Por Redacción Marcha desde Lima, Perú.

Foto portada Aldair Mejia | Fotos cuerpo: Lizbeth Hernández

“En Perú han masacrado pueblos enteros”, se lamenta pero denuncia una activista en los primeros intercambios de la visita. Ya van tres meses del Golpe político, mediático y parlamentario en el país andino, pero las calles no se olvidan. Allí se resiste este 8M, día internacional de las mujeres y disidencias trabajadoras.

Los pueblos del Perú hacen lo imposible para sacar al mal gobierno de Dina Boluarte, presidenta autoproclamada, y su política de muerte y represión que ya causó el asesinato de al menos 75 personas; dejando a varias heridas y decenas de detenidas. Un Perú donde las mamitas son criminalizadas por salir a las calles con sus guaguas (bebés) para defender sus vidas. Donde decir “olla popular”, “marcha” o “asamblea” es sinónimo de terrorismo, donde recolectar dinero de manera solidaria puede ser sentencia de cárcel y donde los gases lacrimógenos y las balas son la cara visible del Estado.

En Perú hay una dictadura. Con nuevos formatos y dispositivos que distan de los conocidos durante la dictadura fujimorista pero con una fórmula que se replica en los territorios. A través de la supremacía parlamentaria, la judicialización, la criminalización de la protesta social y la militarización de la vida cotidiana se condensa un mismo entramado de intervención que es política, judicial y mediática. Una dictadura que es racista y machista; que apunta directamente contra los cuerpos y territorios de los pueblos indígenas, mujeres y disidencias organizadas. El objetivo es claro: que esos pueblos y organizaciones no tengan acceso, ni siquiera, a la partecita del mundo que les corresponde, a los derechos básicos para la vida.

El objetivo también, es castigar a quienes se niegan a aceptar los más de 500 años de colonización sobre sus formas ancestrales de vida y creencias. La destitución y detención del presidente Pedro Castillo durante diciembre de 2022, seguido de la represión y masacre de los pueblos andinos refieren al mismo plan sistemático; y más allá de las críticas al gobierno de Castillo, su asunción simbolizó la posibilidad de que un líder campesino, sindicalista y docente pueda ser presidente del Perú. 

El golpe institucional contra Castillo, su detención, la suspensión de las garantías constitucionales y del mandato de la soberanía popular y la inmediata imposición del actual régimen reorganiza el orden y trae tranquilidad a los más poderosos. En los últimos 30 años, el único logro de la Constitución peruana -fujimorista-, ha sido defender y conservar la riqueza del 1% de la población en detrimento de las mayorías. De ahí que cualquier persona que exija su modificación es atacada como terrorista. El terruqueo, término que refiere a la descalificación de activistas y luchadorxs sociales, ha sido la punta de lanza con la que el régimen golpista intenta sostener su legitimidad. 

El país de las mamitas

En el distrito de Villa María del Triunfo viven más de 450 mil personas. Ahí, desde la pandemia por COVID 19 se realizan ollas comunes para alimentar a la población. Miski Mikuy, que significa comida rica en quechua, es una de las 307 ollas que funcionan en el distrito. Allí nos recibieron Doris y Margarita, quienes nos explicaron que a pesar de la pobreza, el encuentro y la organización les cambió la vida. Nos dimos cuenta que era mejor organizadas y de manera comunitaria relata Doris que trabaja de manera voluntaria como coordinadora de la ollita junto a sus 16 compañeras.

Las mamitas, como se llama a las mujeres de pollera, a las madres de las barriadas y abuelas de los territorios, fueron quienes impulsaron la creación de las ollas cuando no hubo contención del Estado durante la cuarentena. Incluso, en todo Lima, son 2500 ollas las que permanecen activas. Sin embargo, a tres años del comienzo de la pandemia, la ollita no puede frenar, según explican sus lideresas que lamentan la situación de hambre que atraviesa su pueblo. En muchas casas, el alimento de la ollita es el único al que acceden las familias en todo el día.

Durante el golpe parlamentario, seguido de la imposición del gobierno de Dina Boluarte, las ollitas dejaron de recibir los alimentos secos que recibían de parte del municipio. Hoy, las mamitas sostienen la vida de toda la barriada a costa de soportar al menos tres jornadas laborales. Denuncian que la situación actual es muy compleja: “se están muriendo nuestros hermanos, no podemos ignorar lo que vive nuestro pueblo” se lamenta Doris. Nos duele cada hijo perdido, todas somos mamitas y nos ponemos en su lugar, agrega mientras abraza a su compañera Margarita que revuelve la olla de arroz con leche.

Las mamitas somos luchonas, explica Doris al responder sobre cómo sostienen la vida y aclara pero no por eso soy terrorista.

Las mamitas somos luchonas, explica Doris al responder sobre cómo sostienen la vida y aclara pero no por eso soy terrorista. Las mamitas hacen un esfuerzo enorme para defender sus ollas cuando no había gas, agarraban cada palito que se encontraban en el camino; van al mercado y piden las verduras que sobran y se preocupan por la salud de sus vecinas. No desconocen, tampoco, que el aumento de los alimentos es parte del mismo régimen. Son los hermanos del sur, de los campos a quienes están matando los que nos alimentan. Y sostienen: Dicen que no sabemos pero sí sabemos lo que sucede. Tenemos la universidad de la vida, no somos tontas como creen.

Continuamos el recorrido por unas largas escaleras junto a Doris y Marlene, la referenta de la ollita Juan 3:16. Con su guagua en la espalda, Marlene sube cada escalón a paso tranquilo y nos abre las puertas de su ollita. Con una vista panorámica hacía todo el distrito, puso a disposición de la comunidad su terrenito para alimentar a 60 familias de su comunidad. No cuentan con servicio de luz ni agua y ya casi no cuentan con los alimentos básicos para cocinar. Somos guerreras, hacemos magia con los pocos ingredientes que hay“, explica Marlene en el intercambio.

Es 8 de marzo pero la lucha y el cuidado de la vida por las mujeres de las ollitas es de todos los días. Brindamos por el día, por las mamitas guerreras y luchonas que que alimentan a todo un pueblo. En Perú, como en todo Abya Yala, el fascismo y las políticas de muerte no pasarán: nos cuidan las mamitas.

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Por Laura Salomé Canteros y Carla Perelló desde Santiago, Chile / Foto: CF8M

“Baila tu rabia”, invitan unas cabras que sostienen un cartel. Sobre el cerro Huelén – Santa Lucía, en pleno Santiago de Chile, hay un gazebo y la música tecno hace saltar a todas alrededor. En tetas, con el uniforme escolar intervenido o las capuchas, se rotan sobre una tarima y el público las aviva. En este 8M histórico, la Alameda fue ocupada por unas 300 mil personas que se movilizaron bajo la consigna “Por la vida que nos deben”. Allí, estuvieron las convencionales ecofeministas, las ministras del gobierno que asumirá el próximo viernes, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y en masa, las feministas.

La cuenta regresiva se da con un movimiento feminista que marca el pulso de la agenda política y social del proceso destituyente-constituyente a tan sólo unos días del traspaso de mando que es mucho más que un cambio de gobierno. Se le dice #ChaoPiñera al presidente saliente, se reclama castigo por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta, así como se exige libertad a lxs presxs políticxs sin condiciones, una demanda que también apunta al próximo mandatario, Gabriel Boric, quien aprovechó la fecha para anunciar que el Ministerio de la Mujer integrará el Comité Político de su gobierno y que tendrá una oficina en La Moneda.

