Por Francisco Cantamutto y Agostina Costantino | Foto de Oscar De la Vega

En las últimas semanas, frente a la inestabilidad cambiaria en Argentina y las políticas erráticas que viene aplicando el gobierno en esta materia, muchos referentes de la oposición (principalmente, ligados a Unidad Ciudadana) han planteado posibles soluciones frente al problema de la deuda. Habiéndose reunido con funcionarios del FMI, y dejando en claro cada vez que puede que, de ganar, no defaultearía esa deuda, Axel Kicillof es uno de los principales abanderados de que el ejemplo a seguir es el de Portugal.

Portugal sería la propuesta progresista frente al modelo de ajuste total de Grecia, para poder conciliar un programa con ciertas concesiones y los imperativos de los acreedores representados por el FMI. El largo y severo ajuste griego representaría la continuidad del esquema actual de Cambiemos, reduciendo salarios, jubilaciones y asignaciones, completando privatizaciones pendientes, consolidando el tutelaje del FMI sobre el Estado argentino. Ante ello, Portugal se ofrece como alternativa disponible, pues sin romper con el organismo, logró recuperar los salarios e impulsar cierto crecimiento.

El país lusitano está gobernado desde 2015 por una coalición de partidos de centro-izquierda. Después de la fuerte crisis que venía arrastrando desde 2008-2009, logró reactivar su economía a través del aumento en el gasto público, sin repudiar su deuda con la Troika (en la que está incluido el FMI). Es decir, logró salir de la recesión aplicando las políticas contrarias a la austeridad que se están aplicando ahora en Argentina y que se aplicaron en Grecia, que llevaron a la ruina a ambos países.

Ahora, ¿esto es realmente así? ¿Podría hacerse esto mismo en Argentina? Veamos cuatro aspectos del asunto.

En primer lugar, no es cierto que no se hayan aplicado fuertes recortes en Portugal. Según explica Esteban Mercatante, esta tarea fue llevada adelante por los gobiernos previos al actual. Se subió la alícuota del IVA, se realizaron múltiples privatizaciones, se produjo un recorte del 14% de los salarios por la vía de suspender el pago de aguinaldos, congelando el salario mínimo, y aprobando una reforma laboral que facilitó los despidos al reducir las indemnizaciones, reducir los pagos por horas extras, así como limitaciones a la negociación colectiva y reducción del tiempo de subsidio de desempleo. El abaratamiento de la mano de obra que produjeron estas medidas y las nuevas oportunidades de inversión que crearon sentaron las bases para que sí, a partir de 2015, pudiera comenzar a aumentar el gasto público. Es decir, Portugal atravesó una etapa de ajuste y reforma estructural antes de entrar en la fase “progresiva” del programa.

En el caso de Argentina, no abundan los bienes estatales disponibles para privatizar (como el Banco Nación o el Provincia de Buenos Aires) y, hasta ahora, el gobierno no ha logrado disciplinar a la fuerza de trabajo lo suficiente. Si bien los salarios reales han caído un 17% en promedio, no lo han hecho en la medida en que la burguesía demanda: no queda claro sea suficiente respecto de Portugal, considerando los distintos lugares de ambos países en la periferia global. Además, aun no lograron pasar las reformas laborales ni las reformas jubilatorias. Si ambas tareas no están resueltas, serán materia pendiente para el próximo gobierno que decida sostener esta salida.

En segundo lugar, las tensiones ligadas al endeudamiento no se resolvieron (de hecho, generan problemas al interior de la coalición) sino que se desplazaron en el tiempo: la lógica de desendeudarse pagando tensa los límites de las arcas fiscales y las cuentas externas, tal como ya quedó claro en Argentina durante el gobierno anterior.

