Lo peor ya pasó. La frase remix de Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso para sostener que la economía ahora sí está en recuperación, las viene reproduciendo en cada entrevista brindada en lo que va en de su gestión. Esa, junto a otras frases del manual oficial, no faltó.

Es su tercera visita al Congreso desde que asumió en 2015. Esta vez no llovió. Pero la ausencia de apoyo también se hizo agua. Tanto que nos regaló un meme que recorrerá las redes por varios meses con un saludo a la nada, o quizá era a la cientos de efectivos policiales presentes, a quienes dijo que teníamos que cuidar entre todos porque dan la vida por nosotrxs, aunque la tasa de gatillo fácil se haya duplicado en estos dos años.

La economía ocupó un lugar preponderante en los 43 minutos que duró su discurso. No es una novedad, fue el caso de casi todos los presidentes desde Menem, que destinaron la mayor parte de su discurso a la situación económica (la única excepción fue Néstor Kirchner, quien destinó más tiempo a la situación social). La obra pública fue otro de sus grandes hitos, aunque es obvio que es mantenida con endeudamiento internacional.

Macri también se refirió a las medidas para transparentar al Estado, como las declaraciones patrimoniales y el límite para nombrar familiares, aunque no mencionó ningún caso en particular. Gilligan llegó para taparle los problemas a Caputo. En un gobierno plagado de conflictos de intereses, el Ministro de Finanzas y amigo de Mauricio, Luis, está en la mira de la Justicia por ocultar que tenía sociedades offshore.

El manual indica que hay crecimiento sostenible por primera vez. Los usuarios de redes oficialistas no pararon de empoderar la frase junto a gráficos del INDEC. Que la inflación bajó y seguirá bajando, que el empleo registrado no para de crecer, que los salarios le ganaron a la inflación y que la pobreza bajó. El Ministerio de Trabajo informó, en base a los registros en el Sistema Integrado Previsional Argentino, que dos tercios del empleo total creado el año pasado (268 mil) fueron monotributistas, autónomos, empleo público, trabajadores en casas particulares y monotributistas sociales. Son empleo inestables y de bajos ingresos. El empleo de calidad y bien remunerado de la industria acumula una caída de 66.310 puestos en dos años. ¿La desocupación está bajando? ¿El salario le ganó a la inflación?

Se les pagó una fortuna a los fondos buitre con la excusa de que habría una lluvia de inversiones. Pero la inversión externa directa fue menor en estos dos primeros años de Macri que en los dos primeros años de la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Pero se subió en los puestos internacionales de transparencia.

Los cantitos en la cancha no tienen correlación con el voto. La mayoría que canta MMLPQTP posiblemente no hayan ido a protestar al Congreso por la reforma previsional, quizá nunca se acercaron por ninguna causa, e incluso lo hayan votado. Hoy lo putean por un malestar económico individual, por conspiraciones arbitrales contra sus equipos e incluso por moda. Y Macri, aunque no parezca cierto, atiende esa llamada. Él proviene de ahí, del fútbol. Le da impronta y lo escucha más que la gente que va a marchar.

“El fútbol expresa la realidad social de un país. El caos de populismo y corrupción tuvo su contraparte en el fútbol” #MacriConFantino

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 22 de julio de 2016

El fútbol muestra mucho lo que pasa con la sociedad pic.twitter.com/83vS0qvh

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 10 de mayo de 2012

‘El fútbol expresa mucho de lo que le pasa al país’ ^A

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 27 de junio de 2011

El problema, quizá, sea que simplemente pueda solucionarlo con resultados deportivos.

Tampoco esquivó el conflicto educativo. Como el año pasado, se lamentó de los resultados. Cada vez chicos más burros. Y de ¿quién es la culpa? De los maestros, que solo se ocupan de la educación en épocas de paritarias. La demonización de los maestros otra vez se hizo presente a la par que en las redes otra vez, quizás, aparecieron voluntarios para llenar las escuelas. Más tarde Vidal, en su discurso, apañaría las palabras del primer mandatario.

