Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, y a falta del conteo definitivo que será en las próximas semanas, las elecciones legislativas generales no significaron un cambio significativo respecto de lo acontecido el 14 de septiembre en las PASO. Juntos por el Cambio venció a nivel nacional por 9 puntos al Frente de Todos, obtuvo 116 bancas en la Cámara de Diputados y ratificó su triunfo en provincias muy importantes como Santa Fe, Córdoba (por más de 40 puntos) y Buenos Aires. Esta última, sin embargo, fue por un escasísimo margen: poco más de 100 mil votos, una diferencia apenas superior al 1%.

Si bien estuvo lejos de la “victoria” que celebró el presidente Alberto Fernández en el búnker oficialista, estos resultados claramente le sacaron una sonrisa amarga a un gobierno que viene de 2 años sin respiro. En comparación a las primarias, la performance del Frente de Todos mejoró casi 5 puntos en la provincia de Buenos Aires y le recortó 3 al partido cambiemita, logrando, prácticamente, un empate técnico.

Este resultado, sumados a las remontadas en las provincias de Chaco y Tierra del Fuego, y una mejora general en la mayoría de las demás jurisdicciones, le permitieron al Frente de Todos conseguir dos de los objetivos que se proponía luego de la aplastante derrota de las PASO: ser la primera minoría en la Cámara de Diputados, lo cual logró con 118 escaños, y recortar la diferencia en la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo y fuente primordial del capital político de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El tercer objetivo, mantener el quórum propio en el Senado de la Nación, se quedó corto. El oficialismo perderá 6 bancas y quedará con 35 senadores y senadoras, 2 menos de las necesarias. La oposición gana, así, la posibilidad de frustrar las iniciativas del peronismo en la Cámara Alta, por lo que el Frente de Todos se verá obligado a negociar para poder garantizar, de mínima, el desarrollo de una sesión.

Probablemente, el más aliviado sea Axel Kicillof. A la mejora en los resultados del oficialismo a nivel nacional, en la provincia que gobierna se suma la obtención de la mitad de los cargos para senadores y senadoras provinciales. La mayoría actual de Juntos en la legislatura bonaerense le trajo más de un dolor de cabeza a uno de los delfines del kirchnerismo duro. Si bien deberá negociar para conseguir el quórum, ante un empate en el Senado entre el Frente de Todos y Juntos (tendrán 23 bancas cada uno), la vicegobernadora Verónica Magario se encargará de desempatar, por lo que podría aprobar cualquier ley que requiera de una mayoría simple.

“La provincia de Buenos Aires es, por supuesto, la clave, porque ahí habita un proyecto que tiene parte del oficialismo que está identificado con Cristina y que es el proyecto de Axel Kicillof, una variante de relevo de cara a 2023 que después de las PASO quedó muy dañada”, explicó a Marcha hace unos días Diego Genoud, periodista, analista político y autor del libro “El peronismo de Cristina”. 

Estos resultados, sumado al fin del aislamiento producto del relajamiento de la pandemia y la posibilidad de una remontada de la economía de aquí a dos años, podrían darle todavía una chance a ese sueño que sigue, sin embargo, supeditado a un factor clave que aún se mantiene en las sombras y que determinará la política económica del país por los próximos años: el acuerdo con el FMI. Acuerdo al cual se refirió el presidente Alberto Fernádez mediante un video grabado, apenas anunciados los primeros resultados. El primer mandatario se comprometió a enviar el proyecto de acuerdo al Congreso de la Nación durante la primera semana de diciembre. Toda una definición política, teniendo en cuenta que el plazo que se venía barajando públicamente era hasta marzo del 2022.

Por fuera de las dos principales fuerzas, tanto la izquierda como la ultraderecha mejoraron sus resultados respecto de las PASO. El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad hizo una elección histórica en Ciudad de Buenos Aires, sumando 100 mil votos a los obtenidos en septiembre y logrando una banca en la Capital Federal luego de 20 años, aunque perdió el tercer lugar en la provincia de Buenos Aires con Avanza Libertad, el partido que encabeza José Luis Espert. Así, el FIT-U sumará 2 bancas en la Cámara de Diputados para llegar a 4 y los libertarios tendrán 5 escaños.

El espacio libertario no sólo mejoró en la Provincia, sino que aumentó su caudal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la mano de Javier Milei, que subió 3 puntos y concluyó una muy buena elección, si tenemos en cuenta la corta vida del espacio que encabeza, aunque por lo pronto es un fenómeno que se encuentra limitado al AMBA.

¿Y ahora qué?

Hay diversas maneras de analizar estos resultados, dependiendo de cómo se los vea. El gobierno nacional tenía una aspiración mínima y era achicar la diferencia en la derrota, más allá del optimismo desbordado de algunos sectores de la coalición gobernante en dar vuelta el resultado. 

En ese sentido, cabe destacar que el empate técnico en la provincia de Buenos Aires se celebró como una victoria en términos simbólicos. Ganar o perder por un punto no varía la cantidad de legisladores que ingresarán al Congreso pero el gobierno puede decir que la reactivación económica es un hecho y las y los ciudadanos comenzaron a notarlo y respaldarlo. Esta noticia se vincula directamente con la remontada en Tierra del Fuego o Chaco y diversas elecciones provinciales y municipales.

Más allá de la mejor performance en comparación con las PASO, el dato que no se puede omitir es que a nivel nacional Juntos obtuvo una victoria contundente, de 9 puntos de diferencia.

El escenario para el gobierno es complejo. Con todo este panorama descrito, existe la posibilidad de que las medidas más a fondo que se reclamaron luego de las PASO queden en un segundo plano en favor de sostener la gobernabilidad, en un continuum con lo que fueron los cambios de gabinete. En ese marco, el gobierno apuesta a una reactivación post pandemia en base al rebote luego de la crisis, como está sucediendo en casi todo el mundo, sumado a algunas de las medidas que ya se tomaron. Esto estará en diálogo directo con la necesidad de acordar con la oposición, el establishment y el sector agrario, al mismo tiempo que resolver los tres grandes desafíos de cara a la población: una mejor economía de a pie en base a una recomposición salarial y la creación de puestos de trabajo; la contención de una inflación que cerrará por arriba de los 50 puntos este año; y la solución a los problemas legítimos de seguridad sin una salida manodurista.

La situación se torna adversa ya que el gobierno no solamente pierde hegemonía en ambas Cámaras, sino que está con la soga al cuello por la deuda con el Fondo Monetario Internacional que condiciona cualquier paso que se dé, tal como lo interpretó Alberto Fernández al adelantar el posible acuerdo con la entidad que, posiblemente, marque una agenda de límites o retrocesos para la sociedad, en sintonía con las recetas históricas del FMI.

Posiblemente se abra un escenario donde se busque garantizar gobernabilidad acordando con sectores intra y extra coalición gobernante, donde también empezará la puja por el 2023 sin que haya un bloque que pueda autoproclamarse como el líder y garante de continuidad del proyecto. En la actualidad, Alberto Fernández está disminuido para una posible reelección y los candidatos del paladar cristinista no se logran imponer.

Por el lado de Juntos, la victoria es contundente en sintonía con lo antedicho. El principal desafío será consolidar y ampliar el espacio, especialmente porque el objetivo no está puesto precisamente en imponer una agenda particular de temas en el Congreso, sino en la transición hacia un nuevo gobierno, como aseguró el ex presidente Macri. 

En ese marco, la principal fuerza opositora comenzará un largo camino donde los halcones y palomas se jugarán mucho, más allá de si la coyuntura oportunamente demande acuerdos. Rodríguez Larreta hoy se posiciona como el principal referente y presidenciable a partir de que sus delfines hayan ganado las dos contiendas más importantes: Vidal superando por más de 20 puntos a Santoro (más allá de que el resultado obtenido es histórico en una elección de medio término para el peronismo porteño) y Santilli logrando mantener el primer lugar en PBA aunque con la clara preocupación, al menos en términos simbólicos, de perder ese puesto en el escrutinio definitivo.

Sin un candidato claro, el bloque de los halcones que encabezan Macri y Bullrich se jugará las cartas a profundizar su línea anti kirchnerista, promoviendo todas las trabas posibles en la gobernabilidad y trabajando fuerte por ampliar el espacio hacia la ultra derecha liberal y, en algunos casos, fascista, como el caso del espacio que encabezan Javier Milei y José Luis Espert.