Estos dos puntos hacen que el modelo portugués parezca más bien una versión “heterodoxa” del mismo rumbo actual. Los restantes dos aspectos son aún más ambiguos. Es necesario considerar que las políticas de desarrollo que aplica un gobierno no surgen de la nada, menos aún de la mente brillante de un economista atrás de un escritorio. Surge de la puja de poder de las distintas clases sociales o fracciones de clases y la que logra ganar esa puja es la que impone su modelo. Idealmente, cada fracción tiene representantes políticos o partidos que se alinean directamente con sus intereses. Pero generalmente, es más confuso.

El tercer punto es que, de la mano del aumento del gasto público y “beneficiados” coyunturalmente por la ola de atentados en algunos países europeos y las revueltas en los países del Norte de África, Portugal se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de Europa. La facturación del sector turístico en Portugal en 2017 representaba el 10% del PBI. La fuerte entrada de divisas por este concepto permitió ir saldando las deudas sin sacrificar gasto público. Entonces, siguiendo el modelo portugués es claro que un sector exportador debería apoyar ese modelo.

Ahora, en el caso de Argentina, ¿qué sector sería? Dadas las condiciones actuales, “el” sector exportador por excelencia es el agroindustrial. Si la salida portuguesa se plantea como una salida progresista, ¿la salida progresista copiada a lo criollo… sería apoyada por la gran burguesía agraria? Ésta es una contradicción del “modelo” portugués que muchos candidatos no quieren mostrar.

Menos aún cuando el sector de agricultura y ganadería que serían responsables por las exportaciones para pagar la deuda representan no más del 7% del PBI y tienen un impacto de creación de empleo mucho menor que el turismo. Además de que la moneda corriente de Portugal es el euro, con cual recaudan impuestos en la misma moneda en la que están endeudados, que es todo lo contrario a lo que ocurre en Argentina: se recauda en pesos y hay que pagar en dólares (eso se llama “descalce” de monedas).

El cuarto punto es que no queda claro cuál será la postura del FMI al respecto. El organismo tuvo cierta indulgencia con Portugal a la luz de la crisis desatada previamente en Grecia, es decir, a la vista de la secuencia geopolítica. En el contexto actual, Argentina está bajo escrutinio global. El organismo ya ha apoyado con ingentes recursos al actual gobierno, volviendo al país el principal deudor del organismo. No está claro hasta dónde podrá extender los permisos sin obtener los resultados buscados. Al mismo tiempo, dada la experiencia previa del 2001 sería problemático que el país se vuelva a hundir más profundo en la crisis, merced del FMI. Tal como el punto anterior, este “socio” sugiere intensas dudas: ¿cuáles son las posibilidades progresistas de un gobierno apoyado en la fracción financiera del capital transnacional?

Todo parece indicar que la portuguesa no parece ser la salida progresista a los problemas argentinos.

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Por Agostina Costantino

El martes de la semana pasada, el INDEC anunció que la inflación de marzo había sido del 4.7%, lo cual da un acumulado de 11.8% en lo que va de 2019 y un 54.7% interanual (un valor que no se alcanzaba desde 1992). Este número es bastante más alto del que esperaba el gobierno, quien, acorralado por la cercanía de las elecciones, se vio obligado a “hacer algo”.

En este sentido, el miércoles de la semana pasada se realizaron dos anuncios: el primero tiene que ver con un plan de congelamiento de precios, que tiene sus particularidades respecto al plan de Precios Cuidados porque éste se refiere a una canasta de bienes seleccionados cuyo precio tiene un descuento respecto a los precios de “mercado”, pero no es fijo ni está congelado, aumenta en línea con el resto de los productos pero con un descuento. La relevancia de este detalle es que, como el congelamiento se anunció antes de la publicación de la lista de precios, los supermercados aprovecharon para remarcar todos los productos antes de que el programa entre en marcha.

Algunos comentarios respecto a las características de este acuerdo (más allá de todo lo que ya se ha analizado respecto de la cobertura, el alcance y la capacidad de supervisión de la medida). Respecto a los productos incluidos en la canasta, se tratan básicamente de carbohidratos, grasas, azucares y algunos lácteos. No se incluyen proteínas vegetales (como legumbres), ni verduras y frutas. ¿Qué nos dice la composición de esta canasta?

