Esta entrevista es un trabajo colaborativo de Marcha Noticias , Desinformemos de México, La Tizza de Cuba, Peoples Dispatch de Estados Unidos, Brasil de Fato de Brasil, Kaos en la red de España, Liberación de Chile, Resumen Latinoamericano de Argentina, En la Pirqa de Bolivia y Colombia Informa. A continuación presentamos la primera parte de las declaraciones realizadas por el dirigente de dicho grupo insurgente y los analisis y expectativas de paz que se abren para Colombia.

LT: Recientemente el 4 de julio, se conmemoró el 58 aniversario del surgimiento del ELN. ¿Cuáles son los recuerdos que le vienen a la mente sobre esos orígenes? ¿Qué causas sociales explican el surgimiento de la guerrilla? ¿Cuáles son las razones personales que le hicieron entrar a la guerrilla?

Antonio García: Las dolorosas experiencias de construcción de guerrillas revolucionarias que acompañaran las luchas del pueblo luego de la violencia. La oligarquía liberal-conservadora, para superar la violencia realizó varios pactos en 1957, que fueron puliendo hasta definir el Frente nacional. En mayo de 1958 se hicieron las elecciones y el 7 de agosto se posesionó el primer presidente; a partir de ahí se turnarían el gobierno cada cuatro años. Las guerrillas liberales fueron engañadas y traicionadas en una negociación que sólo buscó su desmovilización.

Luego vino una etapa de ensayos en la construcción de guerrillas apoyándose en los residuos o grupos que habían quedado de la violencia o de las guerrillas liberales, donde varios dirigentes rebeldes fueron asesinados por esos mismos bandidos como parte del plan de la oligarquía, como fueron los casos de Federico Arango Fonegra y Antonio Larrotta.

Una nueva guerrilla revolucionaria e independiente de la influencia oligárquica debía nacer como producto de la reflexión de estos errores. Fue la tarea que asumieron dirigentes de la juventud rebelde, que se juntaron con el movimiento de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja, los estudiantes de las universidades y de guerrilleros que no quisieron amnistiarse y que habían luchado bajo el mando del guerrillero liberal de Santander Rafael Rangel Gómez. Estos tres componentes parieron el primer frente guerrillero rural que marchó por primera vez el 4 de julio de 1964, pero ya la guerrilla urbana del ELN también había incursionado un mes antes apoyando las causas populares.

Las causas del surgimiento de la rebelión armada son de naturaleza social y política. Las primeras son las injusticias en las que están sumidas las mayorías nacionales, producto de un sistema político que favorece a una élite, que vive mejor, a causa de la pobreza de la mayoría; es la élite que ha gobernado al país por siglos, que usa el poder político, militar, jurídico y mediático para imponer su voluntad en favor de los grupos de poder económico alineados con los intereses norteamericanos; para eso excluye políticamente, persigue, judicializa y mata; de ahí nacen sus políticas y prácticas de donde sale lo real: los presos políticos, exiliados, desplazados, torturados, masacrados, desaparecidos y el genocidio. Unas realidades negadas por los gobiernos como los presos políticos y otras sólo hacen parte de fríos números en las estadísticas.

En una lucha de esta naturaleza, no pueden haber razones personales, es igual en todas las personas del pueblo, uno se va encontrando en su propia vida con esta realidad, lo ve en otros y en otras, el dolor y el sufrimiento; la necesidad en cada rostro y en cada casa; en las ciudades y los campos. El ser humano es por naturaleza un ser social, de esa comprensión nace la pertenencia a una colectividad y por tanto un compromiso por un destino común: no aceptar las injusticias en las comunidades y hacer parte de la construcción de un futuro más feliz para todos.

Desde muy joven fui dirigente estudiantil en mi colegio y estuve comprometido junto con otros jóvenes en la lucha por las reivindicaciones de estudiantes, campesinos y pobladores en Mocoa, mi lugar de origen a principios de la década del 70; luego seguí la lucha estudiantil y popular en la Universidad industrial de Santander; en esas mismas luchas, en esos mismos lugares, en los barrios populares me encontré con otros muchos compañeros con quienes terminamos identificándonos con las aspiraciones del pueblo y vimos que la mejor opción era vincularnos al ELN y lo buscamos, antes que ellos nos buscaran.

LT: Cuando nos acercamos al pensamiento latinoamericano autóctono nos encontramos con un pensador profundo como Camilo Torres. Quien logra percatarse, por medio de sus análisis, que las clases dominantes impedían cualquier posibilidad de cambio por medios «pacíficos». ¿Cuál es el lugar de Camilo Torres en la guerrilla del ELN? ¿Cuál es el significado que tiene para las luchas populares de Colombia? ¿Cuánto se estudia de su pensamiento hoy en los movimientos populares?

AG: Camilo Torres está en el mismo origen del ELN, pues cuando el ELN está en su primer año de existencia, Camilo también está en la construcción de un gran movimiento político que se llamó Frente Unido, recorrió campos y ciudades; en ese encuentro con la gente fue construyendo su programa, igual lo hacía el ELN; en ellos hay una gran identidad en los propósitos estratégicos. Camilo llegó a dicho programa en la lucha política amplia, pero es perseguido por el Estado y excluido por la jerarquía de la iglesia Católica, las puertas de la legalidad se van cerrando, y en esa misma medida Camilo se va acercando al ELN, y al final se va con quien se identifica.

Camilo era el principal dirigente político de Colombia, se une a una guerrilla revolucionaria, al hacerlo, está marcando un horizonte para las grandes mayorías excluidas, de ahí en adelante habrá una juntura, entre lo que venía construyendo Camilo en el pueblo y las guerrillas del ELN. Pero además de eso, para refrendar esa identidad, Camilo llegó al ELN convencido que debía ser un Jefe guerrillero, que debía prepararse para ir a crear otros frentes guerrilleros a otras regiones del país, de ahí en adelante eso quedó claro en la conciencia de las generaciones de nuestra guerrilla. Camilo está en el corazón y esencia del pensamiento del ELN, por eso tiene el más alto reconocimiento como uno de nuestros tres Comandantes en Jefe.

El significado para las luchas populares, Camilo lo dijo muy claramente en sus mensajes a todos los sectores y al pueblo colombiano, en sus llamados a la necesidad de la unidad para la lucha; en no quedarse sólo en la lucha reivindicativa y construir caminos para llegar al poder político; que en la lucha hay que perseverar, que ella es larga y por eso hay que empezar cada día con nuevas energías; y sobre todo, que en una lucha del pueblo los dirigentes deben estar comprometidos hasta el final.

Sin duda que Camilo es un referente de lucha para todo el campo popular; muy seguramente se estudia y se lee su pensamiento; pero lo que ha acontecido en estos tres últimos años de lucha del pueblo colombiano, evidencian que están impregnados de su vocación, energía y entrega por la Colombia con la que él soñó.

LT: En una ocasión el Comandante Manuel Pérez, habló de cómo la guerrilla debía hacerse cuerpo en el pueblo. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan al ELN en esa búsqueda de unidad del movimiento político con las masas? ¿Fue siempre así o es parte de un proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo?

AG: Cualquier forma de organización en una sociedad, es regulada por la experiencia a lo largo de su historia; su nacimiento tiene unas causas, unas razones que son originadas por las circunstancias de vida; igual su desaparición, cuando ya no es necesaria o cuando hay otras formas superiores de organización o las circunstancias son otras distintas a las que originaron su nacimiento.

El ELN nació como una organización político-militar, y sigue teniendo ese mismo carácter, sólo que ha ido evolucionando. En los primeros 10 años, el ELN estuvo sometido a permanentes operaciones militares y su acción política en relación con las masas se vio afectada por la represión inclemente de los militares, campos de concentración, campesinos amarrados en helicópteros eran llevados por los aires para intimidar a sus comunidades, torturas y otro sinnúmero de barbaridades, como lo enseñan los manuales de contrainsurgencia. Esas operaciones rompieron el tejido social de las áreas por donde se movía la guerrilla; esto conllevó a que la guerrilla se inclinara más por la operatividad militar para evitar que las gentes fueran afectadas.

Junto a lo anterior, también existía un pensamiento que le daba más peso al papel dirigente de las organizaciones políticas o guerrilleras, se catalogaban de vanguardia. Se cometieron errores dándole más peso a la guerrilla que a las masas, si bien eso podía estar en la visión que se tenía, las circunstancias operacionales terminaron imponiendo esa dinámica.

Con el tiempo vino la reflexión, el aprendizaje de otras experiencias, tanto del país como de otras latitudes. Ese proceso de reflexión y cambio lo lideró el Comandante Manuel Pérez, se abrieron nuevas experiencias y aprendimos que más que dirigir se trataba de acompañar las luchas del pueblo. Esto quería decir que estando junto al pueblo en sus vidas, en sus comunidades, se construye futuro, y también debe acompañarse sus luchas, para eso se requiere estar un paso adelante de las masas, pero no más que uno; para poner el pecho, para romper y enfrentar los peligros; para eso hay que estar un paso adelante; no para tener o exigir privilegios; si te vas más de un paso te alejas y te quedarás sólo.

LT: ¿Cuál es la concepción política del ELN, su estrategia de lucha, la visión que poseen del socialismo, de poder, y de qué fuentes teóricas y prácticas históricas se nutren para alimentar su concepción de lucha?

AG: La concepción política del ELN está fundamentada en que la historia, donde las transformaciones las hacen los pueblos. A lo largo de la historia universal, en un tiempo determinado, se han juntado: circunstancias, capacidades en una fuerza político-social, y un ideario de cambio. La estrategia del ELN se orienta y trabaja en estos tres campos, para construir un nuevo régimen político capaz de democratizar el país, darles participación a las mayorías para realizar los cambios para una Colombia distinta, más justa, más equitativa y feliz. Desde luego que el ELN le apuesta a la construcción de una sociedad pos-capitalista, pues el capitalismo es tan sólo un momento en la historia de las sociedades; muy seguramente habrá una sociedad con un orden social diferente que se llama Socialismo y otros pueblos han intentado y seguirán intentando construirlo. Así como los esclavos soñaron con un mundo sin esclavos, cosa que hoy es casi realidad.

