#Aborto2020 – Marcha https://marcha.org.ar Periodismo popular, feminista y sin fronteras Mon, 02 Mar 2020 14:17:07 +0000 es-AR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13 https://marcha.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/cropped-FAV_ICON-1-32x32.png #Aborto2020 – Marcha https://marcha.org.ar 32 32 Alberto Fernández abrió las sesiones del Congreso: el aborto será ley https://marcha.org.ar/alberto-fernandez-abrio-las-sesiones-del-congreso-el-aborto-sera-ley/ Mon, 02 Mar 2020 14:17:07 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=47701 El presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que tuvo pocas sorpresas y muchas fórmulas repetidas, con la excepción de dos grandes anuncios: el aborto legal, seguro y gratuito y la apertura de los archivos clasificados del atentado a la AMIA.

Por Redacción Marcha | Foto de de Juan Noy y Rolando Andrade

En un domingo soleado y con un público reducido que acompañó frente a las puertas del Congreso, soportando el intenso calor, el Presidente Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias escoltado por la Vicepresidenta, Cristina Fernández, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Con un discurso plagado de vueltas retóricas y frases que ya desplegó a lo largo de sus primeros meses de gestión, Fernández inició describiendo el estado lamentable de la economía heredada de 4 años de macrismo: inflación récord de 54%, desempleo que roza los dos dígitos y tarifas impagables, por nombrar solo algunas.

Hizo especial hincapié, a lo largo de todo el discurso, en la importancia de recuperar el valor de la palabra y en la necesidad de la solidaridad y la política. A casi tres meses de gobierno, el Presidente enumeró las primeras medidas en materia económica (que apelan a la solidaridad de lxs trabajadorxs) con incrementos de salarios y jubilaciones por decreto, bonos de emergencia, doble indemnización hasta junio, rebajas en medicamentos, suspensión de los aumentos de tarifas. También se refirió al Plan Argentina contra el Hambre, que fue una de las propuestas de campaña que se puso en marcha como “una cadena virtuosa, que acerque a productores y consumidores en comercios de proximidad, para que la inyección de más de 70 mil millones de pesos anuales (más de 1.000 millones de dólares) que representa la tarjeta AlimentAR quede en los pueblos de nuestra Patria”.

Mientras el presidente propuso un Nunca Más al endeudamiento y que se revise el origen de la deuda, reconoció que están avanzando en las negociaciones con el FMI y los acreedores privados. Agradeció al Papa y a los y las mandatarias de los países centrales que le dieron respaldo a la renegociación de la deuda y afirmó que “no vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de sueños de los argentinos y las argentinas. Nosotros vamos a cuidar a nuestra Patria”.

Entre las leyes que se impulsarán se encuentran las referidas a las de extractivismo en minería e hidrocarburos como propuesta de desarrollo para las regiones. También destacó el impulso a una ley de economía de conocimiento para sectores intensivos en conocimiento, como software, biotecnología y robótica, en consonancia con el reimpulso al CONICET y a las políticas de fomento a la investigación.

Un sector que esperaba en tensión los anuncios legislativos fue el sector de productores agropecuarios. Sobre la Ruta 9, a la altura de San Pedro, un grupo de productores se manifestó en actitud amenazante frente a la probabilidad de que fueran afectados sus ingresos. El Presidente, luego de enumerar algunas políticas para favorecer al sector, y con mucho cuidado, expresó: “hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos”, haciendo hincapié en que se preservan las condiciones para los pequeños productores.

Entre los anuncios sorprendentes quizás se puede mencionar la Ley de “Capitales Alternas de la República Argentina” que busca promover la descentralización administrativa y la equidad territorial. Sin embargo, no se mencionó la palabra federalismo, consagrada por nuestra Constitución.

También en materia de seguridad interior se hicieron anuncios, al decretar la intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y derogar el secreto de los gastos reservados para tales fines, además de sumar a la Sindicatura General de la Nación para el control de la administración de la Agencia.

Entre los anuncios más importantes quizás se pueda destacar que se promueve la desclasificación de los archivos de los testimonios de los agentes de inteligencia vinculados al caso AMIA y la presentación, en 10 días, de un proyecto de ley para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

¿#AbortoLegal2020?

El anuncio recibió el aplauso de pie en una sala legislativa repleta de pañuelos de la libertad. En su primer discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que en los próximos 10 días enviará al Congreso un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, según afirmó. Aunque todavía el activismo feminista no conoce los detalles de la iniciativa que enviará el Poder Ejecutivo, lo anunciado por Fernández tendría como objetivo la legalización de la práctica, al igual que el proyecto que obtuvo sanción de la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2018, que la permitía hasta la semana 14 de gestación inclusive, reconocida como derecho en el sistema de salud.

“La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente, demostrando que el devenir social sucede más allá de las normas. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida”, agregó Fernández.

Es la primera vez en la historia de un país (y una región) presidencialistas que un titular del Poder Ejecutivo asume la responsabilidad institucional, la voluntad política y el desafío histórico de despenalizar y legalizar el aborto. De reconocer un derecho que no está en discusión, de saldar una deuda de la democracia con las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Sin dudas, se debe a los 15 años de lucha de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que saludó las palabras de Fernández y exigió, de cara a un nuevo debate, que este texto retome los derechos fundamentales que su proyecto de ley pretende garantizar. “Nuestro Proyecto es un proyecto de vida”, afirmaron durante toda la mañana desde las redes sociales. Hace dos años, el activismo por el derecho a decidir reclamaba políticamente el debate. Con este anuncio, lo que se encuentra en disputa es el texto de una Ley que podrá ser producto de un Estado que decidió proponer como política pública el mayor consenso del movimiento feminista.

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]]> #19F: El proyecto está en las calles y el aborto será ley https://marcha.org.ar/19f-el-proyecto-esta-en-las-calles-y-el-aborto-sera-ley/ Wed, 19 Feb 2020 12:55:20 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=47599 Este miércoles #19F nos espera una nueva jornada histórica. Frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires y en numerosos puntos de todo el país estaremos haciendo sentir la potencia de la marea verde.

Por Redacción Marcha

Porque este año el proyecto de interrupción legal del embarazo vuelve al Congreso, porque estamos juntxs y porque desde las calles hacemos temblar la tierra, te esperamos con tu pañuelo verde para agitar y reclamar por nuestro derecho a decidir. Porque este año, será ley.

