Por Nadia Fink

Daniel Solano era un pibe joven, un laburante, que había llegado desde su Tartagal natal a Río Negro para trabajar en la cosecha de manzanas. Allí padeció desde adentro la explotación extrema, la discriminación, las condiciones de hacinamiento, las políticas de las grandes empresas fruteras que no se cansan de estafar a los trabajadores golondrinas. Pero Daniel sí se cansó, protestó, habló con sus compañeros, intentó organizar el reclamo. Le tendieron una trampa, se lo llevaron una noche y nunca más apareció. Un complejo entramado compuesto por compañías sin escrúpulos, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces a sueldo, es la punta del ovillo de una desaparición más en democracia. En Choele Choel sigue el acampe (antes de familiares, ahora de personas que se solidarizaron con la causa), los policías siguen sueltos (y portando armas), los trabajadores siguen padeciendo las condiciones en cada cosecha, los empresarios siguen contanto billetes. Pero falta Daniel. Y, también, Gualberto, su papá.

“He recalcado en todo este tiempo el pedido de mi tío Gualberto. Cuando él decía: ‘Dónde está mi chango?’, ‘¿Dónde habrán dejado mi chango?’, ‘¿Dónde está Daniel?’, ‘¿Dónde está el Nene?’, como le sabíamos decir todos”. Quien habla es Romina, prima de Daniel y vocera de la familia desde Tartagal. Y su simple pedido apunta a la pregunta del título: la justicia que se demora diez años, ¿es justicia? Gualberto llegó a Choele unos días después del 5 y se quedó a vivir allí durante años. La última vez que lo vimos fue en mayo de 2016: en ese entonces el frío empezaba a sentirse y el calentaba la pava para unos mates en la piecita destinada a las donaciones de Cáritas donde estaba alojado en la parroquia a cargo del cura Cristian Bonin. Gualberto falleció el 3 de abril de 2018 esperando llevarse el cuerpo de su hijo. Cristian dejó los hábitos y se fue a vivir a Viedma. Al padre de Daniel, la justicia no le llegó.

Hecha la ley, hecha la trampa

Si bien la causa tuvo sus idas y vueltas de la justicia Federal a la provincial, es importante destacar que los siete policías estuvieron detenidos y que posteriormente fueron excarcelados, pero aún siguen procesados: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera por considerarlos autores de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Pablo Andrés Albarrán Arcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuell, como partícipes necesarios de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Héctor César Martínez como partícipe secundario en los mismo delitos pero se le suma el de “abuso de autoridad”, por haber sido Jefe de la Comisión Investigadora al inicio de la causa y que desvirtuó elementos de prueba ocultando, informando falsas hipótesis (por ejemplo, un viaje de Solano a otra provincia porque era “un picaflor”) y obstaculizando la investigación.

El querellante de la causa era Gualberto, por lo tanto, con su muerte empezaron a jugarse las trampas que el poder judicial podía utilizar. Así nos cuenta Cristian: “Las contrapartes, los abogados de los policías asesinos, trataron de disolver la presencia de la querella en el juicio. Porque la querella es la familia, es Gualberto Solano, con los abogados particulares. Al morir se logró hacer que se constituyera como querellante el abuelo de Daniel, Manuel Solano, como familiar en línea directa. Y, por supuesto, siguen acompañando Sergio y Leandro [Heredia y Aparicio, respectivamente, abogados de la familias desde fines de 2011 hasta la fecha]”.

Así el juicio siguió adelante y ell 1 de agosto de 2018, la Cámara Segunda de Roca condenó a los policías. El 23 de diciembre del 2018, el Superior Tribunal de Justicia –el máximo órgano judicial de la provincia de Río Negro– ratificó el fallo de la Cámara Segunda. Pero fue entonces que los abogados de la policía interpusieron un recurso de queja a ese fallo del Superior Tribunal de Justicia, que fue denegado por el Superior Tribunal de Justicia. Por eso sólo les quedó la instancia de la Corte Suprema. Una causa con tantas pruebas y tantas instancias condenatorias, ¿puede seguir siendo rechazada por los culpables? ¿Acaso es justicia?

Migrar para buscar laburo

“No solo son estos siete policías los responsables del asesinato y la desaparición de Daniel, sino que hay más actores, cómplices. Como, también, la misma empresa, los dueños de la empresa, que son responsables de lo que le pasó”, denuncia Romina.

Y es que el entramado es mucho mayor si entran en juego las empresas que intervinieron en el traslado de Daniel y sus 69 compañeros que subieron al micro para trabajar en la cosecha de manzanas. El reclutamiento se hizo desde Agrocosecha SRL (una empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa”), que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque. La estadía de los trabajadores sucedería en las “gamelas”, una especie de carpas donde dormían apiñados. Allí llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Allí, muy cerca de la casa natal del periodista Rodolfo Walsh.

El cobro del primer sueldo resulta el momento más crítico: los descuentos son excesivos y muchos no pueden girar el dinero a sus casas; el ciclo es inevitable: trabajan, no les pagan, son discriminados, son maltratados, muchos optan por el alcohol ante una situación sin salida. El grupo BORA (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), entonces, tiene su accionar justificado. La tropa de élite es tristemente conocida en Río Negro por su intervención en las matanzas durante las represiones de Bariloche, que derivaron del asesinato de Diego Bonefoi en 2010. El grupo que, como detentan sus siglas, es entrenado para estar en eventos multitudinarios y en manifestaciones, se encarga de custodiar a los trabajadores de las gamelas.

De esas complicidades habla Romina, de esa connivencia entre el poder económico, político y judicial. También, de la estafa que cada mes y cada año aplicaban a esos mismos trabajadores cuando cobraban su primer sueldo: descuentos por montones hacían que cobraran un cuarto del sueldo acordado. Esa fue la osadía que cometió Daniel: no callarse, amenazar con una huelga el lunes siguiente aquel viernes 4 de noviembre. Y los capos de la empresa Agrocosecha ya lo conocían: a Solano lo querían todos. Por eso, veinte minutos después de que entrara al boliche “Macuba” lo nombraron y lo señalaron desde la cabina. Así, las fuerzas policiales (sí, que también eran custodia en el boliche Macuba) lo empujaron hasta la vereda y lo llevaron hacia la esquina. En el fondo de la calle lateral lo subieron a un patrullero. Desde ese momento está desaparecido.

“Mi abuelo sigue esperando que entreguen el cuerpo de su nieto”

Esta historia que aún espera un fallo favorable de la Corte Suprema, cuenta desde el principio con una red enorme de solidaridades para romper la complicidad y el silencio de un lugar pequeño y tan lleno de poderes; en principio de quienes dieron sus testimonios para reconstruir los detalles luego de la desaparición de Daniel. Así lo cuenta Bonin: “ Cada pedacito de verdad observada es sustancial, porque eso arma el cuadro del evento. Hay personas que vieron momentitos, instantes y hay otras que pudieron ver el caudal de violencia de los siete esbirros de Daniel y que tuvieron el valor, el coraje, la audacia de no secuestrar –y menos desaparecer– ese pedacito de verdad que les tocó ver. Sino que, por el contrario, lo comprometieron con la causa, asumiendo los riesgos que se inauguran cuando uno tiene para compartir verdades que chocan de frente con los intereses corruptos de la Policía, del Poder Judicial y de otros sectores que suelen ser favorecedores de la impunidad”.

