Por Vivian Palmbaum / Foto por Indymedia

El informe fue elaborado por el Comité de Salud Ambiental, de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) compuesto por un conjunto de médicos, médicas e investigadores que vienen trabajando hace muchos años con las consecuencias del modelo de producción intensiva de la agricultura. Allí se revela lo que ya es ampliamente conocido: la asociación del ambiente con la salud infantil, tal como se viene denunciando y corroborando. En el documento se sintetizan los conocimientos actualizados y científicamente documentados y  reconoce el envenenamiento que afecta a las vidas más pequeñas.

Desde distintas zonas rurales y aledañas se vienen denunciando la recurrencia de enfermedades que lejos están de ser naturales y que se han ido incrementando a la par que el modelo agrícola de producción industrial se fue consolidando y ampliando en nuestro país. Desde 1996, año en que se le dio vía de entrada a la producción de soja transgéncia con la habilitación de Monsanto en nuestro país, se instaló un modo de producir en la agricultura ligado al uso de distintas sustancias químicas asociadas a la semilla genéticamente modificada.

Entre quienes iniciaron la lucha contra este sistema es necesario reconocer al Dr. Andres Carrasco, pionero en visibilizar las terribles consecuencias por lo que sufrió amenazas  y persecuciones hasta su muerte. Luego las Madres de Ituzaingó, Córdoba, y madres, padres, docentes y habitantes de distintas regiones rurales que se fueron organizando para enfrentar una realidad siniestra que se metía en las casas y que no tenía límites.

Todas las formas de vida son afectadas por el uso de productos químicos en la agricultura. Peces muertos, abejas en peligro de extinción y el ecosistema en peligro de desaparición, son algunas de sus consecuencias junto a las derivas que se propagan a ríos, lluvias y hasta las ciudades entre sus innumerables consecuencias.

El informe de la SAP da cuenta que “no existe todavía ninguna Ley Nacional que regule el uso de estos productos en todo el territorio nacional. De este modo, salvo las localidades donde se han dado intensas luchas por parte de los vecinos afectados y se han logrado algunas ordenanzas municipales restrictivas, casi no existen restricciones al uso de estos productos”.

Desde Marcha entrevistamos al doctor Medardo Avila Vazquez, pediatra, neonatólogo y epidemiólogo, infatigable para visibilizar los efectos de agrotóxicos en niñas y niños. Acompañó a las Madres de Ituzaingó y es uno de los fundadores de la  Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados , entre otras tantas actividades en las que participa militando a favor de la vida.

Medardo Avila comenzó la entrevista valorando la importancia del documento “porque recopila toda la información que se ha ido generando en los últimos diez años sobre esta situación”. Reveló que  “hay pocos países donde la exposición de las personas y de las y los niños es tan intensa como la que se da en los ambientes de las zonas agrícolas, en los pueblos de las zonas agrícolas, donde  la contaminación del aire, del suelo y del agua va creciendo porque las aplicaciones de agrotóxicos se incrementan año a año y aumentan las dosis de aplicación”.

Además, comentó que “es muy importante que la Sociedad Argentina de Pediatría, que es nuestra organización científica de los pediatras argentinos, haya hecho este informe donde se llama a las cosas por su verdadero nombre, ´las sustancias químicas que se usan en el campo son tóxicas para los humanos´”.

¿Cuáles son los efectos en la salud de los niños y niñas?

El trabajo científico y epidemiológico demuestra que en los pueblos agrícolas entre el 40% y el 50% de los niños y niñas tienen síntomas de asma, sobre todo en los meses de aplicación de agrotóxicos (de octubre a diciembre).  Por el contrario, ciudades grandes como Rosario, Córdoba, Mar del Plata o Buenos Aire, solamente el 12% de los niños sufre cuadros asmáticos y necesita usar broncodilatadores en aerosol. También está multiplicada la cantidad de niños que nacen con malformaciones, dos o tres veces más frecuente que lo habitual que tienen las poblaciones humanas. Esto se da en los contextos de madres o embarazadas que viven en ambientes donde se respira agrotóxicos y estos actúan sobre las estructuras genéticas de los embriones y de los fetos produciendo malformaciones graves.

Pero los efectos tóxicos son más amplios aún, tal como lo explicó el doctor Vazquez, “en los niños y niñas los agrotóxicos y el glifosato en particular, se ha demostrado que tienen un efecto de inhibición la multiplicación de las ramificaciones de las neuronas. Las neuronas son nuestras células neuronales que tienen que estar interconectadas, la interconexión entre las neuronas es la que nos da nuestras capacidades intelectuales sensitivas, emocionales a nuestro cerebro. Esto se ve muy disminuido en contextos donde hay una carga de glifosato muy grande, donde las neuronas no se ramifican o se ramifican mínimamente comparándolas con las neuronas normales.  Esto se ha demostrado en grupos de estudio de la doctora Rosso, en Rosario, y publicado en las revistas Neurotoxicology de EE.UU., donde se demostró el daño de los neurotóxicos en las neuronas. El año pasado se publicaron extensos estudios epidemiológicos en EE.UU. donde se demostraba que las madres que vivían en las zonas cercanas a las aplicaciones de agrotoxicos tenían más del doble de riesgo de que sus niños tengan problemas de desarrollo intelectual, que tengan problemas del tipo autismo, que tengan problemas para aprender en escuela, que tengan problemas para hablar correctamente y eso es muy grave”.

Además destacó que “también los canceres están aumentados, principalmente en los adultos más que en los niños”.

Recordemos que docentes de los pueblos fumigados formaron una red para denunciar y visibilizar los efectos de las fumigaciones sobre las escuelas rurales. Desde el gobierno del ex presidente Macri fueron avaladas estas prácticas y condenado a quienes se oponían y hasta se instó a mal llamar productos fitosanitarios a los venenos y se responsabilizó por el mal uso a quienes perdían su salud en las aplicaciones.

El doctor Medardo Avila Vazquez fue enfático al expresar, “debemos avanzar en un sistema de producción que disminuya el uso de agrotóxicos y proteja a los niños y niñas de esta exposición, sobre todo en las escuelas que son fumigadas con las y los niños adentro de ellas”.

[i] “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”  https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_efectos-agrotoxicos-07-21_1625686827.pdf

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Por Marcelo Amable¹ y Viviana García^{1, 2}

En febrero de este año el gobierno de Estados Unidos, a través de sus Institutos Nacionales de Salud, anunció una inversión de 1.150 millones de dólares para financiar, durante cuatro años, investigaciones del COVID Prolongado (Long COVID). Así han denominado algunos grupos de pacientes autoorganizados al conjunto de síntomas que perduran después de sufrir la etapa aguda de la infección por SARS-CoV2.

Aún es poca la evidencia disponible para comprender los efectos a largo plazo de una enfermedad cuya existencia lleva poco más de un año. No obstante, el consenso científico crece diariamente en reconocer que se trata de un fenómeno real. Teniendo en cuenta las altas prevalencias de la enfermedad en personas adultas, y el impacto en su vida cotidiana y laboral, es necesario comenzar a ocuparse de las derivaciones que el COVID-19 tiene y tendrá en el mundo del trabajo.