Hace 15 años generamos lazos a través de nuestros argumentos. Nuestra propuesta, que ya es de todxs, nos convocó en fechas feministas que transformamos en historia. El Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es el resultado de los debates y acuerdos junto al movimiento feminista, de mujeres y de disidencias sexuales, con todo el arco político y social en el Congreso. Construimos una articulación federal y transformadora integrada por más de 700 organizaciones sociales, de derechos humanos, académicas, científicas, religiosas, culturales, artísticas, sindicales y políticas.

Somos la potencia de tres generaciones en lucha reclamando al Estado argentino una deuda de la democracia. Nuestro pañuelo verde recorre el mundo y contagia esperanza en les más jóvenes. Durante 2018 esas voces llegaron donde nunca pensamos. Nos encontramos en un abrazo de millones en las calles, en festivales, asambleas, vigilias, performances, pañuelazos y en el Congreso de la Nación. Somos históricas y lograremos que en 2020 el aborto voluntario sea Ley.

La invitación es a reunirnos frente al Congreso de la Nación de 17 a 21 hs. Durante toda la jornada se estarán desarrollando talleres, radio abierta, el ya clásico pañuelazo, y un festival con invitadxs de lujo como Femigansta, Eruca sativa, Lucy Patané, Paula Maffía, Ariell Carolina y Valen Bonetto, entre otras. Porque no hay aquelarre feminista sin la fiesta que nos caracteriza.

En el día de ayer, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional ciudad de Buenos Aires brindó una conferencia de prensa en el Salón Perón de la Legislatura porteña. Allí se presentó el proyecto de adhesión al Protocolo Nacional de Atención Integral para las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Se trata de una iniciativa presentada por la Campaña, con el aval de legisladoras y legisladores de todos los bloques políticos de la Legislatura de la ciudad. Durante la noche, integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito proyectaron las placas que afirman su premisa: el proyecto está en las calles.

Hoy 19F volvemos a las calles. A días de la apertura de las sesiones legislativas, nos encontramos en una jornada federal y mundial. Por eso le decimos a los poderes del Estado que la sociedad reclama Aborto Legal. El momento es ahora.

Este 2020 el aborto #SeráLey. El Proyecto está en las calles. ¿Te vas a perder esta oportunidad de hacer historia?

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El acceso al Aborto Legal como politica de Derechos Humanos

 

 

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]]> #19F: El acceso al Aborto Legal como política de DDHH https://marcha.org.ar/19f-el-acceso-al-aborto-legal-como-politica-de-ddhh/ Tue, 18 Feb 2020 12:14:21 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=47589

El proyecto por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito vuelve a las calles mientras espera su tratamiento en el Congreso. 

Por Ana Paula Marangoni

Este año se volverá a presentar en el congreso la ley que garantizaría el acceso legal a la interrupción voluntaria del embarazo. A pesar de que su tratamiento histórico durante 2018 habilitó el debate público y social por primera vez de forma masiva, todavía circulan muchos mitos en relación al tema. La legalización del aborto es un asunto de DDHH con relevancia internacional y, contrariamente a dichos infundados, se sostiene a través de sólidas argumentaciones.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se realizó una convocatoria para este miércoles 19 de febrero a las 18 horas. La propuesta es realizar un pañuelazo simultáneamente frente al Congreso de la Nación en CABA, y en distintos puntos del país, en el marco de una jornada federal y mundial y de cara a la apertura de las sesiones del Congreso Nacional, el próximo 1 de marzo.

A partir de la asunción del nuevo gobierno, tanto el presidente Alberto Fernández como Ginés González García, el actual ministro de Salud de la Nación, se pronunciaron a favor del tratamiento de la ley en el Congreso, así como también expresaron públicamente la voluntad de que fuera aprobado.

La problemática del aborto en clandestinidad, que se instaló a partir de férreos debates y masivas movilizaciones por parte de la Campaña, diversos colectivos feministas y mujeres que se pronunciaron espontáneamente, aún despierta sospechas en algunos sectores. La expectativa por su tratamiento por segunda vez nos convoca a superar prejuicios y falsas argumentaciones, con el fin de saldar de una vez falsas grietas y dicotomías.

El acceso legal al aborto como derecho humano

Un punto de vista necesario y fundamental para evitar tergiversaciones es el derecho internacional. Existe un consenso por parte de organismos internacionales en reconocer la violencia contra las mujeres y cuerpos gestantes como una problemática de derechos humanos. Cuando el Estado impide el acceso pleno a la salud reproductiva, incurre en políticas de violencia hacia este sector de la población. Las leyes restrictivas en relación al aborto y la realización de abortos inseguros y clandestinos generan altas tasas de mortalidad y morbilidad (entiéndase por morbilidad, enfermedades y problemas de salud) materna.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) señala que en los países donde el acceso al aborto es legal, los índices de salud en mujeres y cuerpos gestantes mejoran sustancialmente. De hecho, desde 1980, los abortos clandestinos son la primera causa de mortalidad materna y representan un tercio de esas muertes (cifra relevada por Amnistía Internacional).

En los países donde el acceso al aborto es legal, la tasa de mortalidad materna es mucho más baja. Un ejemplo notable es el caso de Uruguay, que cuenta con la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina y el Caribe, con apenas 15 muertes cada 100 mil nacidos, cifra que  se redujo notablemente a partir de la legalización del aborto en 2012 (dato de la OMS).

Curiosamente, en Argentina, a pesar de que el acceso es legal a partir de ciertos causales (Protocolo ILE), las cifras de mortalidad materna son de 52 muertes cada 100 mil nacidos, comparables a países donde el aborto está totalmente prohibido.

Si se revisan las estadísticas por provincia, se observa que en más de la mitad de las provincias (17 de 24) el aborto es la principal causa individual de mortalidad materna. En Salta, Jujuy y Chaco, se duplica el número nacional de mortalidad materna (según el Ministerio de Salud de la Nación en 2016). Estos datos ponen en evidencia que los índices de mortalidad son mucho más críticos en provincias con menor acceso a recursos, y se asocian directamente a la inequidad y a la pobreza.

Otra cuestión de relevancia es el hecho de que la penalización del aborto no tiene incidencia en la disminución de la práctica. Solo aumenta el riesgo, afectando a la salud reproductiva de quienes lo practican. Por el contrario, la legalización de la práctica no aumenta la cantidad de abortos. Este es un aspecto que  se suele utilizar habitualmente en la mitología sobre el tema. Quienes temen una ola masiva de abortos  a partir de su legalización, solo expresan su profundo desconocimiento sobre el tema. Legalizar el aborto salva vidas y aumenta el control de enfermedades y problemas de salud asociados a la gestación; condenarlo a la clandestinidad, no disminuye la cantidad de abortos, y vulnera el acceso de mujeres y gestantes a la salud reproductiva como derecho humano.

