierno de los dueños, donde desde las empresas privadas se convirtieron en funcionarios de gobierno. Este caso además tuvo un condimento especial porque hasta se reveló que por este paso la Sociedad Rural lo recompensó, “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”.

De Ministerio a Secretaría para luego volver a ser Ministerio de Agricultura, así fue el devenir de la cartera del ejecutivo nacional. Un trabalenguas difícil de dilucidar detrás del cual había un tejido de alianzas políticas ligadas a la oportunidad de favores y alianzas con el sector.

Políticas de concentración

Lo cierto es que a partir de la quita de retenciones y la devaluación de la moneda para el sector concentrado de la economía, y sobre todo para el Agronegocio, representó una importante diferencia en sus ganancias y en el poder que recuperaron con estas alianzas. Tal es así que hace pocos días, el pasado 21 de noviembre en un comunicado de las Confederaciones Rurales Argentinas, a poco menos de un mes del resultado electoral, advirtieron al próximo gobierno sobre el “nefasto impuesto mal llamado retenciones” e hicieron “un llamado a la racionalidad a fin de no detener el proceso proactivo de crecimiento e inversión”, algo que se parece bastante a una amenaza.

Las políticas públicas ligadas al sector de la producción agropecuaria concentrada, al igual que en otras áreas, repercutió en la profundización del modelo extractivo, de producción industrial, del monocultivo que beneficiaba al Agronegocio. Luego la dolarización de los insumos repercutió en la producción de los pequeños productores dejándolos en la miseria y el desamparo. Así lo expresaban apenas asumido el gobierno desde la Unión de Trabajadores de la Tierra: “La aplicación de las nuevas políticas económicas se iniciaron con una importante devaluación que impactó directamente en nuestro sector, que requiere insumos (como semillas y fertilizantes, entre otros) que se pagan en dólares, porque siguen estando dentro del modelo de agronegocio, donde los insumos los controlan las diez empresas que manejan el mercado mundial”.

A ello se sumó que la Secretaría de Agricultura Familiar dejó de cumplir funciones de asistencia al sector para transformarse en una simple instancia administrativa, que también sufrió las políticas de achicamiento de su planta de personal con despidos masivos y persecusiones políticas, tal como sucedía en otras dependencias. El Estado se iba reduciendo a medida que dejaba de cumplir funciones. Junto con ello además se eliminó el Monotributo Social Agropecuario para trabajadores y trabajadoras de la tierra, lo que les dejó sin posibilidad de acceso a una obra social, a los aportes jubilatorios y les quitó la posibilidad de facturar para comercializar sus productos. Es decir medidas que impulsaban la concentración del sector productivo en pocas manos, dejando atados a las y los pequeños productores a las arbitrariedades y abusos que sufren históricamente quienes producen pero no son dueños de la tierra. Lejos fue quedando alguna expectativa que el reconocimiento de los derechos humanos para campesinos y campesinas que se había conquistado en la ONU, en Argentina tuvieran alguna expectativa favorable.

La política de concentración de la producción profundizó un modelo productivo de monocultivo que destruye la diversidad y el monte nativo, ligado a paquetes tecnológicos -léase semillas transgénicas, fertilizantes y agrotóxicos-. Entonces no solo produjo el empobrecimiento de las y los productores, sino además envenenamiento, malformaciones y muerte.

El neoliberalismo que llegó de la mano de un gobierno aliado a las corporaciones, profundizó el extractivismo con políticas que descartan  al ser humano porque privilegian los negocios. Así también pudimos verlo en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que sesionó en diciembre de 2017, donde se delinearon políticas sobre el comercio internacional que luego los países aplican. A continuación, durante el año 2018 sesionaron los paises del G20 en nuestro país, la respuesta a la crisis financiera global para salvar el capital a costa de los pueblos, y en estas coordenadas se debatieron temas como la producción industrial y tecnologizada de alimentos en función de las agendas de las corporaciones, nunca de los pueblos.

