El agronegocio es una estrategia de explotación propia del capitalismo que tiene como principal objetivo producir commodities, productos primarios para exportación o mercado interno que cumplen estándares y tienen un valor de mercado. El complejo agroindustrial del que forma parte, responsable en la Argentina del 38 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, fue diseñado para beneficio de unos pocos, los dueños de los medios de producción: tierra, semillas, insumos artificiales, maquinaria y tecnología moderna. De hecho, esta estrategia, que no fue pensada para alimentar a la población o derramar riqueza, es una de las actividades que más contribuyen al calentamiento de la atmósfera y está destruyendo la estabilidad climática que hizo posible la agricultura.

El “agro moderno” depende fuertemente de los combustibles fósiles, cuya extracción está subsidiada en todo el mundo, ya que de otro modo no sería económicamente viable (el costo energético de la extracción supera el valor de la energía obtenida).

En sí, la energía fósil es un subsidio del pasado, más precisamente del período carbonífero. Se trata de una forma de energía muy concentrada que se está acabando: se estima que el pico del petróleo ocurrió en 2008.

El problema es que todo el carbono acumulado bajo la tierra durante millones de años, al ser quemado, está pasando de golpe a la atmósfera, donde produce el conocido efecto invernadero —principal causa del calentamiento global— y ya estamos a 1,2 grados centígrados (ºC) de temperatura por encima de los niveles preindustriales.

Hoy sabemos que, de seguir este curso, la Tierra llegará al menos a 3,2 ºC de aumento a finales de este siglo. Si con “apenas” 1,2 grados más estamos viendo semejante quiebre de los patrones climáticos, solo resta imaginar lo que sucederá si no frenamos las emisiones de carbono ya mismo. Los investigadores aseguran que tenemos menos de siete años para reducir los impactos más severos.

La multicrisis climática no es una crisis más. Es el escenario en que transcurre todo lo demás. Hoy, ninguna acción, plan o proyecto puede pensarse sin tener en cuenta el cambio en los patrones climáticos que ya es evidente.

Producir y distribuir comida quemando petróleo y gas resultó bastante “barato” durante los últimos 200 años y, de hecho, los alimentos todavía son relativamente baratos. Esto es así porque las externalidades negativas (pérdida de biodiversidad, por ejemplo) de su producción y transporte no integran su precio final. Ambientalistas y científicos lo vienen advirtiendo desde hace décadas: el actual sistema agroalimentario, lineal (en contraposición al circular, que recicla) y petrodependiente, no va más y tiene que ser cambiado de raíz.

Deuda y agronegocio

Con una sequía sin precedentes, el campo está sufriendo más que otras actividades económicas las consecuencias de un fenómeno que contribuye a crear. Ya todas y todos lo sabemos y lo venimos denunciando desde hace décadas: el agronegocio, basado en combustibles fósiles, maquinaria pesada, monocultivos transgénicos patentados y agrotóxicos que integran un “paquete tecnológico”, no solo ha destruido la biodiversidad que representaban ocho millones de hectáreas de bosques nativos sino que ha desempoderado a familias y pueblos enteros, expulsándoles a cinturones de pobreza alrededor de las grandes ciudades.

Esta expansión que no cesa, y que con la necesidad de dólares para pagar la deuda externa sufrirá un incremento aún mayor, es inherente al capitalismo. No olvidemos su mito fundacional: “Crecer o perecer”.

Si bien resulta obvio que el crecimiento ilimitado es físicamente imposible, la mayoría de las plataformas políticas enarbolan al neoextractivismo como algo normal y deseable: la solución a todos nuestros problemas de desarrollo. Nos quieren hacer creer que solo es posible pagar la deuda con más destrucción de territorios, hábitats humanos y naturaleza (conceptos que deberían ser percibidos y acuerpados como una misma cosa). ¿Es posible honrar un compromiso mal habido sabiendo sus consecuencias catastróficas?

Si con extractivismo y agronegocio llegamos a un 40 por ciento de pobres, porcentaje todavía mayor si solo se consideran las niñeces, ¿es sensato apostar a más de lo mismo para salir de la pobreza?

¿Qué vamos a hacer con el acceso a la tierra?

El planeta se está calentando y se está secando. ¿Quiénes nos van a alimentar cuando la producción de comida se dificulte cada vez más?

A partir de la expansión del agronegocio, en pocos años la tierra se concentró en muy pocas manos y su destino pasó a ser mayormente la producción de monocultivos de exportación. Sin embargo, el 60 por ciento de los alimentos frescos que se consumen en el país es producido por pequeños productores familiares.

Es aquí donde los modelos agroecológicos de producción diversificada, de base indígena, familiar y campesina, son los que tienen más posibilidades de adaptarse, de ser resilientes.

Esta forma de vivir y producir no busca producir dólares, como el agronegocio, sino alimentos. Pero la realidad grita que del “campo que alimenta”, en su gran mayoría pequeños productores, más del 80 por ciento alquila la tierra en que trabaja.

Mientras, la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue aprobada en 2014 pero nunca fue reglamentada ni contó con presupuesto.

El proyecto de Ley de Acceso a la Tierra propone una línea de créditos para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Por otra parte, apunta a crear un banco de tierras, es decir que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas para su venta a los agricultores familiares y campesinos mediante un sistema de créditos blandos (Procrear Rural).

No hay reclamo más genuino que el de quienes luchan por la tenencia de la tierra que trabajan, porque el plazo de un período de alquiler impide construir viviendas dignas o establecer cualquier tipo de cuidado agroecológico: todo emprendimiento que recicla energía, agua y nutrientes tarda un tiempo en establecerse y llegar a un equilibrio.

Sumado a esto, los cultivos que llevan un ciclo más largo de crecimiento requieren que los productores puedan establecerse sin temor a que no les renueven los contratos de alquiler. Por eso, y por respeto a la dignidad humana de quienes producen nuestro alimento, es prioritario facilitar el acceso a la tierra para quienes la trabajan y la cuidan.

La tierra para quien la trabaja y la cuida

Garantizar alimentos sanos y nutritivos para la población debería ser la prioridad absoluta de cualquier gobierno, por eso necesitamos con urgencia un debate público, responsable y concluyente alrededor de la propiedad y el uso de la tierra.

Creemos que la forma de instalar ese debate en la sociedad es mediante la acción directa para forzar la voluntad política en pos de un reclamo más que justo, imprescindible. Proponemos una transición hacia la agroecología descentralizada y sin intermediarios.

Existe absoluto consenso científico: estamos transitando el colapso del clima y los ecosistemas. Sin embargo, tenemos una pequeña ventana de oportunidad para repensar el lugar de la agricultura dentro de un nuevo paradigma más realista que el actual, que es claramente inviable.

Para lograrlo es preciso pasar cuanto antes a sistemas agrícolas diversificados que garanticen la soberanía alimentaria, que no dependan del mercado externo de commodities, que estén basados en la agroecología y que no sean el negocio de unos pocos. Un sistema que regenere y revalorice el trabajo humano digno, que reduzca insumos, que permita el acceso a la tierra y, sobre todo, que asegure que la transición hacia una nueva realidad ecológica y climática sea justa y equitativa.

Hoy más que nunca es necesario anteponer la vida, en todas sus manifestaciones, a la generación y concentración de riqueza.

Ignorar la información científica es la ceguera política más criminal de este tiempo.

La agroecología de base indígena, familiar y campesina debe dejar de ser considerada sólo como una alternativa: es la forma de empezar a desandar el camino del hambre y la dependencia alimentaria y de revalorizar el trabajo agrícola.

Publicado originalmente en Tierra Viva.

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Por Bárbara Corneli | Fotos Yamila Suárez *

Dicen que la maleza cuenta lo que le sucede al suelo. Dicen que no la arrancan por mala, sino por lo que sabe del campo. Están quienes, incluso, la llaman “bueneza” porque cuando aparece, es una oportunidad de sanar, de mejorar la tierra.

Como una auténtica “bueneza”, el Programa de Agricultura Urbana (PAU) de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, es una política pública municipal que desde 2002 propuso que las tierras en desuso dentro de la ciudad podían trabajarse en tiempos de crisis económica, social y política y así re-habilitar relaciones de producción, convivencia y consumo agroecológico con la potencialidad de contribuir a la soberanía y la seguridad alimentaria de la población en riesgo.

Son pocas las ciudades de América Latina y el Caribe que cuentan con programas de agricultura urbana y menos aún aquellas que lo desarrollan con apoyo municipal, provincial o estatal.

Actualmente en Rosario existen 7 parques huertas (PH) y 6 huertas grupales donde trabajan más de 250 huerterxs produciendo en 25 hectáreas unas 2500 toneladas de hortalizas al año que se comercializan en los “Puntos Verdes” y ferias y mercados “Arriba Rosario” (puntos de venta en distintos sectores de la ciudad).

Sostener una iniciativa de estas características a lo largo del tiempo supuso no sólo la voluntad política, sino la confluencia de muchos factores: estudios académicos sobre las condiciones del suelo de los terrenos disponibles y los beneficios de la agroecología para el ecosistema, proyectos de organizaciones de apoyo financiero internacional, donación de terrenos privados, convenios con establecimientos que elaboran sus alimentos con productos agroecológicos; y, sobre todo, el trabajo sostenido de huerteras y huerteros en sus parcelas y puntos de venta.

