Por Silvana Melo * | Foto: Susi Maresca

Una constitución refaccionada para disfrute del sistema político, que votó –sin oficialismos ni oposiciones- el avance sobre los territorios para regalar el commodity litio al mundo desarrollado. Que busca enverdecer su energía con autos a batería, a costa de la colonización –una vez más- de tres países de la América Latina oculta en los pies del mundo. Una criminalización de la protesta de hecho y de derecho y una pauperización salarial disciplinadora son el contexto de época en que crecen, viven y temen los niños y adolescentes en Jujuy. Una provincia atravesada por el extractivismo feroz, como gran parte de la geografía del país. Del que dependen las divisas que se esperan desesperadamente. A pesar de jugarse el futuro, en las entrañas de la tierra y en los niños y las niñas de este tiempo.

Mara Martínez tiene una biblioteca popular y un espacio de alimentación integral –del cuerpo y el alma- para los chicos y las chicas de un asentamiento a diez minutos del centro de San Salvador de Jujuy. Ella, un reservorio de lucha, ha visto pasar a infancias y adulteces envueltas en la resignación y el acostumbramiento a la pobreza. Curtidos en el sufrimiento.

El piberío jujeño, cansado del fracaso de ser sujeto de derecho –cuando los derechos casi nunca se convierten en realidad tangible- va levantando la cabeza de la serenidad de la puna. En la punta de un cerro protestan  desde una escuela. No son más que diez, dice Mara. Pero que despiertan. Han salido a los caminos.

“Recién nos vamos a enterar en un tiempo cómo decanta todo esto en ellos”, piensa Mara. “Jujuy es tierra de saqueos; nosotros venimos desde hace años denunciando una situación que recae sobre los pibes y las pibas”. La militante social habla de “la falta de acceso a la educación, a la salud, al entretenimiento”. Para ella,  “un objetivo claro de toda esta represión son los pibes, los jóvenes, los adolescentes; hay un ensañamiento. Son sus enemigos los chicos y los jóvenes”. Se trata de evitar el nacimiento de sujetos políticos, constructores colectivos de un camino nuevo.

“Quieren que las generaciones que vengan sean sumisas, calladas, completamente dormidas”. Mara trabaja desde hace veinte años en los barrios con niños y adolescentes. “A partir de la situación particular de Jujuy, dentro de la biblioteca tenemos comedor y merienda, aunque hace unos ocho años no recibimos recursos de la provincia ni del municipio. En la provincia no se aporta al futuro de los niños”.  

En esta lucha, dice Mara, “los chicos están mirando y hay adolescentes que por primera vez se han animado a participar desde la discusión. Han salido a expresarse, han hecho permanencia en las escuelas; tenemos también chicos cuyos padres han sido perseguidos y encarcelados. Y se está despertando otra conciencia”

Pobreza, situación alimentaria grave, un 44 por ciento de los chicos jujeños malnutridos, carencia de calidad en la salud, en la educación, falta de libros, cine, deportes. Y Mara sigue enumerando. “Se van acostumbrando a no exigir. Si podés comer un plato de fideos apenas con aceite, ya está, ya comiste. Y es suficiente. Pero no es así, perdemos calidad de vida, dignidad de vida” y un crecimiento infantil con déficit de nutrientes y menos herramientas para enfrentar un futuro  que se promete hostil. “Todo es apenas para sobrevivir. Lo de los sueldos docentes no es chiste. En el municipio hay gente que cobra con un Potenciar Trabajo, es una locura. Pero todo se naturaliza. La gente agradece tener esos cuarenta mil pesos, con una changa suma otros cuarenta mil más y todos agradecen tener sueldos de alrededor de 100 mil pesos”.

Mara asegura que “no es que hemos sido mansos y de pronto nos volvemos locos y salimos a la calle”, sino que “Jujuy es una tierra maravillosa, con gente muy pacífica que siempre ha optado por la paz. Por eso me molesta que ahora seamos los violentos. Es un pueblo aguerrido, que tiene una historia de lucha muy fuerte”. Entonces saca las cartas de esa historia: “Jujuy ha sido partícipe de las guerras de la independencia y esto lo llevamos todos en nuestro chip. Un pueblo al que no le gusta la violencia también tiene un límite”.

Hoy están en la calle, siguen estando en la calle a pesar de que otra vez pasaron a ser noticia dentro de su territorio y nada más. “Hace rato que hemos visto cosas tremendas, que las hemos denunciado pero a nadie le importó”. Y recuerda el episodio en su asentamiento, Campo Verde donde “nos sitió la policía, nos mandaron 600 efectivos con caballos, nos pegaron a todos. Simplemente porque queríamos un espacio central del barrio para una cancha: las casitas son muy chiquitas y la mayoría no tienen patio”. La memoria es tremenda: “me suspendieron del trabajo por denunciarlos, nos encerraron en la cancha. Fue terrible”. Es decir que “hace tiempo que hay represión en comunidades, organizaciones. Todo se venía cocinando en Jujuy”.

Pero acaso el litio, el oro blanco en las sales de los territorios que expulsa a las comunidades, que irrumpe en la constitución para legitimar el saqueo, haya sido la chispa para esta hoguera que no se apaga. “Acá vemos cómo bajan el litio y se lo llevan. Y la gente de los barrios cae en los hospitales públicos y que dios los ayude. De los grandes logros con el litio, no vemos un peso y las comunidades ven el avance sobre sus territorios, sobre el agua, que es lo único que tienen”. Pero ahora la gente sola de la puna, “la que vive con un animalito”, se ha empezado a reunir. “Nosotros somos mucho de asambleas. En el norte se convoca a asamblea y vienen de distintos parajes y discuten. Algunos vienen caminando kilómetros hasta llegar”. Y van con sus crías, que van creciendo en la discusión y en la lucha.

“No es que de la noche a la mañana enloquecimos y salimos a los golpes”, dice Mara. “No. Nosotros venimos con una lucha desde hace muchos años para denunciar el saqueo. Y no es una disputa local, es un saqueo feroz hacia todo el país”

El ojo que perdió Misael por una bala policial se volvió una bandera de lucha. Tiene 17 años y estudia en un bachillerato de Purmamarca. Su ojo –y los que otros también perdieron- son el símbolo de lo que hay que visibilizar a pesar de todo. Mara recuerda también la muerte de Matías Puca, un chico carrocero atropellado en un episodio en el que se habla de la implicancia de hijos del  poder. Ahora la imagen de Matías “es también un emblema de esta lucha”.

San Salvador de Jujuy es una “Tacita de Plata”. Rodeada por cerros siempre verdes y contorneada por dos ríos: el Xibi-Xibi y el Grande. Detrás de la brillante belleza natural los niños y las niñas soportan la intimidación y el embate de un estado que sólo los ve cuando se vuelven amenaza. Cuando son capaces de comprender y decidir.

Este mismo mes la Defensoría del Niño denunció malos tratos a dos adolescentes y una niña de 6 años cuando allanaron una casa en medio de las protestas. Dieciséis policías y ocho más vestidos de civil rompieron la puerta y ordenaron a todos que se tiraran al piso. Mientras, la nena lloraba y rogaba que no le dispararan.

Esa policía de ese gobernador que intenta ser vicepresidente no es una ave rara en un territorio singular. Es una foto nítida del brazo más eficaz del capitalismo: el extractivismo arrasa a su paso con los árboles y las mariposas, con las abejas y los niños, con los territorios y la cultura.

La esperanza se ilumina en esa infancia y esa adolescencia, crecidas en este fuego, que seguirán intentando remontar esta tierra baldía.

* Publicada originalmente en Pelota de Trapo

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Greta Winckler (*)

Lxs chicxs que aparecen en estas imágenes y en estas palabras comparten modos de vida con aquéllxs con lxs que hace tanto tiempo comparto mis sábados en un merendero del sur del conurbano bonaerense. Desde esa posición -entre la ciencia y la militancia- se escriben estas líneas.

Hoy pensé todo el día en la idea de “infancias descartables”

Los olvidados, Luis Buñuel, México, 1950.