Pero las palabras de Macri estuvieron más cuidadas que nunca. Es que tuvo, para ejercer su cargo, que aprender a dominar sus formas y abstenerse de decir lo que piensa realmente, como cuando se lamentó de que la droga matara tanto a pobres como a gente muy valiosa, cuando habló de la educación pública como “caída” o derrapó en frases como “el mar es muy grande y el submarino muy chico” o que “el problema en el indoamericano era por la inmigración descontrolada”, cuando aún era jefe de gobierno de la Ciudad. O cuando dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Que a qué mujer no le gusta que le digan qué lindo culo, o que el salario era un costo más.

El manual de Durán Barba, esta vez, estuvo en todo su esplendor. Lectura para apegarse a las antiguas leyes, dicción correcta y elevada voz sólo en pequeñas ocasiones de nombrar triunfos, o ideas de cansancio. Contacto visual con amigos y enemigos, dulzura y preocupación para hablar de salud y educación y  temblequeo de autosatisfacción para anunciar un parque nacional en Campo de Mayo, disfrazado de futuro hito y no como un borrador de símbolos históricos.

Otro acierto, quizá festejado por los propios, fue que tratara temas de género. Salario desigual, embarazo adolescente y apertura al debate por la legalización del aborto.  Pero ¿qué dijo realmente? O, mejor dicho, ¿qué no dijo? Primero, que está a favor de la vida, como si quienes apoyan la despenalización y legalización del aborto no lo estuvieran. Luego que espera que se escuchen todas las voces, jerarquizando la católica. No habló de cambiar el marco que criminaliza a las mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo por fuera de los permisos previstos ya en el Código Penal. Tampoco habló del desfinanciamiento del programa nacional de Educación Sexual Integral (Según datos oficiales en 2015, la inversión era de 55.755.738 pesos; en 2016 pasó a $27.662.623 y en 2017 subió a $43.211.136), aunque aclaró que era la base fundamental para  prevenir los embarazos no deseados en adolescentes.  Pero entonces, si no va a cambiar nada, ¿para qué anunciarlo? A días de un nuevo paro internacional de mujeres. Bueno, quizá, esa es la pregunta que, aunque obvia, debamos hacernos de todo su discurso en la 136 apertura de sesiones legislativas.

Sería loco, y a la vez lamentablemente probable, que muchos con un pensamiento retrógrado caigan en la advertencia  que cuenta Alejandro Bercovich en su editorial para BAE: en el Rotary Club de San Isidro el cirujano Juan Carlos Parodi, ante un  público VIP, estimó que “en tres generaciones, las familias pobres generan 80 nuevos habitantes y las no-pobres sólo 16”. Dado que a su juicio “la sustancia gris y la superficie cerebral es menor” en los hijos de las familias de bajos ingresos, el médico concluyó que con la actual dinámica demográfica “nos estamos llenando de habitantes con escasa capacidad mental, con pobre educación y tendencia al delito”, por lo cual “en pocos años volverá el populismo, los cubanos volverán a dar las órdenes como hicieron con los montoneros y seremos otra Venezuela”.

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Desde el 31 de julio se realiza en la Ciudad de Esquel, Chubut, el juicio oral y público a la médica residente de El Maitén que garantizó el derecho de interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años en el año 2015, con el objetivo principal de proteger su vida y salud conforme a actual legislación.

El juicio duró dos semanas, a lo largo de sus distintas instancias se demostró en él -según como lo explica la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito– que la médica actuó “conforme a derecho” en el marco de lo establecido el Código Penal en su Art. 86, inciso 1, el Fallo F,A.L. de la Corte Suprema de Justicia de marzo 2012, la Ley XV-14 de Aborto no punible de la provincia de Chubut, vigente desde 2010 y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015.