Ser huertera en la ciudad

Ida Pintos está sentada en un banco dentro del quincho que de mañana da lugar a la consulta de distintos profesionales de la salud y de noche le da de comer a 300 familias del distrito sur, donde se encuentra el Parque Huerta Molino Blanco. Desde ahí no se siente el ruido de los autos, ni llegan las esquirlas de la violencia de las calles. Para recuperar la historia, la memoria de Ida retrocede hasta 2001, cuando este terreno de 4 hectáreas era un basural. Lo primero que recuerda es la desconfianza con que recibieron al equipo de agrónomos que venían a contarles del proyecto de agricultura urbana: “la comunidad estaba toda encabronada porque no había para comer, la gente no tenía laburo, las personas estaban de mal humor, estos políticos que no hacían nada y cae esta gente a decirnos que había algo muy bueno para hacer”. Junto a su familia sembraban una huerta pequeña. “Pero ellos nos enseñaron un montón, aprendimos a cuidar las semillas y la tierra y hoy mis hijos son todos productores y emprendedores de la agroecología”, relata.

Al igual que Ida, Roberta Valencia Muñoz fue una de las primeras huerteras del Parque Huerta el Bosque (al límite del Bosque de los Constituyentes y el arroyo Ludueña), cuando eran sólo tres familias trabajando en un pedacito de las 5 hectáreas del lugar. En ese entonces ella cargaba el agua desde la villa en 20 litros de bidón. Hoy le deja el trabajo pesado de la cosecha de hortalizas a su marido y su hermano y ella ordena en el invernadero los plantines de flores, suculentas y aromáticas que al día siguiente va a vender en la feria del Boulevard Oroño y Avenida Rivadavia, a pasos del río.

A principios de 2002, las ferias de comercialización de productos agroecológicos cultivados en los parques huertas (PH) y demás espacios del programa de agricultura urbana, se ubicaron en puntos centrales de los distritos de Rosario. La zona intersección de la costanera y la calle Corrientes, donde Ida participó de la primera feria de Rosario, era la huella que había quedado tras la relocalización del puerto. Al comienzo, a las huerteras les daba vergüenza vender. Roberta había llegado hacía poco de Bolivia e Ida venía de Villa Gobernador Galvez, “éramos gente de barrio y mujeres de barrio que no encajábamos con la gente del centro más allá. Parecía que nosotros éramos menos que ellos”.

Con el tiempo, el trabajo sostenido en la agroecología, decantó en el Banco de semillas Ñanderoga que en 2017 encontró su lugar en el Centro Agroecológico de Rosario (CAR), donde alberga más de 400 especies y variedades de plantas y fomenta una red de madrinas y padrinos de semillas locales y criollas. El cuidado y la reproducción de las semillas consolidó el sentido de la soberanía. “Si no perdés la cadena de la semilla, ahí tenés para milenios”, dice Marta Queña y con las manos dibuja círculos en el aire, “eso que es tan pequeñito vos sabés que te va a cubrir de verdura, de fruta”. Los aprendizajes para Marta y para las demás huerteras están ligados a trabajar y “querer la tierra”, como dice Ida.

“Nosotros crecimos mucho como personas porque producimos con nuestras manos cosas para comer, que no lo hace cualquiera. Y tienes que querer a la tierra, tienes que querer cuidar el medioambiente, las plantas, hacer el compost, hacer el humus que hace cobertura en la tierra. Como veneno no se usa, la tierra tiene que estar bien alimentada, sino no te va a dar buen fruto”, explica.

El lugar importa

El paisaje de Rosario ha cambiado mucho desde principios de este siglo. Es la tercera ciudad más poblada de Argentina y, aunque abundan los espacios verdes, el territorio está marcado, cada vez más, por la expansión de los commodities inmobiliarios, de la producción agrícola-ganadera y por la violencia regulada por el narcotráfico que aumenta anualmente. A su vez, como toda la región del litoral argentino, hace años que se ve sofocada por los niveles de partículas tóxicas en el aire, producto de las quemas de pastizales en las islas del Delta del río Paraná, que han superado los límites considerados peligrosos para la salud, provocando estrés respiratorio y otros síntomas en la población en lo inmediato y contribuyendo a afecciones mayores a largo plazo.

La inauguración del puente Rosario-Victoria en 2003 posicionó a la ciudad como nodo del Mercosur, en concordancia con el reordenamiento que trajo la puesta en marcha del Plan Urbano 2007/2017. El microcentro tiene como escenario el tránsito de buques de carga altos como edificios que surcan el río Paraná pese a la bajante histórica de su cauce desde 2019. Mientras el Gran Rosario ha llegado a ser el nodo portuario agroexportador más importante del mundo, la producción agroindustrial centrada en la soja (que en Argentina es en un 99% transgénica) profundiza un modelo de producción extractivo y contaminante que provoca la devastación de los suelos, la deforestación, la contaminación de ríos y acuíferos y la exterminación de la biodiversidad.

Según Antonio Lattuca, uno de los ingenieros agrónomos que desde la década de 1990 conformaba el Centro de Producción Agroecológica de Rosario (CEPAR), que luego confluyó con el programa Prohuerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para impulsar la política pública del PAU en 2002, “la agroecología propone la construcción conjunta de algo nuevo. Acá en Rosario la primera etapa de migración en esos años fueron los toba, los qom y gente de Goya, Corrientes, con un conocimiento muy grande de plantas medicinales. Los ecologistas dicen que se tarda 100 años en recuperar el horizonte fértil de la tierra en terrenos tan maltratados, como los basurales y los terrenos que teníamos al costado de los arroyos que no eran construibles o habitables. Pero en muy poco tiempo de trabajar el suelo así, aparecieron insectos, aves que no había. En 3 o 4 años, cuando trabajás en conjunto con la naturaleza, la naturaleza te responde y se transforma”.

Darle de comer al mundo

El Parque Huerta Oeste, donde Marta Queñas dedica su parcela a producir plantas aromáticas y flores, se inauguró en diciembre de 2020. Y, además del trabajo “a la vieja usanza, con pala, rastrillo y riego en mano”, la organización de las 35 familias y 7 organizaciones sociales que integran las 21 parcelas incluye el trabajo grupal, “dos veces a la semana cosechamos, dividimos y hay dos vendedoras designadas que representan a todo el parque en la feria. Tenemos asamblea cada 15 días y planeamos el trabajo, la siembra, el cuidado del parque”, dice Marta.

En los espacios como el PH El Bosque y Molino Blanco, la organización interna está bastante más desgastada y fragmentada. “En su momento nosotros armamos una organización que se llama La Red de Huerteros en Rosario y o sea, la familia huertera de todos los distritos, que ahora quedó como que en nada”, cuenta Ida. Y agrega: “no es todo color de rosa, ahora ya no podemos vender en la feria que empezamos nosotros”. Roberta da cuenta de que no se han hecho reinversiones de mantenimiento que vuelvan a dar oportunidad a lxs huerterxs de El Bosque de adquirir herramientas o de producir en una cantidad que rinda para el autoconsumo y la venta y “por eso también hay gente que queda desanimada y no siguen”.

Si bien integran un registro de emprendedorxs para trabajar en los espacios del PAU, la relación entre huerterxs y la coordinación del municipio también parece errática en el tiempo. Roberta se planta bajo la sombra de un árbol al lado del invernadero en el que trabaja y aún a la sombra los ojos se le achinan cuando se enoja. “Nosotros hace 14 años que estamos acá, desde 2008, nunca tuvimos comodato y ayer vino la gente del municipio queriendo hacer el comodato. Quizás es necesario, pero primero y principal nos tienen que venir a exponer y explicar de qué se trata, qué significa, qué cláusulas tiene. Eso tendrían que haber hecho, no venir y querer hacernos firmar”, dice. En América Latina y el Caribe solo el 18% de las explotaciones agrícolas son manejadas por mujeres, quienes reciben apenas el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica para el sector, aunque sean ellas las responsables de la mitad de la producción de alimentos en todo el mundo. La irregularidad en la firma de comodatos que aseguren que las huerteras del PAU pueden seguir disponiendo de la tierra para trabajar, se suma a problemas para acceder al agua para riego o con otros productores. Dolores Pintos, que es prima de Ida y también tiene su parcela en Molino Blanco, dice: “nosotros estamos cansados, hay algunos vecinos que tienen gallinas encima de la huerta, el de ahí está haciendo un criadero de chanchos”, conflictos en los que la coordinación municipal no interviene.

Abandonar la tierra

En 2021, Rosario recibió un premio de 250 mil USD por sus políticas de agricultura urbana y periurbana como un ejemplo de un urbanismo resiliente, comprometido con el medioambiente, otorgado por el Instituto de Recursos Mundiales por el Centro Ross para ciudades sostenibles. De todos modos no es excluyente la distancia entre el reconocimiento internacional a la política pública y las dificultades y disparidades que se encuentran en su implementación. Ida y Dolores se agarran la cabeza y giran en el lugar. “Cuando salió la noticia del premio salí yo en la foto y después me llamaron los huerteros: Ida, ¿la plata esa dónde está? ¿Quién te la dio? y ¿por qué te la dieron? Me volvieron loca”. Ida no sabe aún en qué se invertirá ese dinero.

Patricio Flinta, Coordinador general de espacios productivos de la subsecretaría de Economía social de Rosario dice que el dinero del premio será utilizado por el PAU y por el Cinturón verde periurbano que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y que “lo que se consensuó fue conformar la gran parte de la cuestión económica financiera en dos PH que hoy están en construcción y tener en cuenta la falta de infraestructura que es vieja, escasa y algunas tienen niveles de complejidad que ameritan hilar finito”. Los nuevos parques a los que hace referencia Flinta se ubican “uno en el Distrito Suroeste y otro en el Distrito Norte, que va a ser el primer PH en el distrito norte y el más grande”.

Históricamente los premios otorgados a la agricultura urbana han permitido visibilizar el programa, “pero ahora estamos en un momento distinto. La municipalidad sigue apoyando pero quieren mostrar cosas nuevas y no se profundiza en lo que está”, agrega Antonio Lattuca. Y en el mismo sentido, Lilli Marinello señala que “el problema es que se generaron algunos espacios pero no se ha hecho una política de estado”.

