Organizaciones campesinas, indígenas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. La medida pone en peligro el acceso a derechos que les permiten tener obra social,  aportes jubilatorios y darle un marco regulatorio a su actividad. Para el 26 de julio convocan a una gran movilización nacional hasta el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

La resolución del Ministerio de Agroindustria de la Nación Publicada en el Boletín Oficial del 3 de julio, anuncia la baja del Monotributo Social Agropecuario para el próximo año. Gracias a este beneficio, cincuenta mil personas, agricultores pobres, disponen de cobertura médica y  esperaban acceder algún día al derecho a una jubilación.

Desde 2019 las y los agricultores familiares que están inscriptos en el Monotributo Social Agropecuario deberá familiar deberá pagar el 25%, porción que actualmente cubre el Estado, por la gran vulnerabilidad del sector. Esto implica al día de hoy unos $268 al que debe sumarse, además una proporción de la obra social por los beneficiarios adherentes, lo que en promedio se estima en unos $1500 por grupo familiar.

En la resolución además se establece que los/as actuales agricultores/as y campesinos/as se deben re-empadronar antes del 10 de agosto para conservar, lo que denominan “beneficio” hasta fin de año. Un trámite formal, que requiere que las y  los trabajadores dejen de trabajar para presentarse en el Ministerio y atiendan los tiempos de la burocracia, a la vez que los vuelve a someter a un mecanismo minucioso de control estatal.

Historica conquista

El Monotributo Social Agropecuario se implementó en el año 2009 para proteger a los/as trabajadores/as de la tierra que producen hortalizas, frutas, carne, miel y artesanías para consumo local. Representa la mayor política de inclusión para un sector que históricamente vive vulnerado y excluido de la formalidad económica.

No solo se trata de la posibilidad de un marco regulatorio básico y mínimas condiciones dignas de trabajo. También es una herramienta que les permite emitir facturas para ser proveedores del estado, entre otros. De este modo pueden vender sus productos directamente a instituciones, como por ejemplo para los comedores escolares.

La eliminación de esta categoría del Monotributo Social afecta directamente a pequeños/as productores/as y agricultores/as de todo el país que viven con lo justo. Muchas  de las familias que trabajan la tierra son inmigrantes, descendientes de inmigrantes o pertenecen a comunidades indígenas, otros son agricultores que vienen de otras regiones. Con una economía de subsistencia que viene sufriendo las consecuencias de las condiciones climáticas y las políticas públicas: malas condiciones climáticas,  disminución en las ventas,  aumentos en los costos de insumos,  a precio dólar (semillas, pesticidas, entre otros), de las tarifas eléctricas y del combustible.

Rosalía Pellegrini, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en el Cinturón Hortícola de La Plata, explicó que el Ministerio de Agroindustria viene faltando a la ley porque niega el acceso a este derecho y agregó que hace más de un año que se ha congelado la inscripción al Monotributo Social Agropecuario ya que no permiten el acceso a nuevos beneficiarios, ni tampoco a familiares de los inscriptos. Esto muestra una situación que se viene agravando para un sector muy vulnerable, desprotegido y al que le impiden el acceso a derechos mínimos.

Desde la UTT ya han presentado Recursos de Amparo en la Justicia Federal en el fuero Contencioso Administrativo para que se reabran las inscripciones. Además presentarán  medidas cautelares para que el Estado no les niegue sus derechos sociales.

Comunicado

A través de un comunicado las organizaciones indigenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar de toda la Argentina rechazron de conjunto la decisión del Ministerio de Agroindustria de Nación de dar de baja al Monotributo Social Agropecuario (MSA). Un documento firmado por las organizaciones y movimientos campesinos como el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales (AMRAF), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros.

Tal como expresan en el comunicado para el proximo 26 de julio anuncian una gran movilización nacional hacia el Ministerio de Agroindustria de la Nación en la ciudad de Buenos Aires.

Estas organizaciones y movimientos que representan a las y los pequeños productores rurales, de distintas regiones, con economías familiares y de subsistencia,  vienen organizándose hace décadas para luchar por el acceso a los derechos elementales que les den amparo. Organizaciones que luchan por el acceso a la tierra, que les es negado, mientras producen gran parte de lo que consumimos.

“Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente y, según FAO, un actor clave para combatir la malnutrición y la pobreza rural. Son más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo y son más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Y es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino” expresan en el comunicado.

