Por Redacción Marcha / Foto: Archivo

La familia de Alfredo Cuellar enfrenta una nueva amenaza de desalojo forzoso en la Ciudad de Buenos Aires. Con una orden judicial ya dictada y habiendo recibido dos notificaciones, se encuentran bajo el riesgo inminente de ser expulsados de su vivienda en Raulet 62 en el barrio de Parque Patricios, donde la familia reside hace más 50 años.

La medida fue firmada por el Juez Ramiro Güiraldes, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, en el marco de la causa “Basset Úrsula Cristina contra Alfredo Severo Cuellar y otros s/Desalojo (Expte N° 53.952/2022).

La oficial de Justicia se niega a recibir a Cuellar y a informarle la fecha concreta del lanzamiento, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre absoluta: “Tengo el desalojo en puerta,“No tengo el día exacto, pero que en cualquier momento pueden caer” asegura el padre de la China. En la casa vive Alfredo con sus hijas y sus nietos, niñas y niños que asisten a la escuela pública y para quienes el desalojo no sólo signifciaría la pérdida del techo familiar, sino también la interrupción de su vida escolar y su entorno comunitario.

La situación judicial de Alfredo está profundamente atravesada por el hostigamiento y la persecución política que sufre desde hace más de una década, cuando comenzó a denunciar el asesinato de su hija Florencia “La China” Cuellar, a manos del Servicio Penitenciario Federal.

“¿Cuál es el motivo por el que tengo que seguir resistiendo?”, se pregunta Alfredo, al tiempo que denuncia que quienes buscan desalojarlo no pueden acreditar la propiedad del inmueble.También pone en duda la autenticidad de la documentación presentada en la causa: “En realidad no es así”, afirma. El reclamo es tan básico como ser escuchado por quienes toman las decisiones y que se respeten los derechos de las infancias que viven en la casa: “Si al menos me pueden aguantar hasta que terminen el colegio mis nietos”.

Una asamblea contra el desalojo

El miércoles 15 por la tarde noche en las calles de Parque Patricios se realizó una asamblea contra el desalojo de Alfredo y su familia por parte del poder judicial y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”, vecinos y personas solidarias con su lucha analizaron diferentes estrategias para resistir y enfrentar esta nueva situación de persecución y despojo que ya tuvo episodios previos.

“La policía entró a mi domicilio y rompió recuerdos que tenía de mi hija”. Con este relato Alfredo contó que, a pesar de no haber sido escuchado para argumentar sobre su situación de vivienda ni haber visto los documentos que acrediten el motivo por el que pretenden expulsarlo a él y a su familia de la casa que habita hace décadas, la Policía de la Ciudad irrumpió en la morada, los amenazó aun en la presencia de niñeces y destruyó bienes y mobiliario. Pero sobre todo “rompieron fotos de mi hija que eran de una muestra”, aseguró.

“No estamos todas, faltan las presas”

Alfredo Cuellar es un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. En estos años, y a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, nunca recibió la confirmación de parte de la fuerza de custodia de las causas de la muerte de su hija; incluso pretendieron obligarlo a firmar que fue un suicidio.

Alfredo se convirtió, a regañadientes, en un luchador contra la violencia institucional y por los Derechos Humanos. Fue secuestrado, sus hijos perseguidos por la justicia y la policía, y ahora enfrenta una nueva amenaza por desalojo contra su lucha en la búsqueda de memoria y verdad. Fue en mayo de 2013 cuando fue secuestrado, en Parque Patricios, por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al Riachuelo y hacerlo desaparecer si no se dejaba de joder con el asunto de la China.

Sus denuncias además causaron que, en septiembre de 2013, el jefe de la Unidad IV, prefecto Juan Montenegro, fuera desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el entonces director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras indicarse que, durante la visita de un grupo de jueces encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”. Fue una evidencia de las torturas.