Por supuesto, en ambos casos, habrá una disputa en torno al resto del país donde Juntos se impuso en 13 jurisdicciones, algunas muy importantes por peso (Córdoba) o por tradición históricamente peronista (La Pampa), así como también por el rol que tendrá la UCR que, por primera vez dentro de la coalición, logró imponer cierto peso a partir de la presencia de Facundo Manes.

Por su parte, el Frente de Izquierda-Unidad logró afirmarse como tercera fuerza a nivel nacional, hecho que se destaca principalmente por superar a la derecha liberal que tuvo una fuerte banca mediática. Aún muy lejos en los números de las principales estructuras, sí logró un notable crecimiento y consolidación en algunas jurisdicciones, como en el caso de Jujuy donde Vilca obtuvo un 25% y pelea voto a voto el segundo lugar con el Frente de Todos, o Myriam Bregman que será electa diputada por la C.A.B.A., banca que se conquista luego de 20 años. En este último caso, si se contempla la performance de Autodeterminación y Libertad, se puede afirmar que más del 10% de los votos porteños fueron para la izquierda.

En total, el FIT-U alcanzará cuatro bancas nacionales y tendrá el desafío de que el estatus de tercera fuerza nacional pueda convertirse en propuesta de alternativa concreta en la disputa por el poder. Además, es probable que parte del caudal recibido sea de un kirchnerismo de centroizquierda desencantado, por lo que tienen la tarea de consolidar como propio ese voto de confianza.

Finalmente, el fenómeno de la ultraderecha liberal no puede omitirse. Hoy solo existe con cierta potencia en la Ciudad de Buenos Aires (un distrito donde el peso del voto a las variantes de derecha suele tener sostén), pero habrá que seguir de cerca cómo se desarrolla su tarea en la Cámara de Diputados, con un rol que debe ser distinto al show mediático que lo caracteriza.

Más allá de estas prematuras aproximaciones sobre el escenario que se abre, habrá que atender las primeras medidas del gobierno nacional y las reacciones de la oposición. Quedan dos años de gestión y Argentina es ese país donde se puede perder una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires (2009) para después arrasar en las ejecutivas (2011) o, por el contrario, ganar con comodidad en las de medio término (2017) para irse en primera vuelta dos años después (2019).

Lo que ningún análisis puede omitir es que las elecciones legislativas siempre sirven para dar mensajes a la clase gobernante, expresar los enojos o los deseos de la población. Más allá de los análisis a uno y otro lado de la grieta que buscan llevar agua para su molino, lo cierto es que, con relación a las legislativas de 2019, Juntos por el Cambio perdió 1 millón 300 mil votos y el Frente de Todos 4 millones 600 mil. Números abismales y elocuentes. Si a eso sumamos la segunda menor afluencia a las urnas desde el retorno de la democracia (la menor fueron las PASO de este año), la crisis de representatividad, que explica también el crecimiento de los extremos ideológicos, es evidente.

Ninguno de los principales espacios políticos reboza de alegría ante esta crisis política, social y económica de magnitudes que la “casta política” no dimensiona del todo aun. La verdadera pregunta no es quién ganó sino hasta cuándo será tolerable un país atado con alambre y con más del 50% de la población por debajo de la línea de pobreza.

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Por Matías Calvo Crende

En primer lugar, es necesario poner la crisis sanitaria en contexto. La pandemia desembarcó en un país afectado por la caída del PBI, un alto nivel de inflación, la renegociación de una deuda pública insostenible y una ralentización de las mejoras laborales logradas en los años previos. En este contexto, el COVID-19 despertó una crisis laboral atípica que se destaca por dos puntos: sus características y su magnitud.

A partir de una nota técnica que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una serie de países de América Latina y el Caribe (ALyC)^[1], podemos sostener que el aumento del desempleo es un “indicador limitado para comprender cabalmente la dimensión de los impactos sin precedentes que esta crisis ha generado en los mercados de trabajo de la región”. Refleja parcialmente la magnitud del asunto: las pérdidas de puestos de trabajo no se traducen sólo en transiciones hacia el desempleo sino en salidas de la fuerza de trabajo hacia la población económica inactiva (el confinamiento, el distanciamiento y las expectativas desfavorables de inserción laboral motivaron la masiva salida de la fuerza de trabajo).

Al respecto, la tasa de desocupación creció estimativamente en la región de 9,3% a 11,5% mientras que en la Argentina lo hizo de 10,4% a 13,1% (del 1ª al 2ª trimestre de 2020), mientras que la tasa de participación disminuyó en la región de 61,3% a 52,6% y en la Argentina del 58,6% al 49,2% (del 1ª al 2ª trimestre de 2020). La reducción de empleo no se refleja solamente en el incremento del desempleo.

Atendiendo estas consideraciones, la OIT se sirve de otros indicadores para sistematizar la situación laboral, entre los que se destaca la contracción de las horas trabajadas. Al respecto, ALyC es la región más afectada, con una pérdida de horas trabajadas del orden del 20,9% en los tres primeros trimestres de 2020, en comparación con el 4º trimestre de 2019 (casi duplica la estimada a nivel mundial, un 11,7%). En julio de 2020 en Argentina, la tasa de suspensiones de asalariados formales del sector privado fue del 8,4% (0,8% en marzo de 2020) mientras que el 19% de las empresas había aplicado suspensiones (5% en marzo del año pasado). A su vez, la proporción de ocupados ausentes en el total del empleo fue del 21% en el 2º trimestre de 2020, frente al 2,6% de igual período en 2019.

Por otro lado, lo atípico de esta crisis laboral se advierte también en que la economía informal no tuvo un rol “contracíclico” que operó como “empleo refugio” frente a la caída del empleo asalariado: gran parte de las y los trabajadores independientes no quedaron enmarcados en las excepciones del distanciamiento social y el confinamiento. En sintonía con lo que ocurrió en otros países de la región, la tasa de informalidad en la Argentina se redujo del 36% al 24% (del 1º al 2º trimestre de 2020), según la estimación de la OIT. De igual modo, si bien la crisis afecta a todxs, no lo hace de la misma forma: ciertos grupos sociales son más afectados que otros en términos de desempleo y precarización. Tal es el caso de mujeres, jóvenes y migrantes. En relación a éstxs últimos, según otro informe técnico de la OIT, registran una concentración particularmente alta en la informalidad: un 46% del total^[2].

Frente a este panorama de crisis laboral, el gobierno ha tomado una seria de medidas: para compensar los impactos de la pandemia, aplicó distintos programas para sostener el empleo y los ingresos (IFE, ATP, incremento de prestaciones sociales, entre otros.), sin los cuales el desempleo y el aumento de la desigualdad hubieran alcanzado niveles más graves. En este sentido, según los expertos, la crisis laboral se presenta como una oportunidad para reestructurar instituciones laborales, como la adaptación de los seguros de desempleo hacia un diseño que incluya la suspensión y reducción de jornada de trabajo como causal para recibir las prestaciones (no sólo el despido sin causa).

Hasta aquí hemos visto incipientemente cómo la crisis laboral del COVID-19 ha afectado al mercado de trabajo argentino (sin mencionar el aumento de la pobreza, la caída del salario real, el derecho a la desconexión, el teletrabajo y los riesgos psicosociales asociados a estrés laboral y tareas de cuidado, riesgos de contagio de los trabajadores esenciales, entre otros puntos).

Por tanto, resta hablar del “futuro del trabajo” sobre un punto concreto.

¿Cómo salir de esta crisis laboral y cómo hacerlo en la Argentina?

El acceso a las vacunas constituye un punto principal. La reestructuración de la deuda constituye otro punto crucial.  Finalmente, una política fiscal con un criterio rector más progresista (para orientar la recaudación y el gasto público) parecería ser la luz al final del túnel: de cada quién según su capacidad, a cada cuál según su necesidad.

El aumento de la carga impositiva (inclusive con sus limitaciones) se convierte en una alternativa a explorar a escala global, si se toma en cuenta los posicionamientos políticos de Joe Biden y del FMI. En su primer discurso presidencial frente al Congreso de los Estados Unidos, el presidente norteamericano se posicionó en favor de gravar la riqueza para financiar la salida de la crisis. Por su parte, el FMI ha esbozado públicamente la necesidad de un impuesto extraordinario a la riqueza también para salir de la actual crisis.

En línea con estas consideraciones globales de gravar la riqueza, el gobierno argentino implementó el “Aporte Solidario y Extraordinario” a las grandes fortunas (Ley 27.605, aprobada a fines de 2020) que lleva recaudados 145 mil millones de pesos al día de hoy, según fuentes oficiales. Se ha utilizado para financiar la política sanitaria, subsidiar PYMES para sostener puestos de trabajo, mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares, entre otras medidas.

