Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Desde Belém, Brasil

Foto portada: Lourdes Albornoz / Colectivo Mujeres diaguitas, ancestras del futuro

En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales, el mundo vuelve a denunciar las violencias patriarcales. Mientras en la COP30 empresas y gobiernos discutieron medidas para enfrentar la crisis climática, las mujeres que defienden sus territorios viven cada día una doble violencia —de género y extractiva— que busca silenciar sus voces, fracturar sus comunidades y disciplinar sus decisiones políticas. María Ivete Bastos, campesina de Santarém (Pará) fue amenazada y sufrió una serie de atentados contra su vida por oponerse al monocultivo de soja. Sin embargo, convoca a no rendirse: “Luchamos por la vida. Y es la vida del río, la vida del bosque, la vida de nuestra gente”.

Cada 25 de noviembre se conmemora y repudia el asesinato de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en 1960 a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Seis décadas después, la criminalización, amenazas, hostigamiento y desgaste emocional forman parte de un entramado que sigue fuera de las negociaciones oficiales de la diplomacia de la COP30.

Los contextos cambian, los nombres de las empresas varían, los gobiernos se renuevan, pero las formas de control y fragmentación son las mismas. La historia de María Ivete muestra una realidad que viven quienes se enfrentan a grandes proyectos mineros o del agronegocio. Recientemente, casi fue atropellada por un auto en plena calle. Su compañera, Maria do Espírito Santo da Silva, también defensora contra el extractivismo, fue asesinada a balazos junto con su esposo José Cláudio Ribeiro da Silva en 2011.

América Latina y el Caribe es el continente más peligroso para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde la Puna hasta la Amazonía, pasando por los Andes, el Cerrado brasileño y las costas del Pacífico, la escena se repite con una precisión que desgarra: criminalización, causas judiciales inventadas, campañas de difamación, quiebre de vínculos comunitarios, estrés y depresión, aislamiento y amenazas que avanzan al ritmo de los proyectos extractivos. 

El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025, reporta que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo en 2024. La cifra global acumulada desde 2012 asciende a 2.253 casos. América Latina vuelve a ocupar el epicentro: 117 de las víctimas del último año —el 82 por ciento— vivían en la región. Un tercio de las víctimas eran indígenas. El informe denuncia que en 2024 aumentaron otras formas de ataque como detenciones ilegales, criminalización judicial, acusaciones falsas de terrorismo y persecución por vías administrativas. 

La mayoría de quienes resisten en primera línea son indígenas, campesinas y campesinos, personas profundamente arraigadas a sus territorios. Aunque los pueblos originarios representan sólo el seis por ciento de la población mundial, protegen el ochenta por ciento de los bosques del planeta. Allí, en los márgenes donde la acción climática no es una promesa sino una práctica cotidiana, sostienen la vida frente al colapso ambiental. 

Elizabeth Mamani, defensora de los humedales andinos

La historia de Elizabeth Mamani muestra, sin eufemismos, lo que significa enfrentar el avance minero en el norte argentino. Defensora de los humedales andinos, integrante de la comunidad de Atacameños del Altiplano y parte de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencias Diaguitas Ancestras del Futuro, vive en un territorio donde las autorizaciones extractivas se otorgan sin consulta previa (como establece la ley) y a una velocidad que supera cualquier posibilidad de control comunitario.

“La situación de mi territorio es cada vez más preocupante”, dice. Frenar estos proyectos se volvió prácticamente imposible. Si bien en la actualidad un fallo de la Corte provincial de Catamarca de 2024 frena nuevos proyectos hasta que se realice la evaluación de impacto integral y acumulativo, los doce proyectos que están en proceso de explotación y exploración ya generaron un impacto irreversible. Un ejemplo es la desecación de la Vega Trapiche, por la explotación en la zona del Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) y el desplazamiento de las economías rurales.

Su testimonio es claro: la defensa territorial no solo implica confrontar a empresas y gobiernos, sino asumir un desgaste social profundo. “La vida de los defensores es muy complicada”, explica. La sociedad muchas veces se da vuelta, los gobiernos persiguen, las mineras intentan comprar silencios “con migajas”. Y las familias sienten el peso de un conflicto que cae siempre sobre las mismas personas. A eso se suma la criminalización y la sensación constante de estar peleando en desventaja. “No tenemos el apoyo suficiente de la población”, resume.

Elizabeth no habla desde la excepcionalidad, sino desde una experiencia común a muchas comunidades: poner el cuerpo, la voz y el tiempo de vida en un conflicto en el que todo parece jugar en contra. Cuando intenta explicar de dónde sale la fuerza para sostener esa lucha, no lo hace desde una épica militante sino desde la necesidad y el deseo de preservar la vida. Defender el territorio —dice— es pensar en quienes vienen después, en no dejar un ambiente destruido y sin agua para las generaciones futuras. Su impulso está ahí: en evitar que el daño de hoy se convierta en una condena para quienes incluso todavía no nacieron.

Bertha Cáceres Zúñiga, defensora de los ríos

Hablar con Bertha Cáceres Zúñiga es escuchar una memoria viva que continúa enfrentando las mismas violencias que acabaron con la vida de su madre, la líder indígena Berta Cáceres, en 2016. “Bertita”, como la nombran sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sabe que su país, Honduras, funciona como un enclave extractivista histórico atravesado por una tensión permanente. “Estamos en un momento de mucha tensión política”, dice, marcada por unas elecciones inminentes y un clima de violencia que “se conserva de manera general”. 

Ese contexto no puede entenderse sin nombrar lo que ella identifica como el corazón del conflicto: “el tema de tierras, de pueblos indígenas, bienes comunes de la naturaleza, proyectos de privatización, temas de financiamiento, esa es la razón central del problema en nuestro país”.

Bertita subraya que esos problemas se expresan en un punto clave: la disputa territorial. Explica que las agresiones contra las defensoras y defensores están directamente vinculadas a los intereses económicos que operan sobre los ríos, los bosques y los territorios indígenas. “Estas situaciones son reflejo de las tensiones entre intereses políticos y económicos que siguen existiendo en Honduras”, afirma. Y advierte que, aunque en el caso del femicidio político de su madre hubo avances judiciales, el problema de fondo no cambió. “Las estructuras criminales no se han desestructurado, continúan activas y pretenden los territorios”, denuncia.

Su presencia en la COP30 no buscó maquillajes diplomáticos, sino colocar en el centro de la discusión climática lo que ocurre en los territorios. Lo dice sin vueltas: mientras defender un río o una montaña implique enfrentar violencia política, económica y criminal, cualquier debate sobre transición energética o protección ambiental carece de sentido. Plantea: no se puede hablar de futuro climático sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes, todos los días, defienden la vida de sus territorios y comunidades.

María do Bosque, defensora de la tierra

Maria do Bosque vive en Alagoas, nordeste de Brasil, zona de playas paradisíacas y de explotación de caña de azúcar. La historia colonial allí tiene sus orígenes en esa región (más precisamente en Bahía, un poco más al sur), donde la caña de azúcar fue el monocultivo que trajo aparejado el tráfico de esclavos desde África. Las huellas de esa historia permanecen: si bien el país abolió la esclavitud en 1988, esa práctica permanece en las zafras.

María pertenece al Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), que se movilizó a Belém con sus banderas y gorras violetas para participar de la Cumbre de los Pueblos. Explica con una sonrisa que su nombre responde a su territorio: “Somos muchas María, entonces nos identificamos según de dónde venimos”. Sobre las discusiones oficiales que se producen en la COP, cuestiona: “Vemos que todo es solamente para el lucro”.

En Alagoas hay más gente sin tierra que con tierra. Grandes extensiones están en pocas manos y el 90 por ciento está dedicado al monocultivo de caña, que a su vez se destina a la exportación. La explotación genera degradación del suelo y contaminación de las aguas. María avizora otro monocultivo en ciernes: el de eucaliptus.

Como ex cortadora de caña conoce de cerca esa realidad: “Si un cortador de caña no junta seis toneladas por día, no es considerado bueno. Eso implica un costo para la vida del trabajador, la perspectiva de vida es muy pequeña ya que se trabaja con altas temperaturas, sin sombra siquiera para el momento de comer”. 

Asegura que la principal problemática para ellas son las múltiples formas de violencia, muchas veces invisibilizadas por ocurrir lejos de las ciudades. Agrega que la falta de tierras es una forma de violencia: “No es posible tener una vida digna si la mujer del campo no tiene agua, ni tierra ni su territorio libre. Eso es muy fuerte para nosotras”. Explica que su lucha es por una vida donde las mujeres puedan tener la libertad de plantar su alimento, de comer saludablemente, de cuidar de las semillas y de sus comunidades.

El MMC trabaja con una perspectiva campesina y agroecológica, que busca introducir cultivos de verduras o trigo. Sin embargo, esa práctica artesanal que subvierte la lógica corporativa tiene su costo: la Policía y grupos cercanos a los latifundistas destruyen sus instalaciones colectivas y envenenan el agua de sus pozos como forma de amedrentamiento. Pero María no duda: “Apostamos a esa salida para la agricultura, una salida donde haya vida y dignidad”.

Margarita Aramayo, defensora de los cerros

Margarita Aquino Aramayo coordina la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre de Tierra en Oruro, Bolivia. Desde la Cumbre de los Pueblos, afirma: “Somos indígenas que estamos defendiendo a la Madre Tierra y los derechos de las mujeres que están siendo violados por la contaminación minera. Denunciamos la violencia medioambiental contra las mujeres”. Y explica que los grandes emprendimientos son de extracción de estaño, plata, plomo, litio y oro.

Asegura que el extractivismo afecta el derecho a la salud, al trabajo, a la consulta libre, previa e informada, a vivir en un ambiente sano, al agua. “Sin agua no hay vida”, enfatiza, con la bandera de Bolivia entre sus manos. Y agrega: “A nosotros nos expulsaron de nuestro territorio, contaminaron nuestra agua y nuestras tierras”.

“Nuestras autoridades nacionales están poniendo la mira en los pueblos indígenas. Pero estamos preparados para resistir a la minería”, expresa. Alza la voz frente a otras mujeres, en el gimnasio de la Universidad Federal de Pará, donde se lleva a cabo la cumbre. Afirma que la COP no las representa. Los aplausos hacen eco en el sopor del mediodía. Y precisa: “No nos representa porque allí no están las voces de las mujeres indígenas ni de los pueblos indígenas. Allí van los estados y las transnacionales a decidir cómo va a ser nuestro futuro”.

