Este jueves el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, junto a FM Ocupas  y SiPreba realizaron una medida de protesta frente al ENACOM para exigir la reapertura del medio comunitario. Contra la censura que implica el cierre de un medio popular.

FM Ocupas funciona desde 2012 en un barrio del distrito de Moreno. La radio, cerrada por el Ente Nacional de Comunicaciones, tiene un fuerte arraigo en su comunidad, que trabaja por el derecho a la comunicación de personas con discapacidad.  Hoy se realizó una medida de protesta con radio abierta frente al ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones,  en horas del medio día, para exigir la reapertura del medio comunitario.

Bajo la consigna “Sin medios comunitarios no hay democracia”, integrantes de FM Ocupas, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) realizaron una concentración y protesta frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para rechazar el cierre de la emisora.

El organismo, dirigido por Miguel Ángel de Godoy, argumentó que FM Ocupas no está empadronada. Sin embargo, la radio cuenta con el empadronamiento del AFSCA.  Una de las primeras acciones del gobierno de Cambiemos fue disolver el AFSCA y crear el ENACOM, por lo que muchas radios comunitarias  por falta de licencia, quedaron  más desprotegidas.

FM Ocupas fue sacada del aire en febrero de 2017 bajo el argumento que interfería con la frecuencia del Aeródromo de Moreno. El ENACOM les inició una causa por interferencias ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón que determinó el sobreseimiento de la emisora comunitaria FM Ocupas.  Es necesario recordar que el medio comunitario cumple con una importante función social al darle trabajo y voz a personas con discapacidad.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en 2009,, que consagraba un 33% para organizaciones sociales y comunidades indígenas, nunca fue una realidad para la gran mayoría de los medios comunitarios y populares,  que  no pudieron regularizar una licencia, tal como la ley lo consagraba, quedando al borde de la legalidad.  Estar empadronado no es lo mismo que tener la legitimidad de una licencia. Los medios comunitarios y populares  hoy están en situación de fragilidad y pueden verse involucrados en una encrucijada similar a la de FM Ocupas.

Frente al ENACOM para contarnos la situación  entrevistamos a Pablo Antonini, presidente de FARCO

¿Cómo están viendo la situación de FM Ocupas?

Es un caso muy particular y muy brutal, dentro de un contexto general en el vienen pasando cosas parecidas en distintos espacios. Ya hemos tenido casos de radios decomisadas o clausuradas, pero no habíamos tenido –al menos en el ámbito de las comunitarias de FARCO–  algo como esto donde directamente hay declaración de “ilegalidad”. Desde el propio Estado los declaran ilegales y los intiman, según la resolución, al desmantelamiento y cese definitivo de las emisiones.

¿A qué se debe esa medida?

Esto comenzó a partir de un descalibramiento de equipos que se registran en febrero de 2017, y que es solucionado al momento de ser notificado. Incluso la solución se presentó con el correspondiente informe de un ingeniero matriculado, que es lo que pide la reglamentación. Pese a eso, el ENACOM no solo no da el visto bueno para seguir transmitiendo, que es lo que debía hacerse en esos casos, sino que les abre una causa penal una semana después de resuelto el problema. Los procesan, los tienen desfilando por los tribunales de Morón durante varios meses, hasta que finalmente  el juez de la causa los absuelve porque, obviamente, no se le puede endilgar una acción penal a una radio que accidentalmente emite una emisión y genera una interferencia en un aeródromo local. Para eso el poder judicial requiere pericias de la Fuerza Aérea y del propio ENACOM. Sin embargo, a pesar del sobreseimiento, en febrero de este año llegó la declaración de ilegalidad y cierre definitivo.

Además, estamos hablando de un medio que tiene un fuerte vínculo con su comunidad

Es una radio que tiene un laburo social muy importante, muy intenso, porque ahí funciona una escuela con chicos con discapacidad, hay un predio donde realizan actividades deportivas, una colonia de vacaciones, entre otras iniciativas. Bueno, esto generó muchísimo miedo en el barrio, porque es eso lo que pretenden lograr. Y por eso armó un debate interno, porque pensaban que sacar el conflicto afuera iba a desencadenar el cierre de esas otras áreas que son de contención para los vecinos y las vecinas.

Cuál es el reclamo que se está haciendo frente al ENACOM

Estamos pidiendo la reapertura del medio, como una condición básica,  porque las acusaciones no tienen ningún sustento. Pero además pedimos la derogación o la modificación de las normas que posibilitan cerrar arbitrariamente un medio que son dos resoluciones que sacó el ENACOM, a fines de 2016 y principios de 2017. Estamos hablando de unas normativas, en la cuales a sola firma, incluso un funcionario de segunda línea puede decretar no solo el cierre de un medio, como en Radio Ocupas, sino la extinción de una licencia. Entonces, queremos que se reabra FM Ocupas, que modifiquen estas normativas hechas a medida para clausurar voces y que se legalicen las otras radios que están en una situación similar.

También estuvieron presentes desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SiPreba, y su Secretario General, Tato Dondero expresó “cada vez se cierra más voces, estamos muy preocupados porque se afecta la libertad de expresión”.

Las voces que expresan los medios comunitarios y populares parecen estar en problemas, sin recursos para sostenerse y con la amenaza o cierre concreto de medios comunitarios.

Tal como se vió este jueves la movilización colectiva junto a las y los trabajadores permitió darle voz a la necesidad de que no se censuren las voces que se expresan en los medios comunitarios y populares, que de otra manera quedarían silenciados.

Reproducimos el Petitorio:

Durante la radio abierta se reclamó al gobierno, legisladores/as y todos los espacios que velan o dicen velar por la libertad de expresión en nuestro país a sumarse para garantizar:

Reapertura inmediata de FM Ocupas de Moreno

Modificación de la Res. 9435/16 y derogación de las res 2064 y 2065/17 Enacom que permiten el cierre arbitrario de radios

Garantías de legalidad en carácter de reconocimiento o permiso (equivalente a las res 753/2006) a las radios empadronadas hasta que el Estado cumpla su obligación de concretar el Plan Técnico y convocar concursos en las zonas de conflicto

Concreción del Plan Técnico establecido por ley 26.522 en zonas de conflicto, y apertura de concursos que respeten la reserva de espectro del 33% para medios comunitarios en condiciones acordes a la realidad y características del sector

Ni un medio menos víctima de la censura y/o el ahogo devenido del reparto arbitrario de la pauta y de políticas que favorecen la concentración, y la censura.

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Luego de una larga lucha de siete años, Barricada TV comenzó a emitir desde el 26 de junio en la señal 32.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA). Un medio forjado al calor de las movilizaciones que dio un gran paso en el reconocimiento de la comunicación alternativa, comunitaria y popular.

Barricada TV encendió el transmisor y comenzó a emitir su programación por la señal 32.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA), día en el que se conmemoraban 15 años de la Masacre de Avellaneda, trágico suceso en el que la policía bonaerense asesinó a los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Teniendo en cuenta la complicidad de los medios hegemónicos para encubrir a los responsables (tanto materiales como intelectuales) de los asesinatos, este triunfo de la comunicación alternativa abre interrogantes sobre cómo saltar el cerco mediático y masificar una mirada popular de la Argentina. Al respecto, Marcha dialogó con Luciana Lavila, periodista y responsable de la programación de Barricada TV.

¿Cómo fue la cronología de la lucha para obtener un lugar en la grilla de la TDA?