En Argentina, si bien algunos actores económicos llevaron adelante judicializaciones para no pagar el aporte solidario para morigerar los efectos de la pandemia, el cuadro objetivamente se presenta claro a nivel global: es necesario entregar el anillo para no perder el dedo. En nuestra experiencia particular, aquellos que todavía no se han convencido, deberán aggiornarse a los desafíos que los tiempos demandan y adaptarse al cambio o pagar las consecuencias de no comprender que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza.

Se trata de volver a poner de pie al mundo con el trabajo como el gran organizador social para que pueda ser un lugar más estable y predecible.

^[1]  OIT (2020). “Panorama laboral en tiempos de COVID-19. Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe”.

^[2] OIT, (2020). “COVID-19 y el mercado de trabajo en Argentina: el reto de luchar contra la pandemia y su impacto socioeconómico en un tiempo de desafíos económicos serios”.

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Por Marcos Doudtchitzky / Fotos: Nadia Petrizzo

El reclamo por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se puede rastrear a, por lo menos, las décadas de 1970 y 1980, levantado por mujeres de extracciones políticas diversas; incluso llegó a ser parte de la plataforma electoral del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en 1973, cuando las mujeres se encontraban en una situación aún mucho más desfavorable que en el presente. Es esperable, por lo tanto, encontrar una diversidad de estrategias y tácticas que jalonaron el camino, cambios inevitablemente vinculados a otras transformaciones de una sociedad que atravesó una dictadura sangrienta entre 1976 y 1983 y gobiernos que se movieron entre el neoliberalismo y el progresismo del nuevo siglo tras la restauración democrática.

No pretendo ahondar en detalle en la historia de lucha que permitió el triunfo en la madrugada del 30 de diciembre del 2020, tarea que puede ser encarada con mucha más profundidad por sus protagonistas directas del movimiento de mujeres; en cambio, apunto a un aspecto específico que no se podrá pasar por alto en ninguna lucha que busque la aprobación de una ley en el Congreso. Se trata de la falsa contraposición entre lo que se conoce como cabildeo parlamentario -el trabajo de lobby con los legisladores para que tomen determinada postura en el debate y al momento de votar- y la movilización callejera, el esfuerzo cotidiano de visibilidad y convencimiento para sumar fuerza en las calles.

Pretendo mostrar someramente que ambas caras son complementarias, cuestión que puede ser evidente para algunos sectores -en particular, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ha logrado desarrollar ambas actividades de forma eficiente debido a la diversidad de organizaciones que actúan en su seno- pero es un debate pendiente, sobre todo dentro de la izquierda. A veces la propia fragmentación que la caracteriza conduce a un discurso luchista, para el cual la intervención dentro de las instituciones del régimen burgués (en este caso, el Congreso) está permanentemente cubierta por una sospecha de claudicación y por la contraposición entre movilización callejera y trabajo institucional. Desde luego, esto no quiere decir que sólo haya que enfocarse en las instituciones en las que siempre los sectores populares arrancan con desventaja, lo cual genera una desmovilización que atenta contra la posibilidad de conquistar reclamos. Por el contrario, la lección es que sólo una inteligente combinación de ambas tácticas (movilización y cabildeo) puede maximizar la posibilidad de triunfar. De esto se desprende la necesidad de formar espacios de lucha conjunta, frentes únicos que permitan desarrollar al máximo la movilización y el lobby, teniendo en cuenta que las organizaciones (partidos, agrupaciones) tienden a especializarse y a cubrir más eficientemente alguno de los aspectos, pero no todos a la vez.

Tomar estas enseñanzas es fundamental. La propia lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos estuvo permanentemente cruzada por las lecciones obtenidas de la experiencia: así fue como un puñado de mujeres de avanzada, que eran vistas con desconfianza por una sociedad moldeada por la moral católica, pusieron en pie un movimiento de masas que se ha convertido en una referencia para las mujeres y el movimiento LGBTQI+ en todo el mundo. Son muchos los derechos que tenemos que conquistar en la mayoría de los países y, sobre todo, en Latinoamérica; derechos que atañen también a lo que decidimos hacer con nuestras vidas y cuerpos, como la eutanasia o el consumo recreativo de drogas. Este artículo pretende ser un aporte en ese sentido.

2018: triunfo en Diputados, derrota en el Senado

Como ya se dijo, la lucha por el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo lleva varias décadas en Argentina. Se trata de un país cuyas clases populares desarrollaron una tradición de lucha muy profunda y prácticamente continua, aunque su centro de gravedad haya cambiado varias veces y pasado desde los sindicatos y organizaciones gremiales hasta los movimientos sociales. Obviamente, las mujeres han sido claras protagonistas, con referentas pioneras del feminismo reconocidas en todo el mundo.

Luego, no es difícil comprender la relativa facilidad con la cual el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto fue aprobado en la Cámara Baja en 2018. Hasta ese momento, el mismo había sido bloqueado sistemáticamente por los gobiernos progresistas del kirchnerismo y por el conservador y neoliberal de Mauricio Macri, pero la Cámara de Diputados ya había ido cambiando su composición, acomodándose a un panorama cada vez más favorable a la legalización del aborto. Obviamente esto no quiere decir que se contara con un triunfo de antemano; por el contrario, fue clave la combinación entre movilización y acciones de visibilidad pública (como los pañuelazos) y el cabildeo cara a cara con los legisladores. Los meses que transcurrieron entre la habilitación del debate en el Congreso y la madrugada del 14 de junio, cuando llegó la media sanción, fueron los que vieron nacer una marea verde masiva que no sólo se mostraba en las acciones puntuales, sino en la inundación de pañuelos verdes que impregnaron la vida cotidiana en el espacio público y los lugares de trabajo, estudio y recreación.

Sin embargo, el resultado en la Cámara Alta fue negativo. Ya se avizoraba más complicado desde un primer momento. Ocurre que, con el pretexto de un mal entendido federalismo, la Constitución establece la existencia de un senado poderoso, con grandes prerrogativas, en pie de igualdad con la Cámara Baja en lo que respecta a la sanción de leyes, pero de una naturaleza absolutamente antidemocrática: mientras que los diputados se reparten de forma casi proporcional, los senadores se asignan en igual número a cada distrito (es decir, tres para cada provincia), otorgándole la misma cantidad de representantes al 1% del padrón electoral ubicado en algunas provincias y al 50% que vive en otras. Además, sus bancas se renuevan cada seis años de forma alternada en bloques de ocho provincias por elección, produciendo una distorsión de las relaciones de fuerza sociales dentro del recinto. Un botón de muestra: en 2018, en pleno momento dorado del macrismo, aún votaban senadores electos durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ni siquiera existía la coalición Cambiemos. En este marco, con 38 votos en contra del proyecto y 31 votos a favor del mismo, la helada y lluviosa mañana del 9 de agosto de 2018 amaneció con una derrota que dejaba sin efecto la media sanción obtenida dos meses antes. Pero las cientos de miles de personas que rodeaban el Congreso y se replicaban en todo el país, con sus pañuelos verdes en el cuello, la muñeca o la mochila, se juraron no bajar los brazos. Y cumplieron.

2020: año de cosecha verde

Sería imposible comprender el triunfo arrancado en la madrugada del 30 de diciembre pasado, cuando el Senado aprobó definitivamente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausentes, si no tuviéramos en mente lo ocurrido en 2018. Tampoco podemos olvidar que en 2019 hubo elección presidencial y, como ya fue dicho, la renovación de un tercio de la Cámara Alta. Demostrando hasta qué punto el Estado y los gobiernos no forman parte de una lejana y oscura superestructura, sino que están entrelazados (para bien y para mal) con la sociedad, ocurrieron dos hechos fundamentales como producto del clímax de 2018:

• Por primera vez, el presidente entrante incluyó en su campaña (y en un lugar central) su intención de promover la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual fue determinante a la hora de reforzar el cabildeo con figuras de peso del Poder Ejecutivo, y;
• Las listas de candidatos para la renovación legislativa, y en particular las de candidatos a senadores en aquellas provincias que renovaron su representación en la Cámara Alta, expresaron un corrimiento hacia posiciones más progresistas, al menos sobre este tema. Por ejemplo, se llegó a comentar que Martín Lousteau (figura muy reconocida en la Ciudad de Buenos Aires) aceptó encabezar la boleta de senadores de la alianza opositora Juntos por el Cambio a condición de ser secundado por Guadalupe Tagliaferri, quien ya se había pronunciado favorablemente sobre la ley tratada en 2018. Sin entrar en detalles, podemos suponer que este tipo de negociaciones estuvieron presentes en la conformación de listas en varios distritos.