La penalización del aborto como exposición a la tortura

Otra cuestión importante es que la penalización del aborto somete a gestantes a situaciones de violencia institucional que pueden derivar en malos tratos, e incluso en tortura. Hay una cantidad de prácticas generalizadas en nuestro país, que implican desde negar el acceso al aborto por causales, demorarlo burocráticamente para impedir el derecho, impartir malos tratos, hasta infringir el secreto médico y la confidencialidad, llegando a situaciones de vulneración y tortura extremas. Una de estas situaciones recurrentes ha sido la difusión pública y mediática de la identidad de niñas que intentaban acceder al aborto luego de haber sido violadas. En estos casos, no solo se violan los derechos de las mujeres sino que también se vulnera la integridad de niñas, violendo los Derechos Internacionales del Niño (promulgados por la CDN).

En Abril de 2011 el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Argentina por el caso llamado “LMR” por la injerencia ilegítima de la justicia al judicializar su derecho al aborto, expulsándola del sistema público de salud y poniendo en riesgo su salud y su vida.

El inicio de la vida y la categoría de persona

Otra falacia corriente suele ser el debate por el inicio de la vida. Ningún organismo internacional de derechos humanos ha reconocido al embrión como objeto de protección en virtud del derecho a la vida. A su vez, no existe consenso en ningún campo o disciplina acerca de cuándo comienza una vida.

El derecho sí regula el comienzo de la existencia de la persona, estableciendo una diferencia entre la vida y la condición de persona. Nuestro Código Civil y Comercial debe interpretarse conforme a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Para los organismos internacionales, el derecho a la vida no es absoluto, sino gradual e incremental, y debe ser ponderado con otros derechos en juego.

Frente Art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que establece que el derecho a la vida debe estar protegido “en general, desde la concepción”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantea que dicha protección no es absoluta y que el objeto directo de protección es la persona embarazada.

A su vez, para la CIDH no se interpreta que el embrión sea persona ni del artículo mencionado como de otros artículos de diversos organismos. Según los estándares internacionales de DDHH, en cambio,  los estados sí tienen la obligación de tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la persona gestante tengan prioridad sobre la protección del embrión.

Además, la ley de legalización del aborto en  Argentina no propone el debate por el comienzo de la vida, dado que en nuestro país el aborto ya es legal con causales (a pesar de que este derecho no se respeta en muchas provincias y hospitales públicos). Lo que sucede es que quienes se niegan a tratar el tema por creencias religiosas buscan empantanar la cancha con discusiones que se encuentran ya saldadas, intentando apelar a la moral y a la confusión de quienes oyen.

La frase “el derecho a la vida del niño por nacer” es una de las principales falacias que pretenden generar confusión, al margen de toda legislación nacional e internacional. Un niño o niña es una persona, y eso no está en discusión. Hablar del “niño por nacer” implica la omisión del término “embrión” ( recordemos que la ley habla del acceso al aborto hasta la semana 14 de gestación), de su asociación retorcida a un niño nacido, de la suspicaz falacia de que quien aborta, mata a un “niño”, y por lo tanto, cometería un crimen, y de la omisión absoluta de la persona gestante, de sus condiciones simbólicas y materiales para llevar a cabo no solo la gestación, sino la crianza y el cuidado de un niño o una niña.

El aborto, un tabú religioso y patriarcal

Algunas malas (¿o buenas?) lenguas afirman que si los hombres gestaran, el aborto ya sería legal, y estaría avalado además por la Iglesia Católica, dirigida y representada curiosamente solo por hombres en los cargos jerárquicos. Ciertamente, el aborto ha sido y continúa siendo un tabú para nuestra sociedad porque es un problema que atañe a la mitad de la población, pero no a la más poderosa. Mientras que el aborto reúne toda suerte de falacias, mitologías y superticiones, la maternidad y la crianza continúan siendo tareas que recaen principalmente sobre las mujeres, mientras que esta última parece ser optativa para varones, no solo desde lo moral sino desde nuestro sistema de derechos y obligaciones.

Quienes se escandalizan por los embriones en materia de aborto, hacen la vista gorda sobre la manipulación genética de embriones y su congelación en el marco de prácticas de fertilidad. ¿Por qué en algunos casos se trata ya de una “vida” y en otros no? Y curiosamente, se indignan mucho menos por paternidades abandónicas, así como por la problemática de madres que deben asumir las tareas de crianza y cuidado prácticamente sin acompañamiento del Estado.

Por otro lado, quienes lideran estos grupos  pro clandestinidad suelen referirse a la maternidad sin tener en cuenta la importancia del consentimiento y la voluntad de ser madre; y sobre cómo esto influye en un vínculo que será para toda la vida, lo cual es condición necesaria para la salud mental de quien decide ser madre, así como del niño o niña, ambos considerados personas.

Mientras que el acceso al aborto es legal en todos los países llamados desarrollados, y contradice con sus índices todos los prejuicios existentes, aún es objeto de escándalos en países donde las Iglesias Católica y Evangélica(s) tienen mayor influencia. Los mismos países donde estos grupos vinculados a la esfera religiosa también obstaculizan el acceso a la información desde la niñez y adolescencia a la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, a la concientización y prevención de abusos en la infancia y adolescencia, así como de la maternidad y paternidad en forma consciente y voluntaria (que se debería instrumentar en nuestro país a través de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas).

Parece increíble que las creencias oscurantistas aún circulen en espacios públicos de debate, y obtengan incluso legitimación. Pero así sucede, y los ejemplos froliferan en ámbitos judiciales, legislativos, institucionales y mediáticos.

Para muchas mujeres y personas con capacidad de gestar, este año podría ser el definitivo en materia de avances de derechos en Argentina. La Campaña Nacional por el derecho al Aborto supo integrar tres conceptos claves en la ley propuesta: “Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar, y Aborto Legal para Decidir (y no morir)”. Esta leyenda histórica resume con demasiada precisión el fundamento de la propuesta y de una larga lucha.

*Este artículo fue realizado con material bibliográfico brindado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el marco de Jornadas de Formación gratuitas realizadas en 2019 en el Congreso de La Nación.

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]]> #AbortoLegal2020: el proyecto es feminista, federal y ya está en las calles https://marcha.org.ar/abortolegal2020-el-proyecto-feminista-que-esta-en-las-calles/ Thu, 12 Dec 2019 10:00:37 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=46897 Asumió Alberto Fernández y la respuesta del Estado frente a la demanda de acceso igualitario a la salud toma otro rumbo. No lo mencionó en su discurso pero el aborto siempre está. El reconocimiento a una lucha histórica va acercándose a la fecha en que las mujeres y personas con capacidad de gestar recuperaremos el estatus de ciudadanas. 

Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: Cobertura colaborativa 13J 2018

La voluntad política de debatir el aborto no alcanzó y la era de garantizar derechos y ampliar reconocimientos parece haber llegado. Si el debate parlamentario de 2018 sentó las bases del acceso a la información y la sociedad consolidó, de la mano de los feminismos organizados, el apoyo multitudinario a una demanda de reconocimiento de autonomía que es histórica; el 2020 será, de forma irreversible, el año en que las decisiones ejecutivas harán más que las palabras. Serán las llamadas que recuperen la diginidad de una puebla que fue arrasada por la política gubernamental de la represión y el abandono macristas.

Alberto Fernández no mencionó que el aborto inseguro está dentro de las emergencias del nuevo gobierno. Sin embargo, en dos días, parece haber hecho más que en los cuatro años anteriores. Ginés González García ya anunció que restituirá derechos a través del recuperado Ministro de Salud de la Nación y que convocará para tal fin a sus pares provinciales previo a otorgar al Protocolo ILE 2019 -derogado por el ex presidente Mauricio Macri-, rango ministerial. En provincia de Buenos Aires, todo parece indicar que Daniel Gollán, al frente de la cartera de esa provincia, hará lo mismo. Mientras que Nicolás Trotta, al frente del Ministerio de Educación, afirmó que impulsará el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas de todo el territorio como una cuestión fundamental.

Es que si es posible volver a delinear un modelo de Estado presente, llegó el momento de garantizar el acceso al derecho y de discutir cómo será la reglamentación de una Ley que efectivamente se traducirá en el respeto a las decisiones y en una mejor calidad de vida para las mujeres y las personas con capacidad de gestar en todo el territorio nacional sin discriminación alguna. Sobre todo en un contexto de avance de los conservadurismos políticos, los fundamentalismos religiosos y los fascismo sociales en en el país y en toda Nuestra América.

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Lo que no se menciona en los palacios, existe en las calles

Lejos de ser sólo un espacio de resistencia, las calles fueron para los feminismos, la arena de disputa con los poderes tradicionales y de expresión de la organización de décadas durante el período 2015- 2019. Así fue leído el 10 de diciembre, durante el discurso de asunción presidencial del nuevo mandatario, Alberto Fernández. “Un nuevo contrato de ciudadanía social incluye los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, la juventud y el ambientalismo”, afirmó. Sin embargo, la palabra que más se deseaba escuchar no se mencionó.

“Esperaba que este nuevo presidente hable sobre aborto”, afirmó Celeste Mac Dougall, docente especialista en ESI e historiadora, integrante de la Campaña y de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Es verdad que el anuncio de Macri de que iba a habilitar el debate se dio en la apertura de sesiones legislativas, pero sí esperaba que Alberto Fernández diga algo. Lo esperé cuando habló de salud, que es la perspectiva que asumió; cuando mencionó al movimiento feminista como uno de los actores sociales claves en la realidad política del país; y cuando dio los anuncios respecto a que se iba a poner por delante de las demandas de las mujeres”.

“El 2020 será el año del tratamiento y aprobación del aborto legal en nuestro país”, afirmó Jenny Durán, comunicadora e integrante de la Comisión de Cabildeo de la Campaña. “Hubo una gran aprendizaje desde el año pasado. Tras las elecciones también las fuerzas políticas mayoritarias hicieron su elección sobre cuál sería el sujeto social que interpela e identifica a cada una. Entonces, el espacio que ganó en octubre pasado tomó de las expresiones más progresistas la demanda por aborto legal, entre otras”, afirmó.

Según las fuentes de la Campaña, será el nuevo Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que encabeza la abogada feminista Elizabeth Gómez Alcorta, en conjunto con la cartera de Salud, encabezada por Ginés González García, médico cirujano en favor del aborto legal y la Jefa Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes redactarán el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional.

“Realmente estamos esperanzadas en que se acerque mucho al proyecto de la Campaña presentado en 2018”, afirmó Durán. “Los tres organismos están encabezados por funcionaries que defienden la despenalización y legalización del aborto, fundamentado en la necesidad de trasformarlo en un aspecto más del derecho a la salud, aunque también traen la mirada de la autonomía y de poder allanar los obstáculos para el acceso. Ya sean éstos obstáculos dogmáticos, territoriales o técnicos”, agregó.

“En el 2020 el aborto tiene que ser legal porque es una deuda de la democracia”, afirmó Yamila Picasso, politóloga e integrante de la Articulación federal de la Campaña. “La clandestinidad y los abortos inseguros traen consecuencias en los cuerpos y en las vidas de mujeres y personas gestantes”, agregó. “Decidir libremente sobre nuestros proyectos y cuerpos es un derecho humano”. “Estamos convencidas que todo lo debatido, las masivas movilizaciones y la necesidad de escuchar las demandas del movimiento feminista serán las condiciones a las que este gobierno deberá atender”, dijo Durán, “este también es un tema que forma parte de la emergencia social”.

“Nosotras vamos a seguir en las calles”, afirmó Mac Dougall. De hecho hoy al mediodía habrá una convocatoria para recordar que en La Plata V., madre de 3 hijxs, murió consecuencia de un aborto inseguro producto de la clandestinidad y la criminalización. “La clave es ver qué dice el nuevo presidente en la apertura de sesiones, en marzo del año que viene, para exigir que se trate y apruebe”, para que “haga realidad sus declaraciones: enviar un Protecto de Ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito”.

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El Proyecto es feminista y federal

El 28 de mayo de este año, tras el debate social y parlamentario que se dio entre marzo y agosto de 2018, la Campaña presentó por octava vez el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ante el Congreso de la Nación. La primera presentación fue en 2007 y desde entonces, generalmente cada dos años, la renueva para que el derecho al aborto no pierda estado parlamentario.

El nuevo texto no es uno más. Tras años de exigirlo, incorpora los aportes que surgieron durante el debate en el que expusieron más de 350 especialistas y de la sanción de la Cámara de Diputados. Es el texto que está más cerca de ser Ley. Fue realizado por la comisión redactora de la Campaña -multidisciplinaria e intergeneracional- y retoma además las perspectivas federales de las 33 regionales y de las 4 redes feministas que la componen: de socorristas, docentes, profesionales de la salud e interuniversitaria.

Es la tercera redacción que realiza y fue actualizada al ritmo de las últimas decisiones judiciales, reformas legales tales como el Fallo F.A.L. (2012), la Ley de Identidad de Género (2012) y el Código Civil y Comercial (2015).