A lo largo del juicio, se pudo dar cuenta no sólo la “no relación” entre la muerte de la joven con la práctica de aborto realizada, sino también las múltiples irregularidades que se llevaron a cabo durante la investigación. Entre ellas, se demuestra que se investigó y procesó sólo a la médica que garantizó la práctica previa que casualmente se trata de un aborto legal con todo lo que esta práctica trae aparejada. Y no así a las y los médicos de los  hospitales de El Maitén y Esquel donde se atendió posteriormente.

Esta historia no hace más que volver a poner en evidencia la persecución y criminalización por parte de las instituciones estatales a aquellas médicas que, en el marco de la ley, otorgan derechos a las mujeres que eligen sobre sus cuerpos. A su vez, este accionar podría consolidar un marco restrictivo para quienes deciden continuar eligiendo libremente sobre sus cuerpos.

Sin embargo, dispuestas a continuar disputando los sentidos que se construyen alrededor de la práctica del aborto, las organizaciones, redes, radios y espacios feministas de la Comarca Andina acompañan -en esta ocasión- a la médica haciendo de su accionar cotidiano una pedagogía feminista, de cuerpo presente y con el compromiso cotidiano. Marcha dialogó con Andrea González de Socorro Rosa – Comarca Andina e integrante del programa Conjuros a Viva Voz de la Radio Fm Alas de El Bolsón.

Pedagogía del acompañamiento

¿Cuál es la práctica de las Socorristas en Red?

Las socorristas acompañamos a las mujeres porque la urgencia del aborto así lo indica, sabemos de la seguridad del medicamento esencial como es el Misoprostol. Acompañamos porque creemos que es nuestro derecho decidir sobre nuestras vidas y cuerpos. Y también acompañamos a las médicas y a todos y a todas que garanticen este derecho y nos acompañen a cuidar la salud.

¿Qué lectura hacen del desarrollo del juicio?

Desde Socorristas en Red venimos acompañando todo el proceso, desde las audiencias preliminares hasta las realizadas en lo concreto del juicio desde el 31 de julio, a nuestro entender el inicio de este juicio es político ya que es perseguir penalmente a una médica por haber garantizado un derecho. Decimos que es una acusación política porque solamente se seleccionó a esta médica, entre todos más de veinte profesionales de la salud del Hospital Subzonal del Maitén como del Hospital Subzonal de Esquel que durante una semana atendieron a la adolescente fallecida allá por el mes de diciembre del año 2015, de todos estos profesionales que intervinieron en prácticas médicas se seleccionó y responsabilizó solamente a esta médica de la muerte de la adolescente.

Una muerte que, como pudimos escuchar durante todos los testimonios, cuyas causas no se han podido probar aun y posiblemente no se van a poder probar nunca por una decisión de la fiscalía que, representando al Ministerio Publico Fiscal no admitió la producción de pruebas en el momento oportuno, es decir el momento en el que ni los peritos de parte ni los puestos por el Ministerio pidieron esos peritajes por lo cual ya no van a ser posibles por el paso del tiempo pero esos peritajes hubieran dado pistas o razones para poder saber cuál fue la causa de la adolescente, nosotras tanto como la defensa escuchamos y sostenemos que no hay nexo causal entre la práctica realizada por la médica y la posterior muerte.

En este contexto, para ustedes ¿cual es el objetivo de este juicio?

El objetivo de este juicio desde un inicio es amedrentar, intimidar, disciplinar a médicos y médicas que garantizan derechos pero también entonces a las mujeres que los solicitamos. Detrás de este juicio creemos que se esconde también el mensaje de que las interrupciones legales del embarazo realizados con medicamento en hospitales públicos son riesgosos.

Este es un nudo muy importante porque sabemos que el Misoprostol como medicamento esencial, afirmado esto por la OMS (Organización Mundial de la Salud), ha disminuido el riesgo de muerte de mujeres gestantes o personas con capacidad de gestar, esto también se puede encontrar en las estadísticas realizadas a partir de los primeros registros sobre interrupciones legales del embarazo que comienzan en este país a partir de la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo entonces creemos la construcción del discurso durante este juicio se va dando dia a dia y anudando como objetivos políticos de disciplinar a medicas, medicos y mujeres.