Como se observa en los siguientes gráficos, lo que explica en mayor medida el cambio de posición de la Cámara Alta es el ingreso de senadoras y senadores luego del tembladeral feminista de 2018, en las regiones metropolitanas pero también en provincias de fuerte peso de aparatos religiosos y retrógrados.

Elaboración propia en base a datos oficiales del Senado

En ningún caso se fortalecieron los detractores al proyecto de ley pero, por el contrario, se ve un claro avance de la posición favorable en la mayoría de los distritos mencionados. Por otro lado, las 16 provincias restantes (cuyos senadores tienen mandato hasta 2021 o 2023) se mantuvieron mucho más estables, con pequeñas variaciones -Menem se ausentó por enfermedad, Alperovich está de licencia luego de denuncias de violación en su contra, Perotti (quien se abstuvo en 2018) asumió como gobernador de Santa Fe y dejó su banca a Mirabella (votó a favor en 2020), Rodríguez Sáa y Vega (ambos en contra) se ausentaron sin aviso. Sólo hubo dos cambios de postura: Snopek (Jujuy) votó en contra en 2018 y se abstuvo en esta ocasión, y García Larraburu (Río Negro) pasó de votar en contra a hacerlo a favor del proyecto. En ambos casos, y más allá de los argumentos que pudieron esgrimir para justificar su giro ante la opinión pública, cabe pensar que su pertenencia al oficialismo, impulsor de la ley, los hizo actuar por disciplina partidaria. De todos modos, esto también puede leerse como un tributo a la relación de fuerzas conquistada a lo largo de años de lucha y cristalizada en 2018, ya que la propia posición del Ejecutivo no puede explicarse de otra forma.

Las mujeres hicieron historia y futuro

Hasta aquí, algunas breves pinceladas sobre hechos que permitieron que Argentina se convirtiera en el primer país de Latinoamérica en aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. Vimos que el Estado -el Ejecutivo y el Legislativo por el momento, pero también el reaccionario Poder Judicial, al cual habrá que presionar para que no obstaculice el cumplimiento de la ley recientemente aprobada- no es una fortaleza opuesta en esencia a las luchas desde abajo; más bien, es un campo de disputas, en el cual la izquierda y los sectores populares arrancamos con una desventaja de siglos, pero en el cual podemos (y debemos) dar pasos firmes. Los frutos están a la vista.

Para ello, es necesario transitar un angosto sendero: por un lado, no debemos caer en el luchismo que desprecia toda forma de compromiso con las fuerzas burguesas, ya que estas pueden ser presionadas para responder a las demandas populares, que frecuentemente ya se encuentran de forma latente dentro de aquellas (como ocurrió en varios momentos de la historia del peronismo); pero tampoco podemos confiar exclusivamente en el poder del cabildeo, justamente porque nos enfrentamos siempre a poderes que cuentan con gran cantidad de recursos y de oficio a la hora de hacer y deshacer las leyes que rigen a la sociedad. Naturalmente, el sinnúmero de organizaciones que conviven en las luchas históricas y cotidianas desarrolla sus especializaciones: algunas son más eficaces en el trabajo dentro de las instituciones, mientras otras se desarrollan preferentemente en la movilización callejera. Esto está bien y, por otra parte, es inevitable. La dinámica en cualquiera de los dos terrenos es demasiado absorbente como para ser abarcada por una misma organización.

En ese sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ha demostrado tener una potencialidad sin precedentes. Permitió coordinar acciones callejeras y cabildeo, movilización y “rosca”, la calle y el Palacio, superando la vieja contraposición estéril entre ambas. Todavía tenemos por delante la conquista de derechos pendientes que, más allá de sus especificidades, tienen mucho en común con el derecho al aborto. Me refiero, por ejemplo, al derecho a la muerte digna o la despenalización del consumo recreativo de drogas (necesariamente vinculada a la atención del Estado a aquellas personas que sufren de adicciones). Se trata de reclamos de soberanía sobre nuestros cuerpos contra todos aquellos sectores que buscan regimentarlos amparándose en fundamentalismos del pasado.

Es hora de poner manos a la obra y tomar el ejemplo de las mujeres y la Campaña que, fortaleciendo por igual sus dos pies (calle y cabildeo), dieron un enorme salto hacia el futuro.

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Por Juan Pablo Sorrentino

El campo popular, aunque muchas veces -con justicia- se lo cree con rasgos paganos, tiene pinceladas de sacralidad bien profundas. Es el sincretismo entre ambos atributos lo que lo vuelve tan inclusivo y particular.

Aquel 17 de octubre de 1945 tuvo su San Perón el 18. Este 27 de octubre, hace 10 años, tuvo su San Kirchner al día siguiente.

Aquel 27, como  la mayoría de mis afectos -esos que te sostienen cuando todo anda jodido y cuando no, también- estuvimos censando, creo yo, como primer compromiso de nuestra historia con un tipo de Estado y con un gobierno que ya sentíamos que nos cobijaba, pero no imaginábamos todo lo que nos iba a abrazar.

De ese día se escribió mucho, por eso este recuerdo en palabras es para el día después.

Qué bravos son los días después.

El día después el aturdimiento se va pasando, la temperatura baja algunos grados, las emociones se vuelven un poco racionales. O puede pasar lo contrario.

El 28 de octubre de 2010, casi como un acuerdo tácito, sabía que no hacía falta ponerme de acuerdo con aquellos amigos y amigas para ir a despedirlo, íbamos a estar en el mismo lugar.

Armado con un silencio muy íntimo (ese que tanto me cuesta), alguna que otra explicación a mi vieja (esa que tanto me apoyó siempre) y muchas dudas sobre qué esperaba allá en Plaza de Mayo (esa que tanto nos encontró), en soledad, fui a despedirme.

La empatía y simpatía por el campo popular representado por ese gobierno, a mí, como también a algunos de los míos, nos había nacido al calor de la 125. También nos llevó acompasados a votarlo en nuestras primeras elecciones allá por 2009, el otro año de la fiebre.

Pero aquel 28 de octubre de 2010, más que otro punto en esta recorrida, es una puerta de entrada -una bienvenida-, antes que una despedida.

Como muchas veces en la historia, esa muerte traía vida. Un muerto que no para de nacer.

Aquellas dudas sobre qué me y nos esperaba en la Plaza y en Casa Rosada se fueron cuando la primer persona que reconocí en esa multitud era el trabajador-vendedor ambulante que hacía una media hora estaba en el mismo tren San Martín que yo, pero vendiendo unos vasos que él tallaba. Lo saludé creyendo que él también me iba a reconocer y aunque no fue así, con esa empatía que a veces tanto nos falta, nos acompañamos durante aquella fila de personas y, por sobre todo, amor, hasta entrar al Salón de los Patriotas Latinoamericanos.

Nunca mejor elegido ese nombre y ese lugar, parecía un guiño desde el pasado reciente.

Ni con mis amigos qué ahí estuvieron, ni con ningún afecto familiar siempre alejado de toda responsabilidad política y sensibilidad histórica, pero sí con aquel laburante del tren San Martín, compartí la liturgia de aquel San Kirchner.

Lo que nos ocurrió y corrió por el cuerpo a todos y todas ahí adentro, frente a esa historia más viva que nunca, no es necesario escribirlo si es que se pudiera.

Lo que vino después, la historia ya lo juzgó.

Pero en mí historia, una bien breve, fue la bienvenida a los mejores años que me pudieron haber tocado.

A 10 años (por qué puedo identificar esto a los 10 y no a los 9, 8 o 7 años, no lo sé) no puedo hacer otra cosa más que recordar ese día de sacralidad pagana con una sonrisa y una profunda emoción.

Este domingo, un compañero de esos que aquella puerta de entrada me sigue presentando, me hablaba de un pasaje de las memorias del Indio que le gustaba, de esos que son como verdades que guían.

Volví y lo busqué en el libro, decía esto:

“Me gustan más los que buscan la verdad que los que la encuentran, uno siempre está intentando ver aunque sabe que es muy limitada su capacidad de penetrar una gloria tan grande como es la vida. Nos la pasamos pensándola, cuando deberíamos vivirla más”.

No pudo haber sido más justo con esto que escribo, ahora, en ese mismo tren San Martín.

Hay que volver a casa, ¿no?