Todo ideario es una guía para la acción, tiene unos horizontes de futuro que nacen de la experiencia de la humanidad y de su reflexión en cada lucha cotidiana para hacer posible una ruta que nos conduzca a esos objetivos; así se hace en la vida diaria, igual es en la lucha de los pueblos.

El ELN, si bien se alimenta del pensamiento surgido de la experiencia de la lucha de los pueblos del mundo, también se nutre de la propia experiencia de lucha del pueblo colombiano y latinoamericano, de sus gestas libertarias e independentistas. En el ELN, la historia se vuelve pensamiento y luego acción. Somos parte de los Movimientos de Liberación Nacional, por tanto Marxistas, Bolivarianos, Guevaristas y Camilistas. Estamos por un nuevo tipo de Nación, no por la Nación-Estado propia del capitalismo, sino por la Nación Social, que reivindique al ser humano, la vida y la naturaleza. Una Nación donde prime la sociedad y no el Estado, y es quien debe garantizar el bien social.

LT: A su juicio qué relación debe existir entre la concepción de paz y justicia social. ¿Puede haber paz con capitalismo? ¿Cuál es su valoración de la violación sistemática de los Acuerdos de Paz que fueron suscritos en la Habana?

AG: La paz, en la historia se ha asociado a un tiempo antes o después de una guerra; como si esos tiempos de «paz» fueran mejores para toda una sociedad concreta, para todos sus integrantes. Muchas veces se ganaron o se perdieron guerras y no por eso los pueblos lograron vivir mejor; y eso que son los pobres quienes colocan siempre la fuerza combatiente.

La paz no siempre está asociada a la justicia social y el bienestar de la sociedad, por lo general sólo se asocia a la ausencia de confrontación armada; y sucede todo lo contrario, por cuanto se han erigido regímenes autoritarios para beneficiar élites económicas y políticas que usan el poder para seguir enriqueciéndose, en ese contexto sectores de la sociedad se ven obligados a alzarse en armas, pues no hay otra opción para lograr los cambios que favorezcan a las mayorías empobrecidas y excluidas.

La naturaleza del capitalismo es la explotación del trabajo, de los trabajadores; las máquinas o las materias primas solas no producen riqueza, por eso necesitan a los trabajadores. Cuando el Capitalismo se ve amenazado se abre a reformas o pactos, como aconteció al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se avino a un capitalismo social, o de bienestar en Europa; pues se sentía amenazado por el avance del socialismo en Europa del Este. Pero cuando se desintegró la URSS, a finales de los 80, se acabó el pacto entre el capital y el trabajo; se acabó el capitalismo de bienestar, y se abrió el paso al neoliberalismo brutal. El capitalismo se negó a avanzar por la vía de los acuerdos con el trabajo para crear una sociedad más equitativa. Hoy tenemos sociedades y países quebrados, conflictos sociales y políticos en todos los continentes y el llamado primer mundo también ha sido tocado por las explosiones sociales. Ha quedado claro que sin luchas no habrá justicia social.

Sobre la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, que culminó en 2016; me es difícil responder en la medida que he sido crítico de lo que aconteció, tanto de los acuerdos como de la forma como se hizo. Sólo hago esta reflexión: ¿se puede estar seguro que la contraparte cumplirá los acuerdos?; lo correcto sería poder dilucidar esta duda metodológica; si no se hizo, la culpa es de quien negocia así, pues en este tipo de procesos no se puede obrar de buena fe, pues está en riesgo la vida de mucha gente. Que siga muriendo gente que participó en un acuerdo de paz, interroga más a quien está en el poder.

Source

Por Maru Waldhüter y Laura Salomé Canteros

Elsa Nury Martínez además de ser presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) e integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-La Vía Campesina), es la voz que denunció ante la ONU la violencia y represión sistemática contra defensoras y defensores de la tierra y los territorios en Colombia.

La CLOC – Vía Campesina advierte que desde 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, se cometieron al menos 1.139 asesinatos de líderes y lideresas sociales además de los numerosos casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

En noviembre del año pasado, Nury fue amenazada de muerte por el grupo narcoparamilitar Águilas Negras – Bloque capital con el fin de obligarla a abandonar su militancia territorial. El 28 de diciembre de 2020, Omar Moreno Ibagué, líder social y miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de Meta, fue asesinado en Nariño. Las organizaciones campesinas y el relevamiento de la ONU en Colombia advierten que 2020 fue el año más violento. Según los datos de la CLOC – Vía Campesina se registraron 91 masacres que terminaron con la vida de 381 personas, además de los 310 asesinatos de líderes y lideresas sociales.

*

¿Cómo llega a esta instancia de denuncia ante un organismo internacional?

Todo ha surgido a partir de los asesinatos contra la dirigencia campesina en Colombia, especialmente de dirigentes de la FENSUAGRO, una organización de la Vía Campesina. Yo fui objeto de amenazas el año pasado y 700 compañeros y compañeras fueron asesinados desde su fundación. Entonces, teniendo en cuenta la situación y pensando en qué hay que hacer en Colombia junto a otras organizaciones amigas, decidimos que fuera la misma organización campesina la que denunciara y que yo asumiera la vocería sobre lo que estaba pasando.

Se planteará que, después de la firma del Acuerdo, que iba a ser importante para construir paz, han incrementado los asesinatos, la mayoría de campesinos, indígenas y comunidades negras.

Se señala el 2020 como el año más violento, ¿a qué piensa corresponde este incremento? ¿Está relacionado con la gestión de la pandemia de parte de Iván Duque? ¿Cómo lo analiza?

Desafortunadamente, el objetivo de la firma del Acuerdo de Paz también era la implementación de los Tratados de Libre Comercio. Desde ese momento, se incrementó la violencia; pero el año pasado, nos encontramos con una pandemia que obligó al confinamiento y eso hizo que los ataques aumentaran en la región, que grupos armados aparecieran en territorios rurales y fueran quienes pusieran las reglas sobre “salir o no” a las comunidades campesinas. Fue cuando se produjeron asesinatos en las casas, de líderes y también de niños y mujeres.

(Nury es crítica en relación a la forma que tiene el gobierno de Iván Duque para llevar adelante el seguimiento de los asesinatos a líderes y lideresas campesinas y destaca que no coincide con el indicador que llevan las organizaciones). No hay veeduría de organismos de control que puedan decir la cantidad de asesinados y asesinadas que hay ni la gravedad de la violencia real que hay en Colombia. La mayoría de éstos, sin investigación, quedan en la impunidad.

El 28 de diciembre de 2020 fue asesinado un compañero campesino, dirigente de FENSUAGRO, y luego su cuerpo fue desaparecido y a la fecha no lo hemos encontrado. Y esa es la impunidad, nadie responde, el gobierno dice que hay muchos grupos armados y ya. Muchos mujeres y hombres somos amenazados por nuestra labor política y social y eso es responsabilidad del Estado. Entonces, sí creemos que en 2020 aumentó la violencia contra las y los Defensores de Derechos Humanos; y el otro fenómeno es que han aumentado las masacres, ocasiones en que matan a 4 o 5 personas; también el desplazamiento de las comunidades. Esto obligó a que nos dieran una vocería ante la ONU, además el informe del Alto Comisionado, es muy importante.

¿Cuáles son las consecuencias de la adopción de los Tratados de Libre Comercio y las medidas macroeconómicas del gobierno de Iván Duque sobre las comunidades indígenas campesinas?

Primero debemos luchar porque se reconozca al campesinado como un sujeto de derechos porque no existimos para el gobierno colombiano. Se ha demostrado que la mayor cantidad de producción de alimentos la produjeron las comunidades rurales del país; sin embargo, con la implementación de los Tratados de Libre Comercio, se está perdiendo la producción porque prima la exportación de alimentos a la soberanía alimentaria, que significa la producción pero también el acceso a la tierra, la producción de semillas criollas, el desarrollo agroecológico, el combate al monocultivo y a los agrotóxicos. Por eso, tenemos que hacer un llamado a las comunidades urbanas para que se entienda que la problemática del campesinado es de todo el país, de toda la sociedad y no solamente de las comunidades rurales.

En una Colombia de “libre comercio”, de vidas privatizadas y una violencia sistemática, ¿qué pasa en la sociedad, se va naturalizando el dolor que provocan los asesinatos y las masacres?

El país está completamente polarizado y tener un pensamiento, una idea o una propuesta diferente a la de los gobiernos de turno, es un delito. Por eso, no podemos seguir naturalizando lo que pasa en Colombia con los asesinatos y las masacres; no queremos una cifra más, no queremos ser números. Cuando fui amenazada el año pasado, lo que provocó que la Vía Campesina encabezara el acompañamiento de muchas organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional, sostenía el miedo de convertirnos en un número.

Y para eso, hay que mirar la historia de la violencia ya que todo es origen de la mala distribución de la tierra por las desigualdades sociales; y por eso, debemos realizar una presión internacional, decir en otras partes lo que pasa, porque el discurso del gobierno colombiano hacia afuera es que se está cumpliendo con el Acuerdo, que se está construyendo la paz y eso no es cierto. Queremos que se note lo que está pasando, un SOS por Colombia, porque sabemos que en la medida en que se resuelva la problemática de la violencia aquí, se resuelven muchos problemas de la región.

¿Cuáles son las otras deudas del Acuerdo de Paz que aún quedan por saldar en Colombia?

Parte del conflicto social y armado en nuestro país tiene que ver con la mala distribución de la tierra que está en pocas manos. Por eso, desde FENSUAGRO luchamos por una reforma agraria integral y popular, no por la que dice el Acuerdo. Alcanzarla sería un avance grandísimo.

Una reforma que plantea un fondo de tierras para quienes no la tenemos, para que cualquier persona pueda acceder. Una reforma que sea realizada desde un enfoque territorial que tiene a su vez tres componentes: la participación, la perspectiva de género y la perspectiva étnica. Una reforma de los planes nacionales rurales, que son los cambios estructurales en relación a la inversión social del Estado en vivienda, salud, educación, infraestructura y comercialización.

