Por Redacción Marcha

“Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos, pese a que algunos diputados hombres se opongan. Por ello, es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal”. Estas fueron las palabras del presidente Gabriel Boric el pasado 1º de junio en el marco de su discurso de Cuenta Pública, un balance de gestión que el Poder Ejecutivo rinde al Congreso de la Nación para dar detalle de su administración y para presentar nuevas iniciativas de gobierno. En esta oportunidad el mandatario informó que presentará un proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos y, en materia de derechos sexuales y reproductivos afirmó que es necesario actualizar y mejorar la legislación vigente desde 2017, durante la gestión de la ex presidenta Michelle Bachelet, que permite la interrupción del embarazo por tres causales: si representa un riesgo de vida de la madre, la inviabilidad del feto o, en caso de violación. 

Siomara Molina es vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile y también acompaña prácticas de aborto seguro, en diálogo con Marcha comentó que todavía no hay precisiones en cuanto a los detalles del proyecto de ley que presentará el gobierno pero que “será discutido con la sociedad civil. Es una conversación que está abierta aún en nuestro país”, afirmó la activista. 

Durante el debate para la reforma de la Constitución en el año 2022 el pleno de la Convención Constitucional Chilena aprobó la incorporación al borrador de lo que hubiera sido la nueva Carta Magna el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En diciembre de 2023 en el plebiscito de salida la ciudadanía rechazó el texto para la nueva Constitución y, por lo tanto, el derecho constitucional al aborto. “La iniciativa Será ley que es la que como Asamblea Permanente presentamos a la Convención Constitucional estaba fuertemente argumentada en términos de por qué los derechos sexuales son derechos humanos”. Si bien aún no se conoce el detalle del proyecto del Ejecutivo Siomara Molina afirmó que,  “entendemos que debiera estar en la misma línea, pero hay matices y algunas diferencias entre lo constitucional y lo legislativo entonces, el tema de los plazos, de técnicamente cómo se abordan los abortos, ese tipo de elementos son más de carácter legislativo que constitucional”.

Voluntades políticas y los obstáculos de la derecha

Durante el anuncio en el Congreso el presidente Boric fue interrumpido sistemáticamente por diputados de la derecha y ultraderecha con el objetivo de manifestar su posición de rechazo a una iniciativa que busca garantizar condiciones de salud pública y el derecho a decidir de las personas gestantes. El escenario legislativo no es sencillo para el oficialismo chileno porque no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras. La vocera de la Asamblea Permanente por el derecho al aborto comentó que “en el momento en que el Presidente comenzó a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, ni siquiera había hablado sobre el proyecto de aborto por plazos, sino que estaba aún mencionando el tema de la objeción de conciencia y de la ley de aborto en tres causales que existe hoy en Chile, se comenzaron a parar algunos parlamantarios de derecha y a retirarse de la ceremonia de la Cuenta Pública, lo que nos parece profundamente antidemocrático. Además, estamos hoy con un parlamento donde la derecha tiene mayoría entonces, ahí hay una situación compleja de abordar pero nosotras vamos a empujar esto con la misma fuerza. Entendemos que es una discusión que hay que dar, que el país debe abrirse a esta discusión de forma democrática, no existe otro mecanismo para que podamos discutir sobre un tema tan importante como este”, afirmó Siomara Molina. 

En este escenario el recorrido legislativo, una vez presentado el proyecto que, se calcula podría hacerse hacia fin de año, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y el Senado. “Cada cámara tiene sus propias comisiones técnicas y los proyectos de ley primero pasan por estas comisiones, se discuten allí y una vez que salen de la comisión van a la Cámara de Diputados y luego pasan al Senado”, explicó la activista. “Pueden haber algunas vueltas más entre medio del proceso y, por ejemplo, si no hay acuerdo se puede formar una comisión mixta entre Diputados y el Senado, pero en este momento lo más importante es que lleguemos con un buen proyecto a fin de año”. 

“Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”Esas fueron las palabras del presidente Gabriel Boric para finalizar el anuncio de  presentación del proyecto de ley por el derecho a la interrupción legal del embarazo. “Chile ha sido históricamente un país con legislaciones muy restrictivas en materia de aborto”, afirmó Siomara Molina. “Hasta hace siete años atrás seguíamos siendo parte de un grupo muy pequeño de países con restricciones absolutas, con penalización absoluta. Tenemos una ley de aborto en tres causales que es absolutamente insuficiente, que funciona pero con muchas dificultades. Tenemos una figura de objeción de conciencia que se ha estado estableciendo como una suerte de norma. Hay hospitales completos que están objetando entonces, hay una serie de elementos que han estado en la discusión pública pero que debemos seguir profundizando. Esta ley significa para nosotras esa profundización del debate y de las garantías mínimas para que todas las mujeres, niñas y personas que pueden gestar podamos decidir libremente respecto a nuestros proyectos de vida, respecto a qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y a lo que sentimos que podemos hacer también. Entonces, sin duda es un gran paso en términos de justicia reproductiva y esperamos poder construir un debate lo más amplio posible dentro del país”.

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Por Jenny Durán | Foto Julianite Calcagno

A menos de un mes de las elecciones generales las expectativas para el 20 de octubre de las fórmulas presidenciales son variables. Como la realidad argentina. Los resultados de las PASO dieron lugar a nuevas estrategias para hablarle a una ciudadanía apática tras la salida de la pandemia, la crisis económica a partir de la deuda con el FMI, la sequía y la inflación consecuencia de la voracidad empresarial.

A esto se le suman los conflictos y competencias en el frente opositor y en el oficialismo que devengaron en el deterioro del diálogo entre la sociedad civil y la dirigencia.

En este contexto, se analizan tendencias más que datos concretos. Aunque como datos reales quedaron por un lado, el alto número de electores y electoras que no acudieron a las urnas el pasado 13 de agosto y el emergente de la libertad avanza (LLA) primera en las PASO, no sólo como parteaguas del binarismo electoral entre Juntos por el cambio y Unión por la Patria.

Estos elementos juegan considerablemente en este momento histórico. Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida, un tercio de la sociedad adhiere electoralmente a una propuesta fascista que pone en jaque -entre otras cuestiones- la soberanía económica, los derechos laborales y pretende dar de baja un proceso de ampliación de derechos de mujeres y la comunidad LGBTTQ+.

Los temas económicos hegemonizaron la agenda electoral. El empleo informal, la brecha salarial, la falta de políticas de cuidado, afectan en mayor medida a las mujeres, son problemáticas de más de la mitad del padrón, que también trascienden generacionalmente. Aún se aguarda que se le den respuestas. Si hablamos de desilusión, frustración y hartazgo, de más está contar qué sucede en la cotidianidad de cualquier hogar con jefa de hogar y la proyección a futuro de cualquier integrante de la familia.

Si hablamos de lo urgente, el último informe de la Casa del Encuentro muestra que desde el 1 de enero al 31 de agosto de este año las víctimas de la violencia machista extrema fueron 224.  Detalla que hubo 204 femicidios y  femicidios vinculados contra mujeres y niñas.  3 Trans/Travesticidios. 17 Femicidios vinculados de varones y niños.

Aún así más de la mitad del padrón no escucha hablar de ellas. Con la salvedad y con alta amplificación  por parte de la fórmula que plantea retrocesos en sus derechos.