Un clamor cada vez más potente

En la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP), las defensoras no fueron protagonistas. La toma de decisiones continúa secuestrada por Estados y las corporaciones y negociadores, que suelen estar muy lejos de los territorios donde se juega el presente y el futuro del clima.

El contraste entre lo que sucede dentro y fuera de la COP30 en Belém lo dejó claro. Mientras en los pabellones oficiales se repetían discursos cuidadosamente medidos, en las calles, en los ríos y en las aldeas se escucharon las denuncias que la diplomacia evita nombrar. La Marcha Global por el Clima del 15 de noviembre, encabezada por comunidades amazónicas y delegaciones de distintas regiones del mundo puso en el centro la defensa territorial como la acción climática más efectiva.

En la Cumbre de los Pueblos el movimiento indígena brasileño fue categórico: las demarcaciones territoriales son urgentes. En Brasil existen 107 tierras indígenas listas para demarcar pero llevan años de espera. La demarcación implica preservar los territorios indígenas de proyectos extractivistas. El anuncio realizado por el ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos —20 demarcaciones nuevas— fue celebrado, pero las organizaciones dejaron claro que es apenas un inicio frente a la escala del reclamo. Otra exigencia fue el financiamiento directo para las comunidades que protegen la biodiversidad. 

Esta COP no dejó grandes expectativas en términos de acuerdos, pero sí mostró que las defensoras y guardianas de la vida ya no están hablando en los márgenes. Partícipes de la Cumbre de los Pueblos y de espacios de incidencia colectiva, organizan estrategias, planifican límites a la impunidad y marcan el tono de una transición que no puede repetir los caminos que condujeron al colapso.

Ivete Bastos dice que no abandonará la lucha por su territorio, pese a los peligros. “Lo que me da coraje es ver tanta injusticia, tanta desigualdad. Por eso cuando pienso en quedarme en mi rincón, en mi lugar, cuidando mi vida privada, me siento muy incómoda. Si mi voz se escucha y capta la atención de alguien, me alegra mucho porque es como si alguien me mirara y dijera: ‘mira, tiene esta edad, el pelo blanco, y sigue viva entre otros, alzando la voz, buscando, denunciando, así que vale la pena’. Eso me anima a vivir y a seguir luchando”.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Muy Waso y Agencia Tierra Viva.

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¿Cuáles fueron los hitos que marcaron la Justicia feminista en Latinoamérica y el Caribe en los últimos 5 años?

ARGENTINA 

Ley Brisa: Reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género – N° 27.452

En julio de 2018 el Congreso de la Nación aprobó la “Ley Brisa”. Según dice, el Estado debe garantizar una cobertura integral de la salud y una reparación económica mensual para hijos o hijas que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia de género o intrafamiliar en todo el país. La suma es equivalente a una jubilación mínima y está destinada a personas menores de 21 años o con discapacidad.

Ley Micaela: Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres. N° 27.499.

Se aprobó el 18 de diciembre de 2018. Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Fue impulsada por el Movimiento Evita y por la familia de Micaela García, violada y asesinada en 2016 en la ciudad de Gualeguay.

Caso Diana Sacayán: el asesinato que por primera vez fue catalogado como travesticidio.

La referente y militante por los derechos LGBT+ Diana Sacayán fue asesinada el 11 de octubre de 2015 en su departamento de Flores. Por primera vez una causa fue caratulada como travesticidio. Luego del juicio, en 2018, en una sentencia histórica, Gabriel David Marino fue condenado a prisión perpetua. Los jueces consideraron a Marino como el coautor del “homicidio agravado por odio de género y violencia de género” y confirmaron que se trató de “crimen de odio a la identidad travesti”.

CHILE 

En septiembre de 2017, Chile logra una ley de aborto en tres causales.

Por 27 años se mantuvo vigente una legislación que vulneraba gravemente la dignidad y los derechos de las mujeres en el país. La dictación de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2017) permite superar la criminalización total del aborto vigente e instaura un modelo de causales. El nuevo régimen brinda una protección básica al derecho a la vida de las mujeres y a su integridad física, sexual y psíquica; al permitir la interrupción del embarazo en establecimientos de salud en los casos más graves: (1) riesgo vital, (2) inviabilidad fetal y (3) violación sexual, sujeta esta causal a plazos acotados. Sin embargo, ello no constituye el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, por cuanto la legalización comprende sólo tres causales y  excluye la inmensa mayoría de situaciones en que se requiere interrumpir un embarazo, manteniendo a su respecto la criminalización.

Mayo feminista 2018: La rebelión contra el patriarcado. Un movimiento que se convocó a una multitudinaria marcha por “una educación no sexista”.

La rebelión basada en terminar con la violencia sexual al interior de las universidades y con las estructuras machistas presente en ellas, comenzó como un reclamo de las estudiantes. Demanda que hizo eco en otros espacios de la sociedad, para develar que la violencia hacia la mujer es transversal. Un movimiento que tuvo como fecha ícono el 16 de mayo de 2018 cuando se convocó a una multitudinaria marcha por “una educación no sexista”.

El 3 de mayo de 2019 se promulga la Ley contra el acoso sexual callejero.

El 3 de abril de 2019 Chile aprobó el proyecto de ley de Respeto Callejero, presentado hace 5 años como una iniciativa ciudadana del Observatorio Contra el Acoso Chile, OCAC, siendo publicada la ley en el Diario Oficial, siendo promulgada y entrando en vigencia en mayo de este año.

COLOMBIA

En el 2015 se reconoció el feminicidio como un delito con una pena entre 20 a 40 años de cárcel.

Rosa Elvira Cely tenía 35 años. Trabajaba como vendedora ambulante de día y validaba su bachillerato en la noche. Hace siete años un compañero de estudios la agredió brutalmente en el Parque Nacional de Bogotá. La torturó, apuñaló y abusó sexualmente. Aunque logró recibir atención médica, falleció luego de varios días. Su asesinato movilizó a toda la sociedad colombiana y resultó en la implementación de la Ley 1761 mejor conocida como Ley Rosa Elvira Cely. En el 2015 se reconoció el feminicidio como un delito con una pena entre 20 a 40 años de cárcel.

En el 2015 se aprueba el decreto 1227: mujeres y hombres trans pueden corregir su sexo en el registro civil y la cédula de ciudadanía en cualquier notaría del país. 

Desde el 2015 mujeres y hombres trans pueden corregir su sexo en el registro civil y en la cédula de ciudadanía en cualquier notaría del país, tras la aprobación del decreto 1227. Incluso, ya no requieren de un certificado psiquiátrico de disforia de género para poder acceder al trámite. Luego de promulgada la norma, entre junio y julio de ese año, más de 600 personas corrigieron sus documentos. La mayoría de masculino a femenino. Este decreto permitiría más acceso a servicios esenciales como la salud y educación.

El caso de Mónica Godoy le exigió al Ministerio de Educación crear lineamientos para que las instituciones universitarias atiendan los casos de acoso sexual.

En el 2017 Mónica Godoy era docente en la Universidad de Ibagué en Tolima. Durante un taller sobre equidad de género, cinco empleadas del cuerpo de vigilancia le confesaron que sufrían hostigamiento sexual, rozamientos y tocamientos por compañeros de trabajo. Tras estas denuncias, la profesora informó al rector y días después no recibió la renovación de su contrato. Fue despedida de manera injustificada. Este caso fue notorio a nivel nacional e internacional. Luego de varias audiencias, en 2018 la Corte Constitucional falló a favor de la docente y ordenó su reintegro. Además, le exigió al Ministerio de Educación crear lineamientos para que las instituciones universitarias atiendan los casos de acoso sexual.  

CUBA

En 2019 unas 40 ciudadanas cubanas presentaron una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba.

La solicitud fue presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) y que suma alrededor de 200 firmas de apoyo en Internet en apenas un día. Sin embargo, la actual solicitud se enmarca en un año con fuertes sucesos políticos-institucionales en el país caribeño, entre estos cambios está la aprobación de la nueva Constitución que “estableció la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello”, señalan las firmantes. En 2019 también fueron publicados los resultados de la ENIG-2016, que “verificó que la violencia de género al interior de las parejas es un problema relevante a escala nacional”. Cuba presentó en abril su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030, que incluyó el primer dato oficial público sobre femicidios en el país.

ECUADOR

Aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres – LOIPEVM 

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM) se aprobó el 25 de noviembre de 2017, después de años de lucha de las organizaciones feministas y de mujeres que exigían una legislación que además de sancionar la violencia de género, la prevenga.  Seis de cada diez mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, cuatro de cada diez fueron víctimas de violencia sexual en Ecuador, según la Primera Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, realizada en 2011. Con estas cifras se construyeron una serie de políticas públicas y programas de concienciación sobre la violencia de género. En 2014, entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que por primera vez tipificó la violencia de género y el femicidio como delitos, esto también permitió que se genere estadística sobre estos casos, que antes estaban ocultas en otros delitos que no reflejaban la magnitud de la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

Sentencia del Caso Vanessa Landínez Ortega

Vanessa Landínez Ortega tenía 37 años y una hija de año cuando fue asesinada el 19 de octubre de 2013, apenas dos días después de que la Asamblea Nacional aprobara el Código Orgánico Integral Penal que incluía el tipo penal de femicidio. La reforma recién  entró en vigencia en agosto de 2014, por lo que la muerte de Vanessa no fue juzgada como femicidio, pero su caso fue uno de los que despertó la lucha contra la violencia feminicida en Ecuador. La “Plataforma Justicia para Vanessa” y después la plataforma “Vivas Nos Queremos Ecuador”  motivó la formación de espacios de acompañamiento político, psico social y legal a familiares de víctimas de femicidio y a sobrevivientes de la violencia de género.  Rosita, prima de Vanessa fue una de las promotoras de estos espacios. El asesino de Vanessa, alguien con poder económico, fue en primera instancia absuelto. La sentencia inicial cuestionó el lugar y la hora donde se encontraba Vanessa y afirmaron que la muerte fue provocada por una caída. Los medios de comunicación culpabilizaron a Vanessa de su propia muerte y la justicia hizo lo mismo.  La familia apeló la sentencia y el proceso fue anulado. El caso fue reabierto y pasó a manos de la Fiscal de Género Mayra Soria en noviembre de 2016. Finalmente el 20 de julio de 2018 se ratificó la sentencia en segunda instancia, otorgando seis años de prisión a Esteban Guerrero Ortiz, por homicidio preterintencional. La sentencia incluye varias medidas de reparación para la familia por parte de los medios de comunicación, una de ellas es que los medios de comunicación aborden el caso y la historia de Vanessa desde una narrativa no revictimizante. Es la primera vez que incluye una medida así en una sentencia sobre violencia de género.