Resistir frente a las Buenas Prácticas

Estas políticas públicas del gobierno de Cambiemos, que vinieron a profundizar el modelo productivo, frente a las incontrastables evidencias de las consecuencias del uso de agrotóxicos impulsó que desde el Ministerio se difundiera el Manual de Buenas Prácticas en Agricultura. Con amabilidad para maquillar, desde el Estado responsable de proteger a las y los habitantes, nombrando como productos fitosanitarios a lo que en realidad son agrotóxicos, mientras se enunciaba el repetido argumento de las corporaciones que niegan las consecuencias y responsabilizan del daño a quienes fumigaban, por hacerlo con impericia. Una ficción que se cae por el peso de las evidencias: intoxicaciones, malformaciones y muertes por el envenenamiento del que no se salvaron ni las escuelas rurales, donde concurren las y los más chiquitos.

Ni siquiera la justicia logró frenar estas prácticas, cuando el  presidente  Macri se atrevió a desafiarla al calificar de “irresponsable” al fallo judicial que en Entre Ríos delimitaba las zonas de fumigación sobre escuelas rurales.  De la misma manera la política de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, de la mano de María Eugenia Vidal, a partir del primer día de enero de este año habilitó la aplicación de agrotóxicos sin límites y de esta manera hacía oídos sordos a sus consecuencias. Por un lado estaban los discursos y por otro las prácticas concretas de gobierno y sus graves consecuencias.

No se salvaron ni las abejas

Las abejas comenzaron a morir en masa, con los perjuicios que esto significa para todo el ecosistema y sus consecuencias. Tampoco se salvaron otras especies de este ciclo de envenenamiento, que no tuvo más remedio de ser reconocido hasta por la OMS como peligroso para la vida. El nivel de contaminación alcanzó la tierra, el agua, el aire, las personas.

A poco de terminar su gobierno, en agosto pasado, el presidente Macri intentó sacar por decreto la llamada Ley de Semillas “MONSANTO”, cuando fracasó el intento que saliera por ley del Congreso. Una ley que representa más ganancias para las multinacionales y mayor dependencia para el sector campesino y de la agricultura familiar, por el fortalecimiento del monopolio, decían desde la UTT. Además constituía una manera de mantener controlada la cadena productiva desde la base y la destrucción de las semillas autóctonas y erradicar los saberes ancestrales que implican.

Minería extractiva

También la tierra siguió siendo depredada por la minería y se profundizaron las alianzas con corporaciones siempre bajo la promesa del progreso económico, como los espejitos de colores. Las consecuencias inmediatas fue que se impulsó la organización asambleas en defensa del agua, contaminada por un modelo productivo que  devasta, envenena los cursos de agua y priva del líquido fundamental a las y los pobladores. Una situación contrapuesta al derecho al agua potable reconocida por la Corte Suprema en 2014 como un derecho humano, sin embargo las políticas públicas están lejos aún de que las personas tengan un acceso pleno al agua potable.

¿Quién dijo que todo está perdido?

No todo parecía perdido cuando vecinos, productores, trabajadores y trabajadoras, profesionales de la salud y agrónomos, frente a este peligro comenzaron a adquirir mayor nivel de organización y a conectar las luchas. En estos cuatro años se afianzaron y multiplicaron redes y asambleas a lo largo y ancho del país para resistir, a través de distintas estrategias, en defensa de la vida.

Renacieron y se fortalecieron las distintas propuestas de volver a la Agroecología que viene demostrando que es posible producir sin envenenar, con un modelo que incluya a las distintas formas de vida. Volver al saber de los ancestros que producían respetando a la pacha, por el buen vivir. Un modo de producción que no le da ganancias a las corporaciones.

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Por Iván Barrera y César Saravia / Foto David Fernandez

El supermercado del mundo

Una de las promesas más repetidas durante la campaña electoral y los primeros meses de mandato del gobierno cambiemita fue la de “volver al mundo”. Una frase sin dudas muy bonita pero cuyo contenido y plan de acción resultó una gran incógnita en los ocho semestres de Mauricio Macri al frente del país.

La primera gran medida del flamante gobierno para dar señales de inserción en el mundo fue matar a uno de los grandes cucos del kirchnerismo: pagarle a los fondos buitre. Aun antes de asumir, Mauricio dio a entender que en la negociación su postura sería implacable “ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo, hay que hacerlo” había anticipado. Promesa cumplida: luego de 15 años de negociación con los fondos buitre que se aprovecharon de la peor crisis financiera de la República Argentina, se les pagó los USD 12.500 millones a Paul Singer y compañía.  Allá por abril de 2016 el entonces ministro Alfonso Prat Gay celebraba esta implacable victoria y pronosticaba un futuro de soberanía económica y financiera “Chau Default. Arranca una nueva etapa. Los argentinos, listos para emprender y crecer” escribía en su twitter el optimista ministro de Hacienda.