Por último, plantear que tenemos derecho a existir, a participar en una organización, porque en este momento en nuestro país no hay garantías para poder hacerlo. La justicia especial de paz fue la que permitió que podamos colocar en agenda que en la Comisión por la Verdad se reconozca FENSUAGRO como organización víctima de conflicto ya que tenemos 575 casos de asesinatos de nuestros integrantes, incluyendo un secretario general en las puertas de la oficina en Bogotá. Por eso, esta reforma es la oportunidad de recuperar las tierras que nos fueron arrebatadas de forma violenta. Para cumplir lo que dice el Acuerdo, todo eso que vemos que el gobierno no tiene el compromiso de hacer, construir una paz duradera en Colombia.

*

2020, el año más violento

Mediante el informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) evaluó la situación de los derechos humanos en Colombia en 2020, con énfasis en la seguridad y los derechos humanos, el espacio cívico, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el contexto de pandemia. Evaluó además, la implementación de los aspectos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas.

La ACNUDH mencionó especialmente las violaciones a los Derechos Humanos de parte de efectivos de las fuerzas del Estado: ejército, policías y autoridades penitenciarias, recibiendo 42 denuncias de privaciones arbitrarias de la vida que ocasionaron la muerte de 73 personas, en su mayoría en contextos de operaciones represivas, aunque también durante protestas. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, constató además los asesinatos de 73 ex combatientes de las FARC-EP, contando 248 desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Un atentado sistemático contra las y los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos y los territorios campesinos.

“La ausencia de una presencia integral del Estado, en estas regiones del país, limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida”, se detalla en el informe. Las poblaciones más afectadas fueron las de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, que además del dolor por los asesinatos, padecen los desplazamientos forzados que involucran a más de 25 mil personas en el país.

El 2021 no trajo mejores perspectivas. La CLOC – Vía Campesina informó que solo en los primeros 35 días de 2021 se registraron 11 masacres y 39 asesinatos. Es decir que, se trata del comienzo de año más violento desde 2016. En este contexto, podríamos señalar la preocupación de la comunidad por la instalación de la base militar en Catatumbo y la situación crítica que vive la población de Buenaventura en la región del Pacífico, debido al accionar paramilitar, el racismo estructural y la pobreza que pone en riesgo a 170 mil personas y que se manifestó mediante el llamado de #SOSBuenaventura. Por otra parte, el 18 de febrero pasado la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) publicó un informe en el que se confirmó que al menos 6402 personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial y pasadas como bajas en combate durante los años 2002 y 2008. Se trata de los mal llamados “falsos positivos” cometidos durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Más de 50 años de conflicto armado, las promesas incumplidas firmadas en el Acuerdo de Paz de 2016, el accionar de grupos armados paramilitares y militares, el avance de políticas extractivas y de Tratados de Libre Comercio configuran una trama de violencia sistemática que se recrudece año tras año y que llama a las comunidades urbanas de Colombia y a la comunidad internacional para ponerle fin a la lista de víctimas de la violencia.

“Para cumplir lo que dice el Acuerdo, todo eso que vemos que el gobierno no tiene el compromiso de hacer, construir una paz duradera en Colombia”.

Source

Por Sasha Yumbila Paz | Fotos: Tomás García Laviana (*)

El ELN, se alzó en armas en 1964. Desde 1989 ha adelantado Conversaciones de paz con 5 gobiernos. El gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN avanzaron en una Agenda para poner fin al conflicto. La última ronda de negociaciones la realizaron en la Habana Cuba, donde actualmente la Delegación de Diálogos del ELN continúa trabajando por la solución política del conflicto armado de Colombia.

El gobierno de Iván Duque Márquez, desde su posesión en agosto de 2018, desconoció la Agenda de Conversaciones, incluidos los protocolos de seguridad y retorno del ELN a Colombia; y desde enero de 2019 rompió los diálogos con el ELN.

El conflicto armado en 56 años ha dejado más de 8 millones de víctimas civiles, (Registro Único de Víctimas -RUV, 2017) entre asesinados, desterrados y despojados de tierras. En el año 2016 el gobierno de Juan Manuel santos firmó un Acuerdo de paz con las FARC, que el actual gobierno ha hecho trizas. En abril el gobierno Duque expidió el Decreto 601 del 2020 que reduce la solución del conflicto con el ELN a que este se someta a la justicia, por su parte la organización rebelde, en voz de Pablo Beltrán, manifestó su rechazo al Decreto afirmando que el ELN busca poner fin al conflicto armado acordando transformaciones “esta es una salida de solución política, no de sometimiento a la justicia”

Es común de periodistas y opinadores clasificar al ELN como una organización confederada, y dividida para llevar Conversaciones con el Gobierno, ¿qué nos dice al respecto?

El ELN es una organización político-militar, por tanto tiene más democracia que un ejército, pero tiene más centralización que un partido. Cada 10 años realiza un Congreso Nacional que traza líneas gruesas de actuación, de cuya ejecución encarga a la Dirección Nacional. La decisión de buscar una solución política del conflicto la tomó el Congreso de 1989 y en estos 30 años de búsqueda hemos hecho conversaciones de paz con 5 Gobiernos y lo que hemos acordado con ellos, todos nuestros Frentes lo han cumplido. Este Gobierno es el tercero de Álvaro Uribe, así el que aparece como presidente sea Iván Duque, a ambos les hemos dicho que tenemos la disposición de reabrir una Mesa de conversaciones para que termine el conflicto armado y se acuerden transformaciones que necesita Colombia.

Integrantes del Comando Central COCE-ELN, Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Marín. Montañas de Colombia. 

Se rumorea que algunos Frentes de Guerra del ELN discrepan de las Conversaciones, y con las acciones humanitarias que han realizado; ¿Los que están en la Habana representan al conjunto de la Organización, y el ELN seguirá haciendo gestos humanitarios?

Esta Delegación la nombró el Congreso hace 5 años y los cambios en su composición los define la Dirección Nacional. Una parte de los Frentes considera poco posible que se pueda llegar a acuerdos con una coalición de Gobierno que en los últimos 5 años persigue “hacer trizas la paz”, que lo ha logrado al volver añicos lo que el Gobierno anterior firmó con las FARC. Pese a esto, el ELN sostiene que no se va a levantar de la Mesa y periódicamente realiza liberaciones de personas privadas de libertad por nosotros y hacemos ceses al fuego, como el que decretamos durante abril, como gestos humanitarios para rebajar la intensidad del conflicto, que los hacemos independientemente que el Gobierno haga o no gestos de humanización de la guerra.

¿Quién está detrás de los asesinatos de líderes sociales en zonas donde hay influencia del ELN?

En todas las regiones de Colombia están desarrollando grandes proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y agronegocios, que cuentan con una fuerte oposición de las comunidades organizadas de esos territorios; de este choque es que nace la persecución que sufren los líderes sociales, que va desde amenazas, difamación, destierro, atentados, hasta el asesinato.

El Alto Comisionado para La Paz dice que actualmente hay en ELN 2.500 niños reclutados, ¿cómo explica la presencia de menores en esa guerrilla?

El Gobierno una veces dicen que somos “cuatro gatos” y otras veces le conviene mostrarnos más grandes de lo que somos en realidad; por esto ahora resultan con esa ficción de los “miles y miles de menores” en nuestras filas, cifra que es absolutamente falsa, porque el ELN no lleva ni mantiene forzado en la lucha a nadie, y además cumple con la norma internacional de no incorporar menores de 15 años.

Organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, denuncian la utilización de minas anti personas en territorios de influencia del ELN, ¿Cuál es el intencionalidad de minar donde hay población civil? ¿Tienen criterios o normas para hacerlo?

El minado como sistema de defensa también lo usan las Fuerzas Militares estatales, nosotros lo usamos para defender nuestras instalaciones, a las cuales la población no se acerca. Otro tipo de minado de carácter ofensivo lo usamos para contener fuerzas que avanzan en nuestra contra, arma que es muy temida tanto por militares como por paramilitares.

El Centro de Investigación y Estudios Sobre Conflicto Armado-CERAC, hizo monitoreo del cese al fuego unilateral que el ELN hizo en abril, ustedes en su comunicado “Sobre el cumplimiento del cese”, citan un informe de CERAC, como referencia de verificación de que el ELN cumplió, también ese informe asegura que, “han transcurrido 39 días desde que CERAC registró la última operación militar ofensiva contra el ELN”, siendo así, ¿por qué el ELN afirma que el Gobierno estuvo interesado en sacar ventaja militar, razón por la cual no prologaron el Cese al fuego Unilateral?

Las Fuerzas Armadas estatales prosiguieron sus operaciones ofensivas en contra nuestra sin atender el llamado al Alto al Fuego que les hizo la comunidad internacional, siguieron en su plan de guerra y se aprovecharon que decretamos el cese al fuego durante abril. Nuestros frentes esquivaron el combate hasta donde pudieron, pero el régimen aprovechó esta actitud nuestra para intensificar la matanza de líderes sociales por medio de bandas narco paramilitares, y para ampliar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en 7 departamentos, pisoteando los acuerdos de sustitución voluntaria que venían firmados desde años atrás. Por todos estos motivos, era insostenible alargar el cese unilateral nuestro.

Sobre el cumplimiento del cese

Ante la negativa de una negociación por parte del Gobierno Duque, el Comando Central, en el mismo comunicado, da a conocer al país que es el momento que la Delegación de Diálogos del ELN, que se encuentra en la Habana, retorne a los campamentos en Colombia, ¿Están cerrando definitivamente el diálogo con el Gobierno?

Lo que observamos es un nulo interés del Gobierno por reabrir conversaciones de paz, por esto nuestra Dirección le exige al Gobierno que cumpla el Protocolo de retorno de esta Delegación, y el día que decida abrirlas, el ELN nombraría sus delegados para atender un reinicio de la Mesa de diálogos.

Delegación de Diálogos – ELN, dispuesto y listo para continuar negociaciones. Habana/Cuba. 