“Hace siete años que estamos emitiendo desde la fábrica recuperada IMPA, que está en el barrio de Almagro de la Ciudad de Buenos Aires. La lucha para llegar a este momento fue bastante trabajosa porque nosotros empezamos, como la mayoría de los medios alternativos, populares y comunitarios, en una coyuntura en la que no había una ley que nos contenga como tales. Recordemos que la ley 26.522 (la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en el 2009) fue debatida justamente al fogón de estas discusiones. Nosotros lo que hicimos durante esos años previos a la sanción de la Ley de Medios fue justamente aportar a estas discusiones para el reconocimiento de estos espacios, para el efectivo reconocimiento del 33% del espectro sin fines de lucro.”

Luego de promulgada la Ley, hubo 2 concursos públicos que se hicieron para ingresar en la TDA. Los medios alternativos denunciaron que los concursos no eran adecuados ya que eran sumamente restrictivos, sobre todo por la suma de dinero necesaria para ingresar. Barricada TV no abandonó esa lucha y en 2014 obtuvieron el reconocimiento para la emisión por analógico, el Canal 5 de Almagro que todavía sostienen. “Si bien siempre fue una preocupación nuestra masificarnos, a partir de ahí empezamos a pensar más seriamente cómo saltar el cerco de los convencidos”, sostuvo Lavila.

La oportunidad surgió en mayo de 2015 cuando se presentaron a un concurso de TDA, el cual ganaron en noviembre de ese mismo año con uno de los puntajes máximos. “Todo ese tiempo acompañamos con movilizaciones constantes a lo que era en ese momento la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), para lograr que nuestra voz sea representada en esos espacios”, agregó la periodista. El organismo les asignó la frecuencia 33 de la grilla.

Sin embargo, la alegría duró poco. “A los pocos días nos dimos cuenta que nuestra señal estaba interferida por Canal 13, que estaba transmitiendo de manera experimental, sin un concurso previo”. Desde ese momento comenzó una larga disputa por el otorgamiento definitivo de un espacio para transmitir. El conflicto se resolvió hace cinco meses, cuando el Estado resolvió mover a Barricada TV a la frecuencia 32 y reservarla para el sector sin fines de lucro.

¿Cuáles son los objetivos ahora que se metieron en el terreno de juego de los grandes medios?

“Los frentes son varios. En principio, lograr que efectivamente nuestra frecuencia llegue a todos los lados que se supone que tiene que llegar. Tenemos un permiso para transmitir a 17km a la redonda desde el lugar de la torre, lo que sería toda la Ciudad de Buenos Aires y casi todo el primer cordón del conurbano. En este sentido, la primera tarea fuerte que tenemos es hacernos conocer. Recordemos que si cambias de canal no aparece automáticamente Barricada TV, sino que tenes que escanear tu televisor para que reconozca frecuencias nuevas.”

“Ahora que logramos esto, creemos que el próximo paso es pelear por otros espacios de reconocimiento en el marco de la misma ley. Se está discutiendo la nueva Ley de Comunicaciones a puertas cerradas. No hemos sido convocados a esa discusión y creemos que es una tarea inmediata de este sector, no solo de Barricada TV.” Esta nueva Ley eximiría del pago de un canon por publicidad a las cableoperadoras. El 25% de esta recaudación se destina a un Fondo de Fomento que financia gran parte del cine, teatro y música de producción nacional, por lo que su efectiva sanción sería un duro golpe para la comunidad artística.“El paradigma que nos dejó la Ley 26.522 en cuanto al protagonismo de este sector fue muy fuerte. Tenemos un largo camino recorrido desde hace mínimo 20 años en medios alternativos, comunitarios y populares. Hemos dado pasos gigantes en este tiempo, siempre acompañando la lucha y la movilización popular. Somos reconocidos por todos los espacios de militancia como compañeros que están en la calle todos los días, y nos parece que relegar a este sector a no tener voz en esta ley es un error grandísimo del gobierno.”

“Por último, tenemos la obligación de seguir peleando para que efectivamente otros canales tengan la posibilidad de acceder a esta legalización, que claramente es un paso de avanzada en el sector, históricamente relegado a los ámbitos más marginales de la comunicación. Si fuéramos decenas o cientos dando la pelea desde los medios alternativos legalizados, la historia seria otra seguramente.”

¿Qué significó para ustedes este logro?

“Empezar a salir por TDA no fue simplemente encender el transmisor o encender el automatizador para empezar la transmisión de Barricada TV, sino que fue el resultado de 7 años de lucha. No solo para nosotros, sino para el sector de la comunicación popular es un salto grande y una herramienta más para las organizaciones. El sector organizado de nuestro pueblo va a encontrar en nuestra pantalla tanto una alternativa en la televisión digital como también un espacio donde participar de la construcción de la comunicación popular. Esto sienta un antecedente de que claramente es posible hacerlo.”

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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) presentó los puntos esenciales que la futura ley de medios debería contemplar. Analizamos sus características.

Para los medios masivos de comunicación ya no es tan relevante el debate acerca de la libertad de expresión en la Argentina. Atrás quedaron los conflictos patronales entre empresas y Estado, los límites o no de acceso al derecho a la información. Más allá de algunos pocos casos resonantes, la mayoría de las complejas modificaciones que empezaron a tejerse en el mapa comunicacional han pasado sin los cuestionamientos necesarios a excepción, claro, del sector que agrupa a los medios alternativos y populares.

En este mismo espacio habíamos advertido algunos problemas que surgían con la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a principios de este año, que absorbió a la AFSCA y la AFTIC y anuló el carácter autárquico de estos organismos, responsables de hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522.

Unos meses más tarde, en el marco del mencionado Ente, se creó la comisión que se ocuparía de redactar un nuevo proyecto que contemplaría las limitaciones en materia de medios digitales que tiene la ley sancionada en 2009. Sin embargo, quienes integran la comisión tienen una dudosa procedencia para encarar un necesario proyecto que deba garantizar, además, la libertad de expresión y el acceso a la información de los diferentes actores del campo comunicacional.

“Objetivos”

Según el sitio oficial del ENACOM, el proyecto para una nueva Ley de Comunicaciones tiene como pilares “la pluralidad, la diversidad, el acceso a la información, la libertad de expresión y de prensa, el federalismo y la producción nacional de contenidos”.

Para tal fin, se propone reformar, actualizar y unificar la mencionada Ley N° 26.522 y la N° 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada en diciembre de 2014.

Así las cosas, se hace difícil pensar cómo alcanzar estos objetivos cuando, al mismo tiempo que se promueven estas cuestiones, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anuncia una inversión en el sector de la telefonía móvil de 80 mil millones de pesos sin precisar de qué manera lo hará y cómo se controlará su pertinente utilización. Hay que tener en cuenta que este sector es uno de los menos regulados del país, y más aún en comparación con otros países del mundo. Ejemplo de esto son los excesivos valores de las facturas frente a un servicio que se destaca a nivel global por su pésima prestación, lo que da como resultado cada vez más ganancias para las empresas.

Por lo pronto, nos abocaremos al análisis, para nada acabado, de los 17 puntos en cuestión.

Los principios presentados por la comisión encabezada por Silvana Giudici hacen una clara alusión a los 21 puntos que promovían la Ley sancionada en 2009. En esta oportunidad, su carácter está centralmente enfocado en los medios digitales (el gran límite de la norma anterior) que, anuncian, serán mucho más democráticos.

Es importante destacar que estas características no serán necesariamente parte de la ley. Esto que parece ser una obviedad, muchas veces queda en la superficialidad social mientras las normas terminan siendo algo muy distinto de lo que anunciaban.

Una de las características de los puntos es su falta de profundidad que, si bien debe estar contenida en la norma, anticipa una ley con ciertas ambigüedades.

Análisis de los principios

Los primeros cinco puntos se encargan de establecer ciertas características y principios que no arrojan ninguna novedad discursiva. Latiguillos como “libertad de expresión” y “acceso a la información”, así como el respeto a las previsiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Constitución Argentina, dan forma a esta primera parte. Sin embargo, en esta aproximación, nada dice sobre qué tipo de regulación se llevaría adelante para alcanzar estos objetivos. Lo importante no es lo que se dice (que seguramente generará muchos puntos de acuerdo), sino cómo se logrará.