Pero también está la red que conformaron personas de la zona y que se comprometieron con Gualberto, con su familia, con la memoria de Daniel, con la justicia que nace del barro y no de los pedestales. De esa red es parte Cristian, y quiere nombrarles: “Algo interesante es el equipito que se fue conformando de personas muy distintas. Está Euge Rosi que, actualmente, está viviendo en Río Colorado. Jessica Visoqui, en Bahía Blanca; Nadia París, desde la zona de Neuquén; Marce Torres y Pablo desde Choele, con otros compañeros y compañeras; Olga Uso, también, desde acá, desde Viedma”.  Y menciona el término “nueva forma de ser querella” cuando las distancias son tantas y cuando las personas van quedando en el camino: “Son las personas que, desde distintos puntos, nos mantuvimos muy unidos para fortalecer denuncias, para amplificar la voz de la familia Solano, para pensar juntos estrategias y recursos orientados por los abogados, en conversación con ellos y con la familia”.

¿Y qué pasa con los tiempos de la justicia? Insistimos porque, claro, ya hemos hablado tanto durante estos diez años que lo repetimos porque no sabemos si nos escuchan, si nos entienden, si cada palabra rebota contra un muro imposible de traspasar. Romina habla de esos tiempos: “Lamentablemente, como digo y como decimos todos, la Justicia es muy tardía. Muchas veces se llevan por delante a otras personas también, porque las fuerzas se agotan. Las fuerzas se ve muy débil, la salud ya no es la misma cuando sos joven. Por ejemplo, lo que pasó con mi tío Gualberto, que esa fortaleza se fue debilitando por el dolor que sentía, por ese dolor que él tenía. Aunque muchas veces nos demostró, a cada uno de nosotros como familia, sentirse fuerte. Pero en la soledad, en el silencio, en la habitación, cuando se encontraba él solo, no se daba cuenta de cuánto dolor tenía él”. Ahora el que espera es Manuel. Que la justicia actúe (por fin), que los policías sean condenados, que se responsabilice a los cómplices (porque siguen viajando, cada años, trabajadores temporarios), que los asesinos hablen, que la familia pueda llevarse el cuerpo de Daniel a Tartagal para “tener un lugar donde ponerle una flor”.

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Por Redacción La tinta

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la condena a cadena perpetua a Lucas Gastón Chávez y Rubén Alfredo Leiva, efectivos de la Policía de Córdoba que asesinaron a sangre fría a Fernando Pellico. De esta manera queda firme la sentencia emitida en diciembre de 2016 por jurados populares y el Tribunal de la Cámara Octava del Crimen.

El “Güere” fue baleado por la espalda el 25 de julio de 2014 en barrio Los Boulevares cuando se trasladaba en motocicleta junto con su primo Maximiliano Peralta tras cruzar un control policial. En primera instancia, la Policía adujo que se trató de un enfrentamiento, pero la familia siempre señaló que fue otro caso más de gatillo fácil. Durante el proceso quedó demostrado no sólo que no hubo intercambio de disparos entre los uniformados y los dos jóvenes que se trasladaban en motocicleta por la zona de Los Cortaderos, sino que además los policías quisieron -luego de balear por la espalda a Güere- plantar un arma al joven para dibujar la situación de fuego cruzado.

En la sentencia, el Alto Cuerpo expresó que “la prueba de cargo resulta contundente y destruye absolutamente las posiciones exculpatorias asumidas por los imputados”.

“Sin que las víctimas hubieran realizado comportamiento reprochable alguno, el imputado Chávez desenfundó su arma reglamentaria y efectuó una serie de disparos hacia las víctimas (aproximadamente 10), quienes iban de espalda y desarmadas (en una motocicleta). Uno de los proyectiles impactó en Peralta provocándole una lesión, en tanto otro impactó en Pellico y le provocó la muerte”, sintetizó la resolución.

La Sala Penal del TSJ remarcó que “las víctimas no estaban armadas y que no existió un enfrentamiento armado y, en consecuencia, que el impacto de bala que presenta la camioneta (policial) no fue provocado por ellas”.

La sentencia explica que se desprende del plexo probatorio que fue Chávez quien disparó mientras los damnificados se conducían de espalda. La Justicia también señaló que el imputado Leiva “oficiaba como jefe de móvil y era quien al momento del hecho tenía tanto la posibilidad jurídica (era su superior) como fáctica (dar orden de no disparar, bajarle el arma, sacarle el arma) de impedir dicha conducta ilícita que estaba llevando a cabo su subordinado, ya que se encontraba junto a él”.

“Leiva, siendo superior jerárquico, tenía la obligación de impedir que Chávez dispare, máxime cuando no existía ningún peligro ni riesgo para ellos ni para terceros, pues las víctimas no estaban armadas. Entonces, si una de las funciones que tiene el personal policial es evitar o impedir los delitos, claramente ha quedado demostrado que Leiva no cumplió con su deber, pues teniendo la posibilidad jurídica y material no lo hizo”, argumentó la Sala Penal, integrada por los vocales Sebastián López Peña, Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati.

El TSJ enfatizó que, desde un primer momento, los policías imputados intentaron hacer pasar el hecho como un “enfrentamiento armado”, es decir, que Chávez disparó para repeler la acción. “Para ello, se intentó buscar un arma para implantarles a las víctimas y se trató de hacer pasar el disparo en el móvil como producido por los damnificados, todo lo que se fue desvirtuando con el devenir de la investigación”, concluyó.

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La reglamentación con respecto al uso de armas de fuego en las Fuerzas de Seguridad, que habilita a disparar a quien huye sigue cosechando críticas, ya no sólo de los organismos de DDHH sino también de Elisa Carrió. Ivonne Kukoc, madre del joven asesinado por el policía Luis Chocobar dijo que quieren aplicar la pena de muerte en Argentina y pidió la renuncia de Bullrich.

En los últimos meses, Ivonne conoció muchas madres y padres que, como ella, perdieron a sus hijos en manos del gatillo fácil. En ellas y ellos encontró la fuerza para seguir adelante y exigir justicia para que Chocobar, el policía local de Avellaneda que asesinó a su hijo Juan Pablo Kukoc vaya preso. En ese reclamo

pone toda su energía.

Mientras, el gobierno nacional hizo ley lo que empezó a llamarse la “doctrina Chocobar”, cuando honró al policía que disparó por la espalda al joven Kukoc. La Resolución 956/18 cambia la reglamentación para el uso de armas del fuego para las fuerzas de seguridad y amplía las posibilidades de disparar a quienes consideren “sospechosos”. El repudio creció y sigue creciendo y en las últimas horas de ayer, la justicia hizo lugar a un amparo presentado por varias personas referentes de Derechos Humanos, decretando como inconstitucional e inaplicable el reglamento en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, conversamos con Ivonne en el barrio de la Boca, a pocas cuadras del lugar donde fue asesinado su hijo, para conocer su opinión tras “el cambio de doctrina” de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

–¿Qué pensás de la decisión del gobierno de permitir que los policías federales disparen sin dar la voz de alto?

-Es gravísimo. Es una decisión horrible. Yo creo que ven a la gente como animales y quieren matar pibes pobres como si fueran perros. Lo que no se dan cuenta es que esta medida lo único que va a generar es más violencia. El rol de la policía es detener a quien comete un delito y ponerlo a disposición de la justicia, no tener licencia para matar a discreción. De esta manera lo que buscan es legalizar la pena de muerte en Argentina.