Los síntomas del COVID Prolongado son muy variados y, aunque se continúa investigando, comprenden fatiga, dolor torácico, articular y muscular generalizado, dificultades para respirar, problemas cardiovasculares, renales y neurológicos, disfunciones cognitivas, incapacidad para concentrarse, así como ansiedad y depresión. Estos síntomas pueden aparecer semanas después de la infección por SARS- CoV-2 y prolongarse durante meses. La propia oficina regional para Europa de la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha señalado que el COVID Prolongado tiene un “impacto grave en la capacidad de las personas para volver al trabajo”, afectando su salud y la vulnerabilidad económica de sus familias. Las implicaciones de esta etapa de la pandemia alcanzan también a los empleadores, a los servicios de salud ocupacional y a la economía en general.

El impacto de la pandemia sobre el crecimiento económico es conocido. Menos sabemos sobre la repercusión que podría tener en la fuerza de trabajo. Si bien las tasas de mortalidad por COVID-19 son más altas entre personas ancianas, la muerte prematura, lógicamente, es mayor entre lxs más jóvenes. En un estudio reciente, que incluyó a 81 países, se calculó la cantidad de años que las personas hubieran vivido si la pandemia no hubiera existido. Allí se estableció que la muerte prematura fue de un 45% entre quienes tenían 55 a 70 años de edad y de un 30% en los menores de 55 años, pero ese patrón se invierte en los países de ingresos medios y bajos, alcanzando un 60% de muerte prematura entre lxs más jóvenes. La pandemia golpea no sólo aumentando las desigualdades en salud, sino también reduciendo las capacidades para salir de la crisis en aquellos países con menos recursos para enfrentarla.

Pero ¿cuántxs trabajadorxs que sobrevivan a la etapa aguda de la enfermedad podrán reincorporarse a sus trabajos de la misma manera como lo hacían antes de la infección? En la Argentina, durante el 2020, la incidencia acumulada específica para la población en edad de trabajar fue de 4362 infectadxs cada 100.000 personas. La prevalencia del COVID Prolongado es desconocida, pero una de las valoraciones más conservadoras sostiene que 1 de cada 3 infectadxs continúan con síntomas post COVID-19. Por lo tanto, en nuestro país alrededor de 470.000 personas ya han sufrido síntomas en la etapa del COVID Prolongado.

El Sistema de Riesgos de Trabajo (Si.R.T.) vuelve a situarse en el centro de las necesidades de la salud pública. Pero esta vez, debido a la gestión del regreso al trabajo de todas aquellas personas que han transitado la fase aguda del COVID-19. La respuesta a implementarse debe ser flexible, porque se trata de un conocimiento en evolución; oportuna, porque la aplicación debe ser simultánea al desarrollo de la enfermedad; amplia, que incluya beneficios y prestaciones imprevistas; y democrática, para preservar y extender los derechos laborales de lxs afectadxs.

La ley de Riesgos del Trabajo 24.557, del año 1995, posee entre sus objetivos la reparación, rehabilitación y recalificación de los trabajadorxs ante los daños derivados de las enfermedades profesionales. La gestión del regreso al trabajo realizada por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) durante todos estos años, aunque siga pendiente una evaluación verificable y sistemática de sus resultados, parecería seguir la doctrina del rechazo y el alta temprana. Sin embargo, lxs profesionales de la Medicina Laboral poseen el conocimiento y el compromiso ético que se necesitan para una prevención terciaria que preserve la salud de lxs afectadxs por COVID-19.

Es probable que el COVID Prolongado posea consecuencias sobre el absentismo de larga duración en el trabajo. La delimitación del tiempo en que se inicia y finaliza esta etapa todavía está en desarrollo. Por ejemplo, varios estudios establecieron que los síntomas persisten pasadas las 12 semanas del inicio del COVID-19 agudo, pero un estudio reciente en Suecia registró que el 10% de las personas infectadas continuaba con algún síntoma luego de 8 meses.

El retorno al trabajo debe ajustarse a las características de cada individuo pero deberá ser gradual, flexible y prolongado debido a la variabilidad de los tiempos de recuperación observados entre las y los pacientes. La Evaluación de Riesgo por parte de los Servicios de Prevención también será una herramienta fundamental, siempre que se adapte a esta nueva situación. Aunque todavía hay que estudiar los efectos combinados de la morbilidad por COVID Prolongado sobre la capacidad para trabajar, es posible prever algunas limitaciones. Por ejemplo, la fatiga física y cognitiva limitan la intensidad y duración de cualquier tarea laboral, o las posiciones de pie extendidas. El apremio por disminuir el absentismo no debe aumentar el riesgo de recaídas debido a la reducción en los tiempos del retorno.

El regreso al trabajo del COVID Prolongado, aunque sea similar a la gestión de cualquier condición crónica, requiere algunas consideraciones específicas tanto en la atención individual como en el marco legislativo general. Por ejemplo, la expresión de la enfermedad en esta etapa es heterogénea y puede afectar a múltiples sistemas y órganos al mismo tiempo. Se han observados secuelas pulmonares, hematológicas, cardiovasculares, neuropsiquiátricas, hepatobiliares, renales, endócrinas, dermatológicas y gastrointestinales.

La evaluación médica debe tener en cuenta esta complejidad clínica ampliando las intervenciones interdisciplinarias para su diagnóstico y tratamiento. También es necesario continuar estudiando los factores que intervienen en la evolución de la enfermedad para lo cual se requiere cooperación y coordinación en la disponibilidad de la información a medida que se va generando.

El COVID Prolongado, a diferencia de la etapa aguda, no parece relacionarse ni con la edad ni con la gravedad de la infección; por lo tanto, la rehabilitación debe estar disponible para trabajadorxs con diagnósticos de COVID-19, independientemente de la gravedad en la etapa aguda. Lxs profesionales de la salud que atiendan a estxs trabajadorxs tendrán que hacer esfuerzos por investigar, registrar los síntomas de una enfermedad aún en desarrollo, así como sus complicaciones y los tratamientos más efectivos.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 357 del año pasado que declaró al COVID-19 como Enfermedad Profesional para trabajadorxs esenciales durante el primer año de la pandemia ha sido fundamental para enfrentarla. Sin embargo, su caducidad a partir de noviembre de 2020, parece responder más a la urgencia del Si.R.T. que a la necesidad de lxs trabajadorxs. No sólo se ha perdido una herramienta que evite la propagación de la enfermedad durante el 2021, sino que se impide alcanzar los objetivos de rehabilitación de la propia ley de Riesgos del Trabajo. Habrá que observar con detenimiento la continuidad de las políticas de pagos y beneficios por la Enfermedad Profesional y los efectos de la gestión del regreso al trabajo por COVID Prolongado sin derechos laborales para su protección.