Unión por la Patria, que es el frente que más votos ha obtenido de las mujeres, guarda un notable déficit en su campaña con respecto a estas temáticas, como si no fueran urgentes.

Al respecto, Analía Del Franco, directora de Del Franco Consultores, considera que “es muy notorio que las mujeres están más concentradas en la fórmula Massa Rossi, respecto de los otros. En otras elecciones casi no había disparidad entre varones y mujeres. Hoy es muy notorio la preferencia por Unión por la patria”, afirma.

Por otra parte Paola Zuban directora de investigación de Zuban Córdoba explica que las mujeres somos más en el padrón electoral que los varones y, en general, votamos mayor proporción que ellos. En las elecciones PASO, el 30% del padrón electoral no concurrió a votar por lo que el papel del voto de las mujeres que sí se comprometan a votar en octubre será significativo sin duda”.

“La agenda electoral y de campaña hasta las PASO no ha incluido- salvo algunas excepciones muy limitadas y las reivindicaciones de la izquierda- la agenda de género dentro de sus propuestas ni de sus mensajes o narrativas de candidatos/as. De hecho, se excluyó el tema no solo de las propuestas, sino de los debates presidenciales”, suma Zuban. 

Analía Del Franco contempla que “podría suceder que las que aún no han votado, las que votan por primera vez sean más permeables a tener en cuenta el riesgo de tener un liderazgo autoritario. Las mujeres somos más vulnerables a un discurso del miedo. Es necesario que lo que significa este riesgo se instale en la discusión pública”.

Por otra parte, Zuban analiza que “las corrientes de opinión se han movido hacia temas que consideran más urgentes. No obstante, los consensos mayoritarios en torno, al menos, a la conciencia sobre la violencia de género están instalados”.

Del Franco coincide en que “el tema transversal es la violencia. Existen además otras problemáticas que sobresalen como la equiparación del salario, en cuanto a la brecha en los ingresos, pero el tema de la violencia de género sobresale como problemática principal”.

No hay certezas. Pero la historia de nuestro país y de la región demuestra que las luchas populares y las voces de los márgenes cuando son canalizadas avanzamos en la consolidación de una sociedad más justa y equitativa.

En pocos días se conmemora, con movilizaciones en todo el país, el Día de Acción Global por la Legalización del Aborto. Como cada 28 de septiembre los feminismos organizados marcharán en defensa de los derechos, con un fuerte pronunciamiento antifascista.

Acá están las herederas de las sufragistas, las que dieron el ejemplo a nivel mundial en la lucha por los derechos humanos, las que llenaron las escalinatas del Congreso para exigir el divorcio vincular, las que en los 90 salieron a cortar rutas por la supervivencia de sus comunidades, las compañeras del Malón de la Paz y las pibas que exigieron el aborto legal.

Acá están las que, desde los márgenes de la sociedad, construyen alternativas, participación y anticuerpos ante situaciones que ponen en riesgo la democracia. Cuando la democracia no las escucha se debilita. Son tiempos de apelar, construir e interpelar. Acá están quienes van a profundizar la democracia. ¿Las van a  escuchar?

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Por Laura Salomé Canteros* / Foto: J. Lopresto

El Consenso de Montevideo es un acuerdo regional adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe durante la primera reunión de la Conferencia regional sobre Población y Desarrollo celebrada en Montevideo (Uruguay) en 2013. Es el acuerdo intergubernamental más progresista del mundo en materia de Derechos Sexuales y (no) Reproductivos.

Es un encuentro de potencias feministas; un documento integral que transversaliza e intersecta diferentes temáticas generando un tejido de políticas para garantizar derechos y que contiene una agenda de revisiones construida de forma interseccional e intergeneracional con énfasis en una vida libre de violencia de género para todas las personas.

Los países de la región se comprometieron, desde entonces, a asegurar la efectiva implementación de los programas de educación integral para la sexualidad, a promover, proteger y garantizar a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y a promover políticas que contribuyan a que las personas tomen decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y proyectos de vida con respeto de su orientación sexual e identidad de género, racial u originaria sin coerción, discriminación ni violencias patriarcales.

Esto incluye incorporar en el conjunto de prestaciones integrales en los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención frente al embarazo no deseado. En ocasión de esta fecha simbólica se realizó una conferencia de prensa convocada por redes regionales de organizaciones de la sociedad civil. Retomamos algunas de sus voces para tener más argumentos de porqué los Estados y sus políticas públicas de Derechos Humanos las entendemos como IRREVERSIBLES.

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Para Ana Cristina González Vélez, médica, activista y de la Articulación feminista Marcosur, “el primer logro a destacar del Consenso de Montevideo es la existencia de un sólido movimiento feminista”; ya que “gracias a ese movimiento que la agenda se defiende, se sostiene y se avanza”. Y agregó que: “La expansión y fortalecimiento de los movimientos feministas en su amplia diversidad es un rasgo distintivo de nuestra región y ha sido clave para la lucha por la autonomía y libertad reproductiva y para denunciar las violaciones a esos derechos”.

“El segundo logro a destacar es la consolidación de la agenda de derechos sexuales y reproductivos en los acuerdos intergubernamentales y otros instrumentos legales y estándares de derechos humanos”, afirmó González Vélez. “Un fortalecimiento en el compromiso de los gobiernos de la región en los escenarios de negociación latinoamericana, a diferencia de lo que sucede a nivel global”. Y destacó que es además un paradigma que pone en el centro el Estado laico, el rechazo a la criminalización y la protección a defensoras de derechos humanos”.

Por último, “el tercer logro que quiero destacar es la autonomía y la libertad reproductiva”, afirmó, y mencionó hitos de avance en el “marco legal y el acceso a los servicios”, como “la despenalización de la píldora de anticoncepción de emergencia en Honduras, la liberalización de las leyes de aborto en varios países de la región y en 11 estados mexicanos”, además de resoluciones judiciales de que “la penalización es inconstitucional”. Y finalizó: “En suma, el logro más sobresaliente de la última década son los avances en la lucha por el aborto”.

Las deudas de los Estados: avanzar a la par de todos los derechos

“Desde la Patagonia y hasta el río Bravo, la marea verde se ha levantado en una sola voz para resistir, transformar y asegurar los derechos que nos corresponden”, afirmó en conferencia de prensa, una referente de La Ceiba, una organización feminista de Honduras.  “Sentencias de las Cortes de México, Colombia han apuntado con toda contundencia a que el aborto tiene que dejar de ser un delito”, y agregó que “el Congreso argentino marcó vanguardia despenalizando el aborto hasta las 14 semanas”. Pero que, sin embargo, la “desigualdad sigue estando presente de forma contrastante en la región: en El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, territorios donde el aborto se encuentra completamente penalizado”.

Para Milene Molina, de la Red MAAD, es “tremendamente importante visibilizar la existencia de la población afrodescendiente como una población con derechos”, una obligación de los Estados y gobiernos al momento de “hablar de igualdad de género y autonomía de las mujeres afrodescendientes”; ya que “el racismo no es un problema exclusivo de las personas que lo sufrimos en nuestra vida cotidiana, sino que es un problema que aqueja a la sociedad y tiene un reflejo en la desigualdad”. Por lo que, los “Estados deben asumir un compromiso real con el Consenso de Montevideo para un compromiso también con la población afrodescendiente”.