El tema del verano – escucho en la radio- es el juicio por el brutal asesinato de Fernando Baez Sosa, el pibe de 18 años al que mató un grupo de jóvenes -de casi la misma edad- a la salida de un boliche en Villa Gesell, en enero de 2020.

Pienso en las brutales muertes de lxs pibxs pobres, y en este caso en particular, de los varones pobres.

Montaje. Fernando, vivo / del otro lado, una fórmula visual de larga data -la muerte de los pibes de sectores populares. Pero no son sólo los pibes. Esa misma muerte y su representación la encarnan otros sujetos entendidos como subalternos. La foto de Julius Popper y la muerte de un miembro de la comunidad selk’nam hacia 1880 responde a esa fórmula de cacería y trofeo. 

Cómo mueren los pibes de las clases populares

Cómo se muestran esas muertes

Y cómo se muestran en general sus vidas

Qué implica que existan infancias descartables (o juventudes, incluso).

Facundo Ferreira, luego de ser asesinado por la policía en Tucumán, 2018 / Facundo y una selfie en la cocina de su casa.

De una ponencia salió un escrito -fue el único que escribí en mi vida que me hizo llorar-. Terminaba con una foto de Facundo Ferreira, el pibe de 12 años que la policía tucumana mató por la espalda en 2018. Era una selfie que él se había sacado en la cocina de su casa.

La foto es hermosa. Pero Facundo ya no estaba.

Ahora viendo el rostro de Fernando, vuelvo a esos otros chicos. Algunos con nombre y apellido. 

Otros como fórmulas que tenemos grabadas en las retinas: tirados en el asfalto, o en el agua.

Fotograma de informe televisivo (TN) sobre el asesinato de Facundo / ilustración de Antonelle Rizzo que utilizó la Agencia de Noticias Paco Urondo / fotografía de Aylan Kurdi, niño kurdo, que circuló a partir de lo ocurrido en 2015 /  Julius Popper, expedición de cacería de la comunidad Selk’nam en Tierra del Fuego, a fines de la década de 1880, Argentina / fotografía de la caída de Araya (Chile) recuperada de la Revista Sudestada

Montaje para pensar cómo aparecen ante nosotrxs las muertes violentas de lxs pibxs, de lxs pobres, de todo sujeto subalterno. 

Como Antony Araya, empujado por los carabineros en Chile en 2020 y caído al río.

Como el niño kurdo de 3 años, Aylan Kurdi, ahogado en las orillas de Turquía en 2015, huyendo de Siria

Como ese panfleto del Rosariazo argentino en 1969, que muestra a los estudiantes muertos por la brutal represión en los afiches de los artistas Juan Pablo Renzi y Carlos Saldi. 

Como Fernando, molido a palos en la puerta de un boliche por otro grupo de jóvenes de otra clase social, de otro color de piel.

Panfleto N°2,de los artistas Juan Pablo Renzi y  Carlos Saldi, 1971 / dibujo de Juan Pablo Renzi, s/t, ca. 1972-73 / Dibujo del artista mexicano Alejandro Montoya, titulado Cadáver, sección gavetas (SEMEFO), ciudad de México, 1985 / ilustración del asesinato de Facundo de la cuenta @chapaypintura de Instagram 

Los pueblos están expuestos, dice el filósofo Georges Didi-Huberman, jugando con esa palabra.

Visualmente -sub o sobre expuestos- pero también en su diario vivir. Expuestos al peligro.

Así pasó con estos pibes, que podrían ser los pibes con los que trabajo hace 14 años en un merendero del sur del conurbano bonaerense. 

Me obligo a ver estas fotos horribles y violentas que se nos incrustan en los ojos y nos llegan a todo el cuerpo. Imágenes injustas. Y aún así no cesan de aparecer.

Es una tarea infinita pero necesaria, pienso.

Como cuando aparecieron las imágenes sobre los campos de concentración, en ese momento, in-creíbles. Se necesitó mucho tiempo y una epistemología de la imagen para poder aprehenderlas y que se volvieran un instrumento de justicia.

Anónimo (miembro del Sonderkommando de Auschwitz). Incineración de los cuerpos gaseados en fosas al aire libre, agosto de 1944. “Las posibilidades de evasión de Auschwitz eran tan escasas que la simple emisión de una imagen o de una información -un plano, unas cifras, unos nombres-se convertía en la urgencia misma, uno de entre los últimos gestos de humanidad.” Didi-Huberman, Imágenes pese a todo. 

Por qué arrancarle una imagen a ese infierno, pregunta Didi-Huberman cuando mira las fotos tomadas a hurtadillas en Auschwitz.

Mirar es difícil

Pero las imágenes son vehículos culturales, de sentires, afectos, dinámicas, por las que nuestros gestos más elementales toman forma.

Volver a mirarlas es necesario para contra-poner imágenes críticas. para dar-a-ver -ese es mi trabajo como antropóloga y mi militancia, después de todo.

Porque mirar, efectivamente, es difícil.

Y me parece que urge, porque seguimos asistiendo al espectáculo horroroso de ver a los pibes de sectores populares morir siempre igual.

“Las imágenes, no importa cuán terrible sea la violencia que las instrumentalice, no están totalmente del lado del enemigo” (Didi-Huberman).

Transformar o contrarrestar imágenes enemigas, elaborarlas, subvertirlas, rebelarse contra ellas. Para que pasen a formar parte del bien común.

Fotograma de la película Crónica de un niño solo, de Leonardo Favio, Argentina, 1965.

Hoy volví a la idea de infancias descartables.

Porque los pibes no son descartables. 

Pero aún hay que repetirlo.

Imágenes del Merendero y Centro Cultural Les Pibes del Ombú, Provincia de Buenos Aires, donde soy educadora popular. Trinchera de ternura, justicia y cariño. 

Epílogo: imágenes justas.

Terminamos de filmar una presentación con dos niños de 5 y 7 años en el Merendero. Quieren ver cómo salió. Uno se aproxima primero a la cámara y le dice al otro, entusiasmado, “¡Vení! ¡Vení que acá estamos nosotros!”

(*) Antropóloga y educadora popular. Todo al mismo tiempo. En ambos campos, las niñeces están en el centro de mi pensamiento. 

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Por Estefanía Santoro | Fotos: Euge Neme

En la política argentina no existe grieta alguna cuando se trata de violentar los derechos de las comunidades indígenas, incluso si se trata de niñeces. Desalojos, represión, vidas vulneradas y necesidades básicas insatisfechas es la forma que adoptó el genocidio indígena en el siglo XXI. Hay nueve niñes, en un rango que va de una recién nacida a una criatura de nueve años, en absoluto estado de abandono. Hace un mes, cuando se produzco el operativo represivo en Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi, que comenzó el calvario: allí fueron detenidas siete mujeres, sus madres. 

Un audio que circula por WhatsApp alerta sobre la violación de los derechos más elementales de estas niñeces mapuche. No reciben contención estatal ni atención médica después de un violento desalojo de sus hogares y de su territorio por un Comando Unificado de fuerzas represivas. Escucharon cómo esos hombres armados como para la guerra les gritaban a sus madres, las obligaban a tirarse al piso y las trataban como a peligrosas delincuentes.

“En el momento del desalojo, las niñas y los niños fueron separados de sus madres, los llevaron a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro y luego de mucha presión política, del pueblo y de organizaciones logramos que devuelvan los pichikeches a su abuela”, explica Soraya Maicoño, integrante del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), donde se produjo en agosto de 2017 el operativo represivo que derivó en la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado.

Soraya aporta contexto político: “Si hay algo que une a todos los gobiernos es el odio racial, en ese punto coinciden evidentemente todos y esto lo decimos no porque sea una teoría, sino que lo estamos experimentando”. Para ella, ese germen de racismo “alimenta los discursos fascistas como los que hay en Bariloche, que existen desde hace muchos años” y ahora se han colado incluso en la agenda del Gobierno nacional.

Niñeces con libertad restringida

En un mes pasó de todo. Tres de las detenidas fueron sobreseídas (Andrea Despó Cañuqueo, Débora Vera y Florencia Melo), aunque en el medio hubo un traslado a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza y hasta fines de octubre seguía vigente el secreto de sumario (nadie sabía de qué las acusaban) en la causa llevada adelante por la jueza federal Silvina Domínguez.