Desde entonces, siempre estuvo acompañado de la solidaridad de muchas personas, familiares y amistades de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder. “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, las que protestan, las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quiénes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, dice.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Entonces, era la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecido. Alfredo Cuellar puso cuerpo y voz a la búsqueda por verdad y sobre todo memoria de todas ellas y generó dos hitos de proclama en el ala más combativa del movimiento de mujeres y feminista del país: “Ni una menos también en las cárceles” y el “No estamos todas, faltan las presas”. Así es.

Archivo: https://marcha.org.ar/tag/china-cuellar/

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Por Jenny Durán* | Foto: Cobertura Asamblea Antifascista Antirracista LGBTIQNB+

Para analizar el concepto de confianza el sociólogo alemán Niklas Luhmann -referente indiscutido de la teoría de los sistemas-, describe que en las sociedades complejas la confianza es un estado presente con miras hacia el futuro. En sus palabras, la política como sistema, toma una problemática externa (económica, ambiental, etcétera) para traducir ese “ruido” dentro de su propio código y devolverlo como credibilidad o desconfianza al propio sistema, según la acción que de desarrolle, en tanto esa acción disminuya o no la certidumbre en el futuro.

Acontecimientos como el que comenzó a conocerse el viernes pasado y que tiene como protagonista al presidente del país, traen este concepto que para la política es clave en términos de gobernabilidad, orden o caos. Luhmann también afirma que no se puede confiar en el caos. Y claro que estos acontecimientos vienen demostrando que Argentina vive un momento de gran cuestionamiento social hacia. Y si de sistemas hablamos, traemos a estas líneas el binomio gobierno/oposición. Ésta última llegó a serlo por el alto grado de desconfianza que reflejaba. Entonces las mayorías prefirieron al distinto, a quien tras triunfos legislativos, bravuconadas en Davos, se intenta posicionar como referente de la derecha a nivel mundial y la imposición cotidiana de su propia agenda hace aparecer un cisne negro.

Tal como lo describe el trabajo realizado por la consultora Zuban Córdoba, a partir de la publicación del presidente Javier Mil3i en la red social X que hace explotar el Criptogate. Un estudio realizado con la urgencia del caso, entre el 18 y 19 de febrero, contempla una muestra de 1.200 casos, a partir de un cuestionario estructurado mediante llamadas telefónicas y respuestas por mail. La consultora adelanta que aún es difícil dimensionar la crisis política desatada, pero los principales resultados del estudio nos dicen que el 87,9% de los encuestados escuchó sobre el tema y el 67% acuerda que se trata de la mayor crisis del gobierno.

El trabajo también muestra que el 83% de los encuestados refieren que Mil3i debería actuar como presidente y no como un influencer, siendo que el 56,4% está en desacuerdo con que actuó como ciudadano desde su cuenta personal, (la cual es una cuenta institucional, en tanto pertenece a un presidente de la Nación).

Los participantes afirman en un 59,9% que hubo estafa a los inversores que compraron $Libra, promocionada por Milei. El clivaje de género dio la nota sobre esta pregunta, un 62,6% de mujeres respondieron afirmativamente, los varones consultados un poco menos, el 56,7%. En todos los rangos etarios la mayoría coincide en que sí hubo estafa, entre el 54 y 60%, fue la variación.

Varios consultores opinaron que el abordaje sobre la crisis política desatada fue defectuosa. Volviendo a Luhmann, ninguna acción del gobierno se traduce en certidumbre. Lo cual, en términos de tiempo, la credibilidad sobre el gobierno puede ir disminuyendo. Además, las denuncias contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el cobro de coimas resquebraja el binomio que conforma junto a su hermano. Y si de grupalidades hablamos, la santísima trinidad de la que Santiago Caputo es el otro vértice, también se resintió tras la entrevista con Viale.

Al respecto, los resultados de la encuesta muestran un 54,3% cree que la hermana del presidente recibió coimas. Por otra parte, un 81,8% opina que el periodismo político de nuestro país es poco confiable.