De la mano con la soberanía económica en materia de deuda externa, el gobierno también se animó a abrir las puertas de par de par a los mercados internacionales. Luego de una primera devaluación del 30% de la moneda, se anunció con mucha algarabía el fin del cepo cambiario y la eliminación de toda restricción a la entrada y salida de capitales.

Tras un holgado festejo, que pretendía demostrar que era fácil eliminar las restricciones cambiarias en Argentina de una vez y para siempre, el gobierno fue hacia otra gran promesa de campaña: “ser el supermercado del mundo, agregarle valor a las valiosas materias primas que producimos”. ¿Y qué mejor manera de ser el supermercado del mundo que eliminando toda protección al mercado local? Durante los primeros meses de 2016 se procedió a la apertura irrestricta a las importaciones, la baja de las retenciones al agro y a la minerìa y la eliminación de cuotas de importación.

El resultado tal vez no fue el esperado, al menos en cuanto a la definición más convencional de supermercado: en 4 años las exportaciones cayeron màs del 15% respecto a perìodos anteriores, la industria cayó consecutivamente mes a mes, acumulando una caída del 17% durante el periodo macrista y, a pesar de las consecutivas devaluaciones, la balanza comercial permaneció siendo deficitaria en cada año.

El Grupo de Lima y la agresión contra Venezuela

 Durante los primeros meses de su mandato, un todavía solitario Mauricio Macri trató de asumir su rol como punta de lanza contra Venezuela. Fue durante la XLIX Cumbre del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), realizada en Paraguay en 2015, en que Macri exigió la liberación de los detenidos durante las guarimbas en 2014. La respuesta de Delcy Rodríguez, entonces canciller de Venezuela, fue contundente al señalar el carácter injerencista de Macri, mostrando evidencia fotográfica de las acciones violentas realizadas por grupos opositores en una defensa magistral de la revolución bolivariana. El debut internacional de Cambiemos, acabaría con un Mauricio de rostro serio y nervioso susurrando con sus acompañantes.

En los meses posteriores, el gobierno argentino moderó su posición y evitaría chocar con Caracas. Por ejemplo, no tomando postura abiertamente a favor del uso de la carta democrática contra Venezuela en la OEA, que ya para ese entonces agitaba Luis Almagro. La correlación poco favorable en Mercosur, llevó a Macri a coquetear con los países de la Alianza del Pacífico, impulsada por los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, en donde se mantuvo una continuidad de gobiernos neoliberales, en contraposición al “ciclo progresista” que vivieron otros países.

Fue en el contexto de los acercamientos con la Alianza del Pacífico en que Macri encontró en Peña Nieto un primer aliado para una articulación conservadora en la región. La visita del ex presidente mexicano en 2016, no obstante, tuvo como protagonista la movilización social en Argentina, en reclamo justicia y aparición con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado en septiembre de 2014. Los señalamientos contra violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el Estado mexicano representaron un obstáculo para el gobierno argentino de construir una alianza creíble para atraer a otros gobiernos.

También en 2016, Macri había logrado que Obama visitara Argentina, en un mensaje que anticipaba el alineamiento incondicional a la agenda de Washington. Pero no sería hasta el Golpe de Estado contra Dilma Rousseff, en Brasil, y la llegada de Temer como presidente golpista, en que el gobierno encontraría una correlación favorable para impulsar una agenda conservadora en la región desde su política internacional, con el “gigante del Sur” como aliado. Cabe recordar que Argentina fue uno de los primeros países en reconocer a Temer como presidente en funciones de Brasil.

El impulso que la llegada de Temer daría a la derecha regional encontraría otro aliciente en el triunfo y posterior cambio de Lenin Moreno en Ecuador. Moreno llegaba a la presidencia como promesa de continuidad de las políticas impulsadas por Rafael Correa, pero acabó por dar un giro de 180 grados, que lo llevó a alinearse con el bloque de gobiernos de derecha que conforman el Grupo del Lima. Esta instancia multilateral surgió el 8 de agosto del 2017, y fue creada por 14 países con la intención de “buscar una solución pacífica para Venezuela”, en donde sostenían como primera demanda la liberación de quienes ellos consideran presos políticos y la convocatoria a nuevas elecciones.