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Por Julio Cesar Gambina* Foto: Zona Norte Diario

Muchas son las tensiones políticas que se procesan en estas horas. El momento más ríspido lo constituyó el “motín” policial de la bonaerense, una fuerza de seguridad con 90.000 efectivos. Con sus armas y móviles, incluido helicóptero, presionaron en varias locaciones, de forma preocupadamente en la vivienda del gobernador y en la residencia presidencial. Esto motivó especulaciones golpistas, aun cuando el móvil apuntaba a la mejora salarial y esencialmente a la impunidad policial, en el mismo momento que se investigan responsabilidades policiales en el asesinato de Facundo Astudillo Castro, entre muchos otros casos de similar tenor.

El motín generó especulaciones diversas y se zanjó, transitoriamente, con asignaciones presupuestarias resueltas por decreto, revirtiendo otro decreto, de similar factura realizado por el Gobierno Macri. En aquella ocasión, se favoreció al gobierno porteño y ahora a la provincia bonaerense, y por eso surgen interrogantes diversos. ¿Es un debate en torno a la coparticipación? Puede entenderse de ese modo, pero es más complejo. ¿Es favoritismo desde el gobierno nacional a una provincia gobernada por el mismo frente en el orden nacional y en contra de la oposición gobernando la ciudad capital de la Argentina? Es un argumento simplista también.

Se trata de un tema de enorme complejidad, que no se resolvió con la asignación de nuevos recursos derivados desde un distrito a otro, más allá de cualquiera de las razones que se argumenten de un lado y del otro. Se trata de tensiones políticas en una Argentina con crisis política evidente, con una polarización calificada de grieta. Una polaridad sostenida por la novedad política emergente en el siglo XXI, el kirchnerismo y el macrismo, expresiones renovadas de viejas antinomias políticas en el país. Si durante décadas, más allá de las dictaduras, la confrontación fue entre peronismo y radicalismo, el presente muestra la fractura de ambas expresiones y la conformación de nuevas alianzas con liderazgo de Cristina Fernández en un caso y Mauricio Macri en otro.

Las tensiones se concentraron en la protesta policial, pero se manifiesta en todos los temas que se colocan en discusión y afecta las correlaciones de fuerzas en la sociedad, caso de la “reforma judicial”, disminuida en sus alcances por el oficialismo y agigantada por la oposición sistémica; pero también acontece la polémica en torno al gravamen sobre las grandes fortunas. Más grave aún, la discusión se manifiesta en la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia, con imposibilidad de acuerdo estratégico de las dos principales fuerzas políticas, en momentos en que ascienden peligrosamente los contagios y muertes en el país, especialmente en momentos de incertidumbre global sobre el tema. Una incerteza que incluye imprevisibilidad en el futuro económico.

Es muy posible que el problema sanitario se extienda durante el 2021, o buena parte del mismo. Además, ¿será esta la última pandemia?, ante una situación de descontrol en el modelo productivo mundial, con afectación de la naturaleza y la vida social en su conjunto. Es un interrogante de difícil respuesta.

Supuestos 2021

Por eso, suena hasta ilusoria la pretensión del ministro de Economía que pretende “tranquilizar” la economía con supuestos ilusorios, creo, que serán incluidos en el proyecto de Presupuesto 2021.

El horizonte imaginado es la merma del gasto público incrementado en 2020 por la pandemia, como si fuera sencillo, en las condiciones económicas globales y locales, eliminar gasto social como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, incluso los ATP para compensar salarios de empresas con problemas para atender la nómina, entre otras muchas asignaciones presupuestarias para atender a la emergencia.

La incertidumbre de la economía mundial es relevante y, además, agudizada con incertezas derivadas de la elección estadounidense en noviembre próximo. A punto de terminar su gestión, Donald Trump impuso por primera vez un presidente estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El personaje al frente del BID expresa a la ultra derecha de EEUU, con una orientación claramente opuesta a la lógica socio política desplegada en la región en los primeros años del Siglo XXI.

Se trata de un militante enfático contra el proyecto cubano, venezolano, o cualquier intento de autonomía e independencia de la región latinoamericana y caribeña respecto de la política exterior de EEUU. Además, Argentina sostuvo candidato alternativo hasta último momento y fue clave para operar una elevada abstención en la votación.

A no dudar que eso constituye una tensión con el gobierno de Trump, más aún si este ratifica un segundo mandato. El tema no es menor, ya que EEUU es clave a la hora de la negociación en curso de la Argentina con el FMI. EEUU definió el impagable y odioso crédito a Macri en 2018 y ahora el gobierno de Alberto Fernández busca renegociar el acuerdo para liberar pagos durante el mandato que finaliza en diciembre del 2023.

El presupuesto económico financiero del 2021 está atravesado por esa negociación con el FMI, para terminare de definir el alcance de los compromisos financieros del Estado. La política es integral y se juega fronteras adentro y en el exterior. ¿Cuántos recursos se generarán para activar la economía y resolver empleos e ingresos populares que contengan el des-conformismo social ante la situación económica actual?

Sorprende aún que la caída de ingresos de la mayoría de la sociedad de más bajos ingresos, la consecuente suba de la pobreza y la indigencia no genere una explosión social. Los conflictos y movilizaciones existen, pero todavía contenidos ante la situación de la emergencia sanitaria y la extensión de una política compensatoria que puede terminarse en los supuestos presupuestarios.

Debates estratégicos

Las tensiones pueden superar la lógica de confrontación hegemónica de la política actual, solo si la demanda social se orienta en una perspectiva que ponga en discusión la lógica que preside la organización económica en la Argentina, y que se presenta claramente en el debate sobre la imposición a las grandes fortunas y en la toma de tierras. En ambos casos se afecta la sacrosanta “propiedad privada”, con resguardo constitucional desde el origen de la Nación Argentina.

El tema es que esa propiedad privada, altamente concentrada, es la razón de la fuerte desigualdad acumulada por siglos y exacerbada en tiempos de reestructuración reaccionaria desde 1975/6, cuestionada discursivamente, pero nunca enfrentada claramente. Una muestra está en el tratamiento del endeudamiento en todo el ciclo político desde 1983, con renegociaciones sucesivas que consolidan la subordinación local al orden del poder económico mundial del capitalismo.

Hace falta ir a fondo en el debate sobre los recursos que administra el Estado, especialmente su destino, pero también de dónde provienen. En ese marco hay que discutir la coparticipación impositiva. Primero hay que definir los problemas a resolver, caso de la pobreza, por ejemplo. Recién, luego de ello se podrán asignar escasos recursos existentes a otros fines, incluso, cuanto se dispone para coparticipar con los distritos provinciales.  

Está claro que es una cuestión política que trasciende la coyuntura y se proyecta como un debate estratégico sobre el presente y el futuro, en rigor, no solo válido para el país, sino para la región y el mundo.

*Publicado originalmente en juliogambina.blogspot.com

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Por Nacho Saffarano

Desde hace tiempo que ya no pueden ser tratados como unos freaks twitteros nostálgicos de la Dictadura; sino que hoy encuadran la renovación de los sectores reaccionarios y son una referencia para una capa amplia de la juventud. Tal vez este es el dato más preocupante.

La detención se da en el marco de la denuncia realizada por la Diputada cordobesa, Gabriela Estévez, luego de que unos días atrás, Prestofilippo haya publicado un tweet.

La denuncia se encuadra dentro del delito de amenazas, que contempla penas que pueden ir de los 6 meses a los 10 años, a menos que se contemple algún agravante, donde la pena de prisión puede estirarse.

Algunas consideraciones al respecto:

1- El neo-fascismo ya es una realidad en la política argentina. Sus expresiones político-electorales son marginales hasta el momento, pero este es un indicador que puede cambiar en pocos meses. Lo que hay que asumir, es que las ideas fascistas ya están instaladas como prácticas sociales y tienen un trasvasamiento de clase.

2- Son portadores de un mensaje “anti-sistema”, en tanto responsabilizan a “los políticos” como la causa de todos sus males. Si bien en su imaginario el peronismo y el comunismo tienen un signo igual y ambos atentan contra la libertad – aunque no puedan ponerse de acuerdo entre ellos sobre qué es ser libre -, su rechazo a la clase política se unifica en un “que se vayan todos” de nuevo tipo. Es por esta razón que ubican a Juntos por el Cambio también como parte del problema, construyendo vasos comunicantes solo con los sectores más derechistas de dicha coalición, tal como Patricia Bullrich o Waldo Wolf.