Lxs trabajadorxs de la salud resultan ser un caso que requiere una consideración especial. Es el colectivo de trabajadorxs que se ha visto afectado de manera desproporcionada por el COVID-19. Y se desconoce si esto puede afectar a una mayor incidencia o gravedad del COVID Prolongado. La pandemia alteró la cantidad de personal de salud disponible para la atención, transformando la gestión cotidiana de recursos humanos en un frágil equilibrio que amenaza con romperse de manera inminente. Por ejemplo, el 36% de las Enfermedades Profesionales reconocidas entre trabajadorxs de la salud se concentró en el rango de edad de 30 a 39 años.

Por lo tanto, el regreso al trabajo post COVID aguda puede ser una política vital para sostener los equipos de salud y la atención a lxs pacientes. La posibilidad de contar con una cobertura por Enfermedad Profesional hasta finales del 2021 es una tranquilidad para los trabajadorxs de la salud, pero parcial e insuficiente. La incorporación definitiva de la COVID-19 al listado de Enfermedades Profesionales parece ser la solución más justa y adecuada.

La efectividad del tratamiento, la recuperación y la rehabilitación laboral, como ocurre con cualquier enfermedad, aumenta con una intervención temprana. Pero se necesita continuar con la investigación respecto a los factores pronósticos del COVID Prolongado: la caracterización de síntomas y relaciones en y entre las fases de la enfermedad; el tratamiento recibido en la fase aguda; características individuales y laborales; el diagnóstico interdisciplinario; la gestión del regreso al trabajo según síntomas, tratamientos y su duración; entre otros.

La epidemiología laboral tiene mucha tarea por delante y no tiene tiempo que perder. Hay que implementar los registros de trabajadorxs, coordinar los sistemas de vigilancia; crear las cohortes de trabajadorxs con COVID-19 para realizar los seguimientos necesarios y desarrollar las investigaciones que nos ayude a comprender esta etapa de la enfermedad.

Los presupuestos para investigación del COVID Prolongado, seguramente más modestos que los anunciados en Estados Unidos, deberán surgir del esfuerzo coordinado y conjunto de distintas instancias estatales y privadas. Sin embargo, las implicancias sobre la fuerza de trabajo y la economía requieren de un Estado que ponga su mirada en el mediano y largo plazo, sosteniendo los esfuerzos colectivos para salir de la pandemia. La investigación sobre COVID Prolongado debe realizarse de manera inmediata, aunque más no sea, porque es un requerimiento silencioso entre quienes lo están padeciendo sin poder nombrarlo.

1. Grupo de Estudios en Salud Ambiental y Laboral (GESAL), Universidad Nacional de Avellaneda.
2. Instituto de Formación, Capacitación e Investigación (IFCI), Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina

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Por Maru Waldhüter

Escucha el informe completo:

Por estos días vimos cómo algunos países comenzaron a distender medidas de restricción ante la pandemia de coronavirus. Es el caso de Israel, que suspendió el uso obligatorio de tapaboca en espacios abiertos, o de Francia, que comenzó un progresivo desconfinamiento debido a la baja de contagios, así como de Estados Unidos, que pudo vacunar a la mitad de la población adulta del país.

Para responder a la pregunta sobre la escasez y distribución de vacunas, Marcha dialogó con Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), organización que pugna por la liberación de las patentes.

Sobre cómo llegamos a la situación actual, la directora ejecutiva de GEP se remontó a comienzo de los años 90’, periodo en el cual el avance de políticas neoliberales a nivel global dieron lugar al reconocimiento de patentes de propiedad intelectual vinculada al comercio para productos farmacéuticos. El convenio fue firmado por todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud y de inmediato se multiplicaron las solicitudes de patentes en todos los países. “Estas patentes otorgan – y esto es muy importante de resaltar – 20 años de exclusividad en el mercado local del que se trate, en el cual solamente el titular de la patente puede producir, usar, comercializar o importar lo que está patentando”, afirmó Di Giano y añadió que, “lamentablemente, la pandemia de covid-19 nos agarra con este sistema de patentes y de monopolios sobre medicamentos, como el modelo de innovación predominante” y deja a los Estados en un rol de mero comprador activo de medicamentos producidos y comercializados con un criterio de precios impuesto por empresas farmacéuticas multinacionales.

Vale señalar que el sector privado cuenta con apoyo económico de los Estados ya que, en muchos casos, la investigación se realiza en universidades o se financian con dinero público diferentes etapas de ensayos clínicos. “En el caso de las vacunas para el covid también sabemos que, durante esa etapa, para poder apuntalar la investigación en los ensayos clínicos y poder tener vacunas lo antes posible los Estados pusieron fondos”, afirmó la directora ejecutiva de Fundación GEP y se preguntó “hasta qué punto una empresa como esta puede apropiarse de esa tecnología y no permitir o negarse a ser una transferencia de tecnología para que podamos utilizar toda la capacidad que hay instalada o que puede adaptarse fácilmente para producir vacunas en la mayor parte de los países del mundo”.

Para pocxs mucho, para muchxs poco…

Este modelo de innovación monopólico es la explicación a la escasez de vacunas aún en plena pandemia. Los números que aporta Di Giano son contundentes para tomar dimensión de la gestión de la salud en manos del sector privado.

“Diez o quince países se han acopiado con el 80% de la producción de las vacunas que se han podido producir hasta el momento y 130 países del mundo no han recibido si quiera una dosis. A este paso en el nivel de producción, si no se aumenta la escala esos países mayormente países africanos y de Asia de bajos ingresos, se está viendo que hasta el 2024 no van a poder recibir una dosis. Esta es una cuestión que hay que revertir en materia internacional en el marco de la OMC”.

Muy lejos quedó aquella promesa del acuerdo firmado en los años 90’, en el que el reconocimiento de las patentes serviría para incentivar al sector privado a invertir fondos al servicio de la salud. Como era de suponer, el neoliberalismo nunca está a favor de la salud pública y las empresas invirtieron, pero para obtener más ganancias. “Si no se hace transferencia de tecnología vamos a estar muchos años para poder llegar a inocular a toda la población. Mientras tanto el virus, como vemos, avanza en sus variantes y esta ola que estamos pasando en estos días es mucho peor que la anterior”, dice Lorena Di Giano.

¿Quiénes están detrás de las empresas multinacionales que monopolizan la producción farmacéutica?

“El perfil de estas compañías es el formato de una empresa de accionistas, que se debe a sus accionistas, que busca el lucro y, además, cotiza en la bolsa de Nueva York. Mientras más caras son las vacunas o los medicamentos, más suben las acciones y así es el juego especulativo”, comentó la directora ejecutiva de Fundación GEP, quién también recordó que Paul Singer, titular del fondo de inversión Blackrock y acreedor de títulos de la deuda externa argentina es el principal accionista de la empresa que produce el medicamento Remdesivir para el tratamiento del covid-19.

Ante la concentración de los monopolios, la recuperación de la soberanía sanitaria

Sin embargo, este modelo de innovación en el que predominan las patentes no es el único posible. Un ejemplo claro es el de Cuba que, como mencionó Di Giano, ya tiene avanzadas dos vacunas para el covid-19, una de ellas es la denominada “Soberana 02”.