El punto 6 habla del acceso universal a Internet y la obligación del Estado para garantizar esta condición, así como también la neutralidad en la red. Sin embargo, esto es algo que no puede acotarse meramente a los medios de comunicación. La infraestructura informática es esencial para alcanzar este objetivo y lo concreto es que en la actualidad son las compañías privadas quienes ejercen un rol fundamental. Incluso pensando en la benevolencia del Estado, la situación es despareja. Esta condición es fundamental para entender la no neutralidad en la red, es decir, que el tráfico de contenidos esté condicionado por decisión de prestadoras de servicios de acuerdo con sus propios convenios e intereses con otros sectores.

Para los medios populares y alternativos, el punto 7 renueva y profundiza el conflicto con el sector. La no caracterización de un espacio para la dinámica de estos medios (los principios destacan tres tipos, a saber: gestión estatal, gestión privada sin fines de lucro y gestión privada con fines de lucro) sostiene los problemas de financiación, promoción y otorgamiento de licencias, sumado a la lucha por poder vivir de la comunicación aunque no sea una composición empresaria. La gestión privada con fines de lucro no es un lugar posible cuando un medio alternativo compite, desde cualquier punto de vista, con monopolios como Clarín o el Grupo UNO, mientras que el área sin fines de lucro –donde pueden aparecer las ONG, medios de difusión para grupos de diferentes etnias e incluso variables religiosas– nada tiene que ver con los medios alternativos, tanto en su conformación así también como sus fines, sin contar la imposibilidad de “lucrar”, entendiendo este concepto como la posibilidad de vivir de este trabajo.

El octavo principio le da carácter de interés público.

El punto 9 cuenta con una serie de contradicciones y características de mucha ambigüedad. En primer lugar, destaca que “En el marco del sistema presidencialista argentino, la autoridad de aplicación de las comunicaciones convergentes debe ser un órgano autónomo y autárquico”, sin embargo, como expusimos más arriba, la creación del ENACOM vino a echar por tierra esta condición de la AFSCA y la AFTIC para poner al sistema de medios bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, es decir, del Poder Ejecutivo.

Asimismo, detalla que el organismo que lleve adelante la tarea debe estar compuesto por personas de “reconocida trayectoria académica o profesional”. Una pregunta obvia es: ¿cuál es la medida? La participación de representantes de todos los sectores intervinientes debe ser una garantía y no una condición sectaria y ancestral como la presentación de un diploma que muchas veces poco dice sobre el conocimiento de la materia. No unos u otros, sino todos y todas. En esta línea, quienes ocupen la función “no pueden ejercer ningún cargo partidario”, siendo esto un riesgo en materia de decisiones que, sin duda, deberán ser políticas y a la vez democráticas. Esta condición es excluyente porque obligaría, en el caso de que el organismo tuviera una composición heterogénea, a abandonar los espacios políticos de procedencia o, como se puede suponer, esté supeditado al tan vigente discurso de la no política, donde las personas que participen no tendrían condicionamientos partidarios en apariencia pero que, sin duda, pueden ser cercanos a la clase gobernante. Por estos tiempos, que los empresarios estén cumpliendo funciones en diferentes niveles del Estado ya es moneda corriente.

El décimo punto es claramente privatista. Amparado en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organización dependiente de la “prestigiosa” Naciones Unidas, afirma que el otorgamiento de licencias y el ancho de banda que un prestador pueda ocupar, se hará conforme a cómo vaya evolucionando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), asegurando que de esta manera se garantiza la competencia y el pluralismo. Está claro que en un contexto de desigualdad económica, la competencia que se pueda dar para seguir los desarrollos tecnológicos no fomentaría ningún tipo de pluralidad. Pensar en la posible participación de las empresas de telefonía móvil, sumado a los ya instalados grupos concentrados como Clarín, Grupo UNO, PRISA o Índalo, entre los más conocidos, repercute en que espacios más chicos, de auge reciente o de poca sustentabilidad económica, queden en el camino. Así las cosas, el mantenimiento de unos y la conformación de nuevos monopolios será un hecho.

El punto anterior es sumamente contradictorio con las garantías que establece el punto número 11 en relación con la competencia prevista por los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional donde, con claridad, afirma que el Estado garantizará “la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales”. En el mismo apartado asegura que la regulación deberá promover la competencia de los prestadores privados con fines comerciales y garantizar las actividades no comerciales. Promover y garantizar son conceptos distintos que muestran la orientación que la ley podría tener en favor de ayudar a algunos a crecer y a otros, a sobrevivir.

Uno de los principios más complejos es el número 13, en el que habla de los intermediarios en la prestación de servicios. Hoy en día, buscadores como Google o Yahoo!, así como redes sociales al estilo de Facebook y Twitter, cumplen un rol fundamental en los medios digitales. Y son pocos las y los ciudadanos que pueden asumir que en Internet hay limitaciones que no vemos, pero que existen y que forman parte de la arquitectura de la red, en los términos de Lawrence Lessig. No sólo hay filtraciones, condiciones en estos medios, sino que allí se deposita una serie de datos personales que pueden ser utilizados de una manera poco amigable para los usuarios. En este sentido, si bien existen leyes para regular la función de estas compañías que tienen actividad en todo el mundo, en general tanto las normas como quienes deben aplicarlas cuentan con serias limitaciones de conocimiento de la problemática.

Los puntos 14, 15 y 16 se refieren a cuestiones que serán difíciles de garantizar si no se contemplan los matices expuestos hasta el momento. Tanto la promoción de empleo, la independencia y la ética periodística (con lo complejo que es usar estos términos) como el pluralismo en los medios públicos, no podrán existir si no se asegura la plena participación ciudadana y de los diferentes sectores de medios que, en esta primera lectura, parece que nuevamente quedarán en el discurso convocante y no en la regla practicante.

Recién en el último punto se recuerda la existencia de los medios comunitarios. A ellos se los “fomentará” para garantizar voces de poblaciones con ciertas particularidades. La primera lectura que se puede hacer de esto es la confesión de que los espectros de mayor competitividad y alcance social están reservados para otros espacios y que los mecanismos de incentivo a través de financiación quedarán tan relegados como lo están hasta ahora.

Conclusión

Como ya lo advertíamos, este es un breve análisis de los principios presentados por la Comisión que se ocupará de redactar la nueva Ley de Medios. Estos puntos dejan tela para cortar, pero está claro que es necesario esperar el proyecto para empezar a sacar conclusiones concretas.

Por lo pronto, como era de esperar, el texto está lleno de palabras bonitas pero que se contradicen con algunas afirmaciones a veces poco claras, otras para que nos preocupemos si queremos gozar de una verdadera libertad de expresión y el pleno acceso a la información. Durante estos meses de gestión, el gobierno nacional ha utilizado estas herramientas que discursivamente se presentan como prueba y error, contradictorias y llamadas a la justificación, para finalmente avanzar con políticas concretas. La discusión está abierta.

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Luego del apoyo del Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero del duro revés en el Congreso Nacional, los medios comunitarios se preparan para dar la pelea en las calles sin desatender el frente legislativo.