Tal como expresabamos desde el inicio de la gestión Cambiemos se presentaron graves dificultades para el sector de las agriculturas familiares.  Las y los pequeños productores hortícolas, florícolas, chancheros, tamberos y trabajadores de la tierra,  se hallaban  desde el minuto cero de la actual gestión, en graves dificultades por la aplicación de las nuevas políticas económicas que produjeron un fuerte aumento de los insumos dejando al borde de la miseria a las y los productores.

Sin embargo, lejos de resignarse las y los trabajadores de la tierra, productores rurales, campesinos e indígenas, tal como lo vienen haciendo, continúan organizándose para enfrentar al poder de un estado que hoy representa a las corporaciones. Encarecer los insumos, desproteger a las y los más vulnerables, quitarles derechos, parecen estrategias deliberadas para la concentración de la tierra en pocas manos. Lejos de amedrentar a las y los trabajadores de la tierra los ha decidido a organizarse para visibilizar, una vez más,  su lucha con una gran marcha nacional.

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Trabajan con campesinos, campesinas e indígenas de todo el territorio nacional. Y se enteraron por mail que el 31 de marzo se quedan sin trabajo. Se trata de los más de 1500 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar. En Buenos Aires, esperan desde hace días que los atiendan los nuevos funcionarios. Mientras que en Chaco ya se realizó una semana de permanencia pacífica para denunciar el vaciamiento.

Desde hace ya prácticamente una semana que siento como golpea en mi pecho: tum-tum, tum-tum, tum-tum… pero hoy es más fuerte. Se confunde y entra en ritmo con los tambores de los amigos y amigas que vieron a acompañarnos. Hace 43 años que el corazón late, pero nunca como hoy. Es como si quisiera dejarme bien en claro que no solo es emoción ese palpitar. Como si quisiera avisarme que estoy vivo. Pero no vivo de permanecer y transcurrir, sino vivo para luchar. Vivo para honrar la vida, y para honrar a aquellos compañeros y compañeras de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) que están durmiendo en la calle en Buenos Aires, porque un funcionario que no tiene en claro lo que les va a decir no se decide a recibirlos para explicar por qué va a dejar sin trabajo a 1522 trabajadores que son los responsables de llevar las políticas de Estado a uno de los sectores más vulnerables, como lo es el de la agricultura familiar.

Además, en la semana un hubo un acto distinto aquí en el Chaco. Fue la culminación de la permanencia pacífica de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar en sus puestos de trabajo durante cuatro días, con peñas, radios abierta y acto reivindicatorio sus tareas laborales.

La que pasó fue una semana particular. Porque finalmente hicimos lo que nunca nos había interesado. Casi por obligación lo hicimos: tuvimos que salir a hablarle a la gente de nosotros. Tuvimos que contarles en qué consiste nuestro trabajo junto a las familias campesinas. Salimos a explicarles que no somos ñoquis. Que a lo sumo podemos ser un poco verduritas, pero no ñoquis. Porque precisamente, lo que la gente come diariamente en sus almuerzos y cenas son las verduras, las carnes, los lácteos y productos de nuestro trabajo junto a las familias campesinas e indígenas de todo el país.

Y ahora nos quieren echar de la Secretaría de Agricultura Familiar, tras 22 años de trabajo con el campesinado y los pueblos originarios.

La Secretaría de Agricultura Familiar que se inicia como Programa Social Agropecuario (PSA), que en el año 2008 el ex ministro de Agricultura Norberto Yahuar da por finalizado para crear -en ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Finalmente en 2012 la elevan de categoría y la pasan a Secretaría de Agricultura Familiar. Hasta el día de la fecha, en que pretenden vaciarla.

En esos 22 años, muchos técnicos y técnicas recorrieron los territorios construyendo organización, desarrollando las producciones y acercando esperanzas. Era un trabajo remunerado, sí… pero militante.

En el Chaco, tenemos once equipos distribuidos en todo el territorio provincial con una lógica de construcción multidisciplinaria. Los hay ingenieros agrónomos, médicas y médicos veterinarios, licenciados en Trabajo Social, comunicadores sociales, operadores en Psicología Social, licenciada en Ciencias Políticas y compañeras y compañeros idóneos en diferentes temas que hacen a las producciones agropecuarias campesinas e indígenas. Ahora quieren hacer creer que todos son ñoquis para generar el estado de ánimo social que posibilite el despido masivo.