El Grupo de Lima aparecía así como un frente regional contra el chavismo, pese a que dentro de su composición no había del todo heterogeneidad respecto al nivel de agresividad. Con el tiempo, presidentes como Piñera de Chile, Lenin Moreno de Ecuador, Duque de Colombia, y, cómo faltar, Mauricio Macri en Argentina, tomarían el protagonismo a la hora de “ir al frente” contra Maduro y la revolución bolivariana.

A partir de ese momento, Macri adoptaría y seguiría al pie de la letra las indicaciones que desde la OEA se orquestaba. El desconocimiento de las elecciones de mayo del 2018, que dieron el triunfo para un nuevo periodo a Nicolás Maduro, el reconocimiento del presidente autoproclamado Juan Guaidó y de sus autoridades en Argentina. Macri, institucionalizó el discurso de crisis humanitaria frente al crecimiento de migraciones provenientes desde Venezuela, sosteniendo un doble discurso en su política migratoria. Por un lado “apertura y hospitalidad” de cara a lxs migrantes, y por el otro, restricciones a les migrantes provenientes de otros territorios latinoamericanos.

Con la reciente derrota electoral de Macri, el triunfo de López Obrador, y las movilizaciones populares en países como Ecuador, Colombia, Chile y Honduras, sumado al fracaso en su intento por derrocar al gobierno venezolano, el Grupo de Lima atraviesa una crisis de legitimidad, provocada por gobiernos más preocupados por resolver los problemas en Venezuela que los de sus propios países y sólo sostenidos por el favor de las fuerzas armadas y el apoyo de Estados Unidos.

Migraciones: Xenofobia y geopolítica

 En línea con un cambio en el patrón migratorio, producto de la crisis del modelo neoliberal, y un avance de la derecha xenófoba en el mundo, Macri convirtió a la política migratoria en un instrumento para golpear en tres sentidos. El primero, a los movimientos sociales, alrededor de los cuales se organiza un importante sector de la población migrante. El segundo, como punta de lanza de una política de ajuste en que “la culpa” recae sobre él y la migrante que hace uso de los servicios públicos, y no en una política orientada a reducir derechos. El tercero, como manera de tensionar con gobiernos no afines ideológicamente, como el de Bolivia y Venezuela.

El momento más representativo de la política antimigrantes que llevó a cabo Macri fue la entrada en vigencia del decreto de necesidad de urgencia (DNU) 70/2017, con el que el gobierno reformó la Ley de migraciones 25871, vigente desde el año 2004, y que representaba uno de los instrumentos más progresistas del mundo en materia migratoria. Con este decreto, Macri y su gabinete, con Patricia Bullrich al frente, construyeron un discurso en el que migración y narcotráfico, dos fenómenos contemporáneos que tienen la centralidad como frontera, aparecían como intrínsecamente vinculados. A eso contribuyó Miguel Pichetto, quien durante estos años se convirtió en el referente de la xenofobia en el país, llegando a asegurar que “Argentina, funcionaba como un ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”, declaraciones que le generarían suficientes méritos para acompañar a Mauricio durante la elección presidencial.

Fue precisamente Pichetto quien impulsó una reforma de Ley para cobrar servicios de salud y de educación a extranjeros. En esto lo acompañó Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, quien impulsó el cobro de salud para extranjeros en situación de tránsito. Esto llevó a una polémica con Bolivia, que llevaba implícita un ataque al sistema de salud que durante estos años había impulsado el gobierno de Evo Morales. Además, se cuestionó el carácter de reciprocidad, pues los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de difundir casos de ciudadanos/as argentinxs que no habían sido atendidos en Bolivia de forma gratuita. En esta narrativa, el tema de la salud no sería un asunto de derechos, sino un “exceso de bondad de Argentina”. El manejo diferenciado entre migraciones de países limítrofes, como Paraguay, Perú y Bolivia, y por otra parte la hospitalidad y el “apoyo” mostrado a migrantes venezolanxs, muestra el uso geopolítico que la política migratoria ha tenido durante estos años. Apuntando principalmente a deteriorar la imagen de gobiernos no alineados y de construir un chivo expiatorio.