Dentro de la agenda de drásticos cambios en los que la Argentina se ve inserta desde la asunción de Mauricio Macri, la política de medios está entre las más visibles e intrincadas. Ya sea por el lugar emblemático que ocupó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la lista de logros del kirchnerismo, por el supuesto papel de Clarín en las elecciones y la formación de opinión y los rápidos decretos que, entre otras cosas, dejaron en la calle a Martín Sabatella, cerraron el AFSCA, nombraron un abogado del multimedios en la Corte Suprema y dejaron sin efecto su supuesta obligación de deshacerse de varios canales de cable en enero. En las últimas semanas, la victoria que las organizaciones que apoyan la comunicación popular y comunitaria lograron al llevar sus planteos en defensa de la “Ley de Medios” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pareció verse nublada por la ratificación en el Congreso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 13 y 267 y el Decreto Presidencial 236, que modificaron la ley. Si bien hay varios recursos de amparo en la Justicia, la aprobación por parte de los legisladores de los decretos hace casi una utopía la vía judicial, por lo que muchas organizaciones ya comienzan a resignarse a la lucha por los derechos de los medios comunitarios en las calles y los intrincados pasillos legislativos, tratando de incidir en la nueva ley que podría llegar en los próximos meses.

“El escenario que se plantea es un desafío para, en principio, no retroceder en los derechos que el sector de medios comunitarios habíamos logrado con la ley 26.522 y que garantizaba un 33% para nuestro sector, entre otras cosas, como los Fomecas y nuestra participación en el Consejo Federal, que era un órgano consultivo en el que toda la sociedad civil venía siendo representada. Lograr mayor marco de unidad en el sector para poder plantear en conjunto, con mayor fuerza, nuestras posturas y demandas, para no retroceder en los derechos que habíamos adquirido y plantear otras cuestiones como democratizar la pauta oficial”, opina Lionel Martín, integrante de Radio Sur, que transmite desde el barrio de viviendas populares del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) en Barracas. Además de dejar sin efecto las implicancias de la Ley de Medios sobre la televisión por cable y disolver el AFSCA, los decretos firmados por Macri en diciembre también enterraron al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) en el cual los medios comunitarios estaban representados y que también administraba los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA). En la reunión de la Asociación Mundial de Artesanos de Radios Comunitarias (AMARC) realizada el fin de semana pasado en Santa Rosa, La Pampa, los miembros de la red contabilizaron $5 millones de pesos que les adeuda el Estado en este concepto.

Muchas de las radios ya hicieron las inversiones y quedaron endeudas, o ven como los presupuestos elaborados el año pasado se disuelven en la inflación o devaluación reinante. Como si fuera poco las radios también deben cargar con la cuentas pendientes de la Ley de Medios, como la ilegalidad o la priorización de proyectos más afines al kircherismo a la hora de otorgar fondos y licencias. Por dar un ejemplo, la radio La Tosca (FM 95.1), anfitriona de la asamblea de Amarc en Santa Rosa, aún no cuenta con licencia a pesar de haber sido censada por el AFSCA, y como si fuera poco, el organismo le otorgó su frecuencia a otra emisora naciente en una escuela de la ciudad. Para llenar el horno de bollos en la difícil coyuntura de los medios comunitarios, la pizzas y cervezas con las que los miembros de Amarc festejaban su primer día de asamblea fueron interrumpidos por la noticia de que la periodista Cintia Alcaraz de Radio Kermes de Santa Rosa había sido detenida por la policía tras intentar cubrir los abusos de los efectivos contra una par de jóvenes madres y sus hijos. Los efectivos de la Comisaría 3 no podían salir de su asombro cuando vieron llegar a ese batallón de jóvenes periodistas independientes al rescate de su compañera. A pesar del pequeño triunfo de la gesta (la periodista y las madres con sus hijos fueron finalmente liberadas), la situación demostró, como dice el comunicado de Amarc “el avance y despliegue de las políticas represivas, no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional y continental”. Y agrega: “Esto ocurre en el marco de políticas económicas antipopulares que aumentaron abruptamente el costo de vida para las mayorías y hasta el momento han dejado el saldo de más de 100.000 despidos entre el sector público y privado, como contracara de los grandes beneficios que se propiciaron desde el Estado hacia los sectores más concentrados de la economía como los agroexportadores, las mineras y los fondos buitre. Nuestras radios redoblan el compromiso de informar desde la mirada y los intereses de nuestro pueblo, que no se resigna y sigue peleando por una vida más digna y justa para todos/as. Consideramos que el ejercicio de  la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Para llevar adelante todos estos desafíos es que desde el sector de medios comunitarios se fomenta un espacio de “Interredes”, del que participan, además de AMARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), la Red Colmena (de medios de comunicación cooperativos), RED COM (de carreras de comunicación y televisiones comunitaria como Barricada TV o Antena Negra) y la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia). Además se reflotó la Coalición por una Comunicación Democrática que en su momento fue una de las grandes impulsoras de la Ley de Medios.

“Lo que la CIDH específicamente pidió que no haya un retroceso a los estándares internacionales de comunicación que se habían ganado en amplios sentidos. También hubo una preocupación en términos de volver a facilitar la concentración comunicacional, generando menos posibilidades para, no solamente generar nuevas voces, sino también que se consoliden las que ya existen. Quedaría  una ley del más fuerte, por lo que se pone en riesgo lo que se llama la competitividad. Que la CIDH haya escuchado nuestras peticiones es un avance. Quizás nos estamos conformando con poco. El escenario ha cambiado y volvemos a nuestra instancia, que ha sido siempre la resistencia, generar acciones. E incluso ir por más. Los nuevos 21 puntos de la Coalición vuelven a la discusión de lo que es la regulación de las telecomunicaciones que habían quedado afuera de la Ley de Medios. Buscamos ahora compatibilizar dos espacios muy complejos, pero con una dinámica que mueve muchísimo dinero. Es el sector de mayor acumulación. Da toda la sensación de que estamos en un espacio que necesitamos consolidarnos como fuerza. Lo que cambió es un escenario político con un poder político concentrado también en el Congreso Nacional, que nos pone de patas lo que hemos construido. Por eso hablamos de retroceso, pero la estrategia es dar un paso adelante, volviendo a dar la pelea en los sectores populares, no solo planteando nuestras necesidades como sector, sino lo que consideramos un derecho inalienable para toda la sociedad. Tener mucha paciencia, madurar mejores estrategias, volver a discutir con las bases, en los territorios y organizaciones, con otros actores. Esto no se va resolver de la noche a la mañana. Pero si dentro de un marco legal que nos pone en una situación de vulnerabilidad. Por eso estas presentaciones en la CIDH, para garantizar estos derechos que ya habíamos ganado”, explica Liliana Belforte de FM En Tránsito de Moreno.

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En esta entrevista desde Che Barracas con Natalia Vinelli, parte de Barricada TV, conversamos sobre las habilitaciones pendientes a los canales comunitarios y la necesidad de seguir reclamando por una comunicación alternativa y de calidad en el marco de la jornada cultural del próximo lunes.

El próximo lunes 18 de abril, a las 15 horas, las redes de comunicación popular convocan a una jornada cultural en la sede de Perú 103. Será el marco en el que los canales comunitarios Barricada TV, Urbana TV y Pares TV entregarán el próximo lunes 18 de abril las carpetas técnicas necesarias para iniciar el proceso de habilitación definitiva de sus plantas transmisoras. En diciembre de 2015 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) –hoy ENACOM– había publicado las adjudicaciones en el Boletín Oficial, pero la incertidumbre de estos meses hizo que diferentes medios siguieran trabajando juntos para seguir avanzando.

Por eso la jornada no sólo incluye el acompañamiento a los canales, sino consignas que unificaron el pedido de muchos medios más, como la defensa del 33 % para los medios sin fines de lucro (incluida en la ley 26.522), por la continuidad de las políticas de fomento y el pago de las cuotas FOMECA adeudadas y por la democratización de la comunicación.

En ese marco, conversamos con Natalia Vinelli, comunicadora y parte de Barricada TV para profundizar sobre la actividad y sus alcances.