Los compañeros y compañeras de todo el interior provincial viajaron la semana pasada hasta Resistencia para sostener juntos esta medida teniendo que dejar a sus familias por varios días. Y ayer, jueves, redoblamos la apuesta: una decena de delegaciones de la SAF de todo el país se suma activamente al plan de lucha para sostener los puestos de trabajo; pero también para denunciar la situación de abandono que sufrirá el sector de la agricultura familiar ante el desfinanciamiento que se viene realizando.

La agricultura familiar es un sector productivo que cumple un rol fundamental en la provisión de alimentos, con una fenomenal potencialidad para abastecer nuestras localidades con productos sanos y a precios justos. Trabajamos en la organización y creación de ferias francas a lo largo de todo el territorio provincial, en el rescate y mejoramiento de semillas variedad, el acceso al agua, el asesoramiento y capacitación técnica para la producción agropecuaria y la organización del sector de la agricultura familiar. Y lo queremos seguir haciendo.

Los testimonios de las y los trabajadores

Darío. ¿Que cuáles fueron mis tareas de los últimos años? No sé por dónde empezar… 20 años trabajando con los campesinos de mi zona, cuando nadie trabajaba con ellos, cuando no había ningún organismo que trabaje con el sector. Yo me iba casa por casa para hablar con las familias. Me costó mucho trabajo que entiendan que lo mejor era organizarse y juntos trabajar para mejorar su situación. Mucho tiempo llevó que comprendan que eso los iba a llevar a su autonomía y a no depender de los gobiernos de turno.

Lo que más bronca me da es que nos tratan como ñoquis, pero nadie habla de cuando pasaban meses sin pagarnos o cuando tenía que poner no solo mi vehículo sino también el combustible para poder llegar a las comunidades rurales. De eso nadie habla. ¡Y ahora de pronto somos todos ñoquis! Todo eso me da mucha bronca, pero no los voy a dejar que hagan lo que quieran conmigo. Yo tengo dos hijos que van a la escuela primaria y aunque me cueste, a ésta la voy a pelear porque aunque sea ese ejemplo les voy a dejar a mis hijos: que voy a defender mis derechos y el futuro de mis hijos.

Marcelo y Gilda. Los dos trabajamos en la Secretaría de Agricultura Familiar desde hace doce años. Estuvimos diez años trabajando en el norte de la provincia del Chaco, en la localidad de Tres Isletas, pero luego tuvimos que pedir el traslado a otra zona más cercana a Resistencia porque Gilda y nuestro hijo menor tienen algunos problemas de salud y necesitábamos estar más cercas de centros especializados de salud. Además, cuando nos mudamos vendimos nuestra casa en Tres Isletas y sacamos un crédito hipotecario para poder construir nuestra nueva casa porque con el dinero de la venta no nos alcanzaba. Estamos endeudados. Y ahora nos quieren echar a los dos juntos y dejarnos sin trabajo.

Marisa. Vivo a 600 km de la capital del Chaco, en la zona que llaman Impenetrable. Vivo sola y desde hace 16 años trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar. El pueblo donde estoy se llama Misión Nueva Pompeya. Históricamente tuvimos problemas de acceso al agua para consumo humano y animal, porque las aguas subterráneas tienen mucho arsénico, pero nos arreglamos cosechando agua de lluvia… aunque no llueve mucho.

Soy ingeniera agrónoma y no es fácil para una mujer trabajar en esa zona porque es una zona muy inhóspita, con una cultura sumamente machista y con muchos conflictos entre las comunidades campesinas y las comunidades wichí.

También trabajé mucho para que la gente se empodere, y obviamente, se tocan intereses de algunos poderosos. Eso también me valió muchas persecuciones y algunos juicios. Pero aquí estamos de pie, defendiendo nuestro trabajo.

(*) Comunicador y técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, delegación Chaco.

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Con el inicio de la actual gestión de gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires comenzaron graves dificultades para el sector de los productores familiares quienes generan los alimentos que consumimos diariamente.