El (primer) mundo a la Argentina

Pasados dos años de apertura comercial, financiera y política al mundo, el gobierno decide invertir los factores: si Argentina no va al mundo, que el mundo venga a la Argentina. De ese modo, el nuevo supermercado del mundo abre sus puertas a dos de los grandes grupos que dividen económicamente al globo: la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el foro del Grupo de los 20 (G20).

Con la concreción de estos dos parafernalicos eventos, Macri logra un récord: recibir a dos presidentes norteamericanos en un solo mandato, y hacerlo luego de 10 años de ausencias de los máximos mandatarios del país del norte en nuestro territorio. A la visita de Obama en 2016, se le suma la del flamante Donald Trump, de quién Macri asegura ser amigo y tener una gran relación.

La OMC tuvo un paso con más pena que gloria allá por 2017. El evento que siempre promete cerrar acuerdos bilaterales de libre comercio, liberalizar el comercio de los países emergentes en aquellos productos de mayor necesidad para los países centrales y apuesta a la concentración monopólica, finalizó sin acuerdos, sin un documento final y con más rosca que acuerdos.

Pero el 2018 da revancha y luego de un afectuoso y fraternal saludo entre Macri y Trump se da inicio al G20. La farándula internacional se agolpaba en Costa Salguero: Angela Merkel, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Christine Lagarde y hasta los siempre queridos Sebastián Piñera y Michel Temer dicen presente. El G20 fue un éxito rotundo en política internacional y cerró con un oneroso acuerdo entre Donald Trump y Mauricio Macri para impulsar la exportación de limones hacia país del norte. Un comercio de vital importancia, no hay dudas que a partir de este acuerdo el rey de los cítricos posiciona al país un pasito más cerca de ser el supermercado del mundo.

Sin embargo, Macri no se quedó en la gloria de los limones y fue por más. A principios de su último año como mandamás anunció con bombos, platillos y hasta un mensaje del canciller envuelto en lágrimas, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. “Hoy nos sentamos a la mesa con los más desarrollados” celebró el ex presidente. Este acuerdo promete abrir nuevos mercados a cambio de la liberalización total del comercio internacional, así como también de las protecciones laborales y previsionales vigentes. Si bien el gobierno prometió ponerse a trabajar de inmediato, desde el viejo continente hubo respuestas no tan alegres. La primer voz disidente fue la de Emmanuel Macrón, quien se opuso rotundamente al acuerdo y a la liberalización de los productos agrícolas en una economía donde es un sector vital y debe ser protegido.  A la resistencia de Macrón se le sumaron Bélgica, Polonia, Austria e Irlanda, y a la desprotección de los sectores primarios se le suma la preocupación por el medioambiente. Hoy el acuerdo entre ambos bloques regionales se encuentra más cerca de ser una linda ilusión neoliberal a un proyecto a concretarse.

El 10 de diciembre se terminan cuatro años de política internacional al servicio de los grandes poderes. Un gobierno que respondió siempre favorablemente al lobby internacional por la articulación de una latinoamérica sumisa y servil, con apoyo al golpe en Venezuela y en Bolivia, a los procesos de lawfare con especial acento en Brasil y a la política antimigratoria y criminalizadora de los flujos migratorios de Nuestra América. Una política también servil en lo económico, aceptando las condiciones de los fondos buitre, cerrando el acuerdo más grande en la historia del FMI, tomando deuda a 100 años y ofreciéndose siempre a ser parte del mundo globalizado a costas de la desprotección de la economía y de les trabajaderes.

Los primeros meses del nuevo mandato serán claves para entender el rumbo del nuevo gobierno. Con un Alberto Fernández pronunciandose a favor de Evo Morales, en contra del Golpe y con una mirada no tan hegemónica sobre la situación de Venezuela, pero con un Felipe Solá al mando de las relaciones exteriores, el mismo Solá responsable de la masacre de Avellaneda y gran defensor del rol represivo de las fuerzas armadas en conflictos internos. La política del nuevo gobierno es, entonces, una incógnita y nos coloca frente a expectativas moderadas, aunque se vislumbran algunos mensajes, todavía  tibios, de cambio. Lo que está claro es que la “pesada herencia” dejada por Macri incluye una serie de compromisos internacionales a través de las cuales el nuevo gobierno deberá desarrollar su política exterior. En un contexto de polarización internacional y disputa del futuro latinoamericano, la diplomacia es un frente político clave al que hay que estar atentes.