Actualmente, conceptos como creer o confiar parecen resignificar solo en términos negativos cuando hablamos de instituciones. Aun así, un 41,5% cree que el denominado criptogate lo debería investigar el poder judicial y el 33.3% el Congreso de la Nación, mientras que la propuesta del propio Milei, de ser investigado por la oficina anticorrupción, que depende de él mismo, sólo obtuvo un 10,3% de acuerdo y un 10,2% cree que no debe ser investigado por nadie.

Los datos tomados al calor de la sucesión de hechos a cada minuto abren nuevas crisis. La reacción del gobierno que en un principio pensó que no iba a pasar nada porque “la gente común no entiende nada de las criptomonedas” o, que esto se solucionaba con una entrevista operada responde a su visión de mundo volátil, virtual, en que hay una hoja de ruta trazada en una app de cálculo. La realidad tangible nos deja jubilados gaseados, presos por protestar y una desconfianza que puede transformarse en amplio rechazo, lo que en el barrio llamamos “picada de boleto”.

Faltan ocho días para que el presidente inaugure las sesiones ordinarias del Congreso; un escenario montado para tomar la temperatura y ver si el gobierno sigue echando culpas ajenas o poniéndose como víctima al enunciar que desconocía los pormenores de la meme moneda, ambas tácticas erróneas que pueden explicar esta situación. Aun así, los elementos catalizadores que empujan al gobierno hacia la ruptura del contrato con los votantes están lejos de las instituciones. No solo porque no se vislumbran estrategias claras en la oposición legislativa, que rechazó la creación de una comisión investigadora en el Senado y los proyectos de juicio político no tienen cauce en una parte de la oposición para que prospere.

Lo que sí aparece claramente es la resistencia en la calle, habiendo conceptualizado a este gobierno como fascista, lo cual también ayuda a construir estrategias que nos permitan llegar a otras certezas que mejoren la situación cotidiana. Es cuestión de tiempo y acción política.

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Por Rocío Prim

Ayer, 30 de diciembre, y como cada año, familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales renovaron sus demandas por políticas efectivas de reparación y la expropiación de Cromañón para que se convierta en un Espacio de Memoria. 

La jornada comenzó a las 11:00 con actividades culturales en el Santuario y continuó por la tarde con una misa interreligiosa, otra en la Catedral Metropolitana y un acto en Plaza de Mayo con la lectura del documento elaborado por las organizaciones, que destacó las conquistas en materia de derechos y reparación para sobrevivientes y familiares de las víctimas. Culminó con la tradicional marcha hasta el Santuario de Cromañón, donde hubo un show musical y alrededor de las 22:00 se leyeron los nombres de las 194 víctimas de la Masacre.

Tras años de lucha, el pasado 12 de diciembre la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación a la ley de asistencia a la víctimas que contempla la reparación integral a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica mensual vitalicia para sobrevivientes y familiares. La nueva Ley, que amplía y reabre el padrón para la reparación, reconoce también que los sucesos del 30 de diciembre, hasta entonces conocidos como “tragedia” sean considerados “La Masacre de República de Cromañón”. 

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“Los balances no son nunca individuales”, sostiene Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, uno de los 194 pibes que murieron esa noche, y referente de la organización Movimiento Cromañón. “Con mis compañeros ayer decíamos que nos llama la atención que a 20 años nuestro movimiento sigue creciendo, aparecen sobrevivientes que no sabíamos que estaban. Aquí en el santuario apareció una chica sobreviviente con una canción, alguien que nunca había podido acercarse”.

Para Silvia, los pendientes en la lucha por reparación para las víctimas “le corresponden a todo el pueblo argentino”; y agrega: “Si pensamos en Cromañón -no solo como el hecho y los responsables y los que tenían que pagarla-, sino como todo lo que está pasando en el país, queda un montón para hacer. Queda preguntarnos cómo estamos mirando a los jóvenes, cómo los cuidamos, qué pasa con la salud pública, qué pasa con la educación; eso es lo que significa Cromañón”. 