Cuatro de ellas siguen con prisión preventiva por la acusación penal de “usurpación por despojo” en el territorio militarizado desde comienzos del mes pasado: la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan, Martha Jaramillo, Romina Rosas (quien parió en cautiverio a su hija) y Celeste Ardaiz Guenumil.

Las personas que pudieron visitar a las mujeres mapuche todavía detenidas aseguran que algunes de les niñes enfermaron y necesitan urgente atención médica. A través de sus abogades solicitaron en reiteradas oportunidades la presencia de personal médico que se acerque al lugar para darles atención. Ni la jueza ni la Fiscalía a cargo responden, mientras la salud de les niñes se agrava. 

“En el momento del desalojo, las niñas y los niños fueron separados de sus madres, los llevaron a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro y luego de mucha presión política logramos que los devuelvan a su abuela.”

La primera en ser liberada fue Andrea Despó Cañuqueo, amelcafe (actriz) mapuche, docente e integrante de Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de Trelew. Hoy continúa exigiendo la libertad de sus lamien (hermanas) y denuncia el abandono de les niñes que se encuentran con libertad restringida. “Muchas personas creen que están en sus casas cumpliendo prisión domiciliaria, pero ellas no pueden hacer eso porque su domicilio era la comunidad de donde fueron desalojadas”. 

Explica que las familias tenían sus rucas (casas) en la Lof Lafken Winkul Mapu y actualmente están en una ruca mapuche de Bariloche, “que es un espacio que se utiliza para recibir gente que está de paso y necesita alojarse por algún motivo y donde también se hacen actividades culturales o charlas”. Sobre el lugar de detención elegido: “Es un lugar comunitario de contención que tienen las organizaciones mapuche en Bariloche. Se dio ese espacio para la prisión domiciliaria porque no tenían adónde ir y para que al menos puedan estar juntas con sus pichikeche. Pasaron de estar en un territorio al aire libre a un lugar cerrado donde se sienten observados, porque en la misma cuadra está la Escuela de Policía”.

Durante la represión del cuatro de noviembre lxs niñxs de mayor edad corrieron por el monte asustades. Integrantes de la comunidad alertaron a la Justicia que faltaban y que estaban escondides. También le hicieron un pedido a la jueza Domínguez para que alguien pueda buscarles, ya que la Lof era inaccesible a raíz de la ruta cortada y militarizada.

La jueza denegó la autorización. Recién a las siete de la tarde (el operativo fue antes del mediodía) lograron obtener el permiso y a las diez de la noche bajaron les niñes que habían permanecido todo el día sin abrigo ni alimentos. 

Andrea refuerza: “Hoy están sin asistencia ni contención, el Estado no les está brindando ningún tipo de atención por el momento traumático que vivieron. De repente fueron desalojados con sus madres, les sacaron todas sus pertenencias. A veces hablan de los ladridos de los perros y los disparos, eso los asustó mucho, son situaciones muy violentas y traumáticas las que vivieron”.

Las personas que pudieron visitar a las mujeres mapuche todavía detenidas aseguran que algunxs de lxs niñxs enfermaron y necesitan urgente atención médica.

Un nacimiento en cautiverio en la Argentina del siglo XXI

Romina Rosas llevaba un embarazo de 40 semanas cuando la detuvieron. Sus derechos y los de su hija nacida en cautiverio también fueron vulnerados. Andrea: “Fue muy duro, tuvimos que luchar para que la partera, que nosotros le decimos puñechefe, pueda asistir a la lamien. Ella ya había asistido a otras dos bebés que nacieron en la comunidad de forma ancestral”. Aclara que un nacimiento en la comunidad es un momento de gran importancia al que le sigue una ceremonia, que en este caso no pudieron realizar todavía.

Andrea explica: “En la comunidad están las placentas de los bebés, eso para nosotros tiene un valor muy grande. La bebé que nació en cautiverio está esperando enterrar su placenta en la comunidad, es una ceremonia muy importante para la persona que nace, como ponerle el nombre. La bebé necesita volver al territorio para enterrar su placenta, por eso y por un montón de otros motivos queremos volver a la comunidad, porque es un derecho vivir en nuestro territorio ancestral y porque también ahí está el rewe (altar ritual) de la machi, que es un lugar del Puelmapu, de nuestra espiritualidad”. 

Hay un enojo compartido entre las detenidas, ya que nadie de la escuela a la que concurren sus hijxs se acercó a brindarles ayuda o acompañamiento. Sospechan de la complicidad entre las autoridades educativas y las fuerzas militares que realizaron el violento desalojo aquel cuatro de octubre. Se trata de una escuela rural al que asisten desde hace varios años y donde se logró llevar adelante un trabajo intercultural muy valioso. Por ejemplo, en junio pasado se presentó la bandera mapuche-tehuelche en esa institución educativa, algo que sucede en pocos espacios. 

Soraya dice: “Queremos denunciar que en la escuela de Villa Mascardi donde asisten los niños y niñas hoy detenidos sabían lo que iba a suceder. Prestaron su espacio para que funcione una base de operaciones del Comando Unificado y el día del desalojo anunciaron que se suspendían las clases. Sabían lo que le iba a pasar a esos niños y a esa comunidad. Nadie veló por las infancias y ni siquiera nos atrevemos a decir que sea el Estado el que debe ocuparse, porque es el propio Estado el que generó esta situación”. 

¿Y esas niñeces cómo viven el presente? “Tienen mucho miedo y eso se ve cada vez que llega algún tipo de citación o de reunión con abogados. Tienen temor de que vuelvan a separarlos de sus madres, no pueden ir a la escuela, no tienen su ropa, sus zapatos, su mochilas y sus juguetes”.

“Hoy están sin asistencia ni contención, el Estado no les está brindando ningún tipo de atención por el momento traumático que vivieron. De repente fueron desalojados con sus madres, les sacaron todas sus pertenencias.”

La avanzada fascista y la criminalización mapuche

En Río Negro la militarización y la persecución hacia las comunidades mapuche crece y está alcanzando niveles de violencia muy elevados. En las últimas semanas, en Bariloche, se realizaron una serie de allanamientos en diferentes viviendas en simultáneo. “Con quienes más se enseñaron fue con los niños y las niñas”, asegura Soraya. Ejemplifica: “Llegaron a interrogar a un niño de cinco años, lo apuntaron a los ojos con una pistola que tiene un láser que le marcaba los ojos y el niño se quejaba a los gritos porque le dolía”. 

Cuenta que también entraron en la casa de la mamá de la machi Betiana y allí “rompieron todos los cuadernos y juguetes”. ¿Cómo se explica esa actuación policial? “Hay un ensañamiento y una violencia explícita, y lo mismo me puede pasar a mí en cualquier momento. Están vulnerando todas las infancias mapuche, no solamente y particularmente la de estos nueve niños y niñas detenidos”.

Una situación de similares características está sucediendo en Neuquén, según las palabras de Soraya: “En Villa La Angostura desalojaron a una comunidad que estaba en un litigio con Parques Nacionales. La Justicia aún no se había expedido sobre el tema, sin embargo, fueron desalojados. La situación es gravísima porque estamos viendo que están haciendo todo sin tener en cuenta ningún derecho constitucional que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, se están vulnerando los derechos de las mujeres y los derechos de las infancias”.

Desde las comunidades mapuche organizadas llaman al acompañamiento de la sociedad entera para cuidar a las infancias indígenas que se encuentran en prisión domiciliaria junto a sus madres: “Invitamos a todo aquel que pueda acercarse a estar con los niños, sean artistas, docentes o personas que realicen actividades con las infancias”, dice Andrea. Menciona que “hay horarios de visita donde se pueden realizar algunas actividades para que los pichikeche se sientan un poco más contenidos y queridos”. 

Hay un enojo compartido entre las detenidas, ya que nadie de la escuela a la que concurren sus hijs se acercó a brindarles ayuda o acompañamiento.

“Es una situación muy dura lea que están atravesando las madres, hay un montón de cuestiones burocráticas y de incertidumbre para ellas que no saben cómo se van a resolver”, dice la docente. El pedido a “todas las personas que trabajan con las infancias” es que “se solidaricen y puedan brindar un poco de alegría y juegos a estos pichikeche”. 