Sentencia del caso Juliana Campoverde y Ley de Desaparecidos y Desaparecidas

Juliana Campoverde tenía 20 años cuando desapareció el 12 de julio de 2012. Desde los primeros días que reportaron la desaparición de Juliana, su familia sospechó del pastor evangélico Jonathan Carrillo y su familia, quienes dirigían la Iglesia Evangélica “Oasis de Esperanza”, a la cual Juliana y su familia asistían hasta pocos meses antes de su desaparición. La primera fiscal designada al caso le dijo a la madre de Juliana que la joven regresará en nueve meses con un bebé en brazos, además, se negó a realizar varias pericias indispensables para el caso porque creía que Jonathan Carrillo era inocente por ser evangélico, la misma religión que profesaba la fiscal. Pasaron seis años, y diez fiscales más, para que la persona señalada como principal sospechosa, sea detenida e investigada. Jonathan Carrillo confesó haber estado con Juliana el día de su desaparición, que ella murió en su compañía y que él se deshizo del cadáver en una quebrada ubicada al norte de la ciudad de Quito. Siete años después de la desaparición de Juliana Campoverde, el 17 de julio de 2019, Jonathan Carrillo fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.

EL SALVADOR

En el 2012 se aprobó una Ley Especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) 

Fruto del esfuerzo sostenido de organizaciones de mujeres, esta ley entró en vigencia en el 2012. Es una herramienta legislativa enfocada específicamente en prevenir, perseguir y erradicar la violencia hacia las mujeres en los diferentes ámbitos de vida. De esta manera el estado reconoce no solo de la gravedad del fenómeno, sino también la necesidad de intervención de la institucionalidad estatal. En esta ley se amplía los tipos de violencia a la que pueden estar sometidas las mujeres y se establece un sistema de recolección de datos y estadísticas sobre el fenómeno. Además por primera vez aparece explícitamente penalizado el feminicidio en forma simple y agravada.

El caso Beatriz durante el 2013  fue el detonante en la discusión y lucha sobre la penalización absoluta del aborto

Beatriz es el nombre de una mujer que en el 2013 pidió un amparo a la Corte Suprema de justicia para que le permitiera interrumpir su embarazo. Era su segunda gestación y desde casi el inicio supo que el feto no viviría después de nacer: era anencefálico. Ella padecía, desde su adolescencia, lupus eramitoso sistémico. Ante el posible riesgo de complicaciones y de muerte, Beatriz decidió que no quería seguir con su embarazo y llevo su deseo hasta la Corte. Finalmente el amparo le fue denegado. Gracias a la intervención de su perinatólogo se le practicó una cesárea en la semana 26 de gestación. Pese al fracaso legal, este caso puso por primera vez en la palestra pública la discusión sobre las consecuencias de la penalización del aborto que llegó a toda la sociedad. Además la corte estableció la necesidad de crear legislación para poder interrumpir embarazos como forma de prevenir la muerte o daños graves a la salud de las mujeres. Beatriz murió en un accidente de tránsito en el 2017.

En el 2015 se realizó la reforma al Código Penal que agrava penas a crímenes por odio

En 2015 se hacen  Reformas al Código Penal, en los artículos 129 y 155, considerando como agravantes los homicidios cometidos por razón de género, identidad, expresión de género u orientación sexual, castigando con penas de hasta 50 años a quien cometa dichos crímenes. Este fue el resultado de una lucha incansable de organizaciones lesbotransfeministas en su mayoría. La reforma significó el reconocimiento por parte del Estado salvadoreño a los crímenes por odio causados mayoritariamente a mujeres trans.

En el 2016 se presenta la propuesta para despenalizar el aborto por 4 causales

Después de casi 20 años de la penalización absoluta del aborto, organizaciones feministas presentaron al pleno legislativo una propuesta de despenalización en cuatro causales: Cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro; cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero; en casos de violación contra menores de edad o estupro. Aunque no se logró aprobar las cuatro causales, se puso el tema en la opinión pública, surgió el debate que actualmente abre el camino para lograr la despenalización.

En el 2019 liberaron a Evelyn Hernández, una mujer criminalizada por parto extrahospitalario y condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado.

La penalización absoluta del aborto en El Salvador ha traído como resultado la criminalización de mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios, como Evelyn Hernández, que en 2016 enfrentó un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. Ella fue condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado. Su juicio, como el de las otras mujeres condenadas por estos mismos casos, estuvo lleno de estereotipos de género y carente de toda prueba que la incriminara. La condena fue apelada por la defensa de Evelyn, y una instancia superior en derecho la desestimó; además envió a que el juicio se hiciera nuevamente  por la falta de pruebas. En el nuevo juicio (2019) la Fiscalía no pudo sostener su tesis de homicidio y Evelyn es absuelta. Este caso marcó un hito porque es la primera vez que una Cámara superior de derecho resolvía sobre estos casos, por lo tanto deja en evidencia la necesidad de reformar las leyes que condenan injustamente a las mujeres, como la prohibición absoluta del aborto.

GUATEMALA

Caso Sepur Zarco: Fueron 15 mujeres crearon un hecho histórico a través de sus testimonios en época de guerra

El 26 de febrero de 2016, el tribunal de mayor riesgo “A”, condenó al coronel Esteemer Francisco Reyes Girón a 125 años de prisión por el delito contra derechos humanos en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica; también al comisionado militar, Heriberto Asij Valdez, a 240 años por los delitos antes mencionados y por desaparición forzada, en contra de 15 mujeres Maya Q’eqchí, que después de 34 años de silencio; denunciaron los actos de violencia de género, violación y esclavitud sexual ocurridos a mujeres y niñas en los años 1982 y 1983 durante la guerra civil en Guatemala.

Caso Molina Theissen: sentencian a militares de alto rango por desaparición forzada, tortura y violación

Emma Guadalupe Molina Theissen escapó el 5 de octubre de 1981 de las instalaciones de la zona militar del occidental departamento de Quetzaltenango. Fue torturada y violada durante 9 días. Un día después, militares irrumpieron en su casa, ubicada en ciudad de Guatemala y desaparecieron a su hermano menor, Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años. El 23 de mayo de 2018, el juez Pablo Xitumul, del Tribunal C de Mayor Riesgo, condenó de 33 a 58 años de prisión inconmutables al general Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército; general Manuel Antonio Callejas y Callejas, ex jefe de inteligencia militar; coronel Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de inteligencia militar; coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante y el subcomandante, general Edilberto Letona Linares.

Caso Hogar Seguro: Justicia para Ashly Rodríguez y 55 niñas más

El 7 de marzo del 2017, adolescentes del programa de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia protestaron en contra de abusos y maltratos cometidos en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”. Tras una redada policial, Ashly Rodríguez de 14 años fue encerrada como castigo, junto a 55 niñas más, en un aula que ardió en la madrugada del 8 de marzo y cobró la vida de 41 niñas. Ashly había sido institucionalizada unas semanas antes del incidente con el objetivo de protegerla de miembros de una pandilla que vivían cerca de su hogar y que la acosaban. Han pasado dos años de la tragedia y el caso aún no ha sido resuelto.

Aprobación de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas 

En enero de 2016 el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, una norma que crea y regula el funcionamiento de un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, el cual permite su localización en breve tiempo y su resguardo, para evitar que tras su desaparición puedan ser objeto de otro tipo de delitos, asesinadas o trasladadas a otras comunidades o países. Esta ley favoreció la creación de la Alerta Isabel-Claudina el 6 de agosto de 2018, que se activa en el momento en el que se registra la desaparición de una mujer.

Aprobación de la iniciativa para crea oficinas de la mujer en las municipalidades de Guatemala

En agosto de 2016 el Congreso de la República de Guatemala aprobó una iniciativa para crear oficinas de la mujer en los municipios del país. Las nueva norma exige que las municipalidades que hasta entonces no tuvieran esta oficina creen los mecanismos para implementarla. Las oficinas dan asistencia especializada a mujeres y a partir de esta iniciativa, son las responsables de atender sus necesidades específicas en cada localidad, de fomentar su liderazgo y desarrollo comunitario y su participación económica y política con pertinencia cultural.

PARAGUAY

Noviembre de 2016: Se aprobó una ley para condenar los feminicidios – N°  5777

Luego de mucho debate y la oposición de grupos autodenominados “pro-vida” y “pro-familia”, ambas cámaras del Congreso de Paraguay aprobaron una histórica legislación para las mujeres: la Ley 5777 de protección integral contra toda forma de violencia a las mujeres. Así el país se convirtió en el décimo-octavo de Latinoamérica y el Caribe en tipificar como feminicidio los asesinatos a mujeres por razón de género. Producto del trabajo articulado de organizaciones, colectivos y activistas feministas, la ley caracteriza 15 tipos de violencia de género, como la violencia sexual, patrimonial, obstétrica y telemática. También esboza mecanismos de protección a sobrevivientes como asistencia legal y refugio.

Un antes y un después: El paro del 8 de marzo de 2017 por el día internacional de la mujer

El 8 de marzo de 2017 marcó un hito en el movimiento feminista en Paraguay. Alrededor de diez mil mujeres tomaron las calles del centro histórico de Asunción y otras ciudades bajo la consigna “Roikovese ha roikoveta” en guaraní, que en español significa “Vivas nos queremos”. La marcha que se realizó en el marco del paro internacional significó un gran avance por la convocatoria lograda, la masificación de las consignas y demandas feministas y el proceso de construcción asamblearia de este evento. Más de 50 organizaciones y colectivos colaboraron para su organización, y así se llenaron las calles de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas con pancartas y carteles que exigían igualdad salarial, no más violaciones y un alto a los feminicidios. 