Las y los pequeños productores hortícolas, florícolas, chancheros, tamberos y trabajadores de la tierra se hallan en graves dificultades por la aplicación de las nuevas políticas económicas que los dejan en una difícil situación que amenaza con agravarse. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) expuso al nuevo gobierno su situación, junto con propuestas que viabilicen el trabajo para este sector pero no obtuvo respuesta alguna.

Entrevistamos a Rosalía Pellegrini, miembro de la UTT.

El sector de la llamada Agricultura Familiar representa un eslabón esencial en la cadena de producción de alimentos. Rosalía lo expresa de manera muy sencilla: “Somos la verdura que se come todos los días, las economías regionales, la miel en sus tostadas, el lechón de fin de año, el tambo que provee leche y masa a grandes cadenas; somos alimento y trabajo. No somos soja, no somos exportaciones ni somos el empresariado. Somos las manos que se meten en la tierra y plantan y cosechan verdura; que aprietan la ubre y sacan leche; que pialan al chancho y lo faenan; somos las familias que vivimos en la tierra que trabajamos”.

-¿Cuál es la problemática del sector con la nueva coyuntura política?

La aplicación de las nuevas políticas económicas se iniciaron con una importante devaluación que impactó directamente en nuestro sector, que requiere insumos (como semillas y fertilizantes, entre otros) que se pagan en dólares, porque siguen estando dentro del modelo de agronegocio, donde los insumos los controlan las diez empresas que manejan el mercado mundial. Esto equivale a decir que la devaluación ha empobrecido un 40% al sector, que produce exclusivamente para el mercado interno, que compra en dólares y vende en pesos. Al mismo tiempo, estas medidas económicas tuvieron un fuerte impacto en el la población en general, que comienza a restringirse en el consumo de verduras y frutas.

-¿Cómo impacta concretamente esto en la producción familiar?

Hoy se está tirando verdura y fruta a lo loco, el tomate ni la lechuga están valiendo. Se está pagando al productor 30 kgs de lechuga a $20, y es tan irrisorio que al camión ya no le interesa ir a buscar esa verdura; y el productor tiene que tirarla. A estas condiciones de precariedad se le suman las inclemencias climáticas, como los vientos huracanados que destruyen los nylon que protegen los invernáculos y que son costos adicionales que no es posible que soporten los productores.

En contexto

Mayormente son los camiones los que pasan por las quintas a negociar y recoger la mercadería que llega al Mercado Central. El precio final que pagan los consumidores por los productos está integrado por la cadena de intermediarios: el camionero, el Mercado, el que baja el cajón, el puesto que lo recibe y la distribución: el supermercado, la verdulería o un mayorista.

El grueso de productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra no son dueños de la tierra que producen, la alquilan a costos muy elevados, sometidos a las arbitrariedades del cambio de las condiciones de arriendo y subas injustificadas de los valores porque no hay contrato. Viven y trabajan la tierra en condiciones muy precarias. La producción implica mucha mano de obra y, entonces, tiene que trabajar toda la familia porque se les hace imposible poder pagarle a otra persona.

En ese sentido, Rosalía afirma: “En lo que es el cinturón hortícola el Estado –la ventanilla del Estado que solía atendernos, que era la Secretaría de Agricultura Familiar– no da ninguna respuesta, no atiende ni siquiera el teléfono, no tiene entidad en lo que es Buenos Aires; está todo desarmado, están echando a los trabajadores, los técnicos que trabajaban con nosotros y nos daban una mano en el asesoramiento por los cultivos para las plagas y con el proyecto de agroecología; esos técnicos nos dicen hoy que no tienen recursos y que no saben si van a cobrar porque se están quedando sin trabajo”.

-¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia del Estado para el sector?

Ante la emergencia del sector hortícola hay quintas que están cerrando. Se están vendiendo las quintas enteras: el alquiler con toda la producción arriba. Esto quiere decir que las quintas se venden con la producción a punto de cosecharse y las familias no tienen a dónde ir, quedan tiradas. Ante esto no encontramos ninguna respuesta, con lo cual estamos planteando una medida próxima de lucha, un corte de ruta, donde vamos a plantear el desabastecimiento. Ya hemos hecho un comunicado y no tuvimos ninguna respuesta, entonces la única medida será la lucha.

“Familias sin tierra, jornadas de trabajo extensas y en condiciones precarias, problemas en la comercialización de nuestras producciones que nos hacen recibir a veces el 1000% menos de lo que usted paga en la verdulería, falta de maquinarias para la producción, problemas crónicos en la salud por el uso de agrotóxicos, caminos rurales destruidos… son algunas de las problemáticas que diariamente sufrimos”, se expresa en el comunicado de la organización.