¿Cómo fue el accionar del juez ante esta causa? ¿Qué interpretación hacen al respecto?

A pesar de que dos hospitales y más de veinte profesionales estuvieron involucrados en esa asistencia médica hay una sola imputada y procesada quien recibirá hoy martes 22 de agosto la sentencia por parte del Juez Oscar Colabelli. Sabemos también que este juez, en el año 2012 negó un aborto no punible a una niña de 12 años víctima de violación, esta causa fue judicializada por los profesionales de la salud logrando que ese aborto sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Chubut. Creemos que, si bien se recusó al inicio del juicio, como el juez no lo aceptó es el responsable de esta sentencia ya que es quien escuchó los testimonios durante dos largas semanas de juicio.

Sin embargo, también tenemos que reconocer que el mismo juez le dio la oportunidad a la médica de hacer las preguntas por cuestiones técnicas, durante el juicio a gran parte de testigos durante el juicio, fueron preguntas que, se sostuvieron con mucha firmeza, compromiso, responsabilidades y entereza por parte de la médica y que nos fueron enseñando y dando a conocer cuáles fueron los vericuetos por los cuales en principio creemos que ella fue llevada a juicio y por lo cual no va a ser demostrada la causa real de la muerte de la adolescente.

¿Qué repercusiones creen que puede tener este juicio en el territorio de Chubut que, en términos de políticas públicas de salud ha sido siempre progresista?

Podemos también aclarar que de parte del fiscal hubo una clara intención de prestar a confusión, ya que sostenía que no era ese el objetivo que se perseguía ya que la práctica del aborto estaba garantizada en esta provincia tal como lo decís. Se trata de una provincia precursora porque Chubut tiene su Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo bastante antes del Fallo Fal por lo tanto es precursora en este sentido. Sin embargo el fiscal debía estar aclarando permanentemente que no era el aborto en sí lo que se estaba juzgando cuando la carátula de su acusación justamente es “aborto seguido de muerte con consentimiento”. El único cambio bastante radical que hubo durante el juicio por parte del fiscal fue la condena pedida de 4 años de prisión efectiva y 8 de inhabilitación, y al finalizar las audiencias en los alegatos pide un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación pero sostiene que la médica incurrió en mala praxis.

¿Cual es la relación entre el movimiento de mujeres y las profesionales de la salud que acompañan la decisión de las mujeres?

Desde el nacimiento de Socorristas en Red uno de los objetivos políticos ha sido la articulación con el trabajo de la salud, de la salud pública en especial. A partir de la conformación de Socorristas al poco tiempo se crea también la Red de Profesionales por el derecho a decidir y con ellos y ellas venimos codo a codo trabajando en la articulación para garantizar derechos pero también en un trabajo de despenalización social es decir imprimir otros sentidos a la práctica de aborto y este juicio va directamente a ese punto, a revertir esos nuevos sentidos y aa desarticular este compromiso y de médicas que garantizan derechos como así también del conjunto de mujeres que venimos hace muchos años luchando para que el aborto sea legal para que tengamos el derecho a decidir sobre nuestras vidas y cuerpos.

¿Qué estrategias se van a dar desde el feminismo organizado de la provincia?

Nosotras vamos a acompañar la lectura de la sentencia de parte del Juez Oscar Colabelli. Podemos dimensionar la importancia que ha tenido este juicio y lo que suceda con esta sentencia ya que creemos que la puesta en marcha de este juicio su desarrollo en si, más allá del resultado, evidencia la amenaza que representa este antecedente para las prácticas médicas como así también para cualquier persona que a través de su práctica garantice nuestro derecho por eso creemos que es indispensable el acompañamiento a la médica y puesta en escena acompañando en el juicio y la posibilidad de la comunicación de lo que nos permita hacer de nuestras prácticas cotidianas prácticas pedagógicas en la accesibilidad al ejercicio de nuestros derechos.