En primer lugar, que está en línea con el tipo de política social que viene implementando el gobierno desde que asumió. A simple vista no lo parece, pero no está contradicción con lo que ya viene haciendo. Desde que asumió, y sobre todo, desde que comenzaron las políticas de austeridad intensificadas cuando volvimos al FMI, el gobierno siempre mantuvo un cierto nivel de gasto social sobre la población más pobre.

Éste es el prototipo de políticas sociales del neoliberalismo: el paliativo para la población más pobre, después del palazo que implica el conjunto de políticas económicas y productivas de ajuste. Y, además, como también hay una visión ideológica respecto de los pobres en el gobierno, la canasta confeccionada es de una calidad nutricional muy dudosa que refleja cuán “importantes” son para el gobierno estas personas.

La semana pasada, el mismo INDEC publicó los resultados preliminares de una encuesta que se llama “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”, que se realizó anteriormente en 2005, 2009, 2013 y 2018. Los resultados de 2018 muestran un aumento de la población con exceso de peso (el 62% vs el 58% en 2013). Si bien los resultados preliminares aun no muestran datos de desnutrición, no es insensato pensar, sin ser nutricionista, que el aumento de la pobreza en estos años tuvo algún efecto en la cantidad de personas desnutridas. Y, aunque pueda resultar una paradoja, la combinación de desnutrición con obesidad es típica de los países más pobres y es la característica de buena parte de la población infantil de América Latina en los últimos años.

La escasez de alimentos saludables en sectores económicamente rezagados, la disponibilidad y el acceso fácil a alimentos altos en grasas y azúcares, así como el bajo precio de alimentos ultra procesados, en oposición al alto precio de los alimentos más saludables, configuran entornos que favorecen la mala alimentación. Claramente, la canasta de precios congelados no colabora con este panorama.

El segundo de los anuncios que se realizaron el miércoles tiene que ver con el tipo de cambio y también está relacionado con el nivel sorpresivamente (para el gobierno) alto de la inflación. Hasta ahora, desde el año pasado, el esquema cambiario era lo que se conoce como “bandas cambiarias”. Esto significa que el Banco Central (BCRA) establecía un mínimo y un máximo valor del dólar dentro del cual el Banco no intervenía ni comprando ni vendiendo dólares. Esas bandas se irían modificando hacia arriba, en función de la inflación, de modo que habría una devaluación programada hasta fin de año.

El anuncio de la semana pasada es que esa banda se “suspende” hasta fin de año: en síntesis, de acá a junio se elimina el piso y de acá a diciembre se fija el techo en $51.45. Esto quiere decir que, de acá a junio, que es cuando entran los dólares por las liquidaciones de exportaciones y dado que las tasas de interés están altas, los inversores pueden comprar bonos o letras en pesos porque tienen la garantía de que incluso podrían llegar a recomprar dólares antes de junio por menos de $40.

Esta medida está en línea con la política de contracción monetaria que se viene aplicando (y que ya mostró su ineficacia para bajar la inflación). En relación al techo, el BCRA puede vender hasta 150 millones de U$S por día para mantener el peso en $51.45. El problema de esta señal es que si los inversores saben que existe ese tope en el presupuesto del Banco Central, ¿por qué no especularían con agotar ese tope diario hasta forzar la devaluación?

Todas estas medidas parecen manotazos de ahogado que está haciendo el gobierno. En sí mismas, las medidas anteriores no son ni buenas ni malas, ni eficaces o no. Todo depende del contexto general en el que se apliquen y de la credibilidad que tenga el gobierno en lo que está haciendo.

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Hace poco más de una semana, el Poder Ejecutivo firmó un mega decreto de necesidad y urgencia que contiene más de 190 medidas que pueden ser catalogadas como de “Reforma del Estado”, porque alteran de manera profunda muchos derechos, procedimientos y regulaciones hasta ahora existentes. Los puntos principales que afectan a trabajadoras y trabajadores.