¿Qué lo hace posible? La decisión política de priorizar la salud, la capacitación y la inversión en el desarrollo de tecnologías. “Esto quiere decir que los países pueden adoptar ese mismo modelo, es decir, pueden recuperar la soberanía sanitaria, invertir en el desarrollo de tecnologías médicas y no solamente mantenerse en ese rol de comprador activo de tecnologías caras desarrolladas y producidas por el sector privado que lo único que busca es el lucro en detrimento de la salud”. Tal como lo comunicó el Ministerio de Salud Pública de Cuba, la isla se prepara para la primera campaña de vacunación masiva en su ciudad capital.

Otra alternativa a las multinacionales la ofrece la iniciativa rusa. El Instituto Gamaleya, comentó Di Giano, “presentó su solicitud pero no con fines de explotación comercial si no con fines de lo que llamamos patentes testimoniales, ellos son los dueños, pero no van país por país como hacen las otras compañías multinacionales pidiendo patentes o monopolios por 20 años y luego abusan y presentan precios extorsivos”.

¡Liberen las patentes!

Frente a este escenario, la campaña por la liberación de las patentes pide que los países que se encuentran en ámbito de la Organización Mundial del Comercio voten una propuesta impulsada por India y Sudáfrica que ya cuenta con el apoyo de 57 sponsors y 100 países, entre los que se encuentra Argentina. “Estamos hablando de suspensión de estos derechos de propiedad intelectual o de las patentes sobre las tecnologías para covid y mientras dure la pandemia. Esto está siendo resistido por las empresas multinacionales y los gobiernos que las representan”, es decir, por los 10 o 15 países que concentran la mayor producción de vacunas. “Estamos en un momento crucial, verdaderamente es necesario para poder frenar la pandemia, es crucial que se adopte esta resolución en el marco de la OMC y por eso estamos con la campaña ‘liberen las patentes’, que es una campaña que estamos realizando a nivel global muchas organizaciones de la sociedad civil”.

La actual directora ejecutiva de la OMC es una mujer nigeriana, Pamela Coke-Hamilton. Ella propone, entre las dos posiciones con relación a la liberación de las patentes mientras dure la pandemia, un camino intermedio, es decir, que las empresas adopten de manera voluntaria la posibilidad de ceder tecnología. Di Giano lo compara con el mecanismo Covax, una iniciativa por la Organización Mundial de la Salud que, si bien no tiene competencia en las patentes tiene competencia en salud, propone un sistema solidario y voluntario a las empresas. Sin embargo, la mayoría de las farmacéuticas se negaron a ingresar y, aunque Oxford AstraZeneca lo hizo, cedió tecnología a una sola empresa de la India con un alcance de solo 92 países donde viven 4 mil millones de personas. Una vez más, los números son contundentes: “¿cuántos años vamos a estar para que esas 4 mil millones de personas puedan acceder a la vacuna?”, reflexionó la especialista. Sigamos observando las cifras: “Cuando se comenzó en octubre de 2020 a plantear la posibilidad de esta suspensión, había un millón de muertos a nivel mundial y hoy ya tenemos 3 millones, entonces yo me pregunto cuántas vidas más vamos a necesitar perder”, advirtió la directora de GEP.

Entonces, ¿qué hace falta para liberar las patentes y los monopolios dejen de asfixiar a la mayor parte de la población mundial?

“Este es un tema sumamente político, se define con voluntad política y gestión diplomática a nivel mundial que es la herramienta que tienen los países en estos momentos para poder resolver la situación, porque la suspensión de la propiedad intelectual en materia de vacunas podría aumentar de una manera exponencial la disponibilidad de vacunas, porque podríamos fabricar en las plantas ya instaladas, como así también instalar plantas en aquellos países donde no hay pero que si hay recurso humano para llevar adelante la producción de vacunas. No es verdad que solamente los países ricos y sus empresas pueden desarrollar tecnologías, esto Cuba lo está demostrando”.

Antes que se acabe el mundo se emite todos los jueves de 19 a 20 horas por Trilce Radio, con la conducción de Agustín Bontempo e Ignacio Marchini y la producción de Maru Waldhüter y Macarena Martínez.

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Para ello se conformó la Mesa de Accesibilidad Electoral integrada por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el INADI, la Cámara Electoral, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Órgano de Revisión de Salud Mental, la Agencia Nacional de Discapacidad y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Por Dario Cavacini / Foto Martin Matilla

Históricamente, las personas en tales condiciones se han encontrado con una serie de obstáculos para el ejercicio de este derecho, tales como las sentencias que restringen, total o parcialmente, la capacidad jurídica y, en consecuencia, se las excluye de los padrones electorales. También, se constituyen como dificultades la falta de información disponible sobre los procesos electorales y las propuestas partidarias, la modalidad de voto, el lugar de votación, etc.  Asimismo, muchas personas permanecen internadas en instituciones alejadas de sus entornos o lugares de origen, lo que genera una enorme dificultad respecto a las lejanías de los lugares de votación donde están empadronados/as. 

La mirada tutelar que todavía se tiene en este campo, impide el reconocimiento de tales personas como sujetos de derechos y genera resistencias por parte de las familias, los equipos de salud, las instituciones y la comunidad en general, que evalúan como innecesaria su participación o bien, la consideran como “voto no calificado”.

La limitación de la capacidad jurídica ha sido utilizada para negar la participación política, especialmente el derecho al voto. La capacidad que tenga una persona de adoptar decisiones, no puede justificar que se les impida ejercer sus derechos. La exclusión del derecho al voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual percibida o real, incluida la restricción derivada de una evaluación individualizada, constituye una discriminación por motivos de discapacidad.

Las personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad tienen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y tienen derecho a contar con acceso a los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos. La existencia de un diagnóstico y/o de una internación no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño e incapacidad. Las declaraciones judiciales de incapacidad deberán especificar sus funciones y actos que se limitan, nunca pueden ser un todo indisoluble. 

El estado tiene la obligación de garantizar los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás, asegurando la participación plena y efectiva en la vida política y pública, directamente o a través de representantes libremente elegidos/as, incluidos el derecho y la posibilidad de votar y ser elegidas/os. Por ello, es imprescindible generar entornos de participación plena y efectiva en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones.

Los objetivos de esta campaña federal intentan revertir la histórica situación de vulnerabilidad que sufren estas personas, generando procesos electorales inclusivos y accesibles. Para ello se proponen crear espacios de sensibilización en la comunidad respecto al derecho al voto de diferentes grupos marginados, así como también generar acciones que promuevan el acompañamiento de usuarios y usuarias de cara a las próximas jornadas electorales que tengan lugar en el país. 

En esa línea, se prevén una serie de acciones territoriales que favorezcan el acceso a las personas a ejercer su derecho al voto, tales como la promoción de documentación, la revisión de los padrones e inclusión en los mismos de las personas institucionalizadas y el acompañamiento y apoyo el día mismo de las elecciones.