Bajo esas consignas, el martes feminista comenzó bien temprano con diversas actividades y columnas que llegaron desde distintos puntos del país, protestas de las mujeres campesinas e indígenas. Otro punto de encuentro fue el Centro Arte Alameda con Camila Moreno, Mariana Montenegro, Rubio y Mc Millaray, entre otras, con un show musical y se inauguró el mural GraffiTodas, en el frontis del cine sobre la Alameda. También hubo encuentro en el renombrar las calles: “Machi Francisca Linconao” o “Macarena Valdés” fueron los nombres elegidos. Tomar la Plaza Dignidad fue un acto simbólico de poder de las pibas, quienes se ayudaban para escalar y tomar el ex monumento revoltoso. De la misma forma corrieron a los infiltrados -pacos o fachos-, en estrategia de autocuidado. Porque cuando se abrió la gran Alameda, ésta se llenó de feria, color, baile y fiesta feminista.

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Somos ecofeministas construyendo. Por eso estamos en las calles, para decir que mientras exista la última gota de agua robada, la vamos a recuperar”. Manuela Royo es constituyente e integrante de MODATIMA y estuvo en la gran Alameda feminista del 8M 2022 acompañada de sus pares en la tarea. Con una remera de Luisa Toledo, madre heróica, y el pañuelo verde en la muñeca, se brindaba amablemente a cada entrevista. “Para sembrar, trabajar y cuidar necesitamos agua pero lamentablemente en Chile está privatizada y la tierra está en manos de las forestales. Por eso hoy estamos diciendo que el derecho a la tierra y al agua también son derechos de las mujeres y que no existe feminismo sin agua, sin bosque, sin sales, sin desiertos. No podemos vivir sin la protección de la naturaleza”.

Las aguas robadas

serán recuperadas

Las actividades en el marco del #8M comenzaron con lo que llamaron un “súper lunes feminista” con la intervención de la performance de “Un violador en tu camino”, de Las Tesis, ante La Moneda. “Adiós Piñera Criminal”, dijeron, convocadas por la Coordinadora Feminista 8M y la Brigada Laura Rodig CF8M, con los pañuelos verdes y violetas en alto.

No, no, no es no
qué parte no entendiste
la N o la O

Ana Cruces es cuidadora de personas mayores. Llegó y se ubicó en una esquina buscando las pañoletas que identifican a quienes están al frente de las intervenciones. Llevaba un ambo blanco pero pronto sacó una remera y una bandera, también blancas. La leyenda decía: “Cárcel a Piñera. Traidor criminal”. Contó que sigue yendo a las protestas de cada viernes a la Plaza Dignidad y que seguirá “hasta que haya justicia, porque sin justicia no habrá paz”. “Aquí hace 50 años que se violan sistemáticamente los derechos humanos, se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y hoy hay presas que mueren en prisión preventiva mientras los narcos se atienden en clínicas privadas”, sostuvo. El pedido de justicia “por todas las trabajadoras, por Fabiola Campillay, por las mutiladas y las víctimas de femicidio” es lo que la impulsa cada vez a salir a las calles.

Y cómo, cómo es la weá,
nos violan y nos matan,
y nadie hace náh.

Por la tarde, la jornada continuó con un velatón anticarcelario en Santiago y en Valparaíso. “Mientras nosotras nos preparamos para marchar, hay miles de mujeres que no pueden hacerlo porque están en las cárceles. Hoy alzamos la voz por ellas”, dijo Karen Díaz, activista anticarcelaria. “Son nuestras compañeras, mamás, hermanas, amigas, las que hoy se están muriendo en la cárcel”, agregó luego Karen Hoecker en Plaza Victoria. “Milén, Estefany, Krisy, Tatiana, Marisol han muerto injustamente por culpa de este Estado opresor, patriarcal, castigador y punitivista. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir con esta situación de vulneraciones de derechos humanos?”, agregó. “Estamos dispuestas a visibilizar todas las violencias del Estado porque estar privadas de libertad no significa perder la dignidad”.

No estamos todas, 

faltan las presas.

Vestidas de negro y con pecheras con la inscripción “imputada”, el colectivo “Pájarx entre púas”, denunció que hay más de tres mil mujeres privadas de su libertad en Chile, la mitad de ellas con prisión preventiva, que no reciben atención médica ni se les garantizan condiciones dignas para la sobrevivencia tras las rejas. “El 95 por ciento de las mujeres privadas de su libertad son madres”, es uno de los datos escritos en la espalda de una de ellas. Una vez más el movimiento feminista incluyó la demanda de derribar los muros de las prisiones.

*

El movimiento feminista en Chile fue partícipe en los últimos años no solo de construir sentido popular y contenido político a la revuelta que estalló el 19 de octubre de 2019, sino también de enfrentar al fascismo en la figura de Antonio Kast en las elecciones presidenciales de 2021 con un activismo territorial que logró ganarle al desinterés por las urnas. Una cronología que retoma la historia no reciente de los pueblos de Chile y que tiene al socialismo como horizonte común para la vida digna de ser vivida. Contra el terror de los dueños de todo y rumbo a una nueva Carta Magna, asoma una nueva época que les tiene como protagonistas. La promesa hecha en el primer Encuentro Plurinacional de las que Luchan -en diciembre de 2018- no será olvidada: “El neoliberalismo nace y muere en Chile, compañeras”.

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Nuria Barbosa León

Los crímenes de odio motivados por la condición de género y conocidos por feminicidios convulsionan a Latinoamérica por la impunidad estatal en tratarlos como asuntos pasionales e intrafamiliares, sin brindar justicia real a las víctimas. Al respecto, las luchas sociales en este frente buscan visibilizar un problema generalizado y sistémico, producto de la cultura patriarcal heredada y naturalizado durante siglos, consecuencia del ejercicio desigual de poder entre los sexos y que resume la violencia enraizada contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas en toda su diversidad.

Recientemente en Argentina se divulgó que la joven de 18 años Úrsula Bahillo murió apuñalada por su expareja, el policía Matías Ezequiel Martínez en la localidad bonaerense de Rojas. El agresor amenazó a su víctima varias veces y ella lo denunció al menos, en tres ocasiones. Además se supo que sobre el victimario pesa una denuncia del año 2017 formulada por Belén Miranda, otra expareja y jamás estuvo detenido. Por su parte, el Movimiento de Mujeres Indígenas por El Buen Vivir en Argentina denunció el asesinato de una menor de edad en el territorio wichi, ubicado en la región de Chaco, como consecuencia de prácticas discriminatorias y racistas conocida como chineo, una violación grupal de niñas indígenas, mayormente entre ocho y 11 años. 

En Brasil, el Foro Brasileño de Seguridad Pública reconoció que 2000 niños sufren huerfandad a causa del asesinato de sus madres, en la mayoría de los casos por sus parejas filiales. Los menores son recogidos por instituciones del estado que no siempre los protege, sufren violencia física por otros chicos y generalmente los hermanos deben separarse hasta esperar, en el mejor de los casos que una familia bondadosa los adopte.  

En Perú, se acusa al gobierno de realizar una esterilización forzada a más de  270 000 mujeres durante la presidencia de Alberto Fujimori, impulsor del modelo neoliberal en el país sudamericano y para ellas sólo se prevé una indemnización si logran ser incluidas en un plan de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).

Mientras que las dirigentes feministas, sindicales y sociales de Chile convocaron a una movilización feminista para el próximo 8 de marzo, para denunciar las desigualdades y la violencia patriarcal prevalecientes en el país.

Si bien las violencias machistas hacen parte de una estructura que es patriarcal y por ende cultural, el escenario presentado recientemente difiere para nosotras, las cubanas donde, al menos, la batalla gubernamental está ganada. Desde el triunfo de la Revolución en 1959 en que se proclamaron las bases políticas y jurídicas encaminadas a derrocar todas las prácticas discriminatorias, brindar una participación social activa a las mujeres y garantizarle su incorporación a la vida económica del país. Un ejemplo cercano lo tenemos en la aprobación de la Constitución, el 24 de febrero del 2019 y proclamada el 10 de abril de ese propio año, que coloca la dignidad humana como valor base de los derechos y establece la igualdad como presupuesto para el respeto pleno de las personas. Léase el Capítulo II, dedicado a los derechos de las y los ciudadanos, con especial destaque para los artículos del 46 hasta el 80.