Octubre de 2019: El asesinato a Romina Vargas, una mujer trans, reconocido como un crimen de odio, fue el primero en llegar a juicio en el país y recibir una condena

El 16 de octubre de 2017, Romina Vargas iba a comprar su almuerzo en la ciudad de San Lorenzo. Pero ni siquiera pudo llegar a la despensa porque en el camino Blas Enrique Amarilla la apuñaló y Romina murió. Antes, el hombre ya había agredido a otras mujeres trans. Dos años después, la justicia paraguaya lo condenó a 25 años de cárcel, reconociendo que el crimen fue motivado por el odio manifiesto a las personas trans. Fue el primero de un asesinato a una mujer trans en llegar a juicio en el país y recibir una condena.

PERÚ

Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos – N° 30314

El Congreso de la República del Perú aprobó el 4 de marzo de 2015 esta ley para prevenir y sancionar el acoso sexual callejero. También para atender a quienes sufran este delito. Mediante esta norma se formalizó la pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años para quienes hostigan o acosan sexualmente sin el consentimiento de una persona. También para quienes ayudan al acosador a perpetrar este acto. Si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad o está embarazada, el acosador deberá cumplir una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor a ocho años. Esta ley se concretó luego de que la actriz Magaly Solier denunció en mayo de 2014 cómo sufrió acoso sexual en el Metropolitano de Lima. A partir de ello, el colectivo Paremos el Acoso Callejero hizo incidencia en el tema para que se sancionaran estas conductas.

Decreto Legislativo N°1428: desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición en situación de vulnerabilidad.

Tras la desaparición de Solsiret Rodríguez Aybar, joven universitaria cuyas circunstancias en las que se desconoció su paradero son extrañas e indican que su pareja la habría asesinado, se crea este decreto legislativo. En el reglamento de esta norma se indicó que debía elaborarse un protocolo para atender denuncias de desaparición de mujeres con antecedentes de violencia por parte de su pareja. Debía estar listo en mayo de 2019. Las familias de las mujeres desaparecidas continúan a la espera de ello.

PUERTO RICO

En el 2015: primera adopción entre pareja homosexual

En el 2015 Ángeles Acosta se convirtió legalmente en la segunda madre de Juliana, tras el reconocimiento al derecho a la adopción en el matrimonio del mismo sexo. Con esta decisión, el Tribunal Supremo ordenó al Registro Demográfico inscribir a la adolescente de 15 años con los apellidos de ambas madres. La pareja había comenzado el trámite de adopción en el 2005, pero había sido rechazado porque aún estaba prohibido el matrimonio igualitario en la isla.

En el 2017 Renuncia Héctor O’Neill, alcalde acosador

En el 2016 la policía Yenetamie Diaz radicó una querella contra el alcalde del municipio de Guaynabo Héctor O’Neill. Lo acusaba de violación, agresión, acoso sexual, restricción de la libertad y exposiciones deshonestas. Su denuncia fue noticia nacional, tras la publicación investigativa de la periodista Ivette Sosa y las protestas de la Colectiva Feminista en Construcción. Aunque el alcalde se resistió, renunció a su cargo en 2017. El informe del Departamento de Justicia presentó declaraciones juradas de dos presuntas víctimas y le imputa entre 20 posibles violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley de Violencia Doméstica. Su caso continúa abierto.

En el 2018: Caso de Alma Yarida

Alma Yarida Cruz, estudiante de educación especial, sufría acoso escolar. A sus 11 años le decían: “negra sucia, “negra dientúa”, “negra asquerosa” y “mona”. Un día intentó detener las burlas. Alegadamente, habló con lenguaje rudo, empujó a una de sus compañeras y amenazó a otra de ellas con tirarla por las escaleras. La arrestaron por agresión simple, amenaza y alteración a la paz. De inmediato, surgieron protestas en apoyo y contra el racismo. En el 2018, luego de un año, el Departamento de Justicia desistió del caso.

URUGUAY

Durante el 2016 se busca la incorporación de la figura de feminicidio para visibilizar los crímenes de odio hacia las mujeres

Tras años de señalar a nivel nacional e internacional la necesidad de que exista la figura de  femicidio para visibilizar los crímenes de odio hacia las mujeres, y luego de dos años de alertas feministas (movilizaciones callejeras para denunciar un nuevo femicidio en el país) el Poder Ejecutivo promueve la incorporación de esta figura como un numeral en el Código Penal. La decisión deja un sinsabor en las agrupaciones feministas, ya que no buscaban ni agravamiento de penas ni que fuera un artículo nomás sino parte de una reforma necesaria e integral (aún en deuda) del Código Penal. En Uruguay matan a unas 30 mujeres por año, uno de los índices más altos en la región, en relación con el total de población.

Durante el 2017 se aprueba la ley integral contra la violencia hacia las mujeres

La nueva ley profundiza y específica 18 tipos de violencia machista incluyendo violencia obstétrica, simbólica y mediática. Prevé creación de juzgados específicos y otras medidas pero todavía no tiene asignado el presupuesto suficiente ni ha sido reglamentada en su totalidad.

Durante el 2018, las personas trans cuentan con una ley integral

La ley aprueba la designación de reparaciones simbólicas y económicas para aquellas que sufrieron violencia institucional durante el terrorismo de Estado. También simplifica el trámite para el cambio de sexo registral, establece el cupo laboral trans, garantiza el acceso a la salud y a tratamientos hormonales, promueve acciones para diseñar políticas públicas de inclusión social y educativa para disminuir la discriminación. La ley fue respaldada por la sociedad en un pre-referéndum promovido por sectores políticos neopentecostales, desarrollado en 2019.

MÉXICO 

En noviembre 2019 la jefa de gobierno de la Ciudad de México decretó Alerta por Violencia contra las mujeres

A raíz de las marchas feministas contra las violencias machistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Scheinbaum decretó Alerta por Violencia contra las mujeres. Acompañan a la alerta medidas como la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, la ratificación de la urgencia de una ley que sancione el acoso y la violencia digital, el aumento del presupuesto para los Centros de Atención en 2020 y la construcción de mayores senderos seguros para la circulación de mujeres.

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Medios que colaboraron en esta campaña de #JusticiaFeminista: Agencia Ocote, Alharaca, Anfibia, Cosecha Roja, Contra corriente, Mujeres en el Medio, El Desconcierto, El Pacifista, El Surtidor, LATFEM, Marcha, Muy Waso, NODAL, Onda local, Red Colombiana de Periodistas con visión de género, Prensa Comunitaria Guatemala, Prensa Libre, Revista Alma Mater, Revista la Brújula, Pro Davinci, Wambra Medio Digital Comunitario y VICE.

Periodistas: Nicol León Arge, Norihelys Ramos Rodríguez, Fabiola Gutiérrez, Ana María Acosta, Luisana Aguilar, Lucía Cholakian Herrera, Agustina Frontera, Florencia Alcaraz, Paloma Navarro, Agustina Banchiero, Natalia Arenas, Leila Mesyngier, Sonia Izquierdo Mt, Azul Cordo, Clanci Rosa, Florencia Goldsman

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Texto y fotos por Florencia Goldsman desde Panajachel* 

“Pana-ja-chel no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, cantaban unas aproximadamente 100 mujeres de todas las edades, diversos orígenes e idiomas, en una marcha este 25 de noviembre en Panajachel, Sololá. Son las primeras manifestaciones que denuncian con fuerza, así como sucedió este mismo año con el 8 de marzo, y en las que se ven personas de todas las edades auto-convocadas, animándose a nombrar-se feministas y denunciar las violaciones sexuales y los feminicidios que forman parte de la vida cotidiana en la cuenca de Atitlán.

La convocatoria la realizaron una multiplicidad de organizaciones que trabajan con perspectiva de género en el Lago y que cuentan con diversas trayectorias relacionadas con la violencia hacia las mujeres y personas de orientaciones diversas. En el volante de difusión se podía ver que convocaban: CDI Semilla, Red Musovi, PAMI, Days for Girls, MAGA y Colectiva Xocomilas, con apoyos de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Panajachel.

La caminata salió desde el parque y se extendió por la avenida de los Árboles hasta la calle Santander, calle Los Tigres, Rancho Grande y culminó en la playa Los Salpores con un discurso homenaje a las 56 niñas afectadas por el incendio en el Hogar Virgen de la Asunción en 2017, que apagando la vida de 41 niñas y adolescentes, aún el caso sigue impune. También se recordó  el crimen de odio reciente de Jaime Can  (22) ocurrido en el bario de Jucanyá y se encendieron velas por la memoria de Silda Sarat Lux (26) quien fuera violada antes de ser asesinada, y cuyo cuerpo fue encontrado en las orillas del Lago “más hermoso del mundo”.

La colectiva Xocomilas, compuesta por mujeres de diversos países que residen en el lago, dio cierre a la jornada con un mensaje contundente, relativo a las razones que reunieron a las pobladoras del Lago este 25N:

Porque aquí en Sololá, nos enfrentamos a una red de violadores entre los que se encuentran doctores y entrenadores que drogan y abusan violentamente de mujeres…

Porque es indignante ver cómo las mujeres que han sido violadas por esta red criminal buscan justicia y les es negada. Pero además son cuestionadas por unas instituciones locales que deberían protegerlas…

Porque nos llena de rabia que más de 500 mujeres hayan sido asesinadas de forma violenta en lo que va de año a nivel nacional…

Porque es escalofriante que más de 3 mil niñas menores de 14 años hayan sido violadas y obligadas a ser madres este 2019…

Porque somos testigas de discursos y crímenes de odio contra jóvenes diversos en nuestra comunidad…

Porque no podemos caminar solas en Panajachel sin miedo a que nos acosen, nos violenten, nos persigan y/o nos desaparezcan…

Porque sufrimos violencia en nuestras casas, en nuestros espacios colectivos y en nuestras organizaciones…

Los reclamos son urgentes, inclusivos, se gritan a viva voz. Las manifestantes del 25N en Panajachel exigieron a las instituciones nacionales y locales que tomen responsabilidad sobre la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y personas LGBTI+ y activen los mecanismos necesarios para enfrentarla y erradicar todos los tipos de violencia.