La lectura de la Sentencia será trasmitida por la Radio Kalewche de Esquel y retrasmitida por la Red Nacional de Medios Alternativos, Fm Alas, Conjuros a Viva Voz, Radio Presente y Radio Zona Libre desde las 15.45hs.

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Comenzó el juicio oral contra la médica procesada por haber sido quien garantizó el derecho al aborto de una joven que falleció en Chubut. Desde una declaración conjunta espacios de la medicina general, de mujeres y feministas exigen el desprocesamiento de “Abril” y la investigación para el esclarecimiento de las causas de la muerte de “Maira”.

“Maira” vivía en El Maitén, tenía 17 años y en diciembre de 2015 decidió, en ejercicio de su soberanía, interrumpir su embarazo. Se encontró en el centro de salud con “Abril”, médica residente que la recibió, informó y garantizó el acceso a su derecho según el protocolo de atención vigente en la provincia del Chubut. Una práctica que es no punible desde 1921 en el país, que está avalada por convenciones y tratados internacionales de jerarquía constitucional, aclarada por la Corte Suprema en el “Fallo F.A.L.” y defendida de forma cotidiana por espacios de mujeres, feministas, de derechos humanos y la medicina general que acompañan este injusto proceso que arrancó en Esquel.

“Exigimos al Tribunal el desprocesamiento y absolución de Abril, la médica procesada por garantizar un derecho, e instamos al poder judicial de Chubut a investigar las causas de la muerte de Maira, la joven de 17 años que ejerció la soberanía sobre su cuerpo- territorio”, dicen desde una declaración conjunta la Comisión Nacional de Residentes de Medicina General, la Federación Argentina de Medicina General, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Una vez más historias de mujeres que se vuelven “casos judiciales”, ambas atravezadas por la criminalización del aborto y la capacidad de integrantes del poder judicial de poner sus interpretaciones por sobre las garantías y las decisiones de las mujeres. Muertas y (queriendo volverlas) presas de un Estado presente solo para penalizar y criminalizar las decisiones sobre la salud y la libertad.

Una acusación “totalmente injusta”

“Esperábamos esta respuesta de los Tribunales”, afirmó “Abril”, la médica criminalizada al comenzar hoy la jornada del juicio en diálogo con Radio Nacional, “lamentablemente fue todo como pensábamos y transcurrió este año y medio de lucha, tenerme que defender por una acusación totalmente injusta. Seguiremos dándole batalla y defendiéndonos y saldrá la verdad cuando deba ser”, afirmó.

Cuando se le preguntó si tras el juicio hay un mensaje político para obstaculizar el acceso a derechos para las mujeres, “Abril” respondió: “si, por supuesto, hay una discusión politica porque sino no tendría sentido esta causa”. Reafirmó lo que sus colegas en lucha dicen, que el procedimiento se realizó en conformidad con los protocolos, “tenemos todas las prubas y la convicción, y a su vez, no hay ninguna prueba en contra de lo que pensamos y vivimos” y finalizó, “no hay ningún fundamento para no continuar garantizando derechos, sigamos adelante”.

El cronograma fue y es cargado en Esquel y se prevén cinco jornadas de testimoniales más los días de alegatos y sentencia. En relación a lo que ya aconteció, el primer día del juicio, lunes 31 de julio, el abogado defensor de “Abril”, Edgardo Manosalva, realizó el pedido de recusación por parcialidad al juez José Colabelli, quien en 2012 había sido sancionado por el poder judicial de la provincia del Chubut por negar a una niña el derecho a un aborto no punible, priorizando “sus convicciones personales por sobre el derecho provincial, nacional e internacional”. El pedido fue rechazado y ese día brindaron su palabra la madre y el padre de “Maira”.

El martes, miércoles y hoy brindaron testimonio médicas/os de El Maitén y Esquel respectivamente quienes dijeron estar al tanto de los protocolos, mientras que para mañana se prevén las declaraciones de la médica que realizó la necropsia y los médicos forenses. Para la semana que viene, lunes 7 y martes 8, serán los testimonios de testigos de parte de la defensa, de “Abril”, que incluye a la perito en la causa y médica tocoginecóloga Stella Maris Manzano.