Mientras que, para Pamela Pérez Ponce de la Red LAC, las brechas de desigualdades materiales existentes en la región dificultan el acceso de los derechos sexuales y (no) reproductivos. “Las condiciones en las que vivimos no son las de una vida digna y no se garantizan espacios seguros ni adecuados según las necesidades”, afirmó, y se refirió a la importancia para las juventudes de acceder de forma plena a la Educación Sexual Integral “con perspectivas de género, de juventudes, intercultural y antirracista”. Y propuso no aislar; pensar también en “un acceso desigual a nuestros derechos laborales, la precarización y la flexibilización… ¿Cómo se puede garantizar el ejercicio de los derechos si no hay un reconocimiento efectivo?”.

Para Norma Don Juan Pérez de ECMIA, “hay muchos retos por delante; uno es la disponibilidad de datos sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas ya que solo algunos países recogen datos desagregados de pueblos y tampoco se producen desde un enfoque intergeneracional”. Por eso, es fundamental que “las redes regionales asuman el protagonismo en esta agenda y se sumen a la evaluación del Consenso exigiendo su implementación”.

Por último, la valoración es que “aún falta mucho para la plena implementación del Consenso de Montevideo en nuestra región”, como afirmó Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias de la organización FOS Feminista, pero interpeló: “Como feministas estamos comprometidas en la lucha contra la vulneración de los derechos para que haya justicia de género y reproductiva”.

Nuestros feminismos: movimientos democratizadores y de liberación

Este aniversario llega para la región en un contexto donde las opciones fascistas, disfrazadas de liberales, como en Argentina pretenden llegar a los Estados para recortar derechos. Por eso, dar las discusiones dentro de los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para abortar la neutralidad y garantizar que las voluntades políticas a favor de instrumentos como el Consenso de Montevideo se transformen en gobiernos.

Los feminismos son movimientos democratizadores de las sociedades y de la política; y en los últimos años además son protagonistas de las grandes transformaciones para la vida sabrosa. Por eso, el asalto de los Estados a través de las urnas para la perpetuación de las desigualdades por parte de opciones que pretenden instalar proyectos políticos de odio, fue un tema de la conferencia de prensa. Para estas referentes feministas regionales, “estamos librando una batalla cultural muy importante”, un factor fundamental para “las conquistas que hemos alcanzado y los logros que hemos conseguido en las tres o cuatro últimas décadas”. Por eso, avanzar unidas: “somos ciudadanas plenas y merecemos vivir con igualdad y con libertad”.

*editora Marcha Noticias

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Por Ludmila Ferrer y Laura Salomé Canteros / Foto: Rocío Prim

Militantes feministas se acercaron este mediodía a la jefatura de Gobierno porteño, en el barrio de Barracas, para hacer un pañuelazo y presentar un pedido de información sobre una supuesta línea 0800 VIDA que conectaría a personas gestantes que quieren continuar su embarazo con ONGs antiderechos. Además, solicitaron una audiencia con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós.

Pedido de audiencia y pañuelazo en Uspallata

“Estuvimos hoy a las doce del mediodía en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para entregar una nota de pedido de audiencia al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, manifestando la preocupación por el 0800 Vida, que difundió en redes Cynhtia Hotton”, contó Agustina Vidales Agüero, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Si no tenemos respuesta, vamos a insistir, vamos a llevar otra nota la semana que viene y así hasta que nos reciban. Esta es una primera acción, van a seguir otras”, aseguró Vidales Agüero.  

El pedido de audiencia está firmado por la Campaña y por las Redes federales de Docentes y de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y está integrada por miles de firmas y el acompañamiento de decenas de colectivas y organizaciones que acompañaron la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Se basa, según consta en la nota, en “la preocupación de la ciudadanía ante la promoción y ejecución de una línea telefónica denominada 0800 vida, con el fin de implementar la Ley 27.611, conocida como Ley de los 1.000 días, para la atención integral del embarazo y de la primera infancia en los hospitales públicos de la Ciudad”. Es además un pedido de información oficial sobre el convenio anunciado en redes y medios que involucra el Ministerio de Salud porteño y el Consejo Económico y Social, encabezado por Hotton.

“Esta es una movida política por las elecciones”, refirió la militante feminista acerca del 0800 promocionado por la vocera antiderechos. “Es un intento mediático pero hay que salir a pararlo”, convocó.

De qué se trata el 0800 antiderechos

El pasado 6 de abril, Hotton publicó en sus redes sociales un video junto a Quirós en el que celebraba que para el cumplimiento de la llamada Ley de los 1.000 Días, los hospitales públicos de la Ciudad tendrían cartelería con una línea telefónica para asistir a personas que quieran seguir adelante con su embarazo y se encuentren en una situación vulnerable.

Sin embargo, el 0800 que figura en los afiches pertenece a la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, creada en 2018 al calor del debate por la legalización del aborto y gestionada principalmente por la organización Fundación Vida en Familia. La Red cuenta también con el apoyo de otras organizaciones antiderechos como ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas), lobbista en contra de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esta línea telefónica, según el sitio web de la Red, busca asistir a mujeres con “embarazos inesperados” porque “el 85% de las mujeres que tienen un embarazo inesperado al recibir acompañamiento y contención deciden continuar con su embarazo”. Entre los servicios que ofrece se encuentran: “acompañamiento social y emocional”; “asesoramiento médico y legal” y “contención psicológica y espiritual”.

La iniciativa en la memoria militante

No es nueva ni poco conocida por quienes militan el territorio de la ciudad de Buenos Aires, la estrategia primero macrista y luego larretista, de tercerizar en organizaciones no gubernamentales antiderechos o religiosas obligaciones que son institucionales.

“Las docentes recordamos que intentaron brindar una capacitación con madres sobre la fortaleza de estar embarazadas”, declaró Renata Vismara, integrante de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto. “También intentaron hace años brindar talleres de Educación Sexual Integral con profesoras que eran de religión evangelista”, agregó.

“Esto es una estrategia electoral”, coincidió, Carolina Comaleras, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, quien recordó que en años anteriores, a partir de la presión feminista se logró desarticular un precedente a esta iniciativa: “es el mismo 0800 de un convenio similar con firma del ex secretario de la SENAF, Gabriel Castelli, y el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA, a cargo de Carolina Stanley, que otorgaba un monto muy importante de dinero a esta misma red de contención”.

11 años atrás, Hotton ya intentaba controlar los cuerpos hablando sobre “mujeres con embarazos en conflicto”; y basaba sus intervenciones parlamentarias afirmando que su posicionamiento político contrario al derecho a la soberanía sobre el cuerpo territorio no está basado en su “fe religiosa” y exigió “respeto” ya que estaba hablando “desligada de sus convicciones”. Era en noviembre de 2011, mientras se acordaba de forma transversal y federal avanzar con el debate rumbo a la que es hoy la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Es la forma que encontraba Cynthia Hotton para oponerse a uno de los debates más democratizadores no solo de la política, disciplina de la que cobra hace más de 20 años, sino también de la sociedad.

“Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que se enfrentan a un embarazo inesperado saben que pueden continuar con el embarazo”, retomó Comaleras, “el Ministerio de Salud de la Nación, el organismo de implementación de la 27.611 reúne todos los requisitos para brindarles apoyo y herramientas. No es necesaria una red de contención como quieren simular”, finalizó.

Justamente, la semana pasada, con la frase “las docentes también abortamos”, la Red de Docentes de la CABA informó en redes sociales que avanzó junto a la principal obra social de la ciudad, en la apertura del Consultorio IVE para sus afiliadas y afiliades en el sanatorio Julio Méndez, en cumplimiento de la Ley 27.610 y a través de las consultas en el mail: consultorioive@obsba.org.ar 

Notas relacionadas:

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Por Laura Salomé Canteros / Foto: Archivo Marcha

Dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, el 0800 222 3444 de Salud Sexual, brinda desde 2010 información y asesoramiento sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva de forma gratuita y confidencial a quienes habitan todos los territorios del país.

Desde entonces, “la Línea”, que se sostiene por sus trabajadoras y trabajadores, es una herramienta eficaz y eficiente para la promoción de la educación sexual integral y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Brinda información, se realizan derivaciones y se brinda contención para quienes consultan sobre el marco normativo vigente y el acceso a los servicios e insumos de salud sexual, interrupciones voluntarias e interrupciones legales del embarazo, ligadura tubaria, vasectomía, anticoncepción hormonal de emergencia, métodos anticonceptivos, prestaciones para el pleno ejercicio de la ley de identidad de género, atención post-aborto, violencia obstétrica o sexual o incluso fertilización asistida.

 “En algunas temáticas, según la consulta que llega al 0800, se puede generar una secuencia que es básicamente el pedido de intervención de áreas específicas del Ministerio de Salud”, explicó ante la consulta Yamila Picasso, politóloga especializada en políticas públicas de salud. De esa forma, la cartera nacional responde a la demanda y consultas que en ocasiones “tienen que ver también con los obstáculos o las barreras de acceso a métodos anticonceptivos e interrupciones voluntarias o legales del embarazo o para dar derivación a efectores para garantizar la práctica de las interrupciones del embarazo”.

En el periodo entre 2010 y 2022, la línea 0800 del Ministerio de Salud, recibió más de 159.600 llamados de los que 55.727 generaron secuencias o pedidos de intervención; y mientras que las consultas de métodos anticonceptivos y otros motivos se mantuvieron relativamente constantes, las relacionadas con interrupciones del embarazo crecieron de forma sostenida desde 2018, año en que se debatió por primera vez en el Congreso de la Nación la que es hoy Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Además de ese pico en el transcurso de estos años, lo que más aumentó fue en el año 2020, en donde fue pronunciado, en ascenso y constante de los llamados, por la sanción de la ley 27610, y por el contexto de pandemia, en donde todo lo que fue la atención telefónica recobró un gran protagonismo”, rememoró Picasso. 

Durante el 2022 se recibieron 38.384 llamados, de los que 15.612 generaron secuencias. De estas, el 90% fueron consultas por interrupciones voluntarias y legales del embarazo, el 7% de métodos anticonceptivos, y el resto de los motivos alrededor del 3%. 

“Estos datos son fundamentales para tener una empiria en la toma de decisiones de las políticas públicas”. Para Picasso, “es fundamental que el 0800 sea una política garantizada por el Estado, no por organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces pueden tener buenas intenciones, sin embargo, tienen intereses particulares”.

Y agregó: “Es el Estado el que debe dar garantías brindando información, dando contención y pidiendo derivación en los casos necesarios para que todas las personas puedan acceder a su derecho a decidir sobre su vida reproductiva”.

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Por Jenny Durán

Cynthia Hotton es una operadora política del campo religioso, más precisamente, del culto evangelista que explotó en Argentina a partir de la década de los 90´, con la presencia de pastores en los recién privatizados canales de televisión y la implantación de las iglesias pentecostales en barrios populares.

Hotton logró ser una referente del conservadurismo religioso desde su ingreso a la Cámara de Diputados en 2007. Su iniciación a la política partidaria lo hace de la mano del partido Recrear de López Murphy, partido con el cual, su padre, Arturo Hotton, con fuerte raigambre en la comunidad religiosa, miembro de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y diplomático de carrera, se postuló como candidato a vice gobernador en 2003, con Hernán Lombardi como gobernador.

Desde ese mismo partido, Cynthia Hotton fue candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en 2003 y 2005 sin mover el amperímetro. Hasta que es propuesta como candidata a diputada nacional por CABA en las elecciones de 2007 en alianza con el PRO. Federico Pinedo fue quien encabezó la lista, que para cumplir con la ley de cupo, tenía que ser secundado por  una mujer. Además, fue una elección con fuertes figuras femeninas como candidatas a primeras mandatarias: Elisa Carrió y Cristina Fernández de Kirchner, quien resultó electa por primera vez como presidenta, duplicando en votos a su adversaria.

Hotton llevó su agenda a la política como una “misión religiosa”. Su gestión en la Cámara de Diputados fue inaugurada con un proyecto de declaración de interés del Festival “Sí a la Vida Buenos Aires 2008”, a cargo del predicador evangelista Luis Palau –con quien empezó a predicar Hotton padre a sus 19 años- en la que estuvo presente el entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri.

El periodo en que se desempeñó como legisladora comprende un momento político con  importantes debates de proyectos que conforman el relato kirchnerista. Votó negativamente la reglamentación de la resolución 125, la estatización de Aerolíneas Argentinas y la creación del Sistema Integrado de Pensiones de Argentina (SIPA) -que convierte los fondos provisionales en públicos-. Es más, se la vio marchando a favor de las AFJP en el momento del anuncio del proyecto, junto a “autoconvocados” acompañados por algunos representantes de la llamada mesa de enlace.

Siempre empecinada con su cruzada es en pos de “una familia con mamá y papá” y lo biológico como factor unívoco de la sexualidad se le escuchó decir “Soy mujer con ovarios. Soy femenina, soy natural, orgullosamente mujer y agradecida a Dios por ello”.  En tanto que una de las iniciativas que la tiene como firmante declara al “útero de la mujer y sus órganos como ambiente protegido” para garantizar la reproducción de la especie. 

En su rol de diputada, Hotton se erigió como representante del lobby de sectores conservadores de las iglesias. Se posicionó contra el proyecto de muerte digna y fertilización asistida con argumentos más terrenales que religiosos en base a  la noción de que se es persona desde la concepción y quiénes tienen derechos sobre la vida. Sus declaraciones se basan en interpretaciones sobre pactos internacionales, que los propios representantes de los organismos de Derechos Humanos y juristas locales se encargaron de aclarar y corregir en diversos debates en base al carácter jurídico de la persona, la autonomía y el consentimiento informado, entre otros atributos que contemplan los tratados de derechos humanos.

En su performance como legisladora demostró ser una antiderechos de toda la cancha. Se abstuvo cuando se votó la Ley de marco regulatorio a las empresas de medicina privada; estuvo ausente –aunque sí participó de la sesión- cuando se votó el Régimen para personas empleadas de casas particulares. Votó negativamente el desafuero del genocida Patti. Votó contra la jerarquización del Banco Nacional de Datos Genéticos que determinó su ámbito de actuación como organismo autónomo y autárquico; contra de la modificación de la Ley 25.323 para cobrar en igual término las indemnizaciones laborales en caso de trabajo no registrado, se pronunció en contra del informe “Papel Prensa, la verdad”.