En todos estos años, se desarrollan diversas acciones para visibilizar la violencia contra la mujer y trabajar sobre las causas que la originan y está recogida en uno de los objetivos de trabajo, ratificado en el 10º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, organización que lleva el tema de la mano y consolida alianzas con los Ministerios del Interior, de Educación, de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social, más otros órganos del estado como la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular. 

Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia -hoy funcionan 173- ofrecen orientación individual y grupal, más ayuda sicológica y conducción jurídica, como una vía para canalizar los conflictos intrafamiliares. Además, existe la línea de ayuda telefónica por el número 103, que también brinda servicio a personas en situación de violencia y ofrece mecanismos para solución de conflictos. A ello se suma el papel de la Editorial de la Mujer y de los centros de prevención y promoción de la salud para divulgar mensajes educativos que ayuden a visualizar problemas.

A pesar de estas acciones, persisten insatisfacciones que aunque el Estado tiene la voluntad de solucionar se muestran insolubles por las propias carencias generadas por el criminal bloqueo de Estados Unidos, sin embargo la Revolución continúa trabajando en pos de una sociedad mejor con el objetivo de superar las dicotomías de género. Si bien las experiencias de políticas públicas de género en Cuba deben continuar perfeccionándose de manera permanente, sus prácticas nos alientan a repensar las intervenciones de los gobiernos en materia de derechos hacia las mujeres y sus posibles transformaciones.

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Por Camila Parodi y Sara Ordoñez desde La Paz

Uno de los primeros vídeos que sirvieron para denunciar la represión llevada a cabo por el gobierno de facto contra el pueblo boliviano durante el mes de noviembre fue realizado por Ayven Huaranca Murillo. Su único delito, por el que se encuentra privado de su libertad, fue asistir a víctimas de la Masacre de Senkata y realizar una denuncia en la que solicitaba el refuerzo de primeros auxilios. Que su vídeo se haya viralizado y que, por ende, haya servido para romper el cerco mediático impulsado por las empresas de comunicación en complicidad con el Golpe, mucho tiene que ver con su situación actual de encierro.

Como parte de la Delegación Plurinacional Feminista visitamos a Ayven. Encontrarlo no fue fácil, durante nuestros días en La Paz, la Fiscalía de la Ciudad de La Paz se encontraba “descomprimiendo las cárceles” por la superpoblación desatada a partir de las detenciones armadas e ilegales desde noviembre. De forma que los días de visita se redujeron y largas colas de familiares se desplegaban a los alrededores de los penales. Una vez adentro y tras recorrer los pasillos oscuros y laberínticos logramos dar con el ingreso a la Muralla donde se encontraba Ayven. La Muralla es el centro de aislamiento de la Cárcel de San Pedro que funciona como dispositivo de castigo.

“Tenían balas de guerra, tanques, helicópteros, mientras que los alteños sólo respondían con piedras”

No sabíamos cómo íbamos a ser recibidas, el miedo se seguía respirando en el aire, pero una vez abierta la Muralla nos reconocimos por su sonrisa. No tuvimos que decir nada, un instante de abrazos como si nos conociéramos de toda la vida y rápidamente a sentarse para no llamar la atención. Intentamos profundizar en nuestro objetivo de la visita pero no fue necesario, “yo salvo vidas no he hecho nada malo”, interrumpió Ayven. El enfermero sabe bien de que se trata, inclusive suspiraba al imaginar si no hubiera intervenido, pero luego dijo: “no podía hacer como si nada, fue horrible lo que vi”. Ayven se reconoció como una persona sensible y eligió mostrarlo, sabe bien que es esa cualidad personal lo llevó a actuar: “soy amable con todas las personas que me rodean, no puedo ser ajeno, no me gusta la injusticia”.

“Yo no he hecho nada malo, ¿en qué lugar hice incitación? -se preguntó Ayven, y reforzó- ¿en qué momento dije que salgan a pelear?”. Las preocupaciones del enfermero Murillo son muy oportunas, sabe bien que cumplió con su profesión y no desconoce que es por esa misma vocación de salvar vidas que lo castigan. “No había nadie que me reemplace”, explicó Ayven al adentrarse en el recuerdo de aquel 19 de noviembre, “eran balas de fuego, quemaban, necesitábamos gente con conocimiento porque la sangre salía como chorros”, aseguró. Nos contó que desde su trabajo, le dieron la posibilidad de no asistir a la Sala de Salud por el conflicto pero que en ese entonces él ya se encontraba cerca y eligió ir. “Al ver los heridos me levanté mi moral por ayudar”, manifestó, pero también reconoció “ahí empieza mi martirio, me empiezo a quedar y me comprometo”. Sabe también que su compromiso está fundado en una responsabilidad profesional, “el mismo artículo 3 del Convenio de Ginebra del 49 explica que durante un conflicto interno tengo que ayudar”.

Su relato fue claro, Ayven se propuso salvar las vidas que llegaban con heridas graves, incluso, nos explicó, se acercó al frente donde se encontraba el ejército para avisar que estaba atendiendo “yo salvo vidas”, afirmó y sostuvo: “yo iba de lado a lado con una bandera blanca como símbolo de paz”. Sin embargo, en su recuerdo, ningún herido del ejército se acercó y sabe porqué “tenían balas de guerra, tanques, helicópteros, mientras que los alteños sólo respondían con piedras y gomas prendidas fuego”. “Hay municiones que se abren inmediatamente en las heridas, estas eran distintas, el gobierno sostiene que no reprimió, pero lo que yo vi”, explicó Ayven, que tan sólo durante su permanencia en la sala recordó haber atendido a más de veinticinco personas con heridas graves y seis fallecidas.

Hasta ese momento, la intervención de Ayven como profesional de la salud no había tenido mayor repercusión; sin embargo, su situación cambió a raíz de una entrevista realizada por un periodista de televisión. Al referirse a Ayven como un doctor, en ese intercambio tuvieron argumento suficiente desde el gobierno de facto de la autoproclamada Jeanine Añez para acusar al enfermero Murillo como “falso doctor” o “dirigente encubierto”. Ayven lo desmintió, “yo no conocía a nadie, lo que he hecho nadie lo ha hecho, gritaba impotente, aplicaba gasas que me alcanzaban los vecinos y hacia torniquete, y ahora estoy aquí desprotegido” se lamentó y reafirmó, “hice una labor que nadie hizo cuando es obligación de cualquier médico, yo juré salvar vidas”.

“Acá saben que soy inocente”

Al día siguiente, policías de civil destuvieron a Ayven en su trabajo en el Hospital Materno Infantil, con el pedido de que realice una declaración como testigo por su aparición en las redes sociales. “Son dos horitas”, recordó Ayven que le dijeron, de forma que con consentimiento y la intención de colaborar accedió. Eran las seis de la tarde según recordó. Aquí se activó el dispositivo que denuncia tras denuncia podemos constatar: la Fiscalía Especializada de La Paz, en complicidad con la policía, detuvieron a cientas de personas con el argumento de testificar. Luego, sin explicación, son demoradas, retenidas, maltratadas, discriminadas y en gran parte de las historias torturadas y amenazadas.

“Querían que dijera los nombres de los dirigentes”, explicó Ayven, refiriéndose a las personas que habían coordinado la resistencia y toma de la planta de Senkata, “pero yo no los conozco, incluso me dieron un puntazo en la pierna para que hable, pero no los conozco, me mostraban una gillete y me decían si no hablas te vamos a cortar”. El enfermero Murillo denunció haber estado más de cinco horas demorado y torturado por policías de civil. A continuación, lo llevaron a la celda judicial sin posibilidad de comunicarse con su familia y recién alrededor de las seis de la mañana, volvieron a acercarse a él pero sólo para continuar la tortura sin explicaciones. “Me sacan un diente y me lastiman el pómulo” un golpe que, hasta el día de hoy mantiene y le molesta. A las ocho de la mañana lo llevan a declarar con un abogado de oficio. Allí recordó que intervino uno de los sargentos presentes, diciendo que confirmaron -tras una investigación- que se trataba de un terrorista, termina la audiencia con la acusación de “sedición, instigación pública a delinquir y terrorismo”.