Entre la fina línea que separa la ironía de la tragedia, el DNU comienza copiando textualmente un decreto semejante de 1991, que usaran el entonces presidente, Carlos Menem, y su ministro de economía, Domingo Cavallo, para dar rienda suelta a su ánimo neoliberal.

Dentro de esta enorme cantidad de medidas hay una gran variedad de reformas que van desde el papel del Estado como productor de bienes, en la medida en que se deroga una ley que permitía la producción agropecuaria e industrial por parte del Estado en tierras del Ejército Nacional; hasta la vulneración de los derechos laborales más básicos, pasando por la mayor financierización de la economía y la mayor opacidad en torno a las licitaciones de obras públicas.

El juego del gran bonete

En particular, hay tres grandes medidas que afectarán negativamente la vida las trabajadoras y trabajadores y sus familias. En primer lugar, el DNU abre las puertas de la timba financiera para los préstamos en UVA (Unidad Valor Adquisitivo) otorgados por los bancos y el Fondo de Estabilización de la ANSES. Básicamente, se habilita a los bancos a crear instrumentos financieros con los préstamos en UVAs otorgados. Estos instrumentos podrán ser vendidos en el mercado y su rentabilidad estará atada a los pagos de los préstamos hipotecarios en UVAs.

El objetivo para los bancos es hacerse de fondos para seguir prestando y, al mismo tiempo, distribuir los riesgos atados a los préstamos otorgados hacia el resto de la economía, vía el mercado financiero. Es decir, si un deudor deja de pagar, el banco ya habrá vendido ese préstamo, junto con otros, dentro de un paquete a algún inversor que lo haya comprado. La pérdida para el banco es mínima y las ganancias tanto para éste como para el inversor que lo haya comprado, hasta ese momento, podrán ser enormes porque la rentabilidad se indexa junto con la inflación y el valor del dólar, pues recordemos que estos productos financieros están atados a préstamos nomenclados en UVAS. ¡Alerta de burbuja financiera! Este mecanismo fue el utilizado por los bancos en Estados Unidos y que culminó en la enorme crisis de las hipotecas en el 2008, con miles de personas en la calle y con los grandes bancos e inversores salvados por el Estado. Una crisis que tuvo impacto no sólo en el sector financiero, sino también en el sector real de la economía.

Lo mismo ocurre con el caso de ANSES. A partir del decreto, esta Agencia podrá crear y vender instrumentos financieros sobre la base de sus activos, principalmente a partir del Fondo de Estabilización que, entre otros fines, se destina al Procrear (hoy también nomenclado en UVAS). En este caso, al financierizar todos estos activos se va creando una burbuja financiera que, si estalla, no va a afectar sólo a los actores directamente involucrados sino también, por ejemplo, a los jubilados, jubiladas y beneficiarios de la AUH.

Una segunda gran medida que afecta a las trabajadoras y trabajadores es que se elimina la inembargabilidad de las cuentas sueldo, siempre que en la cuenta del titular haya una suma superior a los 3 sueldos (según el promedio de los últimos 6 meses). Es tan evidente que esta media está relacionada con el punto anterior que la misma está incluida dentro del capítulo de “Inclusión financiera” del DNU. La justificación por parte del Poder Ejecutivo es que, al establecer un monto por encima del cual las sumas depositadas en las cuentas sueldo puedan ser embargables, se “mejorará” el perfil crediticio del titular. Nuevamente, se reduce el riesgo de incobrabilidad para los bancos, se acrecienta el negocio financiero y se aumenta la vulnerabilidad de las familias de las y los que vivimos de un sueldo y no de rentas financieras.

Por último, el decreto redefine el concepto de “micro, pequeña y mediana empresa” (MiPyMe) para el caso del acceso al crédito subsidiado. A partir de ahora, las MiPyMes controladas por multinacionales van a poder acceder al financiamiento del “Fondo Fiduciario para el capital emprendedor” y el “Fogapyme” que, como son fondos para fomentar el “emprendedorismo” de las pymes tienen ventajas (en términos de costos y condiciones) respecto a otros tipos de créditos. La implicancia de esta medida es que las empresas trasnacionales van a poder crear MiPyMes de manera ficticia para acceder a estos fondos.