Más que un juicio. Más que un intento de condena

Como en cada historia que los feminismos eligen, la de “Maira” y “Abril” es paradigma. La criminalización de una médica que actuó bajo la ley y la de una joven que decidió sobre su cuerpo. A “Abril” la acusan de ser la responsable de la muerte de “Maira” pero la carátula -y por lo tanto la investigación- no es por “mala praxis” sino por “aborto punible”. Una decisión que lleva a juicio al eslabón más débil de la cadena de la institución médica en una práctica que fue supervisada. Y en esa operación, el intento de disciplinar a todas las mujeres y las y los médicos.

Quienes acompañan a “Abril” reconstruyen la historia tras escucharla una y otra vez contarla. “Maira” le dijo en su consulta que estaba dispuesta a interrumpir la gestación “de cualquier forma”. Y como tenía más de 14 años le explicó que sólo era necesario su consentimiento, sin necesidad de hablar con su padre, madre ni con ninguna otra persona. Tras informarle cómo es el procedimimiento y que la interrupción legal del embarazo (ILE) se enmarcaría en la “causal salud ampliada”. “Maira” le dijo que quería que fuera dentro del hospital por lo que “Abril” avisó a su encargado y tras recibir el consentimiento informado firmado por la joven se realizó la práctica con medicamentos.

Según quienes acompañan a “Abril”, integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir el procedimiento “fue exitoso”. Relatan que se le otorgaron a “Maira” pautas de alarma y control clínicoy la orden para realizar una ecografía de control post aborto de acuerdo al protocolo para 15 días después. Cuentan que cuatro días después la joven consultó para realizar un control, ocasión en la que no se evidenciaron signos de infección ni de sangrado excesivo. Al otro día consultó por un dolor abdominal. Se la examinó, y como presentaba buen estado general, se le administró medicación para el tratamiento sintomático y se le dio el alta con pautas de alarma.

Unas horas después, ese mismo día, 5 de diciembre, “Maira” estuvo con dolor abdominal generalizado. Se le estudiaron posibles causas, relatan, no encontrándose diagnóstico etiológico de la condición. Como continuaba deteriorando su estado general se la derivó al Hospital de Esquel donde fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones, no pudiéndose encontrar la causa de su deterioro clínico. “Maira” continuó con importante deterioro a pesar de las intervenciones realizadas y falleció al día siguiente.

“Según las pruebas que existen en la causa no es posible afirmar que haya una línea que conecte la interrupción del embarazo con la muerte de Maira, y por lo tanto, con la práctica médica de Abril”, dicen desde la declación conjunta, “la causa presenta irregularidades en la investigación, tales como pericias mal hechas y otras desestimadas porque no concuerdan con lo que el fiscal sostiene, como toxicológicas no realizadas, tendientes a culpar en lugar de intentar esclarecer la muerte de Maira”.

“La mayoría de las jurisdicciones del país aún no cuentan con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio del derecho al aborto que las mujeres tienen desde 1921. Chubut es una de las que sí y en defensa de políticas públicas que favorecen el acceso a las mujeres a sus derechos es que se vuelve importante repudiar desde todos los sectores la judicialización y el intento de condena de Abril”, dicen desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

De la lucha contra la desinformación

El Estado que omite sus responsabilidades institucionales e históricas, las influencias en los poderes de los sectores conservadores y el desparpajo de los grupos antiderechos han salido a la ofensiva. Y en la historia de “Abril” y “Maira” no es excepción. Están organizados, pero para negar derechos. Nuestros derechos. Sus herramientas no son nuevas y están prestas para operar: el aparato represivo y punitivo en manos de las fuerzas y el poder judicial para golpearnos, encarcelarnos y hacernos callar. El heteropatriarcado institucionalizado y con poder para disciplinar el poder de los feminismos.