Desde entonces, uno de los pocos enfermeros que ayudó a controlar la situación tras la Masacre de Senkata se encuentra detenido. Al ingresar al penal nuevamente fue torturado, nos mostró sus marcas y relató procedimientos de tortura explícita. Relató que tras la represión, sus hijos/as se encuentran con mucho miedo y problemas de salud mental. “Mi papá es un héroe dice mi hijo, y a mí eso me levanta pero también entristece porque me han visto como el peor delincuente por salvar vidas”, expresó angustiado Ayven. Su esposa, ahora único sostén del hogar, también le cuenta que desde su trabajo le piden que “tenga perfil bajo y no lo nombre”. Él sabe que las empresas de comunicación han intervenido en la mirada de la sociedad, pero no deja de preocuparse, nos explicó que sólo confía en su familia, como así también en los otros detenidos con los que comparte la Muralla, “acá saben que soy inocente, me sacan la culpa, son las primeras personas que me ayudaron y para la sociedad sólo somos criminales”.

En la primera audiencia tras su detención, donde deberían haberle otorgado la prisión domiciliaria, le solicitaron que comprara cámaras de seguridad, cierre ventanas y contrate a dos custodios. Ante este pedido, la familia de Ayven tramitó el pedido de los custodios, pero se le es negado por falta de oficiales. Tras lograr un avance y presentarlo, en la próxima audiencia, la fiscalía insistió -sin pruebas- con que Ayven Huaranca Murillo es “terrorista”. Durante la audiencia, realizada el pasado 13 de febrero, la jueza a cargo reconoció que Ayven debe tener prisión domiciliaria. Sin embargo, relató, “lo suspenden por terrorista”. Esta interrupción se debió a la intervención del Ministerio de Comunicación que, como contraparte del delito de terrorista hacia el Estado, denuncia que debe continuar en prisión.

Hasta el día de la fecha, el enfermero Ayven Huaranca Murillo continúa privado de su libertad como así también de su derecho a la defensa y a la salud por haber salvado la vida de aquellos que, para el gobierno de facto deberían haber sido aniquilados. Ayven asistió a quienes resistieron con sus cuerpos al avance del Golpe de Estado sobre su territorio. Hoy, si bien una tristeza profunda lo invade no deja de enfocarse en lo que le gusta y hace bien como su familia y su formación en salud. Lee libros de anatomía y se mantiene actualizado con los temas relativos a la tesis que debería haber entregado en diciembre para finalizar su capacitación en neonatología. Ayven sabe que no es el único, existen cientas de personas que, como él, se encuentran privadas de sus derechos básicos por haber defendido su autonomía en el marco de un Golpe que, historia a historia, confirma sus características racistas y fascistas.

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros desde La Paz

El Golpe de Estado en Bolivia fue también un golpe mediático. El silenciamiento y la censura de las 54 radios comunitarias, la toma de los canales estatales y la persecución hacia comunicadores y comunicadoras son algunos de los hechos que lo confirman. El día previo a la renuncia del presidente, elegido por las mayorías Evo Morales, grupos fascistas llevaron a cabo diferentes acciones de violencia y tortura que legitimaron una base para que se instale el Golpe de Estado: cualquier persona que este ligado al partido de Evo puede ser un presunto ˜terrorista˜. 

Entrevistar a comunicadores y comunicadoras de Bolivia no fue fácil. La persecución, criminalización y control hacia sus experiencias de periodismo fueron tan brutales que debieron implementar distintas estrategias de cuidados hacia ellos y sus familias. Ser comunicador/a en una dictadura legitimada por las empresas de desinformación y el control de las redes sociales puede ser muy difícil, sin embargo encuentran la manera de denunciarlo. Como parte de la Delegación Plurinacional Feminista contra el Golpe de Estado en Bolivia, Marcha dialogó con José Aramayo Cruz, director de la Radio Comunidad 90.4 FM y el Diario Prensa Rural, medios que  trabajan en convenio con la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia (CSUTCB), la historia del periodista Aramayo contempla esa violencia fascista/racista, este relato formará parte del “Informe Sin Fronteras” que será presentado a instancias internacionales durante los próximos meses. 

“Me torturaron sin pruebas”

Después de las elecciones pasadas del 20 de octubre, cuando se avecinaba el Golpe de Estado en Bolivia, Aramayo desempeñaba su labor en Prensa Rural y Radio Comunidad 90.4, después de las elecciones hubo quema de las cortes electorales departamentales en algunos departamentos, se instauró un clima adverso de violencia generada por los movimientos civicos del país que fue tenuemente contrarrestada por la policia, durante los primeros días de noviembre las organizaciones sociales en especial la CSUTCB tuvieron una participación fundamental. Y así lo explica el comunicador al iniciar su historia “la Confederación como tal ha estado trabajando bastante seguido en el Pacto de Unidad junto con otras organizaciones sociales, apoyando allí como un pilar del gobierno del ex presidente Evo Morales, nuestro trabajo fue de divulgar la problemática y necesidades del movimiento campesino y fuimos la voz del movimiento campesino” destacó.

El 8 de noviembre los cortes y bloqueos llevados a cabo por grupos fascistas encabezados por el entonces presidente del Comité Civico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegaron a su cima tras la toma de distintas instituciones públicas y las amenazas a funcionarios/as que formaban parte del Proceso de Cambio. Con esa advertencia, relató el comunicador: “fuimos a la radio por la noche, estaban algunos dirigentes, y empezamos a evacuar equipos de nuestra propiedad”. Al día siguiente 9 de noviembre, tres dirigentes campesinos deciden sumarse al pedido de Luis Fernando Camacho de renuncia de Morales, produciendo una ruptura vertiginosa en la CSUTCB. “Esto genera en la organización un enfado de la otra parte de la dirigencia que convoca a las 3 de la tarde a una conferencia de prensa, para desconocer a estos dirigentes, a donde como medio asistimos”, explicó Aramayo. Mientras se desarrollaba la conferencia, los dirigentes salieron presurosos pues se anoticiaron que bajaba un ´grupo de choque´ de Camacho con intenciones de tomar la organización, este grupo de 3 personas hace explotar los cachorros en la calle e ingresa a la Confederación con bastante violencia. “Estábamos desarmando nuestros equipos junto a mí se encontraba, el operador de la radio (D. O.), el periodista Percy Katari quien además dio parte de lo acontecido a diferentes medio internacionales, y el maestro albanil (J. O.) que estaba refaccionando la cabina, y en eso aparece este grupo con cachorros de dinamita armados con cuchillos, al salir de la radio un joven del grupo de choque amenaza a Percy con un cuchillo quien logra, por suerte, esquivarlo y junto a el operador de radio son botados literalmente a patadas, se arma una turba de la ciudadanía que vive en Miraflores -uno de los barrios de clasemedia de La Paz- estos vecinos salen de sus casas con palos y cuerdas, con la idea de agarrarlos y escarmentarlos por la excesiva violencia”.

Los vecinos/as de Miraflores que son parte de los “Pititas” están ´disconformes con los resultados de las elecciones´, agarraron a los jóvenes del grupo de choque que Aramayo no logró identificar y los “chicotearon”. A continuación, relató que ese mismo grupo bajó hacia la Confederación e intentó ingresar a la estructura pateando las puertas para luego treparce por las paredes y de forma violenta ingresar a la infraestructura. “Esto hizo que cundiera temor en todos nosotros, estábamos atentos mirando de que no entren a nuestras instalaciones del medio”, explicó el director. Sin embargo, el desenlace fue peor de lo que esperaban, “en eso uno de ellos empieza a gritar ´allá están, ellos son los que tienen la dinamita´ y nos señalan a nosotros, nos empieza a perseguir una turba de cívicos que aparecen de todos lados con palos y los tres corrimos para salvar nuestras vidas”. “Tenían palos, bates de béisbol, y un montón de objetos para agredirnos -recordó- me agarran a mí golpeándome en la cabeza con un bate de beisbol, me doblan los brazos violentamente y me llevan otra vez a la CSUTCB, ahí estaban los cívicos y este grupo le dice a la turba que habían agarrado a uno de los ´terroristas´” recuerda Aramayo.