La verdadera democracia sólo será posible con la inclusión de todas las personas como sujetos políticos en pleno ejercicio de sus derechos, y para ello, las personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad deben contar con las condiciones necesarias para ejercer su derecho a votar libremente.

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Por Vivian Palmbaum | Foto: No a la mina

El agua es un recurso no renovable. El agua es el recurso natural más importante, no hay posibilidad de vida sin agua. Por eso el acceso al agua es reconocido como un derecho humano. También lo han entendido las corporaciones y los fondos especulativos, por eso cotiza en bolsa. El dominio de este recurso implica poder controlar la vida.

Este año, en el Día Mundial del Agua, se realizarán movilizaciones en todo el país para despertar consciencia, para darle visibilidad a la emergencia climática. Frente al Congreso Nacional se realizarán distintas actividades, incluida una sentada y un verdurazo y luego la Marcha Plurinacional por el Agua con destino a Plaza de Mayo bajo la consigna “Ante la depredación ambiental, movilización popular”. Diferentes organizaciones sociales, territoriales, culturales, trabajadores de la tierra y otras se unen frente a la emergencia que se siente en cada territorio.

Desde la Marcha, en un comunicado bastante crítico, afirmaron que “este documento se inició durante el gobierno de la Alianza Cambiemos y se actualiza hoy, a más de un año de iniciado el del Frente de Todos. Durante este tiempo hubo más continuidades que cambios en temas ambientales y se profundizó el extractivismo”.

En los distintos territorios se multiplican asambleas que se organizan para la protección y defensa de las problemáticas derivadas del modelo de producción extractivista que impuso el neoliberalismo que se desentiende de la vida.

Aún no se apaga el calor de las llamas que brotaron de la codicia, la negligencia y el abandono que arrasaron la Comarca Andina, produciendo el peor incendio que se recuerde en la zona. La catástrofe, sin embargo, puso en evidencia los lazos sociales que son el fuego que sostiene, y que viene resistiendo la instalación del proyecto de megaminería.

La vida está en disputa, porque sin agua no hay posibilidad de sobrevivir. Pero solo con el agua no alcanza, porque si está envenenada tampoco vale. Apenas hace unos días se detectó glifosato y otros contaminantes en el agua de cuatro escuelas rurales en Mar del Plata. La situación se repite en 15 escuelas rurales de Tandil y en las escuelas de todas las zonas rurales del país. Las derivas de los agrotóxicos se hacen presentes silenciosamente, así lo atestiguan la proliferación de enfermedades. Sin embargo, los Estados se desentienden de las consecuencias de este modelo depredador que impulsan en nombre del espejismo del desarrollo.

Humedales amenazados por las mineras, pueblos originarios que pelean por una gota de agua, lagunas que se drenan para convertirse en tierra agroganadera, agua con cianuro, lagos, ríos y napas contaminadas. Incendios, contaminación, inundaciones, privatización, minería, fracking, cianuro, enfermedades son algunas de las palabras que contiene el agua.

Desde la Marcha Plurinacional este 22 de marzo le dicen NO al modelo capitalista extractivista y afirman: “Caminamos por el agua, para defender la vida y los derechos, el respeto a la cultura y la cosmovisión biocéntrica de los pueblos indígenas y para hacernos escuchar a nivel nacional e internacional”.

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Por Vivian Palmbaum

El trigo transgénico, la megaminería y la producción intensiva de cerdos son algunas de las políticas productivas que se impulsan desde el ejecutivo nacional. Distintas organizaciones del país se oponen con medidas activas y creativas.

Argentina se convirtió en el primer país en autorizar la producción de trigo modificado genéticamente, según la Resolución 41/2020 del 7 de octubre de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura. Se trata de la semilla desarrollada por Bioceres que incorpora el gen HB4 resistente a la sequía y asociada al uso de glufosinato de amonio. La resolución está vinculada a ventajas comerciales que devienen de su exportación a Brasil donde aún no está autorizada la producción de esta variedad de trigo.

La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo) rechazó la posibilidad de la adquisición de estas semillas genéticamente modificadas y recomendó a sus asociados “abstenerse de producir y comercializar las variedades que contengan el evento hasta tanto obtenga la licencia de la República Federativa de Brasil”. En el país carioca el 60% de los panificados que se consumen se elaboran con trigo que viene de Argentina. Una disputa comercial parece entreverse como trasfondo del rechazo.

Entre los fundamentos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, informa la mayor tolerancia a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio. También en la resolución se explica que no se encontraron objeciones científicas para su aprobación desde el punto de vista de la aptitud alimentaria humana y animal.

El trigo en la Argentina es una de las principales semillas que se producen de manera intensiva, destinada al consumo interno y a la exportación. El impacto de esta variedad transgénica en la producción de alimentos en nuestro país parece inminente y sus consecuencias, incalculables aún.

Apenas difundida la resolución se alzaron muchas voces que alertan contra la producción de trigo modificado genéticamente. Una de las razones es que está asociada a un poderoso veneno como el glufosinato de amonio, más tóxico inclusive que el glifosato. El uso de semillas transgénicas está relacionado a paquetes tecnológicos que incluyen el uso de venenos que dicen asegurar la producción, pero que lo que si garantizan son enormes ganancias para las corporaciones.

No podemos olvidar que también Argentina fue, en 1996, el primer país en aprobar la producción de soja modificada genéticamente de la mano del entonces Secretario de Agricultura y actual Canciller, Felipe Solá. Las graves consecuencias que produjo sobre todas las formas de vida son evidentes en cada pueblo, cada escuela rural y hasta en las ciudades alejadas donde el glifosato se hace presente por sus derivas. A pesar de los empeños de gobiernos y el lobby para negar lo evidente, en llamar al veneno “producto fitosanitario”, las pruebas concretas en la vida cotidiana ya son indiscutibles. Tanto es así que hasta la OMS debió expedirse sobre la probabilidad de que el glifosato sea contaminante.

En cada territorio las asambleas luchan contra las fumigaciones que depredan la vida y para ponerle un límite al rociado con glifosato a las poblaciones. Una lucha desigual por los intereses que enfrenta. Hace apenas pocos días la presión popular logró ponerle freno al INTA Pergamino, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que había interpuesto un amparo judicial para quedar exceptuado de respetar los límites para las fumigaciones sobre el casco urbano de la ciudad. En cada región se vienen organizando asambleas de vecinas y vecinos para detener un modelo productivo de muerte. El aumento de casos de cáncer, malformaciones y alergias son la cara más visible del sufrimiento del modelo extractivo.

Distintas organizaciones de Argentina y Brasil han iniciado una campaña llamada “Con nuestro pan No” para concientizar sobre el grave impacto que provocará el uso de trigo transgénico en gran parte de los alimentos que se consumen en nuestro país. Con esta iniciativa han empezado a advertir a las empresas productoras de alimentos que utilizan al trigo como materia prima sobre las implicaciones del uso de trigo genéticamente modificado. “Se trata del avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos”, expresan desde la campaña.