Lobby y rosca de la derecha 

Por desacuerdos con el macrismo en la incorporación a las listas de candidatos de su culto decidió en 2009 apartarse del bloque PRO y creó el unipersonal “Valores para mi país”. La no pertenencia al bloque PRO le permitió jugar más abiertamente con otros bloques y empezar a hablar de la necesidad del pluripartidismo, una estrategia en función de acercarse a otros sectores del Congreso. Es conocida la relación con Julio Cobos durante el “no positivo” del entonces vicepresidente, corrieron maratones juntos, lo promovió en sus apariciones mediáticas como presidente en 2011, elección en la que CFK acuñó el 54 %.

En 2010 presentó el proyecto de “Libertad Religiosa”, a partir del cual se crea el Registro Nacional de Confesiones Religiosas para iglesias y comunidades de fe. Con este proyecto, Hotton, lleva a la Cámara de Diputados a diferentes representantes de confederaciones religiosas, en un intento de demostrar su poder de convocatoria de estas entidades en el ámbito político. Esta iniciativa nunca prosperó. 

También hizo tándem con Liliana Negre de Alonso, senadora del Opus Dei, amiga del ex obispo castrense Antonio Basseoto, quien en un acto en el Senado dijo directamente “nuestros enemigos son la ONU, la OEA, el Parlamento y la Comisión Europea… tenemos que verlos como enfermos a los que hay que extirparles el cáncer”. Tándem que marca la alianza de las iglesias a favor de la “familia cristiana”. El símbolo y basamento natural de la sociedad que históricamente fue defendido por el catolicismo, encontró una coalición más amplia que va a movilizar a distintos sectores confesionales.

Sin embargo, el estilo Hotton no es tan agresivo ni directo, es más acomodaticio según quienes sean sus interlocutores. Aprendió durante su mandato como diputada que debía ser cuidadosa con su prédica religiosa en algunos escenarios. En sus primeros años de mandato sí empuñaba la doctrina: “La política necesita compasión y los evangélicos tenemos mucha para dar”. 

Durante su discurso en la sesión para ratificar la medida 125 recurrió a una reflexión bíblica para pedirle a las y los diputados que no se aparten de la ley de Dios: “Dios le dio un simple consejo que voy a leer…¨Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que te mandé. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra¨. Luego fue bajando su tono devoto. “No digo que soy evangélica en el recinto pero todos lo saben, pero por ejemplo yo tengo muy buen diálogo con todos los diputados”. 

Redentora

Una mujer que se formó desde chica entre la política, la carrera diplomática y la superestructura religiosa plantea que su espacio es apartidario, desideologizado, quiere ser puente, diálogo, traer a la política valores y principalmente unir a quienes estén a favor de la vida y la familia tradicional. Hotton tomó como caballito de batalla la agenda social para ir en contra de leyes y derechos ciudadanos desde los propios dispositivos de la producción de derechos: la política y la movilización.

“…La única forma para sacar adelante la situación del país es aportar valores cristianos. Porque creemos que la solución a la decencia de la Argentina necesita que nos movilicemos… Yo me veo en donde Dios me ponga”, dice en un reportaje tras haber mostrado una depreciada performance en 2019 cuando compitió como vicepresidenta en las elecciones presidenciales -junto al carapintada Gómez Centurión- sacando un 1,71% de los sufragios totales.

Con su remachada prédica de los valores como la honestidad y la transparencia, vuelve a acercarse al PRO en un año electoral. Hoy insiste con una línea 0800 para “acompañamiento a la mujer con embarazo inesperado” a través de un Consejo Social que cerró con Rodríguez Larreta. Esta política de tercerización emula un proyecto de ley de la diputada María Casselles que acompañó con su firma en 2008, para crear un “Centro de Atención Telefónica y web SI A LA VIDA” con el fin de convencer a mujeres y niñas que continúen el embarazo.

De la mano de proyectos que no solo limitan, avasallan derechos y hacen utilización espuria de leyes, aparece en espacios institucionales para tener un escenario desde dónde competir electoralmente. Hotton le da a Larreta algo a cambio: una plataforma de organizaciones de fe, con quienes opera desde hace muchos años, acuñando su papel de redentora de la práctica política terrenal y corrompida.

En el acto de anuncio del Consejo Social de CABA, el pasado 10 de marzo, el autoproclamado presidenciable, Horacio Rodríguez Larreta presenta a Hotton como outsider de la política, límpida, transparente: “Ustedes siguen propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país, dando cátedra de sus valores, de su cercanía, de su honestidad, de su altruismo para dar todo por el otro sin esperar nada a cambio”. Ni outsider, ni transparente, ni altruista, con la mirada puesta en el supuesto voto evangélico, los valores que proclaman con este acuerdo es la tercerización de las políticas públicas en ONGs que llevan adelante acciones de beneficencia a cambio de la adherencia a un dogma moral. Nada de garantía de derechos. Un pacto liberal que echa por tierra cualquier responsabilidad del Estado.

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Por Joshi Leban* desde El Salvador | Foto: Colectiva Feminista

Llevaba un par de meses desconectada de espacios de organización. El cansancio y la desesperanza me tenían de bajón, como popularmente se dice acá, y es que en El Salvador, los retrocesos en materia de Derechos Humanos son cada día más crueles, a tal grado de normalizar que aquellos derechos que significaron años de lucha y resistencia no son sirven de nada.

Como dije, desesperanzada me sentía; hasta que una amiga me compartió una invitación a un espacio para articular acciones en memoria de Beatriz y mi pecho nuevamente retumbó. Sí, un espacio de lucha por la memoria de Beatriz, esa joven que sin saberlo es el motivo por el que me involucré en la lucha por los derechos de las mujeres.

Hay quienes seguramente conocen la historia de Beatriz pero para quienes no, déjenme contarles sobre su hazaña que hasta hoy nos moviliza e inspira.

Con la Bea éramos contemporáneas, ella nació el 30 de octubre de 1990, en una comunidad rural de Usulután. A sus 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que erróneamente ataca el tejido sano y puede afectar la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos.

Nuestra historia se cruza allá en 2013, yo vivía en uno de los municipios más violentos del país y mi historia de vida me acercó a un grupo de teatro que a través de sus obras buscaban sensibilizar a las jóvenes sobre la prevención de embarazos, ITS y VIH. Este espacio me dio la oportunidad de participar en un intercambio con colectivas de mujeres jóvenes feministas y quedé helada al conocer al clamor de una joven que ante un Estado y leyes que le restringían su derecho a la vida, no tuvo el temor de alzar su voz y exigir lo que ella y todes quienes la acompañaban consideraban justo: Beatriz tiene derecho a vivir.

En febrero de 2013 a Beatriz se le diagnosticó un embarazo de alto riesgo y cuando acudió al hospital por lesiones vinculadas al lupus, un ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia. Al conocer el nulo pronóstico de vida del feto y las posibles complicaciones para su salud, Beatriz solicitó la interrupción del embarazo, pero el personal médico le explicó que eso no era posible en El Salvador.