Si el ELN dice que no es una organización narcotraficante, ¿De quién son los laboratorios que el ejército de Colombia asegura desmantelarles?

El 80 por ciento de la cocaína que llega a los EEUU sale por el Pacífico y funciona así porque sobornan a las FFAA; igual si hay grandes laboratorios, estos funcionan cerca de las grandes ciudades, como el decomisado en una hacienda del embajador Sanclemente, en las goteras de Bogotá. En las zonas rurales apartadas están los cultivos, que son zonas donde sí está el ELN, porque son comunidades campesinas empobrecidas y excluidas a las que no les han dejado otra opción económica que cultivar la coca.

¿Cómo se realiza las alianzas del Estado colombiano con bandas paramilitares para negocios de narcotráfico, narco parapolítica y operaciones conjuntas contra el ELN?

El Clan del Golfo siempre estuvo en la costa Caribe, pero a partir de este año el Ejército los llevó al suroccidente, para usarlos como su brazo de contrainsurgencia contra el ELN. Igual ocurre con los denominados Pelusos, que el Ejército estatal los usa como sicarios contra nosotros, en una operación de guerra sucia que reconoció el mismo General Villegas, comandante de tropas del régimen en la frontera del Catatumbo. Otros caso es el de los Carteles de la Guajira que se camuflan como brazos del Partido Conservador, del Centro Democrático y de Cambio Radical, los que durante las elecciones presionan y compran votos, como pasó en 2018, que con esos votos Duque ganó la presidencia.

¿Qué medidas y propuestas implementa el ELN, en sus zonas de control y especialmente para enfrentar la actual crisis, social y económica que ocasionó la pandemia?

En Comunicados públicos nuestra Dirección ha exigido al Gobierno que cuide la vida de la gente, en vez de priorizar los negocios de los grandes capitalistas; que con impuestos a los ricos se financie medidas para los damnificados por el COVID-19, como una renta básica, alivio a los deudores y pequeñas empresas, mejorar la dotación del sistema de salud pública y atender la grave crisis sanitaria de las cárceles. En las zonas donde nos encontramos nuestros Frentes ayudan a enfrentar la pandemia con medidas preventivas, control de aglomeraciones y del orden público, atención de infectados y apoyar el comercio de alimentos y bienes esenciales.

El ELN frente a la pandemia por el coronavirus covid-19

Ustedes critican la contaminación que ocasiona la industria minero energética en el país, ¿cómo explican la contaminación que ocasionan con la voladura de los oleoductos; y qué proponen para el país como alterativa a la actual industria minero energética?

Hacemos sabotaje a las empresas de extracción intensiva de bienes naturales para exigir un manejo soberano de esos recursos, que deje bienestar a las regiones y no solo ganancias a las empresas transnacionales; tales ataques los hacemos tratando de causar el menor daño al ambiente y a la población. La era de los combustibles fósiles está expirando y el país debe preparar una transición energética, que cuente con fuentes de energía limpias.

Ustedes en varias comunicaciones han manifestado que uno de los agravantes a la crisis social es la corrupción, ¿qué han hecho en acciones concretas que frenen ese flagelo?

Aún en medio de esta pandemia, el sistema político colombiano carcomido por la corrupción, sigue robando bienes públicos que debían destinarse a atender al conjunto de la población; este es un virus difícil de erradicar, que requiere de mucha presión social y también de acciones de expropiación y privación de la libertad para los corruptos, como las que hemos hechos en varias regiones.

Ejército de Liberación Nacional. Montañas de Colombia. 

(*) Delegación de Diálogos ELN

Source

2.50 p.m marcaba la hora oficial de Colombia. 92 minutos señalaba el reloj oficial del partido. Yerri Mina, hijo pródigo de la zona del Cauca, le daba el gol más soñado a la selección nacional. Un grito de gol que ahogó los gritos de dolor de 6 líderes y liderasas sociales ejecutados en la misma zona. La arremetida paramilitar suma una centena de ejecuciones en este año.

Solo restaba un minuto oficial para que la selección Colombia cayera ante su par inglés por la copa mundial de fútbol masculino. 92 minutos marcó el reloj del juez Mark Geiger cuando Yerri Mina se elevó por los aires como alzado por pueblo entero, para dar el testazo más importante de las últimas décadas. El pueblo colombiano se unió en gritos y alabanzas ante el gol más importante de los últimos tiempos. Se hizo gigante la figura de Yerri Mina y se enaltecieron monumentos a la región del cauca por haber parido al hijo le estaba dando gloria y un nuevo respiro a la selección.

92 minutos. En ese mismo instante y en esa misma región, 6 líderes y lideresas estaban siendo ejecutados por las fuerzas paraestatales denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -o Clan Del Golfo (CDG)-. El grito de gol ahogó el grito de auxilio de estos defensores y defensoras de los Derechos Humanos y de la vida. La razón por cual fueron asesinados es la misma por la que le fue arrebatada la vida en menos de dos años a 311 líderes y lideresas sociales: defender los Derechos Humanos, defender el territorio y  defender de la vida.

En estos últimos 6 años el escenario político en Colombia giró alrededor de las negociaciones de paz y la firma de los acuerdos por parte de la FARC con el gobierno nacional. De este escenario se esperaba abrir nuevos horizontes para Colombia en relación a la paz, la búsqueda de justicia y de verdad para las víctimas que por más de 50 años han sufrido los estragos del conflicto social y armado. Sin embargo, ese esfuerzo se vio empañado, en primer lugar porque los sectores de la oligarquía más conservadora encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez se opusieron al acuerdo desde el inicio de los diálogos de  Habana. En segundo lugar porque se avizoraba nuevos rumbos para concebir una nueva forma de oposición alejada de las armas por parte de las FARC, los líderes/as sociales y diversos sectores de los movimientos sociales.

Todas estas propuestas hoy penden de una delgada línea, ya que el gobierno nacional no tuvo la suficiente fuerza para garantizar que la aprobación de cada una de las propuestas firmadas en el acuerdo final, fueran aprobadas por el senado de la República. Las consecuencias han sido letales. El acuerdo final firmado entre insurgencia y gobierno fue modificado en profundidad botando a la basura más de seis años de discusiones y rondas entre insurgencia, sociedad civil y gobierno.

Todo lo anterior fue una muestra de la poca voluntad política por una parte de la sociedad al a que no le interesa la paz, simplemente porque ellos han sido los artífices de la violencia social y económica del país. Después del proceso de dejación de las armas por parte de una de las insurgencias más grandes de Colombia, distintos ejércitos paraestatales han surgido para tratar de ocupar y controlar de forma violenta aquellas zonas que eran de ocupación de las FARC, regiones como la del Nariño, Cauca, Norte de Santander, el pacífico colombiano, el nororiente antioqueño, entre otros. Territorios que se caracterizan principalmente por ser ricos en bienes de la naturaleza tales como el oro, carbón, agua, petróleo y por poseer enormes cultivos de planta de coca y todas las rutas de salida del narcotráfico.

El papel de los líderes y lideresas sociales ha sido crucial para tratar generar procesos de defensa del territorio ante la arremetida de la transnacionales, el desmantelamiento de las redes narcotráfico y microtráfico, la puesta en evidencia de la estructuras paramilitares, la denuncia permanente de la corrupción estatal y, sobre todo, la defensa de cualquier salida negociada y consensuada con la sociedad civil de los acuerdos de paz.

Sin embargo, a raíz de la ausencia de las insurgencias, el foco de la violencia ha cambiado y apunta a quienes ejercen el derecho a la protesta, los derechos humanos, la defensa del territorio y de la vida. Las cifras son escandalosas, entendiendo que desde hace dos años  se firmó un acuerdo que trataría de garantizar la búsqueda de una paz estable y duradera.

• A la fecha (5 de julio de 2018) 123 líderes y/o defensores de DDHH han sido asesinados durante el año 2018.
• En el 80,48 % de las víctimas de homicidios hacían parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y/o étnicas.
• Si se considera el tipo de conflictos se constata que los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 13 % del total.
• Los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los homicidios en el 2018.
• El 14,63% de los homicidios fueron mujeres.
• Desde la elección presidencial el 17 de junio de 2018 se han asesinado a 22 líderes/as y defensores/as de DDHH (uno diario)
• En 2016 asesinaron a 57 líderes/as y/o defensores/as de DDHH, en el 2017 asesinaron a 93 líderes/as y/o defensores/as de DDHH y en lo corrido del 2018 han asesinado a 123 líderes/as y/o defensores/as de DDHH.
• El 34,14 % de los homicidios fueron cometidos en contra de integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (ONIC 18, Marcha Patriótica 16, PCN 3, Congreso de los Pueblos 2 y Ríos Vivos 2) y de Confederación Comunal de Colombia 16.
• En él años 2018, frente a homicidas de ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación se registraron 33 homicidios, igualmente 5 familiares de ex combatientes fueron asesinados.
• Cabe destacar que en los departamentos donde más se presentaron homicidios fueron en Cauca (19), Antioquia (18) y Norte de Santander (11), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8). Manteniendo la tendencia de los años 2016 y 2017 de ser los Departamentos más afectados por este tipo de violencia.
• Los homicidios se presentaron en 73 municipios ubicados en 24 departamentos del país. El 67,47 % de los homicidios se concentra en 7 Departamentos.^[1]

El día 6 de julio fue convocada una serie de acciones a nivel mundial para exigirle al Estado colombiano que ponga fin a esta masacre y que generen mecanismos de protección a los líderes y las lideresas sociales para garantizar sus vidas y obligar al gobierno nacional a que avance con los procesos de investigación y desmantelamiento a las estructura paramilitares.

^[1] Cifras tomadas del INFORME ESPECIAL. Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de Derechos Humanos y de ex combatientes de las FARC – EP y sus familiares en los territorios.