En su primer artículo, el Proyecto de IVE garantiza el acceso al aborto voluntario a mujeres u otras identidades con capacidad de gestar hasta las 14 semanas, inclusive de gestación. 14 semanas es el plazo que, según la legislación comparada, es el de mayor consenso.

En su artículo 2, garantiza el ejercicio de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos sin importar la condición de tránsito y/o status de residencia/ ciudadanía. Esto quiere decir que no hace falta ser ciudadanx ni tener residencia reconocida por una X cantidad de tiempo. Sea cual sea la situación de la mujer o persona gestante se debe garantizar la práctica.

En su artículo 3, define salud integral como el completo bienestar físico, mental y social según lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

>> Qué dice el Proyecto feminista de la Campaña

El proyecto legaliza estas condiciones y elimina además cualquier tipo de penalización a la mujer o persona gestante. Establecería que en la primera consulta el/ la profesional o personal de salud debe informar a las persona gestante sobre métodos, alcances y consecuencias de la práctica y riesgos de demora; que esa información debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica. El Estado debe garantizar además un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona gestante. Deberá proporcionar formatos y medios accesibles para personas con discapacidad, accesos que no deben contener opiniones personales o religiosas ni juicios de valor.

El Proyecto propone además que en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal se debe implementar la Educación Sexual Integral (ESI) y establecer políticas activas para el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. El derecho al aborto de las mujeres y personas gestantes debe ser enseñado a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género. Debe incluirse en la currícula de todos los niveles educativos y establecimientos, sean de gestión pública estatal, privada o social.

Debe hacerse efectiva en todo el territorio del país a partir del ciclo lectivo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la presente ley. Deberán además capacitar en servicio sobre perspectiva de género y diversidad sexual a todos/as los/as docentes y a los/as profesionales y otros/as trabajadores/as de la salud a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley, así como a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as que actúen en dichos procesos.

Se propone, en resumen, mantener los abortos por causales (los que ya son legales) y sumar el aborto voluntario (sin causales) hasta la semana 14 de gestación. Luego de la semana 14, y como los abortos por causales no tiene plazos, los abortos luego de la semana 14 de gestación deben ser garantizados dentro de alguno de los dos causales: salud o violación. En relación a las y los profesionales de la salud, el Proyecto elimina la pena a quiénes causaran un aborto con consentimiento y establece que no hay pena por abortar hasta las 14 semanas de gestación y luego de las 14 semanas no hay pena si el aborto entra dentro de los causales.

***

El 28 de mayo del año que viene, la Campaña cumplirá 15 años. Una herramienta de articulación y unidad feministas que contiene a activistas de más de 700 organizaciones de todos los espacios políticos, sociales, de derechos humanos y sindicales. Es la protagonista de esta etapa en que se interpela a la institucionalidad porque entre todas las colectivas que militan por el acceso al aborto seguro, es la que propone una Ley para que el Estado intervenga ante la problemática con una modificación del Código Penal para el reconocimiento de un derecho, con presupuesto, políticas públicas transversales y capacitación para las y los profesionales de la salud en todo el territorio y para todas las comunidades.

El año comenzará temprano para las activistas de la Campaña. El 19 de febrero será un nuevo aniversario del pañuelazo que dio inicio al debate en 2018 y se prevén acciones en todas las provincias. El 1 de marzo será la apertura de sesiones, ocasión en la que se esperará de forma más contundente el anuncio de Alberto Fernández en relación a qué texto legislativo enviará el Ejecutivo nacional al Congreso. El 8 de Marzo, fecha global de lucha por los derechos, encontrará nuevamente en las calles al movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries y de liberación feminista. Será una fecha en la que se volverá a exigir la demanda política de mayor consenso: ¡aborto legal ya! El proyecto que reconoce y garantiza derechos, el que hará historia sin fronteras, ya está en las calles. Será Ley en el 2020.

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]]> La muerte de V. por un aborto inseguro era evitable https://marcha.org.ar/la-muerte-de-v-por-un-aborto-inseguro-era-evitable/ Mon, 09 Dec 2019 17:34:01 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=46865 A horas de la ida de un gobierno provincial y nacional que dotó al Estado de un paradigma de abandono, sobre todo en las áreas de salud y educación, murió en La Plata una mujer, consecuencia de un aborto inseguro. Ante el recambio, la demanda de aborto legal entre las emergencias sociales se vuelve urgente.

Por María Florencia Alcaraz y Laura Salomé Canteros

Cada muerte por aborto es injusta y evitable. El domingo 8 de diciembre murió V., una mujer de 33 años, madre de 3 hijxs, como consecuencia de un aborto inseguro producto de la criminalización de la práctica. Había llegado el viernes a la guardia del Hospital San Martín de La Plata con una infección masiva. Fue a la guardia, la esperaron y no sobrevivió. Falleció en la terapia intensiva.

La situación de la provincia de Buenos Aires en relación a la salud sexual y reproductiva es crítica. La gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, se declaró antiderechos, una postura personal que antepuso a la responsabilidad política de gestionar y que se tradujo en la omisión de la garantía en el acceso a la salud y la protección de la vida.

Siguiendo esta opinión, Vidal, por ejemplo, impidió que las y los profesionales de la salud adhieran al Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y hace poco en una entrevista televisiva dijo que no era un tema relevante. En 2017 forzó la salida de Zulma Ortiz a cargo de la cartera de Salud.

En 2017 hubo 14.591 internaciones por aborto inseguro en la provincia de Buenos Aires. Un tercio del total de las internaciones del país. De las 30 muertes por abortos inseguros en 2017 en todo el territorio nacional, 12 fueron en jurisdicción bonaerense. Son datos oficiales pero sabemos que hay muchísimo subregistro y el número real puede ser más amplio.

La muerte de V. evidencia que las políticas públicas son resultado de voluntades y que pueden salvar vidas. Lo que le pasó a V. no es una excepción sino una confirmación de que las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar siguen estando desprotegidas. Es una más que decide interrumpir un embarazo pero lo hace sola: ni llegaron los acompañamientos feministas ni el Estado. Una más que se ve empujada por el Estado, sus poderes y por los gobiernos nacional, provinciales y municipales a arriesgar su vida por decidir sobre su cuerpo- territorio.