Una marcha cuyos carteles se reflejaron en las manifestaciones en toda Latinoamérica que señalan la violencia extrema que se vive hoy en la región, decían “Más de 500 mujeres asesinadas en 2019”, “No Violarás” y “Disculpen las molestias, nos están golpeando, secuestrando, violando, matando”. En un contexto de avanzada por parte de actores anti-derechos, fundamentalistas, extractivistas y represivos, la caminata intentó visibilizar la fuerza de las agrupaciones de mujeres feministas y las de la diversidad sexual. Unidas para abrir paso a la transformación colectiva de nuestras realidades desde el amor, el cuidado y la autonomía de nuestros cuerpos.

*originalmente publicado en La Cuerda

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Por Sonia Izquierdo @izquierdosim desde CDMX / Fotos: Carmen Ortega @ThePetitCoffy

En una sola voz miles de mujeres se unieron ante el hartazgo e indignación por las ineficientes investigaciones que nunca llegan a nada en un país donde la taza de feminicidios rompió récord y lo colocó como el segundo país de América Latina y el Caribe con más feminicidios, debajo de Brasil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En silencio, con gritos, vestidas de negro o con el rostro cubierto y acompañadas por un “cinturón de paz” (mujeres que trabajan en el gobierno CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum), salieron a las calles a gritar lo que siempre debió ser un derecho: respeto y seguridad.

Grafitis, vidrios rotos, pinta de monumentos,  fueron parte de las acciones que colectivos de grupos feministas dejaron a su paso desde la columna del Ángel de la Independencia hasta el plancha del Zócalo capitalino

Al grito “¡Violan mujeres, protegen monumentos!”, miles de mujeres reprocharon qué cerca de 2 mil 516 mujeres policías estuvieran resguardando la marcha y no su seguridad.

En México de enero a septiembre de 2019, 2 mil 833 mujeres han sido asesinadas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en frente de la gente”; “Somos el grito de las que ya no están”; “No nací mujer para morir por serlo”; fueron parte de las consignas para exigir un alto a la violencia contra las mujeres.

La marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, finalizó en el Zócalo, donde diferentes colectivos recordaron las cifras y exigieron respuestas inmediatas, a las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas.

Leé sobre la Rebelión Feminista en México en:

https://www.marcha.org.ar/tag/rebelion-feminista/

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Por Redacción Marcha / Foto: Nadia Petrizzo

La Asamblea Feminista rumbo al 25 de noviembre, día global de lucha contra las violencias patriarcales,convocada en la ciudad de Buenos Aires por la Campaña contra las Violencias hacias las Mujeres y las Disidencias, resolvió otorgarle a la mítica fecha un perspectiva sin fronteras. Por eso, hoy saldremos a las calles en la que será, la primera “jornada de lucha continental, plurinacional y feminista contra toda forma de violencia machista y cisheteropatriarcal. Exigimos presupuesto para combatir a la violencia patriarcal, no para el FMI”.

Cada 25 de noviembre nos encontramos para recordar a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, luchadoras asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. En el año 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, estableció esta fecha en conmemoración como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso, en honor a las organizadas rebeldías salimos a las calles porque son nuestras. Desde entonces, por convocatoria del movimiento feminista latinoamericano, cada 25 de noviembre, la lucha contra la discriminación, la desigualdad y por vidas libres de violencias y opresiones machistas y heteropatriarcales se sale a las calles y a cada espacio público para decir: ¡vivas y libres nos queremos!

La Asamblea, integrada por decenas de colectivas feministas, organizaciones sociales e integrantes de partidos políticos resolvió que la movilización sea una llamada simbólica que surgió de un anális compartido: la solidaridad con las hermanas que en otros territorios están resistiendo a la violencia que surge del racismo y fundamentalismo -como en Bolivia- o del Estado neoliberal -como en Chile-. Porque este año, decir dictadura en la región no suena a historia.

A 59 años del femicidio de las “Mariposas” Mirabal, la Asamblea reflexionó que los pueblos que se pretenden libres en Nuestra América sufren sistemáticamente las consecuencias de la reacción imperialista, fundamentalista y patriarcal que los quieren oprimidos. Esta reacción, protagonizada por gobiernos neoliberales que recortan derechos, por grupos de lobby internacional que se sostienen en privilegios de clase y género, por organismos de financiamiento extranjero que imponen medidas en las políticas internas de los países, por grupos de fachos y fundamentalistas que bajo la máscara del civismo y las iglesias alientan al odio y la vuelta de las botas militares bajo la suspensión de las garantías constitucionales. Por eso, desde el movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries se resolvió denunciar que en Bolivia hay un Golpe de Estado racista, misógino, clerical y militar.

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En Buenos Aires, la convocatoria a marchar es a las 17 hs:

• el punto de encuentro será en la Embajada de Bolivia: Av. Corrientes y San Martín;
• pasará por la Embajada de Chile: Av. Roque Sáenz Peña 547; y
• terminará en la Plaza de Mayo donde se leerá un documento conjunto.

Las consignas principales serán:

• ¡Fuera el FMI, no al pago de la deuda, fuera el imperialismo de América Latina!
• ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!
• ¡Aborto legal ya! ¡Aprobación del Proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito!
• ¡La lucha de las mujeres y disidencias de pie junto al pueblo rebelado de Chile y hasta derrotar el Golpe en Bolivia!
• ¡Abajo el patriarcado, porque lo vamos a tirar! ¡Arriba el feminismo que va a vencer!

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En Chile el estallido de rebeldía sostenido por el movimiento estudiantil, feminista y popular, lleva más de un mes. En ese período, la suspensión de las garantías y del derecho a la protesta y libre expresión decretada por el presidente neoliberal Sebastian Piñera, dejó más de 30 personas asesinadas por la represión de las y los integrantes de las policías locales, los carabineros y los militares. Violaciones a los Derechos Humanos que fueron relevadas desde el primer momento por el Instituto escargado que arroja en las últimas cifras (21 noviembre): 6.972 detenidxs, 2.535 heridxs -223 con heridas oculares- y de las 462 acciones judiciales presentadas contra el Estado, 74 por violencia sexual -desnudamientos, amenazas, tocaciones y violaciones-, alertando sobre el grave ensañamiento hacia las mujeres, personas del colectivo LGBTTIQ+, migrantes, de los pueblos originarios y con discapacidad. Asesinatos y vejaciones que serán visibilizadas en la memoria de este pueblo movilizado y en la “Huelga general” en ese país, prevista para el 25 y 26 de noviembre.

“En nuestras venas también corre la lucha chilena que no cesa“, dice el documento conjunto del 25N, “a pesar de las cacerías de pacos y milicos; a pesar de que el pueblo dijo ¡Asamblea Constituyente libre y sobernada! ¡Destutución ya de Piñera! Es necesario denunciar una y otra vez, que las prácticas de tortura, ultraje, violación y violencia sexual aún siguen vigentes en Chile y que esta forma de criminalización y hostigamiento apuntan directamente contra los Derechos Humanos de mujeres y disidencias sexuales. ¡Que nadie mire hacia otro lado! En Chile se tortura, se secuestra, se viola, se asesina! ¡Exigimos la inmediata aparición con vida de todes les desaparecides por las fuerzas represivas del Estado, exigimos que cese la tortura y la represión! ¡Basta de criminalizar al pueblo que lucha por sus derechos! ¡Juicio castigo a los culpables de ayer y de hoy!“.

En Bolivia, hace dos semanas que lo que fue la segunda vuelta en elecciones presidenciales se transformó en Golpe de Estado y dictadura. Extorsión, amenazas a dirigentes e intento de magnicidio, pedido de renuncia presidencial de parte de las fuerzas armadas, censura de la represión contra el pueblo digno de parte de la prensa adicta a los sectores empresarios- fundamentalistas y fascistas y la autoproclamación de una senadora antiderechos que, con la banda dirigida por los militares y la biblia en la mano, salió a masacrar a las comunidades indígenas, el campesinado, los obreros, mineros, la juventud que defiende sus libertades y las mujeres de pollera.

“Hay Golpe de Estado racista, misógino, clerical y militar“, dice el documento que se leerá en la Plaza de Mayo, una vez que la marcha finalice su recorrido. “Este Golpe de Estado es el reflejo de lo inhumano de los países imperialistas, de las derechas mundiales, del poder económico y político que no duda en sentenciar a muerte, a torturar y criminalizar a todo un pueblo que lucha y resiste. ¡Basta de criminalización, asesinato, persecución a nuestro hermano pueblo boliviano! Nosotras, nosotres hacemos llegar un grito de resistencia, sororo, solidario ¡Jallalla a las mujeres de pollera! ¡Jallalla Aya Yala! ¡Hermanas y hermanes de Bolivia no están solxs! ¡Abajo el Golpe de Estado racista, misógino, clerical y militar en Bolivia! ¡Arriba el pueblo organizado que lucha y resiste el Golpe de Estado!“.

Por eso, esta Asamblea, de las mujeres, disidencias sexuales y pueblos de América está lista para decir, entre otras reivindicaciones específicas: “¡Fuera el FMI de todos nuestros territorios! ¡Basta de condenarnos al ajuste y a la carestía de la vida! ¡basta de saqueo, criminalización y muerte! ¡Que viva la lucha y resistencia del pueblo de Ecuador, de Haití, de Colombia! ¡Nuestras tierras y nuestros cuerpos no son territorios de conquista! ¡Que viva también la lucha de todo el pueblo de Kurdistán, que vivan nuestras hermanas luchadoras kurdas y la revolución de las mujeres! ¡Basta de genocidio por parte del Estado de Turquía! ¡Basta de injerencia de las potencias imperialistas, en el vivir de los pueblos! ¡Jin, jiyan, Azadî! Y hoy, seguimos levantando no sólo el ejemplo de las Mariposas Mirabal, sino también de todas las luchadoras y luchadores alrededor del mundo, aquelles que se enfrentan a este sistema patriarcal, capitalista, imperialista y colonialista: ¡Berta Cáceres y Marielle Franco: Presentes! Y en esta jornada continental, plurinacional, internacional, donde mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries nos encontramos nuevamente, reafirmamos que seguimos de pie y que esta marea verde no ha dejado las calles ¡Seguimos en lucha por ABORTO LEGAL YA!“.

Como cada 25 de noviembre, nos vemos en las calles compañeras.