Lilli Marinello fue representante en Argentina de la ONG italiana Gruppo di voluntariato civile (GVC) que apoyó el PAU en Rosario con proyectos financiados por el gobierno de Italia y también fue coordinadora de proyectos enfocados en la seguridad alimentaria en Cuba donde el programa de agricultura urbana y suburbana es nacional y “de los programas agrícolas es el que más creció desde los años 90 y fue sostenido por el gobierno porque resolvía una serie de problemas después de la caída del bloque socialista. Y ha sido de suma importancia porque acerca la producción a las grandes ciudades y porque instaló la cultura de la producción agroecológica que antes no estaba”. En Rosario, en 2016 al PAU se sumó el Cinturón verde, con 800 hectáreas de producción agroecológica periurbanas. Según la ONU, en 2030 cerca del 61% de la población mundial vivirá en ciudades y esta forma de producir contribuye a apartar las fumigaciones en torno a las ciudades y evita el desabastecimiento de la población con menor capacidad adquisitiva que por lo general habita la periferia.

Dolores señala a Ida inclinando la cabeza: “yo la veo que ella le da de comer a todo el mundo, pero no puede todo salir de nuestro bolsillo. Nosotros estamos abandonados, yo no tengo una ayuda, nada de nada”. En este sentido Lili observa, en relación a la sostenibilidad de la agricultura urbana y periurbana, una política que tienda a un modo de producir agroecológicamente de forma extensiva. Aunque esto requiere otros recursos, “una tiene el imaginario de que la pobreza rural es mejor que la pobreza urbana, pero también es terrible. Si no proveés a las zonas rurales de servicios sanitarios, obviamente la gente migra a las grandes ciudades. Así es el abandono de la tierra en todas partes”, concluye.

No vamos a comer cemento

“Vos salis del portón para afuera de la huerta y es otra historia”, dice Ida. Las huerteras no sólo trabajan en la huerta, sino en multiplicar los espacios donde otros aprendan y lo hagan en sus terrazas, patios, balcones. Marta lleva cajones a la feria para mostrarle a sus clientes cómo plantar “yo les digo: si te salió bien contale a tus amigos, entusiasmalos”. En el centro agroecológico y en las huertas y parques huertas el aire parece más fresco al ingresar. ¿Cómo respira una ciudad si no es a través de sus fisuras? “Vamos a necesitar muchos más productores y mucha más tierra. Estamos haciendo mucho cemento pero después no vamos a poder comer cemento”, cierra Roberta.

*Este artículo fue realizado en el marco de Semillera, el programa de becas y mentorías para periodistas de LatFem, con apoyo de We Effect. Se trata del primer concurso de crónica latinoamericana y caribeña sobre mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra.

Créditos

• Dirección: Flor Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera
• Coordinación institucional: Mariana Paterlini
• Jurado: Azul Cordo, María Paz Tibiletti y Edward Rodwell Arrazola
• Edición y mentorías: Flor Alcaraz y Vanina Escales
• Dirección de arte y diagramación: Jimena Zeitune
• Desarrollo web: Mercedes Jáuregui
• Prensa y comunicación: Carolina Rosales Zeiger

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Nélida Almeida es una joven trabajadora de la tierra de la provincia de Misiones y forma parte de Productores Independientes de Puerto Piray (PIP), una organización que reúne a más de 70 familias productoras de ese municipio ubicado al noroeste de la provincia y que hoy es parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). Allí, en plena selva paranaense, las mujeres campesinas encabezaron la lucha para frenar el monocultivo de pino por parte de la multinacional forestal Arauco (ex Alto Paraná) que expulsó a familias campesinas e indígenas de sus territorios.

En 2013, tras casi 20 años de lucha, lograron recuperar las tierras para las familias con la sanción de una ley que ordenó la expropiación de 600 hectáreas de la empresa para ser destinadas a la agricultura familiar. Sin embargo, a 8 años de la sanción de la ley, la empresa aún no cumple con la entrega del total de las tierras. En 2017, Arauco entregó a las familias las primeras 166 hectáreas y a comienzos de este año el gobernador Oscar Herrera Ahuad y la empresa firmaron las escrituras que reconocen formalmente la propiedad de las tierras de las familias que la trabajan. Desde la recuperación, las y los productores de PIP-UTT se dedicaron a “curar la tierra” y diversificaron los cultivos en sus colonias. Hoy producen maíz, porotos, batata, mandioca, sandía y otros alimentos sanos y sin agrotóxicos que comercializan a través de redes de comercio justo para todo el país.

En el marco del Segundo Encuentro de Mujeres Trabajadoras de la Tierra, conversamos con Nélida, promotora de género de la UTT en Misiones, sobre la resistencia campesina y las redes de cuidado feministas en los territorios. “No hay nada más feminista que luchar contra el agronegocio”, aseguró. Además, denunció incumplimiento por parte del Estado provincial y de la empresa en la entrega de las tierras y las constantes amenazas que sufren las familias productoras.

¿Qué significa este Encuentro de Mujeres Trabajadoras de la Tierra?

Este es el segundo Encuentro de Mujeres Trabajadoras de la Tierra. El nombre que lleva se lo pusimos entre todas, que es “Por la tierra, por el territorio y por nuestros derechos”. Estamos muy emocionadas y muy contentas ya que es un espacio que nos brindamos todas para poder construir en conjunto, charlar sobre nuestras experiencias, y sobre los que nos pasa. También para hablar de políticas públicas y de cómo podemos erradicar, entre todas y con acción, las violencias que vemos todos los días desde nuestros territorios rurales. 

Recién una compañera decía que en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No binaries y Bisexuales, que se hizo en La Plata, recordaba a otra compañera gritando “atrás de este brócoli estamos nosotras”. ¿Cómo viven esta posibilidad de reencontrarse y reconocerse para volver a conversar sobre los temas que las convocan? 

Es muy importante lo que dijo esa compañera, porque hay historias detrás de cada lechuga, de cada mandioca, de cada producto y alimento que nos representa. Cuando empezamos a charlar vemos que en las provincias hay una ausencia del Estado en cuanto a políticas públicas, nos damos cuenta de que todas las compañeras no tenemos los derechos básicos asegurados, como el acceso al agua, a servicios, a la educación, entre otros. Nosotras tenemos que transitar largas distancias para poder llegar a lo que es el centro de las ciudades, entonces, ni siquiera podemos decidir formarnos o recibir educación. No tenemos ni siquiera esa posibilidad. Y también, por ejemplo, ante todo esto que desata el cambio climático se nos echa a perder las producciones y eso también es lo que venimos charlando, remarcando la necesidad de políticas de asistencia para estos casos de inclemencias del tiempo que no podemos evitar.

Así es como vivimos. Por ejemplo, en las zonas rurales tenemos nuestras casas que son precarias y muchas veces, ante la caída de granizo o de vientos fuertes, se nos destruyen. Y en esa línea, también, contar que muchas de las mujeres no somos propietarias de las tierras y creemos que para que la soberanía alimentaria realmente sea efectiva nosotras también tenemos que tener tierras para poder pensar y decidir sobre qué producir y cómo producir. Ahora se empieza a pensar la agroecología como una alternativa de producción, pero nosotras somos las que desde hace muchísimo tiempo venimos fomentandola.

Hablabas del cambio climático y de cómo las está afectando en las producciones, pero el cambio climático tiene que ver justamente con el accionar humano, pero particularmente con determinadas empresas y políticas extractivistas que avanzan sobre los territorios. En ese sentido, en PIP tienen una experiencia muy concreta de lucha. ¿Nos podés contar un poco cómo es esa historia de lucha y de recuperación de sus territorios? 

Fue una lucha impulsada y encabezada principalmente por mujeres. Esta empresa instaló monocultivos en nuestras colonias. Frente a esto, los hombres se tienen que ir porque ya no hay más trabajo, no hay changa, y se quedan las mujeres. Entre compañeras nos empezamos a dar cuenta de cómo nos estaban contaminando y cómo nos estábamos enfermando: muchas compañeras embarazadas que tienen sus hijes con problemas motrices, algunas compañeras con cáncer, incluso compañeras que fallecieron. Todo eso fue lo que nos juntó, en principio a luchar en contra de la multinacional Alto Paraná, que ahora es Arauco, una empresa de capital chileno. 

Después de muchos años de lucha, a la que se fueron sumando los varones, en el 2013 sale la Ley XXIV-11 de expropiación de 600 hectáreas para la agricultura familiar. Actualmente tenemos 166 hectáreas que fueron cedidas en el 2017 y están pautadas las otras entregas por etapas de corte para el 2021. Ahora, nosotras ya tendríamos que tener las 600 hectáreas, pero hay un incumplimiento de parte del Estado provincial de Misiones y de la empresa, que no sólo no nos están dando los que nos pertenece sino que siguen desmontando en forma clandestina. El año pasado plantaron pino y eso significaría tener que esperar otros 15 años más para que nos den esas tierras. Es algo lamentable, la verdad. Nosotras nos enteramos por unas compañeras que estaban en el lugar y que nos dijeron “están desmontando otra vez”. Entonces fuimos, ocupamos ese lugar y plantamos maíz y dijimos “¡Basta! Esto es nuestro” y no nos estaban avisando, correspondía que ellos se acerquen a nuestra comunidad, a nuestra organización, a decirnos que iban a desmontar y sacar los pinos. Nosotras tenemos que estar alertas todo el tiempo.

Escuchando a las compañeras en el Encuentro queda muy claro cómo las mujeres están al frente de los campos, al frente de las casas y también al frente de las luchas. ¿Qué significa asumir esos roles?

Nuestros roles son importantísimos, siempre cuando se nos pregunta cuál es nuestro rol en nuestros territorios, cómo es que hacemos tantas cosas, que es impresionante lo que hacemos. Ser generadoras de conciencia o hablar de agroecología no es algo de ahora, si bien recién se está hablando de agroecología o de soberanía alimentaria, somos nosotras y fuimos nosotras las que tras generaciones y generaciones la llevamos a la práctica con nuestras ancestras, nuestras abuelas, que venían cuidando los montes, los bosques y venían denunciando este avance. Porque tenemos compañeras en esta lucha por la tierra hace más de 20 años en el país. 