Source

Quien haya visto el documental “El Baile Rojo”, sabe de quién se habla cuando se nombra a Imelda Daza. Militante histórica del Partido Comunista Colombiano (PCC). Sobrevivió a un plan genocida del Estado colombiano y los paramilitares, que asesinó alrededor de 4.000 de sus copartidarios de la Unión Patriótica (UP) en los años 80 y 90. Luego de 30 años de exilio, regresó en 2015, esta vez para quedarse. Hoy es una de los seis integrantes de Voces de Paz, agrupación política que actualmente vela dentro del Congreso de la República por el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. En esta entrevista para Marcha durante su visita en Argentina relata su visión sobre la coyuntura colombiana, justo en un momento álgido en el marco de los diálogos de paz y en un periodo preelectoral.

Sergio Segura: ¿Cómo te trata Buenos Aires? Eres una de las invitadas internacionales al 17 Festival de Cine de Derechos Humanos…

Imelda Daza: El Festival me ha parecido una expresión de arte muy interesante. Vi dos películas sobre Colombia: Chocolate de Paz y El Silencio de los Fusiles. Chocolate de Paz es una película conmovedora, se trata de la situación que se vive en la comunidad de paz de San José de Apartadó y todo el genocidio contra la Unión Patriótica en esa región. Es una filmación que de verdad cumple con el objetivo de cualquier película que es ejercitar sentimientos, muy conmovedora para uno que sabe que esa fue la verdad. Natalia Orozco, directora de El Silencio de los Fusiles, es una periodista que intenta registrar hechos históricos y más bien deja en manos del espectador la opinión sobre el trabajo. Para mí fue extraordinario, capta las opiniones de los actores políticos, no solo de los actores armados, sino de la opinión política de todo el país durante el proceso de negociación.

También estuve en entrevistas con Radio Cooperativa y Russia Today. Para nosotros es muy importante tener estos espacios de difusión porque sabemos que los medios nacionales están cooptados por el gran poder del país. Es información parcializada, egoísta, mezquina, miserable con el resto de los colombianos. Yo he querido aprovechar esta visita a Buenos Aires para poder referirme a la situación de Colombia y clamar por la solidaridad internacional que es tan importante en este momento.

Tuve también la oportunidad de asistir a la multitudinaria marcha de mujeres, aunque también había muchos hombres, por la consigna “Ni Una Menos”. Me sorprendió la variedad, la convergencia, la confluencia. Distintas concepciones se reunieron bajo una única consigna. Ejemplar. Creo que eso significa un avance en la lucha de las mujeres por la reivindicación de nuestros derechos, y me encantó el documento final, el manifiesto, porque le encontré un carácter internacionalista, hicieron mención de mujeres de toda Latinoamérica.

S.S.: Hace poco estuviste en el Parlamento Europeo pidiendo apoyo para combatir el “genocidio paramilitar”. Voces de Paz les está permitiendo esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta vocería dentro del Congreso de la República?

I.D.: Ha sido interesante porque nos ha ayudado a entender cuál debe ser el rol de los cinco senadores y los cinco representantes que va a tener las FARC en el Congreso. Ha sido una escuela intensiva, de comprensión de cómo funciona ese cuerpo legislativo. Está lejos de ser el órgano legislativo con independencia, todos los vicios de la democracia colombiana se manifiestan allí, pero en esa medida le sirve a uno para reflexionar sobre qué es lo que hay que corregir.

Nos han acusado de representar a los peores criminales de Colombia. A los secuestradores, extorsionistas, narcotraficantes, narcoguerrilleros, reclutadores de menores y violadores de mujeres. Somos víctimas de ese hostigamiento y esos insultos, sabemos que la intención es la de provocarnos para que también caigamos en la discusión vulgar, en el debate grosero y en la descalificación con adjetivos a falta de argumentos y de ideas. Nos hemos cuidado de caer en esa provocación, pero todo tiene su límite, estamos llegando a un punto que nos va tocar responder también para llamar por su nombre a los ‘parauribistas’, que son los que nos agreden siempre. Sin embargo, debo reconocer que muchos parlamentarios de los partidos tradicionales son los que han salido en defensa nuestra, y se han enfrentado al Centro Democrático (partido liderado por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe) acusándolos a ellos también, diciéndoles todo de lo que son culpables ellos y su jefe. Creo que la izquierda nunca había tenido tanta solidaridad de parlamentarios liberales y hasta conservadores, además de los del Polo, verdes y de la representante a la Cámara del MIRA, de quienes hemos contado siempre con su solidaridad.

S.S.: Simón Trinidad fue su amigo desde los años 70 y luego fueron compañeros de militancia en la organización Causa Común. Años después se convirtió en comandante de las FARC, ahora condenado en una cárcel de Estados Unidos. Aunque han presionado pidiendo su retorno, no hay voluntad del gobierno colombiano ni atención del gobierno norteamericano. ¿Hay resignación? ¿Otro preso político al olvido?

I.D.: Olvidado nunca por los que tenemos compromiso con el cambio en Colombia, resignados tampoco, no es de revolucionarios resignarse. Por lo tanto mantenemos firme la solicitud de retorno de Simón Trinidad, para mí, Ricardo Palmera, con quien se cometieron todas las injusticias posibles. Primero, el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos dice que no puede tener nunca móviles políticos, y segundo, que nunca puede haber extraditados condenados a cadena perpetua, a Ricardo se le hizo un juicio eminentemente político. Los argumentos para juzgarlo fueron inventados, se rebuscaron testigos en Colombia para acusarlo. Dos juicios fallaron a su favor y en contra del Estado norteamericano, hasta que pudieron convencer a un equipo de jurados para que lo condenaran a cadena perpetua, porque él tenía 52 años y fue condenado a 59 años de prisión. Es decir, todos los exabruptos jurídicos de aquella falsa democracia se juntaron.

Eso fue obra de Álvaro Uribe Vélez. Se lo propuso y lo logró. Pero tampoco nos resignamos. Él esta condenado jurídicamente, pero apelamos a la sensatez del gobernante de turno de Estados Unidos para que conceda el indulto y pueda volver a su país, del que nunca debió ser enviado a ninguna parte, porque a él se le juzgó por el delito de rebelión y eso está contemplado en la ley y el Código Penal. Por ese delito han podido condenarlo el resto de su vida en una cárcel, pero no en otro país.

En estos momentos se está montando una campaña que esperamos sea internacional, pidiendo el indulto para que Ricardo pueda retornar. No es de extrañar que sea Donald Trump el que conceda ese indulto, de ese señor se puede esperar cualquier cosa. Barack Obama no negó el retorno de Ricardo, a Obama no se le hizo la solicitud. Creemos que, aunque el gobierno colombiano muchas veces dijo que sí estaba haciendo diligencias para ese fin, nunca pidió el retorno de Ricardo. En cambio sí le pidieron a las FARC guardar secretos, que no se hiciera campaña en ese sentido. Aunque (John) Kerry (secretario de Estado de USA) estuvo en La Habana (Cuba) y habló con los negociadores de las FARC de que sí era posible ese indulto, el que nunca aceptó la posibilidad fue el representante que tenía Obama en la mesa de negociación.

S.S.: El ELN dice que la mesa de Quito (Ecuador), sin participación de la sociedad, no va. Juan Camilo Restrepo, jefe negociador por parte del Gobierno, anunció que espera ataques militares “con todos los fierros” en las próximas semanas contra esa guerrilla. Por otro lado, la Corte Constitucional tomó medidas que afectan parte del espíritu del acuerdo de paz firmado en noviembre. La implementación no va bien, principalmente por incumplimiento del Gobierno, incluso en los aspectos más básicos, como la logística y condiciones necesarias de las zonas donde están concentrados los y las excombatientes. Con este panorama, ¿qué futuro le ve a la mesa entre el ELN y el Gobierno?

I.D.: Yo creo que el gobierno de Juan Manuel Santos está empecinado en el silencio total de todos los fusiles, entonces la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) va, a pesar de las dificultades. También hubo dificultades cuando se empezó la negociación con las FARC. No fue fácil, todavía no es fácil la implementación ni lo será. Sería una actitud errada del ELN quedarse solos como combatientes en Colombia, la correlación de fuerzas sería muy desigual. Sin duda ellos son muy agudos observadores de lo que está ocurriendo con la implementación del acuerdo con las FARC. Espero que aprendan de las falencias, de las carencias y de las fallas que ha habido en este proceso, que las asimilen bien para que su proceso de negociación se maneje de mejor manera. Igualmente el Gobierno también está aprendiendo.

Yo creo que Santos y Humberto de la Calle reflexionan hoy en esto que hizo la Corte Constitucional, en que se equivocaron al escoger esos magistrados, y es importante que esos errores no se cometan con el ELN. Ahora están en el momento de posicionarse cada uno de la mejor manera posible. La arremetida contra el ELN ha sido durísima, lo sé de cerca porque la Policía y el Ejército en el Cesar (noreste del país) ha cometido toda clase de abusos contra líderes campesinos, mujeres, líderes sociales, la organización y el movimiento social en general, para bajar la moral a los negociadores del ELN, porque acusan a todos esos líderes del Congreso de los Pueblos de ser miembros activos de esa organización. Aunque uno no lo crea eso hace parte del proceso, es el ‘tira y jale’ que se da antes de que se inicie en forma la dinámica de acuerdo.

S.S.: El paramilitarismo continúa invadiendo territorios y desplazando comunidades. Los asesinatos, amenazas y judicialización de líderes sociales no cesan. Por su parte, varios ministros de Santos afirman que el paramilitarismo es cosa del pasado. Igualmente la Fiscalía, que parece más preocupada por dejar sin plata a las FARC que por esclarecer estos graves hechos.

I.D.: Las declaraciones del ministro de Defensa, de la Fiscalía, del ahora ministro del Interior cuando era viceministro, solo ayudan a la impunidad, se vuelven cómplices de lo que está ocurriendo, ellos niegan la sistematicidad, yo por el contrario la veo diáfanamente. El modus operandi de esta etapa es idéntico al que se implementó contra la Unión Patriótica, porque igual que en aquella época los asesinatos se siguen cometiendo en la periferia del país: zonas rurales, pueblos pequeños, veredas, corregimientos, y poco a poco se va acercando a las ciudades y a las capas medias…así fue el genocidio contra la UP, hasta que llegó a la capital, al aeropuerto El Dorado, donde fueron asesinados Bernardo Jaramillo, candidato presidencial por la UP, y José Antequera, presidente de la Juventud Comunista.  El plan es paralizar a la población porque se viene la implementación del acuerdo, porque se viene el derecho a la oposición, cuya ley ya fue aprobada, y se viene el fortalecimiento de la organización popular, porque el silencio de los fusiles nos permite una mayor visibilización a partir de ahora.