Lo que expresa el caso de la Lof Lafken Winkul Mapu: “Las infancias mapuches están descuidadas y sus derechos están siendo vulnerados totalmente. Llamamos también a la movilización de la gente mapuche y no mapuche que cree que otra sociedad es posible y que se sensibiliza con esta situación de violencia y de despojo que están realizando con nuestro pueblo”.

• Publicada originalmente en Revista Cítrica

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Por Virginia Nessi y Hebe Ailén Montenegro / Foto: Colectivo Manifiesto
Educadoras del colectivo pedagógico AulaVereda

Ya es un clásico: cuando las papas queman en la Ciudad de Buenos Aires, les pibis son el chivo expiatorio. Después de un año de pandemia, que dejó al descubierto toda la mala praxis política del GCBA, que no tuvo ni una sóla propuesta redistributiva para con quienes más lo necesitaron, y descansó sobre la militancia y las organizaciones, el vicejefe de gobierno, Santilli y atrás de él, todes en Juntos por el Cambio, en el PRO vuelven a agitar el debate por la baja de la edad de punibilidad. 

Como respuesta a un hecho que se viralizó la semana pasada, cuando un adolescente fue detenido por el presunto asesinato de un hombre en Retiro, hoy algunas voces agitan el fantasma del punitivismo hacia la infancia. Esto mismo sucedió ya en 2017 y luego otra vez en el 2019, cuando se intentó reinstalar el debate, un manotazo de ahogado de la Alianza Cambiemos en aquel año electoral. 

Así como elles no se cansan de revivir un debate que atrasa 40 años, nosotres, como organización que trabaja junto a niñes del país, tampoco nos vamos a cansar de seguir rompiendo sus argumentos basados en sentidos comunes carentes de humanidad. Sobre todo, luego de un año de pandemia declarada a nivel internacional, donde a miles de pibis en la ciudad les fueron negados derechos básicos como la educación, la salud y la vivienda. Sostenemos que les pibis no son un problema a erradicar sino que son las problemáticas que les atraviesan las que deben ser resultas.

El mismo debate de siempre 

La Argentina ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ya en su artículo primero considera como niñe “a todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.  Entonces, si bien cuando hablamos de niñes, adolescentes o jóvenes es importante comprender que son categorías construidas sociohistóricamente y por ende, con fronteras flexibles, existen ciertos parámetros compartidos. Los grados de edad se consensuan a nivel social, y revisando políticas, programas y normas a nivel nacional e internacional podemos identificar no sólo qué temporalidades se le asignan a las diferentes edades sino también qué valores se les imprimen. 

El año pasado se cumplieron tres décadas desde la sanción de la CIDN, aquel evento que ha marcado una nueva orientación sobre el lugar que ocupan les niñes en nuestro país, y fundamentalmente el trato del Estado hacia elles. La niñez comenzaba a ser mirada de otro modo desde el Estado, y con esta nueva mirada surgirían nuevas políticas destinadas a les pibis, apuntadas a la protección y la promoción de derechos. Así, dejarían de ser sujetos tutelados y objetos de intervención, para ser sujetos de derechos y con ello, el Estado y la sociedad en general debían ser garantes de que ninguno de estos sea vulnerado. El Estado argentino se comprometía a realizar todos sus esfuerzos para que les niñes accedan tanto a los derechos humanos como los derechos particulares de la niñez.

Sin embargo, cada tanto se revive el debate por la baja de la edad de punibilidad y diferentes referentes de las (ahora múltiples) derechas argentinas se pasean indignades por medios de comunicación televisivos, o dicen cosas en las redes sociales o en ciertas secciones de opinión de algunos diarios mainstream. Algunes intentan disfrazar sus opiniones de preocupación por los índices de pobreza y desigualdad, mientras que otres abiertamente piden más mano dura para les pibis, y sobre todo, los pibes. Todes, sin embargo, apuntan a lo mismo: más vulneración de derechos y más estigmatización contra los pibes de sectores populares. 

Datos de diferentes organizaciones internacionales y nacionales (que pueden encontrarse en la página de la red Argentina no Baja) sostienen que la participación de niñes menores de 18 años en delitos es casi ínfima (sólo un 4% según UNICEF), siendo que la mayoría son en delitos considerados menores: los homicidios a manos de menores de 18 años no llegan al 1%. Entonces, en términos concretos y reales, pregonar por la baja de la edad de punibilidad sólo se explica a través de motivaciones tribuneras, en momentos donde la realidad de les pibis en la ciudad carece de políticas específicas que se orienten a lo sostenido por la CIDN. Básicamente, en un contexto sistemático de negación de derechos para les pibis, y un proceso de constante estigmatización y racismo.

Es que, sobre todo, lo que sucede es que hay un uso diferenciado de la penalidad, que impacta mayormente sobre las clases populares. Porque siempre que se contempla la aplicación de la ley a quienes verdaderamente se persigue y se aprisiona es a les pobres. Más aún cuando se intersecta con la generación, es a les pibis pobres a quienes se verduguea, a quienes se tortura y a quienes sistemáticamente se persigue en instancias previas a la judicialización. Claro ejemplo de esto fue el caso de Facundo Castro, asesinado en manos de la policía bonaerense por violar la cuarentena a principios de año. De la misma manera, les cientes de pibis que han muerto de la mano del gatillo fácil perpetrado por las fuerzas de seguridad a lo largo de los años. 

La única respuesta cuando se trata de les pibis pobres es penas más largas, más duras, desde más pequeñes, de manera de aleccionarles desde bien chiques cuál es su lugar en la sociedad. De manera que si a elles no les toca pero si a su amigue, sepan que es ese el camino que les toca, estén o no cometiendo un delito.

Las otras faltas hacia les pibis

Las palabras de Santilli sobre la necesidad de repensar la Ley Penal Juvenil ante lo ocurrido en Retiro no hace más que correr el foco sobre las problemáticas que atraviesan y impactan a les pibis. La profunda pobreza en la que la alianza Cambiemos sumergió al país en los últimos cuatro años tuvo como consecuencia directa la pauperización de la infancia. Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, una de cada tres personas pobres vive en CABA, y la indigencia llegó al 11%. Cuando se especifica en les niñes, vemos que el 46% vive en hogares pobres. Sumemos a eso las estimaciones de UNICEF de un 63% de pobreza infantil para finales del este año. 

“Atras de cada pibe en la calle hay un padre desocupado”, decían en los 90s y hoy podemos decir algo similar. Pibis que viven en hogares que no alcanzan a costear la canasta básica, pibis cuyo derecho a la vida digna, a la alimentación, al hábitat se encuentra sumamente vulnerado. Consideremos los datos de la UCA que sostienen que el 40% de les pibis viven en viviendas precarias, donde no acceden a servicios sanitarios básicos. Año a año se ha bajado el presupuesto destinado a educación en CABA: si se consideran los datos de los últimos 10 años, el presupuesto destinado a educación cayó un 10% según Agustín Claus, especialista en Planeamiento y Economía de la Educación de FLACSO. Salarios docentes, becas, programas de reinserción, infraestructura, todo es impactado por la desfinanciación, teniendo efectos directos e indirectos en las posiblidades de les niñes de mantenerse dentro del sistema educativo.

Larreta se hace eco de la quita de los puntos de coparticipación que Macri le regaló como excusa para recortar inversión en esta y otras esferas claves (como salud) pero por detrás existen décadas de desfinanciamiento que no se vio mejorado en los años en los que la Ciudad recibió esos puntos extras. Mientras esto sucede, la ministra Acuña avanza contra les docentes como responsables de la debacle educativa, considerándoles como fracasades y carentes de formación como corresponde, con el claro interés de vaciar los Profesorados y meter por la ventana la UNICABA. En particular, en tiempos de pandemia, el gobierno porteño se negó sistemáticamente a invertir en conectividad y tecnología para les pibes, corriendo el foco a les docentes y directives por no apoyar la vuelta a las escuelas. El desinterés por les pibis de las escuelas públicas, siempre nos recuerda las palabras del ex presidente que sostenía que había quienes caían en la educación pública. Su extrema negligencia y odio de clase se vio demostrada con su experimento de las burbujas en las escuelas, que fue rechazado por casi la totalidad de la comunidad educativa: sólo el, 0,5% de les pibis de las escuelas públicas participaron. 