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Por Ignacio Marchini y Camila Parodi para Fundación Rosa Luxemburgo

¿Qué importancia le das al primer Foro Agrario Nacional de la Argentina?

Es muy importante porque es la primera vez que se hace un encuentro unitario. Hay un esfuerzo muy grande de hablar y dejar de lado las diferencias para enfrentar al neoliberalismo. La situación acá es muy grave, de total despojo y desprotección. Hoy, por ejemplo, dijeron que este es el país más urbano del mundo, con 8% de población agropecuaria. Por eso me parece importante este Foro, con muchas organizaciones, universidades y consumidores presentes. Es importante también para Brasil porque da la esperanza de un intercambio internacional, de solidaridad. Brasil hoy en día vive una gravísima crisis.

¿Cuál es la situación de Brasil?

El caso brasileño está ante una profundización del neoliberalismo, producto de la nueva ola conservadora de toda la región. Muchas conquistas de años anteriores están siendo desmontadas. Hay un riesgo muy grande sobre la democracia, hay varias medidas de persecución y criminalización de los movimientos sociales, de los maestros e incluso también la interrupción de la participación social. La Constitución brasileña de 1988 garantizó las formas de participación directa como los Consejos pero ahora están directamente extintos. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria fue el primero en ser disuelto mediante un decreto del 1ero de enero. Fue lo primero que hizo Jair Bolsonaro.

¿Por qué te parece que fue la primera medida que tomó?

Es muy simbólico porque el programa “Hambre Cero” de Lula tuvo una repercusión muy grande en Brasil y en el mundo. Es una medida política grave y de mucho contenido simbólico. Generó una desestructuración muy fuerte de lo poco que había de políticas para los pueblos indígenas y también para la regulación de las tierras. Concentraron el poder en el Ministerio de Agricultura, que es el Ministerio del Agronegocio.

¿Por qué te parece que se ataca a la soberanía alimentaria y cuál es su vínculo con la autodeterminación de los pueblos?

Sin soberanía alimentaria no hay autodeterminación de los pueblos. El alimento es básico para la vida. En Brasil consideramos muy importante que conseguimos incluir en la Constitución brasileña el derecho humano a la alimentación, que no antes estaba. Está en el mismo artículo que habla del derecho a la vivienda y al trabajo. Tuvimos conquistas en Brasil pero estamos aún muy lejos de la soberanía alimentaria cuando el pueblo no puede decidir qué producir, cuando el pueblo no tiene sus semillas, cuando el modelo agrícola está basado en la exportación de commodities.

En Brasil tenemos una reducción del consumo de varios alimentos básicos. Eso no es soberanía. Hay crecimiento del consumo de los alimentos ultra procesados como las gaseosas, las galletitas, alimentos semi listos, etc. Hay que enfatizar la defensa de la calidad de la comida. Teníamos un lema que era «comida de verdad, en el campo y la ciudad». Elegimos ese lema para llamar la atención sobre las culturas alimentarias, la calidad de la comida y el derecho al gusto.

Hoy en día estamos volviendo al mapa del hambre, que lo habíamos superado con los programas de transferencia de rentas y el apoyo a la agricultura familiar, también con la política de valorización del salario mínimo y del crecimiento del empleo. Ahora todo marcha para atrás, también crecen los índices de obesidad y sobrepeso, eso es muy grave. No hay soberanía alimentaria con hambre, no hay soberanía alimentaria con obesidad y no hay soberanía alimentaria con el alimento contaminado.

¿Qué implica la soberanía alimentaria?

En Brasil tenemos el debate de que hay que tratar todos los puntos, desde la producción hasta el consumo. Incluso la ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional habla tanto del acceso al alimento como de la calidad del acceso a la salud. Es muy importante. Hay, yo creo, una conciencia creciente en Brasil sobre la relación entre alimentación y salud y es muy importante. Pero las empresas, la industria alimenticia, las compañías que producen suplementos se aprovechan de esto. Hay que tener mucho cuidado porque hay una tendencia a la medicalización de la alimentación.