3- No es casual que estos sectores hayan sido los únicos que apoyaron a parte de la Bonaerense que rodearon la Quinta de Olivos. Ante cada hecho tumultoso de la coyuntura, se encargan de poner su granito de arena para intentar romper el cada vez más débil pacto democrático que nos rige. De allí que es saludable que todas las fuerzas democráticas repudien a estos sectores y señalen sin vacilar a quienes los encubren.

4- La pregunta obligada y reiterativanes si el uso del sistema penal es la vía útil para atacar las prácticas fascistas, al menos a estas que expresan declaraciones repugnantes en las redes sociales

¿Se logra neutralizar el discurso reaccionario deteniendo a uno de sus portavoces? ¿Fue una estrategia jurídica consensuada? ¿Se pensó cual podía ser la reacción de sus seguidores?
No viene mal recordar que Baby Etchecopar firmó una probation luego de una denuncia por violencia machista en sus programas de radio – por haber fomentado el odio a mujeres migrantes y militantes de movimientos sociales -, y sin embargo día tras día sigue desplegando un mensaje profundamente regresivo y sumando seguidores.

5- Entonces, ¿qué hacer ante la avanzada de ésta derecha sin maquillaje progresista? Tal vez algunas respuestas puedan surgir de hacerse ciertas preguntas:
* ¿Estamos de acuerdo que la libertad de expresión tiene límites y que no puede usarse como justificativo de los mensajes de odio?
* ¿Es efectivo para desactivar las prácticas fascistas usar el sistema penal? ¿Lograríamos convencer a alguien de que luego de cumplir la pena ya no sería fascista?
* ¿Se puede pensar una “probation anti-fascista”? ¿Multas pecuniarias para solventar proyectos de derechos humanos? ¿Los obligamos a que se aprendan de memoria la Carta a la Junta y la reciten en Plaza de Mayo?
* ¿Es hora de formar un Frente Antifascista? ¿Qué tiene que suceder para que lo hagamos?

Los problemas hay que verlos uno al lado del otro. Un día cacerolean para que los presos se mueran en las cárceles, otro día para que sectores humildes no cobren la IFE, al siguiente ovacionan un levantamiento policial. Sueltos son anécdotas, todos juntos son la estrategia de un fascismo que está ocurriendo aquí y ahora.

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Por Ana Paula Marangoni | Foto de Juan Obregon

La pesada herencia es una frase que sirvió tanto para los oficialistas de aquellos años kirchneristas como para sus detractores. Para un nuevo gobierno (¿panperonista?) la frase no sólo connota un conglomerado de gestiones de uno, dos o tres gobiernos, sino que también permite sopesar el arrastre de aciertos, de errores y de transformaciones sociales que tienen alcance hasta el día de hoy. Pero también puede significar un tablero político, no elegido, sino heredado. Todo gobierno debe lidiar con eso. En cómo modificarlo a su favor radica gran parte de la estrategia que lo puede convertir en un gobierno olvidable o memorable, en líneas gruesas de balance.

Alberto el conciliador (epíteto elegido por quien narra esta historia) llegó a la presidencia con el flamante anuncio de cerrar la grieta, aparentemente, un exceso de confrontación mediática que dividió a la población argentina. La premisa, con tintes de aroma alfonsinista, sonaba mejor en tiempos de campaña que en las arenas del gobierno. Sobre todo porque, en líneas generales, el presidente no logra rearmar el tablero, y lo único que ocurre es que la consigna pacifista no sosega a los Magnetto, que a pesar de no haber logrado sostener la reelección de un gobierno más útil a sus negocios, todavía mantienen un poder que radica en desestabilizar, levantar, agitar, y hacer tambalear a un gobierno que no los desafía, pero tampoco los conforma.

El tío Beto, chabacano, tranquilo, canchero, no pierde la paz interior frente a las cámaras. Dialoga con los medios que le marcan la agenda, y busca conciliar intereses. Pero la agenda propia no aparece. Vicentín es el botón de muestra de un intento de gestión política que retrocede ante el menor escándalo. Y que, de no corregirse, enuncia el fracaso de no poder armar un juego propio, y continuar respondiendo, por default, a los beneficiarios directos de la grieta: nuestra elite corporativa, el empresariado de guante blanco.

Pieza uno: los pitufos

En 2013, un gobernador de la Provincia de Buenos Aires llamado Daniel Scioli (que aspiraba a ser presidente) tuvo la ocurrencia de incorporar 50.000 nuevos policías en la provincia, dando una respuesta marketinera a un problema de larga data, mal enfocado por la casta de monopolios que detentan los medios del país, al que mal llamaron inseguridad. El gobernador en carrera, entonces, agrega a la ya problemática fuerza una cantidad de nuevos problemas que se vieron traducidos en una nueva especie policial: los pitufos. Mal pagos y mal formados y, en general, en dependencia de los municipios, fueron una solución precaria que alimentó también la cadena de precarización laboral en las y los jóvenes del conurbano bonaerense, quienes encontraron en la propuesta una oportunidad para tener un sueldo fijo, con obra social y algunos derechos laborales.

Si la policía bonaerense ya era cuestionable por su formación orientada en la picana y el submarino de la última dictadura militar y ausente de nociones de Derechos Humanos, la caja chica basada en la corrupción, y sueldos bajos que propiciaban esta inclinación, la incorporación de pitufos no sólo no resolvió estos problemas, sino que los empeoró visiblemente, largando a las calles a pibas y pibes con un arma, sin formación, y con sueldos todavía más bajos.

Algunos de los rumores también dicen que, en medio de la pandemia, la policía vio reducida una buena parte de su ingreso mal habido, la caja chica de los negocios corruptos, menguados por la decreciente circulación de gente en las calles.

Pieza dos: Sergio Berni

La llegada de un tal Sergio Berni como Ministro de Seguridad a la Provincia no abrió un panorama alentador en relación con la necesidad de resolver estos problemas desde una perspectiva progresista. Berni, otra pesada herencia. Sus títulos son los de médico y abogado, y este último parece al menos difícil de rastrear a partir de los saberes que exhibe en sus declaraciones. Como médico se incorpora al ejército para luego formar parte del levantamiento de los carapintadas, una insignia esta vez comprobable.

En Santa Cruz, lo acusan de haber sido infiltrado en medio de una protesta de mineros, en la que participaba en calidad de médico. El gobernador de la provincia, en aquel entonces, era Néstor Kirchner. Cuando Néstor asume como presidente, Berni se incorpora como Dirección de Asistencia Crítica y Abordaje Territorial dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Desde ese cargo, y otro similar que desempeñará dentro del mismo ministerio, articula para desarmar protestas, especialmente de piqueteros y piqueteras, tarea para la que ya había demostrado ser hábil desde el territorio santacruceño.

En 2012 asumió como Secretario de Seguridad de la Nación, y en ese cargo desplegó su potencial con mayor alcance. Una de sus primeras medidas fue el despliegue territorial de 6000 efectivos de Gendarmería en el Operativo Centinela. Fue responsable de detenciones de manifestantes que habían cortado la Panamericana, las cuales se realizaron ilegalmente en Campo de Mayo, ex centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar. Anteriormente, había participado de otros operativos, con una resolución ferozmente represiva. Un ejemplo es el desalojo de las tomas por una vivienda digna ocurridas en el Parque indoamericano en 2010, evento que culminó con una brutal represión y la muerte de tres personas.

Ese Berni, es el actual Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Los rumores afirman que tal personaje no cae bien ni entre los jefes de la bonaerense y ni entre un cúmulo de intendentes. Previamente a la protesta, una de las novedades políticas fue el anuncio de Berni de postularse como presidente del PJ en la provincia. Anuncio que no cayó en gracia para fuegos amigos ni enemigos.

Si el gobierno planeaba una reforma integral de las fuerzas policiales y armadas, no parece haber elegido al candidato correcto. Berni, el que desafía a la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y no tiene inconvenientes en desautorizarla, un milico de práctica que no tiene pudor a la hora de hacer el trabajo sucio, y que parece no acusar recibo ante el crimen de Facundo Castro, agredido, desaparecido, y finalmente confirmado su asesinato al ser hallado su cuerpo, con todas las pistas apuntando por culpabilidad y encubrimiento hacia la policía. Muchos de sus dichos son memorables. Entre ellos, su defensa de Chocobar.

Manifestantes ¿armados?

Los precarizados de la bonaerense se movilizaron, haciendo foco en Puente 12. Pero es difícil hablar de manifestación y no de un alzamiento, cuando se trata de policías que lo hicieron armados, e incluso haciendo uso de los patrulleros con los que deberían cumplir servicio.