S.S.: Se aproximan las elecciones presidenciales (2018) y no hay consensos claros. La fusión entre Gustavo Petro (Progresistas) y Jorge Robledo (Polo Democrático Alternativo) cada día parece más distante para la izquierda. Ustedes están con el llamado “gobierno de transición”, propuesta que se verá traducida con un candidato que tenga como bandera la implementación de los acuerdos y no dar marcha atrás en la paz. Sin embargo la intención de voto del país se inclina hacia la derecha nuevamente.

I.D.: Yo comparto la idea del gobierno de transición. Como izquierda colombiana no tenemos con qué aspirar a un triunfo total el próximo año. Se vale un gobierno de transición al cual le exigimos dos cosas muy sencillas: primero, que sea un candidato decente. Decente en Colombia quiere decir no ligado a la corruptela ni a las componendas, ni a las mafias electorales. Y segundo, que se comprometa a implementar el acuerdo. Porque esto toma años, más de una década, entonces necesitamos un gobierno que en esta primera etapa se comprometa a fondo con la implementación del acuerdo de paz. La figura que por ahora cumple ese perfil es Humberto de la Calle, él ha tenido unas salidas pero no ha tenido el eco que se esperaría. Lo mas posible es que esa figura que necesitamos sea un liberal con estas dos características. Esa es mi opinión personal, no la de Voces de Paz. Voces de Paz no ha tenido tiempo ni para reunirse y deliberar sobre estos temas.

En cuanto a la unidad de la izquierda, yo creo que no hay condiciones todavía para que aspiremos al proyecto alternativo. Movimiento alternativo digámosle a los verdes (Alianza Verde), al Polo, quizás a Poder Ciudadano. A Sergio Fajardo, que no sé a qué pertenece. Al MOIR, a Progresistas con Petro. Y la familia comunista: Unión Patrótica, Marcha Patriótica, Partido Comunista, y el nuevo partido que aquí va a surgir. Aspirar a que en a seis meses, que es cuando tiene que empezar la campaña, haya una candidatura única lo veo muy difícil. En la izquierda nos caracterizamos por proclamar la unidad, pero todos queremos la unidad alrededor de nosotros mismos. Yo pienso que en todo caso la unidad de la familia comunista sí tiene que darse y creo que eso no tiene mayor dificultad.

Para nosotros está clara la unidad, es un deber político, una necesidad histórica, un compromiso con el país. Si es factible que aquella otra fuerza, de izquierda o democrática o alternativa, se unifique alrededor de un candidato, pues eso sí haría fácil un acuerdo con nosotros. Pero es muy difícil negociar con el MOIR, con Robledo, que se niega a hablar en un escenario donde yo estoy, así lo dijo. Esperemos que la discusión interna se dé y ojalá el candidato sea Petro, porque es un hombre inteligente, honrado diría yo, tiene una visión a futuro, coherente, bien planteada, aunque no llene las aspiraciones de esta familia comunista. El camino es el gobierno de transición que es al que debemos apuntarle, y mi llamado es a asumir en serio el compromiso de acceder al poder.

Hablo con la autoridad de los años de una izquierda que asumió una posición muy cómoda. Criticar con el dedo a los pícaros, a los manzanillos, a los leguleyos, enjuiciar a los corruptos, condenarlos, pero nunca asumimos la responsabilidad en serio de elaborar un proyecto de país, no sabemos cuál es la Colombia que queremos, no sabemos a dónde queremos ir. El pueblo colombiano está cansado de los diagnósticos. La gente exige soluciones porque los problemas los conoce muy bien, los padece todos los días, esa es la tarea de la izquierda, y tenemos que reafirmar la voluntad firme de ser poder. Yo estoy cansada de ser oposición, esa es la verdad. 50 años haciéndole oposición a sucesivos gobiernos. Yo quiero ser poder, yo quiero gobernar, con gente que piense como yo, que se identifique conmigo o que yo me identifique con ellos. Es muy cómodo pasarse toda la vida criticando sin asumir nada, hay que cambiar en ese sentido, ustedes los jóvenes tienen ahí una tarea dura para desarrollar.

Source

Buenas y malas noticias desde Colombia. Sin duda, la aprobación del procedimiento “fast track” (vía rápida) por parte de la Corte Constitucional para agilizar la implementación del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC representa un respiro para el desarrollo de puntos que no dan espera. Por otro lado, la polarización generada por ‘la paz’ llega a puntos tan incómodos como peligrosos, motivados por malas nuevas en la izquierda y los cientos de asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales durante 2016, el “año de la paz”. Por su parte, las FARC presentan seis voceros que acompañarán el tránsito de ‘pueblo en armas’ a movimiento político.

Como esperaba el Gobierno, las FARC y quienes apoyaron el SÍ a la paz, la Corte Constitucional otorgó viabilidad para que inicie la implementación y se ejecuten normas que dentro del Acuerdo de Paz son catalogadas de carácter prioritario: seguridad jurídica para las FARC, el traslado de guerrilleros y guerrilleras a las zonas estipuladas y la posterior dejación definitiva de las armas. Estas leyes tienen efecto directo en los cultivadores de plantas de uso ilícito y en las víctimas del conflicto, debates que luego de la aprobación del fast track reduce el número de plenarias para ser aprobados con mayor agilidad.

El primero de los cinco paquetes del acto legislativo que debe radicar el Gobierno ante el Congreso en los próximos días debe contener la ley de amnistía y la incorporación a la Constitución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, el ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño confirmó unos 400 indultos para los próximos días. Son leyes que también beneficiarían a los movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda en materia humanitaria; tanto la ley de creación de la unidad para la investigación y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, como la prohibición de la promoción de estructuras paramilitares que deberá quedar consignada en la Constitución, son fundamentales para que el Estado asuma el papel que le responde en materia de garantías para la vida y búsqueda de la verdad. En teoría, esa verdad incluye un gran informe compuesto de diversas voces donde quedará consignada la devastación del conflicto armado.

Ahora bien, una de las principales preocupaciones de las FARC consiste en la ley de amnistía, pues persiste un limbo entre la dejación de armas, los indultos y la excarcelación de unos 2000 guerrilleros que esperan que el punto de la justicia transicional avance, aunque no todos lograrán ser amnistiados por el trato diferencial que se le dará a los delitos en el marco de la JEP. Por otro lado, ayer anunciaron desde Bogotá los seis voceros que acompañarán a partir del próximo lunes la constitución del nuevo movimiento político de las FARC. ‘Voces de Paz’ está compuesto por profesores universitarios, abogados expertos en constitucionalidad, una sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica (UP) y un joven dirigente estudiantil. Se trata de veedores del movimiento social para el cumplimiento de lo acordado, tendrán voz sin voto en el Congreso de la República hasta que las FARC haya logrado finiquitar el proceso de dejación de armas.

El Centro Democrático calificó el respaldo a la paz del alto tribunal como un “golpe de Estado”. Del uribismo (y del santismo) cualquier cosa se puede esperar, lo decisivo es que no impongan para siempre su idea de paz, pues significaría la perpetuación de un modelo de país injusto, desinformado, excluyente y condenado a la violencia.

Las malas noticias: ¿la izquierda preparada para el ‘posconflicto’?

En Colombia ‘la paz’ es un término utilizado por todos los colores políticos para marcar una agenda en torno a una visión del mismo, de su desarrollo político discursivo: vida digna, un bien de altísima existencia, justicia social, democracia, entre otros. Una parte de la izquierda votó dos veces por Juan Manuel Santos para presidente, “una obligación moral contra el mal mayor”, diría Noam Chomsky, pero esa decisión no ha sido la misma en materia táctica entre los partidos políticos y organizaciones sociales. Las derechas, por su parte, se benefician de estas divisiones; aunque marcan algunos límites entre sí, también se los marcan a la izquierda.

La unidad en la práctica, la unidad estratégica, las alianzas, la camaradería, son aspectos y cualidades que se han perdido, ya que en ocasiones predomina la imposición de posturas, el vanguardismo, el sectarismo, las diferencias históricas y de lectura de país. El Polo Democrático Alternativo (PDA), partido de izquierda, hasta el momento en oposición al Gobierno (pero en apoyo a la paz) está en un momento en el que tiene que decidir precandidato presidencial para las elecciones de 2018. Tras una deliberación catastrófica se profundizaron las diferencias entre las tendencias, pues unos se están yendo en apoyo directo a la confluencia santista. El sector del senador Jorge Robledo fue enfático en anunciar que no harán alianzas con exguerrilleros y descalifican el anuncio de “la necesidad de un gobierno de transición que defienda la implementación de los acuerdos de paz”, reduciéndolo a una alianza FARC-Santos y de la prolongación del modelo neoliberal. Senadores como Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe, entre otros del mismo PDA, han respaldado sin reparo los procesos de solución al conflicto armado, no obstante, dentro de la colectividad no son mayoría.

Mientras eso sucede, la derecha continúa legislando para los poderosos, promoviendo iniciativas políticas a largo plazo a todas luces contradictorias con una idea de paz estable y duradera, como se demuestra con la recién aprobada reforma tributaria que exime a los más ricos y perjudica a los de siempre, a la clase trabajadora y los sectores populares. También aprueban leyes contra la libertad de expresión, promueven la prolongación al servicio militar de 12 a 18 meses, lo que Santos aseguró en campaña presidencial dejaría de ser obligatorio; igual sucede con el presupuesto para engordar las filas de la represión policial una vez terminada la lucha armada, también con la profundización del extractivismo, por mencionar algunas antidemocráticas políticas. Ese Congreso que aprobará la implementación de los acuerdos de paz, le dio la espalda al proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujetos de derechos, lo que discrepa con la ‘reforma rural integral’ que se anuncia como punto fundamental del Acuerdo de La Habana. Tampoco hay que hacerse ilusiones extremas. Si “los terroristas” estaban en la selva, ahora “lo estarán” en las ciudades, y los medios de comunicación y las élites políticas y económicas se encargarán de que el país así lo crea. No es difícil, como el mundo lo vio el pasado 2 de octubre, cuando no se ganó un plebiscito determinante y parte de los votantes fueron engañados con artimañas mediáticas y moralistas.