Se refiere además a la Ley de Reparación: “Hemos logrado una Ley un poco más justa que la que había, porque contempla considerar derechos para más personas ya que, hasta ahora, la Ciudad de Buenos Aires venía reconociendo mil y pico de sobrevivientes, cuando está claro que si hubiera habido mil y pico no hubiera existido Cromañón porque ésa era la capacidad del lugar. Son más de cuatro mil”. 

Por otro lado, el movimiento consiguió una ley de expropiación para que el ex boliche sea un Espacio de Memoria, esto fue en el 2022, pero ha habido muy pocas acciones para concretarlo. “Hace muy poquito nos enteramos de que entraron a tasar en el lugar sin decirnos nada”, relató Silvia. “Todo lo hacen en las sombras y nos tenemos que enterar por una sentencia o porque teníamos acceso a un expediente, que ahora ya incluso es secreto”.  Y reflexiona: “Tenemos una ley de reparación que mejoró la que existía, pero hay que ver cómo se implementa y una ley de expropiación que es un reclamo justísimo, pero estamos preocupados porque es un país que está planteando cerrar sitios de memoria, no abrirlos”.

Fabiana Puebla también forma parte del Movimiento Cromañón. Es sobreviviente y familiar de la Masacre. La noche del 30 de diciembre fue al recital de Callejeros junto a su compañero José Cantale, de 26 años, quien perdió la vida en el incendio. 

“Una de las mayores demandas que teníamos para este año era nuestra Ley de Reparación Integral y logramos que se haga vitalicia”, relata, “pero seguimos reclamando que se amplíe el padrón, para que todos los sobrevivientes puedan ser reconocidos por el Estado porque después de 20 años todavía hay miles de sobrevivientes que no son reconocidos. Creo que esa es la demanda más grande que todavía nos queda y por la que obviamente vamos a seguir peleando”.

“Las víctimas tenemos que encontrar la forma de organizarnos, hoy marchamos con las mamás del gatillo fácil y con las familias de víctimas de femicidio”, relata Silvia. El paraguas para todas esas víctimas es que el Estado es Responsable. “Esa es una tarea que nos tenemos que dar las víctimas: organizarnos, interpelar al Estado y formar una especie de marea que le exijamos al Estado lo que tiene que cumplir. Esas son las cosas que todavía hoy nos faltan. El otro día alguien me decía “Ya son 20 años, ¿cuándo la van a terminar?”  Y para mí no hay forma de terminarla, porque para eso tendría que cambiar mucho la sociedad y esa parte no la estaría viendo”.

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Por Redacción Marcha / Fotos: Rolando Andrade Stracuzzi 

La noticia de que se libere al asesino de un hijo, de un hermano, de un compañero viene sobrevolando los días de las familias Santillán y Kosteki y de sus seres queridos. Si bien nunca andan solos ni solas, porque la lucha por justicia desde hace más de 22 años es de ellas y ellos, pero también de quienes les rodean. De quienes siguen creyendo que el gesto de Darío es un horizonte de ternura y compañerismo en medio de tanta crueldad por decreto. 

Así recibieron el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Penal nº 3 de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde le otorgaron la libertad condicional al ex cabo de la policía bonaerense Alejandro Acosta.  Y consideran, además, que esta liberación es la antesala de la libertad al otro asesino: el ex comisario Alfredo Fanchiotti, que se encuentra en igual situación, condenado a cadena perpetua por los mismos crímenes.

Por eso el repudio se volvió grande. Más de 300 adhesiones seguían llegando minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa, realizada en la sede del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) en CABA.