El aborto legal, dentro de las emergencias sociales

La muerte de V. se enmarca en demandas integrales que constituyen emergencias sociales ante 4 años de abandono. La falta de voluntad política para terminar con la injusticia que significa los desiguales accesos a la salud y la información se lleva vidas.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y en su plenaria federal, se afirmó que además de la despenalización y legalización del aborto, se exige que la demanda sea incluida entre las que constituyen el acuerdo social del nuevo gobierno, a cargo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Los poderes de un Estado no pueden ser neutrales ante la injusticia que significa que una persona vulnerabilizada vaya presa o muera por decidir sobre su futuro”, dice la declaración de la Campaña “nuestra lucha y deseo es que se nos escuche ante lo evitable”, agregaron. “Exigimos cumplimiento de las Leyes Nacionales de ESI, con carácter urgente la Resolución Ministerial y garantía del cumplimiento del Protocolo ILE, la producción estatal y distribución pública de misoprostol y mifepristona para el acceso a la salud”. Exigieron además, se apruebe el Proyecto de aborto legal de la Campaña que “ya está en las calles” y una amnistía para las presas y reparación para las familias.

Por su parte, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitió una declaración en la que se solidarizan con la familia de V. y amigues y responsabilizan por su muerte, que constituye una vulneración de derechos, a las autoridades ejecutivas salientes: al intendente de la ciudad de La Plata, Julio César Garro; a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y al presidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Esto es consecuencia del disciplinamiento de nuestros cuerpos por parte de este Estado que nos oprime en nuestros deseos, nuestra autonomía, en nuestros derechos”, afirmaron lxs más de mil profesionales nucleados en la Red en todo el país. “A pesar de haber avanzado en la atención sanitaria, esta situación refleja que la expulsión del Sistema Público de Salud continúa y se sostiene gracias a un sector de la sociedad que aún insiste en que esta problemática permanezca en la clandestinidad”, agregaron.

Desde el espacio afirmaron que en junio de este año, se reunieron con el secretario de salud del municipio de la Plata para exigir el acceso a las ILE, capacitaciones a los equipos de salud en perspectiva de género y acompañamiento en el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos. Lo hicieron además junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional La Plata y colectivas feministas que acompañan.

Solicitaron además, la garantía del acceso al misoprostol, a métodos anticonceptivos y la creación de nuevos espacios de Consejería en el territorio y para beneficio de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Denunciaron también demoras, obstaculizaciones y la falta de implementación de Leyes nacionales vigentes (Educación Sexual Integral y Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable), reclamos que en La Plata aún sin respuestas.

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]]> “En el Protocolo ILE trabajamos desde 2015, es un material en constante actualización” https://marcha.org.ar/protocolo-ile-material-constante-actualizacion/ Fri, 22 Nov 2019 10:00:26 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=46414 Detrás de las y los funcionarios de renombre que jugaron al desgobierno con las Interrupciones Legales de los Embarazos, hubo trabajadoras de la salud que redactaron el Protocolo 2019 en defensa de los derechos de todas. Sobre el trabajo invisible, colectivo, multidisciplinario y cotidiano, hablaron en voz de una de sus delagadas.

Por Laura Salomé Canteros @laurasalome / Foto: prensa ATE 

“Que sea salud y no un delito”. Con esta frase comienza la declaración con la que la agrupación Verde y Blanca del ex Ministerio de Salud de la Nación se expresa sobre el juego político de ida y vuelta gubernamental que se dio entre ayer y anteayer en relación a la Resolución Ministerial 3158/2019 que actualizaba y jerarquizaba el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Juego para Mauricio Macri porque de gobernar para garantizar el acceso igualitario a los derechos, ni hablar.

La nueva Resolución que anula la anterior y que está firmada por el presidente saliente, por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y por la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y ya ha sido publicada en el Boletín Oficial. Está vigente el Protocolo 2015 y si condenó a uno de los materiales más importantes en materia de salud de un organismo del Estado a seguir por afuera del Código Civil, la Convención de los Derechos del Niñe y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, entre otros.

Sin embargo, y más allá de las internas de una alianza gobernante que ya se está resquebrajada, quienes tienen derecho por Ley a las interrupciones de los embarazos por causales vigentes desde 1921, no están solas. Y esas subjetividades que les acompañan son quienes eligen estar por encima -por capacitación y por responsabilidad política- de las y los funcionarios de renombre. Aunque los miserables organigramas así no lo digan. Son las trabajadoras de la salud que redactaron el Protocolo ILE 2019 en defensa de los derechos de todas.

Hablamos con Camila Lynn, delegada de la Dirección de Salud Sexual y de la Secretaria de Géneros de la Junta Interna de ATE SALUD, quien nos contó sobre el proceso colectivo e inter y multidisciplinario para la actualización de una Guía destinada a garantizar accesos.

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“En el protocolo trabajamos desde 2015, es un material en contínua actualización”, responde Camila ante la pregunta acerca de hace cuánto que trabajan en la actualización del Protocolo ILE, y explica: “desde que salió el Código Civil, que nuestros protocolos y guías quedaron desactualizados, porque introducen otra mirada sobre las autonomías, qué entendemos por adolescentes y sobre todo, cómo se contemplan los consentiemientos para las prácticas”. “El proceso de construcción del material fue como trabajamos desde la Dirección de Salud Sexual, tenemos una mirada donde el trabajo necesariamente tiene que ser articulado con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones feminstas, de derechos humanos, de las personas con discapacidad. No concebimos otra manera de verlo”.

Camila relata dos ejemplos de articulación que impulsaron desde el ex Ministerio, un encuentro con organizaciones de mujeres para evaluar como vivían la atención de su salud y el sistema y otro con organizaciones de las disidencias. Dos instancias que cruciales y que les permitieron a las/ os/ es trabajadoras pensar la política pública en materia de salud sexual y de forma colectiva. Además, para la actualización del Protocolo ILE se trabajó durante estos años con un Consejo Asesor donde participaron personas de la sociedad civil, científica, de sindicatos y organizaciones que participan activamente y siempre son una referencia para hacer un ida y vuelta con los materiales. Una de ellas es Nelly Minyesky, abogada especialista en familia, redactora en el Código Civil y del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo como integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Dentro del Ministerio intervinieron la Dirección de Salud Sexual, la Secretaría donde dispone, y muchas otras secretarías y subsecretarías”, cuenta Camila, “en legales nos hicieron algunos comentarios y sugerencias que fueron tenidos en cuenta. Internamente recorrió un montón de oficinas porque es la actualización de un material que ya existe”. Y explica: “con la misma estructura del anterior se actualiza en el marco del Código Civil, de los avances tecnológicos y científicos que hay para realizarse un aborto de manera segura”. “Por ejemplo, este año el Ministerio repartió misoprostol, realizó compras nacionales y se distribuyó a las provincias”, informó, “necesariamente el Protocolo tenía que acompañar este cambio de hecho. No es nada distinto a o que venimos trabajando desde el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema, conforme a lo que dice el Código Penal desde 1921. Era poner en palabras algo que los equipos de salud ya vienen realizando”.