Como todas las denuncias que pudimos recabar desde la Delegación Feminista Plurinacional, la acusación contra las y los integrantes del Proceso de Cambio como “terroristas” tuvo el peso simbólico suficiente para fundar el miedo y legitimar las violencias fascistas con alta carga de racismo. A su vez, esta acusación se fundó como un delito que tiene como “contraparte” necesariamente al Estado; en este caso, un gobierno autoproclamado, fundamentalista y racista sin voz ni voto de las mayorías y que sólo refuerza la posibilidad de persecución y control. “Me tildaron de terrorista sin pruebas -reafirmó Aramayo- y me dicen ´dónde están las bombas molotov, los cachorros de dinamita´, y yo les expliqué que era el director de la radio, que estaba precautelando el medio que además es un medio privado, me quitaron mi celular, mi credencial, mi carnet de identidad, cosa que ellos no podían hacer”.

Aramayo denunció que, mientras intentaban reafirmar su hipótesis a partir de encontrar en su celular grupos de WhatsApp que avalen el presunto delito, otro dirigente mayor, de unos 70 años, Hugo López, a quien habían encontrado en la CSUTCB porque vivía ahí “lo sacaron y dijeron: ´hay que escarmentar a estos terroristas, a estos indios´, de manera despectiva, con insultos y palabras bien gruesas, porque estábamos según ellos en una zona donde no tendría que haber indios”.

A continuación, Aramayo relató lo que para otros países fueron las primeras imágenes que anticiparon el Golpe de Estado: “dijeron vamos a amarrarlos al árbol y me empezaron a insultar y yo repetí varias veces que era el director de la radio, pensé que indicándoles que tenía familia y que realmente estaba afligido por mis hijos, tendrán compasión de lo que me estaban haciendo pero fue mayor el enojo de los cívicos que me golpearon e insultaron, entonces arremetieron contra la infraestructura, entraron y empezaron a destruir las puertas en busca de ´indios con dinamita´, rompieron candados, sacaron las cosas, empezaron a sacar equipos de las oficinas, me amedrentaron varias veces para que ´yo hable donde estaba la dinamita´, estaban seguros que ahí existía y después por mi rol de comunicador, por apoyar a los campesinos”. El hecho de que Aramayo haya dado cuenta de su rol de comunicador fue una de las razones del ensañamiento. José recordó haber sido amarrado con precintos de plástico a un árbol durante más de tres horas entre golpes e insultos.

La policía, en ese momento amotinada, no respondió como el grupo de cívicos esperaba. Por eso, según Aramayo, tenían planes para llevarlos a él y al dirigente Hugo López a la concentración principal que estaba en la Plaza Murillo mientras decían, “´ya tenemos dos terroristas´, ahí nuestras vidas corrían peligro”. Luego llegaron los medios y, como herramienta del Golpe de Estado ya en práctica “tergiversaron bastante las declaraciones que nosotros hicimos” explica el director de Prensa Rural “porque mostraron imágenes de la CSUTCB todo revuelta y dijeron que ahí se hacía terrorismo, cosa lejana a la verdad”.

Cuando lograron que unos policías intervinieran en la situación, los mismos investigadores pudieron constatar que no había ni bombas molotov ni dinamita y menos en las instalaciones de la radio. “No sabían qué hacer con nosotros dos -sostiene José- la población ahí afuera decía ´llevenselos´, le sacaron la llave al hermano Hugo y se la entregaron al policía y decían ´estamos incautando esta estructura, no mas indios en Miraflores´ pero el policía lo devolvió porque explicó que se trataba de una propiedad privada”.

Finalmente, por pedido de las y los vecinos, tanto Aramayo como López fueron llevados a las ocho de la noche a la Fuerza de Lucha contra el Crimen (FELCC). “No había patrulla ni nada, nos llevaron con movilidad particular, allí apareció una persona de nombre Mirtha Uro Viuda De Palomeque, contenta porque ´se estaban llevando a los terroristas y el policía dijo ´los vamos a llevar a la Fiscalía´ pero como no tenemos quién denuncie los encerraremos ocho horas por consumo de bebidas alcohólicas”. José recordó ese momento, aún con mucho asombro, por la fragilidad institucional imperante: “pero yo no estaba ebrio, teníamos golpes, me amarraron tenía mis muñecas marcadas y le dije que queríamos ir a un médico forense pero nos dijeron que no había ya que la policía continuaba amotinada”. La señora, como buena vecina que defiende sus privilegios intervino para acompañarlos y denunciarlos. “Se subió al auto y todo el camino nos fue insultando ´que estos indios no tienen más que excremento en la cabeza´, nosotros la escuchamos sin decir nada pero era claro su exacerbado racismo”. Al llegar a la Fiscalía, el policía le pidió las pruebas a la vecina que tras acusarlos explicó no tener su celular con ella y, al traerlo luego de una hora, “se da cuenta que no éramos nosotros y nos dejan libres”. Ni Aramayo ni López pudieron acceder a su derecho a la defensa ni a iniciar una demanda contra sus agresores ni a una necesaria asistencia de salud durante y tras su detención ilegal.

“Sebastián también me vio amarrado en las medios”

Sebastian Moro, periodista de Radio Comunidad y jefe editor de Prensa Rural, tras su extraña muerte nos interesa indagar al respecto. “En la mañana del 9 de noviembre nosotros nos reunimos como habitualmente hacíamos cada sábado, Sebastián y algunos trabajadores de turno se hicieron presentes”, explicó Aramayo. “Él vino a trabajar para cerrar la edición de Prensa Rural, pero por las circunstancias en la noche que no permitieron que podamos trabajar con regularidad, y además los equipos no estaban completos, pues solo faltaba el texto editorial y algunas correcciones, le dije: ´no Sebastián, la cosa está muy difícil, te ruego que vuelvas a tu casa y trabajes desde ahí, y le mandes a Fredy -nuestro diseñador- la editorial´. Esa fue la última conversación que Aramayo tuvo con Sebastián, “luego me enteré por los periodistas y los trabajadores de la radio de su estado crítico sobre una crisis de Ataque Cardio Vascular (ACV), mi rostro dio vuelta al mundo en las redes sociales y medios nacionales e internacionales que me han torturado y amarrado y obviamente Sebastián también vio. Él hizo una nota y subieron esa nota a nuestro portal, y yo pensé que fue la impresión que melló fuerte en Sebastian” expresa.

Aramayo no volvió a contactarse con Sebastián. Luego se enteró que había sufrido lo que hasta ese momento fue comunicado como un ACV. Sin embargo, afirmó “después su familia nos comunicó que no había sido un ACV sino que tenía marcas de tortura en todo su cuerpo”. “Ese sábado y domingo fueron días muy terribles para Bolivia -explicó cabizbajo-, había mucha zozobra, mucha xenofobia, mucho miedo, por lo que estaba ocurriendo y no solamente para los medios sino para la población en general”. Sobre esto Aramayo expresó “para mí personalmente fue muy dolorosa la muerte de Sebastián, es una muerte no esclarecida, es algo que a futuro tendría que tener una investigación seria de parte de Bolivia y de Argentina y eso va a demandar un tiempo para indagar sobre lo que ocurrió cuando Sebastián salió de su casa, más averiguaciones, más conclusiones, gente que lo haya visto en la calle, gente que tal vez lo haya agredido, eso es lo que tenemos que ahondar, para nosotros ha sido y es aún una pérdida muy sensible”.