Casi el 50% de las niñas y niños no tienen garantizado el derecho a la alimentación en un país productor de alimentos y la crisis económica, pandemia de por medio, amenaza con agravar aún más la situación; a eso debemos sumar que el pan nuestro de cada día podría envenenarnos.

Un chancho para China

También en línea con las intenciones de impulsar políticas de desarrollo productivo el gobierno argentino firmó un preacuerdo con China para la producción porcina que implica la instalación de megagranjas. Los supercriaderos de producción intensiva de cerdos destinados a China también fueron por parte de un acuerdo elaborado por Felipe Sola, y amenazan con concretarse,  pero la gran presión de la opinión pública  obligó al gobierno a agregar ciertas cláusulas al Memorándum de Entendimiento para garantizar el cuidado del ambiente en la producción de 900 mil toneladas de carne de cerdo. Con una campaña #NoAlAcuerdoConChina, figuras mediáticas dieron visibilidad a la oposición al acuerdo que pone en primer plano un modelo productivo que nos pone en peligro.

El abogado ambientalista Marcos Filardi, en una charla sobre el lobby de los alimentos, puso de relieve que las Constituciones nacional y provinciales garantizan los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la alimentación y al ambiente sano. “¿Es el Estado garante de nuestros derechos humanos o es cadena de trasmisión para garantizar los derechos de las transnacionales?”, reflexionó el abogado, además de destacar que “estos acuerdos impuestos sin  nuestro consentimiento cambian los modelos de ser, vivir y morir en los territorios”.

El modelo de producción extractiva solo busca satisfacer la voracidad de las corporaciones que no contemplan más que la máxima tasa de ganancia, en detrimento de la vida en cualquiera de sus formas. La pandemia ha puesto en evidencia un modelo de sobreexplotación de la vida que nos ha llevado una situación de extrema vulnerabilidad cuyas consecuencias padecemos los y las de siempre.

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Por Vivian Palmbaum

La provincia de Chubut vive una crisis económica que parece lejos de solucionarse. El gobernador provincial, continuador de Das Neves, ganó las últimas elecciones con promesas de mejorar una situación que mantiene en vilo a quienes habitan una de las provincias con mayores recursos.

El 14 de septiembre pasado, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH) emitió un comunicado titulado ¿Mineras o verdadera democracia? en el cual advertía sobre la reactivación del proyecto minero “Navidad”.

Los medios de prensa pusieron en evidencia que el gobernador Arcioni se apresta a habilitar los proyectos mineros metalíferos, eludiendo la ley que específicamente prohíbe la minería a cielo abierto y contaminante. En el comunicado las asambleas denunciaron que se intenta sortear la ley con el Decreto N°185/2009 y advirtieron sobre una operatoria que resulta inconstitucional. Según revela un reporte de la minera canadiense Panamerican Silver, se reconoce que la explotación se hará de manera convencional, es decir, a cielo abierto, lo cual es sumamente contaminante.

Los proyectos avanzan sobre la meseta central, territorio ancestral mapuche-tehuelche. En el comunicado se pone énfasis en la violación explícita del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido por nuestro país, que establece la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios que habitan la región.

Pan American Silver, Yamana Gold, Latin Metals, junto al grupo Elsztain, también operador del grupo IRSA, son algunos de los poderosos nombres que están ligados a las explotaciones de la región, entre las que se encuentra la minería extractiva.

Asambleas ciudadanas

La provincia de Chubut es pionera en la lucha contra la instalación de la minería a cielo abierto. Las asambleas como No a la Mina, en Esquel, impulsaron el freno a la megaminería en las cercanías de esa localidad.  A lo largo y ancho de la provincia se conformaron asambleas que se organizan para resistir el avance del extractivismo minero y consensuar propuestas que protejan la vida en todas sus formas. Así se fueron conformando asambleas ciudadanas en muchas ciudades y pueblos de Chubut.

El día 4 de cada mes marchan para recordar la iniciativa que consiguió frenar la minería y seguir organizándose para resistir. Hace pocos días fue el turno de la localidad de Gan Gan, en la meseta chubutense. Allí nuevamente se expresaron en defensa del agua y del territorio y explicaron que la Pan American Silver busca persuadir a las y los vecinos con la entrega de alimentos y útiles escolares.

Las asambleas ciudadanas de la provincia, integradas por vecinos, vecinas y organizaciones sociales, vienen reuniendo miles de firmas que respaldan la Segunda Iniciativa Popular, la cual impulsa una ley “que prohíba específicamente la minería metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia tóxica o peligrosa en toda la provincia”.

Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UACCH) muestran cifras bastante elocuentes: en la provincia viven unxs 560.000 habitantes, solo hay un rio, hay 135 proyectos mineros y más de 45.000 km2 concesionados.

El extractivismo minero, bajo la promesa del desarrollo, esconde la destrucción de los recursos naturales, el envenenamiento y el desecho de miles de litros de agua y la destrucción del medioambiente. Hace pocos días así lo expresó en una carta pública el cura salesiano, el Padre Tono: “si la megaminería comienza a contaminar el subsuelo, nos quita la única posibilidad de agua para vivir. La megaminería como estrategia de desarrollo para la meseta central norte, una de las más postergadas de la Patagonia, es un mito y una mentira. No crea trabajo local y sustentable”. Tal como señala en el comunicado, el acuífero Sacanana es un bien común no renovable, “es el alimento de nuestros cuerpos”.

Las asambleas ciudadanas de Chubut advierten que la grave crisis económica que vive la provincia parece ser el argumento que justifique la necesidad de los proyectos de la megaminería contaminante. En la provincia que tiene uno de los mayores recursos en explotación de hidrocarburos en el país, no se cumple con el pago de sueldos a las y los empleados públicos de distintas ramas.

Historia de una traición

El 23 de marzo de 2003 se realizó en Esquel el primer plebiscito de la Argentina donde el 81% de las y los votantes decidió rechazar la megaminería en las afueras de la ciudad. Unos meses después fue sancionada la Ley N° 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto en toda la provincia. La ley aprobada no respetó el mandato popular y dejó abierta la posibilidad de impulsar otros proyectos mineros. Por eso desde el año 2012 las asambleas ciudadanas promueven la modificación de la legislación a través de una Segunda Iniciativa Popular, respaldada por miles de firmas de habitantes de la provincia, para ampliar la protección ambiental en el territorio de Chubut.

Los proyectos mineros avanzan sobre la meseta chubutense. Estas iniciativas, alentadas por el gobierno de Mauricio Macri, hoy son continuadas. El presidente Alberto Fernández, a poco de asumir, afirmó que la “minería es un tema primordial” y destacó que “logramos que en la meseta de Chubut se puedan explotar oro y plata”.

También la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) hizo notar que los proyectos “Suyai”, de oro y plata, y “Navidad”, de plata y plomo, están en vigencia. Se suman otros proyectos como la Mina Ángela de reciente adquisición por parte de Latin Metals Inc., compuesta por 44 concesiones mineras individuales sobre un territorio de unos 200 km2.