Pero además presentaron propuestas concretas al nuevo gobierno. Algunas de ellas son: el Procrear Rural, para acceso a la tierra para vivir y producir mediante créditos blandos; la creación de Colonias Agrícolas en tierras ociosas del Estado; la creación de Áreas de Reserva de Agricultura Familiar periurbana para contemplar normativas que fomenten la producción animal; un programa para la horticultura de transición hacia la agroecología; programa de mercados de proximidad y ferias para garantizar un precio justo para el productor y el consumidor; la implementación de precios sostén y precio tope para regular la especulación en las producciones.

También, la UTT enumera entre las más importantes conquistas de los últimos años haber logrado para el sector, a fuerza de organización y lucha, la creación de una Secretaría de Agricultura Familiar con presupuesto y delegaciones regionales con trabajadores que caminan el territorio; el Monotributo Social Agropecuario y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que permite acceder a los trabajadores a derechos como una obra social, la jubilación y estar regulados en su trabajo. Esto último tiene como requisito ineludible el cumplimiento y asignación presupuestaria a la Ley de Reparación Histórica 27.118 de Agricultura Familiar.

Una situación de desamparo para las agriculturas familiares que amenaza nuestra soberanía alimentaria por ausencia de políticas públicas, que parecen deliberadas. Producciones ahogadas entre el fuego cruzado de la política económica, la ausencia de contención y el estrangulamiento al que lo someten los intermediarios ¿Quiénes se verían beneficiados? Porque cuando unos pierden siempre hay otros que se benefician. Tal parece una ecuación que atraviesa la lógica del nuevo gobierno que se empeña en favorecer a las corporaciones al mismo tiempo que abandona a los sectores populares.

*O.S.y P. Los Pibes, Fm Riachuelo

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Murgas barriales, colectivos de artistas y organizaciones sociales se movilizaron ayer por la tarde hacia el Congreso de la Nación en contra de la política represiva hacia las expresiones de la cultura en los barrios, allí Marcha dialogó con las y los organizadores de la misma.

Bajo el nombre “Marcha en defensa de la cultura popular murguera, expresiones de carnaval y artistas callejeros”, se llevó a cabo otra jornada de resistencia popular por las calles de la ciudad. La misma tuvo el objetivo de denunciar y visibilizar la represión que sufrieron las y los chicos de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” de la Villa 1-11-14 el 29 de enero pasado, como así también demás atropellos por parte del Estado contra las diversas expresiones de la cultura popular.

Desde temprano una columna colmada de colores y ritmo irrumpió la cotidianeidad citadina, allí con las consignas “justicia social, dignidad, solidaridad y compromiso”, los pibes y pibas de las barriadas populares coparon las calles de la Avenida de Mayo donde a puro baile y canto dejaron en claro que nada ni nadie puede acallar el clamor murguero.

La convocatoria, realizada por el “Movimiento Nacional de Murgas” como así también las Agrupaciones “M.U.R.G.A.S” y “Murgas Independientes Bs. As.”, tuvo como principal meta visibilizar a este tipo de expresiones artísticas como lo que realmente son, una representación popular de la sociedad que busca formar un carnaval participativo, barrial, multicultural, generando algarabía y utilizando la inclusión como herramienta, involucrándose en prácticas sociales, al servicio de contener jóvenes en peligro de abandono. La murga sigue siendo un momento de encuentro colectivo, de representación simbólica y de orgullosa adscripción de los individuos a su barrio.

Contra la represión de las iniciativas del pueblo.

Marcha dialogó con Omar Giulani, integrante del “Espacio Niñez y Territorio”, una de las organizaciones que se acercó a expresar su solidaridad. Allí Giuliani destacó la importancia de la jornada: “Es la demostración de que el campo popular y las organizaciones sociales tienen la capacidad de generar políticas públicas reales y además tienen capacidad de respuesta cuando el Estado reprime las iniciativas del pueblo”.

¿Cuáles son los principales reclamos de esta movilización?

