Por Ignacio Marchini y Camila Parodi para Fundación Rosa Luxemburgo

¿Qué importancia le das al primer Foro Agrario Nacional de la Argentina?

Es muy importante porque es la primera vez que se hace un encuentro unitario. Hay un esfuerzo muy grande de hablar y dejar de lado las diferencias para enfrentar al neoliberalismo. La situación acá es muy grave, de total despojo y desprotección. Hoy, por ejemplo, dijeron que este es el país más urbano del mundo, con 8% de población agropecuaria. Por eso me parece importante este Foro, con muchas organizaciones, universidades y consumidores presentes. Es importante también para Brasil porque da la esperanza de un intercambio internacional, de solidaridad. Brasil hoy en día vive una gravísima crisis.

¿Cuál es la situación de Brasil?

El caso brasileño está ante una profundización del neoliberalismo, producto de la nueva ola conservadora de toda la región. Muchas conquistas de años anteriores están siendo desmontadas. Hay un riesgo muy grande sobre la democracia, hay varias medidas de persecución y criminalización de los movimientos sociales, de los maestros e incluso también la interrupción de la participación social. La Constitución brasileña de 1988 garantizó las formas de participación directa como los Consejos pero ahora están directamente extintos. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria fue el primero en ser disuelto mediante un decreto del 1ero de enero. Fue lo primero que hizo Jair Bolsonaro.

¿Por qué te parece que fue la primera medida que tomó?

Es muy simbólico porque el programa “Hambre Cero” de Lula tuvo una repercusión muy grande en Brasil y en el mundo. Es una medida política grave y de mucho contenido simbólico. Generó una desestructuración muy fuerte de lo poco que había de políticas para los pueblos indígenas y también para la regulación de las tierras. Concentraron el poder en el Ministerio de Agricultura, que es el Ministerio del Agronegocio.

¿Por qué te parece que se ataca a la soberanía alimentaria y cuál es su vínculo con la autodeterminación de los pueblos?

Sin soberanía alimentaria no hay autodeterminación de los pueblos. El alimento es básico para la vida. En Brasil consideramos muy importante que conseguimos incluir en la Constitución brasileña el derecho humano a la alimentación, que no antes estaba. Está en el mismo artículo que habla del derecho a la vivienda y al trabajo. Tuvimos conquistas en Brasil pero estamos aún muy lejos de la soberanía alimentaria cuando el pueblo no puede decidir qué producir, cuando el pueblo no tiene sus semillas, cuando el modelo agrícola está basado en la exportación de commodities.

En Brasil tenemos una reducción del consumo de varios alimentos básicos. Eso no es soberanía. Hay crecimiento del consumo de los alimentos ultra procesados como las gaseosas, las galletitas, alimentos semi listos, etc. Hay que enfatizar la defensa de la calidad de la comida. Teníamos un lema que era «comida de verdad, en el campo y la ciudad». Elegimos ese lema para llamar la atención sobre las culturas alimentarias, la calidad de la comida y el derecho al gusto.

Hoy en día estamos volviendo al mapa del hambre, que lo habíamos superado con los programas de transferencia de rentas y el apoyo a la agricultura familiar, también con la política de valorización del salario mínimo y del crecimiento del empleo. Ahora todo marcha para atrás, también crecen los índices de obesidad y sobrepeso, eso es muy grave. No hay soberanía alimentaria con hambre, no hay soberanía alimentaria con obesidad y no hay soberanía alimentaria con el alimento contaminado.

¿Qué implica la soberanía alimentaria?

En Brasil tenemos el debate de que hay que tratar todos los puntos, desde la producción hasta el consumo. Incluso la ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional habla tanto del acceso al alimento como de la calidad del acceso a la salud. Es muy importante. Hay, yo creo, una conciencia creciente en Brasil sobre la relación entre alimentación y salud y es muy importante. Pero las empresas, la industria alimenticia, las compañías que producen suplementos se aprovechan de esto. Hay que tener mucho cuidado porque hay una tendencia a la medicalización de la alimentación.

¿En qué sentido?