–La Ministra de seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la doctrina anterior despreciaba a los uniformados y que esta los resguarda.

-La verdad es que la Ministra tendría que renunciar. Este no es trabajo para ella. Se trata de una funcionaria que festeja muertes. La solución a los delitos, a la inseguridad no puede ser matar pobres y negritos. Si hay pibes y pibas que roban, deben ser detenidos. Pero la solución estructural es la que falta.

–En estos meses te encontraste con madres y padres que han perdido a sus hijos e hijas en casos de gatillo fácil. ¿Qué aprendiste de ellos?

-Ante tanto dolor, nos encontramos y nos acompañamos. En este tiempo aprendí que la justicia se gana en las calles. A nuestros hijos se lo llevo el gatillo fácil, policías que actuaron siguiendo generalmente órdenes políticas y que tienen protección de los poderosos. Imaginate la protección que tienen, que al asesino de mi hijo lo recibió con honores el Presidente, aunque está acusado de homicidio.
La única manera de lograr justicia, es estar organizados y juntos. Y la fortaleza de encontrarnos y saber que vamos a pelear hasta el final.

– ¿Cómo se sigue día a día, después de perder un hijo?

-Es muy duro. Porque no se murió. Lo mataron. Y todos los días se me vienen a la cabeza las mismas imágenes: Juan Pablo tirado en la calle, Chocobar disparándole hasta matarlo. A mi hijo lo mataron como un perro. Y eso yo no se lo deseo a nadie. Hay un vacío que siento que nunca más se va a llenar. Pero acá hay que sacar fuerzas de donde sea. Por Juan Pablo y por todos los pibes y pibas que tienen derecho a la vida. Ellos quieren instalar la pena de muerta. Y nosotros tenemos la obligación de defender el derecho a la vida. Para todos los seres humanos.

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En un contexto de recrudecimiento de políticas y discursos racistas y xenófobos, un joven platense está detenido en una cárcel de máxima seguridad hace un mes. Fue procesado por narcotráfico y se le negó la excarcelación. ¿Su delito? Mantener su identidad cultural.
Imaginá que vivís en una comunidad muy unida y están por hacer una gran celebración. Tu mamá te pide que la lleves con el auto para comprar 30 kilos de papas para compartir en esa festividad. Y cuando estás cargando el baúl, pasa la policía.

• ¿Qué está cargando?
• Bolsas de papas.
• Usted sabe que eso es ilegal.
• No, siempre en mi familia comemos papas.

Entonces te esposan, te llevan detenido, te dejan incomunicado, te meten en una cárcel de máxima seguridad y te procesan por narcotráfico.

¿Ridículo, no?

Ridículo, arbitrario, violento y posible: Exactamente eso es lo que está viviendo José Luis Zurita Delgadillo, un joven de 28 años que fue con su mamá -Doña Julia- a hacer las compras para la celebración de la Virgen de Urkupiña que realizaba al día siguiente la comunidad boliviana de La Plata. Pero no se trataba de papas si no de otro vegetal autóctono de estas tierras: la coca. Compraron hojas de coca en estado natural. Un producto tan ancestral como estigmatizado.

Ya lleva un mes detenido, le negaron la excarcelación y fue procesado por narcotráfico. “Esto es más que una pesadilla”, dice Vilma, su hermana.

José Luis nació en Argentina. Su mamá y su papá vinieron desde Cochabamba, Bolivia, en la década del 70. No tiene antecedentes penales, cursa el tercer año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de La Plata y es bailarín de la comparsa Caporales Cruz del Sur.

Trabaja junto a su familia como feriante en el Mercado Regional de Frutas y Verdura de Tolosa, La Plata, vendiendo aceite, especies, frutas y verduras. Compran periódicamente hojas de coca que se usan para coquear (o pijcheo en lengua quechua), es decir, para mascar por un tiempo prolongado, una práctica social, ritual, medicinal y simbólica muy extendida en el altiplano.

La hoja también se usa para té, mate, comidas y ceremonias de la Pachamama; y es un elemento central en la tradición ancestral indígena andina, no sólo en Bolivia si no también en Perú, Chile y Argentina. No hace falta estar en Salta o Jujuy para conocerla: en obras en construcción de grandes urbes, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario –por ejemplo- se puede ver a los obreros coquear mientras hacen trabajos de fuerza. Muy usada también por transportistas y por trabajadorxs agrícolas.

Aquel 25 de agosto fue con su mamá a comprar 30 kilos de hojas de coca en estado natural para compartir en la enorme y colorida festividad que la comunidad boliviana hace La Plata: la veneración de la Virgen de Urkupiña, justamente la patrona de la integración.

Cuando estaban cargando el baúl, los interrogaron efectivos de la Policía de la Ciudad. José Luis y Doña Julia les explicaron que la hoja de coca no es una droga y que no había ningún delito. Los policías le respondieron -según consta en la causa- que le iban a explicar “qué es y qué no es delito en la República Argentina” (como si José Luis no fuera argentino). Y se lo llevaron detenido. Estuvo tres días incomunicado en la comisaría 52 de Villa Lugano y luego fue trasladado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

Le negaron la excarcelación por supuesta falta de constatación de domicilio, aunque hace más de veinte años vive en el mismo lugar en Tolosa y tiene el mismo domicilio en su DNI y en la documentación del auto que está a su nombre.

El 14 de septiembre el juez Marcelo Martínez De Giorgi del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 lo procesó por considerarlo “coautor penalmente responsable del delito de guarda de materia prima destinada a la producción o fabricación de estupefacientes”. Lo imputó por un delito que prevé penas de 4 a 15 años de prisión y lo embargó por $ 135.500.

La hoja de coca no es droga

Para que no queden dudas: el consumo de hojas de coca es legal en Argentina hace treinta años.

La Ley Nacional de Drogas (23737) de 1989 explicita en su artículo 15 que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo”.

Además (y en parte tras la presión internacional ejercida por el presidente de Bolivia Evo Morales), en enero de 2013 la ONU la excluyó de la lista de estupefacientes prohibidos de la Convención Antidroga impulsada por Estados Unidos en 1961.

En el allanamiento en el lugar donde madre e hijo se habían aprovisionado de las hojas no hallaron ni elementos de corte, ni balanzas, ni precursores químicos, ni nada que pudiera hacer presumir un laboratorio para la elaboración de drogas. Sin embargo, el juez De Giorgi procesó también a Efraín Cazorla Martínez, de 39 años, boliviano, propietario de la casa donde José Luis fue a buscar las hojas de coca.

“Así como los argentinos importamos las costumbres de las comunidades originarias del Paraguay -como el mate-, ellos continúan con sus costumbres, prácticas y rituales en relación a la planta sagrada “Mamá Coca” que los provee de hojas de coca, que nada tiene que ver con estupefaciente o droga ilegal alguna”, sostiene en uno de los escritos su abogado defensor, el doctor Federico Ravina.