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros desde La Paz 

En Bolivia hay presas políticas como consecuencia del racismo que se instauró desde las instituciones a partir del Golpe de Estado. Con tan sólo 35 años, la abogada Patricia Hermosa, ex jefa de Gabinete y apoderada del ex presidente Evo Morales, trabajó día y noche en la estructura estatal durante más de 10 años. Hoy se encuentra privada de su libertad y del derecho a la defensa en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz, acusada de forma ilegal de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”.

Como parte de la Delegación Feminista Plurinacional que viajó a Bolivia alrededor del 8M para relevar las violencias contra las mujeres y las disidencias a partir del Golpe de Estado, Marcha ingresó al centro penal donde se encuentra Patricia hace más de 45 días. Nos esperó junto a su abogado alrededor de una mesa con sombrilla que solicitó para nosotras. Si bien agradeció la posibilidad de tener un amigo abogado que haya decidido acompañarla, sabe que ningún abogado/ a quiere asumir ese tipo de responsabilidad política. Patricia se encuentra en una situación muy frágil; le cuesta expresarse y la injusticia cayó sobre su cuerpo- territorio. No accedió a su derecho a la salud a pesar de haber padecido un evento obstétrico. Se encuentra vulnerable pero contó su historia. Lo hizo porque no está sola.

“Me tuvieron encerrada una hora”

Era una tarde de sol en un barrio tranquilo al sur de La Paz. Patricia (nos) agradeció la visita y consintió contar su verdad. Hasta ese momento, ninguna organización ni medio de comunicación había llegado a la institución carcelaria para escucharla o constatar los rumores acerca de su estado de salud integral. La ex funcionaria nos contó que se encuentra privada de su libertad, básicamente, por mantener conversaciones telefónicas con su ex jefe, Evo Morales. Es más, que le tendieron una trampa: en los primeros días del Golpe de Estado, asesores de la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez, la llamaron para que ingrese a la residencia oficial para retirar las pertenencias de Morales. Esas conversaciones y el cumplimiento de su tarea de apoderada, fueron usadas en su contra.

“Me detuvieron para que amplíe una declaración pero nunca he tenido una audiencia”, denunció desde el encierro la abogada, apuntando a la labor del Ministerio Público. El pasado 31 de enero comenzó su periplo. De forma arbitraria, sin orden judicial, fue detenida por policías de civil que la encerraron ilegalmente en una camioneta policial. “Me tuvieron encerrada una hora”, contó. “Me preguntaban acerca de la documentación que tenía y al día siguiente habían robado los documentos”. Había llegado a La Paz para gestionar la candidatura de Evo Morales como senador del MAS en las próximas elecciones del del 3 de mayo. 

En ese momento, el juez Armando Zeballos ordenó la detención preventiva de la abogada Patricia Hermosa mientras se realizara el juicio en su contra. Pero Patricia sabe que su detención es una simple excusa para retener el poder notarial y el original de la libreta del servicio militar que corresponden al ex presidente y que eran requisitos indispensables para la inscripción de su candidatura en el Tribunal Electoral. “Me quitan los documentos para que no pueda ser candidato”, aseguró. La proscripción de la mayoría política del país llegó muy lejos: las que pagan las consecuencias son las mujeres jóvenes y de raíces indígenas.

Por su trabajo en la estructura estatal de más de 10 años, Hermosa reconoce haber visto durante los días previos a su detención, a distintos policías siguiéndola; pero como sabía que ella había cumplido con sus deberes, eligió ignorarlo. Hermosa advirtió que no desconocía que durante esos meses, ejecutores/ as del Golpe de Estado implementaron un sistema de persecución y control sistemático contra quienes habían sido parte del gobierno que representaba el Proceso de Cambio. En particular con quienes son indígenas.

Desde el momento de su detención, a Patricia Hermosa, jamás le otorgaron el pedido de ampliación de la declaración testimonial y en dos ocasiones le fue negada la prisión domiciliaria, a pesar de haber presentado el pedido en la fiscalía; una forma de mostrarse dispuesta a colaborar con el proceso judicial. Para la fiscalía, Patricia presenta “riesgo de fuga”. Es que, entre su información migratoria, figuran (apenas) dos viajes realizados en años en que fue funcionaria del Estado Plurinacional. Datos personales que no deberían ser usados en su contra. Hermosa además nos contó que devolvió el pasaporte diplomático.

“Me visitan mis amigas”

“Solo los indios estamos en la cárcel”, reflexionó Patricia Hermosa en una frase que caracteriza claramente el Golpe de Estado que asaltó en noviembre pasado el poder gubernamental en el país vecino. Aseguró que, al igual que la ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque (60 años), detenida en la misma unidad, sus encierros sin condena no se resuelven porque son indias. “Con Eugenia lo hablamos a diario”, contó, “hay discriminación por género, etnia, clase. Además, por razón ideológica”, agregó. A Patricia la acusan de “terrorismo” por hablar por teléfono. A Eugenia la castigan por representar el empoderamiento de quienes hace cinco siglos soportan el racismo.  

Sin embargo, a pesar de la violencia institucional que implica el encierro, Hermosa no pierde sus esperanzas. “Me visitan mis amigas”, respondió emocionada a una pregunta preocupada, y agregó, “acá no me falta nada, las presas se organizan”. El Centro de Orientación Femenina de Obrajes es un penal semicerrado que cuenta con espacios al aire libre y verdes. Allí, Patricia convive con las mujeres que son madres o que están embarazadas. A pesar de eso, también relató que fue testiga de torturas a otras mujeres; familiares de Senkata, entre las que recuerda a “Dora”, una luchadora de apenas 20 años. 

“Te vamos a traer café todas las semanas”, le dijeron al pasar unas mujeres solidarias que visitaban a otras detenidas. “Y chocolates”, respondió Patricia. La promesa sonó como el emparejamiento perfecto para el libro que lleva en su mochila: “La revolución india”, de Fausto Reinaga. Un clásico del movimiento indianista que relata la historia de resentimiento por parte del colonizador durante la conquista; la búsqueda del reconocimiento desde Europa que, al verse subestimado, elige despreciar al originario del Abya Yala ya que no le basta con haberlo conquistado. Patricia sonrió al exhibir el libro que quedó sobre la mesa. Cómplice, reaccionario. Al igual que ella, que se mostró confiada por estar libre pronto. 

El 3 de mayo habrá elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, comicios que se encuentran amenazados por diferentes factores: el terror social que impuso el levantamiento policial y militar desde el Golpe de Estado que asesinó y reprimió a niñes y mujeres de pollera; la proscripción política del MAS; la manipulación arbitraria del TSE del padrón electoral, sobre todo en áreas rurales; el cerco mediático que impusieron los medios hegemónicos para denunciar las vulneraciones de derechos desde noviembre de 2019 -censura sostenida con tortura, persecución y exilio de trabajadorxs de prensa-; la pandemia y crisis mundial a partir del COVID 19; y las ansias de la derecha racista -financiada por intereses imperiales- de continuar ejecutando el poder de decisión desde el Estado. 

“Este es un mal sueño”, finalizó Patricia Hermosa. Nos contó que la fiscalía le ofreció un juicio abreviado a cambio de que se declare culpable y acepte uno de los mayores delitos para acceder a la prisión domiciliaria. “Ellos tienen otro fin”, aseguró, “quieren que diga que mi jefe hizo terrorismo”. Ni la detención arbitraria, la privación ilegal de la libertad ni la condena social parecen amedrentarla. El pedido de libertad de Patricia Hermosa Gutiérrez es un grito sin fronteras y su historia formará parte del informe que la Delegación Feminista Plurinacional enviará a Organismos y Cortes Internacionales de Derechos Humanos. El Proceso de Cambio continuará porque vive en quienes levantan sus banderas y tienen raíces indígenas, caras aniñadas y voces suaves. Son quienes están destinadas a vencer.