Hasta 1998, la ley permitía abortar a mujeres que enfrentaban la misma situación que Beatriz, pero con el retroceso que significó la penalización, el Estado fue el verdugo que la mantuvo recluida por más de ochenta días en el hospital de maternidad. Por si fuera poco, padeciendo además el acoso de grupos conservadores que odian a las mujeres y se oponen a sus derechos, tratando de convencerla que lo que estaba pidiendo era un error.

Recuerdo muy bien que durante más de ochenta días experimenté mis primeras acciones como activista, mi primera vez en un plantón, en una marcha, en un volanteo, despojándome del pudor para desnudar mi cuerpo y hacer bodypaint… Fueron muchas primeras veces. El deseo y la rabia por la injusticia que atravesaba Beatriz me hizo viajar casi todos los días sin ninguna queja a San Salvador, y eso que no siempre tenía el dinero para movilizarme.

Diez años después, llega una nueva invitación para luchar por Beatriz, ahora ella no está físicamente entre nosotres, pero su legado de lucha y resistencia nos inspira para exigir un cambio real para las mujeres en El Salvador.

Hoy haciendo uso de la memoria histórica traemos al presente la fuerza de Beatriz, su causa nos convoca a movilizarnos ampliamente para denunciar que lo que vivió no puede repetirse y que la ley que prohíbe el aborto en El Salvador debe cambiar. Este próximo 22 y 23 de marzo se llevará a cabo en Costa Rica la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una lucha que trascendió fronteras y que busca la justicia que le fue negada a ella y a su familia.

La causa de Beatriz nos convoca para decir con mucha fuerza nunca más. Despenalización del aborto ya. #JusticiaParaBeatriz.

*Activista feminista.

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Por Luiza Mançano y Laura Salomé Canteros. Cobertura #NosotresSim en Brasil

El 28 de septiembre en Brasil cayó a cuatro días de las elecciones generales. El día de lucha por la despenalización y legalización del aborto es una fecha regional que se transformó en global por la lucha feminista en favor de la soberanía sobre los cuerpos- territorios- decisiones y es un consenso que surgió para incomodar a los gobiernos y los Estados con una demanda que forma parte de las deudas democráticas en toda Abya Yala.

Es por esto que, este día, quienes integran el Frente Nacional contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto en Brasil, lanzaron la campaña: “Votá por quienes defienden la vida y la dignidad de las mujeres, las niñas y las personas que gestan“. En su manifiesto, sostienen que es además una alerta contra la violencia sexual y una iniciativa para que el próximo gobierno tome como eje la defensa de los Derechos Humanos. “El propósito es también dialogar y sensibilizar a toda la sociedad brasileña”, afirman las activistas, “teniendo en cuenta las múltiples y diversas intersecciones de género, sexualidades, razas/etnias, clases y territorios”… “en particular, el derecho al aborto legal”. 

Para Sonia Coelho, integrante del equipo de la organización feminista SOF [Sempreviva Organização Feminista], que trabaja con el feminismo popular en Brasil desde 1980 e integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres, el actual escenario, en el marco de estas elecciones, lo que está en juego es la propia democracia y la derrota del facismo. “Este año electoral es muy atípico y estamos involucradas en las elecciones. Trabajamos mucho en el Frente Nacional con materiales, con el manifiesto que enviamos a los candidatos y las candidatas para que se comprenda y se comprometan con esta lucha por el derecho al aborto”, afirmó la feminista. “Tenemos dificultades para movilizarnos debido al momento que vivimos; otros años, incluso durante elecciones, logramos hacer más convocatorias; pero este año, debido a la especificidad de estas elecciones, es más difícil”.

A días de los comicios y cuando rige una alarma sobre las alianzas conservadoras que el principal candidato presidencial, Luiz Inacio Lula da Silva, pueda realizar, Sonia Coelho afirmó que “el 28 de septiembre es una fecha importante para dar visibilidad a la lucha por la legalización del aborto, el derecho de las mujeres a la autonomía, la autodeterminación y para denunciar cómo las mujeres pobres y las mujeres negras son las más afectadas por el aborto clandestino”, porque “es con la vida y la salud, que pagan el precio”, dijo y agregó esta fecha “es el momento de hacer estas denuncias”. Es que, la reconstrucción del Brasil no puede darse sin el acceso a los derechos sexuales y reproductivos que son DDHH.

Elecciones y clandestinidad del aborto: de eso sí se debe hablar

El derecho al aborto ya no es un tabú para las campañas electorales desde que Alberto Fernández, Gabriel Boric y Gustavo Petro, primero candidatos y luego presidentes de Argentina, Chile y Colombia respectivamente, se manifestaron a favor de que el derecho a decidir sea una política pública y un reconocimiento institucional de la soberanía sobre los cuerpos- territorios de mujeres, bisexuales, lesbianas, varones trans y personas no binarias.

Sin embargo, con Luiz Inácio Lula da Silva y Brasil parece haberse roto la sintonía. Fue en abril de este año, al comienzo de su campaña presidencial cuando afirmó que “aquí en Brasil está prohibido (el aborto) cuando en realidad debería ser una cuestión de salud pública” criticando además el sentido común sobre la familia que parece regir culturalmente. No obstante, en su página oficial, donde figuran sus propuestas electorales y probablemente los lineamientos del que será el próximo gobierno, hay una nota de septiembre que afirma “Lula nao é a favor do aborto”; allí se cita a un pastor de la comunidad evangélica que afirma que los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff “salvaron millones de vidas”. Paradójicamente, en la nota se reclaman políticas de salud igualitarias y un gobierno para la justicia social que deje atrás los discursos de odio poniendo la vida de millones en el centro.

“En todas las elecciones se utiliza el aborto como moneda de cambio”, recordó Sonia Coelho y Fabiana Pinto, de la campaña Estamos Prontas promovida por las ornganizaciones Mulheres Negras Decidem y por el Instituto Marielle Franco coincidió en la misma lectura. “La extrema derecha y los sectores conservadores lo utilizan para hacer chantajes a los candidatos, principalmente de izquierdas, tratando de silenciar este tema”, sostuvo Coelho y amplió: “En la precampaña, Lula habló de este tema y rápidamente intentaron borrarlo, hacer que no hablara más de este tema porque es muy utilizado por la extrema derecha para movilizar a sus seguidores, sobre todo cuando la situación económica y social es trágica. El bolsonarismo utiliza esta agenda como moral para mantener la fidelidad de sus votantes, principalmente de los sectores religiosos y tratan de crear este ambiente de hostilidad para todos los que se posicionan a favor de este derecho de las mujeres”, dijo la feminista.

Para Fabiana Pinto (Instituto Marielle Franco) y Tainah Pereira (Mulheres Negras Decidem), de Estamos Prontas, la llegada de Michelle Temer, tras el golpe parlamentario a la expresidenta del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, significó un retroceso en las políticas públicas que estuvo acompañado por las Iglesias Evangélicas en todo el territorio. Instalaron que el aborto “es un crimen en cualquier caso” y “crearon normativas que son contra la Constitución y contra los derechos adquiridos por las mujeres”. Por eso, ahora, la esperanza de un gobierno de Lula viene acompañada porque aquellos derechos ya conquistados “se recuperen”.