Las movilizaciones llegaron, en una demostración de poder, hasta las afueras de la quinta de Olivos, emblema del poder presidencial.

En medio de un conflicto que agitó las aguas más de lo deseado para el presidente de la paz y los acuerdos, se anunciaron los aumentos de sueldo para la policía, a partir de lo cual se diluyeron los focos de protesta.

Pieza tres: los Magnetto

Cuesta imaginar cuánto hay de protesta espontánea y cuánto hay de operación. Lo que está claro es que los Magnetto no desaprovechan oportunidad, y levantan los vientos de la desestabilización con los inconformes de la cuarentena, en pleno auge de contagios, con el fantasma de la crisis económica, al que invocan permanentemente, y en su última edición, con los levantamientos de policías, armados ¿pacíficamente? frente a la quinta presidencial.

El gobierno esquivó la confrontación con una negociación veloz. Pero quedan en el aire algunas preguntas: ¿van a caer los responsables fácticos y políticos por el crimen de Facundo? ¿Van a reformar la policía bonaerense, de las provincias y federal para combatir los eventos permanentes de inseguridad propiciados por las mismas fuerzas? ¿Podrá el gobierno plantear una agenda propia, al margen de las bocinas desestabilizadoras y de la agenda de las corporaciones que hoy parecen, sino gobernar, al menos sí marcar el rumbo de lo que se puede hacer y debatir? Y, por último, ¿algo de todo esto les interesa?

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Por Claudia Korol Imagen: Ivan Martin Barrera

Dicen que sí, dicen que no. Dicen que es Facundo. Dicen que no es.

Yo digo que no es Facundo, si no tiene en su rostro dibujada la sonrisa. Que no es Facundo si no tiene la piel para acariciar a su amor. Que no es Facundo si no están sus brazos para envolver con ellos a Cristina, su mamá guerrera. No puede ser Facundo, aunque sean sus huesos, aunque sea su zapatilla, aunque sea su bichito de la suerte.

Facundo desparramado no es Facundo, digo. Tendremos ahora la tarea de juntar su memoria, eso que no nos pueden quitar ni con las bravuconadas policiales, ni con el bernivirus, ni con noticieros mentirosos que desinforman y mienten.

Aprendimos de tanto dolor. Facundo ahora también late en nuestros corazones, con Santiago, con Julio, con Rafita, con Diana, con Cecilia, con Mayra, con Johana, con Ramona, con Kevin, con las, les, los 30 mil. Facundo late fuerte como un grito de dolor, pero también con esa sonrisa que nos anima a la esperanza.

Los criminales no tienen límites para el despojo. Nos quieren decir que esa zapatilla es Facundo. Que esos huesos son Facundo. Que el informe forense nos confirma que lo encontramos. Está bien el informe, es necesario para acercarnos a la verdad. Pero esos huesos, creo, no son a quien buscamos. No está su mirada. No está su palabra. Facundo tiene rostro de niño travieso, tiene corazón inquieto.

A Facundo lo fuimos apareciendo cuando lo desaparecieron. Lo fuimos conociendo y queriendo. Escuchando la voz de Cristina, que no necesitó peritajes para adivinar quién era.

Digan lo que digan, Cristina, nunca vamos a dejar de buscar íntegro a Facundo. No dejaremos de traerlo a nuestras luchas como fue, como es, con su sonrisa hermosa, con su mirada traviesa, saliendo a la ruta enamorado.

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Por Ramiro Garzaniti

El significante “libertad” ha sido una de las grandes banderas de la derecha internacional contemporánea, contraponiéndola al estado de bienestar, al socialismo y al anarquismo… en fin, a todo lo que desde la derecha se considera izquierda. Esto se recrudeció en el Siglo XX.  Básicamente, la idea es la siguiente: el capitalismo liberal defiende la libertad, mientras que en otros regímenes se pierde en favor de la igualdad (para quienes no son tan despectivos) o se pierde por el solo por el hecho de que los regímenes de izquierda están gobernados por corruptos que desayunan bebes y almuerzan genocidios. Vale la pena traer un viejo chiste pro capitalista de la Guerra Fría que solía citar Ronaldo Reagan:

Se encuentran un perro americano, uno polaco y uno ruso. El perro americano explica a los otros dos cómo funcionan las cosas en su país. “En América –les dice–, si ladras mucho, en algún momento llegará alguien y te dará un trozo de carne”. El perro polaco dice: “¿Qué es carne?”. Y el ruso: “¿Qué es ladrar?”

“La Libertad” funciona como el significante vacío aglutinador del que nos hablaba el filósofo argentino Ernesto Laclau. Con el argumento de la libertad se puede lograr que una persona de clase popular que le cuesta llegar a fin de mes salga a la calle a defender a una multinacional morosa y corrupta. Un significante vacío es aquel que permite que cada unx de lxs comensalxs lo complete como desee. Por ejemplo, en Argentina tenemos a Juntos por el Cambio y en el Reino de España tienen Unidas Podemos. Pero, ¿qué cambiaremos? ¿Qué podemos? Bueno, es un significante vacío, cada uno lo completara como quiere y confluirán votando a la derecha o a la centroizquierda.  Esto es populismo en el sentido que lo expone Laclau. Los ejemplos que traigo son adrede, el populismo no es ni bueno ni malo, ni de izquierda ni de derecha, sino una herramienta. Una herramienta que, debo decir, lamentablemente, en Latinoamérica las derechas han sabido hacer mejor uso y, para colmo, acusan al resto de populistas.

Libertad es un significante que tiene un gran capital simbólico en la batalla cultural. Tiene mucho peso: nadie quisiera ser acusado de estar en contra de la libertad y todxs dirían que están a favor. Pero también parece que el término tiene dueño, porque quienes usufructúan el capital de dicha bandera suele ser la derecha: desde las consignas de la Revolución Francesa (Libertad, Igualdad y Fraternidad) a la Estatua de la Libertad en Nueva York, la tierra de la libertad, “the land of freedom”.

En Argentina tenemos nuestro propio think tank (tanque de pensamiento, usina de ideas) “Fundación Libertad” que organiza congresos con invitados de lujo como el empresario de la Construcción de Edificios y Demolición de Países Mauricio Macri, José María Aznar (ex presidente del Reino de España y escritor, justamente, de “Libertad Digital”) y el 1° Márquez de Vargas Llosa, el escritor peruano-español, Mario Vargas Llosa. De paso sea dicho, el Marquesado de Vargas Llosa fue uno de los últimos actos de gobierno del cazador de elefantes y prófugo de la justicia Juan Carlos I. En Chile tienen el propio “Instituto Libertad”. Y si están leyendo esto en algún lugar de América Latina, seguramente tengan sucursales libertarias de la derecha internacional. El sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón afirma que estas fundaciones son utilizadas como intermediarios para que la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos puedan financiar el activismo derechoso en la región evitando el sello postal que diga Washington o Bruselas en el fajo de billetes. Pero esto sería tema de otra nota (o bien pueden leerlo a Atilio Borón, recomiendo).

Reflexionemos, entonces, ¿qué es la libertad? Como dice la famosa frase, “mi libertad termina donde empieza la de otrx”. Emmanuel Lévinas puso en cuestión esta sentencia. Si mi libertad termina donde empieza la de otrx, entonces, yo podría extender mis libertades suprimiendo a ese otrx. Quiero decir, puedo, entonces, redefinir el término “otrx” y entonces seré más libre. Pensemos, ¿era una mujer negra esclavizada en la Norteamérica del siglo XIX otra persona? ¿Lo era una familia judía en el Berlín de 1939? ¿Lo era una familia de palestinos en la Jerusalén de 1949?

La verdadera libertad no debería tener como límite al otrx sino al otrx como sustento. La verdadera libertad implica no oprimir a nadie, no deshumanizar. Yo seré libre en tanto tú seas libre.

Pero, ¿qué entiende la derecha por libertad? Tomemos dos millonarios ejemplos: John Hammond y Susana Giménez.

