Por Jenny Durán* | Foto: Cobertura Asamblea Antifascista Antirracista LGBTIQNB+

Para analizar el concepto de confianza el sociólogo alemán Niklas Luhmann -referente indiscutido de la teoría de los sistemas-, describe que en las sociedades complejas la confianza es un estado presente con miras hacia el futuro. En sus palabras, la política como sistema, toma una problemática externa (económica, ambiental, etcétera) para traducir ese “ruido” dentro de su propio código y devolverlo como credibilidad o desconfianza al propio sistema, según la acción que de desarrolle, en tanto esa acción disminuya o no la certidumbre en el futuro.

Acontecimientos como el que comenzó a conocerse el viernes pasado y que tiene como protagonista al presidente del país, traen este concepto que para la política es clave en términos de gobernabilidad, orden o caos. Luhmann también afirma que no se puede confiar en el caos. Y claro que estos acontecimientos vienen demostrando que Argentina vive un momento de gran cuestionamiento social hacia. Y si de sistemas hablamos, traemos a estas líneas el binomio gobierno/oposición. Ésta última llegó a serlo por el alto grado de desconfianza que reflejaba. Entonces las mayorías prefirieron al distinto, a quien tras triunfos legislativos, bravuconadas en Davos, se intenta posicionar como referente de la derecha a nivel mundial y la imposición cotidiana de su propia agenda hace aparecer un cisne negro.

Tal como lo describe el trabajo realizado por la consultora Zuban Córdoba, a partir de la publicación del presidente Javier Mil3i en la red social X que hace explotar el Criptogate. Un estudio realizado con la urgencia del caso, entre el 18 y 19 de febrero, contempla una muestra de 1.200 casos, a partir de un cuestionario estructurado mediante llamadas telefónicas y respuestas por mail. La consultora adelanta que aún es difícil dimensionar la crisis política desatada, pero los principales resultados del estudio nos dicen que el 87,9% de los encuestados escuchó sobre el tema y el 67% acuerda que se trata de la mayor crisis del gobierno.

El trabajo también muestra que el 83% de los encuestados refieren que Mil3i debería actuar como presidente y no como un influencer, siendo que el 56,4% está en desacuerdo con que actuó como ciudadano desde su cuenta personal, (la cual es una cuenta institucional, en tanto pertenece a un presidente de la Nación).

Los participantes afirman en un 59,9% que hubo estafa a los inversores que compraron $Libra, promocionada por Milei. El clivaje de género dio la nota sobre esta pregunta, un 62,6% de mujeres respondieron afirmativamente, los varones consultados un poco menos, el 56,7%. En todos los rangos etarios la mayoría coincide en que sí hubo estafa, entre el 54 y 60%, fue la variación.

Varios consultores opinaron que el abordaje sobre la crisis política desatada fue defectuosa. Volviendo a Luhmann, ninguna acción del gobierno se traduce en certidumbre. Lo cual, en términos de tiempo, la credibilidad sobre el gobierno puede ir disminuyendo. Además, las denuncias contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el cobro de coimas resquebraja el binomio que conforma junto a su hermano. Y si de grupalidades hablamos, la santísima trinidad de la que Santiago Caputo es el otro vértice, también se resintió tras la entrevista con Viale.

Al respecto, los resultados de la encuesta muestran un 54,3% cree que la hermana del presidente recibió coimas. Por otra parte, un 81,8% opina que el periodismo político de nuestro país es poco confiable.

Actualmente, conceptos como creer o confiar parecen resignificar solo en términos negativos cuando hablamos de instituciones. Aun así, un 41,5% cree que el denominado criptogate lo debería investigar el poder judicial y el 33.3% el Congreso de la Nación, mientras que la propuesta del propio Milei, de ser investigado por la oficina anticorrupción, que depende de él mismo, sólo obtuvo un 10,3% de acuerdo y un 10,2% cree que no debe ser investigado por nadie.

Los datos tomados al calor de la sucesión de hechos a cada minuto abren nuevas crisis. La reacción del gobierno que en un principio pensó que no iba a pasar nada porque “la gente común no entiende nada de las criptomonedas” o, que esto se solucionaba con una entrevista operada responde a su visión de mundo volátil, virtual, en que hay una hoja de ruta trazada en una app de cálculo. La realidad tangible nos deja jubilados gaseados, presos por protestar y una desconfianza que puede transformarse en amplio rechazo, lo que en el barrio llamamos “picada de boleto”.

Faltan ocho días para que el presidente inaugure las sesiones ordinarias del Congreso; un escenario montado para tomar la temperatura y ver si el gobierno sigue echando culpas ajenas o poniéndose como víctima al enunciar que desconocía los pormenores de la meme moneda, ambas tácticas erróneas que pueden explicar esta situación. Aun así, los elementos catalizadores que empujan al gobierno hacia la ruptura del contrato con los votantes están lejos de las instituciones. No solo porque no se vislumbran estrategias claras en la oposición legislativa, que rechazó la creación de una comisión investigadora en el Senado y los proyectos de juicio político no tienen cauce en una parte de la oposición para que prospere.

Lo que sí aparece claramente es la resistencia en la calle, habiendo conceptualizado a este gobierno como fascista, lo cual también ayuda a construir estrategias que nos permitan llegar a otras certezas que mejoren la situación cotidiana. Es cuestión de tiempo y acción política.

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Por Colectivo Editorial Marcha | Foto: Gaby Franchini

Un 8M contra el hambre; y el ajuste. Contra las violencias machistas. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; el trabajo y contra los despidos en todos los ámbitos. Contra el extractivismo de los cuerpos y los territorios y el DNU del presidente Javier Milei, que está vigente y debe ser rechazado por el Congreso. Contra el protocolo anticonstitucional de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la violencia institucionalizada.

En todas las provincias del país habrá convocatorias para celebrar una fecha histórica del movimiento de mujeres, disidencias y feminista de Argentina, América Latina y el Caribe y el mundo. En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras hay unidad contra el fascismo ideológico y la precarización de la vida del gobierno de Javier Milei.

Deolinda Carrizo es una referente política; indígena y feminista. Es una histórica dirigente del Movimiento Nacional Campesino de Santiago del Estero (Mocase), y fue además funcionaria nacional del Ministerio de Agricultura, donde ejerció la secretaría de Género. Trabajadora de la agricultura familiar en Quimilí, se encuentra preocupada y ocupada desde que las medidas del gobierno nacional atacan también los cuerpos y los territorios alejados de la gran ciudad. “Que hayan cerrado oficinas o que se estén cerrando algunas instituciones afecta de manera descomunal a las comunidades campesinas indígenas”, afirma.

Por su parte, Clarisa Gambera es dirigente sindical, feminista popular y secretaria de Género y Diversidades electa de la Asociación de Trabajadorxs del Estado (ATE). Participó de las asambleas en la ciudad de Buenos Aires siendo anfitriona y formó parte de los debates en un momento bisagra para los derechos laborales ya que la administración Milei despidió a miles de personas en la Administración Pública Nacional. Afirma que “El gobierno nacional le declaró la guerra al pueblo” y que ante eso, no daremos ni un paso atrás.

Luci Cavallero es Doctora en Cs. Sociales investigadora especializada en economía feminista e integrante del Colectivo Ni Una Menos, y afirma que las condiciones de vida de la población en general y de las mujeres y disidencias en particular, están sufriendo un acelerado deterioro. Las causas son, por un lado, la devaluación brutal con congelamiento de salarios; y por el otro, la liberalización o desregulación de los precios de los bienes y servicios básicos. Una combinación que amenaza nuestras vidas.

Tres voces feministas, que son colectivas, y que reflexionan sobre este 8M.

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-¿Cuál es tu mirada sobre la situación actual que atraviesa la Argentina?

Luci Cavallero: Se está desatando una contraofensiva sobre las condiciones de vida de la población ya que las medidas del Gobierno nacional impactan de manera más profunda sobre las mujeres, lesbianas, travestis y trans que padecen mayores niveles de informalidad laboral, son las mayores beneficiarias de los subsidios sociales que ahora están congelados y las que están percibiendo salarios que ni siquiera se actualizan por paritarias.