La Embajada de Bolivia en Argentina viene acompañando a la familia y de hecho algunos de sus funcionarios han participado –muchos de ellos coqueando en público- de diversas acciones para pedir justicia por José Luis. La comunidad universitaria de la Facultad de Periodismo de la UNLP se movilizó rápidamente y logró difundir el caso para que diversas organizaciones se involucraran (ORCOPO, Serpaj, la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras). La familia de Emilia Uscamayta Curi, la joven quechua estudiante de periodismo que falleció ahogada en una pileta, también participa de las acciones de visibilización y la propia Universidad Nacional de La Plata se presentará como amicus curiae.

“Mi hermano está muerto en vida”

La voz cálida y pausada de Vilma Zurita Delgadillo se entrecorta por la angustia. “Esto es peor que una pesadilla. Nunca me imaginé todo esto. Cuando pasó, no lo podía creer. No entendíamos nada. Desde el 25 de agosto que no vivimos más. Tratando de sacar a mi hermano todos los días”.

–¿Por qué creen que el juez lo procesó por narcotráfico?

-Nosotros pensamos que se equivocó porque desconoce nuestra cultura. Porque la hoja de coca no es droga. Pero a nosotros nos hicieron mucho daño.

–¿Cómo van a trabajar para lograr su liberación?

-Estamos en lucha. El abogado nos ayudó mucho. Y estamos con mucha esperanza de que salga porque estamos convencidos que mi hermano no puede estar preso, no hizo ningún delito. Esperamos que salga. Que acepten la equivocación. Y que vuelva casa.

–¿Cómo está José Luis?

-Mi hermano está muerto en vida. Cada día que pasa, vive menos. El procesamiento del 14 de septiembre le hizo muy mal. Él dice que no aguanta más. Y yo siento que no aguanta más.

El 15 de septiembre su abogado interpuso un recurso de apelación en donde pidió que “se sobresea a José Luis Zurita Delgadillo del grave delito que injustamente se le atribuye” y “se ordene su inmediata libertad”.

“Esta defensa pretende dejar en claro el error en que ha incurrido el juez de grado que está privando de su libertad a una persona inocente por hacer nada más y nada menos que el uso de un legítimo derecho, como es la práctica de sus tradiciones culturales, que nada tienen que ver con el flagelo de la droga que padece no solo nuestro país sino el mundo entero”, sostiene el escrito.

La detención y procesamiento de José Luis Zurita Delgadillo por narcotráfico no sólo constituye una violación a los derechos humanos más básicos como el derecho a la identidad, si no que se inscribe en un contexto de recrudecimiento de políticas y discursos racistas y xenófobos.

La criminalización de los pueblos originarios, las políticas que atentan a los derechos del colectivo migrante y la sistemática negación del genocidio indígena sobre el que se constituyó el Estado Nación, siguen robusteciendo la idea de un país que “bajó de los barcos” que no reconoce los pueblos preexistentes, como sí lo hace la Constitución Nacional en su reforma de 1994.

No se trata únicamente de exigir la liberación de un joven injustamente encarcelado que “no aguanta más”. Se trata de romper la construcción de “enemigos internos” y de defender la construcción de un país pluricultural, donde conviven distintas naciones y colectivos.

Porque pareciera que indígenas y migrantes son “buenos” si se les puede sacar una foto en un paseo turístico. Pero cuando practican sus costumbres lejos de las cámaras o luchan por sus reivindicaciones territoriales y culturales, ya están bajo sospecha. Y son terroristas, usurpadores y, como José Luis, narcotraficantes.

La familia Zurita Delgadillo convoca para  este lunes 1° de octubre a una conferencia de prensa que se realizará a las 11.30 en el SERPAJ Servicio de Paz y Justicia, Piedras 730, Capital, con la presencia de Nora Cortiñas. Y también llama a movilizarse el martes 2 de octubre a las 11 en los tribunales porteños para exigir su liberación.

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El miércoles pasado un policía de civil le disparó a un joven que había levantado las manos para entregarse a plena luz del día en Jujuy y Humberto Primo, barrio porteño de San Cristóbal.
Son casi 5000 los casos de gatillo fácil desde el fin de la última dictadura cívico militar. La política de represión por parte del Estado se agudiza cada 24hs. Mientras los medios hegemónicos profundizan el discurso de que “los pibes son peligrosos”, la calle evidencia una sola verdad: los jóvenes están en peligro.

Son las 16.15 del miércoles y entre los barrios de Once y San Cristóbal un pibe es perseguido por un policía vestido de civil sobre la avenida Jujuy. Gente desde los colectivos y autos, vecinos, vecinas y comerciantes ven la escena desde los lugares donde se encuentran. El joven perseguido trepa al paragolpes trasero de una camioneta para escapar rápidamente cuando el policía de civil recorre el vehículo para interceptarlo mientras (según testigos de la zona) éste le da la orden de “alto”. Al instante el joven (acusado de haber robado previamente en un colectivo de la línea 23, según informe policial) desciende de la camioneta y pone las manos en alto mientras da la media vuelta y los vecinos de la zona escuchan un solo disparo. Los grandes medios de comunicación (a excepción de una nota Revista Veintirés y de las palabras de Alejandro Bercovich esa misma noche en C5N), como así también las versiones policiales, hablaron de enfrentamiento, mientras que son varias las voces del barrio que lo desmienten.

Al instante la zona es cercada perimetralmente por personal de la comisaría 20º de la Policía Federal Argentina (PFA – quienes llegaron uniformados al instante) y encierran objetos marcados con tiza sobre el asfalto, entre los que se encuentran: un arma, un celular, una piedra que evita que pocos billetes de $10 sean llevados por el viento, más de 10 casquillos desparramados alrededor y un charco de sangre espesa cercano a la doble línea amarilla que marca la doble mano del tránsito. El joven recibe un tiro en la frente, sin más. El policía, vestido de pantalón negro y remera azul oscura le sigue apuntando al pibe que convulsiona en el piso y la ambulancia tarda cerca de 20 minutos en llegar al lugar de los hechos para luego trasladar al joven hacia el hospital Ramos Mejía, donde hasta el jueves permanecía entubado con custodia policial en terapia bajo estado crítico, sin muchas chances de sobrevivir, como “N.N” y sin la presencia de ningún familiar.

Cuentan testigos de la zona que antes de que llegara la ambulancia, pero a los pocos minutos del fusilamiento en plena avenida, un patrullero de la PFA se acercó y, sin colocarle las esposas, los policías se llevaron al policía de civil.

Entonces, el policía se fue con sus manos libres mientras que la impunidad se garantiza sin importar que las personas de a pie lo hayan visto todo.

Fueron esos primeros uniformados los que dejaron en claro que había sido un policía quien había dado la voz de “alto” y fusilado a un hombre con las manos arriba. La Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) confirmó esa propia versión policial: quien efectuó el disparo pertenecía a la División Destacamento de la Policía de la Ciudad (ex División de Tránsito de la Policía Federal).

Mientras los testigos contaban lo sucedido, en la esquina de Jujuy y Estados Unidos, la policía cortaba el tránsito y rumoreaba: “Hubo un enfrentamiento con personal policial”. Lo curioso es que son más de tres testigos de la zona que hablan de un solo disparo, por lo que no se entiende que hubiera tantas balas en el piso.

Así, la Policía Federal Argentina se encargó de cuidar la escena al liberar el espacio y mover a los gritos a las personas de alrededor que les gritaban: “¿Qué, ahora me vas a disparar a mí?”, hasta que cuatro horas después llegó el móvil de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción 4, en manos del juez Marcelo Conlazo Zavalia, el mismo juez que fue apartado de un caso de apremios de policías y ninguna fiscalía hizo presencia hasta pasadas las 21hs.