La anterior medida está relacionada con otra, del mismo DNU, que habilita la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas con un capital de dos salarios mínimos. Esto permite crear de un día para el otro una empresa vacía para un objetivo determinado (que puede ser acceder a los fondos antes mencionados, a ventajas para la contratación de trabajo más barato, a moratorias, menores impuestos, etc.). ­Esta práctica constituye una de las características normalmente asociadas a los paraísos fiscales, donde se crean cascarones vacíos en forma de empresas para acceder a las ventajas de secreto empresarial, bajos requisitos contables, desgravación fiscal, transferencias de excedentes internas a un mismo grupo corporativo. En la Argentina, aunque esta práctica entraría en conflicto con normativas del derecho laboral, se constituye en un paso en aquella dirección.

En definitiva, se trata de un decreto que abre las puertas a una mayor financierización de la economía, que habilita a la timba financiera con fondos públicos y que deja en una situación de enorme vulnerabilidad a las y los trabajadores endeudados para acceder a la casa propia.

* Parte del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica

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La crisis mundial en una nueva fase, sus efectos sobre la región y sobre Argentina.

La crisis mundial tuvo sus primeras manifestaciones en Estados Unidos en 2007, y estalló al año siguiente sumando a casi toda Europa. La primera forma que adoptó fue de una crisis hipotecaria, asociando el negocio inmobiliario con las finanzas. Con este diagnóstico en mente, los gobiernos de los países centrales adoptaron medidas de salvataje a la banca, por un monto cercano a los 1.600.000 millones de dólares, reduciendo las tasas de interés prácticamente a cero.

Pero los fundamentos de la crisis no eran financieros sino reales, por lo que este gigantesco salvataje no logró reanimar la inversión, dejando a todas las potencias en un bajo crecimiento, cercano a la recesión. cero. Y sin embargo, el diagnóstico generalizado habla de una crisis ya superada. Nada más lejano. Los organismos financieros se ven obligados a corregir cada año sus estimaciones de expansión de la economía mundial, reduciendo sus expectativas originales.

La continuidad de las políticas de ajuste social y salvataje bancario están mostrando efectos perversos en la Unión Europea. No sólo la conocida disputa con Syriza en Grecia sino la reciente salida de Gran Bretaña reconocen su origen en este proceso. La economía estadounidense, en cambio, se ha reanimado relativamente el último año, lo que indujo a una veloz -aunque limitada- suba de sus tasas de interés de referencia. Esto ha producido un efecto de retracción mundial de los capitales hacia el país potencia, fortaleciendo el dólar frente a otras monedas. El reciente Brexit ha reforzado esta tendencia preexistente aún más.

La desaceleración de las economías centrales impactó sobre la demanda global, lo que está produciendo efectos sobre las economías dependientes y las llamadas emergentes. China, en particular, ha iniciado un giro hacia el desarrollo del mercado interno, pero continúa atada a la demanda externa. Por ello, su crecimiento se ha ralentizado (por primera vez en 25 años cae debajo del 7%), y resulta insuficiente para traccionar al resto del mundo. Ante este escenario, ha realizado pequeñas devaluaciones del yuan, que tienen gran impacto.

América Latina y el Caribe

Para nuestra región, las noticias no son auspiciosas. Los precios de las materias primas caen por tercer año consecutivo, alcanzando mínimos en décadas, lo que presiona sobre las cuentas externas y fiscales. Si bien se espera una caída del PBI regional del 0,3%, esto esconde situaciones diferentes a nivel subregional.