En Misiones, tenemos compañeras que fueron hostigadas, perseguidas; compañeras a las que les destruyeron las casas, a las que amenazaron con que le iban a matar a los hijos para que dejen de luchar. Porque los varones no estaban en el territorio, estaban trabajando afuera y nosotras, con nuestras madres y abuelas, estábamos en la casa y, a pesar de estar sometidas todo el tiempo a ese miedo, seguimos. Es una lucha que sólo se ve así en los territorios y que es impulsada por las mujeres.

¿Qué significa para vos ser Promotora de Género?

Ser promotora de género es cuidarnos entre nosotras. En mi caso, si tengo que salir, pasa una sola vez el colectivo al día y tengo que hacer 15 kilómetros para poder acceder a una comisaría, como a cualquier servicio básico. Entonces, como no hay posibilidad, somos nosotras otra vez las que nos juntamos, las que contamos nuestras experiencias, las que decidimos formarnos. La UTT nos brindó muchas herramientas para poder conocer nuestros derechos, porque nosotras no sabíamos que existían muchos tipos más de violencias, en nuestros territorios violencia era solo un golpe, pero vemos que son muchos los tipos de violencias que existen.  Entonces, nosotras estamos haciendo lo que muchas veces no hace el Estado, y lo hacemos porque si no lo hacemos nosotras no lo hace nadie.

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Por Huerquen Comunicación | Dibujo: Maria Chevalier

Mientras a nivel mundial la población se urbaniza cada vez más, el vínculo íntimo que los pueblos tenemos con las semillas se va haciendo cada vez más difuso; en esa opacidad aparente operan un puñado de corporaciones trasnacionalizadas para capturar los sistemas agroalimentarios y particularmente a las semillas, alambrándolas bajo distintas formas de derechos de propiedad intelectual.

En ese sentido desde 2012 en Argentina enfrentamos distintos intentos de modificar la Ley de Semillas (nro.20.247) por el agronegocio que busca amputar derechos de uso propio de las y los productores, y profundizar su control corporativo. Eso les permite mayor poder de decisión sobre qué se produce, cómo, dónde, y quiénes lo hacen; minando la soberanía de los pueblos sobre cada uno de estos aspectos. Es el proceso al que La Vía Campesina apuso el paradigma de la Soberanía Alimentaria y cuya base son las semillas; porque su libre disponibilidad o no, condiciona la posibilidad de construir modelos agroalimentarios en función de las necesidades de los pueblos.

Esta ofensiva del capital sobre los derechos de los pueblos es enfrentado en todo el mundo, sobre todo por las comunidades campesinas y originarias, guardianas de las semillas y protagonistas absolutas de la producción de nuestra comida: hoy proveen más del 60% del total con apenas el 25% de la tierra.

Una de las experiencias más importantes a nivel mundial de organización popular para la defensa, recuperación y multiplicación de variedades nativas y criollas de semillas, es la del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) de Brasil, integrante de La Vía Campesina.

Gilberto Schneider, es agrónomo con formación en agroecología. Nació en el municipio de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, que está pegadito a Bernardo de Irigoyen en la provincia de Misiones. En esa zona limítrofe los idiomas se entremezclan revelando la arbitrariedad de las fronteras físicas cuando los destinos son comunes; por eso pandemia mediante ni el español y ni el portugués fueron obstáculo para conversar sobre este tema clave para nuestros pueblos.

EL MPA y las semillas

“El MPA surge en 1996, en un momento de fuerte crisis de la agricultura, donde muchas familias estaban dejando el campo por falta de políticas agrícolas. El movimiento surge para defender la agricultura campesina, de los pequeños agricultores como se llamaba entonces, a través de políticas públicas que mejorasen la vida en el campo. El movimiento tiene más de 20 años de lucha, y hoy organiza más de 100.000 familias en las 5 regiones del país y en 17 estados. Yo lo conocí en 1999 y empecé a participar activamente desde el 2002 a nivel del estado y 2003 a nivel nacional”.

Gilberto reconoce que las semillas le vienen de herencia familiar: “mis padres hasta el día de hoy continúan siendo guardianes de semillas de maíz criollo y otras variedades en nuestra tierra, y fue de esa forma que tomé el gusto por trabajar con ellas. A partir de la familia, de la organización del movimiento, y también de la formación en agroecología, entendí la importancia de las semillas criollas para la alimentación, para nuestra vida y para el futuro”.

La historia del MPA y las semillas criollas es de larga data. En el año 2000 el MPA hace la primera fiesta estatal de semillas criollas en Santa Catarina, y en 2004 la fiesta nacional; en la última hubo presencia de 19 estados y 21 países.

“Si hoy la tierra es uno de los puntos fundamentales para poder producir, y las semillas vienen inmediatamente después. Sin semillas no tenemos cómo discutir un nuevo modelo de agricultura. Ahí los conocimientos técnicos y científicos junto a las prácticas agrícolas campesinas son fundamentales. La defensa de las semillas criollas junto a la lucha contra los transgénicos fueron centrales para el MPA desde el inicio”.

Dentro de la construcción territorial del MPA hay 3 dimensiones o “ejes” de trabajo con semillas criollas: el eje local, impulsando que cada familia campesina tenga sus propias semillas; un eje comunitario, que son las “Casas de Semillas”; y un eje territorial que son las unidades de mejoramiento de semillas, de producción de semillas de forma masiva, en escala, incluso para entrar en el plano comercial. A nivel de políticas públicas el MPA realizó un trabajo muy fuerte en los últimos 10 años, y toda esta experiencia le permitió al movimiento hacer intercambios con varios países, como Argentina, Paraguay, Venezuela o Mozambique.

El Plan Nacional de Semillas

Fue construido por el MPA a partir de instancias de formación del movimiento. La propuesta salió a partir de las discusiones y síntesis de las escuelas nacionales de formación técnica, política, ideológica alrededor de las semillas criollas.

Arrancan de la importancia estratégica de las semillas, y desarrollan experiencias en distintos lugares a partir de los 3 ejes, acompañadas por toda una serie de recomendaciones técnicas y prácticas; por ejemplo para la construcción de Casas de Semillas u orientaciones sobre el mejoramiento participativo. El nivel de detalle que alcanza sobre la gran cantidad de aspectos involucrados es elocuente de la potencia de la propuesta.

“Yo participé en el proceso de organización de las escuelas y también en los debates durante ellas. En ese tiempo estábamos haciendo una experiencia en Mozambique asique como tenía mucho camino de trabajo práctico, tuve una participación directa en la construcción del Plan. Ayudé a elaborar los 10 puntos de principios y orientaciones para trabajar con semillas criollas, y contribuí en la elaboración de la estrategia en los tres niveles (local, comunitario y territorial). Además de la implementación en el día a día acá en donde vivo, Santa Catarina, acompaño la implementación en los municipios. A nivel nacional me tocó discutir la estrategia del MPA y acompañar el desarrollo del Plan en varios estados con la formación de técnicos y militantes, y hacer planificaciones de trabajo.”

El Plan tuvo un fuerte impulso a partir de convertirse en política pública asociada al Programa Nacional de Alimentos para combatir el hambre durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT); pero con el golpe de estado (Temer) y cambio de gobierno (Bolsonaro) ha sido desfinanciado.

“Conseguimos rescatar variedades, multiplicarlas y ponerlas en manos de más personas. Tenemos una estrategia de que por lo menos 3 familias por territorio, por micro región en cada estado, cuiden la misma variedad para que no corra riesgo de extinción; y el mismo trabajo para la conservación de las variedades con las casa de semillas. Estamos teniendo mayor dificultad con la multiplicación en gran escala porque las políticas públicas que la financiaban comprando las semillas, están paralizadas actualmente. Estamos haciendo un trabajo de hormiga para garantizar la diversidad en la producción y para preservar nuestras semillas de la contaminación de los trangénicos”.

Semillas, agroecología y territorios campesinos

Para Gilberto “cuando se debate sobre semillas criollas, su conservación, multiplicación, selección y mejoramiento participativo, automáticamente entramos a discutir modelos de agricultura. Las semillas son uno de los factores que permiten que los y las campesinas elijan un modelo de agricultura. Es imposible trabajar la agroecología con transgénicos o con semillas híbridas. Entonces la cuestión de las semillas criollas para la construcción de la agroecología es esencial. Solamente con producción de semillas criollas es posible construir la agroecología”.

“Es fundamental la conservación de nuestra biodiversidad, rescatar la diversidad de variedades. Las semillas criollas tienen un vínculo profundo con el modelo agrícola y del enfrentamiento con el agronegocio. En ese sentido son resistencia. A su vez todo esto está profundamente ligado a cuestión de la tierra y el territorio, porque para trabajar con las semillas criollas y hacer agroecología, necesitamos tener control sobre la tierra, ser propietarios o poseedores de la tierra; tener un control campesino sobre ese espacio que no sólo es pequeño. Esto nos amplía la perspectiva sobre la cuestión del territorio, porque la agroecología es posible en un espacio territorial y para eso necesita enfrentarse con el agronegocio en ese territorio para avanzar. Lo mismo con las semillas, las variedades de polinización abierta necesitan un espacio grande para producirse, sin correr riesgo de contaminación, y eso sólo es posible cuando podemos lograr que esos territorios sean libres de transgénicos. Este es un gran desafío porque las semillas, la agroecología y la lucha por la tierra están entrelazadas; necesitamos construir ese territorio campesino de agroecología con semillas criollas, libre de agroquímicos y de transgénicos”.