Allí, Alberto Santillán, papá de Darío, denunció que “hay dos clases de justicia. Una que actúa cuando tiene que cubrir a los poderosos y otra cuando tiene que dar la libertad a los que el Estado manda a que asesinen”. “¿Y la justicia para mi hijo dónde está?”, afirmó. “¿Y la justicia por los que creen en la vida, por los que quieren un mundo mejor?”, retrucó. Y encauzó la liberación del asesino de su hijo como “una más” tras la renovada y publicitada relación entre políticos de extrema derecha y genocidas durante este gobierno. “La libertad a Acosta es la libertad a los que matan en nombre del Estado”, afirmó categórico.

Desde el espacio de familiares y compañeres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki exigen que se revea la medida, se retrotraiga y vuelva a cumplir la condena de cadena perpetua a la que fue sentenciado por el asesinato de Kosteki y Santillán, hasta el último día de su vida. 

La vía judicial nunca fue descartada por las familias de Darío y Maxi; es más, esta arista de lucha se renovó ante cada gestión para señalar la responsabilidad institucional. Por eso presentarán hoy un escrito en el que se oponen y argumentan los motivos. “A todos los gobiernos democráticos desde el 26 de junio de 2002, le decimos que siempre nos quisieron sacar del medio, criminalizándonos, pretendiendo corrernos en las calles, algo que no lo lograron ni van a lograr”, afirmó Alberto. 

Por su parte, Mara Kosteki, agradeció la lucha incansable de los Santillán: “Agradezco no solo a Darío por haberse quedado ahí al lado de mi hermano y ser la última persona que le agarró la mano, que lo vio respirar. Sigo agradecida a Alberto por seguir luchando por su hijo y por mi hermano”. Y agregó, emocionada que, ante la falta de condena a responsabilidades políticas, “no vamos a bajar los brazos”. 

“Mientras veníamos luchando para que paguen los responsables políticos, liberan a Acosta”, agregó Leo Santillán, quien se refirió al contexto actual: “Es entendible, ¿no? Porque, como decía mi viejo, hay dos clases de justicia y en estos tiempos que están corriendo los beneficios que se le están dando a represores y genocidas van de la mano con las persecuciones hacia las organizaciones populares”. 

Leo recordó la narrativa del gobierno de Eduardo Duhalde, el máximo responsable político de la Masacre. “Cuando nos reprimieron en el Puente Pueyrredón, intentaron decir que queríamos desestabilizar, que estábamos armados, que atacamos a la policía con piedras y palos”, exclamó, “mientras en las placas de los noticieros confirmaban que había dos muertos, que eran Darío y Maxi, nosotros no lo sabíamos”. Y se refirió al momento represivo actual como una “continuidad” de ese intento de criminalizar a quienes se organizan.

“Había una intencionalidad de otorgar esta libertad” 

Paula Alvarado Mamani es la abogada que lleva la causa en los tribunales provinciales y que presentó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo el pedido para que la responsabilidad por los asesinatos no prescriba y sea reconocida como “crimen de Estado”. Durante la conferencia de prensa advirtió que los pasos judiciales ya mostraban el camino hacia la libertad de Acosta y muy probablemente, también la de Fanchiotti.

“El argumento para que la Cámara de Garantías acepte la libertad de Acosta es que cumple con determinadas condiciones”, informó Alvarado Mamani: “informes psicológicos, actividades extras, todo le da 10 según las evaluaciones del Servicio Penitenciario”. Leyó textual uno de los informes, que el condenado “asume su postura crítica, logrando contextualizar las circunstancias que atravesaba en aquel momento, y pudiendo valorar los motivos que condujeron a su participación en los hechos”. 

La abogada adelantó que presentará un recurso en las próximas 24 horas para apelar esta condicional, pero aseguró que “claramente había una intencionalidad de otorgar esta libertad”. Denunció, además, la continuación de la complicidad entre quienes ejercían en 2002 el poder y las responsabilidades políticas territoriales y quienes hoy están –a pesar de los años– en el Poder Judicial del distrito de Lomas de Zamora. 