Ese congelamiento de los salarios está llevando a muchas mujeres, lesbianas, travestis y trans a endeudarse para vivir. Por otro lado, están las consecuencias del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), del 21 de diciembre, que va en el sentido de desregular todos los precios de la economía, vender las principales empresas del país y extranjerizar la tierra.

También afecta la materialidad de la vida, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que es lo que permite a muchas mujeres poder jubilarse a pesar de no tener los años necesarios para los aportes a través de las moratorias previsionales. Una medida que fue reparatoria para las mujeres que hoy están en riesgo por decisión política. 

De igual forma sucedió con la Ley Ómnibus, que gracias a la movilización popular se cayó, en la que se identificaban medidas igual de importantes con el objetivo es avanzar con el patrimonio público y con la afectación de muchísimos sectores; por ejemplo, la posibilidad de vender al menos cuarenta empresas que, en este momento, están en manos del Estado.

Esta  situación está generando una suba inédita de la pobreza, donde el salario se encuentra peor que en 2001 y que se completa con la peor de las crueldades que es la falta de entrega de alimentos a los comedores, donde sabemos que hay muchísimas mujeres trabajando de manera comunitaria para alimentar a más de 10 millones de personas.

Clarisa Gambera: El gobierno nacional le declaró la guerra al pueblo. Propone liquidar los salarios de las y los trabajadores y enfriar el consumo en un proceso de industricidio mientras remata bienes comunes y empresas públicas que ponen límite a las multinacionales. O sea, correr al Estado de toda regulación y dejar una incontenible disparada del costo de vida. 

Deolinda Carrizo: Tanto en los barrios populares como en las zonas rurales estamos sintiendo los efectos de algunas de las medidas. Se está afectando a muchas de las familias que dependían de un plato de comida que se retiraba de los espacios de cuidados comunes y eso está sintiéndose sobre todo para las infancias que empiezan el ciclo escolar y ya no tienen que llevar a la escuela. 

En lo rural están afectando también las fumigaciones indiscriminadas; ya había casos de intoxicaciones pero ahora es vía libre. Aquí en Santiago del Estero hemos hecho una denuncia a las poblaciones de Colorado por la afectación de parte de una empresa que se llama Huayacán que ha fumigado por sobre un pueblo donde viven alrededor de mil familias. Con la presión de la población, la provincia está al tanto de la situación pero no hay multas ni otras acciones que frenen el efecto de las fumigaciones sobre la vida y la salud comunitaria.

-¿Cuál es la situación particular de las políticas públicas feministas y por qué crees que es importante defenderlas?

Deolinda Carrizo: Es importante defender las políticas públicas feministas porque han sido importantes a la hora de hacer valer los derechos de mujeres afectadas por situaciones diversas de violencia y es necesario defenderla. De eso se trata también de seguir defendiendo la democracia y seguir construyendo la igualdad en nuestra sociedad. 

Lamentablemente muchas mujeres, sobre todo de zonas más alejadas de las grandes ciudades, quedan aisladas ante situaciones que puedan estar afectándole directamente a ella, a su familia y a su comunidad. El hecho de que se baje la ley de bosque, la ley de tierra, afectan y va a quedarse más, como predica este gobierno, en manos del mercado la decisión de muchas cosas. Pero ahí está también la fuerza de la organización para poder repeler cualquier hecho que implique seguir violando o intentar violar los derechos.

Luci Cavallero: Las mujeres y LBTI+ se ven afectadas de forma mucho más profunda por estas medidas neoliberales y autoritarias, ya que impactan tanto a quienes perciben ingresos más informales que están congelados y profundamente devaluados.

Clarisa Gambera: Es necesario un debate social respecto del rol del Estado y qué impacto va a tener el desguace que propone el Gobierno nacional privatizando recursos públicos, devaluando ingresos y ajustando todos los organismos vinculados a los derechos de mujeres y diversidad sexuales. Esto sumado al intento de instalar el terror con el protocolo del Ministerio de Seguridad contra la protesta social y la judicialización a quienes protestan. 

-¿Cómo se tejen la solidaridad feminista y la desobediencia popular y cómo se organizan para el 8M?

Luci Cavallero: Este 8 de marzo nos estamos organizando frente al hambre y las violencias económicas. Estuvimos llevando un proceso asambleario, plural y transversal para que sea una jornada masiva con una huelga feminista y hoy estaremos en las calles de todo el país.

Clarisa Gambera: Los feminismos populares no vamos a aceptar una embestida sobre nuestras conquistas. Por eso, la agenda del 8M está centrada en la emergencia provocada del hambre y en la fenomenal caída de ingresos que nos hace imposible sostener la vida; una aceleración de la feminización de la pobreza que está arrojando a las infancias a situaciones gravísimas.

La asamblea hacia el 8M fue además una continuidad de lucha que sostenemos desde el paro general del 24 de enero. Allí también estuvimos los feminismos populares manifestándonos en rechazo a la Ley Ómnibus. En definitiva, somos también las trabajadoras del Estado quienes venimos resistiendo el ataque sobre nuestros puestos de trabajo, sobre el salario y defendiendo políticas públicas que se pretenden devaluar y vaciar.

Fue una asamblea masiva y diversa que recupera el modo enjambre que nos permitió construir tramas poderosas para avanzar y poner en debate un orden profundamente injusto. Estuvo integrada por organizaciones sindicales, políticas, feministas, culturales, sociales con matices, tensiones y acuerdos que priorizan al consenso para construir procesos de unidad y de diálogo social más allá de nuestros espacios de confianza.

Este espacio es clave en el actual contexto porque lo que nos están pretendiendo imponer es un orden social y económico arrasador de derechos y de nuestra soberanía: se trata de un programa que necesita correr al Estado, someter al movimiento obrero organizado y retrotraer las estrategias de la organización popular y del movimiento feminista que son los que disputan el reconocimiento del trabajo y resisten a la desocupación propuesta.

Deolinda Carrizo: Aquí, en Baviera, en Quimilí, hemos hecho la asamblea de mujeres. Hay muchas madres solteras que están afligidas y es difícil. La primera reflexión que se me viene es que no puedo creer el semejante trabajo que ha costado sostener la democracia y pensar que hoy nos vengan a querer sacar todo lo que se ha luchado es increíble.

Y ante eso la estrategia es la unidad y estar más en alerta con otras compañeras y compañeros para poder llevar adelante un futuro muy cercano. El ajuste nos va a terminar afectando a toda la población y por eso, son necesarias alianzas no solamente locales, provinciales o nacionales, sino también internacionales. El objetivo es la vida digna para el pueblo que trabaja, vive y produce en la tierra y alimenta además a los pueblos del mundo.

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Por Camila Parodi * | Fotos: Lizbeth Hernández

Pasaron más de tres meses desde el golpe parlamentario contra Pedro Castillo, presidente constitucional electo con el 50.13% durante las elecciones del 2021 en Perú. Desde entonces, las personas que se oponen al actual gobierno impuesto por Dina Boluarte, ex vicepresidenta de Castillo, y quienes exigen una nueva Constitución son perseguidas, criminalizadas y masacradas. En ese contexto, una Delegación Feminista Plurinacional integrada por activistas, educadoras, médicas, abogadas y periodistas viajó a Perú para abrazar a los colectivos en lucha y acompañar sus denuncias.

Durante una semana se realizaron diferentes entrevistas y diálogos con familiares de las víctimas de la violencia represiva, mujeres campesinas, feministas, movimientos populares, organizaciones de Derechos Humanos, colectivos de la disidencia sexual, periodistas y medios populares, organizaciones de mamitas que sostienen las ollas comunitarias, profesionales de la salud y estudiantes de Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Lima.

Para la delegación, la destitución de Castillo -que hasta el día de hoy continúa preso-, “tiene claras connotaciones racistas y patriarcales”. Una característica que se repite a lo largo del continente cuando los gobiernos populares son elegidos por las mayorías. Así lo vimos en Bolivia con el gobierno de Evo Morales durante 2019, en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo en 2012 y en Honduras contra el gobierno de Mel Zelaya en 2009. La historia que continúa en cada uno de los procesos es la misma: represión y violencia contra los pueblos indígenas y campesinos, persecución y detención de líderes y lideresas sociales, censura de periodistas y medios de comunicación e imposición de políticas conservadoras y anti derechos.