Es acceso a la información. “Lo mejor sería para un Estado nacional que el ex Ministerio de Salud -ahora Secretaría- esté organizando esta información que circula por diversas fuentes porque es el órgano rector el que debe hacerlo, brindar informacion científica y validada para la mejor atención de las personas gestantes”, afirmó Camila. Es además jerarquizar el trabajo multidisciplinario y de enfoques. “A diferencia del  Protocolo de 2015, cuando la Ley de Identidad de Género era reciente, ahora se establece esta perspectiva con más fuerza”, contó “y se establece la perspectiva de las personas con discapacidad en relación a su autonomía y la capacidad en la toma de decisiones. Esto es fundamental para nosotras. Es una línea importante de trabajo y que esté dentro de nuestros materiales; por ejemplo hace poco sacamos una guía de métodos anticonceptivos en sistema braille para que esta información sea accesible para las personas con discapacidad visual”.

Para Camila, “el Protocolo 2019 buscaba dar cuenta de todo este trabajo de años dentro del ex Ministerio” y agregó, “que se dé marcha atrás es impensado porque significa dar marcha atrás con derechos conquistados”. Desde que se dio el debate por la Ley de Aborto, la cantidad de personas que se acercaron a preguntar por este derecho e integrantes de los equipos de salud que se anima a poder realizar ILEs, vigentes desde 1921, aumentó. Por eso actualizar el Protocolo era importante, “para seguir dando un marco actualizado de información, porque van cambiando los marcos teóricos, las Convenciones de DDHH. El Protocolo 2019 busca ponerle palabras a toda esa información. Es importante darle la seguridad a las y los profesionales, para que se sientan contenidos de que la práctica que están realizando está dentro del marco de derechos de nuestro país”. “En el 0800 Salud Sexual recibimos muchas consultas en relación con aborto, antes la principal causa de consultas eran los métodos y eso esta buenisimo, que nosotras interrumpimos nuestros embarazos, lo que ya sabiamos, pero que ahora nos acercamos al Estado, en este caso al Ministerio a preguntarle cuál es la mejor manera de hacerlo y dónde me puedo dirigir”.

Es el ex Ministerio de Salud el organismo encargado de las políticas públicas universales, “el que vehiculice para que la vida y la salud de estas mujeres no corra riesgo por un lado, y por el otro, para que de un mensaje claro porque es una práctica legal, es el Ministerio el que tiene que establecer las normativas y los mejores modelos de atención para que las ILEs se den en el marco de los DDHH”.

“Que salud vuelva a ser Ministerio, no es un dato menor”, reflexionó Camila, “esto repercute en las políticas públicas. Hoy en una reunión de Gabinete no hay un Ministro de Salud y eso perjudica”. Desde la Agrupación Verde y Blanca Salud repudiaron la decisión de Mauricio Macri que “sigue sosteniendo las políticas machistas y de exclusión”. “La implementación de esta actualización sería un paso importante a nivel nacional para hacer cumplir los abortos no punibles sin represalias hacia la persona gestante” agregan. “Nuevamente el macrismo manosea y se burla de nuestros derechos decidiendo retroceder ante una medida de salud pública para garantizar el real acceso a la misma”.

El Protocolo ILE debe estar actualizado, el Aborto tiene que ser Legal, Seguro y Gratuito y Salud debe volver a ser Ministerio.

 

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]]> Protocolo ILE: una actualización, su anulación y la decisión política de Macri de ser un antiderechos https://marcha.org.ar/protocolo-ile-actualizacion-anulacion/ Thu, 21 Nov 2019 10:00:14 +0000 http://www.marcha.org.ar/?p=46394 Mauricio Macri, presidente saliente de la Nación, ordenó anular la actualización del Protocolo ILE, una medida que había sido garantizada por el secretario de salud, Adolfo Rubinstein. Una decisión discriminatoria y que perfila al macrismo como una oposición antipopular y con una clara agenda y decisión política: la de ser antiderechos.

Por Laura Salomé Canteros

En la madrugada del miércoles 20 de noviembre se publicaba en el Boletín Oficial, la novedad. La Resolución 3158/ 2019 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno de Salud, a cargo de Adolfo Rubinstein, actualizaba y otorgaba rango ministerial a través de su firma, del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Lo hacía bajo diferentes considerandos que garantizaban el acceso y la promocoión del derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación y/o de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando ésta se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país. Una actualización y jerarquización de la guía que obligaba al cumplimiento de derechos. Una reparación a tantas víctimas, un reconocimiento a la lucha y una conquista del movimiento feminista que lo reclamaba hace años.

Sin embargo, por la tarde del mismo día, Infobae publicaba la noticia que afirmaba que Mauricio Macri, presidente saliente de la Nación, ordenó anular la actualización del Protocolo ILE con otra resolución, esta vez redactada y firmada por la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley por razones de competencia alegando que hubo al menos tres organismos -en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres- que no fueron consultados ni formaron parte de la elaboración del nuevo texto. Esto fue confirmado también por la titular del INAM, Fabiana Tuñez, quien dijo a través de Twitter que “la anulación fue una cuestión de forma jurídica”.

La actualización del Protocolo venía a proteger y garantizar el acceso igualitario a la salud de niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, bisexuales, varones trans y personas no binaries con capacidad de gestar en todo el territorio nacional. Retomaba una de las mayores demandas del movimiento feminista junto a la de aborto legal: que esta guía tenga finalmente rango ministerial para que no haya ningún tipo de obstáculos, criminalizaciones o duda sobre cómo les profesionales y los servicios de salud debían actuar ante el requerimiento de una ILE.

Era, tal como lo afirmaba la Resolución, para que “la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”. Una decisión que, entre otras, creaba una Dirección para garantizar el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva como derechos, elaborando materiales de información y guías de atención que se distribuyeran en todo el territorio nacional bajo un amplio marco legal que tiene como base la Constitución Nacional, tratados internacionales, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, pilares fundamentales sobre los que se apoyan las leyes nacionales y provinciales.

Cuáles eran las principales modificaciones del Protocolo ILE de la Resolución 3158/ 2019

En relación a las circunstancias que habilitan la interrupción legal del embarazo:

  • En la causal salud, se incorpora el entendimiento de la violencia de género desde una perspectiva integral, incluyendo todos los tipos y modalidades definidos por la Ley de Protección Integral 26.485.
  • Explicitación de que un embarazo en une niñe o adolescente es un aumento del riesgo para su salud física y mental y que esos riesgos son causal salud y habilitan la ILE.
  • En la causal salud, se refuerza la no intervención judicial para solicitar autorización para realizar una ILE y que el poder judicial solo debe intervenir en la protección del niñe o adolescente.