Desafíos y oportunidades

Durante el parate y aislamiento que plantea la pandemia, muchas familias de las ciudades aprovecharon para empezar pequeñas huertas en casa, en pequeños jardines o en terrazas y balcones, y ahí estuvieron las semillas criollas que llegaron de vecinxs y amigxs. Un pequeño gesto que retoma ese camino del “mano en mano” que estuvo en los orígenes de la agricultura y fue la base de la creación de la diversidad de alimentos que llenó la panza de nuestra especie desde hace más de 10.000 años. Las semillas viajaron con las comunidades y pueblos, adaptándose a climas y suelos, cambiando con ellos y ellas, en una crianza mutua.

“La población de las ciudades también es compañera en la construcción de la agroecología, de la defensa de las semillas criollas y del alimento saludable. Quienes están en los espacios urbanos también pueden producir ahí, la agricultura urbana y periurbana pueden ayudar en la tarea de conservar la biodiversidad y las semillas criollas”.

Mientras las organizaciones campesinas han demostrado su rol esencial garantizando el abastecimiento de alimentos sanos a precios justos, y pelean por políticas públicas para otro modelo agropecuario; las y los consumidores de la ciudad tienen mucho que aportar.

“Es importante que la población urbana incentive la producción campesina de semillas criollas, y continuar sosteniendo adquiriendo alimentos que son producidos a partir de estas semillas. Si se consumen estos alimentos estamos sosteniendo y fortaleciendo la biodiversidad de nuestros territorios y regiones. Si el consumo de ese alimento crece con certeza esas variedades se van a mantener porque están cumpliendo su objetivo. Necesitamos que ninguna variedad se pierda, para que las futuras generaciones puedan tener una gran diversidad de alimentos para una vida saludable.”

Este artículo de publicó en la Agencia de Noticias Biodiversidadla, y es parte del proyecto «Profundizando debates sobre experiencias agroecológicas para la soberanía alimentaria» realizado con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. 

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Por Huerquen* / Foto: Alvaro Ybarra Zavala / Getty Images

Hoy que la pandemia nos hizo familiar hablar de curvas y picos, hacer el mismo ejercicio con el modelo agrícola es esclarecedor de su inviabilidad: en estos más de 20 años el aumento de la superficie sembrada y de los rindes por hectárea, no se corresponden con el aumento de la cantidad de kilos/litros de agrotóxicos aplicados y liberados al ambiente. Mientras las dos primeras crecen aritméticamente, la última crece exponencialmente. En 1996 se usaban 3 litros de glifosato (al 48%) por hectárea, y hoy se están usando casi 14 (encima del 60% de promedio) dice Eduardo Cerdá de RENAMA, y con mezclas de químicos sobre las que no sabemos su dinámica en el ambiente y menos su impacto biológico.

Ya sabemos lo que pasa cuando las curvas se disparan: en los Pueblos Fumigados de la pampa húmeda y del norte argentino han cambiado las formas de enfermar y morir. Además de una lista larga de enfermedades que tocan demasiadas puertas en cada localidad, como el cáncer, los problemas de tiroides, dolencias respiratorias, digestivas y epidérmicas o nacimientos con malformaciones; abordar la complejidad del modelo nos lleva a reconocer todo lo que han cambiado la forma y el rostro de nuestros territorios.

Benito Juárez, al centro-sur de la provincia de Buenos Aires, es uno de los tantos partidos donde el agronegocio hizo pie hace tiempo y tenía una ordenanza cuya única restricción a los venenos del agro eran el asfalto y el timbre de la escuela; pero que el jueves 25 de junio votó su nueva ordenanza “buenas prácticas ambientales en el uso de agroquímicos”. Como en todos y cada uno: una historia aparte, y una parte del todo.

Juárez

Rodolfo Tula, además de vecino de “Juárez” es ingeniero agrónomo y trabaja en el INTA: “este modelo basado en la dependencia de insumos externos y fuerte demanda de capital que hoy es hegemónico, impactó en Juárez con cambios muy profundos durante las últimas décadas. Acá por ejemplo desde 1960 tenemos casi la misma población en todo el partido, 20.300 habitantes, pero cambió donde están ubicados: si en 1960 había 6.000 personas en la ciudad cabecera, en el 2010 estamos en 14.000. Disminuyó la gente que vivía en zonas rurales. Cambió la relación entre lo rural y lo urbano, en lo comercial, y lo social en el sector rural. También cambió el número de explotaciones agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, desde el 2002 la provincia de Buenos Aires pierde casi el 30% de los establecimientos. Este es un modelo que expulsa a la gente del campo y que además hace desaparecer las explotaciones más chicas, porque es muy demandante de escala y de capital.”

Mauro Jáuregui, que forma parte de la Asamblea de Autoconvocadxs por la Salud Ambiental (AASA) que viene denunciando los impactos de las fumigaciones, concuerda: “Acá había puestos por todos lados con familias enteras. Desde los 90 eso empieza a cambiar y comienzan a desaparecer escuelas por falta de alumnos, por falta de puestos. Eso produce un desarraigo enorme. El pueblo no puede absorber a toda esa gente por falta de trabajo y mucha gente se va a otras ciudades más grandes como Tandil”.

Rodolfo continúa: “Los agroquímicos también impactan fuertemente en la pérdida de biodiversidad y en la salud; además generan daños y conflictos entre particulares. De todo esto surge la necesidad de ordenar el territorio y legislar sobre la aplicación de estos productos”.

Discusión territorial y ordenanza

En 2014 la Municipalidad decide trabajar un plan de ordenamiento territorial, y para su confección se realizan talleres en todas las localidades del partido, con participación del INTA y distintos actores comunitarios, abordándolo en su complejidad. “Talleres abiertos y participativos donde tomábamos inquietudes y demandas de los vecinos sobre su territorio. Un plan que entiende que la respuesta es socio-técnica, con las personas y lo intereses colectivos adentro, y con un componente ético indivisible de cualquier análisis. A su vez talleres sectoriales con productores, con jóvenes, con la junta de comisiones vecinales; y todo eso sumado al trabajo en gabinete con datos topográficos, de la escorrentía de aguas, de las relaciones comerciales con partidos vecinos, etc. Se genera un diagnóstico que se presenta en un taller con todos los actores de la comunidad, y se presentan los temas que surgieron más fuertemente. Uno de ellos es la necesidad de restringir la aplicación de agroquímicos, que queda fuertemente instalado y con la urgencia de trabajarlo”.

Para Rodolfo el debate multisectorial permitió consensos, que sin negar matices y diferencias, fue la base de un proyecto de ordenanza que, en agosto de 2018, todos los bloques del concejo deliberante local se comprometían a votar. 48hs antes del tratamiento, el bloque de Cambiemos que tenía la mayoría rompe el acuerdo, y presenta un proyecto propio que permitía fumigar a 30 metros de la zona urbana, y lo vota. De los 7 miembros de su bloque 6 son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos, y uno además es aplicador.

Esa ordenanza es vetada por el intendente y proyecto original vuelve a primer plano. Este proyecto se votó el pasado 25 de junio y se aprobó por unanimidad.

De la lectura de la ordenanza y anexos anotamos: Se establecen «Zonas Verdes”, de exclusión de fumigaciones, en el polígono que rodea a cada centro urbano (Benito Juárez, Villa Cacique, Barker, Estación López, Tedín Uriburu, Bunge y El Luchador) desde 400 a 800 metros, y 2 km para aplicaciones aéreas. “Zonas buffer” de 500 metros de los pozos de dotación de agua, y 50 metros a cada lado de los límites de cursos y espejos. 500 metros de exclusión para escuelas rurales, viviendas habitadas y “unidades de producción no convencionales”. Se delimitan con detalle condiciones climáticas de fumigaciones y se establece la plantación de “Vegetación Testigo” que “podrá dar cuenta del daño por agroquímicos”. Prohibición de fumigar banquinas consideradas como espacio de resguardo ambiental. Un observatorio y seguimiento satelital.

Balances

“Creo que es la única ordenanza que se hace en el partido con participación de un montón de actores” dice Mauro y continúa: “Creo que eso la hace destacada, que ha sido amasada, leudada, cocinada en una mesa muy grande. Y me parece muy importante que se hizo bien horizontal.”

Para Rodolfo “lo más destacado de la ordenanza es que se habla del modelo, y no sólo de la toxicidad de los productos sobre la salud y el ambiente, que por supuesto era una cuestión central; pero todas las intervenciones que se hicieron en el recinto fueron en el sentido de hablar de qué generó y qué genera un modelo que expulsa a la gente del campo, que brinda menos mano de obra, que necesita capital para sostenerse, que disminuye la biodiversidad, que no genera alimentos a nivel local. Todo esto se puso en relieve. Logramos que se aborde la complejidad y no es fácil evadir estas discusiones donde se plantean visiones reduccionistas sobre limitar las derivas, sobre las llamadas buenas prácticas y que en general llevan a un cuello de botella donde todo queda supeditado a una o dos variables.”

“Lo otro a destacar es el logro que mediante el plan de ordenamiento territorial podamos decidir soberanamente cómo queremos vivir los vecinos del partido. Se planteaba esperar a que venga la ley provincial y nosotros dijimos que no, que tenemos el derecho de decidir colectivamente como queremos vivir, relacionarnos, qué queremos fomentar y qué no; como por ejemplo que los lugares de restricción son para promover otro modelo productivo como es la agroecología. Es un gran avance” concluye.

Juárez, pandemia y después

Lo de Juárez es particular y también general; un proceso concretísimo a su vez conectado con lo que sucede en muchos otros pueblos de la pampa húmeda. Ahí donde grupos de vecinos y organizaciones sociales enfrentan (de distintas maneras) el lobby del agronegocio que encarnan organizaciones como CASAFE, Aapresid, CREA, la Sociedad Rural u otras, impulsando ordenanzas que obligan a las y los vecinos convivir con los agrotóxicos; desplegando un discurso fuertemente negacionista de su impacto negativo en lo sanitario, lo ambiental y (también en) lo económico; y además con aceitadas conexiones con determinadas representaciones políticas.