Mientras la Militantes de distintas organizaciones sociales como el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Popular Juana Azurduy, Agite Rebelión, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales junto a la PROCUVIN, se hicieron presentes al instante, para escuchar lo que los y las vecinas tenían para decir –y aportar detalles y precisiones para esta nota–, al tiempo que los organismos que trabajan contra la violencia policial procuraban desarrollar su tarea de la mejor manera posible.

La mentira del enfrentamiento

Y entonces nos preguntamos: ¿Qué tipo de peligro puede presentar un joven que, una vez recibida la orden de “alto”, levanta las manos y se da media vuelta para dar de frente con el policía de civil que lo perseguía, a menos de dos metros de distancia?

Fue hace poco que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, decía que “con la nueva Policía de la Ciudad habría menos tolerancia”… ¿Disparar de frente a un joven indefenso será parte de esa menor tolerancia?

Mientras ese joven, ese aún “N.N.”, está solo y agoniza en una cama de hospital, desde las instituciones policiales y los grandes medios de comunicación se plantea la discusión de si el joven estaba o no robando para, mientras tanto, realizar un montaje que simule un enfrentamiento.

Los enfrentamientos suelen dejar más heridos y heridas que muertes, sin embargo, según el último informe de CORREPI, ya son casi 5000 las víctimas de gatillo fácil en los últimos 33 años de democracia, de los cuales casi el 50% son chicos de entre 15 y 25 años… Enfrentamientos que resultan, por lo menos, sospechosos y raros.

Las cuentas son claras, los informes y estudios las corroboran y más clara aún es la política represiva que lleva adelante el Estado para ejercer el control social sobre la juventud. Un Estado ausente y una fuerza policial y para-policial presentes que garantizan la ausencia de su creador. El eje de la seguridad se corre y se tira al vacío; y con él se van los pibes fusilados en democracia, las políticas públicas que pueden dar respuestas a los problemas que el sistema les obliga atravesar, y se fortalece el discurso estigmatizante y las reacciones xenófobas que van construyendo lógicas del “nuevo buen sentido”.

Ayer en Almagro, al cierre de esta nota, otro pibe pasó a ser una víctima más de gatillo fácil en la puerta de un supermercado chino.

La vida de los jóvenes parece no valer nada, cuando fusilan a plena luz del día. Pararle la mano a Macri, a Larreta y a la impunidad será parte de escribir otra historia, una donde la justicia popular le gane al gatillo fácil y que recupere el valor de la vida.

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Desde el barrio “La Catanga” y hasta la ruta 8, se manifestaron familiares, amigos y vecinas para exigir justicia por el crimen de Víctor González, albañil acribillado en septiembre pasado, según atestiguan los vecinos, por la policía bonaerense.

Ubicado entre las calles Coronel Mom y José C. Paz, el barrio la Catanga tiene la extensión de una manzana. El pasado 24 de septiembre a la medianoche, oficiales de la Policía bonaerense ametrallaron durante 40 minutos los pasillos en una persecución de supuestos delincuentes que se trasladaban en un automóvil Fiat gris. Todos los vecinos y vecinas que fueron testigos afirman que solo disparó la policía. En esa balacera, Víctor recibió al menos dos impactos y las fuerzas de seguridad impidieron la entrada de ambulancias y el socorro de vecinos a través de la represión con balas de goma y plomo.

Además de amigos y amigas de Víctor y sus familiares, también participaron de la movilización, familiares de Tomás Díaz, asesinado esa noche, y con testigos que incluyen en el relato el mismo vehículo, lo cual despierta la sospecha de que los crímenes de ambos jóvenes estén vinculados a hechos de violencia institucional.

Carlos González, hermano de Víctor, acompañó a su madre durante la movilización y declaró: “En este barrio hay gente laburante y digna. Le pregunto al Presidente: ¿Qué tiene para decir sobre estos casos de gatillo fácil? Queremos justicia por mi hermano, porque mi familia está destrozada, pero también por la familia de Tomás y para que esto no se repita más. No pueden entrar y ametrallar a un barrio como si no valiéramos nada”.

Leonardo Grosso, diputado y titular de la campaña contra la violencia institucional, afirmó: “No hubieran hecho lo mismo en cualquier otro barrio. Está claro que la actuación de estos policías es una muestra de inoperancia y brutalidad, porque no entra en la cabeza de nadie entrar a los tiros en un barrio. Podrían haber salido heridos muchísimas más personas”.

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Germán Gómez fue asesinado el 30 de abril por un gendarme en una barriada del conurbano bonaerense. Hasta el día de hoy su asesino sigue libre y la causa, cajoneada. Sin embargo, sus hermanas y hermanos llevan adelante la lucha para que se conozca la injusticia de su día a día.

Un sábado de abril, Germán, un pibe de barrio de 22 años, fue asesinado a quemarropa por un gendarme de civil que vivía en su mismo barrio y que, sin emitir una palabra, decidió acabar con su vida. Por más terrible y lejana que pueda parecer, esta historia, la de Germán, es parte de un cotidiano en las barriadas del conurbano: en la actualidad, quien no tiene un/a familiar asesinado por gatillo fácil conoce un vecino/a herido de bala por alguna situación similar. Se trata de una nueva configuración de los barrios donde quienes allí viven y manejan las armas –narcos, transas, policías, “pitufos” o gendarmes– deciden y determinan “su orden” imponiendo una nueva ley. La ley de la poca palabra y las muchas balas, que siempre apuntan a las mismas cabezas.

En ese contexto, los pibes y las pibas son el cuerpo más expuesto en el conflicto: porque es un cuerpo que se construye desde los distintos sentidos como sacrificable, donde la criminalización de la pobreza y de la juventud pasan a ser naturales. Sin embargo, lejos de reproducir esa intención, nos detenemos en una historia y en sus particularidades. Esta vez se trata de Germán y sus hermanos y hermanas, que día a día dan la lucha para que se esclarezca el caso en medio de un recorrido burocrático que se empecina en obstaculizar el pedido de justicia.

Elsa Gómez es una de las hermana, y de a poco va recorriendo espacios que son nuevos, tanto para ella como para sus hermanos. Acompañados por organizaciones sociales, de derechos humanos y anti represivas del oeste se encuentran en la misma batalla, contra la impunidad en los barrios y por la vida digna de los pibes y pibas que los habitan. En ese andar, Marcha dialogó con Elsa para conocer la historia de Germán, la de su vida y la de la lucha que aún continúa para su familia.

“Mi hermano Germán Gómez fue asesinado el 30 de abril por un gendarme de apellido Villalba quien sin decir nada, sin presentarse y vestido de civil, le disparó. Primero le dio en el pecho, y luego –según nos dicen los testigos–, mientras ya estaba inconsciente tirado en el piso, le dio un tiro en la cabeza, cuando en realidad ya el primer tiro lo mató pero se ensañó sin sentido contra él”, nos dice Elsa en cuanto le consultamos por lo que sucedió aquel día.

Y agrega, para dar detalles del contexto: “Esto fue en Merlo, en el Barrio Parque del Sol. Mi hermano estaba discutiendo con otros pibes en un contexto de fiesta barrial, y este tipo llegó buscando al tío de esos chicos. Sin decir nada, intervino de esa forma, y nada justifica lo que hizo”.