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A horas del Día Internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres, en Argentina seguimos siendo violentadas con políticas públicas que nos excluyen e intentan silenciar. Por eso leamos las voces de quienes cada día se organizan para la vida digna de su comunidad.

El hambre, la exclusión, la falta de anticonceptivos, la falta de atención en casos de abortos legales, la falta de educación, la falta de educación sexual en las escuelas, la falta de protección ante situaciones de violencia, los femicidios y muchas más abundan en los barrios más humildes, donde no cesa la falta de todo todos los días, sin tregua.

El presupuesto que el gobierno propone para el 2019 implica una baja importante para la lucha contra la violencia machista. Nada más que el 0.13% del total estarán destinados a financiar programas vinculados a derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Todo esto entre muchas otras cosas. Pero la organización popular florece desde el pie: en los barrios se escucha el murmullo de las mujeres organizadas que levantan merenderos y comedores como forma de enfrentar el hambre: colectivamente, con lo que hay. Pero comida caliente y leche no falta, aunque sea una sola vez al dia. Esos murmullos florecen en los pasillos, en las esquinas y se convierten en política activa, en hacer.

Flavia Romero estuvo de festejo por una gran victoria en las elecciones de la Junta Vecinal de la Villa 21 de Barracas. Pertenece al Frente Popular Darío Santillán y la lista Azul, Roja y Negra que conformó, junto a 10 listas mas, el lema de unidad del barrio logró una victoria contundente frente al lema macrista. Ella construye todos los días, desde hace años. Y nos contó: “Estos últimos años tuvimos que abrir más comedores y merenderos, porque mucha gente se quedo sin comer. Hubo muchos despidos, muchas mujeres con pibes que se quedaron sin trabajo y los que tienen algo de trabajo igual no alcanza para pagar la olla hasta fin de mes. Yo estoy organizada, se que esta situación no se resuelve en soledad, hay que salir a luchar por lo que creemos y merecemos. Acá estamos acostumbradas a eso, a luchar. Por todo, por un plato de comida, por una vivienda digna. Por nuestros derechos… nadie nos regala nada, todo lo conseguimos luchando”.

El aumento en el gas, la luz, la comida y el transporte hacen que todo se vuelva a cuestas. Sandra es soltera y vive con sus dos hijos en Soldati. “El sueldo que gano no alcanza, tengo dos trabajos pero igual no alcanza. Trabajo en una cooperativa de recolección pero también trabajo en una casa, en negro. Pago un alquiler que sube también. Hay cosas que ya no consumimos, los lácteos, la carne. Ni hablar de ir a pasear un fin de semana a cualquier lado. El ajuste nos afecta en todo, absolutamente todo. Pero más ajuste hay, más sabemos que tenemos que resistir, más tenemos que estar juntos. No solo en nuestras casas, sino en el barrio, con otras mujeres. Todo es muy difícil sino”.

Neiza tiene 31 años. Vive en La Boca con sus tres hijos. “Trabajo en una cooperativa de estampado textil y soy la única que se hace cargo de los gastos en la casa y en la escuela de los chicos. Desde que asumió Macri me está costando mucho poder sobrevivir. Ya es muy difícil poder comprar un yogur, una leche o carne o pan, está todo inalcanzable. Ni hablar de la ropa o zapatos. El gas se hace difícil, porque la garrafa esta cara también aunque el gobierno dice que está 150, en los barrios te la cobran 350 pesos”. Sobre la resistencia popular, opina: “nosotras nos organizamos porque queremos trabajo digno. Nos organizamos porque sabemos que solo así lograremos trabajar con trato justo. Producimos, nos formamos y crecemos como trabajadoras. Militamos nuestro trabajo, lo generamos, lo llevamos a cabo y lo defendemos, así como luchamos por una vida más justa para todos y todas”.

Caminar es preciso en estos tiempos y generar nuevas relaciones también, y en eso están las mujeres generando comercio justo. Ahí están las que generan nuevas relaciones entre quienes producen y quienes venden, para que no cueste tanto. Cynthia, está a cargo del Mercado de Consumo Popular (Me.Co.Po.) en la villa 21 24. Este mercado nació como una red de comercio justo en varios barrios de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, pero también abrió almacenes en varios puntos. Todos los productos que se comercializan son directo de las y los productores hacia las y los consumidores, y todos de cooperativas y fábricas recuperadas. En Me.Co.Po. se comercializan comestibles, secos y frescos, (conservas, verduras, yerbas, aceites, mieles, dulces, galletas, legumbres, pastas, etc) productos de limpieza, productos de la industria textil, juguetes, productos de herrería, libros y más.

En comunicación con Marcha, Cynthia nos cuenta: “Los precios subieron mucho, nosotras ofrecemos productos buenos y la gente se da cuenta de eso. Comparados con los productos de los almacenes del barrio, son muy baratos. Más que nada para sacar el día a día. Es una re ayuda acá dentro para la gente. Además son productos de cooperativas, de fábricas recuperadas, eso también les explicamos y así la gente además va conociendo. Lo que más se consume son los productos básicos: mas rápido se va es el arroz, puré de tomate, azúcar, la yerba y el aceite. Somos gente popular, comemos comidas populares: con todo eso te haces un lindo guiso y entretenés al estómago con mate”, concluye.

Las pibas en los barrios saben lo que es andar con les pibes a cuestas, les propies y les otres, por la falta de vacantes en las escuelas y saben de la falta de pastillas o el cambio constante de los anticonceptivos y la difícil atención sin profesionales que garanticen derechos en los centros de salud y hospitales. Pero también saben de tejer redes: ninguna se queda sola. Las mujeres en los barrios se forman, buscan información, se organizan como promotoras de salud para poder dar una mano a otras.

Durante lo que va de 2018 fueron relevados en medios 217 femicidios. Ante las violencias, todas las violencias, las redes se activan. Las mujeres, lesbianas, travestis y trans se organizan para visibilizar pero también para denunciar, para hacer frente a una realidad que no para de golpear; generando espacios de acompañamiento y contención, estrategias de autocuidado; en cada barrio, siempre hay un lugar. Ante la votación negativa en el Senado contra el aborto legal luego de un año de intensa lucha, las redes de acompañamiento siguen activas más que nunca para garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el que el Estado nos quiere negar. Con las profesionales, las pibas organizadas en los barrios, las redes se fortalecen.

Las organizaciones se cruzan, los feminismos nos cruzamos. Las mujeres nos organizamos, desde hace años. Pero estos más todavía. Donde haga falta, donde nuestros cuerpos lo necesiten, donde haya hambre, donde haya dolor. Donde el Estado se ausenta; allí estamos las feministas populares: parando la olla, generando, haciendo. Construyendo alternativas para la vida digna.

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Se acerca el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra las violencias hacia las mujeres y disidencias, y nos obligamos a hacer balances con el cuerpo aun conmovido porque estamos haciendo historia. Cómo es la organización y el resistir feministas en Tucumán y Salta.

El jardín de las mariposas

La noche del 20 de marzo de 2014 estaba cálida, calma, apacible, en Tafì del Valle, el lugar donde Belén nació y vivió en Tucumán antes de que le quitaran su libertad tras un aborto espontáneo. Soy tucumana desde la panza, dice Belén hoy alejada de su provincia y quien todavía debe proteger su identidad a más de dos años de conseguir su liberación y absolución por un crimen que le plantaron sin pruebas*.

Aquella noche, Belén había cenado pizza con su familia. ¡Cómo voy a olvidarme si es mi comida preferida y esa noche me cambió la vida para siempre!, dice y que de repente la noche se tornó fría, que ruidos y gente hablando, y que luego no entendió más nada.

Tras su liberación, Belén huyó del Tucumán de sus amores a un exilio de cabotaje que continúa hoy y que quizá, alguna vez no muy lejana, los libros de historia argentina entiendan y expliquen en su dimensión política. Porque de la provincia declarada a favor de la vida, la de legisladorxs apañuelados celestes y devotos cristianos, la que se manifestó en contra del aborto legal hasta en casos de violación, la joven de entonces 27 años tuvo que escapar en el anonimato y buscar refugio.

“Los sectores conservadores de Tucumán han sido muy fuertes siempre, antes y después del debate por el aborto en el Congreso”, precisa Noelia Aisama, Integrante de Mujeres X Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir. Pero las mariposas habitan también el jardín de la República, y salen con sus pañuelos verde. “Distintas organizaciones provinciales, nacionales e internacionales se manifestaron rápidamente en contra del reciente proyecto que se presentó para obstaculizar el acceso a prácticas de interrupción del embarazo que son legales desde 1921”, señala Noelia como expresión de fortalecimiento del feminismo en su provincia.

Nada será igual en Tucumán tras la experiencia que dejó la Mesa de Libertad para Belén. La provincia que se pronunció a favor de la vida, la misma que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuenta con la tasa de femicidios más alta del país: 1.10 cada 100.000 habitantes. De enero a noviembre de 2018, en la provincia hoy gobernada por Juan Luis Manzur, 16 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. Son datos del informe de la Casa del Encuentro que, con ese número, ubica a Tucumán en el cuarto puesto en valores absolutos, antecedida por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Mal de muchas no consuela a ninguna. La violencia hacia las mujeres y la falta de acceso a salud sexual no se circunscribe a la provincia de Tucumán y es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas. La ONU señala que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. A nivel mundial en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor fue su compañero sentimental o un miembro de su familia. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.

“Tucumán posiblemente sea el único lugar donde las movilizaciones convocadas por la iglesia contra la aprobación del aborto legal fueron más grandes que las protagonizadas por la marea verde. En estas movilizaciones el gobierno provincial, con todos estos partidos, jugo un rol central encabezando las marchas y poniendo todas las instituciones del Estado al servicio de la reacción”, señala Alejandra Castillo, integrante del Plenario de Trabajadoras, Tucumán.

Salta, la hereje

Pegadita a la provincia de Belén está la provincia de Juana, la niña wichi de 12 años que, en 2016, para los mismos meses en que la joven tucumana peleaba por su liberación, luchaba por acceder a la interrupción legal del embarazo. Las autoridades de Salta le negaron a Juana su derecho, y la niña fue forzada a continuar con el embarazo producto de una violación perpetrada por 9 criollos. A Juana también la forzaron a pasar por una cesárea y a adelantar el parto porque el feto era anencefálico.