¿De qué se trata la Jornada cultural del próximo lunes?

Será en el edificio de la AFSTIC, frente a  la legislatura porteña. Esto es una actividad que acompaña a los canales comunitarios que después de una pelea muy larga logramos tener la habilitación que son Barricada TV, Urbana TV y Pares TV. Todos estos canales estamos en proceso de habilitación de nuestras plantas transmisoras, en una situación de muchísima incertidumbre. No sabemos muy bien hacia dónde va a ir la cuestión y estamos preocupados, así que decididos entregar nuestras carpetas técnicas acompañados por todos los sectores de la comunicación y por las organizaciones políticas y sociales que nos acompañaron hasta ahora en esta pelea. La idea es meter un poco de presión para que los funcionarios que hoy ocupan este cargo finalmente autoricen y legalicen a nuestras emisoras.

¿Podrías desarrollar en qué punto de esta ley nos insertamos nosotros, como medios de comunicación alternativos y populares, a pelear por un espacio, en el 33% para los medios sin fines de lucro?

Puedo hablar desde Barricada TV y cómo lo fuimos enfocando porque quizás hay algunos matices con otros espacios. Nosotros consideramos siempre que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) era sin dudas un paso adelante muy importante respecto de lo que era la ley anterior, la 22.285, que es una ley autoritaria y prohibitiva, y dentro de esto, pensamos que era necesario obtener las mayores reivindicaciones y conquistas posibles como sector de medios comunitarios. En primer lugar, se dio toda una pelea para ser reconocidos como medios comunitarios dentro de la categoría más amplia sin fines de lucro, que es la que tiene la reserva del 33%, que tiene algunos problemas pero que en el escenario en el que se encuentra hoy participando está mucho más para atrás. Esto es una discusión que ya queda  en segundo plano, frente a lo que a todas luces se evidencia como un recorte de las conquistas que fuimos logrando. Entonces, se dio ese proceso de reclamos para que efectivamente ese 33% sea poblado por nuestras voces, para que se abran nuevos concursos.

Esto fue variando y variando las condiciones en el tiempo; indudablemente este 33% no se completó, es muy poquito lo que se hizo en otorgar licencias y por eso es muy importante que hoy defendamos a las radios y a los canales que sí las obtuvimos, porque entendemos que estamos en un escenario en el que muy pocos la obtuvieron y eso nos debilita y nos vuelve vulnerables. Creemos que el sector sería muchísimo más poderoso si en lugar de ser tres canales y un puñado de radios fuéramos 30 canales y cientos de radios. Entonces tendríamos otro espacio de presión frente a lo que hoy es una restauración conservadora que va contra los pocos avances que logramos conquistar. Ese es el contexto en el cual llegamos a la legalización de nuestros medios y hay que decir que durante los últimos dos años hubo una política muy activa de la AFSCA en la promoción y el fomento del sector a través de los FOMECA; que se distribuyeron con una lógica de transparencia y pluralidad y permitió que muchos medios nos pudiéramos ir equipando, y hoy es un área donde despidieron prácticamente a todas las trabajadoras y trabajadoras, quedaron sólo cuatro personas. Y el lugar donde estaba funcionando directamente está en alquiler. Por eso este momento es un retroceso enorme, hoy nos encontramos todos los sectores en defensa de lo logrado.

¿Este mismo contexto hace que se dé la construcción de una “red de redes” para sumar fuerza por este reclamo?

Sí, se dio una red más grande, integrada por espacios que son bastante distintos entre sí, y creo que eso es lo interesante: que por primera vez todos los espacios de la comunicación popular nos juntamos alrededor de reivindicaciones y consignas que nos parecen que nos contienen a todos, que es por la habilitación de los canales, por más concursos para radio y tv, por la continuidad del fondo FOMeCA y los pagos de las cuotas adeudadas, por la defensa del 33% y por la democratización de la comunicación. Esos son los ejes que nos unen y, junto con esto, se realizará un acompañamiento a la entrega de las carpetas. Y en un contexto que va a ser bastante complicado porque los canales que concursamos en la Ciudad de Buenos Aires, lo hicimos por la señal 33, que es la señal que salió concurso después de la realización del plan técnico de frecuencias de la Televisión Digital Abierta (TDA) y hoy en esa señal está Canal 13 como emisión experimental de prueba. Desde febrero de 2015 tenía que mudarse a la señal 35, es decir que hay una organización de la grilla que lo obliga a trasladarse. Obviamente no lo están haciendo, obviamente son un medio muy poderoso que sale con 12.500 watios cuando nosotros tenemos 150, que es lo que nos permitía el concurso. Con lo cual es una situación compleja en la que nosotros tenemos una frecuencia que está usurpada por un enorme grupo económico que demuestra muchísimo poder en este país.

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Ayer se conocieron dos fallos que le pusieron un límite al decretismo de Macri, ya que consideraron a estas medidas como un avasallamiento al Poder Legislativo y la libertad de expresión. Lo destacado es que uno de los amparos fue ante un planteo de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social FM En Tránsito, con quienes hemos dialogado.

La semana pasada habíamos advertido sobre los riesgos de los diversos decretos firmados por Mauricio Macri que promovieron la creación del Ministerio de Comunicaciones primero, intervinieron la AFSCA y la AFSTIC después y que, finalmente, crearan el ENACOM. Decíamos, también, que estas medidas eran un ataque directo a 40 años de discusiones en todo el continente y una clara restricción a la libertad de prensa y expresión, ya que si bien muchas de las medidas se enfocaron contra lugares manejados por el kirchnerismo (con el caso emblemático de la destitución de Martín Sabbatella al frente de uno de los organismos, autárquico por naturaleza), en realidad afectaba al conjunto del mapa de medios más allá del retraso que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 tuviera en su aplicación.

En la jornada de ayer se conocieron dos fallos que dieron marcha atrás con una serie de cuestiones, como dejar sin efecto los decretos 13/15, 236/15 y 267/15 mediante los cuales el presidente Mauricio Macri intervino la AFSCA, desplazó a su directorio, disolvió el organismo y modificó las cláusulas antimonopólicas de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Uno de los fallos fue dispuesto por la jueza federal N° 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns ante un planteo de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social FM En Tránsito .El otro, fue firmado por el juez federal N° 7 en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires Iván Garbarino e impulsado por Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores -ADDUC-.

Los medios PAC en defensa de la ley

Más allá de lo auspicioso que resultan estas resoluciones que han trabado el decretismo macrista, nos interesa resaltar el rol de un medio alternativo combatiendo a los más poderosos. Aunque mediáticamente se ha instalado casi en un lugar exclusivo al kirchnerismo como el defensor de estos avasallamientos, lo concreto es que, como en la larga lucha por la ley, son muchos más los espacios del campo popular que están en el mismo sitio. Este es el mejor ejemplo, donde uno de los espacios que presentó un amparo es la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social FM En Tránsito.

Al respecto, dialogamos con Patricio Enciso Riveros, presidente de la cooperativa.

– ¿Que motivó al medio para promover la denuncia?

– La Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona FM En Tránsito 93.9, militó desde su nacimiento en 1986, por una nueva Ley que rigiera el sistema de comunicación en Argentina. A lo largo de este camino, levantamos junto a otros medios comunitarios y populares, universidades, referentes de la comunicación alternativa, la bandera por una comunicación para el pleno ejercicio de la ciudadanía. Por eso, teníamos la necesidad de poner freno a los decretos que daban por tierra con 30 años de lucha por la democratización de la palabra en la Argentina y por una ley, de las más debatidas en la historia, que lo garantice.

– Desde los Decretos que primero intervinieron AFSCA y AFTIC y luego incluyeron a estos organismos en la órbita de un ministerio, las principales voces las expusieron el kirchnerismo, sin embargo es un medio alternativo quien promueve una de las denuncias ¿A qué creen se debe?