-¿Cómo continuaron a partir de allí?

Este tipo sigue libre, y nosotros lo que queremos ahora es que esté preso como corresponde. Queremos realizar una marcha a la fiscalía para que tome cartas sobre el asunto, pero estamos esperando para realizar esa acción con un abogado porque todavía no tenemos. Ya hemos realizado junto a CORREPI reuniones para hablar del caso y posiblemente lo asuma Jalil, integrante de esa organización. Sin embargo, durante este tiempo estamos junto a mis hermanos, que somos trece, haciendo carteles pidiendo justicia por Germán. Y todos los vecinos se sumaron a esta visibilización ya que en el barrio somos muy respetados porque somos gente trabajadora, y Germán en particular era muy solidario.

-¿Cómo lo recuerdan a Germán?

Germán era un pibe laburante de 22 años. Él trabajaba en un frigorífico de Merlo, justo ese día sábado estaba en la casa de un amigo festejando que el lunes lo ponían en blanco. Estaba terminando su casa, le llevó un año hacerla, y también estaba contento por todo eso.

-¿Actualmente cómo se encuentra la denuncia que realizaron?

Lo peor es que la carátula de la causa está rotulada como “Homicidio en defensa propia”, y dice que el gendarme estaba en función de su deber. No entendemos porqué, porque el dio una declaración falsa y ahí se cerró el caso; por eso nosotros queremos también que se investigue. Aparte también hirió a otro de nuestros hermanos: cuando vio que Germán estaba en el piso inconsciente, se acercó y logró agarrarlo a este señor, y cuando esto pasa volvió a sacar su arma. Mi hermano salió corriendo y le tiró por la espalda y le dio un tiro en la pierna, y a su vez de esos disparos otra “bala perdida” le dio a otro chico del barrio en el brazo con la misma arma.

-¿Villalba vivía en el mismo barrio entonces?

Sí. Todo esto se da en el barrio que considera que es de él. Encima tiene dos hermanos policías que también viven allí. Él se fue ahora, y los vecinos nos dicen que el barrio era de ellos: el barrio hacia lo que ellos decían y querían, ellos decidían quién se podía sentar en la esquina y quién no.

-¿Y desde que Villalba se fue como se encuentra el barrio?

No. Ahora lo que están haciendo sus hermanos es amenazar a los testigos. Nosotros hicimos una marcha como familiares junto a otros vecinos a su casa para que se vaya y salieron sus hermanos apuntando directamente con armas. Uno de ellos se acercó a mí y me dijo: “Ustedes van a morir como perros”; todo con la 9 milímetros gatillando contra nosotros. Inclusive otros policías que allí se encontraban intentaron sacarle el arma para evitar más conflicto y terminaron peleando entre ellos mismos. En ese momento nos quería matar a todos, no le importaba nada. Por eso, le hice una denuncia al hermano de Villalba por este hecho en particular. Y no fue demorado en ese momento, al contrario nos gritaba que iba a mirar los videos de nosotros y que, uno por uno, nos iba a matar. Una impunidad bárbara.

-En este recorrido y recopilación que fueron realizando en el barrio, ¿pudieron conocer si existen más denuncias?

Sí. Hay un chico que tiene dos tiros que también fueron emitidos por Villalba, uno en cada pierna. El vino a hablar con nosotros y nos comentó que también hizo la denuncia ya que el hecho fue de la misma manera injustificada: estaba sentado en la esquina del barrio “de él” y por eso lo levantó y, como si nada, le tiró dos tiros en las piernas. Muy similar a la historia de mi hermano.

– Seguramente en este accionar también deben criminalizar y estigmatizar a los pibes de los barrios para naturalizar esa impunidad con la que se manejan, ¿no es así?

Eso mismo. Por eso, son importantes los medios de comunicación porque se dijeron muchas versiones y mi hermano era un tipo muy bueno, que iba una hora antes al trabajo. Y eso lo dicen quienes eran sus mismos compañeros: trabajó casi dos años en ese frigorífico sin faltar… y justo lo estaban por poner en blanco. Sus compañeros están con nosotros, están atentos a la causa, nos ayudan cada vez que salimos a pegar carteles, se sacan fotos en solidaridad con la causa y pidiendo justicia por mi hermano, hasta realizaron una placa… Inclusive actualmente quieren hacer una placa para el barrio porque las y los vecinos consideran que hay que recordarlo a Germán de esa forma, ya que le tenían mucho aprecio por su forma de ser.

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Ayer por la tarde, en medio de una asamblea en la que se discutía el destino de los terrenos de Casa Amarilla, punteros del PRO irrumpieron con armas blancas y a los golpes. Dos heridos y una discusión literalmente cortada dejó la violenta acción de quienes defienden que Boca deje de ser del pueblo.

Durante la tarde de ayer se realizaba una asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 4 (que abarca los barrios La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios) en la Sede Comunal. La idea era plantear la discusión sobre el destino de los terrenos de Casa Amarilla: el predio que hoy sirve de espacio verde para el barrio y que fue pensado por vecinas y vecinos como un proyecto de viviendas populares (en un barrio donde no abundan), es codiciado por las diferentes presidencias de Boca para hacer lo que hoy se conoce como “estadio shopping”; es decir, con tiendas, restaurant, paseo de compras, etc. incluidos.

El tema es álgido desde hace un tiempo largo y la ausencia de fuerzas policiales ayer, en un lugar público con más de 300 personas, tuvo aroma a zona liberada. Desde la organización Boca es Pueblo emitieron un comunicado en el que explican lo sucedido:” Al momento de intentar plantear este tema [la venta de los terrenos], una patota que responde a un puntero del PRO (y no integrantes de la barra como informan los medios) comenzó a agredirnos física y verbalmente. Uno de ellos sacó un objeto cortante con el que hirió gravemente en la garganta a un compañero de Boca es Pueblo. Además a un militante del barrio le dieron un culatazo en la cabeza dejándolo inconsciente. Ambos constituyeron claros intentos de homicidio”.

Según informaron posteriormente desde Radio Gráfica (la Cooperativa que funciona en el edificio de Gráfica Patricios, en La Boca) se trata de Matías Scinica, de Boca es Pueblo, y de Fernando Abal Medina, militante de la Agrupación Peronista Descamisados y hermano del Senador Nacional Juan Manuel Abal Medina, respectivamente. “Ambos están internados en el Hospital Penna y Hospital Alemán, respectivamente, fuera de peligro a pesar de las lesiones”, informó Radio Gráfica.