En la lucha por la despenalización y legalización del aborto por libre decisión de las personas gestantes, la batalla cultural, o la llamada “despenalización social”, es clave. Y la ganan ampliamente con sus argumentos los feminismos en lucha. Sin embargo, por estos días del juicio Esquel está empapelada con la imagen de “Maira” y la frase “murió a causa de un aborto legal”. Una contra- campaña que solo trae a la sociedad desinformación y caos para el terror. Una combinación más que conocida de la ultra derecha.

Por eso desde las organizaciones que reclaman el desprocesamiento de Abril y la investigación de las causas de la muerte de Maira, se organizan para relatar las historias desde sus propias palabras poniendo como siempre, el cuerpo al acompañamiento en la presencia en el juicio que se realiza en esa ciudad convulsionada además por las represiones a los pueblos mapuches, diciendo claramente: “garantizar derechos no es delito”.

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El ministro de Salud bonaerense recalcó que las políticas ‘a favor de la vida’ no incluían las de las fallecidas por abortos clandestinos, ya que ni acompañar el pedido de su legalización ni garantizar los no punibles son prioridades para la Gobernación. Lo mismo que su par nacional, Gollán.

¿Qué tienen en común el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, y su par de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia? Que ambos son médicos y que a ambos les bajaron línea para que el aborto siga encajonado en la clandestinidad, mientras muchas mujeres mueren.

Gollán había propuesto hace un mes dar un “debate serio y maduro” sobre el tema “con todos los sectores de la sociedad”, debido a la cantidad de muertes registradas por abortos clandestinos. Collia había anunciado en agosto del año pasado que su cartera crearía un hospital móvil para atender “casos controversiales de aborto no punible y un consultorio para asistir con medicación a las víctimas de hasta 12 semanas de gestación”.

A Gollán lo desautorizó pocas horas después el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. A Collia lo hicieron al día siguiente la Iglesia Católica y el gobernador Daniel Scioli. Gollán salió entonces a advertir que el asunto “no está en la agenda del Gobierno”. Collia, también.

Al ser entrevistado por varios medios, el funcionario bonaerense se puso en sintonía con Aníbal Fernández y su par federal. Si bien ya se había retractado en su intención de promover el aborto no punible, esta vez habló para reforzar la posición del Gobierno, emparentada con la de la cúpula eclesiástica.

Advirtió, al igual que ellos, que “la despenalización del aborto hoy no figura en la agenda del gobierno nacional ni provincial” y consideró que la aplicación de diversos programas de salud sexual y procreación responsable en la provincia “redundaron en una merma del 30 por ciento de la mortalidad”.

A confesión de parte…

En agosto de 2014, Alejandro Collia hizo pública su preocupación sobre el incumplimiento del protocolo de atención al aborto no punible a causa de la objeción de conciencia. Por este motivo, su cartera informó que crearía un sistema móvil con el cual se garantizarían “condiciones sanitarias seguras” cuando todos los médicos de un hospital se nieguen a la voluntad de una mujer de interrumpir la gestación en el marco del artículo 86 del Código Penal.

El gobierno provincial parecía priorizar la atención a la terrible situación que experimenta una mujer violada, por ejemplo, por sobre las motivaciones religiosas o morales que obstaculizan el cumplimiento de la ley. Collia había sido muy claro al respecto: “Para nosotros este dilema debe cerrarse definitivamente y que todos los derechos sean respetados”.

Además, se convocó a colectivos de mujeres organizadas dentro de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a otras agrupaciones políticas y gremiales con el fin de integrar una “mesa de diálogo para proponer acciones que mejoren el abordaje de la mujer en situación de aborto”, junto a representantes de distintos programas de género y salud sexual gubernamentales.