– Nosotros, los medios sin fines de lucro, con nuestro trabajo, fortalecemos la participación en las entidades democráticas locales, y cumplimos la función de garantizar el acceso a la palabra de la ciudadanía. Es muy importante que desde nuestro lugar defendamos, con todas las herramientas a nuestro alcance, lo que construimos a lo largo de 30 años, que hoy es un derecho garantizado por la Ley 26.522, la cual fue declarada de carácter constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un ejemplo a nivel mundial en regulación de medios.

– ¿Por qué ustedes entienden que el ENACOM restringe aún más el acceso de los medios PAC al mapa mediático?

– El decreto 267/15 favorece la concentración, extiende los plazos, favorece las transferencias de licencias, y permite a un solo actor acumular mayor cantidad de licencias. Ese marco siempre dificulta la producción independiente y comunitaria, sin fines de lucro. Aunque el decreto no modifique la reserva para los sin fines de lucro, ni las cuotas de producción.

– ¿Se espera alguna respuesta por parte del gobierno o algún grupo mediático, contemplando que el aparato judicial tiene más vericuetos para el poder concentrado que para los medios alternativos?

– Para nosotros es importante pelearla, seguir con todas las herramientas que tengamos a la mano para defender el proceso democrático de mas de tres décadas que derivó en esta ley y en estos derechos. Sabemos que el camino no es sencillo, pero nuestra experiencia, nacidos cuando regía un Decreto Ley de la Dictadura Cívico Militar (22.285) que nos prohibía, nos ha permitido generar herramientas y articulaciones que nos fortalecen en esta disputa.

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Cautelares, atrincheramiento, consenso… la última resolución del presidente Mauricio Macri de intervenir a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por decreto, otra vez, pone sobre la mesa ejes que requieren nuevas estrategias.

El avance autoritario sobre los organismos “autárquicos” de regulación de las comunicaciones y la iniciativa de convergencia entre ambos, cada uno con sus respectivas leyes surgidas durante el kirchnerismo, pero que fueron discutidas en el Congreso, revela un modus operandis inédito en la Argentina.

Sin embargo, la única respuesta posible en esta coyuntura, ante una estructura judicial intervenida, es la acción política. Si bien hasta ahora la izquierda tradicional no apareció en el aguante a AFSCA, se pronunció en contra de la intervención. Algunos grupos independientes se acercaron, pero muy tímidamente.

Por otra parte, la reaparición pública de la Coalición por una Comunicación (antes Radiodifusión) Democrática es un buen auspicio, porque apunta a aglutinar a todos los actores de la comunicación pero también a organizaciones sindicales y políticas nacionales conscientes de que la LSCA es una conquista popular, llevando el espacio a una idea multisectorial. Por otra parte, las redes de medios comunitarios también crecieron en este tiempo y se sumaron a la disputa. Ya se habían unido para exigir las licencias adeudadas por el organismo. Y además se replantean algo fundamental: repensar la estrategia comunicativa.

Más allá de la lucha puntual que hoy desvela, los medios comunitarios se preguntan: ¿Cuánto más podremos sostener este “atrincheramiento” democrático? Es hora de tejer estrategias de comunicación para crear un nuevo consenso social, tanto de defensa de la Ley como de reconstrucción de una nueva agenda.

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Segunda parte de la nota que hace un repaso  en el posicionamiento de los candidatos presidenciales ante la LSCA. Balances y perspectivas de cara a la llegada de una nueva gobernación. 

El porteñismo al poder: yo te clausuro

Es fiel representante de la idiosincrasia porteña y de la privatización del Estado en manos de la tercerización a través de aliados como grupos económicos, figuras del espectáculo y del deporte, entre otras. La varieté amarilla no tiene límites. Mauricio Macri, también tiene un plan, si se quiere, para el sistema de medios. Hace pocos días atrás, aseguró que “el país se merece un real debate de la Ley de Medios fuera del contexto de una pugna por el poder”. En este sentido, el candidato de Cambiemos destacó que “no tiene lógica regular el servicio de cable porque no ocupa espectro radioeléctrico”.

Un actor muy particular en la relación PRO-Clarín es Fabián Rodríguez Simón o “Pepín” para los más íntimos del macrismo. Y es que Rodríguez fue uno de los principales actores en el diseño de la estrategia para trabar la ley de medios en contra del Grupo, lo que estableció buenas migas de cara a 2016, si es que el sillón lo termina ocupando Macri. Ese año la Justicia deberá determinar la adecuación de oficio del multimedios.

El mandatario porteño viene hace tiempo tirando líneas que sostienen esta posible decisión. Aseguró que el oficialismo llevó adelante “una lucha permanente contra la libertad de prensa” y dijo en defensa de Clarín que lo que ha hecho (el Gobierno) es “hostigar a aquellos que expresan una idea distinta”. Al mismo tiempo, clausuraban las instalaciones del canal de TV C5N perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal López, aliado del oficialismo.

En coincidencia con Massa, el líder del PRO asegura que la salida para el actual sistema de medios es que el sector “tenga un marco de competencia en igualdad, para que pueda expandirse e ir hacia la convergencia”. Final del juego.

A darle Massa

Este sí es el candidato mimado del Grupo Clarín y jugó a dos puntas entre la Corte Suprema y el Grupo cuando aún restaba saber el fallo que obligaría a su desinversión. El hombre del Frente Renovador y candidato presidencial de UNA, prefirió en ese entonces guardarse sus comentarios y que fuera la justicia quien avanzara en frenar a Clarín y avalar la constitucionalidad de la ley. Tiene un aceitado vínculo con los principales empresarios de medios en la vereda opuesta al kirchnerismo. Respecto de la Ley de medios aseguró que “es una antigüedad” porque “en ningún artículo aparece la palabra Internet”. Según el candidato presidencial, esto tiene que ver con que “la tecnología avanza más rápido que un Estado torpe, que está pensando en ver cómo regula, cómo frena o cómo controla, cuando en realidad lo que tiene que hacer es ayudar a crecer y a desarrollar la tecnología”, en un guiño guiño a su aliado Clarín.

Massa indicó que es necesario girar hacia un carácter privatizador con una estructura mixta. En este sentido, el candidato de la convergencia y de la profundización de la concentración a través de su propuesta hacia la “multiplataforma”, establece sus aliados de juego de cara al escenario 2016.

Dame todo el power, para el pueblo

El candidato por el FIT, Nicolás Del Caño, aseguró en una entrevista a P/12 que el voto a Scioli, Macri o Massa es “un voto para las grandes empresas”.  Y especificó que como fuerza mantienen “un programa común” y que es “necesaria la organización de una gran fuerza política de la clase trabajadora que, en perspectiva, pueda arrancarle el poder a los capitalistas”.

Si bien el joven candidato no se expresó recientemente sobre la ley y la regularización del sistema de medios, en ocasiones anteriores explicó que existe un “doble discurso del kirchnerismo. Cuando tenía buena relación con Clarín no había problemas, se enfrentó y entonces pasó a ser un monopolio”. Del Caño retrató el panorama actual: “la ley planteaba que el 33% de los medios estaría en manos de los trabajadores y agrupaciones, y los compañeros aún esperan que eso se cumpla”. A su vez, criticó que la normativa “no habla del Estatuto del Periodista”.

La ley de la venganza

 En pleno auge del conflicto Gobierno nacional-Clarín, la candidata del frente Progresistas, Margarita Stolbizer dijo allá por 2013 que “el avance cualitativo que significó esta ley se tiró por la borda a través dos artículos que son inconstitucionales porque pretenden una aplicación retroactiva, algo que no se puede hacer en nuestro sistema jurídico”, afirmó sorpresivamente en defensa del Grupo. Recientememente con un tono más light, aseguró que “nació desactualizada” en relación al lugar ausente de las telecomunicaciones en la normativa, “en un mundo muy global”.