¿En qué sentido?

En el sentido de que dicen que hay que ponerle toda la atención a los nutrientes, como si fuera una mera suma, o la sustitución del alimento por alimentos sintéticos, hechos en laboratorios. Son varios problemas que convergen en la contra corriente de la Soberanía Alimentaria. Todavía no conseguimos una regulación de los alimentos, por ejemplo, y eso es muy grave, sobre todo para los niños. La publicidad en Brasil en la TV, la radio, asocia el producto ultra procesado con un premio. Crean la ilusión de que con comer ese producto vas a conseguir un beneficio.

¿Cuáles son las diferencias más importantes entre la agroecología y el agronegocio?

Lo primero es que la agroecología busca garantizar la tierra para quien la trabaja. Esta es una premisa básica, hay que reconocer a todos los sujetos de derecho, a todas las formas de campesinado. Hay pueblo originarios, hay afrodescendientes, inmigrantes. Es muy diverso el campesinado y cada expresión tiene sus propias formas de uso de la tierra. En Brasil decimos que hay una lucha anticapitalista en busca de garantizar los Bienes Comunes.

Por eso es que estamos muy preocupados con la posibilidad del cambio del sistema nacional de unidad de conservación ambiental, porque en Brasil ese sistema incluye el uso colectivo de la tierra, en una propuesta surgidas de los recolectores de caucho. Chico Mendes fue asesinado por eso. Otros quieren crear parques u otras formas de preservación ambiental donde no haya personas, de «protección integral». Es una nueva forma de apropiación capitalista de la tierra que quieren disfrazar de servicio ambiental.

Otra forma de apropiación es mediante las mal llamadas «emancipaciones» de los asentamientos, es decir, atribuir un título individual de tenencia de la tierra, de tal forma que el campesino con dificultades pueda vender su tierra. Los presionan a vender, a privatizar su tierra y romper con los asentamientos colectivos. Cuando están organizados no pasa pero en muchos casos de campesinados desorganizados hay una presión muy grande para que liberen la tierra para el mercado.

¿Hay experiencias exitosas en Brasil de agroecología?

Hay muchas, en todos los biomas. El año pasado hicimos un encuentro de dos mil personas de todo el país, de pueblos indígenas, en una plaza pública. Esa es nuestra estrategia, hay que ocupar las calles. Tuvimos varias iniciativas, como las construcciones alternativas, el aprovechamiento de los alimentos, sin desperdicio. Se debatió mucho, desde una perspectiva agroecológica. Así es la metodología de la articulación nacional de agroecología. Siempre partimos de las experiencias de cada lugar en particular. En vez de hacer un debate general, partimos de la práctica y después debatimos.

Después de ese encuentro hubo un banquete público, para que todas las personas en la plaza pudieran ver que es posible una alimentación sana. Hay cada vez más ferias agroecológicas, que llegaron incluso hasta las universidades. Hay un programa muy importante que es la creación de núcleos de encuestas y estudios sobre agroecología en los institutos universitarios. Permitió una articulación del movimiento con la universidad. Varias casas de altos estudios tienen hoy en día lugares para las ferias.

¿El Estado acompaña estas experiencias?

Hay muchas contradicciones. Hay municipalidades que incluso estimulan las ferias agroecológicas. Pero también hay situaciones, como en el sur de Brasil, donde se concentran grandes empresas de embutidos y fiambres que abogan por la criminalización de las ferias y los pequeños productores. Por eso seguimos luchando por una ley que contemple la especificidad de la producción artesanal. Tuvimos una pequeña victoria. Hay una norma que reconoce cierto nivel de producción artesanal pero es confusa. Cada alimento al que se le agrega valor va a un lugar de la administración pública. Los jugos, por ejemplo, van a un ministerio. Los embutidos van a otro. Entonces no tenés todos los productos en todos lados. Además, para conseguir la certificación es muy difícil.