En ese derrotero de violaciones de los derechos de mujeres y niñas, estrecharon los lazos las agrupaciones por #JusticiaPorJuana, #AbsoluciónDeBelén y la eliminación del Protocolo 1.170, que hasta mayo de 2018 restringió el acceso al aborto no punible y que el gobernador Juan Manuel Urtubey se vio forzado a derogar cuando la marea verde avanzaba en el Congreso y su provincia quedaba expuesta por el caso de otra niña embarazada tras violaciones sistemáticas de su padrastro, y a quien se le negó a la práctica legal. No es poco lo que las salteñas por el derecho de las mujeres lograron entonces en la provincia en que todxs lxs diputadxs senadorxs votarían en contra del aborto legal en la Argentina. Para el mes de agosto, los sectores reaccionarios de ambas provincias también se unieron y lograron que dos mujeres, la senadora María Cristina del Valle Fiore Viñuales del Partido Renovador de Salta y la tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez, protagonizaran la campaña antiderechos con acusaciones por venta de órganos de fetos, equiparación con la legalización del homicidio y celebración de los partos forzados en niñas violadas.

“Hubo un amplio sector de la sociedad salteña que estuvo militando a favor del aborto y que no encontró ninguna representación en el Congreso de la Nación. Nunca se había visto que se movilizara esa cantidad de personas en Salta, que tiene una historia de conservadurismo religioso. Se puso en vilo lo que es visto como la salteñidad”, señaló Mónica Menini, abogada feminista salteña, especialista en atención de violencia de género e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tras la media sanción de la ley en Diputados, se vio con fuerza la embestida del lobby de la iglesia Católica, por un lado, con Fiore a la cabeza en el Senado; y de la iglesia Evangélica, por otro, movilizando feligreses en las calles. Pero la necesidad tiene cara de hereje, y donde existe una necesidad nace un derecho. Los últimos datos oficiales dicen que la herejía en Salta está a la altura de la falta de acceso a la salud y educación sexual: es la provincia con la tasa más alta de incidencia de egresos hospitalarios por abortos en mujeres menores de 25 años y que con 1764 casos ocupa el segundo lugar detrás de Buenos Aires con 5959.

En la linda, la campaña por el aborto legal que comenzó con los martes verdes y pañuelazos en el mes de marzo continúa al día de hoy. “Desde que comenzó ese activismo, ya no paró. Hay una participación de estudiantes muy fuerte y con mucho protagonismo que continúa en la defensa de la educación sexual integral”, señala Menini.

Para Marta César, Presidenta Multisectorial de Mujeres de Salta, el rechazo del proyecto de legalización del embarazo por el Senado resultó en una avanzada de la ola restauradora de lo peor del patriarcado en su provincia, que busca imponer el modelo tradicional de familia, desconocer que hay otros tipos de familia no-binarias y hetero-normativas, excluir la diversidad sexual y eliminar la educación sexual integral. “Los sectores reaccionarios ahora pretenden imponer un discurso de que ganaron una batalla cultural, de que la sociedad le dijo que no a la legalización del aborto cuando eso es una gran falacia porque fueron 38 los senadores que votaron por el no y 31 votaron por el sí y que representan a millones del país”, enfatiza César y destaca el despliegue de la senadora Fiore para organizar congresos de mujeres provida con hombres como protagonistas: “No entendemos nada. ¿Qué tiene que ver que los hombres vengan a hablar y a designar el mundo por nosotras?”

Las últimas estadísticas del Ministerio de la Nación dicen que la provincia con todes sus legisladores provida y mayoría detractora de la educación sexual integral tiene también la mayor cantidad de víctimas de abusos sexuales del NOA alcanzando los 290 y es la tercera a nivel nacional después de Buenos Aires y Mendoza. Además, según el “Registro de Femicidios de la Justicia Argentina”, llevado a cabo por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, reveló que la situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres.

Linda y hereje, Salta se prepara para marchar el próximo lunes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en repudio a quienes votaron las leyes del ajuste y en contra de las mujeres, contra el fundamentalismo religioso, y por la implementación de la ESI y la Ley de Cupo Laboral Trans.

*Algunos datos han sido modificados para preservar la intimidad de la víctima y familiares.

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Se acerca un nuevo 25 de noviembre, día internacional de lucha contra las violencias machistas y las feministas tomamos las calles una vez más denunciando las opresiones y el sistema cultural del capitalismo patriarcal en su versión neoliberal. En Buenos Aires habrá marcha el lunes 26. 

Hace más de 50 años, la sangrienta dictadura de Rafael Trujillo asesinaba con saña y tortura a las valientes hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Las Mariposas habían organizado la resistencia ante el golpe fascista y misógino, levantando la reivindicación popular más importante de la historia de la República Dominicana: el derecho a una vida libre, digna, por un mundo totalmente diferente, sin explotación ni opresión.

Pero acaso la dictadura del sangriento Trujillo no sabía, que las mujeres, las lesbianas, bisexuales, trans y travestis tenemos historia, la recuperamos, la reivindicamos y seguimos andando, aquí firmes e inamovibles con nuestras ollas populares y contra los gobiernos que nos obligan a la desidia, al ajuste, a formas que nada tienen que ver con el mundo que imaginamos.

Este año junto a muchas organizaciones hemos decidido colectivamente, en asamblea, convocarnos el lunes 26 de noviembre desde las 17hs para movilizar unitariamente desde Plaza Congreso hacia Plaza de Mayo y que tiemblen las calles bajo nuestro grito exigiendo nuestro derecho a vivir libres, sin opresión y sin explotación.

Nosotras, nosotres, seguimos denunciando que el ajuste desencadenado por el gobierno de Mauricio Macri, los diferentes bloques políticos y los gobernadores, es violencia machista y patriarcal. Seguimos acá en las calles, denunciando que los abortos clandestinos son femicidios de Estado y que es urgente, necesario erradicar todo tipo de violencia machista que nos arroja a la muerte.

No estamos dispuestas/es a dar un paso atrás en esta lucha por nuestro derecho a vivir libres, sin opresión, sin muerte, sin explotación. ¡Y que se escuche fuerte nuestro grito dolorido, rabioso! ¡Que se escuche el recuerdo vivo de tantas luchadoras de América Latina que han luchado contra los gobiernos fascistas y homolesbobitranstravestiodiantes, misóginos, empresariales y saqueadores!

Que todas nuestras voces y fuerzas se unan contra la persecución de nuestras comunidades originarias, contra el racismo y la criminalización a migrantes. Aquí los únicos extranjeros que se deben ir, son los representantes del imperio de la muerte que son el FMI y el G20.

Este 26 nosotras/es seguimos tendiendo lazos verdes y violetas irromplibles por el aborto legal ya, la separación de las iglesias del Estado, no más femicidios y crímenes de odio. Decimos basta de violencias machistas. Porque en este contexto también decimos que el ajuste es violencia patriarcal: ¡vivas, libres y desendeudadas nos queremos! Juntas/es nos unimos nuestras voces y que la tierra tiemble. ¡Abajo el patriarcado, se va a caer. Juntas somos poderosas. Alertas y activas contra las violencias machistas!

*Integrante de la Campaña Nacional contra las violencias hacia las Mujeres

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En la mañana de este sábado, 25 de noviembre, Día Internacional de combate a la violencia contra las mujeres, alrededor de 200 mujeres del MST, ocuparon una hacienda en Avaré, interior de São Paulo, vinculada al ex medico Roger Abdelmassih, condenado a 181 años de prisión por violar aproximadamente 40 mujeres.

El caso tuvo repercusión internacional por la gravedad de los hechos y por la relación con otras denuncias como el uso de semen de ratón en la manipulación genética, compra de semen de moradores de la calle y cambio de material humano, generando hijos genéticamente de otras personas y sin consentimiento de las pacientes, como comprobado en exámenes de ADN.

Pero Roger Abdelmassih también es un ruralista. Su empresa, la Agropecuaria Sovikajumi, llegó a poseer 18 haciendas en la región de Avaré con el cultivo de naranja. En el 2004, recibió el título de ciudadano avareense (revocado después de las denuncias). Es suegro de José Luiz Cutrale, uno de los más grandes exportadores de jugo de naranja del mundo, usurpador de tierras públicas de la Unión en la región de Iaras, Agudos y Borebi, en el interior de la provincia de São Paulo, como denunciado por el MST desde el 2009.

La hacienda ocupada por el MST en la mañana de este sábado (25), que ya fue investigada por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado de Bauru (GAECO), supuestamente pertenece hoy a la JF Citrus, empresa del sector citrícola con sede en Bebedouro. Pero la propiedad del inmueble es controvertida, como demuestran los inúmeros procesos laborales y de fraude fiscal, en el municipio de Avaré, que interrelacionan las empresas. Hay también las sospechas del Ministerio Público Estadual (MPE) sobre un repase de R$ 5,2 millones hecho por una empresa productora de frutas de Bebedouro, para la empresa Agropecuaria Colamar, de propiedad de la esposa del violador y ex Procuradora Federal, Larissa Maria Sacco Abdelmassih.

Valiéndose de su prestigio junto a personalidades como Hebe Camargo y Gugu Liberato, el ex médico organizó un red de poderosos – investigada por la Policía Federal y divulgada ampliamente por la prensa – para costear su fuga de tres años y medio en diversos lugares de Brasil, Europa y Paraguay, donde llevó una vida de lujo al lado de sus hijos y esposa. Segundo investigaciones del MPE, la red que ha encubierto el violador involucró la empresa de su esposa, la Agropecuaria Colamar, préstamos bancarios hechos por Ruy Marco Antônio, ex director do Hospital São Luiz y entrega de dinero en especies hecha por colaboradores de Jaboticabal y Avaré.

Desde octubre, el violador ruralista cumple prisión domiciliar en la capital de São Paulo, en su lujoso apartamento, después de haber sido beneficiado de una decisión del Supremo Tribunal Federal, con la alegación de problemas de salud. En la práctica, él se quedó solamente alrededor de 3 años y 4 meses en régimen cerrado. Desde las primeras denuncias, en el 2008, las mujeres víctimas se organizaron y fueron fundamentales en el proceso de investigación y hasta hoy luchan en la justicia por indemnizaciones y otros derechos.