“Constatamos que el golpe de Estado en Perú, que colocó a Dina Boluarte como presidenta de facto, es la violenta reacción del poder para defender sus intereses políticos, económicos, culturales, que sintieron amenazados por la llegada al gobierno de un indio”, señalaron en el informe preliminar presentado el pasado sábado 11 de marzo en la ciudad de Lima. Luego de una semana recorriendo diferentes territorios y tomando decenas de denuncias, la delegación apuntó contra el gobierno de Dina Boluarte, evidenció las múltiples violaciones a Derechos Humanos cometidas desde diciembre y constató la existencia de “una dictadura en complicidad con el Parlamento, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas”.

La construcción de un otro/a/e como posible amenaza contra el actual orden nacional (impuesto) es uno de los pilares que sostiene la narrativa del golpe. Allí, los medios de comunicación e instituciones públicas juegan un papel central y se encargan de señalar cualquier acción colectiva como un acto de terrorismo. Ya sea una movilización popular, una performance artística, una olla común o una pintada en la pared, la acusación es siempre la misma: “terruca”.

La construcción discursiva en torno al concepto de “terrorista” es, también, un accionar bélico que legitima el genocidio de los pueblos desde la dictadura fujimorista hasta la actualidad. En su informe, denunció la delegación, que esta “persistencia del fujimorismo “revivió” los dolores provocados por el terrorismo de estado que aún se encuentran en la memoria colectiva”.

Vigilar y castigar

En diálogo con Ana María González, presidenta de Amnistía Internacional Perú, se pudo registrar la confirmación de al menos 93 personas asesinadas en contexto de represión, de las cuales 6 son menores de 20 años. “En nuestra investigación denunciamos que hubo un abuso de perdigones y que fueron utilizados a corta distancia tanto por el Ejército como por la Policía Nacional”, denunció. En ese marco, Gonzalez explicó que los disparos fueron realizados de forma ilegítima e indiscriminada con armas letales: “Señalamos con preocupación la existencia de ataques generalizados contra la población así como de disparos directos con intencionalidad de castigo cuando no hubo amenaza”. 

Al analizar las denuncias de las personas masacradas, heridas, detenidas y perseguidas se puede confirmar la existencia de un plan sistemático contra los pueblos campesinos e indígenas que habitan los territorios andinos del sur. Por ese motivo, el golpe no se vive de la igual manera en Lima que en las regiones. Los pueblos históricamente criminalizados por levantarse y resistir al fujimorismo son los más castigados. Mientras que en Lima se sostiene una feroz represión contra los colectivos en las calles, en las ciudades de Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Puno se despliegan masacres. 

El racismo que se reproduce desde el comienzo del mandato de Pedro Castillo es motor de las violaciones de Derechos Humanos que continuaron tras su destitución. Como sostuvieron en el informe preliminar de la Delegación Feminista Plurinacional, el golpe de estado “buscó, también, evitar que el pueblo pudiera creer en la posibilidad de ser gobierno”. A pesar de los errores y las críticas que puedan existir sobre la gestión de Castillo no hay motivo para su encarcelación ni, mucho menos, para las masacres hacia pueblos indígenas y campesinos que les siguieron.

La revolución de las mamitas

Si bien el trabajo de la delegación evidencia la existencia de un dispositivo de control y aniquilamiento sistemático contra los pueblos indígenas que ataca sobre todo a las mujeres de pollera, su resistencia no para. Así lo aseguró la educadora, abogada y activista trans Gahela Tseneg Cari Contreras: “Desde las calles estamos mostrando con nuestros cuerpos y luchas que no estamos dispuestas a construir sociedades desiguales. No vamos a descansar hasta derribar el racismo y el machismo”. 

Gahela integra el partido Nuevo Perú, uno de los únicos espacios que recibe a las delegaciones que viajan hacia Lima para manifestarse. La solidaridad también fue cobrada: las personas que integran el espacio fueron encerradas, perseguidas y amenazadas en repetidas oportunidades. Pero las puertas siguen abiertas y reciben a más de 80 personas. Allí se garantiza el descanso, la alimentación y el cuidado de las infancias a pesar de las violencias, ataques y los cortes de servicios cotidianos.

“Aquí somos cocineras pero también madres, niñeras, enfermeras. Sostenemos la vida”, explicó Aurora Coronado Ugarte de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), una defensora del territorio que se trasladó a la ciudad de Lima desde los inicios de diciembre. Señaló, también, la existencia de una complicidad política entre las diferentes instituciones del estado: “Tuvimos que aprender a curar y cocer heridas porque si vas al hospital llaman a la policía. Si no nos cuidamos entre nosotras, ¿quién nos va a cuidar?”.

El lugar de las mamitas en las ollas, las calles y las tareas de cuidados es central, son ellas quienes sostienen a todo un pueblo. Por eso, para Gahela, “sin mujeres no hay revolución: las mujeres -que han participado de la lucha desde el día uno- vienen a Lima a derribar este gobierno asesino que afecta directamente la vida de las mujeres indígenas, quechuas y aymaras, campesinas”. En ese marco, explicó que las mamitas no sólo están en la primera línea de los cortes y las manifestaciones con sus guaguas en las espaldas sino que, también “garantizan los trabajos de cuidados necesarios para las organizaciones y las ollas comunes que alimentan a gran parte de la población”. 

“Perú está movilizado, la derecha lo sabe y tiene miedo. Nunca se imaginó a tanta gente en las calles”, aseguró Gahela. En Perú la vida se ha colectivizado, como en los tiempos del ayllu, la comida se comparte, las infancias se cuidan entre vecinas y la salud se atiende de manera comunitaria. Por eso, para Gahela, los pueblos seguirán en las calles hasta que el sumak kawsay (buen vivir) sea costumbre: “Aquí hay un terreno fértil para hacer la revolución, para construir un nuevo Perú”.

* Publicada originalmente en Tiempo Argentino

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Por Claudia Korol * | Fotos: Lizbeth Hernández

Señala Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia: “Nuestra intención ha sido recuperar denuncias para romper el cerco mediático. No solamente para interpelar a la justicia patriarcal que es parte de la dictadura en Perú, sino para ir construyendo la justicia feminista, para llevarla a los tribunales éticos feministas, a los espacios de justicia originaria. Nos parece necesario que desde esas otras justicias condenemos a Dina Boluarte, al Congreso y a toda la articulación del fujimorismo que quieren quedar invisibilizados y son los directos responsables de la masacre que está viviendo el pueblo peruano. La delegación se ha conformado teniendo en cuenta las experiencias de la delegación feminista que fue el 8 de marzo de 2010 a Honduras, y a la que fue en el 2019 a Bolivia, para enfrentar al golpe de estado en esos países. Para nosotras aquella delegación nos ayudó a resistir en ese momento tan difícil, de incertidumbre, para saber que “no estamos solas” no es una frase, que no hay fronteras para las luchas. Pensamos esta delegación a Perú desde distintos pueblos y desde la pluralidad de saberes, con hermanas médicas, abogadas, periodistas, radialistas comunitarias, trabajadoras sociales, educadoras populares, sanadoras. La Delegación nos permitió también encontrarnos a nosotras como feministas, para construir estos otros feminismos que son capaces de dolerse de la dictadura, de la masacre, capaces de acompañar a las organizaciones que se movilizan, y de reconocer y acuerpar a los pueblos originarios que están en la primera línea de la resistencia en este momento”.