Con la comercialización directa casi no hay problema. Pero para incluir un alimento agroecológico en el menú de la escuela, por ejemplo, hay barreras. En algunas municipalidades lo lográs pero hay trabas. Es muy grave porque hay escuelas que sirven un paquete de jugo en polvo como comida. Por eso es importante que tengamos la Ley de Alimentación Escolar que garantiza, por lo menos, la compra del 30% de los alimentos para las escuelas a las ferias agroecológicas. Esto fue una conquista durante el gobierno de Lula.

Estos productos tienen aún más problemas para llegar a las góndolas de los supermercados ¿Por qué sucede eso?

Por el interés de las empresas. Para que tengan una idea, en Brasil tenemos un guía alimentaria de la población brasileña que fue hecha por el Ministerio de la Salud en 2012, 2013. Fue un problema el lanzamiento, durante el gobierno de Dilma. Las empresas presionaron para que no se hiciera. ¿Por qué? Un nutricionista de Brasil, Carlos Monteiro, estuvo acá en un Congreso Internacional en Argentina donde habló sobre la clasificación vigente de alimentos naturales, semiprocesados, ultra procesados. Dijo que no tenía nada de científico esa clasificación. Las empresas no quieren rótulos nutricionales, no quieren regulaciones sobre la publicidad, quieren todo el poder. Hablar de soberanía alimentaria es luchar contra las empresas alimentarias, el agronegocio y la minería.

Y las empresas se apropian de ese discurso que ustedes defienden, ¿no? Usando conceptos como “producto agroecológico” o “producción orgánica”…

Sí, y nosotros diferenciamos entre producción orgánica y agroecológica. El principio de diversidad es básico para la agroecología: diversidad de semillas, de formas de organización, de producción. Lo orgánico puede ser un monocultivo de soja.

¿Cómo se vincula la lucha de los pueblos originarios y los movimientos feministas con la agroecología?

La Constitución brasileña ha garantizado la titulación de tierra para los pueblos indígenas. Hemos tenido algunas conquistas desde 1988. Ahora el presidente (Bolsonaro) dijo que no va a titular ni siquiera un metro de estas tierras. El pueblo afrodescendiente, los quilombolas, tienen tierras bajo su dominio, exigen su reconocimiento por parte del Estado. En el sur de Brasil el agronegocio tiene mucha fuerza.

La visibilidad de la lucha de las mujeres es muy importante. Las mujeres acá en Argentina están muy determinadas, muy firmes. Las políticas públicas tienen que estar atravesadas por la perspectiva de género. La mitad de las tierras tendrían que pertenecer a las mujeres.

¿Qué tendría que contemplar un programa agrario nacional?

En Argentina hay que pensar cómo hacer una vuelta al campo. Yo creo que es posible. Hay que frenar el proceso de urbanización pero necesitamos mucho compromiso de los habitantes de la ciudad, los consumidores y los trabajadores, articulados detrás del eje del derecho a la tierra. Es un triángulo fundamental: el derecho a la tierra, la soberanía alimentaria y el cambio de modelo productivo. Hay que convencer a la sociedad de que históricamente tenemos una gran variedad de alimentos que viene de la domesticación de plantas y el manejo de semillas. No podemos abdicar al derecho a una comida de calidad y variada.

Después tenemos que entender que el mercado interno es fundamental para la soberanía alimentaria, para la soberanía del pueblo, sino caminamos hacia un ecocidio. La salud y el medio ambiente es un puente interesante que puede atraer la atención de la gente de la ciudad, hay una concientización cada vez mayor sobre estas problemáticas.

El consumidor tiene que comprometerse directamente con quien produce. Hay que valorizar no sólo el alimento sino también a quien produce. Por eso hay que intentar llevar a la gente de la ciudad al campo, es una lucha simbólica por la conciencia de la gente sobre el modelo productivo.

¿Cuál debiera ser el rol del Estado en este proceso?

Yo creo que hay que presionar al Estado pero hay que combinar esa presión con iniciativas autogestivas que vengan de la población que no necesariamente se articulen con el Estado. Hay que sobrepasarlo, por eso siempre resalto la lucha por los bienes comunes que no le pertenecen al Estado sino a la comunidad. Hay que dialogar entre la sociedad y el productor para que se apoyen mutuamente.

El Estado sí se tiene que comprometer a que no haya hambre, es una cuestión de un derecho humano fundamental. No puede ser que el Estado haga todo para el agronegocio y no para el pueblo.

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