“El presente es de lucha, el futuro es nuestro”

Cuando la agrupación Boca es Pueblo hizo su presentación oficial, a fines del año pasado, uno de los temas que se destacaba en sus proyecciones era el de pensar el trabajo en conjunto con las y los vecinos sobre la problemática habitacional y el derecho a la vivienda digna. Además del intento de correr a quienes residen, a partir de incendios intencionales en el barrio, también el club de sus amores estaba en medio de la disputa: “La problemática de vivienda también está ligada al club, ya que en estos momentos hay intenciones del Gobierno de la Ciudad de venderle los terrenos de Casa Amarilla a Boca para hacer un estadio shopping; es decir un lugar inaccesible para los sectores que tradicionalmente sostuvieron al club. Un espacio territorial que bien podría estar destinado a la construcción de viviendas de uso social, por las necesidades habitacionales que las actuales políticas de gobierno ignoran sistemáticamente. Un barrio sobre el que parecen recaer claras intenciones de volverlo ajeno a sus habitantes”, detallaban en aquella oportunidad. (http://www.marcha.org.ar/nos-juntamos-para-proponer-que-boca-vuelva-a-ser-un-club-popular/)
El compromiso siguió creciendo y este 24 de marzo pasado los encontró en la Plaza de Mayo, reivindicando a las y los 30.000 desaparecidos. En esa oportunidad conversamos con Pablo Rodrigo y Pablo, que nos contaban: “Estamos acá, por ser parte de una organización del campo popular, por ser hinchas de Boca. Nosotros también sufrimos una parte de la represión que también es Mauricio Macri y el macrismo, que desde 1995 priorizó a los poderosos, a las empresas, a los hoteles. Su deseo es que las clases populares, que siempre fueron de Boca, queden excluidas y que Boca sea una empresa multinacional como lo es Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal… y la idea, además, es construirlo en un lugar público”.

Esa represión a la que se refirieron Rodrigo y Pablo el 24 es la que sufrieron en forma directa ayer y de la forma más cobarde e impotente: ante quienes se organizan, intentan ser la voz de vecinas y vecinos que pelean por sus derechos, si la respuesta no llega con dinero, acuerdos, o silencios ahí están los personajes –“que responden a punteros del PRO en La Boca y Villa 21-24”, según el comunicado de la agrupación– que hacen de fuerza de choque: cuchillos, gritos, sillazos; la fuerza en grupo y el amedrentamiento desmedido.

Por la noche tarde, y con los dos heridos fuera de peligro, el comunicado de Boca es Pueblo cerraba: “Hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad de la integridad física de nuestro militante. Exigimos que aporte las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido (cámaras de seguridad, registro de los participantes, etc.)”. También apuntan que hay que estar “alertas y movilizados”… lo que parece un signo de los tiempos que corren.

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El viernes pasado la sentencia fue unánime y Jorge Villegas fue encontrado culpable de homicidio. Dialogamos con la abogada de la familia de Pablo y la Coordinadora Antirrepresiva 13 de enero.

En un fallo unánime, la Cámara Tercera determinó que Jorge Villegas, el policía que disparó desde muy corta distancia y asesinó a Pablo tuviera una pena de prisión perpetua por “Homicidio calificado por la calidad del autor y por la utilización de arma de fuego” y  la “inhabilitación especial por el termino de diez años para ejercer cargos en fuerzas públicas policiales y-o de seguridad”, según puede leerse en la sentencia.

Victoria Naffa es la abogada de la familia de Pablo y representó a su madre, María del Carmen Ñancufil, como querellante. Marcha conversó con ella para conocer algunas impresiones de la sentencia: “No podemos decir que estamos contentos o felices por el resultado, porque no estaríamos acá si no hubiesen matado a Pablo. Pero sí estamos conformes porque se sentó un precedente importante en la provincia de Río Negro. Es el primer caso que se condena a perpetua en esta primera instancia de juicio oral”, explicó Naffa.

Por su parte, desde la “Coordinadora Antirrepresiva 13 de enero – Fiske Menuco”, quienes vienen trabajando en conjunto con la familia y sosteniendo la lucha codo a codo, agregaron en una detallada crónica: “El fallo reconoce que Villegas asesinó a Pablo en cumplimiento de sus funciones (‘En el caso de autos, resultó acreditado que Villegas, aun encontrándose en uso de licencia, utilizó el arma reglamentaria provista por la institución policial de la provincia para dar muerte a Pablo Vera´)”. Se trata de otro precedente importante para la oscura historia policial de la provincia de Río Negro, ya que “el Estado Rionegrino obliga con sus leyes a que los policías porten el arma las 24 horas,  y a que hagan uso de ese arma cuando lo consideren oportuno”. “Por lo que pese a estar de licencia, a la hora del día, a la portación o no de un uniforme, cuando un policía mata, el que apunta es el Estado”, concluyen desde el informe.

Una bala y una policía que teje complicidades

Recordemos que el 25 de septiembre de 2014, a las 6 de la mañana, el policía Villegas había matado de un tiro en la nuca a Pablo, de 23 años. Su justificación inicial fue que Pablo estaba adentro de su auto e intentaba robarlo. Después de más de un año se pudo llegar a este juicio. En el medio, hubo miles de trabas para poder acusarlo, cientos de mentiras, decenas de encubridores vestidos de uniformes, y una familia que nunca bajó los brazos, más allá de amenazas, encarcelamientos y torturas. “Si no encaramos esto no había nadie que lo hiciera, mi vieja está muy triste pero quiere llegar hasta el final. El miedo siempre está pero llegamos a esta instancia por Pablo”, le habían dicho los hermanos a Marcha.

Por eso este fallo es importante para la familia y quienes acompañaron, pero también apuntó al corazón de una Provincia que cuenta con policías avalados por la justicia y por parte de la sociedad: por ejemplo, es uno de los pocos lugares donde se han presenciado marchas a favor de policías acusados de asesinato, tanto en este caso por las calles de General Roca, como en el caso del trabajador desaparecido en noviembre de 2011 en Choele Choel, Daniel Solano. Por todo esto, afirma la abogada Naffa: “En este sentido este fallo rompe de alguna manera con este mensaje de impunidad y con este entramado policial-judicial en hechos que involucran violación a derechos humanos por parte de efectivos policiales”.

Respecto de la prisión de Villegas, Naffia explicó que “el Juzgado dispuso la detención, pero dejó su instrumentalización a la Jefatura de la Provincia de Río Negro, quien dispuso que Villegas se alojara en el establecimiento del COER, un espacio gobernado por la propia policía, que no es una unidad de detención y donde sin duda alguna se le dará un alojamiento de privilegio”. En ese sentido, opina: “Esperemos que se normalice la situación y se le de el tratamiento que corresponde”.

Una familia que no bajó los brazos

La familia de Pablo salió desde un principio, con las herramientas que tenía, a decir en la calle y frente a los Tribunales su verdad. Contó después con el apoyo de la Coordinadora 13 de enero y con tantas compañeras y compañeros que se fueron sumando al reclamo. En ese marco, también estuvieron acompañando Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, asesinado por la policía el 26 de junio de 2002, y Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, secuestrado y asesinado por la policía bonaerense en 2007. Y, por supuesto, la inmensa Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, junto a cada causa que la convoque.

También recordó que la familia tuvo que atravesar por estigmatizaciones, dilaciones por parte de la Justicia e incluso torturas por parte del poder policial, “y cómo el Poder Judicial se encargó de judicializar su reclamo y dejar impune la represión y las torturas”. Por eso, afirma: “Es difícil en este contexto salir a luchar contra todo ese aparato, y eso hace que la perpetua lograda sea realmente valiosa para futuras luchas”.

Todas las voces de encargaron de poner este “pequeño triunfo” en perspectiva. De recordar que estos son casos con nombres y apellidos, en este caso Pablo Alejandro Vera, pero que representan las batallas cotidianas que familiares, amigos y amigas, militantes, coordinadoras antirrepresivas y organizaciones de derechos humanos enfrentan cada vez que un policía mata a un pibe o una piba con su arma reglamentaria y el poder que le otorga el Estado.