El racismo, el clasismo, el patriarcado son componentes estructurales del golpe de estado en Perú, como lo han sido en otros países. Señala Avelina Rogel, autoridad espiritual del pueblo ecuatoriano, sanadora, integrante de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador): “Los mecanismos represivos que se están desplegando en Abya Yala y en el mundo entero, en los espacios donde se está sosteniendo la vida, de manera sistemática están dirigidos hacia los pueblos y naciones indígenas originarias, ya que nosotras, nosotros, somos y hemos sido siempre los guardianes de la vida, sosteniendo los bosques, las montañas, los llanos, el Amazonía, los valles, cuidando los ojos de agua, las lagunas, las vertientes, sosteniendo la diversidad de la vida. También somos campesinos, campesinas, productores de diferentes alimentos que llegan a nuestras canastas básicas para alimentarnos. Desde los aparatos represores, desde estos Estados neoliberales, patriarcales, lo que buscan es deslegitimar, invalidar la lucha social, a través de la estigmatización, el racismo, la violencia, e instalar en los imaginarios la idea del terrorismo, que estamos violentando de alguna manera el sistema, cuando es todo lo contrario. Creo que es necesario ir haciendo un análisis profundo de cómo están operando y cómo nos están dividiendo a través de los imaginarios que intentan implantar, para ir más allá de eso y poder abrazarnos y encaminarnos a nuevas formas de hacer, de construir espacios dignos, amorosos, y de ir conformando alianzas y vínculos, tejiendo la vida desde la base, desde las organizaciones territoriales.”

Travestis y trans contra el golpe

Fue parte de la delegación Quimey Ramos, activista trans travesti y defensora de derechos humanos de Argentina. Al finalizar realizó algunos análisis concentrados en la situación de la comunidad travesti trans: “A partir del golpe, la anulación de la garantía de ser sujeto de derecho para la generalidad de la población se traduce en un agravamiento de las condiciones de existencia de las comunidades más marginalizadas, como la travesti-trans, con especial encono para aquellas personas trans de las regiones racializadas, indígenas y campesinas. Existe una mafia principalmente compuesta de hombres-cisgénero que detectan a mujeres trans y travestis en situación de prostitución o que ejercen el trabajo sexual de forma autónoma -siendo esta actividad ilegal en Perú-, se presentan en las casas de sus víctimas exigiéndoles dinero (lo que ha sido llamado por la población como cobro de “cupo”) mediante amenazas activamente agresivas: golpes, abusos sexuales, humillaciones y vigilias en las puertas de los hogares de las víctimas, hasta que las mismas acceden a dar el dinero que los proxenetas exigen. Aquellas que se negaron fueron sometidas, debieron exiliarse internamente o, en varios casos, fueron asesinadas, sin que las agencias judiciales den cauce a las investigaciones correspondientes. A partir del golpe los casos aumentaron exponencialmente, contabilizando 8 muertas en lo que va del año. 

Lo explícito de la crueldad de las fuerzas armadas peruanas constituye un escenario de violencia extrema que parece habilitar el crecimiento de la violencia de otros grupos de crimen patriarcal organizado, que realizando actos de una pedagogía de la crueldad buscan adoctrinar mediante el miedo a aquellas trans y travestis que aún no se subordinan a su mafia, como en el caso del asesinato con brutal ensañamiento contra Rubí, ocurrido en el Callao, donde los agresores filmaron el asesinato por cuenta propia. Pero contrario probablemente a sus intenciones, esta acción fue causante directa de la primera movilización masiva en repudio a los transfeminicidios en el Perú el pasado 22 de febrero. Hoy en día, en la organización social peruana, a la vanguardia de la lucha hay travestis y otras disidencias formando parte de comités organizativos. Y a pesar de la innegable posición anti-derechos de Castillo, travestis, trans y otras disidencias se suman a la consigna de “asamblea constituyente” y en repudio al golpe, porque entienden que en su destitución hay un ataque de fuerte simbolismo racista y clasista que niega la posibilidad de que la clase trabajadora e indígena pueda tener a uno de los suyos en el gobierno. Así es como, aún en un escenario desalentador y profundamente sanguinario, un colectivo condenado hasta ahora a la segregación, el desclasamiento y el individualismo por defecto, se revele contra su destino y se sienta identificado aún en la diferencia, con los espacios de organización popular de trabajadores precarizades, campesinxs e indígenas como lo es actualmente la CONULP (Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú)”.

Algunas conclusiones

En la mañana del 11 de marzo, la Delegación Plurinacional Feminista realizó una Conferencia de Prensa donde presentó las primeras conclusiones. Entre ellas se señala que “el golpe de estado perpetrado por la oligarquía peruana, con el apoyo de EEUU y de los poderes transnacionales, tuvo como objetivo colocar a un gobierno obediente a las oligarquías y sin escrúpulos para masacrar al pueblo. La dictadura peruana está sostenida por los responsables de las políticas extractivistas, por las industrias mineras y otras industrias ecocidas que pretenden amordazar las resistencias. El racismo estructural y el clasismo, son componentes fundamentales del coloniaje, con el que se golpea la subjetividad del pueblo en rebeldía para favorecer el despliegue de estas políticas extractivistas y el desarrollo del narcotráfico. No es casual que el golpe se produjo cuando Castillo se comprometió a revisar los decretos de ley que entregan los territorios peruanos a las transnacionales y a las concesiones mineras, y cuando se habían observado los 43 proyectos mineros y de hidrocarburos que el Congreso había solicitado que se dé viabilidad. (…) La derecha, y su brazo operativo, la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), así como las instituciones financieras internacionales, no solo desean tener el poder económico, también quieren el poder político, el control de nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestras vidas”

Con relación a la represión, la delegación estuvo presente en distintas ciudades entrevistando a familiares de víctimas, de masacrados/as, fallecidos/as, heridos/as, presas/os. “A pesar de que el gobierno reconoce una cifra menor, desde las comunidades y organizaciones de derechos humanos recibimos un registro de 90 personas asesinadas. En Apurímac, han sido 7 personas asesinadas, dos menores de edad, 6 menores de 20 años. En Cuzco, fue asesinado el dirigente Remo Candia en complicidad con las fuerzas públicas y el sistema médico, y existen 2 NN. En Arequipa hay tres asesinados, todos por herida de balas de parte de la fuerza pública. En Ayacucho son 10 los asesinados por impacto de bala por la policía y el ejército, entre ellos un menor de edad de 15 años, quién fue asesinado por auxiliar a un herido afuera del aeropuerto”.

El informe alerta sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, persecución a dirigentes populares, criminalización de la protesta, infiltración de organizaciones populares. Se constata la represión con armas de guerras, gases lacrimógenos con sustancias desconocidas. En las represiones existieron francotiradores, tanquetas, uso de drones, se disparó desde helicópteros.

Se habla también de estrategias de encapsulamiento, por ejemplo, en los aeropuertos convertidos en bases policiales para reprimir la protesta y garantizar la continuidad de las actividades turísticas o mineras, defendiendo los intereses de las élites, oligarquías y grupos de poder, y la intervención de la Universidad de San Marcos que servía de lugar de acogida humanitaria a las comunidades ancestrales de Puno, Juliaca y otras poblaciones. Este hecho terminó con la detención ilegal de más de 250 personas. Se alerta sobre la represión a niñeces, mujeres embarazadas, y personas con discapacidades. Además,Desde la Asociación Nacional de Periodistas denuncian que al menos 90 periodistas y comunicadores sufrieron violencias, persecución e inhabilitación de su práctica.

Terruqueo

Toda persona que lucha por defender derechos es estigmatizada como “terruca”, nombre con el que se dice “terrorista”. Con este término, que remueve los temores que quedaron en la sensibilidad social como consecuencia de la dictadura fujimorista, se pretende legitimar toda represión, y restar solidaridad a los y las afectadas. Se habilitan también grupos especiales de represión, como los llamados Polos blancos, entrenados para provocar, amedrentar, deslegitimar la protesta, e instalar un discurso racista. Se habilita la actuación del grupo TERNA, Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nación, especializado en infiltrarse en organizaciones criminales, al que se lo usa para intervenir las organizaciones sociales y movilizaciones, para llevar adelante detenciones y sembrado de pruebas.

“Ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres”

“Las mujeres peruanas –señala el informe- sufren de manera especial las consecuencias del golpe de estado. Además de la represión, viven la sobrecarga de sostener la reproducción de la vida cotidiana. Esto significa alimentar a las familias fuertemente precarizadas. Las ollas comunitarias siguen siendo modos de organización colectiva de la alimentación. Pero son roles que caen sobre los cuerpos de las mujeres. El cuidado de la vida de las y los hijos e hijas, ahora frente a las amenazas represivas, la búsqueda de justicia por sus familiares represaliados, genera angustias y miedos que resienten la vida. En las movilizaciones y detenciones ha habido experiencias de violencia sexual contra las mujeres”.