El principal reclamo es el no a la represión, es exigir un Estado que mire a las organizaciones sociales y que cuide a nuestros pibes y no los reprima. Esto por supuesto que no es casual, es un escenario represivo que se viene montando desde hace muchos años, hace mucho tiempo, con, por ejemplo, el proyecto de Ley Antiterrorista en nuestro país o con la implementación de las políticas de represión en la provincia de Buenos Aires de la nueva policía bonaerense, al igual que con gendarmería y prefectura en los barrios más precarizados de la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo es la proyección del año y el papel a desempeñar de las organizaciones sociales en el contexto actual?

Evidentemente estamos ante un nuevo escenario, un escenario muy movido que plantea una nueva unidad de acción, la cual debe ser pensada y revisada. Debemos analizar qué ha sucedido en estos últimos años de crecimiento de las estructuras del campo popular que desembocaron en la presidencia de Macri. El kirchnerismo es responsable de que, luego de 12 años al frente del Estado, dejó instalada una herramienta represiva que le permite al gobierno más neoliberal de los últimos tiempos utilizarla en todo su esplendor. Desde ahí es que el campo popular tiene el deber de revisar y accionar en contra de esa política.

En defensa de la cultura popular.

Alejandra, es referente del Movimiento Nacional de Murgas desde el cual se convocó a la jornada. Luego de compartir la actividad expresó para Marcha: “El balance es muy positivo, estamos contentos porque vino mucha gente, de diferentes espacios murgueros y otras expresiones artísticas. Hay un grupo de artistas ambulantes, gente del teatro independiente, organizaciones de niñez. Hay un clima lindo de fiesta, tranquilo, la gente entendió la consigna de que esto es un reclamo y que, si bien lo hacemos con la algarabía que nos caracteriza, no deja de ser una denuncia”.

¿Cuál la principal consigna de esta manifestación?

Que la cultura popular no se reprime, se defiende. Porque, si bien lo que paso en el Bajo Flores fue gravísimo, que hayan disparado balas de gomas hacia los pibes, es solo la punta de un iceberg. En realidad, nosotros somos reprimidos desde antes, permanentemente, sobre todo en los barrios humildes, sobre todo las murgas independientes del interior del país, donde se llevan presa a la gente, la persiguen, le sacan los instrumentos. Nosotros creemos que la calle es nuestra, queremos ser protagonistas de nuestra cultura, no queremos ser solo consumidores, entonces nos parece que es fundamental este espacio de encuentro con los barrios. En muchos barrios las murgas son alternativas a las bandas delictivas, por eso creemos que hay que defender a la cultura popular.

¿Por qué te parece que se hace especial hincapié en reprimir a las murgas y este tipo de manifestaciones?

Porque estamos generando sujetos sociales con capacidad intelectual. O sea, las murgas en los barrios pobres le dan herramientas a los chicos. Les enseña a escribir canciones, contar lo que quieren decir, elegir lo que se quieren poner, el color que quieren llevar. Eso los hace sujetos sociales pensantes y con libertad de elección. Tienen esta posibilidad de defenderse, salen con los corsos a hacer críticas a lo que no les gusta y hay gente a la que no le gusta que uno tenga mucho vuelo intelectual.

¿Tienen alguna activad planeada en el corto plazo?

De este estilo no, los corsos siguen hasta mediados de febrero en capital, oficiales, y también corsos en los barrios. Hasta mediados de marzo estamos. Pueden entrar en el Facebook y buscar, hay murgas que siguen con sus corsos barriales. Es importante apoyarlas porque no tienen ninguna banca, son murgas autogestivas que tienen que trabajar realmente mucho para conseguir el mango para hacer una fiesta popular para que el barrio se pueda encontrar. Por eso nos parece importante apoyar este tipo de movidas.

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En la Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, echaron a 16 trabajadores. Marcha publica el testimonio y el análisis de una de las trabajadoras despedidas.

No es casual que a dos meses de asumidos los gobiernos nacional y provincial sea en Jujuy donde se busque aleccionar a la clase trabajadora. A poco tiempo de haber ganado las elecciones por amplia mayoría, gracias a sus hábiles acuerdos de derecha, Gerardo Morales aprovecha rápidamente el poder y la legitimidad para actuar en el marco de un consenso social mayoritario y mantener ilegalmente presa a Milagro Sala. El termómetro del avance sobre el desguace del Estado está en la resistencia social, y es por los sectores más movilizados de Jujuy que el gobierno está midiendo su fuerza para avanzar.