La candidata sostiene un discurso con fisuras en el plano político pero asegura que van a tener los votos más leales. Entiende que el principal problema de la ley es que estuvo basada en un “verdadero sentido normativo más cercano a la venganza que a la verdadera regulación de la actividad”, sin embargo, no explicita cuales son las reivindicaciones para el sector, excepto el atraso tecnológico. Es ésta entre otras posiciones, las que coincide con sus adversarios, Massa y Macri.

Hacia donde ir

Parece ser una pregunta que poco preocupó a los candidatos presidenciales respecto del sistema de medios y su regulación. Casi no tuvo minutos en los spots de campaña y el debate presidencial lo pasó por alto. Este análisis aporta elementos que brillan por su ausencia en los discursos, como la democratización de voces y miradas en el sistema de medios y la apuesta a una comunicación basada en el respeto y la democracia cuya pluralidad sea garantizada por el Estado.

Pareciera difícil pero necesario pensar hoy la construcción de un proceso que piense cómo no priorizar el oficialismo por sobre lo público y cómo encarnar este debate en nuevos y futuros escenarios que contemplen decisiones en la aplicación de una ley vigente, que incluya a todos los sectores sociales. A esto se suman las discusiones sobre las fisuras en la definición, de lo público, de la tergiversada independencia y su posterior producción de lecturas tendenciosas, la cuestión de lo privado y su ligazón al mercado, los aportes que realizan las nuevas tecnologías, los formatos digitales, los medios autogestivos y los corresponsales populares de la noticia ´en el territorio´. Todo indica que estamos frente a una nueva época donde el sujeto social reclama debatir qué sistema de medios queremos y como construirlo.

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Los candidatos presidenciales le esquivaron el bulto y se refirieron poco y nada al tema. La década ganada tampoco dejó cambios sustanciales en el mapa comunicacional. Qué le depara al sistema de medios en nuestro país.

En primera fila

Argentina estuvo durante todo este año inmersa en un proceso electoral presidencial que fue atravesado por los ejes centrales de la agenda kirchnerista, así como de la opositora. La carrera hacia el sillón de Rivadavia se acentuó en el último tramo con la gran presencia de publicidad de campaña en los canales de la tv pública así como privados, tal como lo establece la Dirección Nacional Nacional Electoral. El debate presidencial 2015, sin penas ni glorias a nivel político, tuvo incluso el faltazo con aviso de Daniel Scioli. Aun así, con 14,5 puntos de audiencia, el debate tuvo menos raiting que Tinelli.

Si bien los candidatos en carrera se expresan más o menos sobre modificar o no la Ley de medios vigente (26522) y cuya autoridad de aplicación es la Afsca, el debate trasciende lo meramente electoral. La percepción sobre el rol del periodismo y el lugar que tuvieron los medios en la construcción de opinión pública e instalación de “temas” en los últimos años, acentuó un proceso de segmentación en las lecturas a la par de un proceso de concentración en los grupos económicos, incluso en la era Afsca. Podríamos entender que estos hechos se dan como primera consecuencia de la polarización oficialismo – oposición, lo que determinó también la agenda-setting de los últimos meses.

Por otro lado, los anuncios y las cadenas nacionales con presencia de candidatos kirchneristas junto a la presidenta Cristina, sumaron minutos. Mientras que la troupe kirchnerista hizo su recorrido por los medios cercanos, la oposición hizo lo propio con la corpo y su aliado intransigente el Grupo La Nación. Encuestadoras, marketing y programas de chismes devenidos en derroteros del showbiz político argento, son algunos de los nuevos tips infaltables para candidatos y medios. Somos meros espectadores frente a la concentración de los sistemas de medios que se acentuó en los últimos años, no sólo en Argentina sino en toda América Latina. Se consolidó un escenario dominado fuertemente por los grupos económicos, que como señala el especialista en comunicación, Martin Becerra, mutó hacia una convergencia entre medios, telecomunicaciones e internet. Dicho esto, la concentración de este sistema no se plantea ya así sino que “está protagonizada por grupos económicos que desbordan las actividades mediáticas y tienen intereses en las redes digitales y en otras áreas como los mercados financieros”.

A seis años de la Ley de medios

Finalizando la década ganada, la Ley de medios deja un saldo incompleto que será necesario revisar por el próximo responsable, a nivel nacional, del futuro de los argentinos y las argentinas.

Si bien se avanzó por primera vez en términos federales en la regularización de los medios sin fines de lucro, uno de los principales objetivos de la ley. A la luz del ordenamiento del sector, la Afsca tomó ciertas decisiones al menos cuestionables. Por un lado, avanzó en adjudicaciones directas a diferentes operadores del tercer sector. En este sentido, es notable la adjudicación y regularización de cablesoperadores por sobre emisoras de FM y AM sin fines de lucro. Por otro lado, nunca se realizó el Plan Técnico que regularice y reconozca a los medios sin fines de lucro y la reserva del 33% del espectro. En cambio, se lanzaron programas de financiamiento como el FOMECA, que si bien actúan como punta de lanza para medios autogestivos, resultan incompletos porque no hacen más que evidenciar la cantidad de medios sin licencias. Por último, tampoco se realizaron aperturas de concursos públicos para licencias de radio AM y FM sobre todo, que diseñen con equidad un mapa nacional.

Todo esto sucedió a la par del allanamiento y secuestro de equipos técnicos a Antena Negra TV, un canal de televisión alternativo de la Ciudad de Buenos Aires, a comienzos de septiembre de 2015. La señal que integra la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), enfrentó el secuestro inaudito de sus equipos por parte de personal de la Policía Federal, en lo que se leyó, para el sector de medios alternativos, comunitarios y populares, como una brutal manifestación del orden político actual. Allí se conjugaron los estamentos de persecución y control de las fuerzas de seguridad, de la Justicia porteña y de quien debe velar por la libertad de expresión y los derechos de los sin voz, el Estado a través de Afsca y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFSTIC).

Fue a través de iniciativas de presión ejercidas por redes como la RNMA, FARCO y AMARC, que la Afsca convocó en diciembre de 2014, por medio de la resolución Nº 1478, a un empadronamiento de operadores de radiodifusión, FM, sin fin de lucro. Esto permitió el primer paso hacia un marco de reconocimiento e institucionalidad. Si bien en términos legales el empadronamiento no significa más que un nuevo censo, en este caso específico puso de manifiesto la vocación de las radios comunitarias en la búsqueda de la regularización.

Pero lo cierto es que estas decisiones políticas tuvieron corto alcance y desde 2009 el conflicto con el Grupo Clarín, dominó la escena nacional. Cuando compró Nextel, nadie se asombró. Y como señala Becerra, el Grupo es anfibio. “Desde la perspectiva económica, es un actor de telecomunicaciones; desde la perspectiva política, es un actor mediático”. Y si bien su desconcentración atravesó distintas instancias judiciales, la Corte Suprema fue otro aliado más y la afanada desinversión sigue pendiente. Así como la reserva del 33% de frecuencias para los medios sin fines de lucro.

Los candidatos y su relación con los medios

Esta coyuntura que traza un mapa del sistema de medios, las relaciones de poder con los grupos económicos y el lugar que ocupan los medios sin fines de lucro, tuvo un pequeño y desdibujado lugar de cara a las elecciones de este próximo domingo. Los principales candidatos en la disputa presidencial, Sergio Massa por el Frente UNA, Mauricio Macri por Cambiemos, Daniel Scioli por el FPV, Margarita Stolbizer por el frente Progresistas y Nicolás Del Caño por el FIT, manifestaron posiciones tibias frente a la LSCA y qué políticas trazar hacia el futuro.