También es elocuente de la importancia del rol del Estado cuando se decide a ponerle límite a este poder económico; y también de los límites del consenso como quienes fantasean con poder “poner en suspenso” la lógica del capital.

A su vez “abordar la complejidad” como plantean en Juárez es algo distinto a los discursos maximalistas que contraponen el debate de “metros de exclusión” con “discutir el modelo”. Discutir el modelo, más que una declamación, implica justamente abordar esa complejidad en lo concreto de sus particularidades para avanzar (y que no avancen). Esos metros ganados son importantes para la vida de los y las vecinas de Juárez y para la construcción ahí de experiencias agroecológicas, y esto sigue.

Para Mauro “La ordenanza sale ahora en medio de semejante crisis; lo que queda es lo propositivo, es la producción agroecológica, es hacer de estos pequeños pueblos unidades productivas; que puedan asociarse, que puedan dar alimentos sin veneno”.

Para Rodolfo “Esta coyuntura, que es tremenda en un montón de aspectos, nos brinda una oportunidad de reflexionar; antes en los periurbanos había muchos productores familiares, diversificados, chacras mixtas que proveían al pueblo de alimentos sanos y frescos; y es innegable que ese es un modelo más soberano alimentariamente, muchísimo menos dependiente, esto nadie lo duda y es una conclusión muy grande. Están apareciendo herramientas, desde el Estado nacional y provincial, que incluyen todo esto, y están las organizaciones sociales gracias a las que el tema está instalado”.

*Publicada originalmente en Huerquen

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Por Agostina Zeki @agoszeki / Fotos: Juliana Lucero @ju_luc

Finalizó el año. Otro año que en Coronel Suárez, como en tantas localidades de la provincia de Buenos Aires, les habitantes no tuvieron una ordenanza que regule el uso de agrotóxicos en el partido. Otro año en que los gobernantes y la Sociedad Rural, lograron evadir la problemática de los daños ambientales y las enfermedades que causan sus “buenas prácticas agrícolas”. Otro año en que, legalmente, pudieron seguir fumigando en frente de sus casas, por encima de las escuelas, que pudieron pasear sus maquinarias contaminadas por la ciudad, que tienen sus galpones y centros de acopio al lado de las plazas.

Digo legalmente, porque la legitimidad social no la tienen. Porque son les vecines quienes pelean con los productores para que no les fumiguen en frente o encima de elles, literal. Digo legalmente, porque les ciudadanes ya no silencian las prácticas contaminantes, sino que se organizaron, las escracharon, y activan colectivamente para que el cáncer, los problemas respiratorios, los abortos espontáneos y el veneno en los alimentos NO sean lo cotidiano, porque el abuso de sus derechos no sean moneda corriente.

Coronel Suárez es una ciudad ubicada en el centro sur de la provincia de Buenos Aires con al menos 40 mil habitantes. El agronegocio, su matriz económica. El campo que no somos todes. El campo de muchas hectáreas en manos de pocas personas, que produce mercadería y no alimentos, que mata la biodiversidad, que envenena el agua, que esteriliza la tierra, que contamina el viento. Este campo de la Sociedad Rural y Semilleros Argentinos es el que mueve la economía de Coronel Suárez.

En esta línea, también encontramos a éste campo bien representado en el poder político de la ciudad, como si nada hubiese cambiado desde la conformación de los Estados-Nación y la elección de los dirigentes políticos. El poder lo tienen quienes poseen la tierra, quienes la acumulan, quienes la explotan; y las leyes se hacen a su medida.

En este contexto político, social, económico, cultural e histórico, es que quienes habitan este territorio dijeron basta. Se organizaron, discutieron la matriz de producción, se informaron sobre otras formas de producir alimentos sanos, y escribieron un proyecto de ordenanza para, de base, regular el uso de agrotóxicos y que las fumigaciones sean a más de mil metros de zonas habitadas.

Este proyecto, escrito por la ONG Evolución Ambiental, fue presentado el 22 de noviembre de 2018. En 2019, les Vecines Autoconvocades por la Salud Ambiental en Coronel Suárez, se sumaron a la resistencia para que este proyecto de ordenanza fuera tratado en el Concejo Deliberante de la ciudad.

Comenzaron las Asambleas Autoconvocadas en Plaza San Martín, la plaza central de la ciudad, todos los jueves antes de que el Concejo sesione para hacer escuchar la voluntad del pueblo. Un año de fuerte activismo social, en el que hubo intervenciones artísticas, charlas informativas sobre la problemática, y capacitaciones sobre agroecología, una forma sana de trabajar la tierra y producir alimentos que desmiente el mito sobre la productividad y rentabilidad máxima del agronegocio.

Todas estas actividades se dieron en un contexto de resistencia latinoamericana a las prácticas extractivas; prácticas de saqueo del territorio y las corporalidades. Resistencia no sólo al agronegocio, sino que también a la megaminería, el fracking y el desmonte. Prácticas que explotan, envenenan y matan, y que hace décadas se llevan adelante en toda la Abya Yala, porque fueron construidas como naturales para el progreso. Pero ¿de qué progreso se habla si lo que deja es muerte?

En el contexto neoliberal en que se gestaron las resistencias y se tejieron redes para denunciar los abusos, en Argentina fue año electoral. Pudimos ver a nivel nacional, provincial y local, en el caso de Coronel Suárez, cómo las resistencias ambientales y los cuestionamientos al modelo productivo, fueron cooptadas en los discursos de Cambiemos y el Frente de Todos.

En esta ciudad bonaerense, a pesar de las intervenciones en el Concejo para que sea tratado el proyecto de ordenanza, los concejales no tuvieron la intención política de presentarlo para ser tratado, excepto Ricardo Alejo Moccero, Concejal del Movimiento para la Victoria e Intendente electo de la ciudad por el Frente de Todos, quien se acercó a la Asamblea autoconvocada con la intención de discutir el proyecto en conjunto y presentarlo desde su bloque, asegurando que era la forma de que sea tratado. “Sabíamos que era parte de su estrategia política para sumar votos”, dijo Lucía Borsella, integrante de la ONG Evolución Ambiental y artivista por la salud ambiental, “lo discutimos y pensamos que si era la única forma de que sea tratado debíamos hacerlo, teniendo en claro nuestro horizonte y nuestro posicionamiento político”.

El candidato, quien también es dueño de varias hectáreas, se juntó con les vecines e integrantes de la ONG. Uno de los puntos que propuso modificar fue la distancia ya que mil metros le pareció mucho, por lo que propuso reducir la distancia de fumigación a 400 metros. Les ciudadanes no estuvieron de acuerdo y propusieron que sean 600, ya que desde 2017 existe la Ordenanza Municipal n° 3029 que establece que los “depósitos de semillas, fertilizantes y agroquímicos (…) deberán radicarse en zona rural y zona de servicios de ruta. Si se emplazaran en zona rural, deberán distar como mínimo 600 m. del límite del área urbana y de sus zonas de reserva”, por ende, explicó Borsella que: “si los bidones cerrados tienen que estar a 600 metros, abiertos es lógico que la distancia sea mayor”.

Así fue que entre otras negociaciones se estableció esa distancia inicial que cada año deberá aumentar 100 metros hasta que llegar a los mil metros que se pidieron inicialmente desde la ONG y les vecines autoconvocades. El candidato a intendente, presentó el proyecto de ordenanza, se paseó por los medios haciéndose parte del mismo, y hasta se comprometió él mismo a producir desde la agroecología.

Sin embargo, el martes 26 de noviembre, a cuatro días de cumplirse el primer aniversario de presentado el proyecto de ordenanza, el concejal Javier Roth del bloque de Cambiemos, presentó un contraproyecto que ignora la voluntad popular y el trabajo realizado por la Asamblea Autoconvocada y la ONG, proponiendo distancias de aplicación que burlan la exigencia de les ciudadanes: 50 metros de zonas urbanas, 30 metros de cursos de agua y no se estipulan las distancias de escuelas rurales.

A este contraproyecto, el Movimiento para la Victoria, adhirió, dejando clara su posición y verdaderas intenciones frente a la regulación del uso de agrotóxicos. Frente a ésta estrategia de los dirigentes políticos que dos días antes de la última sesión del Concejo Deliberante, y antes del cambio de gestión, propuso tratar este contraproyecto “sobre tablas”, les vecines otra vez resistieron. En dos días lograron que la problemática sobrepase los límites locales y la noticia de esta jugada política en favor del agronegocio llegue a múltiples medios provinciales y nacionales, denunciando la connivencia política en la que la grieta entre el bloque de Cambiemos y del Frente de Todos, se cerró para seguir legitimando el poder de la oligarquía ecocida.

Llegó el día en que se reunió el Concejo. En la plaza, la Asamblea autoconvocada debatió las líneas de acción: lo importante fue que no se apruebe el proyecto ese día. Esta vez, la sala donde se reunieron los concejales estaba llena de vecines preocupades por el futuro de su salud e inquietes por la posibilidad de que se legalizara el envenenamiento silencioso, pero con la certeza de que sus corporalidades significaban resistencia y presión a les gobernantes.

El contraproyecto finalmente no se trató sobre tablas, pero pasó a cuarto intermedio. Una batalla ganada les dio más tiempo pero no ignoran que la bomba aún puede explotar, porque esta medida significa que los concejales pueden juntarse en cualquier momento y entre cuatro paredes, y a espalda de les habitantes, aprobarlo. No fue un respiro de alivio, sino un respiro que llenó los pulmones de aire para seguir gritando y exigiendo que ¡paren de fumigarnos! 

Así, pasó otro año sin ordenanza. Otro año en que se visibilizó a quienes responden y representan verdaderamente los que ocupan los puestos políticos de la ciudad. Otro año en que los empresarios del agronegocio demostraron su incumbencia en lo estatal, impunes, sin disimulo.