Las mujeres Sin Tierra siguen en la lucha por el derecho a la tierra y por una política de Reforma Agraria; contra el machismo y la violencia contra las mujeres y LGBT’s; y contra la cultura de violación incentivada por acciones del Estado como en el caso de PEC 181, que abre brechas para retrocesos en el derecho garantizado en casos de violación, riesgos a la vida de las mujeres y mala formación del cerebro del feto, en vigencia en el país.

Lograda la denuncia, las mujeres desocuparon el área reafirmando su compromiso en seguir luchando contra el sistema capitalista patriarcal que las oprime.

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Reina Maraz pudo relatar su historia y contar su verdad para la revisión de la sentencia que la condenó a una pena perpetua. Tras la respuesta favorable para su libertad visitamos a Reina junto a feministas latinoamericanas que se acercaron a compartir la mañana del viernes #25N con ella.

Es 25 de noviembre y, como todos los años en Nuestra América, las mujeres volvíamos a salir a las calles contra todo tipo de violencias machistas. Si se pudieran enumerar las múltiples formas de opresión patriarcal que las mujeres e identidades diversas sufren, posiblemente tendíamos una interminable lista.

Sin embargo, como anticipamos, esta violencia no se expresa de la misma manera en todas las mujeres, se trata de un sistema que, en complicidad con el capitalismo y el colonialismo, se ensaña en la opresión de algunos cuerpos y vidas, y en ellas la historia de Reina Maraz. Por eso su historia se nos vuelve a presentar como urgente a la hora de pensar las múltiples violencias hacia las mujeres y ante un día de tanto valor para nosotras volvemos a visitar a Reina y a dialogar con sus compañeras para seguir afirmando nuestro compromiso con su libertad.

Creemos en su inocencia, la libertad esta cerca

El pasado martes se realizó en los Tribunales de Casación Penal en La Plata, la primera audiencia en la que Reina Maraz pudo relatar -en su lengua y junto a su traductora y su alfabetizadora- su historia y contar su verdad para la revisión de la sentencia a perpetua que la condenó en octubre de 2014, luego de seis años de injusticia e impunidad.

Reina Maraz, mujer migrante y quechua parlante condenada sin haber tenido el derecho a la defensa sintió más cercana la tan ansiada libertad.

Si bien su historia es un ejemplo claro de violencia institucional que, inclusive ese mismo día se volvió a expresar ante la demora del Monitoreo del Sistema Penitenciario que pudo haber interrumpido la instancia. Gracias al accionar comprometido de la Comisión Provincial por la Memoria junto a la Campaña Contra las Violencias, quienes acompañan a Reina desde que se tuvo conocimiento de su historia y volvieron a soliticitar la revisión de la causa, se realizó la primer audiencia en la que Reina se pudo contar su historia en la Sala 6 del Tribunal de Casación de La Plata.

Ese martes, las compañeras del feminismo popular organizado y hermanas bolivianas le desearon suerte y la acompañaron desde temprano en las puertas del Tribunal ya que sabían se trataba de una instancia decisiva previa a la resolución de los jueces que se encuentran revisando su condena. La defensa pidió la absolución de Reina, mientras que la fiscalía atenuó el “delito” a la figura de “homicidio simple” reconociendo que la misma había sido victima de violencia emocional, psicológica y física. Se calcula que hacia fin de año el Tribunal tomará la decisión.

Esta instancia para las organizaciones que acompañan a Reina sin embargo ya es un triunfo parcial de la lucha y así lo celebraron. Ya que, se reconoce por un lado las violencias que sufrió Reina por ser mujer como atenuante desde la fiscalía y se trata de un panorama que en sus peores consecuencias otorgará la libertad condicionada. Sin embargo quedará trecho por caminar junto a ella una vez libre, el reconocimiento de las violencias institucionales que tuvo que atravesar a lo largo de estos seis años.

“Reina no está sola, está organizada”

“Salimos muy temprano desde nuestros barrios para darle fuerza, era el sentimiento que queríamos que sintiera” cuenta Carla, integrante de la Asamblea de Mujeres de la Fob Lucha y Libertad de Lugano, y ante la desprolijidad intencional del monitoreo manifiesta “como siempre sucede con ella, la violencia volvió a ser parte de su historia”. “Sin embargo nosotras aguantamos esperando -explica-, estábamos convencidas que había que esperarla y acompañarla hasta la hora que sea, la espera nos lleno de rabia pero también de espectativas”.

Por su parte, Patricia del Pino del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, quien acompaña a Reina en su proceso de alfabetización desde principios de año expresó, “tenia que llegar a las 10 a Tribunales, como es habitual no la fueron a buscar como lo hicieron en otras oportunidades con sus turnos médicos”. En ese contexto, Patricia –quien acompañaría a Reina junto a su traductora-, relató “llega a las 13.30 con un remis donde las compañeras la esperaban fue un recibimiento masivo de mujeres, al llegar había algunas cámaras y ella decide hablar, se muestra muy segura y expresa ´hoy voy a hablar porque sé que no estoy sola´”. De esta forma, Reina ingresó por las escaleras principales del Tribunal con un ramo de rosas -para la buena suerte- que sus compañeras le entregaron.

“Si no la liberan ya, que quilombo se va a armar, le cortamos las calles y el piquete se va a armar”, gritaban las hermanas bolivianas organizadas en la Asamblea de Mujeres en las veredas de los Tribunales de La Plata. “Creemos en su inocencia, la libertad está cerca, pero es ahora cuando no hay que aflojar”, relató convencida Carla luego de haber compartido un día junto a sus compañeras y recalcó, “que ella pueda ahora denunciar todas las violencias que sufrió también es importante”.

Patricia logró entrar a la audiencia junto a Reina luego de haber compartido meses de talleres de alfabetización en su casa junto a su hija Abigail. “Era una sala muy pequeña donde muy pocas pudimos entrar”, explicó Del Pino, “ella saluda y pide conocer a los jueces, allí el defensor le pide que hable de su vida en Bolivia, de su pueblito”. Se trataba de la primera vez en la que Reina podría expresar su verdad en su lengua, y muy tranquila y segura “cuenta que a los 14 años conoce a Limber quien sería su marido”, “y que se casa con él a los 16 pero que no se vieron mucho durante esos dos años por las distancias, ella queda embarazada, tiene su bebé y a los cinco meses vuelve a quedar embarazada este último nace enfermo ya que ella durante ese embarazo recibe varios golpes y entre ellos uno muy fuerte, él viaja a Buenos Aires y a los dos años vuelve con la idea de llevársela con él mientras tenía 18”.

Por su parte la defensa manifestó que la intención era que Reina sea escuchada y mirada por lo que celebró que este primer objetivo se cumpliera, “cuando salimos la esperaban con canciones y papelitos” contó emocionada Del Pino, “y luego la despiden con una cueca boliviana”. Si bien “sigue siendo la justicia tan patriarcal y racista la que la juzga vimos la fortaleza que tenemos las mujeres cuando nos juntamos, había tanta alegría en esas mujeres”, y explicó “quienes la conocemos y la vemos cotidianamente con su cara triste la encontramos con un rostro iluminado y fuerte, seguro”.

Reina sin fronteras

Nos recibió en su casa, otra vez los colectivos y las largas cuadras caminadas nos demostraron la hostilidad de la vida en las barriadas del conurbano bonaerense. Acompañadas por hermanas de distintos rincones de Nuestra América el 25 de noviembre nos acercamos convencidas que era allí donde teníamos que estar. La historia de Reina Maraz interpela a toda mujer sin importar fronteras. Por eso, una vez conocida, las feministas Mar Daza del Programa de Transformación Global de Perú, Eliana Quiñonez del Colectivo Imillas de Bolivia, Lorena Cabnal de la Red de Sanadoras de Guatemala y Nadia López de Conamuri de Paraguay tejieron con ella su sororidad.

Una vez allí, Lorena Cabnal feminista comunitaria quien junto a otras compañeras crearon la Red de Sanadoras para acompañar, sanar y proteger a las mujeres que se encuentran en defensa de sus territorios en Centroamérica le propuso a Reina una sanación que ella aceptó. Mientras se dialogaba, aceites y velas comenzaron a circular en la ronda, donde Abigail, la niña de Reina, miraba asombrada ante las visitas no habituales.

Reina está contenta, sabe que la libertad está más cerca; sin embargo nos explica que no se quiere anticipar “hasta que no haya claridad en la resolución que tomen en el Tribunal no se quiere emocionar”, explicó Jilma de la Asamblea de Mujeres de la Fob quien, desde hace dos años visita, traduce y acompaña a Reina. “Ella dice que ´no se va a olvidar nunca de aquel día en el que la encontraron, si no hubiera sido por esas mujeres -haciendo alusión a las integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria- yo seguiría sola”.

Si bien no se quiere ilusionar, Reina se imagina en poco tiempo junto a sus dos niños, acción que añora desde que se encuentra privada de su libertad. “Ella quiere volver a su pueblo”, nos contó Jilma, quién se entristece un poco al traducirla, “sin embargo dice que no tiene ni una camita para poder quedarse por eso por ahora sólo se imagina yendo a verlos” contó.

Rápidamente Eliana, feminista boliviana, pidió traducción -paradójicamente no habla el quechua y se sorprende que las hermanas bolivianas en Argentina lo utilicen para su resistencia cultural-, y le dijo “ya no estarás sola ni aquí ni allí, si tus deseos son estar en tu tierra nosotras te estaremos esperando, con la camita, la piecita y lo que sea necesario para que comiences tu vida allí”, y Reina asintió agradecida.

Para finalizar, Lorena nos propuso un compromiso a las allí presentes y comparte aquellas velas con las que sanó a Reina y explicó, “a la hora que sea la próxima audiencia en Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina, Guatemala e inclusive otros territorios nos vamos a convocar para enviar nuestra fuerza a la hermana Reina, allí en Guatemala con la Red de Sanadoras tenemos fuego ceremonial donde llevaré una”.

Y con la certeza de que hasta la libertad y felicidad de Reina -y de todas- la lucha va a continuar una mirada cómplice donde no se necesitaron traducciones ni explicaciones nos encontró. Reina ahora lo sabe y lo dice: no estamos solas.

Leé el especial: Munani Justiciata Reina Maraz

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