La Delegación convoca a las “feministas del mundo a acuerpar a las mujeres originarias, campesinas, a las disidencias sexuales, en las luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas”.

La mirada de Micaela

En las paredes, en las banderas, en los rostros de las mujeres, aparecía una y otra vez la mirada digna y altiva de Micaela Bastidas. Las mujeres peruanas están hechas de dignidad, tienen en su memoria colectiva la rebeldía, la fuerza, la resistencia. Saben guerrear y saben también burlarse de los colonialistas que pretenden humillarlas.

En su silencio y en su grito piden que las escuchemos. El secreto tal vez sea que las miremos a los ojos, para descubrir y contagiarnos de su experiencia ancestral, originaria, que no puede ser derrotada, ni siquiera con la muerte.

La Delegación Feminista fue a acuerparlas, pero al hacerlo, al abrazarlas, recibió tanta emoción, tanta energía, tantas enseñanzas y aprendizajes, que quedan grabadas en el corazón, en la piel, en todo el cuerpo. No es fácil sostener la mirada de Micaela. No es fácil alejarse del Perú, de este corazón del Abya Yala. Ahí cada gota de dolor, riega la dura esperanza. 

* Publicada originalmente en Las Doce, Página/12

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Por Redacción Marcha desde Lima, Perú.

Foto portada Aldair Mejia | Fotos cuerpo: Lizbeth Hernández

“En Perú han masacrado pueblos enteros”, se lamenta pero denuncia una activista en los primeros intercambios de la visita. Ya van tres meses del Golpe político, mediático y parlamentario en el país andino, pero las calles no se olvidan. Allí se resiste este 8M, día internacional de las mujeres y disidencias trabajadoras.

Los pueblos del Perú hacen lo imposible para sacar al mal gobierno de Dina Boluarte, presidenta autoproclamada, y su política de muerte y represión que ya causó el asesinato de al menos 75 personas; dejando a varias heridas y decenas de detenidas. Un Perú donde las mamitas son criminalizadas por salir a las calles con sus guaguas (bebés) para defender sus vidas. Donde decir “olla popular”, “marcha” o “asamblea” es sinónimo de terrorismo, donde recolectar dinero de manera solidaria puede ser sentencia de cárcel y donde los gases lacrimógenos y las balas son la cara visible del Estado.

En Perú hay una dictadura. Con nuevos formatos y dispositivos que distan de los conocidos durante la dictadura fujimorista pero con una fórmula que se replica en los territorios. A través de la supremacía parlamentaria, la judicialización, la criminalización de la protesta social y la militarización de la vida cotidiana se condensa un mismo entramado de intervención que es política, judicial y mediática. Una dictadura que es racista y machista; que apunta directamente contra los cuerpos y territorios de los pueblos indígenas, mujeres y disidencias organizadas. El objetivo es claro: que esos pueblos y organizaciones no tengan acceso, ni siquiera, a la partecita del mundo que les corresponde, a los derechos básicos para la vida.

El objetivo también, es castigar a quienes se niegan a aceptar los más de 500 años de colonización sobre sus formas ancestrales de vida y creencias. La destitución y detención del presidente Pedro Castillo durante diciembre de 2022, seguido de la represión y masacre de los pueblos andinos refieren al mismo plan sistemático; y más allá de las críticas al gobierno de Castillo, su asunción simbolizó la posibilidad de que un líder campesino, sindicalista y docente pueda ser presidente del Perú. 

El golpe institucional contra Castillo, su detención, la suspensión de las garantías constitucionales y del mandato de la soberanía popular y la inmediata imposición del actual régimen reorganiza el orden y trae tranquilidad a los más poderosos. En los últimos 30 años, el único logro de la Constitución peruana -fujimorista-, ha sido defender y conservar la riqueza del 1% de la población en detrimento de las mayorías. De ahí que cualquier persona que exija su modificación es atacada como terrorista. El terruqueo, término que refiere a la descalificación de activistas y luchadorxs sociales, ha sido la punta de lanza con la que el régimen golpista intenta sostener su legitimidad. 

El país de las mamitas

En el distrito de Villa María del Triunfo viven más de 450 mil personas. Ahí, desde la pandemia por COVID 19 se realizan ollas comunes para alimentar a la población. Miski Mikuy, que significa comida rica en quechua, es una de las 307 ollas que funcionan en el distrito. Allí nos recibieron Doris y Margarita, quienes nos explicaron que a pesar de la pobreza, el encuentro y la organización les cambió la vida. Nos dimos cuenta que era mejor organizadas y de manera comunitaria relata Doris que trabaja de manera voluntaria como coordinadora de la ollita junto a sus 16 compañeras.

Las mamitas, como se llama a las mujeres de pollera, a las madres de las barriadas y abuelas de los territorios, fueron quienes impulsaron la creación de las ollas cuando no hubo contención del Estado durante la cuarentena. Incluso, en todo Lima, son 2500 ollas las que permanecen activas. Sin embargo, a tres años del comienzo de la pandemia, la ollita no puede frenar, según explican sus lideresas que lamentan la situación de hambre que atraviesa su pueblo. En muchas casas, el alimento de la ollita es el único al que acceden las familias en todo el día.

Durante el golpe parlamentario, seguido de la imposición del gobierno de Dina Boluarte, las ollitas dejaron de recibir los alimentos secos que recibían de parte del municipio. Hoy, las mamitas sostienen la vida de toda la barriada a costa de soportar al menos tres jornadas laborales. Denuncian que la situación actual es muy compleja: “se están muriendo nuestros hermanos, no podemos ignorar lo que vive nuestro pueblo” se lamenta Doris. Nos duele cada hijo perdido, todas somos mamitas y nos ponemos en su lugar, agrega mientras abraza a su compañera Margarita que revuelve la olla de arroz con leche.

Las mamitas somos luchonas, explica Doris al responder sobre cómo sostienen la vida y aclara pero no por eso soy terrorista.

Las mamitas somos luchonas, explica Doris al responder sobre cómo sostienen la vida y aclara pero no por eso soy terrorista. Las mamitas hacen un esfuerzo enorme para defender sus ollas cuando no había gas, agarraban cada palito que se encontraban en el camino; van al mercado y piden las verduras que sobran y se preocupan por la salud de sus vecinas. No desconocen, tampoco, que el aumento de los alimentos es parte del mismo régimen. Son los hermanos del sur, de los campos a quienes están matando los que nos alimentan. Y sostienen: Dicen que no sabemos pero sí sabemos lo que sucede. Tenemos la universidad de la vida, no somos tontas como creen.

Continuamos el recorrido por unas largas escaleras junto a Doris y Marlene, la referenta de la ollita Juan 3:16. Con su guagua en la espalda, Marlene sube cada escalón a paso tranquilo y nos abre las puertas de su ollita. Con una vista panorámica hacía todo el distrito, puso a disposición de la comunidad su terrenito para alimentar a 60 familias de su comunidad. No cuentan con servicio de luz ni agua y ya casi no cuentan con los alimentos básicos para cocinar. Somos guerreras, hacemos magia con los pocos ingredientes que hay“, explica Marlene en el intercambio.

Es 8 de marzo pero la lucha y el cuidado de la vida por las mujeres de las ollitas es de todos los días. Brindamos por el día, por las mamitas guerreras y luchonas que que alimentan a todo un pueblo. En Perú, como en todo Abya Yala, el fascismo y las políticas de muerte no pasarán: nos cuidan las mamitas.

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Por Laura Salomé Canteros y Carla Perelló desde Santiago, Chile / Foto: CF8M

“Baila tu rabia”, invitan unas cabras que sostienen un cartel. Sobre el cerro Huelén – Santa Lucía, en pleno Santiago de Chile, hay un gazebo y la música tecno hace saltar a todas alrededor. En tetas, con el uniforme escolar intervenido o las capuchas, se rotan sobre una tarima y el público las aviva. En este 8M histórico, la Alameda fue ocupada por unas 300 mil personas que se movilizaron bajo la consigna “Por la vida que nos deben”. Allí, estuvieron las convencionales ecofeministas, las ministras del gobierno que asumirá el próximo viernes, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y en masa, las feministas.