Pero otro año, también, de lucha. Otro año de encuentros, de redes que se tejieron para resistir. Otro año en que las energías y el amor de todes les que se nuclearon en la Asamblea Autoconvocada por la Salud Ambiental de Coronel Suárez, se expandió demostrando que la transformación es posible si nos fortalecemos colectivamente para construir nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno y nosotres mismes. Otro año que les llenó de fuerza para convencernos de que #SeráOrdenanza.

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Por Manuel López Mateo

Alberto Fernández remarcó en la primera reunión del Consejo Federal Contra el Hambre, realizada el pasado viernes 15 de noviembre, que el objetivo será generar un paquete de políticas públicas destinadas no solo reducir el hambre, sino principalmente a mejorar la calidad de la alimentación de los niños y  niñas, que comenzará a funcionar de inmediato con su asunción.

En la reunión inaugural confluyeron sectores diversos; estuvieron presentes organismos de Derechos Humanos, con la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el Premio Nobel de la Paz y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel. Del sindicalismo dieron presente Héctor Daer de la CGT y Sonia Alesso de CTERA. Del sector agroexportador Dardo Chiesa (Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas) y Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina); de la producción de alimentos Daniel Funes de Rioja (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), y hasta incluso personalidades destacadas de la televisión, como Marcelo Tinelli y Narda Lepes.

Según el propio Alberto Fernández, el propósito será “garantizar un mecanismo que permita controlar que los recursos y la comida vayan a donde se necesitan, y que no haya detrás de eso ningún objetivo político, sino el único objetivo de terminar con el hambre”. A partir de la experiencia de los y las integrantes del Consejo, se intentará dar organicidad a tareas que se vienen realizando de forma aislada para lograr mejores resultados. Se conformará un grupo de trabajo para observar dónde están las mayores necesidades y realizar un seguimiento para que llegue lo que haga falta.

Después de la reunión, Daniel Arroyo, quien suena como firme candidato a encabezar el Ministerio de Desarrollo, afirmó que la principal política en la primera etapa de gestión de Alberto Fernández, será resolver el problema del hambre en Argentina: “Hay un compromiso de trabajar en un plan a partir del 10 de diciembre que tiene varios aspectos, pero sobre todo uno; todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos. No puede haber hambre, no puede haber chicos y gente que se vayan a dormir con un pedazo de pan y un mate cocido, o con la panza vacía. Lo segundo es mejorar la calidad nutricional, porque hoy en los comedores se está comiendo fideos, harinas y arroz”, sostuvo.

Según Arroyo, los y las presentes en el encuentro tomaron juntos el compromiso frente al Presidente electo de mejorar la situación contra el hambre y la malnutrición. Destacó, para tal meta, la importancia de “los que producen alimentos, los que desarrollan actividades productivas, las universidades, los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, muchos de los que trabajan la tierra y mucho de lo que es la economía popular”. Agregó además que resolver el problema del hambre representa también un gran plan de empleo porque significa mucha gente produciendo alimentos.

Para Nahuel Levaggi de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones que integra el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, y quien fuera invitado al Consejo, “este primer encuentro fue claramente con la intención de Alberto Fernández de poner un objetivo común entre los distintos sectores, porque ahí estuvieron el sindicalismo, el empresariado, las patronales del campo, agroexportadores y estuvimos nosotros los movimientos sociales. Por lo tanto, fue básicamente un encuentro de un consenso social a combatir el hambre”.

Levaggi sostuvo que desde la UTT ya vienen realizando numerosas propuestas en la construcción de un plan. Por lo tanto, no les sorprendió la invitación al encuentro, sobre el cual se refirió positivamente: “Lo vimos positivo porque se pone sobre la mesa un problema estructural, como son el hambre y la malnutrición. Obviamente, nosotros entendemos que muchos de los que estuvieron sentados ahí forman parte del problema, y no de la solución. Pero también sentarnos en una mesa a discutir eso eleva la cuestión. Pone en agenda este tema que ya estaba, pero ahora de parte del gobierno que interpela a todos los sectores a trabajar en función de eso. Esto nos pareció positivo”.

Asimismo, destacó el rol en la lucha contra el hambre de los pequeños productores y productoras que trabajan la tierra. “El papel de los trabajadores de la tierra es básico porque somos los que producimos alimentos, es lo que venimos diciendo todo este tiempo. Nosotros ya estamos combatiendo el hambre acercando alimentos sanos a  precio justo, incluso con el Estado y el gobierno en contra. Imaginemos lo que vamos a poder llegar a hacer con el gobierno a favor”.

Si embargo, aclaró que a pesar del cambio de gobierno, el sector de las organizaciones de pequeños productores familiares y campesinos sostendrá los mismos reclamos y demandas. “Al futuro gobierno le venimos planteando lo mismo que planteamos todo el tiempo: el Programa Agrario, Soberano y Popular que construimos desde el Foro Agrario. Ese es el modelo que estamos poniendo sobre la mesa. Necesitamos fortalecer políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra, la democratización de la producción y que modifiquen el modelo productivo hacia un modelo agroecológico. Además, necesitamos la democratización de los canales de comercialización, con agroindustrias locales y también canales locales de comercialización. Y en lo que es la compra estatal, que vaya direccionado a los sectores cooperativos y de pequeños productores”.

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Por Vivian Palmbaum | Fotos de Oscar De la Vega

Para abordar la temática de la producción de alimentos y mostrar que alimentarse no solamente es comer se propuso un recorrido que se inició por el último eslabón de la cadena de producción de alimentos: la comercialización. Así fue que la mañana del martes comenzó desde temprano en el almacén de la UTT, situado en el barrio de Almagro, con un desayuno  rodeado de las frutas, hortalizas y productos de la tierra de origen regional y cooperativo. Degustar lo que se produce de manera agroecológica, para empezar a pensar en los alimentos que consumimos.

Uno de los trabajadores de la UTT contó sobre la experiencia de organización y comercialización que les permite ir construyendo un precio más justo para el productor y el consumidor. Allí se generó un diálogo con las y los asistentes en donde se explico cómo es posible acceder a verduras y hortalizas frescas y escapar al ciclo de intermediación que, además de integrar la cadena de valor y abuso sobre las y los pequeños productores, incide en otros valores como el nutricional, el sabor y la frescura de los productos que consumimos. Un mate con yerba orgánica, frutas secas de Mendoza, frutas frescas de la quinta, quesos y dulces producidos por cooperativas fueron parte del menú.

Con la tierra aún húmeda llegamos hasta la localidad de El Pato, conurbano bonaerense, donde algunas de las familias de pequeños productores y productoras trabajan la tierra para producir hortalizas y flores de corte.  Bernardo Castillo nos recibió en su quinta contando que “teníamos acá una hectárea de donde nació la agroecología y se convirtió en bandera de lucha a nivel nacional”.

La UTT está compuesta por unas 16 mil familias en todo el país, que no solamente son productoras de hortalizas y flores, sino también de chanchos, leche y huevos. En asamblea se discute y se acuerda cómo y qué cosechar y a qué precio vender,  sin que esté afectado por las oscilaciones del mercado que perjudican tanto al productor como al consumidor.

Es la confianza en la naturaleza

Bernardo comenzó con la producción de floricultura por la cercanía del Mercado de Flores de Abasto y luego se diversificó con las hortalizas. Es decir, con todos los productos de la tierra que no son frutas: acelga, zanahoria, verdeo, achicoria, papa, frutilla, alcauciles, entre otras.

“Trabajamos con la biodiversidad y de una manera agroecológica, que es la única forma de lograr una cosecha segura. Es la confianza en la naturaleza lo que me vale a mí: yo planto lo que la naturaleza me lo va a dar. Es una esperanza para adelante”, agregó Bernardo. Además explicó que la diversidad les asegura la cosecha porque no se dedican a un solo producto.

Qué quiere decir Agroecología

“Por producir agroecológicamente se gana más”, afirma uno de los trabajadores. El Cotepo, Consultorio Técnico Popular, es desde donde se implementan estas prácticas agroecológicas. “Se van formando con el método cubano, de campesino a campesino. Aprender y transmitir lo aprendido a otros compañeros, la solidaridad como herramienta de aprendizaje y de construcción”, explicaron desde el Cotepo. “Pero además es un modo de recuperar nuestros saberes, como producían nuestros padres y abuelos que no necesitaban químicos para producir, y luego devolvemos lo que aprendemos y lo compartimos con otro”, agregaron.

En esa misma línea, una de las trabajadoras de la UTT aseguró que “la agroecología te abraza no te desplaza.  Tenemos una red a nivel nacional, damos cursos, recibimos compañeros de todas las regiones. Nuestros insumos son baratísimos en relación a lo que se comercializa en el mercado. Las productoras hablan de la tierra, de curarla para que sus hijos e hijas y lxs nuestrxs puedan comer sanamente y no envenenarse”.

Luchas por el territorio

La lucha no solo es por el acceso a la tierra, una histórica reivindicación de quienes la trabajan. También implica cuidarla para que produzca alimentos sanos en las mejores condiciones para las y los trabajadores y sus familias y, también, para lxs consumidores.  “La tierra es un ser vivo, es como un enfermo al que hay que curar. Es una relación de respeto”, explicó uno de los productores respecto a la remediación de la tierra afectada por el uso de agroquímicos. “Para curar la tierra los insumos están en la misma quinta”. Por eso tienen un “kiosco”, donde se almacenan los bioinsumos naturales que ellas y ellos mismos producen recuperando saberes que traen de sus tierras.  En ese kiosco se encuentran los preparados naturales para cuidar la tierra y producir en condiciones de cuidado: remediaciones, caldos minerales, fertilizantes naturales, purinas, tinturas madres.