Eso no debería tomarnos por sorpresa, pues Santos se caracteriza por los movimientos de sus fichas para que la maquinaria siga estando a su servicio, así que no es tiempo de rasgarse las vestiduras por las incongruencias de la oligarquía, pues es la que tiene el poder de hacer lo que hace, y solo es posible de contrarrestarla siendo fuerza política, que no implica renunciar a principios ni dejar de construir comunidades conscientes.

Santos seguirá buscando premios sin pedir perdón por los miles de crímenes de Estado, continuará gobernando para las élites, pero lo que nos tiene que trasnochar es la tarea del resto, de las mayorías: empujar el bien colectivo por encima del individual, traducida en la terminación de la guerra y el compromiso con los profundos cambios sociales, donde debe predominar la amplitud, la inteligencia, la paciencia y el amor, por encima de las mezquindades y personalismos. Colombia tiene algunas posibilidades para transformaciones políticas sustanciales, que no serán de la noche a la mañana ni se puede subestimar, tampoco será un regalo de algún gobierno. Quien gane las elecciones de 2018 solo tiene dos opciones: avanzar o echar para atrás lo andando; por lo cual el país debe conocer una propuesta unitaria, de confluencias de izquierda y progresista, con población rural y urbana, donde el país encuentre una propuesta para que la guerra termine de verdad, y que una vez terminada, nunca vuelva. En la implementación no puede haber dilaciones, los movimientos contra crímenes de Estado, las organizaciones de izquierda y activistas por la paz y los derechos humanos como el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, no pueden seguir poniendo muertos, día tras día, sin que nada pase.

Source

La sociedad no refrendó los acuerdos Gobierno-FARC; habrá que hacer análisis serenos, pero algo es seguro: será fundamental insistir con la agenda de solución política y paz, una agenda bien anclada en las necesidades cotidianas del pueblo. La clave para revertir esta situación desfavorable sólo puede surgir de la participación activa de la sociedad.

Hice campaña por el Sí, quería que ganara el Sí, y lamento cómo se dieron los resultados finales. Pero no hay que confundir el voto por el No con la derrota de la salida negociada. Hay que seguir trabajando por la construcción de la paz, de la vida digna y de la justicia social, y ampliar los canales de participación para consolidar una voluntad mayoritaria favorable a la solución política y a la construcción de la paz.

A 4 años de iniciados los diálogos del gobierno nacional con las FARC, y con el antecedente de la firma el pasado 26 de septiembre, el futuro del acuerdo parece quedar en la incertidumbre; sin embargo es necesario que el camino de la salida negociada se confirme y se mantenga, al igual que la instalación de Mesa de negociación con el ELN: tal vez otro modelo de negociación, como propone esa insurgencia, alumbre posibilidades de más largo aliento pero más sólidas de lo que resultaron, a la vista de una parte importante de la sociedad, los acuerdos de La Habana.

Responsabilidades

La paz, así como idea genérica, como anhelo de finalización de la guerra, sale evidentemente golpeada con estos resultados. Pero más que la paz quien debe reconocer el golpe es el gobierno de Santos, quien diseñó todo a su modo y el tiro le salió por la culata.

Más allá de sus palabras de ocasión en el discurso al reconocer los resultados, casi 6 millones y medio de votos por el No, y más de 21 millones de personas en abstención, son las cifras de la derrota de este modo de hacer las cosas.

Es una lástima para el país, porque la señal que necesitábamos era la refrendación; a pesar del convencimiento de las regiones golpeadas por el conflicto, en las cuales el Sí ganó con contundencia (Chocó, Vaupés, Cauca, Putumayo, Nariño y La Guajira), la cordillera oriental, el piedemonte llanero y el departamento de Antioquia le dijeron no a los acuerdos… y sobre todo No a Santos.

El país le cobra al actual presidente hablar de paz y subir los impuestos, hablar de paz y bajar lo salarios, hablar de paz y no resolver la crisis económica, hablar de paz y dejar todas las situaciones de inequidad y pobreza intactas. Hay una decisión equivocada en haber sometido este proceso de negociación a un plebiscito, cuando el clamor de paz en el país es histórico y contundente.

La polarización entre las grandes maquinarias santistas y uribistas, permitió que las minucias del acuerdo fueran excusa para criticar la posibilidad de una salida negociada. Argumentos como la supuesta promoción de la “ideología de género”, fueron usados para oponerse al acuerdo, desvirtuando el núcleo central de la discusión.

El movimiento social, los sectores democráticos y progresistas que hemos trabajado por la paz desde hace años, deberemos revisar formas, contenidos, no esquivar autocríticas. Pero a la vez, debemos ratificar nuestro compromiso con la salida política al conflicto armado. Por eso la pedagogía para la paz, los conversatorios, los eventos, los foros, las ollas, los festivales, todas las expresiones comunitarias y populares que estos días fueron puestas en escena deben multiplicarse.

Es fundamental seguir promoviendo la participación de la sociedad

Solo una sociedad que no fue convocada a hacer parte activa de los debates y los acuerdos, puede dar la espalda a una salida política al conflicto, deseada por todos pero que, evidentemente, no logró interpelar a todo el pueblo, hacerlo sentirse parte.

¿Por dónde seguimos? Es necesario continuar promoviendo la participación de la sociedad, insistir en la búsqueda de la paz pero dando protagonismo al pueblo y a su agenda, de la mano de una propuesta integral de justicia social.

El Gran Diálogo Nacional que el próximo 4 de noviembre se lanzará al país por parte de diversos sectores sociales, es una salida viable, pertinente y participativa, que puede ayudar a sortear las dificultades del momento. Para que la próxima vez la discusión no sea si la guerrilla gana o no gana plata, sino cuáles son las condiciones para que en los territorios haya paz y Vida Digna.

*Vocero nacional del Congreso de los Pueblos, integrante de la mesa de interlocución de la Cumbre Agraria con el gobierno para el punto Relación Campo-Ciudad.

Source

Mientras en Cuba se firmaba el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, en Colombia continuaba la represión, esta vez contra el llamado proceso de liberación de la Madre Tierra llevado adelante por los comuneros indígenas del norte del Cauca.

Desde que el 14 de diciembre de 2014 la Asociación de Cabildos del Norte de Cauca (ACIN) decidió hacer justicia por mano propia y recuperar un grupo de haciendas de la empresa azucarera INCAUCA, el balance es de 142 heridos, dos judicializados y tres muertos. Las propiedades pertenecen al poderoso empresario Ardila Lulle, dueño, además de ingenios azucareros, de la marca de gaseosa Postobon y el multimedios RCN. Los comuneros del Cauca reclaman por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado colombiano a una indemnización de 14 mil hectáreas y 20 mil millones de pesos por su responsabilidad en la masacre del Nilo en 1991. La operación paramilitar que causó 21 muertes y cientos de desplazados habría sido orquestada desde la finca La Emperatriz, propiedad de Lulle y hoy uno de los terrenos recuperados, donde se han construido viviendas, plantaciones y altares en torno a los antiguos cementerios indígenas que todavía ahí se encuentran.

Los indígenas y campesinos del cauca no solo reclaman estos terrenos como propios ante esta evidencia ancestral o de presente legal (el fallo de la CIDH) sino también ante el desastre ambiental y humano que propician los negocios de Lulle. El monocultivo de azúcar ha desertificado la zona y dañado las fuentes de agua, haciendo inviable la subsistencia en muchos de sus territorios. En Colombia 0,4% de los propietarios abarca el 60% de la tierra. Y mientras los llamados cañeros, trabajadores de la industria azucarera, ganan 400 mil pesos al mes (muy por debajo del salario mínimo legal vigente), los ingresos del conglomerado económico Lulle ascienden a más de 6 billones de pesos al año.

La historia de Colombia documenta que la mayoría de sus familias más ricas no sólo han ganado sus fortunas en base a la explotación laboral y el desastre ecológico, sino también gracias a la violencia (como la guerra civil de los años 50 que permitió ampliar sus propiedades gracias al desplazamiento campesino). Frente a estas injusticias y las reflexiones de un grupo de campesinos desplazados en conjunto con estudiantes urbanos nacieron las FARC. Precisamente luego de la masacre de Marquetalia, donde el gobierno de Colombia con apoyo de los Estados Unidos bombardeó las comunas autogestivas de las montañas del Tolima donde estos campesinos se habían refugiado de La Violencia (como los colombianos llaman a la guerra civil de los 50s).

Los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe Velez (2002-2010) marcaron también el avance económico de estas élites en base a la violencia. Esta vez, en manos de empresas multinacionales, que aprovecharon el accionar de los grupos paramilitares para, entre otras cosas, asesinar a sindicalistas en busca de mejoras laborales, a líderes indígenas que fomentaban la autonomía y denunciaban los planes extractivistas de estas empresas y generar masacres en poblaciones que rechazaban estos planes para que cambien de opinión o directamente ocupar sus territorios tras el desalojo. Los casos son miles y están debidamente documentados. Millones de desplazados, cientos de fosas comunes, miles de asesinatos políticos, falsos positivos (jóvenes de barrios periféricos asesinados para ser presentados como guerrilleros caídos en combate), judicialización de intelectuales, artistas y líderes sociales que denunciaban estas injusticias ocultadas por una intensa cobertura mediática (de la que obviamente participó RCN). Mientras estos planes se ocultaban, el gobierno de Uribe se popularizó por su progreso económico, su alianza con Estados Unidos y su encarnizada lucha contra las FARC y otros grupos guerrilleros, a quienes se los vinculó con todos los males y violencias del país. Cómo nunca en la historia de Colombia, el poder militar y paramilitar, financiado por Estados Unidos, se desplegó en el territorio. El Plan Colombia que fue presentado al mundo como lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, fue en realidad un plan terrorista de apropiación de tierras en manos de grupos narcotraficantes devenidos en sicarios de las élites económicas. Los acuerdos de paz de La Habana son la consecuencia de la derrota de las FARC frente a esta avanzada. No solo por la pérdida de sus principales líderes ideológicos y el poder territorial en muchas zonas de Colombia, sino también por la pérdida de apoyo popular.