La cuenta regresiva se da con un movimiento feminista que marca el pulso de la agenda política y social del proceso destituyente-constituyente a tan sólo unos días del traspaso de mando que es mucho más que un cambio de gobierno. Se le dice #ChaoPiñera al presidente saliente, se reclama castigo por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta, así como se exige libertad a lxs presxs políticxs sin condiciones, una demanda que también apunta al próximo mandatario, Gabriel Boric, quien aprovechó la fecha para anunciar que el Ministerio de la Mujer integrará el Comité Político de su gobierno y que tendrá una oficina en La Moneda.

Bajo esas consignas, el martes feminista comenzó bien temprano con diversas actividades y columnas que llegaron desde distintos puntos del país, protestas de las mujeres campesinas e indígenas. Otro punto de encuentro fue el Centro Arte Alameda con Camila Moreno, Mariana Montenegro, Rubio y Mc Millaray, entre otras, con un show musical y se inauguró el mural GraffiTodas, en el frontis del cine sobre la Alameda. También hubo encuentro en el renombrar las calles: “Machi Francisca Linconao” o “Macarena Valdés” fueron los nombres elegidos. Tomar la Plaza Dignidad fue un acto simbólico de poder de las pibas, quienes se ayudaban para escalar y tomar el ex monumento revoltoso. De la misma forma corrieron a los infiltrados -pacos o fachos-, en estrategia de autocuidado. Porque cuando se abrió la gran Alameda, ésta se llenó de feria, color, baile y fiesta feminista.

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Somos ecofeministas construyendo. Por eso estamos en las calles, para decir que mientras exista la última gota de agua robada, la vamos a recuperar”. Manuela Royo es constituyente e integrante de MODATIMA y estuvo en la gran Alameda feminista del 8M 2022 acompañada de sus pares en la tarea. Con una remera de Luisa Toledo, madre heróica, y el pañuelo verde en la muñeca, se brindaba amablemente a cada entrevista. “Para sembrar, trabajar y cuidar necesitamos agua pero lamentablemente en Chile está privatizada y la tierra está en manos de las forestales. Por eso hoy estamos diciendo que el derecho a la tierra y al agua también son derechos de las mujeres y que no existe feminismo sin agua, sin bosque, sin sales, sin desiertos. No podemos vivir sin la protección de la naturaleza”.

Las aguas robadas

serán recuperadas

Las actividades en el marco del #8M comenzaron con lo que llamaron un “súper lunes feminista” con la intervención de la performance de “Un violador en tu camino”, de Las Tesis, ante La Moneda. “Adiós Piñera Criminal”, dijeron, convocadas por la Coordinadora Feminista 8M y la Brigada Laura Rodig CF8M, con los pañuelos verdes y violetas en alto.

No, no, no es no
qué parte no entendiste
la N o la O

Ana Cruces es cuidadora de personas mayores. Llegó y se ubicó en una esquina buscando las pañoletas que identifican a quienes están al frente de las intervenciones. Llevaba un ambo blanco pero pronto sacó una remera y una bandera, también blancas. La leyenda decía: “Cárcel a Piñera. Traidor criminal”. Contó que sigue yendo a las protestas de cada viernes a la Plaza Dignidad y que seguirá “hasta que haya justicia, porque sin justicia no habrá paz”. “Aquí hace 50 años que se violan sistemáticamente los derechos humanos, se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y hoy hay presas que mueren en prisión preventiva mientras los narcos se atienden en clínicas privadas”, sostuvo. El pedido de justicia “por todas las trabajadoras, por Fabiola Campillay, por las mutiladas y las víctimas de femicidio” es lo que la impulsa cada vez a salir a las calles.

Y cómo, cómo es la weá,
nos violan y nos matan,
y nadie hace náh.

Por la tarde, la jornada continuó con un velatón anticarcelario en Santiago y en Valparaíso. “Mientras nosotras nos preparamos para marchar, hay miles de mujeres que no pueden hacerlo porque están en las cárceles. Hoy alzamos la voz por ellas”, dijo Karen Díaz, activista anticarcelaria. “Son nuestras compañeras, mamás, hermanas, amigas, las que hoy se están muriendo en la cárcel”, agregó luego Karen Hoecker en Plaza Victoria. “Milén, Estefany, Krisy, Tatiana, Marisol han muerto injustamente por culpa de este Estado opresor, patriarcal, castigador y punitivista. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir con esta situación de vulneraciones de derechos humanos?”, agregó. “Estamos dispuestas a visibilizar todas las violencias del Estado porque estar privadas de libertad no significa perder la dignidad”.

No estamos todas, 

faltan las presas.

Vestidas de negro y con pecheras con la inscripción “imputada”, el colectivo “Pájarx entre púas”, denunció que hay más de tres mil mujeres privadas de su libertad en Chile, la mitad de ellas con prisión preventiva, que no reciben atención médica ni se les garantizan condiciones dignas para la sobrevivencia tras las rejas. “El 95 por ciento de las mujeres privadas de su libertad son madres”, es uno de los datos escritos en la espalda de una de ellas. Una vez más el movimiento feminista incluyó la demanda de derribar los muros de las prisiones.

*

El movimiento feminista en Chile fue partícipe en los últimos años no solo de construir sentido popular y contenido político a la revuelta que estalló el 19 de octubre de 2019, sino también de enfrentar al fascismo en la figura de Antonio Kast en las elecciones presidenciales de 2021 con un activismo territorial que logró ganarle al desinterés por las urnas. Una cronología que retoma la historia no reciente de los pueblos de Chile y que tiene al socialismo como horizonte común para la vida digna de ser vivida. Contra el terror de los dueños de todo y rumbo a una nueva Carta Magna, asoma una nueva época que les tiene como protagonistas. La promesa hecha en el primer Encuentro Plurinacional de las que Luchan -en diciembre de 2018- no será olvidada: “El neoliberalismo nace y muere en Chile, compañeras”.

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Por Nadia Fink 

Hay una pregunta que es casi tan vieja como el mundo que conocemos, esa que pide respuesta sobre la importancia de que la obra de unx artista tenga compromiso con su tiempo y con su gente. Y sobre eso se escribe, se piensa, se discute.

Acá no hay nada que preguntar, porque Florencia Vespignani, o Flor Ve, como se la conoce en todos lados, profundizó su arte mientras delineaba la cotidianedidad del hacer en el Movimiento de Trabajadores Desodupados (MTD), en medio de una asamblea con compañeras del barrio La Fe, en el dolor de despedir a un compañero asesinado, entre el humo que salía de las gomas quemadas.

Y así llegó Gráfica Política, en 2009, de Editorial El Colectivo, varios años después de que las ilustraciones de Flor sean esténcil, murales, estampas en remeras, banderas a la cabeza de una marcha… hicieron el camino de ser de todxs, de tener su propio vuelo, para luego plasmarse en la bidimensionalidad de un libro. Y ahí surgió una nueva forma de circular ese arte. Recuerda Vespignani sobre ese tiempo: “El libro aportaba a mostrar otros aspectos de nuestras luchas. En ese momento, el movimiento piquetero estaba demonizado y mostrar con dibujos todas las actividades y la lucha que realizábamos aportaba a contrarrestar esa demonización. Y ser parte de esos procesos de lucha me motivaba a mostrarlos desde el arte, que es algo que siempre hice”.

Gráfica feminista

Hay otra pregunta que nos surge después de que los lentes violetas se hayan adherido a nuestras pupilas: ¿cómo contamos, desde las palabras y los trazos, el protagonismo de las mujeres y disidencias en las historias de nuestros pueblos luchadores? Entonces, buscamos los rastros que nos hayan dejado en tiempos pasados, piedritas que nos guían en el camino de recuperar todo eso que venimos haciendo desde hace tantos años.

Y así, buscando, desandamos las huellas que nos dejó Flor: la construcción popular frente a las políticas menemistas de los años noventa en el fuego de las ollas populares que revolvían mujeres colectivamente; la rebelión popular del 2001 en el rostro empañuelado de una mujer piquetera; la resistencia de América toda al calor del zapatismo insurgente; la precarización de un taller de costura, la recuperación de una fábrica y, como lo personal ya se nombraba como político, cuerpos-territorios donde se alojaban goces y resistencias.