En el sentido de que dicen que hay que ponerle toda la atención a los nutrientes, como si fuera una mera suma, o la sustitución del alimento por alimentos sintéticos, hechos en laboratorios. Son varios problemas que convergen en la contra corriente de la Soberanía Alimentaria. Todavía no conseguimos una regulación de los alimentos, por ejemplo, y eso es muy grave, sobre todo para los niños. La publicidad en Brasil en la TV, la radio, asocia el producto ultra procesado con un premio. Crean la ilusión de que con comer ese producto vas a conseguir un beneficio.

¿Cuáles son las diferencias más importantes entre la agroecología y el agronegocio?

Lo primero es que la agroecología busca garantizar la tierra para quien la trabaja. Esta es una premisa básica, hay que reconocer a todos los sujetos de derecho, a todas las formas de campesinado. Hay pueblo originarios, hay afrodescendientes, inmigrantes. Es muy diverso el campesinado y cada expresión tiene sus propias formas de uso de la tierra. En Brasil decimos que hay una lucha anticapitalista en busca de garantizar los Bienes Comunes.

Por eso es que estamos muy preocupados con la posibilidad del cambio del sistema nacional de unidad de conservación ambiental, porque en Brasil ese sistema incluye el uso colectivo de la tierra, en una propuesta surgidas de los recolectores de caucho. Chico Mendes fue asesinado por eso. Otros quieren crear parques u otras formas de preservación ambiental donde no haya personas, de «protección integral». Es una nueva forma de apropiación capitalista de la tierra que quieren disfrazar de servicio ambiental.

Otra forma de apropiación es mediante las mal llamadas «emancipaciones» de los asentamientos, es decir, atribuir un título individual de tenencia de la tierra, de tal forma que el campesino con dificultades pueda vender su tierra. Los presionan a vender, a privatizar su tierra y romper con los asentamientos colectivos. Cuando están organizados no pasa pero en muchos casos de campesinados desorganizados hay una presión muy grande para que liberen la tierra para el mercado.

¿Hay experiencias exitosas en Brasil de agroecología?

Hay muchas, en todos los biomas. El año pasado hicimos un encuentro de dos mil personas de todo el país, de pueblos indígenas, en una plaza pública. Esa es nuestra estrategia, hay que ocupar las calles. Tuvimos varias iniciativas, como las construcciones alternativas, el aprovechamiento de los alimentos, sin desperdicio. Se debatió mucho, desde una perspectiva agroecológica. Así es la metodología de la articulación nacional de agroecología. Siempre partimos de las experiencias de cada lugar en particular. En vez de hacer un debate general, partimos de la práctica y después debatimos.

Después de ese encuentro hubo un banquete público, para que todas las personas en la plaza pudieran ver que es posible una alimentación sana. Hay cada vez más ferias agroecológicas, que llegaron incluso hasta las universidades. Hay un programa muy importante que es la creación de núcleos de encuestas y estudios sobre agroecología en los institutos universitarios. Permitió una articulación del movimiento con la universidad. Varias casas de altos estudios tienen hoy en día lugares para las ferias.

¿El Estado acompaña estas experiencias?

Hay muchas contradicciones. Hay municipalidades que incluso estimulan las ferias agroecológicas. Pero también hay situaciones, como en el sur de Brasil, donde se concentran grandes empresas de embutidos y fiambres que abogan por la criminalización de las ferias y los pequeños productores. Por eso seguimos luchando por una ley que contemple la especificidad de la producción artesanal. Tuvimos una pequeña victoria. Hay una norma que reconoce cierto nivel de producción artesanal pero es confusa. Cada alimento al que se le agrega valor va a un lugar de la administración pública. Los jugos, por ejemplo, van a un ministerio. Los embutidos van a otro. Entonces no tenés todos los productos en todos lados. Además, para conseguir la certificación es muy difícil.

Con la comercialización directa casi no hay problema. Pero para incluir un alimento agroecológico en el menú de la escuela, por ejemplo, hay barreras. En algunas municipalidades lo lográs pero hay trabas. Es muy grave porque hay escuelas que sirven un paquete de jugo en polvo como comida. Por eso es importante que tengamos la Ley de Alimentación Escolar que garantiza, por lo menos, la compra del 30% de los alimentos para las escuelas a las ferias agroecológicas. Esto fue una conquista durante el gobierno de Lula.