En este contexto, paradigmáticamente, en la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy fuimos despedidos 16 trabajadores y trabajadoras que cumplíamos funciones en el marco de las políticas para el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. Funcionarios nacionales y provinciales acordaron una lista negra que incluyó en sus filas a los siete trabajadores con mayor precariedad, que fueron incorporados en los últimos dos años y llegaron -en el perverso camino de contratación estatal- a contratos que los tomaron como monotributistas para labores que eran troncales a las políticas destinados al sector, como son el Monotributo Social de la Agricultura Familiar a costo cero o los asesoramientos legales para situaciones de vulnerabilidad territorial. A la lista de siete monotributistas se sumaron nueve trabajadores con antigüedades en la institución que van de los 7 a los 11 años. Todos los trabajadores elegidos para formar parte de la lista negra son afiliados activos de ATE, uno de los gremios más combativos de la provincia y que vino acompañando el acampe de la Tupac Amaru en la plaza principal de la provincia.

Las y los despedidos no responden a ningún criterio de evaluación de desempeño, ni fueron sometidos a sumario administrativo, sino que fueron finamente elegidos entre el personal como los trabajadores más movilizados tanto en la actividad gremial de ATE como en el compromiso con el sector del que son sujetos las políticas de la institución. Claramente: la lista negra incluye a las dos delegadas en funciones, a la ex delegada gremial hasta noviembre del año pasado y candidata a gobernadora del Frente de Izquierda, tercera fuerza de la provincia, y a referentes de organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Federación Agraria y el Frente Unidos y Organizados que lidera Milagro Sala. A esto, se suma el agravante de que entre las y los despedidos se cuentan un 70% de mujeres, seis de ellas madres lactantes o embarazadas.

Por otro lado, la planta de la Secretaría se encuentra en estado de precariedad y en situación ilegal, ya sea como monotributista o como personal de planta transitoria (Ley marco, art. 9), a pesar de incluir a empleados con 20 años de antigüedad en su función. Este es el contexto que permite hoy al gobierno despedir trabajadores arbitrariamente, con una simple carta documento de rescisión de contrato a pesar de los derechos adquiridos por años.

Nuestro trabajo es el derecho de pequeños productores familiares, de familias campesinas e indígenas

La Secretaría de Agricultura Familiar atiende en los distintos territorios rurales de la provincia a 10 mil familias que representan el 82% de la producción rural, incluye a comunidades campesinas e indígenas de la Puna, la Quebrada, los Valles Templados y el Ramal, y se extiende a todas las zonas rurales del país. Desde 2015 están amparados en la Ley Nacional 27.118 de “reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y a la soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preserven la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. Se trata de la única institución estatal de alcance nacional que se dedica exclusivamente al trabajo de campo junto a familias productoras y organizaciones campesinas e indígenas.

Con las últimas medidas, que incluye el despido de las y los 16 trabajadores mencionados, se desmantela el Área de Tierra y Territorio que desde 2011 brindaba capacitación, asesoramiento y herramientas para la defensa de la tierra y el territorio de familias campesinas e indígenas. Además, se desarman equipos de trabajo completos, que dejan truncos procesos en zonas como Palpalá, Palma Sola y El Carmen, debilitando otras zonas de trabajo en la provincia. Los técnicos y las técnicas despedidas venían a cargo del acompañamiento socio productivo de proyectos de acceso al agua, de fortalecimiento de la comercialización y la producción, que hoy quedan a la deriva.

En el marco del vaciamiento de las políticas para el sector no es casual que de la planta de trabajadores de la delegación se elija despedir a las únicas dos veterinarias, las dos únicas antropólogas y la única trabajadora social, estas últimas técnicas a cargo de la defensa de los derechos de las familias campesinas e indígenas. Se suma, además, el vaciamiento del área que se dedica al Registro para el acceso al Monotributo de Agricultura Familiar a costo cero, un derecho otorgado por ley al sector que hoy no tiene trabajadores a cargo para su efectivización. Está claro que las familias agricultoras, ganaderas, campesinas e indígenas no existen entre las prioridades de gobierno y que nuestro trabajo como empleados estatales, que viene siendo destruido, es el derecho de las familias que habitan el suelo argentino.

Por adhesiones escribir a: noalosdespidosdelasafjujuy@gmail.com

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