Vespignani trae esas memorias colectivas a lo que son estas luchas de hoy, donde, nos dice, “la gráfica feminista de los últimos años puso en evidencia cómo el arte gráfico y la gran producción de imágenes ayuda y aporta en visibilizar las luchas, las ideas y los temas que nos interpelan”.

Link para descarga gratuita: https://editorialelcolectivo.com/producto/grafica-politica/

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Nuria Barbosa León

Los crímenes de odio motivados por la condición de género y conocidos por feminicidios convulsionan a Latinoamérica por la impunidad estatal en tratarlos como asuntos pasionales e intrafamiliares, sin brindar justicia real a las víctimas. Al respecto, las luchas sociales en este frente buscan visibilizar un problema generalizado y sistémico, producto de la cultura patriarcal heredada y naturalizado durante siglos, consecuencia del ejercicio desigual de poder entre los sexos y que resume la violencia enraizada contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas en toda su diversidad.

Recientemente en Argentina se divulgó que la joven de 18 años Úrsula Bahillo murió apuñalada por su expareja, el policía Matías Ezequiel Martínez en la localidad bonaerense de Rojas. El agresor amenazó a su víctima varias veces y ella lo denunció al menos, en tres ocasiones. Además se supo que sobre el victimario pesa una denuncia del año 2017 formulada por Belén Miranda, otra expareja y jamás estuvo detenido. Por su parte, el Movimiento de Mujeres Indígenas por El Buen Vivir en Argentina denunció el asesinato de una menor de edad en el territorio wichi, ubicado en la región de Chaco, como consecuencia de prácticas discriminatorias y racistas conocida como chineo, una violación grupal de niñas indígenas, mayormente entre ocho y 11 años. 

En Brasil, el Foro Brasileño de Seguridad Pública reconoció que 2000 niños sufren huerfandad a causa del asesinato de sus madres, en la mayoría de los casos por sus parejas filiales. Los menores son recogidos por instituciones del estado que no siempre los protege, sufren violencia física por otros chicos y generalmente los hermanos deben separarse hasta esperar, en el mejor de los casos que una familia bondadosa los adopte.  

En Perú, se acusa al gobierno de realizar una esterilización forzada a más de  270 000 mujeres durante la presidencia de Alberto Fujimori, impulsor del modelo neoliberal en el país sudamericano y para ellas sólo se prevé una indemnización si logran ser incluidas en un plan de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).

Mientras que las dirigentes feministas, sindicales y sociales de Chile convocaron a una movilización feminista para el próximo 8 de marzo, para denunciar las desigualdades y la violencia patriarcal prevalecientes en el país.

Si bien las violencias machistas hacen parte de una estructura que es patriarcal y por ende cultural, el escenario presentado recientemente difiere para nosotras, las cubanas donde, al menos, la batalla gubernamental está ganada. Desde el triunfo de la Revolución en 1959 en que se proclamaron las bases políticas y jurídicas encaminadas a derrocar todas las prácticas discriminatorias, brindar una participación social activa a las mujeres y garantizarle su incorporación a la vida económica del país. Un ejemplo cercano lo tenemos en la aprobación de la Constitución, el 24 de febrero del 2019 y proclamada el 10 de abril de ese propio año, que coloca la dignidad humana como valor base de los derechos y establece la igualdad como presupuesto para el respeto pleno de las personas. Léase el Capítulo II, dedicado a los derechos de las y los ciudadanos, con especial destaque para los artículos del 46 hasta el 80.

En todos estos años, se desarrollan diversas acciones para visibilizar la violencia contra la mujer y trabajar sobre las causas que la originan y está recogida en uno de los objetivos de trabajo, ratificado en el 10º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, organización que lleva el tema de la mano y consolida alianzas con los Ministerios del Interior, de Educación, de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social, más otros órganos del estado como la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular. 

Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia -hoy funcionan 173- ofrecen orientación individual y grupal, más ayuda sicológica y conducción jurídica, como una vía para canalizar los conflictos intrafamiliares. Además, existe la línea de ayuda telefónica por el número 103, que también brinda servicio a personas en situación de violencia y ofrece mecanismos para solución de conflictos. A ello se suma el papel de la Editorial de la Mujer y de los centros de prevención y promoción de la salud para divulgar mensajes educativos que ayuden a visualizar problemas.

A pesar de estas acciones, persisten insatisfacciones que aunque el Estado tiene la voluntad de solucionar se muestran insolubles por las propias carencias generadas por el criminal bloqueo de Estados Unidos, sin embargo la Revolución continúa trabajando en pos de una sociedad mejor con el objetivo de superar las dicotomías de género. Si bien las experiencias de políticas públicas de género en Cuba deben continuar perfeccionándose de manera permanente, sus prácticas nos alientan a repensar las intervenciones de los gobiernos en materia de derechos hacia las mujeres y sus posibles transformaciones.

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Por Laura Salomé Canteros* | Foto: Jovanna García (Plaza de las Niñas, Guatemala. 7/03/2021)

… “es mejor hablar recordando, no se suponía que íbamos a sobrevivir”. Audre Lorde

Huelgas feministas, plantones, tertulias, mitines, asambleas. Marchas, concentraciones, caravanas, ruidazos, presentaciones de proyectos. Intervenciones, tomas, tuitazos y performances. Paro nacional, ferias, conciertos. El 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, es de todas. Y se expresa en todos los territorios donde es urgente liberarnos.

Entre ayer y hoy, las pibas, las cabras, las morras, las warmis, las parceras, las guambras, las peladas, las bichas, las patojas, las chamas y las chavalas, estuvimos y estaremos en las calles. Hermanas genealógicas vestidas de morado, verde, rojo o negro, exigiremos a quienes detentan los poderes tradicionales que rompan el pacto patriarcal, racista y de clase que sostiene los privilegios socioeconómicos que nos destinan a ser ciudadanas de tercera. Exigiremos las políticas reales que combatan los femi(ni)cidios, travesticidios y transfemicidios que son la expresión última de las violencias cotidianas. Y de no cumplirlo, exigiremos con rabia destituyente que se hagan a un lado.

En la década de las victorias feministas, ya no parece ser posible subestimar la potencia de la organización y el poder de transformación que emanan del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y personas trans y no binaries; que pretendemos sea feminista, anticapitalista y de liberación. Porque somos masivas e históricas, destituyentes y constituyentes, originarias y creativas. Por eso, exigimos cupo laboral y acceso a la salud, educación y vivienda para travestis y trans y realizamos huelgas porque nuestros trabajos no son reconocidos; y gritamos que si el acceso a la justicia es privilegio patriarcal, la propuesta para refundarla será feminista popular.

Cosechar la alerta feminista y la solidaridad

Sin fronteras estamos organizadas y construyendo solidaridad allí donde una “alerta feminista” se levanta. En El Salvador, donde se opusieron a la militarización de los territorios impuesta por el macho facho del presidente; en Polonia, donde la alianza patriarcal del gobierno y el poder judicial pretende controlar la autonomía y los cuerpos eliminando el derecho al aborto; en Andorra, donde son criminalizadas por señalar las injusticias de la perpetuación de un Estado teocrático; o en Honduras, donde las defensoras del derecho a la tierra y al agua resisten a las herramientas represivas del capitalismo racista.

Pero en el Estado Plurinacional de Bolivia habrá una marcha de 8M tras la recuperación democrática; en Costa Rica se presentará el primer proyecto ciudadano de Interrupción Voluntaria del Embarazo; en Guatemala y en México se radicaliza el movimiento de mujeres ante Estados sistemáticamente racistas y feminicidas; en Chile, las candidaturas feministas a la Constituyente son las que mayores -y mejores- propuestas antineoliberales revelan; y en Argentina será el primero con aborto legal, seguro y gratuito, una demanda que se repetirá en toda la región.