El primero es un personaje ficticio de la franquicia Jurassic Park. Hammond es un megaarchimultimillonario que quiere y puede crear un parque de diversiones con dinosaurios, completamente creado para una elite (si Disney cobra 110 dólares la entrada, acá debería estar por lo menos 1000 dólares por día, el T-Rex es de buen comer). En las primeras escenas de la película se lo puede ver descendiendo con su helicóptero en un pozo donde se encontraban paleontologxs trabajando. Lxs paleontologxs le piden que no lo haga porque está dañando la excavación, también les dicen que no van a ayudarlo porque les parece una locura su idea. Luego, John Hammon abre un champagne que no le pertenecía, se lleva a lxs paleontologxs  y funda su soñado parque. Como sabrá la mayoría (y sino, spoiler alert!), esto termino con decenas de muertos y varixs sobrevivientes que se llevaron tantos traumas que ni dos camiones llenos de psicoanalistxs podrán con ellxs. Se ve que el karma no existe, porque John Hammond resulta ileso y no debe enfrentar procesos judiciales por múltiples asesinatos dolosos.

Otro ejemplo más actual es la megaarchimultimillonaria argentina Susana Giménez. Ella se encuentra ahora en el Uruguay, donde se fue a pasar la cuarentena un par de semanas después de  que el gobierno argentino la decrete. Una vez allí dijo lo siguiente: “nadie puede encerrarme a mi”…“en realidad habría que cerrar las villas”. Relean el análisis de Levinas, acá sumamos otro ejemplo. Claro, a ella no la podemos encerrar, pero las villas si, ¿será que la Su está deshumanizando un poquito a lxs villerxs? Hace no mucho, también había armado revuelo por una frase digna de María Antonieta (“si tienen hambre que coman pasteles”): “Si hay pobreza que vaya la gente al campo… bueno, no sé, hay que enseñarle a plantar, a tener gallinas, qué sé yo… cosas. De verdad te lo digo”. Por otro lado, la diva de la TV Argentina fue condenada por no pagar impuestos y se queja de que en Argentina se está perdiendo la libertad porque se está virando a un… ¡comunismo! La que puede, puede.

La semana pasada, su colega y no sé si amigo, el Negro González Oro la acompaño en su exilio. Al bajar del avión en la Tierra Prometida de Uruguay, respiro hondo y aclamó: “Recuperé mi libertad” (sic).

Parece que para la derecha la libertad es más que nada un capricho de gente adinerada. Si el capricho se puede comprar, entonces es libertad: “¿Por qué no puedo tener un parque con dinosaurios, si quiero?”; “¿Por qué no puedo tener 8 yates, si quiero?” “¿Por qué no puedo tener una fortuna superior al 40% más pobre de la población mundial, si quiero?” Y la más famosa de la semana: “¿Porque no puedo romper la cuarentena y salir a protestar en el peor momento de la crisis sanitaria por el COVID, si quiero?”. Todas frases que posiblemente terminen con la gran falacia entre las falacias: “me lo gané trabajando”.

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Por  Lisandro Silva Mariños*

Tras escuchar la conferencia de prensa me ha surgido una gran impotencia. No esperen leer una cataratas de críticas o exigencias sanitarias-económicas sobre que debería hacer el gobierno (para eso merecemos una nota a aparte), o teorías conspiranoides que mezclan a Soros, con el 5G y los antivacunas, en un digno terreplanismo de la política que se reúne todos los sábados en el obelisco contra la cuarentena.

Lo que ha dado mucha impotencia (y bronca también) fue que a la hora de mencionar a diferentes actores sociales que vienen haciendo un esfuerzo para dar pelea contra la pandemia, se ha invisibilizado, y en efecto, desvalorizado y no reconociendo, a les trabajadores de la economía popular, quienes en las barriadas y villas son la primera línea contra el COVID-19. Se mencionó y revalorizó el esfuerzo del personal de la salud, las llamadas fuerzas de seguridad, limpieza y hasta empresarios, pero del sector que en su territorio deja hasta la vida, nada.

¿Pudieron ver el decreto que menciona las 24 actividades esenciales al cual volvemos desde el 1° de julio? Ahí dice que todes tenemos que abstenernos de circular e ir al trabajo. Pero exceptúa a ciertas actividades entre las cuales están las “personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos”. ¿Y saben qué? En el orden de actividades, ocupan el octavo lugar, ya que sin lugar a duda hay una jerarquía que va desde los trabajadores de salud, las fuerzas armadas, autoridades del poder ejecutivo, judicial y legislativo, pasando por los afectados a comedores, hasta llegar al veinticuatro, que nombre a los que trasportan dinero en camiones de caudales y rellenan los cajeros de bancos.

¿Quién iba a decir que en la emergencia, son más esenciales las compañeras migrantes que paran la olla, antes que otros cientos de trabajos que pensamos “productivos”? Quizás sea porque hasta hoy lo que entendemos por trabajo- o lo que nos quieren hacer entender- sea un puñado de ocupaciones que no reflejan el sinfín de tareas no remuneradas (y otras muy mal remuneradas y precarizadas) que a cotidiano realizan fundamentalmente mujeres.

Es sobre estas personas que hoy son esenciales, se le ha construido la categoría insultante de planeros. Y no lo hace solo la derecha y sus medios de comunicación, ya que hay veces que en las propias filas del gobierno abonan a ese concepto, cuando por ejemplo el ministro Arroyo dice que el objetivo de su ministerio es que la gente “pase del plan al trabajo”. ¿Acaso ya no trabajan esos miles de laburantes a los cuales se les paga por una tarea complementaria? ¿No es eso el Salario Social Complementario que hoy no llega a los $9.000?

Según el propio ministro, hoy 11 millones de personas comen en comedores populares, los cuales están abiertos de 7 a 15 hs. Es decir que un 25% de nuestra población, come de lo que cocinan (entre otros sectores) les trabajadores de la economía popular a los que algunos tienen el tupé de llamarlos planeros.

Pero volviendo. Más y más impotencia generó escuchar cuando se le agradeció a “Rodríguez Larreta por hacer el Operativo Detectar en las villas de capital”. ¿Saben por qué? Porque las y los trabajadores de la economía popular no sólo cocinan (haciendo malabares con lo que tienen), y distribuyen raciones en los comedores y ¡hasta llevan puerta por puerta las viandas a adultos mayores y personas aisladas!, sino que también han puesto el cuerpo para hacer los operativos DETECTAR. Se han formado como promotores y promotoras de salud durante años, y son quienes toman la temperatura corporal, detectan casos sospechosos, acompañan a personas a ser hisopadas, y hasta se encargan de aislar a contactos estrechos. No figura en ninguna estadística oficial, pero el 70% de los casos que se registran en las villas de CABA los han relevado las organizaciones sociales en su territorio.

Todo esto lo hacen arriesgando su vida. Basta con mirar el ejemplo de Ramona Medina, integrante de la organización La Garganta Poderosa en la Villa 31 de CABA; Víctor Giracoy, referente del comedor “Estrella de Belén” en el Barrio Mugica (CABA); Carmen Canaviri y Agustín Navarro, coordinadores de comedores de la organización Barrios de Pie; y Rossio Roxana Choque, del Frente de Organizaciones en Lucha, de la villa 1-11-14.

La pandemia nos está dejando muchos balances que entran en la frase ya trillada de que “el mundo no va a ser el mismo después del COVID-19”. Pero hoy nos dan la oportunidad de poner sobre la mesa estas tareas que no son reconocidas, las cuales han sido esenciales para la reproducción cotidiana de la vida, e incluso han salvado la existencia de muches.

Por último, una alerta.

El reconocimiento no puede quedar en el heroísmo, el sacrificio y la valentía de quienes desarrollan estas tareas. Tampoco en que en las próximas conferencias de prensa se los nombre. No alcanza con eso, ni con foros de debate, encuentros virtuales o reuniones de funcionarios para escuchar a las organizaciones sociales. Se necesitan medidas concretas para dar un valor real a eso que hoy se llaman actividades esenciales. Y a fin de cuentas hablamos de remuneraciones, de ingresos que saquen a estas personas de la línea de pobreza e indigencia, para alcanzar algo tan elemental como poder comprar una canasta básica de alimentos, al tiempo que son reconocidos derechos plenos como trabajadores. Entonces ni medidas simbólicas, ni bonos extraordinarios, ni refuerzos alimentarios, sino que ingresos pues hablamos de trabajadores que han demostrado su utilidad social ligada al territorio.

Pero la cosa no termina ahí, ya que reducirse a pedir un ingreso puede soslayar la necesidad de avanzar en la puesta en marcha de una política real y masiva de infraestructura pública para tener un piso de vida digna en los barrios populares de la Argentina. El virus golpeó ahí, donde el hacinamiento es moneda corriente, y el agua llega a cuenta gotas. Ingresos, derechos laborales e infraestructura. Tres (de muchas otras reivindicaciones) que permitirían decir que lo esencial no es invisible al Estado.

*Docente e investigador UNDAV-CONICET

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