Alvarado Mamani contó, además, que el ex comisario Fanchiotti le escribió en junio pasado una carta y se comunicó con ella a través de WhatsApp para pedirle que lo visitara en la Unidad 11 de Baradero para hablar sobre su situación: “Manifestó el tema de las responsabilidades, trató de correr su culpabilidad porque ‘las pericias fueron realizadas de una manera que lo perjudicaron’. Tiró varios nombres y que iba a profundizar cuando yo vaya, pero no sucedió”.

¡No queremos asesinos sueltos!

Al igual que octubre, junio arde históricamente. Los asesinatos de Estado cometidos contra Darío y Maxi nos recordarán siempre el país que habitamos, pero también son el faro que nos guía. Hoy la amenaza sigue latente; como en aquel 26 de junio hay un plan del gobierno -en 2002 fue de los gobiernos nacional y provincial- que pretende enviar señales “ejemplificadoras” en una situación de conflictividad social, que responda a la demanda del poder político y económico de castigar la acción directa que cortaba calles y rutas ayer o que protesta contra una ley nefasta hoy.

Por otro lado, aquel 26 de junio, actuaron en conjunto las tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal (además de la policía bonaerense) con la excusa de que cortar el Puente Pueyrredón era tomado como “una acción bélica”. El 12 de junio pasado, mientras se votaba de espaldas al pueblo la Ley de Bases, se repitió esa acción conjunta: estuvieron Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.

Por eso revisar la historia, seguir luchando por una herida que sigue abierta, es traer al presente recuerdos pero también alertas cuando se repite el accionar de los poderes ejecutivos, policiales y judiciales en conjunto. En ese sentido, familiares y compañeres aclaran: “No podemos dejar de señalar el contexto de impunidad abierto por el actual gobierno de Javier Milei, que intenta por todos los medios a su alcance liberar a los genocidas de la última dictadura militar, proteger a los represores de las manifestaciones populares y estigmatizar y encarcelar a quienes protestan y luchan contra el brutal ajuste económico que padece el pueblo”.

Tras 22 años de lucha y pedagogías, el hermano de Darío hizo memoria: “Acá hay dos familias que nos ha tocado vivir momentos muy duros, pero no nos corrimos de las calles porque nuestra lucha es también por la calidad de vida”. Y se refirió a la unión de causas: “Estamos por Darío y Maxi, pero también por otras luchas, porque entendimos que tenemos que generar lazos donde apoyarnos para saber que no estamos solos”.

Hacia el final, un grito colectivo que estremeció a quienes ya se abrazaban. Darío y Maxi siguen “presentes”. Así lo dijo una vez más Leo: “Hasta el final de nuestros días vamos a hacer esta lucha porque si no, no seríamos coherentes con lo que hizo Darío cuando nos cuidó, cuando nos dijo que no vayamos, que él se quedaba. Él nos enseñó que, aun en un momento tan jodido como el que le tocó vivir, siempre se puede resistir”.

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Por Carla Effenberg*

La creciente relevancia de la vida en el ecosistema digital nos invita a repensar los modos de relación y producción del “capitalismo de plataformas” (maravilloso término adjudicado a Nick Srnicek), tal como lo hizo Marx en su momento, con el capitalismo industrial. Y en este contexto la Red de Medios Digitales inició una investigación sobre los mecanismos de funcionamiento, debates, negociación y regulación para las plataformas en el mundo, que pretenden equilibrar la asimetría latente en los modelos de negocio de estos gigantes digitales.

Por un lado, se encuentran las medidas que hacen énfasis en la información y en los productores de noticias. Tal es el caso de Australia, que en 2021 presentó la Ley de Enmienda de las Leyes del Tesoro, en donde estableció un código de conducta obligatorio (Código de Negociación Obligatoria de Plataformas Digitales y Medios de Noticias) que habilita la negociación entre las empresas de noticias australianas y las plataformas digitales.