Por su parte, los circuitos de distribución y comercialización no solamente permiten un precio más justo para productorxs y consumidorxs, sino que además les permite producir pensando que tienen asegurada la comercialización de sus productos. Mercados populares, bolsones, venta directa, ferias y almacenes son algunos de los recursos que se fueron inventando para escapar a la avaricia y el abuso de las intermediaciones y las corporaciones y lograr una forma de comercio justo.

Mujeres de la tierra

Las trabajadoras de la tierra levantan su voz para contar que “la mujer también tiene que decidir, porque antes solo era el varón el que decidía”. Ellas también han dejado de estar en el anonimato, salieron del silencio y visibilizaron la cantidad de tareas y responsabilidades que asumen cotidianamente, producto del rol que el patriarcado les impuso. Es por eso que decidieron crear una Secretaría de Género.

Las madres trabajadoras de la tierra también son las que dan de comer, las que se ocupan de educar a sus hijos e hijas, las que bregan para que “puedan comer sanamente y que la agroecología es vida y salud para todos”, explicó Zulma, una de las trabajadoras. Organizaron también un jardín comunitario “para que nuestras compañeras puedan trabajar y que los niños estén seguros y coman bien”.

Las mujeres en el campo no están exentas de las diferentes formas de violencia de género, como lo es la violencia económica y necesitan que sus hijas e hijos estén cuidados para poder salir a trabajar. Frente a estas situaciones además fueron creando una escuela de remedios naturales, donde las mujeres recuperan y comparten saberes y así aprenden a curarse. Encontraron además una fuente de trabajo con la venta de tinturas madres y remedios naturales, porque “la tierra te da todo para curarte”, afirmó Zulma.

Son ellas también las que pusieron en evidencia las necesidades que afectan a niñas y niños del sector con las faltas de vacantes en las escuelas para las y los hijos que intentan acceder a las escuelas medias, por lo que “sueñan con crear escuelas rurales” para cubrir estas necesidades.  Hombres y mujeres van aprendiendo a compartir tareas y responsabilidades, mientras ponen en evidencia la disparidad de responsabilidades y la ausencia de las mujeres en la toma de decisiones.

El hermoso día de caminar al sol, tocar las plantas, reconocerlas, escuchar a las y los trabajadores que tienen una relación de trabajo y amor por la tierra, finalizó con un almuerzo con sus productos y comidas bolivianas, de donde son originarios buena parte de quienes producen lo que nos da de comer.

Un campo de disputa

Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT, y Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI) –  Vía Campesina de Mendoza, estuvieron a cargo del cierre de la actividad.

Levaggi, explicó que la lucha reivindicativa fue el inicio de la organización que demandaba al Estado mejorar la calidad de vida de las y los productores familiares  y el acceso a la tierra para quien la trabaja. Le siguieron otras luchas que se fueron construyendo en el camino. Se propusieron visibilizar al sujeto social que produce lo que se consume, sus condiciones de vida y el abuso de los circuitos de intermediación a los que son sometidos, con acciones concretas como los Verdurazos, que además permitió poner en primer plano el hambre de miles de personas que se acercaban. Una acción que se sostuvo durante los cuatro años del macrismo. Tal como lo relató el coordinador de la UTT, “esto permitió ir construyendo alianzas con el pueblo y poner en evidencia ese otro campo lejos del imaginario del campo y la tradicional oligarquía rural más vinculada al Agronegocio, los pooles de siembra y los negocios financieros, para poder construir otro modelo de campo vinculado a la necesidad de construir nuestra soberanía alimentaria”. Una síntesis que también incluye un hito como fue el Primer Foro Agrario Nacional de este año en el que se construyó un Programa Agrario frente a la imposibilidad de proponer la reforma agraria de manera directa.

Levaggi fue preciso al destacar que “el eje de la discusión hoy son los alimentos y a través de eso uno puede interpelar al conjunto de la sociedad. Ese es el eje desde donde discutir el modelo, la matriz productiva, la matriz de comercialización, el modelo agrotóxico, la matriz energética. Eso que une a todos y todas y que entendemos es una de las herramientas para plantear el modelo alternativo”.

Diego Montón, del MNCI, llegado de Mendoza, también pudo trazar una breve semblanza de la historia de una clase ganadera que construyo una cultura dominante basada en el exterminio de indígenas y negrxs que impuso un modelo de consumo alimentario basado en la harina de trigo y la carne de vaca, al tiempo que se fueron destruyendo patrones alimentarios nacionales. “Somos de los países que menos frutas y hortalizas consume, donde se impuso el consumo de la leche de vaca y donde la malnutrición es una impronta cultural”, explicaba.

También aludió a la promulgación de la Declaración de los derechos de campesinos y campesinas que fue aprobada en la ONU a fines del año pasado y que en términos concretos implica obligaciones de los Estados para asegurar efectivamente el acceso a derechos básicos que todavía no habían sido reconocidos.  Puntualizó además sobre algunas cuestiones ligadas al modelo productivo, donde la crisis climática parece tener un papel importante en la crisis alimentaria, junto a la desocupación ligada al campo.

Montón afirmo que “el desafío es politizar la discusión en torno a la alimentación”, en una coyuntura que reconoce en el Congreso Nacional la emergencia alimentaria, que condena a miles de personas al hambre y en donde juega un importante papel la definición de la soberanía alimentaria, “que tiene que ser con el protagonismo activo de las organizaciones del sector campesino e indígena”.

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Por Manuel López Mateo  @manu_lopezmateo Foto Campo en acción

La Sociedad Argentina de Agroecología organiza el 1° Congreso Argentino de Agroecología en la localidad de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, los días 18, 19 y 20 de septiembre. El encuentro se realiza bajo el lema “Otra agricultura es posible: cultivando interacciones para el mañana”, tiene lugar en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). 

Reune a productores agroecológicos, técnicos y académicos argentinos que exponen sobre prácticas agrícolas sustentables. Se trata de un encuentro para reflexionar acerca de los modelos productivos de alimentos, para promover la soberanía alimentaria y el rol de los movimientos sociales, campesinos e indígenas.

El objetivo es compartir distintos modos de pensar las prácticas agrícolas a fin de no afectar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables, es decir, opuestas y/o alternativas a la agricultura intensiva de monocultivos, con el uso de transgénicos y agrotóxicos. 

Durante tres días se convocan investigadores, docentes, técnicos y productores agroecológicos de todo el país, con el objetivo de intercambiar conocimientos y difundir los avances en los campos de investigación, extensión y enseñanza de la agroecología argentina. Además, se busca promover la soberanía alimentaria y propuestas para lograr sistemas agroalimentarios sustentables en nuestro país. 

Flavia Filippini,  Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNCUYO, donde se lleva adelante el encuentro, expresó sobre la intención del mismo; “hoy nuestra agricultura está siendo observada por las problemáticas que tiene en cuanto a los impactos que está generando, y hay una alternativa, una nueva propuesta que tiene que ver con la agroecología. La idea es poder encontrar desde la investigación, desde los saberes compartidos, desde la práctica y la extensión, e ir proponiendo distintas maneras de hacer agricultura, que hoy necesita una revisión debido a todas las problemáticas que está acarreando y a los impactos negativos que tiene la forma más convencional de hacer agricultura”

Asimismo, resaltó la importancia de este primer encuentro histórico en el país; “estamos muy contentos porque este congreso es fundante. Es la primera vez que se hace en Argentina a partir de la Sociedad Argentina de Agroecología, que fue fundada en septiembre del año pasado. Hasta el momento tenemos unos 700 asistentes,  y exposición de más de 300 trabajos. Tendrán 17 mesas redondas y 16 talleres, feria de productores, feria de semillas y salidas de post congreso, abordando distintos aspectos que hacen a la agroecología y que hacen a la sustentabilidad, desde una alimentación conciente, desde prácticas agroecológicas, movimientos sociales, diseños de agroecosistemas, entre otras temáticas que serán abordadas”. 

El congreso tendrá conferencias magistrales de profesionales destacados, como Patricia Aguirre, Pablo Tittonell y Santiago Sarandón, presentación de trabajos científicos, relatos de experiencias de productores, simposios, mesas redondas y  talleres. Durante los tres días se abordarán múltiples áreas temáticas, como el diseño y manejo de los agroecosistemas de base agroecológica, los recursos naturales, los indicadores de sustentabilidad, la salud y el consumo. También se trabajará la relación de la agroecología con la economía ecológica, con el desarrollo rural y los movimientos sociales, con la política y el enfoque de género, entre otros temas. Por último, el 21 de septiembre se hará una actividad post-congreso que consistirá en visitar experiencias agroecológicas de la zona.

Sociedad Argentina de Agroecología

La Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) se fundó el 14 de setiembre de 2018 en la ciudad de La Plata, donde se reunieron productores/as, investigadores/as, docentes, estudiantes, extensionistas y militantes sociales comprometidos con la agroecología, con los valores éticos y el buen vivir de las culturas rurales.Constituyó un paso fundamental para la historia de la agroecología en nuestro país y la región, que ahora se consolida con la organización del primer congreso en Mendoza. 

La conformación de la SAAE es fruto de 25 años de desarrollo sostenido, con prácticas agroecológicas en el campo,  desarrollo teórico en investigaciones, educativo y de difusión. 

Su objetivo consiste en promover los principios agroecológicos, la soberanía alimentaria, la calidad de los alimentos y la conservación de los bienes naturales y la biodiversidad.   Sostienen que el sistema actual de producción agrícola, basado en paquetes tecnológicos de monocultivos transgénicos y agrotóxicos, responden a una visión reduccionista y productivista de las ciencias agrarias, que causa problemáticas ambientales, productivas, alimentarias, socio-económicas, culturales y daña la vida.  

La agroecología enfrenta estas problemáticas con el desarrollo de estrategias y respuestas alternativas, mediante la utilización de los recursos locales adecuados a las características ambientales y socioculturales de gran diversidad de productores y productoras. 

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