La salud en la Ciudad tiene problemas similares. En tiempos de pandemia, les mediques, enfermeras, residentes se movilizaron para exigir el pago de salarios dignos, inversión en infraestructura e insumos para hacer frente a la pandemia. No obstante, pocas fureon las respuestas del gobierno porteño. Esto sin considerar que las unidades zonales fueron cerradas por varios meses, imposibilitando a les pibis acceder a la salud primaria. Esto hizo que cosas tan básicas y de primera necesidad como conseguir un par de anteojos se convirtiera en una tarea titánica para las familias y las organizaciones. 

En este contexto de negación de derechos de la infancia absoluta, las declaraciones del vicejefe de gobierno son chabacanas porque desconocen la situación a la que el GCBA de la mano del PRO ha empujado a les niñes durante 15 años. Pibis que vieron negados sus derechos y el de sus familias desde su nacimiento. Situación que inadmisible en la ciudad más rica del país, en la ciudad a la que el ex gobierno nacional de Mauricio Macri le aumentó al 3,5 la coparticipación, significando mayores recursos para el gobierno, que lejos de invertir en políticas que impliquen promoción de derechos, que el gobierno destina a deudas y propagandas.

Cambiar todo lo que deba ser cambiado

El Régimen Penal Juvenil que se sanciona con la ley 22278, y que siempre se pone en debate cuando se habla de la baja de la edad de puniblidad, data de 1980 en el marco de la última dictadura militar. La misma dictadura que desapareció a miles de jóvenes. La misma dictadura que torturó a estudiantes secundarios, a militantes y pibis trabajadores en todo el país. Las mismas organizaciones que históricamente han luchado por los derechos de la niñez, también luchan por reformar el Régimen, para que se oriente bajo la misma concepción de derechos establecida en la CIDN y la 26061. Sin embargo, siempre que se intenta abordar este debate, voces conservadoras intentan meter por la ventana la baja de la edad. Como sucedió con la ESI, un intento por transformar una ley para mejorarla, se ve frenada ante los avances de la derecha, que pide más mano dura para les pibis. Para el régimen de la dictadura, la edad de punibilidad son los 16 años. En la actualidad, quienes pregonan por su baja sostienen la necesidad de que pase a los 14 años. Es decir, proponen un retroceso incluso ante un régimen reglamentado por la dictadura militar más nefasta de nuestro país.

Diferentes activistas y referentes de la defensa de los derechos de les niñes han criticado el Regimen Penal que hoy en día dicta y condiciona las vidas de les pibis que entran en el sistema penal. Claudia Cesaroni, abogada y referente de derechos humanos, en el podcast Niñeces Libres que realizamos desde AulaVereda plantea que la sociedad a ese sector de la infancia, aun profundamente asociado con la minoridad y profundamente estigmatizado, lo trata de forma extremadamente cruda. Les damos penas de 25 años, condenandoles a pasar encerrades más años de los que tienen de vida. Marisa Graham, actual defensora de les niñes y adolescentes, en una nota de Página12 publicada hace unos días también se pronunció en contra de la actual ley que regula el régimen penal de la minoridad y la posibilidad de bajar la edad de punibilidad. Allí, propone pensar una ley más moderna que se adecúe a la perspectiva de derechos.

Además de reformar el régimen penal, tanto Cesaroni como Graham, en el podcast Niñeces Libres plantean la necesidad de que el Estado genere políticas para les adolescentes, aquellas personas de entre 12 y 17 años que, a pesar de ya no ser niñes siguen teniendo ese plus de derechos establecidos en la CIDN. Es imperante que así como el Estado construye políticas y programas para acompañar las trayectorias de vida de les más pequeñes (como lo que supo ser el plan Qunita, la AUH, la pensión Madre 7 de Hijos o la Tarjeta Alimentar) también existan políticas para “acompañar cuidado”, como dice Claudia Cesaroni, a les adolescentes. Políticas para promover sus derechos, no para limitar sus posibilidades. 

Desconfiamos y lucharemos siempre contra quienes proponen pensar como solución la baja de la edad de punibilidad. Es sesgar el debate, es reproducir la estigmatización de les pibis. Porque siempre que refiereren a la baja, piensan en les pibis pobres, les pibis de la clase, de las barriadas y las villas. Y siempre son les mismes: son les que piden mano dura, les que piden más intervención de las fuerzas de seguridad, les que las defendieron cuando mataron a Facundo. Elles, que sólo quieren como solución mayores penas y más castigos en este sistema penal que es un sistema de tortura y de muerte. Elles, que piensan que algunas vidas merecen más dignidad que otras. El transfeminismo nos enseñó a siempre buscar las respuestas desde una perspectiva no punitivista, y nuestra propuesta siempre será luchar porque las vidas de les pibis sean más dignas, y sobre todo, más disfrutables y vivibles.  

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Por Aula Vereda, Trilce Radio y Niñez Plural

Mariana Baggio y Nadia Fink nos invitan a plantarnos ante el bombardeo incesante de estímulos que ofrece hoy la cultura, entre la mercancía, las tecnologías y la inmediatez del placer y nos alientan a ver caminos alternativos que estas mismas habilitan para el disfrute de propuestas artísticas que nos lleven a mundos fantásticos y también más justos. 

¿Cómo caracterizan el campo cultural para las infancias? ¿A qué imagen de la niñez suele apelar este campo? Hoy conviven muchos campos culturales en las infancias: por un lado el “mainstream” o aquellos muñecos, películas, músicas que se ponen de moda y “se necesita para ser feliz”, una clara apuesta al consumismo que reduce la libertad de elegir. Este universo es desigual ya que sólo apela a clase media y a una mirada hegemónica de la niñez, siempre blanca, heterosexual, con estereotipos físicos y de roles que encontramos cuando, por ejemplo, paseamos por los pasillos de las jugueterías.  Pero no perdamos las esperanza: también podemos encontrar otro mundo artístico posible que apela a la imaginación a la capacidad creativa, abriendo puertas y dando opciones de vuelo que nos hacen más libres. 

¿A qué destinataries les hablan, cómo resuelven la tensión entre lo  que quieren producir y las exigencias del mercado?. Nadia nos cuenta que por ejemplo, desde la cooperativa de Chirimbote se propone recuperar a los héroes y heroínas latinoamericanas de nuestra historia, siempre con perspectiva de género y de clase. Mariana también nos canta la posta: les adultes tenemos la obligación de ser respetuosos con esos muñecos, inclusive si son el hombre araña, ya que estos son queridos por les niñes y en ellos proyectan su mundo interior. 

Por último, nos preguntamos: ¿Cuál es el lugar de la infancia en sus trabajos y cómo podríamos esperar una participación más protagónica de les niñes en la cultura? Ambas se corren de la visión adultocéntrica y nos convocan a mas protagonismo a la niñez en general, y la cultura lo debe. Lo primero es acercarse desde todos los lugares, compartir con elles y abrir caminos por fuera de la lógica del mercado. Distribuir la cultura de forma igualitaria y accesible a todes les niñes, pensar juegos para todes, incentivar y buscar vías de difusión independientes a las hermosas producciones que les niñes hacen a través de las nuevas herramientas. 

Después de todo, se trata de crear mundos fantásticos a través de los cuentos, la música, el juego y la imaginación…

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Por Agustín Bontempo / Foto Facundo Luque

El modelo de educación Pro es ya conocido. Desde los años de gestión de Mauricio Macri que los presupuestos se acotan, se estigmatiza a trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. Una perspectiva que asume total claridad con aquella frase en 2017 del entonces presidente: “Una terrible inequidad, de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”.

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta vino a continuar y profundizar varios puntos de esta situación. El 2020 arrancó con los reclamos salariales y por condiciones de trabajo de capacitadores y capacitadoras docentes pero veníamos de años de conflictos. Las falta de decenas de miles de vacantes para las y los niños que se repite, el intento de cierre de los institutos de formación para poder avanzar en la UNICABA, una medida que ajustaba a la educación, denigraba la formación y favorecía los negociados inmobiliarios pero pudo contenerse con la organización del las y los trabajadores del sector.