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Por Carolina Rosales Zeiger / Fotos: Petit Coffy 

A Ingrid Escamilla, de 25 años, la asesinó su pareja. Encontraron su cuerpo desollado y difundieron las imágenes en los medios masivos de comunicación. Fátima Aldrighett, de 7 años, fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada cuando salía de la escuela. Su cuerpo fue arrojado dentro de una bolsa plástica. Los feminicidios de Ingrid y Fátima ocurrieron con apenas algunos días de diferencia, en febrero de 2020, en la Ciudad de México. Pero no fueron los únicos: se estima que en todo el país se cometen entre 8 y 10 crímenes de este tipo por día.

Durante 2019, más de 3mil mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujer. Se registraron más de 4 mil denuncias por abuso sexual y casi mil por acoso. Según los casos registrados oficialmente, además, hubo 1400 casos de violación sexual. Las cifras corresponden al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por eso, en el día de ayer y en el marco de Día Internacional de la Mujer, miles de mexicanas marcharon en distintas ciudades del país en contra de los feminicidios, el acoso, la violencia sexual y la desigualdad. Además, se manifestaron a favor de maternidades libres y por el acceso al aborto legal en todo el territorio nacional: en la actualidad, la interrupción del embarazo está permitida sólo en Ciudad de México y Oaxaca.

“Con falda o pantalón, respétame cabrón” o “Medio vivas aún y más furiosas aún” coreaban algunos contingentes en la marcha que uniría el Monumento de la Revolución –punto de partida– con el Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad capitalina. También el célebre “Mujer escucha, esta es tu lucha” sonaba con fuerza cada vez que las columnas pasaban por ventanas o balcones en donde había mujeres observando. Aunque la mayoría de los cánticos hacía alusión a generalidades sin demasiada especificidad o contenido político duro, los reclamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador también se hicieron escuchar. “El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas” fue uno de los lemas más repetidos, sobre todo al atravesar los cordones de policías que cercaban algunos espacios del trayecto.

Encabezada por el contingente de madres de mujeres víctimas de feminicidio, pasadas las 14hs la marcha comenzó su recorrido de 2 kilómetros. La enorme columna estuvo dividida, detrás de la cabecera, en madres con hijas menores de 12 años, contingentes de mujeres, organizaciones sociales o políticas y un grupo mixto de varones que acompañaban. Cuando las primeras llegaron al Zócalo, las últimas aún no habían salido del Monumento a la Revolución.

En 2019 la organización había definido a la marcha del 8 de marzo como la más grande en su historia: habían asistido unas 25 mil personas. Este año, el récord superó toda expectativa: las autoridades estimaron que durante toda la jornada participaron más de 80mil.

La finalización sucedió ya entrando el atardecer, cuando las últimas columnas entraron al Zócalo. “Estamos de picnic”, decían algunas en alusión a la tranquilidad y comodidad de la Plaza. Mientras, un pequeño escenario ubicado en el centro intentaba ordenar las llegadas, al tiempo que abría el micrófono para diversas denuncias y manifestaciones. En un sector, algunas montaron una fogata gigante, alimentada por algunas tarimas de madera que estaban en la explanada, pancartas y combustible para alimentar el fuego. Luego, bailaron alrededor de ella.

Para este lunes, toca el silencio: el paro nacional de mujeres mexicanas estima casi un 60% de adhesión. Es la primera convocatoria de este tipo en México, donde las mujeres representan un 40% de la fuerza laboral y donde, a pesar de ello, existe en promedio una brecha salarial entre hombres y mujeres de un 34%, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Algunos datos de la violencia machista en México:

* Entre 9 y 10 mujeres son asesinadas cada día en el país, según la ONU.
* Veracruz es el Estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, registrando 153 víctimas de feminicidio de enero a octubre 2019. Le sigue del Estado de México con 95 casos en el mismo periodo, de acuerdo con el SESNSP.
* De enero a agosto de 2019, 292 mujeres fueron víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México; cuatro denuncias son por violación colectiva, según el portal de Datos Abiertos del gobierno capitalino.
* De 2013 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 74.7% a 82.1%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
* Los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres tanto en lugares públicos como en privados: cajero automático en vía pública (87.4%), transporte público (74.2%), calle (72.9%), carretera (69.5%), mercado (65.5%), parques (62.1%), automóvil (48.9%), escuela (39.2%), trabajo (36.2%) y casa (26.7%).
* Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: en 2017, la tasa de este delito fue de 2,733 por cada 100,000 mujeres, cifra mayor a la tasa de 1,764 registrada en 2016 por el INEGI.
* La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres en México es "severa y muy severa" en 64.0% de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2016.
* El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado, por parte de sus parejas, agresiones de daño físico.
* El Estado de México es donde se registra el mayor porcentaje de violencia emocional, económica, física y sexual hacia una mujer por parte de su pareja (53.3% de los casos), seguido de la Ciudad de México (52.6%) y Aguascalientes (49.8%).
* En 2016, cada mujer perdió 29.7 días de trabajo remunerado a causa de la violencia doméstica, estima el INEGI.
* De 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional tras su detención, 33 denunciaron haber sido violadas durante el arresto, principalmente por parte de la Marina, Policía Municipal y policías estatales; 72% dijo que sufrió manoseo. De todas ellas, según la organización, las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero corren especial peligro al momento de la detención, pues "son mujeres cuyo cuerpo no se adapta a las normas esperadas de femineidad”.

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros desde La Paz

8 de marzo: ocasión para hacer campaña aun en un territorio donde hubo un Golpe de Estado. Así lo hizo Jeanine Añez, la autoproclamada presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y candidata, quien no perdió su oportunidad y durante un discurso de campaña afirmó que “es la mejor noticia para las mujeres y la peor para los femicidas”. Y lanzó el programa “Bolivia Mujer”, un préstamo millonario que funciona como pantalla para distorsionar un hecho: que las golpistas no tienen lugar en esta lucha por la liberación de todas.

En Bolivia también, la última palabra la tienen las mujeres organizadas. De sabidurías ancestrales, de trenzas y polleras, campesinas, indígenas, urbanas y obreras; hijas y nietas de las indias que no pudieron quemar. Por eso, el lunes 9, miles de ellas recorrieron desde El Alto hasta La Paz, respondiendo a una convocatoria de consigna principal: “Mujeres en lucha contra el capitalismo, patriarcado, racismo, el clero y el fascismo”. Fueron 15 km a más de 4 mil metros de altura en los que se recordó que “la pollera y la Wiphala se respetan”. 

La marcha del 8M en Bolivia estuvo encabezada por la “Asociación de víctimas, fallecidos y heridos de la Masacre de Senkata, El Alto”. Es que hay un feminismo en Bolivia que surgió a la par de la organización de los movimientos sociales. Por eso se gritaba: “Senkata, Sacaba, han sido masacradas; no se negocia con la sangre derramada”. El silencio es la impunidad.

La marcha fue antigolpista, antirracista y plurinacional. Estuvo acompañada por la Delegación Feminista Plurinacional, un colectivo de activistas sin fronteras que por la mañana denunciaron en conferencia de prensa, las violencias y vulneraciones de derechos desde que los grupos fascistas y fundamentalistas dieron el Golpe de Estado en Bolivia, en noviembre pasado.

La marcha fue la expresión de un pueblo que lleva en la sangre un torrente de memorias recientes y ancestrales. No hubo momento para frenar y dar marcha atrás, el objetivo de miles era claro y unificado: “Ni Golpe de Estado, ni golpe a las mujeres”. Y cada vez que ese grito resonaba por las calles empinadas, las mujeres de pollera, desde su puestito o ventana, sonreían con complicidad y hasta agitaban un saludo. Porque la primera señalada es otra mujer, al frente de un sistema para el terror: “Añez golpista, tú eres la fascista”, se escuchaba. Sin embargo, las rebeldes saben que el tiempo está a su favor y que no existe dictadura, decreto, ni usurpación que las pueda disciplinar.