Los países exportadores de materias primas, y en particular, los que exportan petróleo, ubicados en general en Sudamérica, han sufrido con más fuerza el impacto de esta fase de la crisis. Estos países habían estado relativamente menos resentidos en años previos, gracias a la aún persistente demanda china y la especulación con los mercados a futuro de los commodities, situación que comenzó a agotarse hace unos tres años. Este contexto ha servido de fondo para una avanzada generalizada de sectores conservadores y liberales, en algunos casos logrando ganar por el voto (como Argentina) y en otros mediante artilugios palaciegos (como Brasil), reforzando la agenda norteamericana para la región, que incluye un giro de integración hacia las iniciativas del TTP.

El caso de Brasil es particularmente ejemplificador. Las políticas de ajuste iniciadas por Dilma no fueron suficientes ni para reactivar la economía ni para desactivar el impeachment. La devaluación del real no ha logrado impulsar las exportaciones, en un marco de demanda interna desplomada. La recesión del gigante del Sur afecta (su PBI cae un 3%) en especial a Argentina, que destina casi toda sus exportaciones industriales a ese país. Tanto de manera directa como mediante el efecto multiplicador de Argentina, por la vía del comercio y la de la inversión, la crisis de Brasil golpea a Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Venezuela es otra economía muy afectada, pues su bienestar reposa casi por completo en la renta petrolera (su PBI cae casi un 6%). Su crisis también impacta sobre otros países centroamericanos (Nicaragua y El Salvador) y del Caribe (Granada, Haití y Jamaica), con los que tiene múltiples acuerdos bilaterales de cooperación, en particular en el sector de hidrocarburos. Afectados por esta falta de fondos y la disminución de las exportaciones de materias primas, varios países de esta subregión se ven en problemas (Belice, Guyana, Suriname, y Trinidad y Tobago).

Sin embargo, no toda la subregión se ve influida por estas mismas fuerzas externas. Muchas de estas economías son importadoras netas de energía, por lo que la caída de los precios internacionales en realidad las beneficia. Además, la lenta recuperación de la economía estadounidense impulsa la demanda de exportaciones de México y parte de Centroamérica y el Caribe, especializados en maquila para aquel mercado. En aquellos donde el peso del turismo internacional es elevado (como Barbados, Granada, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía) la situación es de hecho promisoria. La mayoría de estos países dependerá de que la moneda china -que compite por el mercado estadounidense con una canasta de bienes semejante- no sufra nuevas devaluaciones que les quiten competitividad.

Así pues, la nueva fase de la crisis mundial está generando nuevos efectos sobre la región, renovando la dependencia generalizada y la falta de autonomía para dirigir un proceso de desarrollo. El giro regional hacia economías más abiertas, integradas bajo la égida del capital norteamericano, no parece sino reforzar esta dependencia.

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Un repaso por la “Ley de tierras” que el macrismo pretende modificar, los problemas de la extranjerización y los incumplimientos de la misma.

El día 29 de febrero, el diario La Nación publicó que evalúan cambiar o derogar la ley de tierras sancionada en el año 2011. Según la nota, Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (donde funciona el Registro Nacional de Tierras), aseguró estar estudiando esta posibilidad, con el visto bueno del Presidente de la Nación. Esta iniciativa de “cambio” surge luego de que representantes de las inmobiliarias rurales le plantearan sus inquietudes al funcionario en relación al “freno” que estarían teniendo las inversiones por parte de extranjeros en este sector.

Pero repasemos un poco de qué se trata esta ley y la problemática que regula. La “Ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, más conocida como “ley de tierras”, fue sancionada en el año 2011. La misma tiene como objetivo regular los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. Entendiendo como “persona extranjera” a las personas físicas de nacionalidad diferente a la argentina y a las personas jurídicas cuyo capital accionario mayoritario (51%) sea de otro país, la ley establece que, ya sea sobre el territorio nacional así como los territorios provinciales y municipales, la titularidad extranjera sobre el dominio o posesión de tierras no puede superar el 15% del territorio. Asimismo, sobre ese porcentaje, las personas de una misma nacionalidad extranjera no pueden poseer más del 30% y una misma persona no puede ser titular de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.