En la reciente publicación de Panorama Minero se confirma la asociación entre Yemana Gold y el Grupo Elsztain para la explotación del proyecto Suyai.

Las mineras parecen no resignarse a la prohibición de la megaminería que existe en Chubut, tal como se ve en el rico triangulo donde se ubican los proyectos Patagonia y Suyai, reservas de minerales de oro, plata y plomo. Acuerdos con corporaciones gigantes para la explotación de minerales a cielo abierto que están alentados desde el ejecutivo provincial, a cargo de Arcioni, y desde la Secretaría de Minería a cargo de Alberto Hensel.

Las corporaciones, en alianza con el poder político, presentan a la megaminería como la única salida posible frente a la profunda crisis económica y social que atraviesa la provincia. Las asambleas ciudadanas, lejos de quedarse en las denuncias, impulsan la organización y actividades que permitan resistir y promover una ley justa para el territorio y sus habitantes que tenga como prioridad el respeto a la vida.

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Por Mauricio Vidal (desde Neuquén)

Diego Sepúlveda es Trabajador Social. Uno de las y los cinco integrantes del equipo de Servicio Social del Hospital “Dr. Natalio Burd” de la Ciudad de Centenario. Afiliado a ATE,  actualmente forma parte del cuerpo de Delegadxs de ATE en el hospital. La elección de su representación se dio en el contexto de la pandemia junto a ocho compañeras y compañeros. En esta entrevista, hablamos de la situación sanitaria de la ciudad de Centenario, la organización que llevaron adelante las y los trabajadores de la salud y las desigualdades que se manifiestan más profundamente desde la llegada del Covid-19

-¿Cómo fue la evolución de la pandemia covid-19 en la provincia de Neuquén, y cómo se manifiesta en la ciudad de Centenario?

-La evolución se puede contar a partir del dato frío de la curva de contagios y la contención que se hizo al principio de la pandemia, pero esta información, si bien es importante, considero que no refleja la realidad social más compleja que están viviendo quienes estaban en el mercado de trabajo informal o con situación de desempleo. Del mismo modo que no refleja el abandono en el sistema público de salud en lo que a recurso humano e infraestructura se refiere.

No es novedad afirmar que con la pandemia se profundizó la crisis social preexistente. Puso de manifiesto que un amplio sector de la población está inserta en el mercado de trabajo informal y que, a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dejó de percibir sus ingresos económico de subsistencia, lo cual implicó un aumento considerable en las demandas de asistencia directa de usuarias y usuarios de los servicios de asistencia del Estado. Del mismo modo, que la situación de encierro ha generado condiciones más adversas aún para mujeres y niñxs que padecen situaciones de violencias, y este aspecto en particular no ha sido tomado en cuenta por los gobiernos municipal y provincial.

Centenario tiene la característica de ser una ciudad con crecimiento demográfico acelerado, lo cual en gran parte se debe su ubicación en la “Ruta del Petróleo”. En el Censo de 2010 se estableció que es la segunda ciudad más grande la provincia y toda la previsión de este crecimiento demográfico nunca se tradujo en políticas públicas de planificación urbana. Una manifestación concreta de eso es la proliferación de los asentamientos urbanos ante la falta de políticas que garanticen el acceso a la tierra y vivienda. Esto lo destaco porque es donde sale a la luz que gran parte de la población de Centenario no posee los servicios básicos y, mucho menos, viviendas en condiciones de habitabilidad que permitan cumplir con pautas básicas de cuidado frente a la pandemia.

En esta ciudad de por sí el invierno es duro, pero con la pandemia esto se ha complejizado aún más. La política de asistencia del Estado provincial y local dista mucho de ser una política integral que pretenda resolver las situaciones de emergencia, ya que posee la característica de ser altamente burocrática e insuficiente en la resolución de la situación social que atraviesan las personas que poseen sus derechos vulnerados.

A todo ello se le suma el deterioro y vaciamiento de la salud pública, el faltante de recurso humano en la gran mayoría de los servicios, por lo cual no se cuenta con el plantel óptimo y esto, frente a la pandemia, se expresa aún más porque muchas compañeras y compañeros no están acudiendo a trabajar por estar dentro de la población de riesgo.

La tercerización de los servicios de maestranza, cocina y camilleros es sumamente preocupante, dado que son servicios prestados por empresas privadas que en la gran mayoría de los casos ofrecen contrataciones precarias y flexibles.

-En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que han utilizado los gobiernos provincial y municipal para gestionar la pandemia?

-En términos generales se podría decir que la estrategia de la provincia ha pasado por el endeudamiento de la provincia, lo cual fue avalado por la ley de emergencia sanitaria (n° 3230) y el exhaustivo control de la circulación de personas que, en muchos casos, redundó en violencia policial, algunas de las cuales han tomado estado público o fueron denunciadas en las redes sociales.

Respecto al mega endeudamiento, claramente no se reflejó en mejoras para el sistema de salud y menos aún en el sector de la población que con la pandemia padece aún más las desigualdades estructurales de esta sociedad.

Desde el discurso oficial, también se viene apelando a la estrategia de culpabilizar e individualizar la responsabilidad de los contagios en las trabajadoras y los trabajadores, para ocultar las precarias condiciones en las que se trabaja, desde antes de la pandemia, pero que ahora eso constituye un riesgo en cuanto a exposición a los contagios. Lo mismo ocurre en relación a los Elementos de Protección Personal (EPP): al inicio de la pandemia se envió a varios hospitales de la provincia “tapabocas” caseros, lo cual fue rechazado, pero aún hoy podemos ver a gente que está trabajando con esos tapabocas. Desde distintos lugares de trabajo se están solicitando medidas que resguarden al personal de salud, pero eso no está siendo escuchado por las autoridades del ministerio de salud, ni de las direcciones de los hospitales.

-Como parte del plantel de trabajadorxs de la salud pública que está enfrentando la crisis sanitaria, ¿qué transformaciones de índole familiar, laboral y social se produjeron? ¿Cuál es la situación actual y que procesos de organización entre trabajadorxs se están dando?

-Las transformaciones de índole familiar son en términos generales y, por lo que compartimos a diario con lxs compañerxs en las asambleas, las mismas para la mayoría. Principalmente, está presente el miedo de contagiar a alguien de nuestra familia, sobre todo para quienes conviven con personas incluidas dentro de la población de riesgo. Para quienes tenemos niñxs en edad escolar, resulta difícil la reorganización constante para garantizar el cuidado.

En términos laborales, pesan los cambios por el cierre de los dispositivos de intervención grupal, el tener que acudir a otras formas de intervención como las llamadas telefónicas, videollamadas, entre otras.

Este conjunto de cosas viene acumulando mucho desgaste en lxs trabajdorxs de salud, el cual no está siendo tenido en cuenta a la hora de pensar en protección y cuidado. Venimos manifestando que en el tratamiento de la pandemia hay una mirada médica hegemónica que no contempla el nivel de desgaste y agotamiento que atraviesa todo el personal de salud; entonces pareciera ser que si están todos los EPP, no deberíamos contagiarnos y si lo hacemos es nuestra responsabilidad.