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Para derrotar al fascismo, las propuestas de las mujeres y del feminismo para el programa de gobierno de Lula da Silva fueron redactadas por un equipo formado por diferentes sectores. Entre ellos, movimientos feministas como la Marcha Mundial de las Mujeres, que participaron en la redacción de este borrador. Luego, se celebraron reuniones en todas las regiones del país para debatir y proponer cambios en el documento que posteriormente se transformó en el programa. De esta forma, los feminismos populares y organizados se hicieron presentes. Por la vida, por la libertad de las mujeres y también por la justicia social.

El documento que se titula “Reconstruir el país con las manos de las mujeres” tiene como uno de sus ejes la “Salud integral para todas las mujeres, con garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos” y propone diversos programas y políticas específicas en esta materia para el próximo gobierno de Brasil. Entre ellos, plantea la “garantía de atención y asistencia obligatoria en la red sanitaria pública para los casos de aborto previstos por la ley, con formación de profesionales, atención humanizada y ampliación de los servicios de aborto legal”, además de la ampliación de permisos legales para la interrupción del embarazo”. Asimismo, propone incorporar a la atención sanitaria los conocimientos tradicionales y ancestrales de mujeres indígenas, ribereñas y quilombolas.

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Por Vivian Palmbaum desde El Salvador

La violencia es una realidad histórica en El Salvador y los territorios mesoamericanos, tal como lo muestran la masacre de poblaciones originarias en 1932, la guerra civil y el actual Estado de Excepción impulsado por el presidente, Nayib Bukele, que suprimió derechos y garantías constitucionales.

Visitamos los territorios de la memoria para pasar por el cuerpo y volver a mirar nuestras historias para seguir construyendo sin olvidar los dolores, las violencias y las luchas de quienes nos antecedieron. Hacer memoria para no quedarnos mirando lo que pasa por la televisión. La actualidad salvadoreña se escucha en los primeros espacios de palabra donde el terror se hace presente en las voces de las mujeres. El gobierno actual instaló la presunción de culpabilidad dirigida hacia jóvenes y opositores bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada que no disminuyó, aunque las cárceles se llenan de sospechosos sin condena. No es lo mismo decir régimen que decir gobierno, y eso late en cada palabra.

Las lideresas se sostienen gracias a las redes que continúan; atrapadas entre la violencia delincuencial y un Estado represor que vulnera y criminaliza todos sus derechos humanos. Por eso, su presencia en los territorios garantiza el acompañamiento y la contención de las mujeres. Las condiciones de inequidad, impunidad e intolerancia en América Latina y el Caribe componen la raíz estructural de una violencia que no cesa, como expresó el Dr. Eduardo Espinosa, ex viceministro de salud, exiliado por cuestiones políticas.

¿Por qué la violencia es un problema de salud pública? Se planteó como interrogante teniendo en cuenta las violencias cotidianas que se ejercen en todos los ámbitos, incluidos los servicios de salud pública dirigidos a toda la población, pero especialmente hacia las mujeres en El Salvador. El creciente embarazo de niñas y adolescentes no son causales de interrupción del embarazo, con una insuficiente implementación de la Ley de Educación Integral Sexual (EIS) y las emergencias obstétricas son criminalizadas a partir de acusaciones que provienen, en gran porcentaje, del propio personal de salud.

La profundización del modelo neoliberal que ha mercantilizado la vida, los programas de formación del personal de salud que no reconoce la dimensión ética humanista, son algunas de las razones para el grave retroceso en materia de salud que se desentiende la determinación social, en una sociedad que necesita construir la paz. Iniciativas como “Alerta Raquel”, “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, dan cuenta de la violencia sistemática que en El Salvador de enero a mayo ya contabilizan 577 personas desaparecidas, con el mayor porcentaje para las mujeres, y luego el número es incierto ya que el organismo estadístico oficial del país dejó de funcionar como tal.

La pandemia histórica es la violencia contra el cuerpo de las mujeres, así lo expresó Sara Fernández Moreno, integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Capitulo Colombia y que se encuentra exiliada por un atentado que sufriera hace pocos meses; quien ubicó al feminicidio como categoría política que criminaliza a las defensoras territoriales, pero para la sociedad patriarcal se ubica como un crimen menor. El cuerpo de las mujeres es el territorio en disputa, tal como lo muestra la reciente promulgación de la ley “Nacer con Cariño” que detrás del argumento contra la violencia obstétrica constituye un retroceso que ve a las mujeres como madres y no como mujeres. Coincide con el fallo que condenó recientemente a una joven a 50 años de cárcel por una emergencia obstétrica con el mismo argumento, “las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”.

Las voces de las mujeres reunidas en los talleres dieron cuenta de lo inolvidable de las múltiples violencias como las obstétricas, que han sufrido desde la gestación, donde algunas de las causas que han podido identificar son, desconocimiento de derechos sexuales, deshumanización de las y los profesionales, maltrato, que se suman a las innumerables situaciones de abuso que han atravesado por su condición. A pesar de estas situaciones las mujeres reconocieron, “tengo el valor de hablar porque estoy participando”.

El espíritu de Margarita Posada estuvo presente a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de su muerte. Luchadora incansable, fundadora del Foro Nacional de Salud que nació hace más de 10 años y consiguió impulsar el proceso de Reforma de Salud Integral desde las comunidades y para las comunidades, para que las personas conquisten y defiendan su derecho humano a la salud. Una delegada de la mesa intersectorial del Foro explicó que en 2011 se constituyó la primera iniciativa de prevención de violencia social y hacia la mujer que hoy se sostiene desde las comunidades sin apoyo del Estado. Si bien en el país existe una Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres que tiene 10 años de vigencia, las situaciones de vulneración de derechos continuada que soportan está cada vez más lejos de encontrar alguna solución.

Las intensas jornadas de construcción de conocimientos contaron con la co coordinación de María Hamlin Zuniga, educadora popular y activista en salud comunitaria en Mesoamérica desde hace más de 50 años, también amenazada por el régimen nicaragüense, fundadora de organizaciones como ASECSA, Asociación de Servicios Comunitarios en Salud de Guatemala y CISAS, en Nicaragua.

Las voces que llegaron desde Guatemala, nos contaron sobre el Movimiento Nacional de Comadronas que tienen reconocimiento en 22 departamentos a diferencia de El Salvador, donde las comunidades originarias fueron desterradas. También escuchamos la voz y el valor de Feliciana Cedillo, sobreviviente de las acciones del Ejército en el área ixil, de la comunidad Nebaj, y su valentía para interpretar la lengua maya en los juicios por genocidio en Guatemala.

La organización feminista SAMA, desde la India, trajo el testimonio del trabajo territorial con mujeres y las problemáticas locales como el trabajo con los conocimientos tradicionales o los matrimonios forzados a edades tempranas.

Es de destacar el intenso trabajo que realiza la organización feminista salvadoreña Las Mélidas, con 30 años de trabajo continuado, a pesar de sufrir amenazas, persecución y la criminalización por la defensa de los derechos de mujeres y disidencias, pese a lo cual continúan incansablemente con campañas comunicacionales como #YoDecido o #Manuela sobre derechos sexuales y reproductivos y el intenso trabajo territorial que realizan lideresas del grupo motor que estaban allí participando. “En 24 años se han procesado 180 mujeres por aborto y cuando entran en proceso judicial no son condenadas por aborto, sino por homicidio agravado, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel”. Desde la organización expresaron, “si nosotras como mujeres nos quedamos inactivas, si no nos plantamos y no decimos basta ya, si nos quedamos cruzadas de brazos va a ser peor”.