La problemática de la extranjerización de la tierra

Si bien desde sus inicios como Estado nación existen inversiones extranjeras en tierras en argentinas, a partir del año 2002, luego de la devaluación y del elevado precio internacional que comenzaron a tener las materias primas, este tipo de inversiones aumenta exponencialmente. Este es un fenómeno que comienza a darse en la mayoría de los países del “Sur” global.

La expansión del capital extranjero se da sobre la tierra de todas las regiones del país. Un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó multiformes conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmontes, etc.

Además de todos los conflictos sociales generados, el cuestionamiento a la “entrega” de tierras a capitales extranjeros está relacionado con el uso y los objetivos que estos capitales tienen sobre las tierras adquiridas. Según nuestro relevamiento, desde el 2002, 4 países explican el 69% de las tierras adquiridas por extranjeros: Estados Unidos, China, Canadá e India. Los objetivos de estos inversores son principalmente dos: producir bienes primarios (agropecuarios y mineros) para exportar al mercado mundial (es el caso de las grandes cadenas agroalimentarias estadounidenses y las mineras canadienses) y producir alimentos para abastecer sus grandes mercados internos (sobre todo, los casos de China e India).

Estos objetivos no son indeseables en sí mismos, pero lo que hay que tener en cuenta es que la tierra es un recurso finito y su distribución es de “suma cero”: lo que gana uno, lo pierde otro. Si la expansión de estos capitales se realiza sobre tierras ocupadas por campesinos, pueblos originarios y productores familiares que producen, en algunos casos, para su autoabastecimiento y, en otros, para vender en el mercado interno, ¿qué efectos tendrá esta expansión sobre la soberanía alimentaria? ¿Qué ocurrirá con la ocupación y los medios de vida de estas miles de familias que son obligadas a desplazarse de sus lugares? Y en términos más “macro”: ¿cuántos recursos, ambientales y económicos, se transfieren al exterior con este tipo de operaciones?

Laxitud e incumplimientos de la ley

Ahora bien, es cierto que esta ley tiene algunos problemas asociados, que han existido desde su sanción y que vienen siendo denunciados por múltiples colectivos ambientalistas y campesinos. Pero estos problemas no tienen que ver con lo que ahora aduce el capital inmobiliario, esto es, con algún tipo de excesiva regulación que “frene” las inversiones, sino justamente por lo contrario: la insuficiencia o laxitud que esta ley parece tener en términos de entrega de tierras a capitales extranjeros, e incluso con la falta de cumplimiento de la misma reglamentación que la ley impone.

Por ejemplo, al igual que en el caso de la Ley de Glaciares, la ley de tierras establece que, en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley, debía crearse un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la superficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Y, al igual que en aquella ley, este registro no se ha cumplido. En el año 2013, Cristina Fernández presentó los primeros resultados del Registro Nacional de Tierras Rurales que surgieron, principalmente, de un relevamiento realizado a nivel nacional (es decir, no con información de las provincias), mostrando un total de 15.881.069 hectáreas en manos de extranjeros (un 5,93% de las tierras rurales a nivel nacional), con porcentajes por provincia que van desde un 1,04% en Córdoba a 13,87% en Corrientes y 49 municipios (sobre todo, en provincias del Norte) donde se superó el 15% estipulado por la ley. Sin embargo, según informó en septiembre de 2014 la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la mitad de las provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero) no entregaron sus informes para el Registro Nacional de Tierras Rurales, con lo cual es de esperar que los resultados presentados por el Poder Ejecutivo Nacional hayan estado altamente subestimados.

Ahora, aún si estas disposiciones se cumplieran y teniendo en cuenta que la ley no afecta derechos adquiridos, el límite de 15% incluso resulta una restricción alta que otorga, indirectamente, permiso para que la titularidad extranjera, según los resultados oficiales alrededor del 5%, aun pueda extenderse sobre otro 10% de la superficie nacional. Al igual que en el caso de la eliminación a las retenciones mineras, la potencial flexibilización de las leyes sobre la tierra parecen indicar un claro rumbo hacia la profundización del extractivismo y la extranjerización de la economía argentina.

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