Todo esto venía a sumarse a la ya conocida deficiencia en materia de infraestructura que se evidencia ante cada lluvia, especialmente en las escuelas del sur de la Ciudad. Y esto no debe sorprender: la gestión de Soledad Acuña al frente del Ministerio de Educación de CABA redujo el presupuesto en mantenimiento en un %20 y en infraestructura en un %5. Esta reducción se enmarca en una crisis más general que se representa en el ajuste en todo el sistema educativo. Entre 2006 y 2019 el Pro redujo el presupuesto en educación en un %9. Los resultados están a la vista.

Ante este escenario general y con la propagación de la pandemia del coronavirus, era factible que en la ciudad donde los comedores escolares cumplen una función esencial especialmente en las familias con mayores dificultades económicas, sería adversa. Al respecto, hablamos con Natalia Daniel y Alejandra Giusti, integrantes de la lista Granate en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Antes de la situación de la pandemia, ¿los comedores en qué situación estaban?

La crítica situación de los comedores escolares y de las viandas entregadas en las escuelas data de hace muchos años. La declaración de cuarentena ha dejado expuestas muchas de las irregularidades y deficiencias arrastradas a lo largo del tiempo mientras nuevas problemáticas se agregan al cuadro general, ante decisiones irresponsables y falta de escucha por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Partimos de un problema: el comedor escolar es un espacio privatizado dentro de la escuela pública. Esto significa que la alimentación en las escuelas se desarrolla bajo criterios empresariales de reducción de costos y maximización de ganancias, en vez de guiarse bajo la idea de derecho garantizado por el Estado. Las empresas concesionarias de comedores escolares tienen escaso o nulo control por parte del Estado y especulan sus ingresos con la malnutrición de les niñes en las escuelas.

¿Qué gestiones o reclamos vienen llevando desde su espacio para que el gobierno revise la situación?

Hace ya tiempo venimos denunciando que en el distrito más rico del país, la Ciudad de Buenos Aires, la comida entregada en la escuela (tanto la de comedor de las jornadas completas como las viandas de jornada simple) no alcanza ni de cerca el valor nutricional necesario para niñes en edad escolar. La calidad de la comida es tan baja que les mismes funcionaries del gobierno se han negado públicamente a probarla en sus visitas a las escuelas.

Las situaciones irregulares, denunciadas por los sindicatos en cada mesa de negociación con el gobierno, se repiten año tras año. En el 2017 el Gobierno de la Ciudad modificó el medio de acceso a las viandas, estableciendo un formulario on-line que cada familia debe bajar de internet, imprimir, completar y llevar al Distrito Escolar. Esta modalidad restrictiva y confusa hizo que se presentaran menos formularios de viandas no por falta de necesidad sino por imposibilidad de solicitarla. En 2018 se implementó el programa “Alimentación Saludable” que implicó la reducción de las raciones, la eliminación del pan (con el que lamentablemente muchas veces les niñes se llenaban ante la escasa comida del plato) y la especulación de cantidad de comida en función del ausentismo, enviando en promedio un 20% menos de raciones, a partir del supuesto de que esa cantidad de niñes falta a la escuela diariamente. Durante el 2019 modificaron el menú nuevamente, reduciendo aún más las cantidades de carne (reemplazando, por ejemplo, el pastel de papa y carne por pastel de lentejas). Y en el 2020, aún con las pocas semanas de clase que hubo, llegaron a haber tres escuelas con varios casos de intoxicación por comida en mal estado.

¿La situación se profundizó en esta coyuntura?

A pesar de todas estas falencias denunciadas, la comida que se da en la escuela sigue siendo, muchas veces, indispensable para las familias de los barrios populares de la Ciudad. Es por eso que la política adoptada por el Gobierno durante los últimos días para la continuidad de la entrega de comida escolar generó una situación crítica. A partir de la declaración de la cuarentena se determinó la entrega de viandas (es decir, un sanguche con una feta de queso y una feta de fiambre, más una fruta que muchas veces viene en mal estado) en todas las escuelas, sean de jornada simple o de jornada completa. A esto se suma la escasez de viandas debido a que, con la interrupción de las actividades escolares, muchas planillas para su solicitud no fueron entregadas por las familias.

Pero lo peor vino cuando, desconociendo las realidades de los barrios y la organización existente entre escuelas y distritos, el Gobierno propuso una “reorganización”, modificando y nucleando las sedes de entrega de alimentos en un solo edificio escolar para comunidades de dos o tres escuelas. No sólo generaron así la aglomeración de gente en las sedes de entrega, sino que supusieron que las familias podían trasladarse hasta veinte cuadras, exponiendo su salud y sorteando el creciente control policial.

Durante los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo las situaciones conflictivas se repitieron en distintos puntos de la Capital Federal: en la villa 21, donde el hostigamiento policial se ha recrudecido, las familias tienen que trasladarse fuera del barrio, a más de quince cuadras. La comunidad del Esnaola de Saavedra debe buscar sus viandas a treinta cuadras de distancia, en Villa Urquiza. También hubo cambios de horarios y sedes de entrega durante el transcurso de la jornada, generando que muchas familias no reciban la comida, y en algunos lugares las leches fueron a un lugar y los sanguches a otro.

¿Qué medidas vienen adoptando desde su organización gremial?

En estos días desde las escuelas nos organizamos entre les docentes y las cooperadoras para avisarles a las familias por todos los medios posibles los lugares de entrega de viandas y para denunciar la situación actual. También, ante la inminente posibilidad de que la cuarentena se extienda, demandamos que se realice una reorganización íntegra del sistema de entrega de alimentos, en la que se garantice comida de calidad nutricional y la menor circulación y aglomeración de gente posible. En este sentido, propusimos que el gobierno asegure la entrega de bolsones de comida con alimentos diversos, saludables y nutritivos en las mismas escuelas a las que asisten les alumnes todos los días para todas las familias que lo soliciten.

Finalmente, después de hacer oídos sordos durante días, por la presión y ante la imposibilidad de sostener un sistema tan riesgoso como ineficaz, el Gobierno de la Ciudad tomó la propuesta de la entrega de bolsones, anunciando que se realizarán cada diez días. Sin embargo, no sólo surge la problemática de que aún no queda claro dónde se hará dicha entrega, sino que el anuncio indica que recibirán bolsón les alumnes que hayan presentado la solicitud de vianda o comedor, cuando sabemos que muchas solicitudes no han podido ser entregadas al entrar en cuarentena. Por otro lado, basándonos en la experiencia nos permitimos dudar de la calidad y valor nutricional de la comida que se entregará. Es por eso que sostenemos la exigencia de que los bolsones sean para cada alumne matriculade, que se retiren en las escuelas a las que asisten y que cuenten con comida nutritiva, entendiendo que en tiempos de pandemia, una buena alimentación es condición indispensable para la salud.

¿Cómo se enmarca esta situación en un plano más general de la educación en Ciudad?

El extraordinario proceso que estamos viviendo en la actualidad visibilizó una de las tantas problemáticas en las que se encuentra la educación pública. A partir de lo ocurrido esperamos y exigimos que la alimentación de nuestres alumnes deje de ser considerada un negocio y sea garantizada de una vez y para siempre como un derecho. Además esta situación de cuarentena puso en evidencia que les docentes somos actores fundamentales de la realidad política y social de nuestro país, y desde nuestro trabajo, desde nuestro compromiso cotidiano y desde el vínculo con la familias conocemos mejor que ninguna esfera estatal la realidad y las necesidades que tienen las comunidades. Sabemos que en los barrios populares es donde más se hace sentir la adversidad económica, habiendo una gran mayoría de familias sostenidas por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con empleos no registrados que en este momento no disponen de ingresos fijos. Es por eso que les docentes queremos ser escuchades y tenides en cuenta para pensar la mejor manera de llegar a los barrios. Como lo hacemos día a día en el aula, también hoy, ante esta situación queremos hacer nuestro aporte a la construcción de infancias y juventudes dignas.