La Universidad Internacional de la Salud de los Pueblos que organiza el Movimiento por la Salud de los Pueblos Mesoamérica y organizaciones como el Frente Nacional de Salud, Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), Las Mélidas, Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador junto a agencias de cooperación como Médicos Mundi y el Gobierno Vasco hicieron posible esta formación.

La propuesta fue pensar la salud por fuera del paradigma médico hegemónico, porque las enfermedades y las muertes están asociadas a la exclusión social, “hoy tiene más salud quien tiene más dinero”. Sin dudas, es necesario cambiar un modelo civilizatorio neoliberal excluyente que vulnera porque deja por fuera las consideraciones de clase, género y etnia. La situación con variantes se repite en los países de la región, como Nicaragua donde la violencia contra mujeres y cualquier voz disidente al gobierno hacen dudar de la vigencia del estado de derecho; o en Guatemala, donde la pobreza, el abandono y la violencia contra las mujeres es cotidiana. Sin dudas, merece una consideración la situación que sufren las disidencias del colectivo LGBTIQ+ que en 2020 reportaron más de trece denuncias mensuales por violencia, maltrato y discriminación.

Durante los nueve días que duró la formación, invocamos al Nahual o espíritu protector maya para que nos ilumine en las poderosas jornadas. Muchas presencias nacionales e internacionales nos ayudaron a pensar, debatir y permitieron construir proyectos territoriales con el objetivo de apuntar a una salud que se base en la eliminación de las violencias y en la consagración de los derechos plenos sexuales y reproductivos para las mujeres. El poder de las mujeres es como el del agua. El agua a veces parece inofensiva pero gota a gota puede destruir la roca. Vandana Shiva.

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Por Luiza Mançano – Foto: Midia Ninja

“¿Podrías soportar un poquito más?”, fue la pregunta de la magistrada brasileña Joana Ribeiro Zimmer a una niña de 11 años embarazada tras sufrir una violación. La historia, que tiene lugar en el estado de Santa Catarina, en la región sur del país, se hizo pública tras una filtración de The Intercept Brasil el último lunes, 20 de junio, en asociación con el portal feminista Catarinas.

El video divulgado es una grabación de la audiencia del 9 de mayo que debería autorizar la interrupción del embarazo de la niña. Decir que la jueza y la fiscal que conducen la sesión intentaron convencer a la niña a no interrumpir el embarazo sería decir poco. En realidad, la niña fue sujeta de una tortura más practicada por el poder judicial brasileño, como denuncian los movimientos feministas del país.

Finalmente, la niña violentada accedió a su derecho al aborto pero su historia evidencia el paradigma institucional antiderechos que dejará el desgobierno de Jair Bolsonaro en el país a tres meses de las elecciones presidenciales. El #AbortoLegal será un debate esencial en lo que viene.

*

– ¿Tienes algún deseo especial para tu cumpleaños? Si tienes, pídelo. ¿Quieres elegir el nombre del bebé?

– No.

(…)

– ¿Crees que el padre del bebé aceptaría darlo en adopción? – pregunta, aludiendo al violador.

– No lo sé – dice la chica, en voz baja.

[Fragmento del diálogo filtrado en la audiencia y divulgado por The Intercept Brasil]

*

La legislación brasileña establece la interrupción del embarazo en tres causales, dos de ellas garantizadas en la Constitución de 1940: cuando representa riesgo de vida para la persona embarazada sin límite de semanas o cuando resulta de una violación. La tercera causal fue incorporada en 2012, tras un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) y se puede interrumpir el embarazo también en el caso de anencefalia, una anomalía congénita.

Según la ley, la interrupción del embarazo de la niña de 11 años – que en el momento de la violación tenía solo 10 – debería haber sido realizada en el hospital luego que ella y su madre buscaron el servicio de atención. Sin embargo, no fue lo que ocurrió, ya que la normativa interna del hospital recomienda la interrupción del embarazo en caso de violación solamente hasta la vigésima semana de gestación y se ignoró el riesgo a la vida de la niña.

Con el objetivo de posponer y luego negar el derecho a la interrupción del embarazo, una serie de irregularidades fue cometida por el Poder Judicial y la niña fue enviada a un albergue y apartada de su madre, a quien se le impidió cuidarla.

Acciones y movilización

La filtración de la historia desató una fuerte indignación en el país y rápidamente los movimientos feministas organizados en el Frente Nacional contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto (FNPLA) se movilizaron bajo la consigna “Niñas no madres” [Crianças não é mãe”, en portugués] para exigir la inmediata interrupción del embarazo para la niña, denunciando la violencia que sufre y que el embarazo representa un riesgo para su cuerpo.

En la ciudad de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina (donde se desarrolla la historia), organizaciones feministas realizaron un acto callejero el último martes, 21, y el FNPLA realizará una nueva acción este jueves, 23, esta vez en São Paulo, en frente a la sede del Ministerio Público Federal.
La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y la Marcha Mundial de las Mujeres presentaron ante el Consejo Nacional de Justicia una queja disciplinaria contra la magistrada responsable por el caso. Las entidades sostienen que en su conducta la jueza cometió “asedio institucional, utilizó métodos de terror sicológico, promovió la revictimización y violó normas legales, derechos y garantías”.

Conservadurismo y embarazo infantil

Esta historia no representa algo único; el año pasado, a una niña de 14 años se le negó su derecho al aborto legal por violación en su ciudad y sólo se logró la interrupción del embarazo tras un viaje de siete horas a la capital de su estado, Minas Gerais, y un intenso acoso por parte de trabajadoras sociales, como reveló la Agencia Pública.

En 2020, grupos conservadores y la entonces ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del gobierno de Jair Bolsonaro intentaron impedir la interrupción del embarazo de una niña de 10 años tras haber sido violada por su tío. Debido al acoso que sufrió en su ciudad, la niña viajó a Recife, capital de Pernambuco, en un trayecto de más de 1.700 km, para que pudiera acceder al procedimiento.  En esa ocasión, irrespetando lo que establece el Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA), se dio a conocer el centro médico donde estaba ingresada y la interrupción del embarazo tuvo lugar pese a la presencia de grupos conservadores que rezaban y protestaban en el exterior del local.

Según un informe publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2020, se registraron 60.926 casos de violación, con 44.879 casos de violación de niñas y adolescentes. Datos preliminares del Ministerio de Salud dan cuenta de que aproximadamente 17.316 niñas y adolescentes de hasta 14 años tuvieron bebés en 2021, y se supone que haya un subregistro debido a la pandemia.

Mientras tanto, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y sus aliados en el Congreso brasileño siguen en una ofensiva para desmontar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales, ya sea a través de proyectos específicos o del desmantelamiento de la salud pública y la educación sexual en el país. 

En 2021, de los 26 proyectos tramitados en la Cámara de Diputados referentes a la interrupción del embarazo, 22 buscaban impedir u obstaculizar el aborto legal en los casos autorizados por la ley e incrementar la penalización de abortos realizados clandestinamente, señala un estudio realizado por el Centro de Estudios y Asesoramiento Feminista (Cfemea).

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