En relación a la solicitud  y consentimiento para la ILE:

  • Posibilidad de implementación de un sistema de apoyos para la toma de decisiones en caso de que una persona con discapacidad cuenta con una o más personas de su confianza con el objetivo de promover su autonomía y facilitar la comunicación.
  • En personas de 16 años o más, la posibilidad de brindar su consentimiento de forma autónoma.
  • En adolescentes entre 13 y 16 años, la posibilidad de brindar su consentimiento de forma autónoma si se tratara de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o salud.
  • En niñes menores de 13 años, las acciones deben estar guiadas por el principio de autonomía progresiva. Podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. La toma de decisiones se realiza en conjunto y las personas que les acompañen deben firmar a fin de ratificar el consentimiento informado del niñe.

En relación a la objeción de conciencia:

  • El/ la profesional que haya declarado objeción de conciencia debe en un plazo máximo de 24 horas remitir a la persona con una/ a profesional que pueda llevar adelante la práctica. Dicha derivación debe constar en la historia clínica.

En relación al procedimiento medicamentoso:

  • Incorpora las autorizaciones que realizó ANMAT para producir comprimidos vaginales de misoprostol y su venta en farmacias bajo receta archivada.

Los equipos de salud:

  • No deberán revisar la causal en los casos en que la solicitud de ILE se inicie en el primer nivel de atención y haya requirido la derivación a un hospital con el objetivo de evitar demoras en las intervenciones y revictimizaciones.
  • Deben garantizar la confidencialidad y la privacidad de la personas que solicita la ILE.
  • Se agregará al apartado de responsabilidad profesional la posibilidad de ser sancionado/ a al realizar alguna acción que configure violencia dentro de los tipos y modalidades de la Ley 26.485.

En relación a los plazos:

  • Se establece un plazo máximo de 10 (diez) días corridos para garantizar la realización de la práctica.

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“Nuestros derechos no se negocian”

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito no tardó en comunicar su respuesta mediante una breve declaración en la que repudia la decisión del ejecutivo saliente y la caracteriza como “arbitraria, ilegítima y vergonzosa”. Expresaron que la actualización del Protocolo hubiera sido una mayor claridad legal en las prácticas de interrupciones legales de embarazos, una protección hacia las mujeres y especialmente la adaptación al Código Civil y Comercial (2015) en resguardo de niñas y menores de 15 años que prohíbe como regla la sustitución del consentimiento. Lamentan además que hubiera sido un Protocolo vigente para todas las provincias. “El gobierno nacional, burlándose del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, en una actitud bochornosa decide retroceder en su decisión”, dice la declaración, “pero decimos claramente, no permitiremos retrocesos. Estamos atentas y movilizadas para defender lo que nos corresponde”.

Por su parte, REDAAS, ELA y el CEDES, llamaron de “lamentable” el pedido de anulación de la actualización del Protocolo ILE. “No crea derechos nuevos, no amplía causales, no modifica leyes: establece con claridad la manera de garantizar el acceso a esos derechos que surgen de otras normas”, expresaron las integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. “La decisión de anular muestra lo peor de la mezquindad politica”, “el daño que esta falta de coherencia en la política sanitaria puede generar en la salud y el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, no parece ser dimensionada por los actores políticos que la han promovido”. Afirmaron además que la anulación, si bien no elimina derechos, “genera incertidumbre en los equipos de salud, temor en las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que pudieran requerir el acceso a la práctica, empujándolas una vez más a la clandestinidad y exponiéndolas a la violencia institucional”. Agregaron además que con esta decisión, el Estado argentino se acerca al incumplimiendo de sus obligaciones internacionales.

Para Andrés Gil Domínguez, la resolución dictada por el secretario de Salud -mediante la que actualizó el Protocolo ILE- contituyó “una garantía progresiva de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”. El abogado constitucionalista eligió este enfoque para explicar, a través de su cuenta de Twitter, que la resolución “elevaba el Protocolo como norma general a un mayor rango jerárquico y protegía el derecho a la salud en oos términos previstos por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, especialmente la Convención por los Derechos del Niño”. Para Gil Domínguez, la derogación del Protocolo actualizado implica una “violación al principio de no regresividad en materia de Derechos Humanos por cuando no se justifica porqué los derechos están más protegidos sin Protocolo que con el mismo en vigencia” y agregó “la posverdad constitucional y convencional invocada por algunos funcionarios es realmente perversa”.

Desde cerca del gobierno, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados también se manifestó comunicando la “profunda preocupación” con lo que pasó. Fue mediante un comunicado firmado y publicado en la cuenta de Twitter de la diputada Brenda Austin, una de “las sororas” y artífice del consenso transversal para lograr la sanción en la Cámara Baja del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 14 de junio de 2018. Varies representantes firmaron una carta de apoyo al Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein y donde solicitan a Mauricio Macri que “sostenga la Resolución 3158/ 2019, entendiendo que se enmarca en una política pública con perspectiva federal de aplicación articulada en todo el territorio”. La carta recuerda que es una actualización más, como las de 2010 y 2015, de una herramienta que sirve para garantizar derechos y que está vigente en el país desde 2007.

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Con la decisión del presidente saliente, vuelve a estar vigente el Protocolo que regía desde 2015. Otra muestra de que los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar ni siquiera rankean para una salida digna del gobierno de Cambiemos.

La interrupción del embarazo es legal por causales desde 1921 y debe permitirse, en todo el territorio nacional, cuando una persona corre riesgo de vida o cuando es violentada sexualmente y decide solicitarlo. En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el Fallo F.A.L. en que insta a todas las provincias a adherir al Protocolo, que fue actualizado en 2015 conforme estos lineamientos judiciales aunque, precisamente por la falta de rango ministerial, era una guía de salud que parecía opcional, como la garantía del acceso a los derechos.

Es por eso que, a partir de este -esperemos último- traspié y papelón antiderechos del presidente saliente, Mauricio Macri, el gobierno que le sigue, al frente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner deberá otorgar seriedad a la problemática y rango ministerial al Protocolo ILE para terminar con la desigualdad en el acceso a la salud según una mujer viva en Santa Cruz o en Tucumán, en CABA o en Corrientes. Para avanzar en saldar la más grande deuda de la democracia, la demanda de mayor consenso dentro del movimiento feminista: el reconocimiento en una ley, del derecho al aborto voluntario. Porque a pesar de Macri y los antiderechos, será ley.

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