Banderas en tu televisión

A lo largo de estos últimos meses, Daniel Scioli mostró una política sinuosa en torno a las relaciones tanto con grupos económicos concentrados como con los defensores de los derechos a la libertad de expresión. A mediados del año pasado asistió al Foro organizado por el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, que preocupó a CFK y generó fuertes críticas dentro del kirchnerismo. Sin embargo al mismo tiempo, el candidato por el oficialismo aseguró en el programa 6,7,8, que respetará el fallo que declaró constitucional y obliga por ley a Clarín a desinvertir. Y aclaró filas adentro que “los que dudan de mi posición en este tema deben recordar que mi vicegobernador es Gabriel Mariotto, que fue autor de esa Ley que sancionó el Congreso”

Es decir que a medida que avanzó el año se fueron moviendo las fichas en el mapa de relaciones con los empresarios del sector. Mientras que en 2014, el secretario de Comunicación de la provincia de Buenos Aires y flamante presidente del Consejo Consultivo de Medios Públicos, Juan Courel, participó del encuentro de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en lo que se leyó como uno de los principales encuentros de lobby de comunicación de la Argentina. Este año no pasó lo mismo, Courel no asistió y en cambio sí lo hicieron los macristas Fabián Rodríguez Simón y  Gabriel Mihura Estrada de UNA.

Por caso si el próximo presidente es Scioli, habrá que seguir de cerca lo que sucede con el papel y el crecimiento económico que tuvieron los conglomerados privados cercanos al oficialismo como, Grupo Indalo de Cristóbal López, Grupo Uno de Vila y Manzano y Grupo TeleCentro de Alberto Pierri. Y el manejo de la financiación a estos medios afines con la designación indiscriminada de partidas públicas a través de la publicidad oficial.

A días del domingo, ningún candidato del oficialismo especificó cómo profundizar el camino hacia la democratización y el reconocimiento de los medios sin fines de lucro.

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Martín Becerra, docente e investigador del CONICET, analizó esta nueva adquisición del Grupo en una entrevista radial con el programa La Revancha (FM La Tribu). Además, opinó sobre C5N y calificó el allanamiento al canal comunitario Antena Negra TV como “preocupante”.

El Grupo Clarín compró el pasado lunes 14 de septiembre la cuarta operadora de telefonía móvil del país y controlará así el 49 por ciento del paquete accionario de Nextel Argentina. Cuando tome control de esta empresa, Clarín acumulará el 13 por ciento de la facturación del mercado de telecomunicaciones y se convertirá en un actor con capacidad de competir con los tres grandes operadores.

¿Cuál es la apuesta del Grupo Clarín en esta compra, que vos decís que se vistió de posguerra?

El Grupo Clarín tiene por sus ingresos más importancia en el sector de las telecomunicaciones que en el sector de los medios tradicionales periodísticos. Más del 80 por ciento de ingresos del Grupo son de Cablevisión y Fibertel, empresas cuya esencia es transportar datos producidos mayoritariamente por otros (Netflix, Facebook, Youtube, FOX, Sony). Esto lo convierte para mí en un actor típicamente de telecomunicaciones, pero esta actividad económica tiene en la telefonía móvil su principal renta, la “crema” del negocio. Y ahí va Clarín, a comprar una empresa hoy pequeña, como Nextel, pero que intentará unir y complementar con las redes físicas importantes que ya tiene a través de Cablevisión y Fibertel. Por eso yo decía que Clarín se viste de posguerra, porque con esta compra proyecta a futuro y, por primera vez, “levanta la cabeza del agua”. Esto significa visibilizar su estrategia más allá del enfrentamiento que lo consumió en los últimos 7 años con los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

La AFTIC dijo que la compra aún no estaba autorizada, ¿qué desenlace puede esperarse a nivel legal como político?

En términos políticos, AFTIC plantea que “Argentina Digital” -la Ley vigente del sector telecomunicaciones, competente para encuadrar legalmente esta compra- no se cumple en este caso, porque la misma indica que todo movimiento de acciones en las licenciatarias de este servicio, debe ser autorizado por la autoridad regulatoria, es decir, la AFTIC. Clarín tiene una interpretación distinta, que no comparto. Señala que la Ley necesita ser reglamentada para estar operativa. Seguro esto desembocará nuevamente en un pleito judicial, porque el Gobierno no autorizará la compra, aunque es cierto que el tiempo del juega en contra. Esta compra no pudo haber sucedido sin el aval de los principales candidatos presidenciales, incluido Daniel Scioli. Me consta que fue así. Es muy difícil que la compra no sea avalada por el poder político después de diciembre, pero es probable que hasta ese momento puede armarse otra batalla de esta larga guerra iniciada en 2008.

¿Qué lectura hacés del impacto que tuvieron los casos de Antena Negra TV y C5N y de la vigencia de la Ley de Medios?

Los funcionarios del Gobierno que salieron a hablar por lo de C5N me parece que responde a una sobreactuación. En los casos de quienes salieron a hablar, ya estamos acostumbrados a que interpreten como violación a la libertad de expresión cualquier obstáculo legal o administrativo que tengan personalmente o sus medios concentrados, aliados al Gobierno. El gobierno de la Ciudad cometió en este caso una torpeza y fue improcedente ese operativo de clausura de un garage en un medio de comunicación. Este tipo de clausuras preventivas, deben ser realizadas a partir de un expediente, derecho a defensa, que no me consta haya ocurrido en este caso. Sí creo que no se trata de una violación a la libertad de expresión ni mucho menos. Los conductores y animadores televisivos que, como víctimas, dijeron que Cristóbal López ahora era perseguido por el gobierno de Macri, son los mismos que en la pantalla de TN decían que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual iba a regular a los diarios. Al decir esto, carecen de conocimientos básicos sobre libertad de expresión y se convierten en voceros de las empresas donde trabajan. Lamento por ellos que esto suceda, porque son finalmente empleados, pero me parece que fue todo una gran sobreactuación.

¿Y en relación a Antena Negra?

Es un caso distinto. Ahí sí creo que se afectó a la libertad de expresión, y hubo una violación a los principios generales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que el Estado mismo hasta ahora no facilitó las condiciones que la ley exige para el sector sin fines de lucro, alternativo, y comunitario. Al no hacerlo, deja a muchos operadores -como Antena Negra-, a la intemperie de tener que utilizar recursos públicos, ya que el propio Estado no permite ni facilita ni garantiza los recursos para que estos sectores estén plenamente legalizados. Esto significa que el Poder Ejecutivo no cumple la ley que el propio Gobierno Nacional impulsó hace 6 años. El allanamiento y secuestro de equipos ordenado por un Juez Federal, y con una causa penal sobre uno de los representantes del canal comunitario, es verdaderamente preocupante. Sobre esto, el oficialismo tardó mucho en reaccionar, aunque reaccionó: por ejemplo la Defensoría del Público Audiovisual se presentó en la causa como amicus curiae para respaldar la posición de Antena Negra TV. El juez aceptó esa presentación, hubo reuniones, y hasta donde sé, la expresión de compromiso y voluntad fue plasmada tanto desde AFTIC como de AFSCA, para evitar que la causa judicial termine con procesados y cierre de la emisora. Pero, como digo, la reacción fue tardía. El Gobierno habla mucho de la ley, de la batalla cultural y la democratización, pero en los hechos este sector sigue muy desprotegido, carece de licencias legales. En cambio, en estos años los verdaderos premiados y ganadores de la política gubernamental fueron grupos privados, comerciales, concentrados como el de Cristóbal López o Sergio Szpolski.

Audio completo de la entrevista

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