Si somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar y de las indígenas que no lograron conquistar, somos organización feminista que exige a los gobiernos y a los Estados de la región nuestroamericana los mundos mejores que nos deben, la calidad de vida que humanamente merecemos, los puestos de decisión que nos pertenecen por mover el mundo de hecho. Este 8M, todas en todos los territorios gritamos, hartas, ¡vivas, libres y con derechos nos queremos!

*editora de la sección Géneros

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Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros desde La Paz 

En Bolivia hay presas políticas como consecuencia del racismo que se instauró desde las instituciones a partir del Golpe de Estado. Con tan sólo 35 años, la abogada Patricia Hermosa, ex jefa de Gabinete y apoderada del ex presidente Evo Morales, trabajó día y noche en la estructura estatal durante más de 10 años. Hoy se encuentra privada de su libertad y del derecho a la defensa en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz, acusada de forma ilegal de “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”.

Como parte de la Delegación Feminista Plurinacional que viajó a Bolivia alrededor del 8M para relevar las violencias contra las mujeres y las disidencias a partir del Golpe de Estado, Marcha ingresó al centro penal donde se encuentra Patricia hace más de 45 días. Nos esperó junto a su abogado alrededor de una mesa con sombrilla que solicitó para nosotras. Si bien agradeció la posibilidad de tener un amigo abogado que haya decidido acompañarla, sabe que ningún abogado/ a quiere asumir ese tipo de responsabilidad política. Patricia se encuentra en una situación muy frágil; le cuesta expresarse y la injusticia cayó sobre su cuerpo- territorio. No accedió a su derecho a la salud a pesar de haber padecido un evento obstétrico. Se encuentra vulnerable pero contó su historia. Lo hizo porque no está sola.

“Me tuvieron encerrada una hora”

Era una tarde de sol en un barrio tranquilo al sur de La Paz. Patricia (nos) agradeció la visita y consintió contar su verdad. Hasta ese momento, ninguna organización ni medio de comunicación había llegado a la institución carcelaria para escucharla o constatar los rumores acerca de su estado de salud integral. La ex funcionaria nos contó que se encuentra privada de su libertad, básicamente, por mantener conversaciones telefónicas con su ex jefe, Evo Morales. Es más, que le tendieron una trampa: en los primeros días del Golpe de Estado, asesores de la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez, la llamaron para que ingrese a la residencia oficial para retirar las pertenencias de Morales. Esas conversaciones y el cumplimiento de su tarea de apoderada, fueron usadas en su contra.

“Me detuvieron para que amplíe una declaración pero nunca he tenido una audiencia”, denunció desde el encierro la abogada, apuntando a la labor del Ministerio Público. El pasado 31 de enero comenzó su periplo. De forma arbitraria, sin orden judicial, fue detenida por policías de civil que la encerraron ilegalmente en una camioneta policial. “Me tuvieron encerrada una hora”, contó. “Me preguntaban acerca de la documentación que tenía y al día siguiente habían robado los documentos”. Había llegado a La Paz para gestionar la candidatura de Evo Morales como senador del MAS en las próximas elecciones del del 3 de mayo. 

En ese momento, el juez Armando Zeballos ordenó la detención preventiva de la abogada Patricia Hermosa mientras se realizara el juicio en su contra. Pero Patricia sabe que su detención es una simple excusa para retener el poder notarial y el original de la libreta del servicio militar que corresponden al ex presidente y que eran requisitos indispensables para la inscripción de su candidatura en el Tribunal Electoral. “Me quitan los documentos para que no pueda ser candidato”, aseguró. La proscripción de la mayoría política del país llegó muy lejos: las que pagan las consecuencias son las mujeres jóvenes y de raíces indígenas.

Por su trabajo en la estructura estatal de más de 10 años, Hermosa reconoce haber visto durante los días previos a su detención, a distintos policías siguiéndola; pero como sabía que ella había cumplido con sus deberes, eligió ignorarlo. Hermosa advirtió que no desconocía que durante esos meses, ejecutores/ as del Golpe de Estado implementaron un sistema de persecución y control sistemático contra quienes habían sido parte del gobierno que representaba el Proceso de Cambio. En particular con quienes son indígenas.

Desde el momento de su detención, a Patricia Hermosa, jamás le otorgaron el pedido de ampliación de la declaración testimonial y en dos ocasiones le fue negada la prisión domiciliaria, a pesar de haber presentado el pedido en la fiscalía; una forma de mostrarse dispuesta a colaborar con el proceso judicial. Para la fiscalía, Patricia presenta “riesgo de fuga”. Es que, entre su información migratoria, figuran (apenas) dos viajes realizados en años en que fue funcionaria del Estado Plurinacional. Datos personales que no deberían ser usados en su contra. Hermosa además nos contó que devolvió el pasaporte diplomático.

“Me visitan mis amigas”

“Solo los indios estamos en la cárcel”, reflexionó Patricia Hermosa en una frase que caracteriza claramente el Golpe de Estado que asaltó en noviembre pasado el poder gubernamental en el país vecino. Aseguró que, al igual que la ex presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque (60 años), detenida en la misma unidad, sus encierros sin condena no se resuelven porque son indias. “Con Eugenia lo hablamos a diario”, contó, “hay discriminación por género, etnia, clase. Además, por razón ideológica”, agregó. A Patricia la acusan de “terrorismo” por hablar por teléfono. A Eugenia la castigan por representar el empoderamiento de quienes hace cinco siglos soportan el racismo.  

Sin embargo, a pesar de la violencia institucional que implica el encierro, Hermosa no pierde sus esperanzas. “Me visitan mis amigas”, respondió emocionada a una pregunta preocupada, y agregó, “acá no me falta nada, las presas se organizan”. El Centro de Orientación Femenina de Obrajes es un penal semicerrado que cuenta con espacios al aire libre y verdes. Allí, Patricia convive con las mujeres que son madres o que están embarazadas. A pesar de eso, también relató que fue testiga de torturas a otras mujeres; familiares de Senkata, entre las que recuerda a “Dora”, una luchadora de apenas 20 años. 

“Te vamos a traer café todas las semanas”, le dijeron al pasar unas mujeres solidarias que visitaban a otras detenidas. “Y chocolates”, respondió Patricia. La promesa sonó como el emparejamiento perfecto para el libro que lleva en su mochila: “La revolución india”, de Fausto Reinaga. Un clásico del movimiento indianista que relata la historia de resentimiento por parte del colonizador durante la conquista; la búsqueda del reconocimiento desde Europa que, al verse subestimado, elige despreciar al originario del Abya Yala ya que no le basta con haberlo conquistado. Patricia sonrió al exhibir el libro que quedó sobre la mesa. Cómplice, reaccionario. Al igual que ella, que se mostró confiada por estar libre pronto. 

El 3 de mayo habrá elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, comicios que se encuentran amenazados por diferentes factores: el terror social que impuso el levantamiento policial y militar desde el Golpe de Estado que asesinó y reprimió a niñes y mujeres de pollera; la proscripción política del MAS; la manipulación arbitraria del TSE del padrón electoral, sobre todo en áreas rurales; el cerco mediático que impusieron los medios hegemónicos para denunciar las vulneraciones de derechos desde noviembre de 2019 -censura sostenida con tortura, persecución y exilio de trabajadorxs de prensa-; la pandemia y crisis mundial a partir del COVID 19; y las ansias de la derecha racista -financiada por intereses imperiales- de continuar ejecutando el poder de decisión desde el Estado. 

“Este es un mal sueño”, finalizó Patricia Hermosa. Nos contó que la fiscalía le ofreció un juicio abreviado a cambio de que se declare culpable y acepte uno de los mayores delitos para acceder a la prisión domiciliaria. “Ellos tienen otro fin”, aseguró, “quieren que diga que mi jefe hizo terrorismo”. Ni la detención arbitraria, la privación ilegal de la libertad ni la condena social parecen amedrentarla. El pedido de libertad de Patricia Hermosa Gutiérrez es un grito sin fronteras y su historia formará parte del informe que la Delegación Feminista Plurinacional enviará a Organismos y Cortes Internacionales de Derechos Humanos. El Proceso de Cambio continuará porque vive en quienes levantan sus banderas y tienen raíces indígenas, caras aniñadas y voces suaves. Son quienes están destinadas a vencer.

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