Estos productos tienen aún más problemas para llegar a las góndolas de los supermercados ¿Por qué sucede eso?

Por el interés de las empresas. Para que tengan una idea, en Brasil tenemos un guía alimentaria de la población brasileña que fue hecha por el Ministerio de la Salud en 2012, 2013. Fue un problema el lanzamiento, durante el gobierno de Dilma. Las empresas presionaron para que no se hiciera. ¿Por qué? Un nutricionista de Brasil, Carlos Monteiro, estuvo acá en un Congreso Internacional en Argentina donde habló sobre la clasificación vigente de alimentos naturales, semiprocesados, ultra procesados. Dijo que no tenía nada de científico esa clasificación. Las empresas no quieren rótulos nutricionales, no quieren regulaciones sobre la publicidad, quieren todo el poder. Hablar de soberanía alimentaria es luchar contra las empresas alimentarias, el agronegocio y la minería.

Y las empresas se apropian de ese discurso que ustedes defienden, ¿no? Usando conceptos como “producto agroecológico” o “producción orgánica”…

Sí, y nosotros diferenciamos entre producción orgánica y agroecológica. El principio de diversidad es básico para la agroecología: diversidad de semillas, de formas de organización, de producción. Lo orgánico puede ser un monocultivo de soja.

¿Cómo se vincula la lucha de los pueblos originarios y los movimientos feministas con la agroecología?

La Constitución brasileña ha garantizado la titulación de tierra para los pueblos indígenas. Hemos tenido algunas conquistas desde 1988. Ahora el presidente (Bolsonaro) dijo que no va a titular ni siquiera un metro de estas tierras. El pueblo afrodescendiente, los quilombolas, tienen tierras bajo su dominio, exigen su reconocimiento por parte del Estado. En el sur de Brasil el agronegocio tiene mucha fuerza.

La visibilidad de la lucha de las mujeres es muy importante. Las mujeres acá en Argentina están muy determinadas, muy firmes. Las políticas públicas tienen que estar atravesadas por la perspectiva de género. La mitad de las tierras tendrían que pertenecer a las mujeres.

¿Qué tendría que contemplar un programa agrario nacional?

En Argentina hay que pensar cómo hacer una vuelta al campo. Yo creo que es posible. Hay que frenar el proceso de urbanización pero necesitamos mucho compromiso de los habitantes de la ciudad, los consumidores y los trabajadores, articulados detrás del eje del derecho a la tierra. Es un triángulo fundamental: el derecho a la tierra, la soberanía alimentaria y el cambio de modelo productivo. Hay que convencer a la sociedad de que históricamente tenemos una gran variedad de alimentos que viene de la domesticación de plantas y el manejo de semillas. No podemos abdicar al derecho a una comida de calidad y variada.

Después tenemos que entender que el mercado interno es fundamental para la soberanía alimentaria, para la soberanía del pueblo, sino caminamos hacia un ecocidio. La salud y el medio ambiente es un puente interesante que puede atraer la atención de la gente de la ciudad, hay una concientización cada vez mayor sobre estas problemáticas.

El consumidor tiene que comprometerse directamente con quien produce. Hay que valorizar no sólo el alimento sino también a quien produce. Por eso hay que intentar llevar a la gente de la ciudad al campo, es una lucha simbólica por la conciencia de la gente sobre el modelo productivo.

¿Cuál debiera ser el rol del Estado en este proceso?

Yo creo que hay que presionar al Estado pero hay que combinar esa presión con iniciativas autogestivas que vengan de la población que no necesariamente se articulen con el Estado. Hay que sobrepasarlo, por eso siempre resalto la lucha por los bienes comunes que no le pertenecen al Estado sino a la comunidad. Hay que dialogar entre la sociedad y el productor para que se apoyen mutuamente.

El Estado sí se tiene que comprometer a que no haya hambre, es una cuestión de un derecho humano fundamental. No puede ser que el Estado haga todo para el agronegocio y no para el pueblo.

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Por Vivian Palmbaum | Fotos de Camila Parodi

El 7 de mayo se inauguró el 1º Foro Nacional Agrario en la CABA, donde confluyeron miles de pequeños campesinos y campesinas para reunirse, debatir y consensuar propuestas hacia la elaboración de un Programa Agrario Soberano y Popular que integre las políticas públicas que tendrían que llevar adelante quienes tomen la responsabilidad de conducir al país.