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Por Verónica Cabido para La tinta | Fotos: Colectivo Manifiesto

El fragmento pertenece a un cuento de Ursula K. Le Guin, “Los que se alejan de Omelas”. La narración describe un bucólico pueblo de ensueño en el que todo es perfecto y próspero, donde reina la belleza y la felicidad de todos sus habitantes. Sin embargo, la felicidad y la perfección aparente de ese idílico pueblo se sostienen a costa del perpetuo padecimiento de un niño, al cual mantienen confinado en el inhumano sufrimiento de una sucia y oscura celda.

El valor más preciado en estos tiempos en que reina la precariedad de la vida es la seguridad. La agenda pública no escapa a esa demanda, la cual, en materia penal, suele reducirse al pedido de más mano dura, penas efectivas y rigurosas. Si nos propusieran imaginar cómo sería un pueblo utópico, sin duda, muchos lo describirían como un lugar seguro.

En la segunda parte del debate presidencial, el primer eje temático fue la seguridad. Y fue José Luis Espert, candidato a presidente por el Frente Despertar, quien mencionó, por primera vez en todo el debate, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. “Delito de adulto, pena de adulto”, sentenció categórico. Sin embargo, la propuesta dista de ser novedosa. Año tras año, resurge el debate sobre la reforma del régimen penal juvenil. Espert también se refirió al garantismo como una corriente ideológica que es necesario combatir e identificó, sin nombrarlo directamente, a Eugenio Raul Zaffaroni como principal exponente de la tan demonizada doctrina (“La doctrina de ese… no me acuerdo, ese ex juez argentino, y sus fans…”).

Como si de “la subversión” se tratara en tiempos de terrorismo de Estado, como si las criminologías críticas fuesen ese “exceso de pensamiento” tan peligroso que preocupaba a Julio Barri, ministro durante la dictadura militar. Los delincuentes y el garantismo, Zaffaroni y sus “fans”, la falta de cárceles, el mito de la puerta giratoria, todos erigidos como los principales causantes de la inseguridad.

En los datos arrojados por el ultimo informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA), podemos ver el predomino de jóvenes en las clases sociales excluidas. De este modo, en el creciente predominio de los procesos de exclusión por sobre la inclusión, encontramos la emergencia de una subclase de excluidos que está cada vez más compuesta de gente joven.

Según el informe presentado por la UCA en junio de este año, en los últimos años, la pobreza infantil aumentó y hoy afecta al 51,7% de los niños, niñas y adolescentes del país. El informe expone, además, que, de ese 51,7% de adolescentes y niños que viven en la pobreza, un 10,2% de ellos son indigentes. Y el 63,4% de los niños y adolescentes del país se ven privados de al menos un derecho fundamental, ya sea en materia de vivienda, saneamiento, salud, estimulación, educación, información o alimentación. Este fenómeno, la infantilización de la pobreza, se profundizó en los últimos años, alcanzando hoy su nivel más alto en la última década. ¿De qué seguridad hablamos? ¿Seguridad para quienes?

En este contexto de estado social debilitado y predominio de los procesos de exclusión es donde hay mayores riesgos de incremento de la violencia punitiva. En “Las cárceles de la miseria”, Loic Waqant explica cómo a mayor debilitamiento del Estado social, aumenta y se fortalece el Estado penal. A mayor exclusión, mayor represión. En palabras del autor, la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia distópica del Estado penal. O en palabras más simples: la miseria y la extinción del Estado social tienen como contrapartida directa y necesaria la grandeza y la prosperidad insolente del Estado penal.

Las demandas recurrentes en materia de seguridad han penetrado las agendas de todos los gobiernos, cristalizándose en numerosas reformas del ordenamiento jurídico, principalmente, de contenido penal. En el corriente año, Mauricio Macri envió al Senado el anteproyecto de reforma del Código Penal, de fuerte corte punitivista. Incluso al margen del Código Penal, se han sancionado leyes especiales de contenido penal: en 2017, se aprobó la reforma de la Ley de Ejecución Penal (24.660) que limita considerablemente el acceso a los (mal llamados) beneficios a personas condenadas por delitos graves.

El hecho de que todas estas reformas de recrudecimiento de penas con frecuencia no tengan como resultado una baja en las tasas de delitos no impide que ciertos sectores sigan insistiendo obstinadamente en la vía punitiva como el único camino posible para mitigar una creciente inseguridad.

Sousa Santos señala que, en estos contextos, el Estado penal se desenvuelve con un doble criterio de acción estatal, como una suerte de Jano bifronte, un rostro social mira a los sectores medios para los cuales actúa como protector y de manera democrática, mientras el rostro punitivo arremete contra los sectores más excluidos, donde actúa de manera violenta y represiva, como un Estado predador. Como decimos en tantas oportunidades, no son pibes peligrosos, son pibes en peligro, porque los jóvenes que pertenecen a los sectores sociales más empobrecidos son quienes están más expuestos a la selección criminalizante, a conocer solo el rostro más violento y punitivo del Estado.

Este fenómeno es conocido como la selectividad del poder punitivo. El concepto ha sido abordado por la criminología crítica y, particularmente, en Argentina, ha sido desarrollado por Eugenio Raúl Zaffaroni. En el proceso de selección criminalizante, señala, se distinguen dos etapas: la criminalización primaria, en la cual el legislador proyecta la punición en abstracto, que, conforme al principio de igualdad, está destinada a alcanzar a toda la población, y la criminalización secundaria, en el cual las agencias ejecutivas seleccionan personas concretas sobre las que ejercen el poder punitivo.

Podemos concluir que, mientras el proceso de criminalización primaria alcanza, en principio, tanto a los sectores altos y medios como a los más excluidos, la criminalización secundaria alcanza solo a estos últimos y particularmente a los jóvenes. Esto no quiere decir que las infracciones a la ley penal solo se den en los sectores empobrecidos, como a veces erróneamente se insinúa tanto desde la derecha como desde el progresismo, ni que las personas de las clases medias y altas adecuen sus comportamiento a lo que el ordenamiento jurídico espera de ellas.

Las infracciones a la ley penal se dan, con diferentes particularidades, en toda la sociedad, pero el poder punitivo alcanza con más facilidad y se despliega con mayor crueldad sobre las zonas más empobrecidas. Esto que sucede con los adultos, quienes se encuentran por encima de la edad de imputabilidad, sucedería con los menores, quienes serían alcanzados por el poder punitivo como si fueran adultos.

Como afirmó Espert: “Delito de adulto, pena de adulto”. Así es como, una vez más, vuelve a resonar la recurrente y poco original propuesta, tan perjudicial como poco efectiva para combatir la inseguridad: la baja de la edad de imputabilidad y su previsible consecuencia: que los jóvenes pertenecientes a las esferas de la sociedad más desventajadas, con menos acceso a derechos sociales o económicos, serán los únicos alcanzados por el proceso de criminalización secundaria. Enfrentándose el rostro más despiadado del Estado, el rostro punitivo.

Una ampliación en la punibilidad, bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 14 años, significaría permitir que sean más, y cada vez más chicos, los jóvenes alcanzados por el sistema penal y a sus desastrosas e irreversibles consecuencias en el cuerpo y en la psiquis de cualquier persona, más aun, un adolescente.

A modo de cierre circular y volviendo sobre los primeros pasos de este artículo. Aun sabiendo que ninguna de esas políticas de recrudecimiento de las penas repercute en una baja de los índices del delito, y en el hipotético caso que así fuera y suponiendo que, efectivamente, encerrando a todos los jóvenes que consideramos peligrosos para nuestra seguridad lográramos vivir en la más quimérica tranquilidad de Omelas, el bello pueblo de Ursula K. Le Guin, nos encontraríamos frente a un dilema ético: ¿Está justificado moralmente que nuestra seguridad se construya sobre la inseguridad de otros, sobre el sufrimiento de miles de jóvenes? ¿Por qué valdría más nuestro bienestar que su sufrimiento?

Al final del cuento, relata que, a medida que los ciudadanos de Omelas tienen la edad suficiente, son llevados a conocer la verdad, es decir, el hecho de que el bienestar de su pueblo se sostiene en el sufrimiento de ese niño. En un inicio, todos se sienten tristes y conmocionados, aunque, con el tiempo, lo aceptan, lo justifican o, incluso, lo olvidan. Sólo un minúsculo grupo no se siente dispuesto a que se sostenga esa injusticia a cambio de su felicidad. Incapaces de tolerar esto, abandonan la idílica ciudad.