Cierta vez, en una asamblea de indígenas del Cauca, se esbozó la posibilidad de un grupo armado indígena. Un mayor pidió la palabra. Dijo: “Miren el ejemplo de las FARC. La historia dice que nacieron de esta misma inquietud que tenemos. De la violencia con la que el gobierno injustamente nos reprime y nos roba las tierras. Pero: ¿Quién vende las armas? Los gringos ¿Y a cuanto las venden? Muy caro. Yo creo que esa es la respuesta de porqué las FARC muchas veces han terminado cayendo en las mismas injusticias, los mismos negociados, que aquellos contra los que combate. No creo que sea razonable ese camino”.

Sin embargo nadie que apoye la solución pacífica a los problemas de Colombia puede dejar de reconocer la virtud de las FARC y otros grupos guerrilleros, no solo en la vocación social y política con la que nacieron o el irremediable uso de las armas frente a la injusta violencia de la élites económicas (razonamiento al que llegó hasta un cura pacifista como Camilo Torres), sino también por mantener entretenido al ejército colombiano y sus planes de ocupación. Pocos pueden asegurar que este legendario y diverso grupo guerrillero no haya cometido injusticias, no haya secuestrado personas, extorsionado campesinos o traficado cocaína. Pero al menos yo nunca oí hablar de guerrilleros de las FARC cortando cabezas con motosierras y jugando a la pelota con la cabeza de líderes campesinos o asesinando sindicalistas en frente de sus familias por pedir media hora de almuerzo en una jornada de ocho horas. Acciones que sí cometieron esos mismos grupos paramilitares que fueron apoyados por empresas multinacionales y el gobierno de Estados Unidos, financiaron la campaña de Uribe y participaron de escándalos de venta de armas y narcotráfico internacional como el Iran-Contras. Paramilitares que fueron indultados y recibieron subsidios gracias a la Ley de Justicia y Paz aprobada durante el gobierno de Uribe.

Esto, luego de que muchos de sus líderes fueran extraditados por narcotráfico a Estados Unidos en el preciso momento en que comenzaban a desnudar y confesar una densa trama criminal en la que estaban involucrado no sólo el gobierno y el ejército de Colombia, sino también numerosos empresarios locales. Y luego de hacer numerosas transferencias de tierras de campesinos desplazados a terratenientes locales y empresas multinacionales. Quizás esas mismas tierras en los llanos orientales (una de las zonas más calientes del conflicto entre el gobierno colombiano y las guerrillas) donde el gobierno de Juan Manuel Santos acaba de firmar un acuerdo con el zar de la soja Gustavo Grobocopatel para explotar 3 millones de hectáreas. Grobocopatel, que a través de la canciller argentina Susana Malcorra fue invitada a asesorar los acuerdos de paz en Cuba.

Cuba, lejos de Colombia, donde hace pocos meses la periodista María Elena Salinas del canal Univisión le preguntó al Comandante Timochenko: “¿Por qué le conviene al gobierno de EEUU apoyar a la guerrilla colombiana?”. Timochenko responde: “Es por los intereses que ellos tienen desde el punto de vista geoestratégico y económico. Porque es un conflicto que también los ha degastado a ellos. Fueron más de 10 mil millones de dólares que sale del presupuesto de Estados Unidos. Además estamos en un momento de crisis financiera mundial. Fueron casi 12 años y no hubo resultados, no nos derrotaron. Porque las condiciones que alimentan el conflicto están vivas. Ahora, hay también todos esos megaproyectos, en las zonas fuertes del conflicto, hay muchos intereses económicos que si desaparece el conflicto, pues hombre, van a tener posibilidad de desarrollarse”.

Source

Colombia celebra el acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras cuatro años de diálogos en Cuba donde procesaron la terminación del conflicto armado que lleva más de medio siglo. El presidente Juan Manuel Santos anunció que el texto de 200 páginas fue enviado al Congreso de la República, mientras tanto en las calles se agitan las campañas por el plebiscito programado para el 2 de octubre donde el país decidirá en las urnas la aprobación de este histórico acuerdo.

“Hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo”. De este modo las FARC y Gobierno titularon el comunicado oficial donde se consignan los acuerdos pactados, dejando pendiente solo la firma concluyente que será antes de la refrendación del 2 de octubre. En una semana solventaron tres puntos que estaban paralizados desde el anuncio del cese bilateral del fuego: la amnistía de los insurgentes, su participación en política y la reintegración a la vida civil. Por su parte, las FARC, se encuentran ad portas de celebrar la X Conferencia, máximo espacio decisorio del ejército bolivariano, donde seguramente la ‘guerrillerada’ renunciará a la lucha armada que empezó en 1964 “para continuar la política por otros medios”.

Humberto de la Calle por el Gobierno e Iván Márquez de las FARC respectivamente, se pronunciaron: “Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerdo logrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo logrado posible”. “Termina la guerra con las armas y comienza el debate con las ideas”. El documento original queda ahora en manos del Consejo Federal Suizo para efectos jurídicos conforme a los mandatos sobre conflictos de los Acuerdos de Ginebra. Cabe señalar que Suiza anunció un aporte de 22 millones de dólares para la “primera fase del posconflicto”.

Políticos a nivel internacional expresaron lo significativo que es este acuerdo para América Latina y el mundo en materia diplomática y económica. La Habana fue la ciudad receptora de las delegaciones de las partes durante estos cuatro años, allí el presidente Raúl Castro estrechó las manos de Santos y el comandante Rodrigo Londoño (conocido como Timoleón Jiménez o Timochenko). La comisión de seguimiento a los acuerdos la integrarán Cuba, Chile, Noruega y Venezuela. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y ahora senador, fue invitado por parte de la guerrilla: “es muy importante integrar esa comisión porque ahora se inicia una de las etapas más difíciles, que es lograr que la paz sea duradera”. Se espera que los rebeldes estén concentrados en 23 zonas y ocho campamentos luego de la dejación de armas que se hará en un plazo de seis meses con acompañamiento de delegados de las partes y de la ONU como garante. Los fusiles de las FARC se convertirán en tres monumentos ubicados uno en Colombia, otro en la sede de Naciones Unidas en New York y el tercero en La Habana.

Los seis puntos gruesos acordados (el texto completo disponible en este link) incluyen una reforma rural integral, acuerdo sobre participación política, cese al fuego y dejación de armas, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdo sobre víctimas y los mecanismos de implementación y verificación de lo acordado. Aseveraron que el respeto por los derechos humanos, la no persecución al movimiento social y las garantías para participar en política y no repetir genocidios, serán prioridad.

Los kilombos de la paz

Para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo anterior significa entregarle el país a la guerrilla y aceptar la ‘impunidad’ castro-chavista, algo a todas luces ilógico. El santismo garantiza éxito con la justicia transicional y afirma que no habrá impunidad, pues habrá reparación de las víctimas. Para parte de la izquierda, el movimiento social, la academia y la comunidad internacional, este proceso de paz es de los más completos de la historia y no tiene nada que ver con los fracasos de 1984, 1991 y 1999.

El movimiento indígena está en asamblea permanente porque no incluyeron el capítulo étnico; el departamento del Chocó en paro, con violencia y la situación humanitaria recrudecida; los exiliados y presos políticos respetaron y alentaron los diálogos, pero ahora consideran que se les dejó relegados o simplemente no comulgan con el procedimiento llevado por no incluir diversas discusiones sectoriales y territoriales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) reclama mayor participación de la sociedad, compromiso serio contra el paramilitarismo y voluntad de paz del Gobierno para generar transformaciones reales. Sectores de izquierda radical hablan de una pacificación de la oposición política para venderle el país a las multinacionales. Incluso, Jody Williams, estadounidense ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1997, afirmó que esta es una “paz exprés”.

En efecto, no es el fin de los conflictos sociales, políticos o económicos, realmente ni siquiera es el fin del conflicto armado, pero es un acontecimiento substancial que hay que apoyar sin titubeos, con decisión y voluntad moral y política. Hay que votar por el “SÍ” el 2 de octubre y participar de los debates previos; hay que defender el plebiscito de artimañas del Centro Democrático y del fanatismo cristiano, de las castas conservadoras homofóbicas que envilecen a las familias y a la opinión pública para seguir sacando réditos de la guerra y la discriminación, hay que argumentarlo en todos los espacios de la sociedad para quienes aún no están convencidos, ya que es en la manipulación y en la ignorancia donde reside el capital político de la extrema derecha. La paz no es de Santos ni de las FARC, la paz es algo que el país aún no conoce y que hoy lucha porque deje de ser solo un término.

La guerra en Colombia deja 8 millones de víctimas, cerca de 300.000 muertes, unos 45.000 desaparecidos, Colombia es el país con mayor desplazamiento forzado en el mundo con 6,9 millones (un millón en los últimos tres años), con más exiliados en América Latina y el noveno del mundo con 3,5 millones. Las FARC no se tomaron el poder y ningún gobierno derrotó la influencia social y política ni la capacidad militar de la guerrilla. Ahora bien, según algunas encuestas, la mayoría del país desaprueba los acuerdos y votaría NO en el referendo, lo que es posible si se tiene en cuenta la tradición electoral y la cultura política del país.

En consecuencia, la historia de violencia y odio dificultan que en Colombia se construya una paz estable y duradera, por lo que el Gobierno, las guerrillas, las organizaciones sociales, los países vinculados, los medios de comunicación y la sociedad colombiana en su conjunto, deben hacer un apoteósico esfuerzo pedagógico para que todo esto que pintan de irreversible, de verdad lo sea.

Source