Recordemos que, hace unos días, la misma familia de Pablo nos había expresado: “Hacemos todo esto para que no se vuelva a matar a los pibes o que si pasa salgan a pedir justicia y para que no los ensucien más”. Se trata de sentar precedentes, de seguir construyendo juntas y juntos y de, como dicen desde la Coordinadora 13 de enero: “Sabiéndonos parte de esta correlación de fuerzas y de que podemos cambiar la historia, no callaremos”.

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El próximo viernes 11 de marzo a las 12 y en la Ciudad Judicial, será la sentencia contra el policía Jorge Villegas, acusado de matar a Pablo Vera en un caso de gatillo fácil. Conversamos con la abogada querellante y con familiares de Pablo.

El 25 de septiembre de 2014, muy temprano, cuando era aún de noche, el policía Jorge Villegas mató de un tiro en la nuca a Pablo, de 23 años. Su justificación inicial fue que Pablo estaba adentro de su auto e intentaba robarlo. Después de más de un año se pudo llegar a juicio, y acusarlo de homicidio. En el medio, hubo miles de trabas para poder acusarlo, cientos de mentiras, decenas de encubridores vestidos de uniformes, y una familia que nunca bajó los brazos, más allá de amenazas, encarcelamientos y torturas. “Si no encaramos esto no había nadie que lo hiciera, mi vieja está muy triste pero quiere llegar hasta el final. El miedo siempre está pero llegamos a esta instancia por Pablo”, dicen.

La ciudad de General Roca (o Fiske Menuko, tal su nombre originario) se en la zona de Alto Valle, en la provincia de Río Negro. El barrio Gómez, donde vivía Pablo y aún vive su familia, está cercano a la zona frutícola lindera al galpón de Expofruit, compañía conocida en la desaparición del trabajador Daniel Solano hace ya más de cuatro años.

La policía de Río Negro tiene un prontuario frondoso de abusos de autoridad, represiones feroces, vínculos abiertos con los poderosos y amedrentamiento a jóvenes, trabajadores y, por supuesto, pobres.

Jorge Villegas prestaba servicios en la Unidad Regional II de esa provincia. Está acusado de “Homicidio doloso triplemente agravado: por empleo de arma de fuego, por abuso de la función policial y por alevosía”. Así lo explica la abogada Victoria Naffa, quien está al frente de la causa como representante de la querella: “El arma era la reglamentaria, una 9mm, y estaba bajo el estado policial, situación jurídica prevista en la ley orgánica de la policía provincial, por la cual los policías no sólo están obligados a portar el arma y a usarla cuando la situación lo amerite. La alevosía se relaciona con que el disparo fue por la espalda, a 2,5 cm de distancia y con Pablo en un total estado de indefensión”.
La primera tarea de la abogada, de la mano de la Coordinadora 13 de enero, fue desterrar la hipótesis del robo porque fue la estrategia inicial, tanto de la policía como de los funcionarios judiciales para legitimar el asesinato. En ese sentido, explica: “Se usaron las huellas del auto de la parte de afuera pero no pudieron encontrar ninguna por dentro, entre las pertenencias de Pablo no se encontró ningún elemento contundente que pudiera generar el daño que el auto tenía, los policías que intervinieron fueron los únicos testigos del procedimiento y hubo contradicciones en sus declaraciones (por ejemplo: en determinar si la puerta del auto estaba abierta o no)”. Y agrega: “La querella apuntó a dos ejes: uno, la manipulación de la escena destinada a orientar la investigación al robo de Pablo en vez de investigar el asesinato por parte de Villegas. Otro, la mecánica del hecho del disparo: el policía habló de un forcejeo y el perito balístico determinó que no pudo tratarse de un disparo accidental”.

Mientras los diarios locales hablaban del “ladrón abatido” (así comenzaba la noticia del 26 de septiembre de 2014 en el diario Río Negro: “Un policía que estaba de licencia, a sólo unos meses de jubilarse con un legajo impecable, mató de un tiro en la nuca a un joven que quiso robarle el auto en la puerta de su casa y quedó detenido”), la familia enterraba a Pablo y fueron los mismos amigos quienes les dijeron: “Esto no puede estar así. Hay que salir a la calle para mostrar que la policía mató a un pibe como cualquiera de nosotros”. Así surgió la primera marcha espontánea, desde la avenida principal hasta Tribunales, para pedir justicia. Y para que sepan, también, quién era Pablo.

¿Quién era Pablo?

Pablo había nacido un 12 de septiembre y había cumplido los 23 años hacía unos días. Uno de sus hermanos lo describe como “cumbiero, alegre y muy amiguero”. Por eso tantas y tantos decidieron organizarse ese día para marchar por él. Con 15 hermanos más, su padre falleció cuando Pablo tenía 6 años “así que los mayores, que teníamos 16 o 17 años, criamos a los más chicos a la par de mi madre”. Aclara, para que nadie se olvide, “mi viejo nos enseñó a trabajar, y así se formaron los más chicos. Pablo era trapito en el centro y también trabajaba en un aserradero”. Y no es un detalle menor, porque también tenía una hijita, Tatiana, de 5 años, a quien no le contaron aún y que lo espera cada tarde mirando por la ventana para que regrese el camión que lo llevaba del trabajo a su casa.

Repiten, los hermanos, más de una vez durante la charla que “Tatiana era su alegría”, que “el Gordo”, como le decían cariñosamente, daba todo por ella,  que solía volver del trabajo, armar una casita para ella con las frazadas y ponerse a jugar a la par. Por eso dan vueltas para contarle la verdad: “¿Cómo le explicás a una nena de cinco años que su papá no va a volver?”, se preguntan en voz alta.

También cuentan de lo que le gustaba estar con la familia y de que era el que organizaba las reuniones familiares para las fiestas o los cumpleaños: yendo casa por casa, convenciéndolos… por eso “al Gordo se lo extraña todos los días”, aclaran.

Pablo vivía con su madre, María, y a esa casa llegó una orden de allanamiento a nombre de “Pablo Alejandro Vera” el día que lo mataron. Esa misma casa fue baleada el último martes de febrero,  el “después de la marcha que hicieron policías y familiares de Villegas”, el policía acusado.

Volver a empezar

Durante aquellas primeras marchas, luego de que soltaran a Villegas y fueran a reclamar a Tribunales, familiares, amigas y amigos sufrieron una respuesta feroz de parte del (en ese entonces, flamante) grupo COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, ex BORA). En ese entonces sufrieron traslados y torturas en la Comisaría 21, y el miedo se apoderó de muchos y muchas. “Después de eso pararon un poco las marchas porque había mucho miedo y seguía habiendo amenazas. Pero tuvimos que volver a empezar, no bajar los brazos por justicia para Pablo”, cuentan.

Luego de que más de 20 testigos dieran testimonio, las y los jueces de la Cámara Tercera del Crimen; Fernando Sánchez Freytes, Verónica Rodríguez y Laura Pérez determinaron que la sentencia será el próximo viernes 11 de marzo al mediodía.

Mientras esperan una condena ejemplar, la familia completa: “Hacemos todo esto para que no se vuelva a matar a los pibes o que si pasa salgan a pedir justicia y para que no los ensucien más”.

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