El Foro sesionó durante dos días en las instalaciones del club Ferrocarril Oeste de la CABA. Hasta allí llegaron trabajadores y trabajadoras campesinas con las organizaciones que los nuclean en distintos puntos del país. Se calcula que acudieron unas 3000 personas provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Mendoza, Misiones, Entre Rios, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, junto a delegados y delegadas de organizaciones de Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia. Al finalizar el día integraron el Panel Internacional sobre Políticas Públicas Agrarias Soberanas y Populares.

También estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras agremiadas en ATE, CONICET e INTA que son las y los técnicos que trabajan desde el Estado con el sector, junto a estudiantes y profesionales de universidades nacionales y provinciales, “en unidad para hablarle a la clase política” como destacó Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) al inicio de la jornada. Nahuel Levaggi, también de la UTT, destacó “la urgente necesidad de la reforma agraria que construya la soberanía alimentaria, que garantice alimentos sanos a precios justos para el pueblo trabajador”.

Con las palabras de las y los trabajadores de la tierra se inauguró el Foro. “Nosotros y nosotras, que trabajamos en el sol, la lluvia y el barro con nuestros hijos, necesitamos cambiar el modelo de producción para no envenenarnos, necesitamos políticas públicas para nuestros sector, necesitamos tierra, trabajo y cambio social”, expresó Zulma, trabajadora de la UTT del cinturón hortícola de La Plata. Pablo Solano, de la Dirección Campesina, también refirió  que “un campesino sin tierra no es nada, que les quede claro a los políticos que los campesinos y campesinas estamos levantando la cabeza y somos miles”.

Durante los dos días trabajaron 23 comisiones para elaborar las propuestas que integren el Programa Agrario.

Salud. Diagnóstico: catástrofe

Cientos de relatos se escucharon durante más de cuatro horas que duró el intercambio en la comisión de salud. Ponerle palabras y compartir el estado de situación en cada uno de los territorios que recorren nuestro país. La Lic. Miriam Gorbam, titular de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, fue quien coordinó el espacio.

Se trabajó a partir de un documento disparador  que comienza: “Entendemos a la salud como un derecho universal, una conquista social e histórica de la comunidad y una responsabilidad indelegable del Estado”.

Más de cien personas participaron en la comisión para elaborar las propuestas a partir de un diagnóstico de la situación en los diversos territorios. Áreas rurales más ligadas con su producción y otras más ligadas al consumo en las ciudades, otras que se autoabastecen, las problemáticas de los pueblos originarios, el espacio urbano y en el medio un amplio arco de situaciones.

Falta de agua o agua contaminada, porque las napas se mezclan con los desechos cloacales o porque están afectadas por las derivas de los agrotóxicos. Sin condiciones mínimas para vivir. Contaminación del aire por las fumigaciones que no respetan la presencia ni de las y los niños. Situaciones de hambre que en las regiones rurales se está resolviendo con la caza y la pesca, mientras que en las áreas urbanas no está garantizada la alimentación mínima de subsistencia. Poblaciones originarias que por el corrimiento de la frontera agraria, por el monocultivo sojero, quedan expulsados de sus territorios y padecen situaciones de desnutrición severa y muerte, como las poblaciones wichis.

Un modelo de producción que promueve el envenenamiento masivo hasta en las ciudades. Así lo vienen evaluando desde la Campaña Mala Sangre, donde se descubrió hasta Endosulfan, prohibido en el mundo desde hace más de 15 años o en la Campaña Mala Leche que detectó que el 50% de las madres de la Maternidad Sardá tenía la leche materna contaminada con agrotóxicos, en plena Ciudad de Buenos Aires.

En distintas regiones del país coincidieron en evaluar la desintegración del sistema de salud. Se han cerrado las salitas de salud en distintas regiones y ya no hay profesionales para atender las necesidades básicas de asistencia. A ello se suma una creciente dificultad de transporte que además obstaculiza la llegada a los centros de salud urbanos a lo que las poblaciones responden con el resurgimiento de las curanderas, remedios caseros y prácticas populares para paliar las dificultades, lo que vuelve muy vulnerable a la población. A esto se suma el inalcanzable valor de los remedios y la falta de entrega en los centros asistenciales. Dificultades de acceso a la salud de poblaciones originarias que no manejan el idioma castellano.