“El lugar a que ellos se dirigen es un lugar incluso menos imaginable para nosotros que la ciudad de la felicidad.
No puedo describirlo del todo. Pero ellos parecen saber a dónde se dirigen, los que se alejan de Omelas.”

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Trascender lo electoral

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Por Silvana Melo*

Son una multitud. Capaz de llenar estadios y de extenderse kilómetros en marcha por las rutas destruidas de este lado del mundo. Con hambre. Son el 14,5% de los niños del conurbano. Tres puntos y medio más que los chicos del resto del país (11%). “La Provincia tiene los números más altos porque es donde vive más gente”, dijo a Clarín Santiago López Medrano, Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Con el mismo estilo de aquel “hay más desempleo porque hay más población”, que ensayó la Gobernadora dándole alas carroñeras a la demografía.

Cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes de ese conurbano feroz se alimentan en los comedores comunitarios. Es decir que gran parte de la infancia depende de la mezquindad estatal para sus comidas más importantes del día. Es decir, para conformar su estructura física y cognitiva. Es decir, para construirse futuro, para armarse sujeto político, para ponerse en pie resistente. Y como el hambre es un disciplinador clave en el plan de descarte, no serán muchos los que puedan plantarse.

Lo que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (que hasta hace un suspiro era voz oficial de los mismos que hoy lo ignoran desde la supremacía mediática) llama inseguridad alimentaria severa es hambre. Cuando no hay comida en casa. La alimentación en comedores escolares y comunitarios se disparó en el último año. Y se multiplicó desde 2010: del 17,4% al 40% en el tercer trimestre de 2018. En el conurbano. Donde se apiña la gente en busca de sueños que nunca llueven. Lo que está sucediendo hoy, después de que los miserables empobrecieron de un golpe a millones tras de una elección, se sabrá otro día. Quién sabe. Pero se siente en las panzas. En la calle.

Dicen en el informe que los pibes del conurbano “presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente a sus pares del promedio nacional”. Casi el 8% no incorpora ningún nutriente esencial en sus comidas del día. Ni carne ni lácteos ni frutas ni verduras. Entre polentas y fideos, los nutrientes se ven de lejos, en los estantes del cielo. Cerca de las oficinas de dios, que nunca atiende si no es a través de sus delegados.

En casas donde no se pueden comprar alimentos el 44 % de los niños no tiene asistencia alimentaria. Son el 6,5 % del total de la infancia del conurbano. Si no van a la escuela, no comen. Y muchos no están escolarizados antes de los cinco años y en la adolescencia. Demasiados.

El 25 % de la población del país se sofoca en el conurbano. Un cuarto de las niñas, niños y adolescentes de punta a punta de esta tierra crecen, comen poco, beben agua impura, se enferman, resisten, doblan sueños chiquitos como grullas, se mueren, viven. Vuelven a morirse y a vivir, tercos. Pertinaces en ese territorio mínimo donde los parias del sur del mundo se arriman para apostar a una vida distinta, cerquita de donde dicen que atiende dios.

Pero tienen hambre. Imperdonablemente tienen hambre. Hambre que se extiende, que no tiene mantel del mediodía, pan que sacia, plato calentito, futuro en el horno gratinado y fuente con frutas en la sobremesa.

El futuro es un hueso en el desierto, el puerto donde encallan las esperanzas.

Hasta que haya un pan, uno no más, que resista un pellizcón colectivo. Para ponerse en pie. Y desarmarles el hambre a los disciplinadores.

*Publicado originalmente en Agencia Pelota de Trapo

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Por Tomás Astelarra

El pasado jueves comenzó en la Cámara de Diputados de la Nación el debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años. Bajo el nombre de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el proyecto fue apoyado por el Presidente cuando inauguró el 137 período de sesiones ordinarias del Congreso. A partir de la semana que viene comenzarán las audiencias. Desde Córdoba, siguiendo el ejemplo de la movilización popular que en Uruguay impidió una reforma similar, diferentes organizaciones y medios comunitarios lanzaron la campaña Córdoba No Baja.

“Córdoba no baja intenta un freno a una política que se está impulsando desde el gobierno nacional de seguir construyendo un chivo expiatorio para una problemática que bastante preocupa a los vecinos y vecinas que es la inseguridad. Creemos que es importante que exista una voz lo más colectiva y diversa posible. La intención no tiene que ver con una bandera política especifica. Es una propuesta bien abierta que cada uno pueda utilizar a su antojo. Estamos intentando sumar adhesiones, que algunas instituciones, sindicatos, dependencia la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se pronuncien. Se está difundiendo en los medios de comunicación alternativos y se está elaborando una cartilla para realizar talleres, que también podamos hacer un proceso reflexivo en las instituciones educativa y de salud barriales, para que se puede tener una mirada crítica. Tenemos niñas obligadas a parir y ahora esta ley que intenta poner falsamente el ojo en la delincuencia juvenil cuando las cifras en realidad dicen que los crímenes cometidos por ese sector de la población son bajísimos, apenas el 3%. Entonces es evidente que se está construyendo un chivo expiatorio. Creemos que la perversidad es la no garantía de un plato de comida, una vivienda digna, escuelas en condiciones, o un sistema de salud que realmente cuide a las pibas y pibes”, le contó a Radio El Grito de Traslasierra, Anabella Antonelli, del Encuentro de Organizaciones (EO).

Según un informe del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, de las causas penales iniciadas sólo el 3,6 por ciento de los hechos son atribuidos a personas menores de edad. Dentro de ese 3,6 por ciento sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos. Del otro lado, según Correpi, de los asesinatos en manos de fuerzas del Estado el 49 por ciento son jóvenes de entre 15 y 25 años. También según un informe del año pasado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la tasa de desocupación en jóvenes de entre 14 y 29 años fue de 19,3, 10 puntos porcentuales por encima de la medición general. Según el Indec, los niños de hasta 14 años de edad son el 39,7 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza, y los jóvenes de entre 15 y 29 años son el 31,3 por ciento. Es decir, los menores de 30 años configuran el 71 por ciento de las personas en situación de pobreza en el país.

Si bien el texto del proyecto advierte que “la sustanciación de los procesos penales y el control de las medidas y ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y conocimientos de los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño”, Antonelli aclara: “Se dice que se prevee una contención cuando sabemos como funciona el sistema de minoridad, sabemos como funciona el Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y hay sobradas denuncias con respecto a los malos tratos y que estas instituciones generan un mismo circuito de maltrato. Es perverso por todos lados. Es de un cinismo muy grande. El argumento es que se cuida los niños y niñas, y eso es falaz”.

“El contexto es perturbador por todos lados. El informe de Correpi que se presentó hace días habla de una persona asesinado por el Estado cada 21 horas. El macrismo está batiendo todos los récords desde la vuelta a la democracia en un contexto de represión a las organizaciones sociales que garantiza el plan de ajuste. Nosotres estamos preocupados por nuestra pibas y pibes, porque la represión de Estado no empezó ayer, y los pibes y pibas están siendo objeto de criminalización, persecución y fusilamiento desde hace muchos años, desde el comienzo de la democracia. Eso es parte de la dictadura que nos queda”, explica Antonelli. Y agrega: “Hasta ahora ninguna fuerza política partidaria se ha pronunciado. Vamos a seguir insistiendo, entendemos que la campaña empezó hace poquito, pero entendemos que es importante. Evidentemente para los sectores más conservadores en un panorama electoral hoy esto genera votos. No es casual que este proyecto entre en la cámara ahora. Pero en Uruguay hubo una avanzada en el mismo sentido y muchísimas organizaciones bancaron la parada y eso no se pudo realizar, no se aprobó esa ley y partir de esa experiencia es que empezamos a pensar esta campaña, también en base a toda la experiencia que hay en Córdoba a través de la Marcha de la Gorra, la La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y muchas otras organizaciones. Hay muchos sectores que se vienen organizando hace mucho tiempo”.

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