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros desde La Paz

La delegación feminista plurinacional, integrada por activistas populares de organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos, brindó una conferencia de prensa en la que denunció las violencias patriarcales y los hechos de represión de Estado ocurridos en Bolivia desde el Golpe de Estado de noviembre pasado.

La delegación participó de diferentes actividades en el marco de un 8 de marzo inédito. En un país donde el fascismo suspendió con el poder de las botas y el terror las garantías constitucionales avasallando la libertad de expresión y el derecho a la política. Son más de 35 personas que participaron en coordinación con otras 600 para concretar alrededor de 50 entrevistas en cárceles, hospitales y domicilios particulares con el objetivo de relevar las vulneraciones de derechos y los delitos del Estado.

Además la delegación exigió que intervengan en el país, organismos de justicia internacional para el esclarecimiento de las masacres de Sacaba y Senkata. Crímenes de Estado que constituyen delitos de Lesa Humanidad y que son imprescriptibles. La conferencia de prensa fue un manifiesto colectivo contra la militarización de los territorios y por el derecho a la identidad, la vida y la libertad de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binaries.

“Los hechos que ocurrieron desde el Golpe constituyen crímenes de lesa humanidad”, afirmaron con voz potente. Hace dos meses que la delegación trabaja organizándose para garantizar el autocuidado para la llegada de las feministas plurinacionales. Las demandas políticas, socio- culturales y económicas que se expresaron son también exigencias históricas.

Las conclusiones llegaron a la evidencia de la represión del Estado, “se negó sistemáticamente el derecho a la salud”, denunciaron. “Hay hostigamiento, vulneración y violencia racista y sexual”, dijeron. “La mayoría de las mujeres violentadas fueron mujeres indígenas de polleras, hay denuncias que relatan que se les cortaron las trenzas y hay amenazas contantes contra la población indígena, campesina y obrera”. “Fue un Golpe de Estado racista, patriarcal y fascista”.

“En las visitas a la cárceles se evidenció que hay abuso sistemático y vulneración del debido proceso”. Afirmaron que las y los presos políticos no tienen garantías ya que se evidenciaron tortura en los lugares de detención y las cárceles”. “La violencia sigue. Violencia política contra mujeres, abuso y acoso a las y los niños, amedrentamiento a hijas e hijos como parte del castigo hacia sus madres”, ampliaron. “Ante el ruido de las motocicletas los niños tienen miedo. Hay terror de parte de la población hacia los ‘motoqueros'”, evidenciaron, “hay además intento de disciplinamiento a la organización juvenil”.

“El cerco mediático a la que la población está expuesta tiene que terminar”, afirmaron. “El silencio solo beneficia a la impunidad”. La delegación informó que mediante testimonios logró saber que durante las represiones que le siguieron al asalto del poder gubernamental, se disparó desde helicópteros con intención de eliminación y no de persuasión. “Las y los huérfanos suman más de 200”, informaron. “Los traumas de la represión siguen meses después”.

“El Golpe al pueblo se mantiene con represiones”, dijeron y expresaron que “la participación paramilitar previa fue decisiva para concretarlo”. Por último, denunciaron de cara a las elecciones del 3 de mayo que “hay proscripción política”. Y llamaron a los movimientos feministas del mundo a que se pronuncien contra el Golpe de Estado en Bolivia. Fue un llamado a construir feminismos populares anticoloniales.

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros desde el Estado Plurinacional de Bolivia / Foto: Natacha Pisarenko

“Los días 8 y 9 de marzo de 2020 una delegación de feministas plurinacionales llegará a Bolivia con el objetivo de hacer del abrazo un hecho político de solidaridad”. Así comienza el comunicado de quienes activan para sostener la construcción de feminismos sin fronteras llegando a un territorio donde, desde el 19 de noviembre pasado las garantías constitucionales están suspendidas por un Golpe de Estado que es racista, patriarcal y fundamentalista. Una interrupción de la democracia que es comandada, no casualmente, por una mujer.

En las calles de El Alto, donde se produjo una de las masacres más crueles contra la población indígena, campesina y humilde de las ciudades que salió a defender la democracia tras el Golpe, las paredes hablan. “Mataron a mis hermanos con la Biblia en la mano”, dicen algunas. En otras, la disputa electoral rumbo a las elecciones del próximo 3 de mayo -que no están garantizadas-, deja entrever que a pesar de los asesinatos, la represión y el dolor, el pueblo boliviano sigue de pie. Nunca de rodillas, enfrentando la intención de un Estado que se volvió contra las mayorías para restablecer la supremacía blanca con el castigo de las botas.

“Históricamente los feminismos de nuestra región nos unimos contra la militarización y por el derecho a la libertad. Por eso, la resistencia del pueblo boliviano en general y de sus mujeres de pollera en particular, representa hoy la imagen más clara de respuesta organizada al racismo, los fundamentalismos y el patriarcado tras la imposición de un Golpe de Estado”, dice el comunicado de las feministas sin fronteras. “Así como nuestras hermanas en Bolivia, también en Chile, Ecuador, Colombia y Haití son las mujeres y disidencias las que no sólo padecen las consecuencias directas, sistemáticas y disciplinadoras de la violencia estructural sobre sus cuerpos y territorios, sino que también son quienes responden de forma directa y organizada”.

La delegación feminista plurinacional llegará a Bolivia para solidarizarse como hecho político. Participará de actividades en ocasión del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y lo hará en conjunto con feministas comunitarias y populares que se posicionan contra el Golpe de Estado. Lo hacen porque a quienes principalmente atacan los fundamentalismos es a las mujeres y las disidencias. Y porque sólo organizadas podrán dar un grito que rompa con el cerco mediático que censura las vulneraciones a los Derechos Humanos que se cometieron desde noviembre.

Se cumplieron, el año pasado, 10 años del Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Honduras. Desde entonces, los feminismos de la región se unen contra las dictaduras y los fascismos diciendo una consigna que es política como el acto de denunciar: “Ni Golpes de Estado, ni golpes a las mujeres”. De Centroamérica a los sures, la demanda de democracia es para este movimiento de liberación una excusa para exigir que no nos maten, no nos violen y que se respete la soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios.

En Bolivia, el Golpe cívico, militar, religioso y patriarcal llevado a cabo por grupos fundamentalistas y fascistas, se impuso contra la elección de las mayorías. Evo Morales, el primer presidente indígena de la historia de la región y ganador de las últimas elecciones, fue obligado a renunciar tras recibir amenazas de grupos cívico- militares contra su integridad, motivo por el que se encuentra exiliado. Una ocasión para observar las maniobras de intervención de algunos organismos internacionales como la OEA que denunció fraude tras la decisión popular.

“Desde ese entonces, la represión, militarización, torturas, detenciones arbitrarias y criminalización a quienes resisten a esta imposición, se convirtieron en un cotidiano. Las Masacres de Sacaba, Cochabamba y de Senkata, el Alto llevadas a cabo por el Gobierno de Facto de Jeanine Añez durante los primeros días del golpe son pruebas claras”, dice el comunicado y avanza en su caracterización del contexto: “evidencian la relación del golpismo con grupos conservadores y fascistas que no toleran que las y los indígenas tomen la palabra, manifiesten sus costumbres, se organicen o hagan parte de gobiernos. Como parte del mismo plan, el cerco mediático y la persecución de dirigentes políticos y sociales como prácticas sistemáticas habilitaron un dispositivo de impunidad y desinformación que continúa hasta la actualidad”.

Los feminismos van por todo en todos lados, es un movimiento sin fronteras que ya no puede manifestarse ajeno. Que toma su lugar en la historia y asume que tiene una responsabilidad política de intervenir ante las injusticias que perpetúan el sistema racista, patriarcal y capitalista. “No podemos, ni queremos, escindir nuestras prácticas feministas de las luchas de los pueblos”, termina el comunicado. La presencia de la delegación feminista plurinacional en Bolivia es la posibilidad de convertir el abrazo en hecho político.

Continuará hasta que seamos todas libres…

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