Experiencias en otros lados del país coincidieron en denunciar las fumigaciones aéreas nocturnas que realizan las corporaciones y empresarios ligados al Agronegocio, para burlar las prohibiciones de fumigar. Los casos de cáncer, malformaciones, afecciones de la piel se multiplican entre otras patologías ligadas a un modelo basado en el extractivismo.

Se habló también de las dificultades crecientes que encuentra la producción popular, ligadas a la distribución de alimentos y a las barreras que imponen para no permitir vincular a productores y consumidores, porque está monopolizado por las corporaciones que manejan los consumos, los precios y su disponibilidad. En la base se encuentra el monocultivo que es la madre de casi todos los males.

“No es lo mismo llenarse el estomago que comer” dijo una de las participantes para dar cuenta de la falta de información que tenemos respecto al consumo de alimentos, del cambio cultural que imponen estos modos de producción desligados de la tierra y que además pone en evidencia, por ejemplo, que las y los campesinos no consumen lo que producen y está ligado a fenómenos de desnutrición, obesidad y otras patologías.

Muchas otras situaciones también fueron parte de estos relatos, que llevaban implícita la pregunta “¿Qué es la salud?”, que parece estar ligada a muchas cuestiones heterogéneas como  las particularidades de cada región y de cada población.

Salud y soberanía alimentaria

“Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria se alcanza cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. En Argentina, a pesar de existir disponibilidad y estabilidad de los alimentos, el acceso es inequitativo”.

La soberanía alimentaria es el paradigma que han sabido construir las y los campesinos de distintos lugares del  mundo. La base de una buena salud es la alimentación sana, segura y saludable.  Depende de muchos factores para que se pueda alcanzar: no solamente del modelo productivo, sino que está asociada al acceso a la tierra, la educación, la salud, las condiciones de vida, el trabajo, la relación con la tierra.  Ulises, del Encuentro Nacional de Pueblos Originarios y perteneciente a la comunidad diaguita Las Pailas, reflejó con precisión que “para nosotros sin territorio no hay salud, porque el territorio incluye el aire, el fuego, el agua y el equilibrio que nos dan la energía necesaria para poder producir un alimento sano”.

“Nosotros siempre decimos si no hay tierra no hay educación, no hay salud, no hay nada”, dijo una delegada del Mocase de Santiago del Estero, mientras contaba el trabajo que vienen haciendo para no perder la medicina ancestral. Además tienen un banco de semillas  y trabajan en la educación en las escuelas con el tema de la agroecología. Al mismo tiempo vienen trabajando en la recuperación de adictos.

El fantasma de una ley de semillas sobrevuela al Congreso Nacional, impulsada por las corporaciones que quieren ejercer el control total de lo que se produce, cómo se produce y por tanto cómo nos alimentamos, dejando proscriptas las semillas originarias. El monopolio Bayer-Monsanto, que impone condiciones de derechos de propiedad intelectual sobre el desarrollo de las semillas, deja prácticamente proscriptas las semillas originarias.

Propuestas

Para finalizar se consensuaron algunas propuestas que debieran integrar el Programa, algunas de manera urgente y otras de mediano plazo. Entre las más destacadas se mencionaron:

• Eliminación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y sustitución por el sistema universal y gratuito de salud, con enfoque de género y multicultural.
• Declarar la emergencia alimentaria, sanitaria y ambiental.
• Regulación de la compra estatal que priorice como proveedores a los productores y productoras de la economía popular.
• Promover cambios en la educación, con programas de huertas escolares.
• Promoción e integración de los saberes ancestrales.

Al ritmo de estas coincidencias fue surgiendo que en una situación de tal catástrofe parece bastante difícil decidir qué medidas son más urgentes para proponer.  Como una calamidad parecen extenderse las problemáticas que en muchos lugares no son nuevas, pero se han profundizado con las actuales políticas públicas que han avanzado en la quita de derechos básicos para la continuidad de la vida. La respuesta, tal como lo demostró el Foro, parece venir del diálogo y de compartir saberes que permitan una gestión de conjunto.

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