Desde el inicio de la pandemia, en el hospital ha quedado en claro la ausencia de una coordinación concreta. En las dos primeras semanas, por órdenes de la dirección del hospital, se hizo reducción de la atención, lo cual implicó que cada servicio se organizara para garantizar la prestación de los servicios y con ello también se evitaba el hacinamiento de trabajadores y trabajadoras. Luego de esto, de un modo incomprensible e infundado, se obligó a la totalidad a volver a trabajar a las jornadas laborales habituales (8 horas diarias), sin considerar la falta de espacios físicos en las oficinas. En simultáneo, se desafectó a la jefa de enfermería por avalar la reducción de la jornada laboral a 30 horas, lo cual estaba fundado en el resguardo de la salud integral de lxs trabajadorxs, en la disminución en tiempo de exposición y también en el cuidado de la salud mental de quienes están en la primera línea.

Esto derivó en un proceso de organización y se empezó a convocar asambleas semanales, donde se fueron definiendo las acciones por desarrollar. Con el recurso de la asamblea se fueron eligiendo delegadxs ATE en distintos servicios, lo cual fortaleció la organización.

-¿En esas asambleas, cuáles salieron como sus demandas y reivindicaciones más urgentes?

-Dentro de las demandas urgentes estamos pidiendo el cumplimiento total de nuestros derechos laborales establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo; la reducción de la jornada laboral de todos los servicios a 30 horas semanales; los EPP en calidad y cantidad para todo el personal de salud; el pago de incremento salarial por el IPC pactado en el mes de febrero y el pago del aguinaldo completo.

¿Y cómo responde está respondiendo la comunidad al reclamo están realizando?

-La comunidad de Centenario es usuaria del hospital y conoce mejor que nadie el deterioro que está atravesando la salud pública. También conoce toda la lucha realizada por la reapertura del servicio de pediatría, entre otras, y por ello es solidaria y manifiesta acuerdo y apoyo con los reclamos que se vienen realizando.

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Por Vivian Palmbaum

Cada 26 de julio es el inicio de la siembra y “la época de la multiplicación de la vida”. La semana llega hasta el día de la Pachamama, el primero de agosto, en que se rinde homenaje a nuestra Madre Tierra. Una tradición muy arraigada en los pueblos indígenas que le rinden un necesario reconocimiento a la tierra, porque entienden que sin ella no hay vida. Así fue que surgió la iniciativa desde el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) para llevar adelante la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, de gran importancia para los pueblos indígenas.

Marcha dialogó con Gerardo Segovia, del Movimiento de Semillas Campesinas de Misiones, que nuclea a diversas organizaciones del campo y la ciudad cuyo objetivo es la defensa de las semillas nativas y criollas, de la biodiversidad y de los bienes comunes.

Gerardo Segovia contó que “éste es el vigésimo tercer año que se realiza la caminata, es un momento muy especial del ciclo de la naturaleza. Frente a la propuesta quedate en casa, aíslate, confínate, nosotros desde Misiones, todo el colectivo, propusimos hacer lo que siempre hacen las semillas: viajar”. Además, contó que “este año una propuesta novedosa fue el viaje, la canasta viajera con semillas de todos los guardianes y guardianas de la provincia de Misiones. La propuesta fue unir Iguazú-Posadas por la Ruta 12, pasando por cada una de las localidades. También otra propuesta fue salir desde El Soberbio el día 25 hasta llegar a Iguazú el primero de agosto, todo por la Ruta 14, siguiendo los departamentos de Guraní, San Pedro, Gral. Manuel Belgrano”.

Hacia un cambio de paradigma

El domingo en Iguazú se realizó el ritual de inicio: “esto fue realmente muy emocionante,” — contó Segovia— “ver que aun con el aislamiento se realizó el ritual del intercambio de semillas de mano de guardianas y guardianes”. Explicó que “compartimos la semilla de un guardián que trae la historia de 12 mil años de relaciones, de adaptaciones al clima, de sabiduría, de vínculos con el cosmos. Lo que se comparte es una lógica diferente, tanto educativa como económica y política, por eso nos parece muy importante reflexionar sobre este momento. Nosotros decimos que esta semana es la más anticapitalista que hay porque los agricultores proponen otra lógica, otro paradigma donde están la semilla y la vida como centro y no la mercancía”.

Gerardo explicó que “desde el 26 de julio, día de las semillas, hasta el 1 de agosto, día de la Pachamama, las semillas se intercambian entre las manos campesinas para realizar ese diálogo entre las semillas y la tierra para poder sembrar. El intercambio de semillas es la fiesta más importante de los campesinos y agricultoras”.

Desde el 2015 se viene trabajando en todo el continente la semana continental de las semillas nativas y criollas. Segovia relató que “en la provincia de Misiones organizamos ‘Semillas viajeras polinizando soberanía’ con el Movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones y el Foro Agrario Misionero, entre muchas otras organizaciones”.

Desde el colectivo impulsan que se declare la semana municipal y provincial de las semillas criollas y nativas y que los legisladores nacionales y provinciales puedan lograr que se declare también a nivel nacional. “La centralidad de la soberanía alimentaria está en la disputa por la semilla. Nosotros creemos que tiene que quedar en manos de campesinos y campesinas, huerteros urbanos, los que tienen la semilla en las terrazas, en los patios, la autoproducción de semillas y no que la semilla sea controlada, patentada y comercializada como una mercancía por las transnacionales, las corporaciones, los Monsanto, los Bayer y los Singenta. Semillas libres para pueblos libres”.

MAELA – Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe

En ocasión de la Semana Continental de las Semillas, el MAELA publicó una Declaración que pone énfasis en el modelo productivo. “En esta Semana Continental de las Semillas, desde el MAELA queremos advertir sobre los procesos que ya comentamos: el acaparamiento de bienes naturales por parte de grandes empresas, la expansión de cultivos transgénicos, las leyes de semillas que restringen el uso propio y ponen en peligro la conservación de las semillas nativas y criollas. Asimismo, vemos con preocupación la desvalorización por parte de algunos gobiernos y sectores de la sociedad, del rol de las familias rurales como proveedoras de alimentos de calidad a los pueblos y ciudades”.

Destacan que desde hace tiempo, “junto a varias organizaciones veníamos denunciando que la aplicación de sistemas agroalimentarios industriales que acaparan tierra, arrasan los montes, contaminan el ambiente y destruyen la biodiversidad, vienen creando las condiciones para que nuevos virus y enfermedades emerjan y se propaguen. Estos sistemas extractivos han provocado cambios drásticos que impactaron, impactan y lo seguirán haciendo en el futuro, sobre los territorios, si no revertimos nuestra forma de ser, habitar y cuidar la ‘casa común’, la madre tierra”.

Entre otras cosas, insisten en que “desde nuestras comunidades y organizaciones trabajemos juntos en nuestros territorios para la construcción de políticas públicas para que nuestras semillas nativas y criollas sigan alimentando la vida en libertad y soberanía”.

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