En este sentido, el Ministerio precisó que la iniciativa tenía “dos objetivos: garantizar el derecho a estas prácticas legales y reducir las muertes maternas”. A confesión de parte, relevo de pruebas: el Estado reconoce así que en la Argentina el derecho al aborto no punible no está garantizado y que las muertes maternas por abortos mal hechos existen efectivamente. Semejantes afirmaciones implican un compromiso público concreto y ya no tienen vuelta atrás.

Otra vez, Dios metió la cola

Sin embargo, la Iglesia Católica pegó el grito en el cielo una vez más y al día siguiente emitió un comunicado a través del Arzobispado de La Plata en el que imponía que “el aborto procurado es una eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en su fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento”. También sostenía que “nunca se puede considerar una traba” la objeción de conciencia y que el aborto no punible no es “atención a la salud”.

Tras las críticas hechas por monseñor Héctor Aguer y sus obispos auxiliares, el Ministerio de Salud bonaerense, expeditivo, volvió a emitir un comunicado, pero esta vez para aclarar que “el gobernador Daniel Scioli niega rotundamente la existencia o creación de un hospital móvil que realice prácticas abortivas en la provincia de Buenos Aires en el marco del Protocolo de Aborto No Punible”.

También, indicó que “el Estado de la provincia de Buenos Aires promueve y defiende toda clase de iniciativas favorables a la vida, el desarrollo de la familia, los derechos integrales de los ciudadanos, la educación”. Raro, porque si de iniciativas favorables a la vida se trata, las que abortan en situación de clandestinidad tienen riesgo de morir. Y de hecho, muchas mueren. Es la principal causa de muerte materna.

Después, el diario digital InfoCatólica celebró que “fue cancelada la unidad móvil de la muerte”.

El sonar de la campaña

María Julia Constant, de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de La Plata, relató que en julio del año pasado el servicio de Obstetricia del Policlínico San Martín, de esa ciudad, se negó a practicarle un aborto a una mujer violada, quien además tuvo que pasar por diversas formas de maltrato (cuestionamientos absurdos, la obligaron a escuchar los latidos del saco gestacional, traslados de un lugar al otro y discriminación por ser inmigrante).

El aborto se hizo de todos modos, pero 72 horas después y no por voluntad del hospital, sino porque integrantes de organizaciones de género se plantaron en el lugar para apoyar a la compañera y exigirle a la jefa de esa área, la doctora Adelaida Soria, que atienda el caso. Como todos los médicos fueron objetores de conciencia, quien realizó la intervención fue un colega de otro centro de salud. Precisamente, María Julia acusó que los médicos dispuestos a intervenir abortos no punibles son perseguidos o no les renuevan los contratos.

Por este motivo, la Campaña hizo la denuncia y presentó un pedido de sumario administrativo para Soria, quien pese a aquel hecho de violencia institucional y a otras denuncias en su contra, todavía continúa en el cargo. “Al Ministerio solo le importó que el aborto se haya realizado, pero pasó por alto el nivel de violencia institucional” a la que el equipo de Soria sometió a la gestante, criticó Constant.

Es el Estado quien debe trabajar

Por otra parte, la militante dijo que la Campaña participó de la mesa de diálogo convocada por la cartera sanitaria pero que “nunca” confió en que algo bueno salga de allí. “Lo hicieron para lavarse de responsabilidades”. Es que al parecer, lo que buscaban las autoridades es que sean las mujeres quienes vayan a los hospitales a hablar con los profesionales y elaborar una lista de médicos “amigables”, es decir, no objetores de conciencia, para acudir en caso de aborto no penado.

Según María Julia, “es el Ministerio de Salud el que debería informar en todos los hospitales públicos” sobre la obligación de atender a las mujeres que, en determinadas condiciones, como violaciones o riesgos para la salud, llegan para interrumpir el embarazo.

Y con respecto al listado de “médicos amigables”, sostuvo: “No vamos a decirlo nosotras, eso es responsabilidad del Ministerio de Salud, hacer que se cumpla la legislación, armar un equipo interdisciplinario y proteger a los médicos ante persecuciones o sanciones que sufran por aceptar practicar un aborto no punible”.

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