Esto significa que empresas como Google y Meta deberán ser transparentes e informar sobre qué contenidos de cada medio de comunicación se han usado y otorgar una remuneración justa a las mismas. Para que esto suceda, como medio de comunicación es requisito tener unos ingresos anuales de al menos 150.000 dólares australianos y producir noticias sobre temas de interés público, lo cual reduce el acceso a la ley exclusivamente a los grandes medios.

Sin embargo, esto invita a los buscadores y algoritmos (con el fin de reducir costos) a ofrecer resultados más amplios, fomentando una circulación de información más simétrica en términos de competitividad y posibilidad de visibilidad y crecimiento a los medios más pequeños. La medida fue sometida a evaluación un año después de su implementación, los resultados fueron positivos y, sin dudas, es una de las regulaciones más atractivas del momento.       

Otro caso interesante es el de la Autoridad de la Competencia de Francia que en 2020 como reguladora instó a Google a pagarle a las agencias de prensa y medios de comunicación por la reutilización de sus noticias en los espacios de Google News y Google Search. La plataforma rechazó esta condición y fue penalizada con una multa de 500 mil dólares.

Algo similar sucedió en España en 2014 a partir de la Ley de Propiedad Intelectual en donde los editores podían exigir un pago a las plataformas por la puesta en circulación de sus contenidos. Ante esta medida, Google News decidió retirarse de ese país hasta el año 2022, cuando volvió a ingresar gracias a una nueva reforma de la ley, que al día de hoy permite a las empresas informativas y agencias de noticias negociar de manera independiente una remuneración y arbitrar por mecanismos que garanticen los derechos del usuario.

Sin ir más lejos, nuestro vecino Brasil -a través de La Ley de Noticias Falsas (PL 2630) del 2020- está debatiendo regulaciones para las grandes tecnológicas. En el texto de la norma se plantean a las plataformas acciones para mitigar la difusión de contenidos terroristas, racistas, que constituyan violencia de género y otros tipos de violencia que amenacen al Estado democrático.

Finalmente, incluyen entre las últimas medidas a la remuneración de contenidos periodísticos o protegidos por derechos de autor. En febrero del 2023, Lula escribió una carta al director general de la UNESCO, en donde expresaba el anhelo de trabajar para reducir la brecha digital, la soberanía en la economía de los datos y la promoción de la autonomía de países en desarrollo en esta área.

Por último, están aquellas regulaciones con el foco en los productos audiovisuales y en nuestro país no es dato menor que Netflix se haya inscripto en el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual del INCAA, tributando según la Ley de Cine. El proceso implicó una intimación por parte de la Defensoría del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires para que la empresa se ajustara a la legislación argentina, lo que hizo que finalmente el gigante audiovisual debiera declarar domicilio y comenzar a tributar en nuestro país.

De igual modo, en Argentina existe un proyecto de ley de Fomento Audiovisual Federal (presentado por los diputados Pablo Carro y Florencia Lampreabe) que promueve el desarrollo de la actividad audiovisual, de manera integral, a partir de la promoción de la producción, la difusión y la comercialización de servicios y contenidos audiovisuales en todo el territorio nacional. Presenta cuestiones como la inclusión de un mínimo del 25% de contenidos audiovisuales nacionales en los catálogos digitales e impuestos del 5% del ingreso bruto en el país a las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, entre otras. Asimismo, plantea la creación de entes reguladores y administradores de los fondos recaudados. Se asemeja a España con la Ley General de Comunicación Audiovisual N°13 del año 2022. Ambas buscan proteger la industria audiovisual nacional.

Según Shoshana Zuboff, socióloga y escritora estadounidense, estamos en la tercera década de la era digital y hasta el momento se construyeron imperios monopólicos gracias a la falta de movilización y legislación por parte de los ciudadanos democráticos. Zuboff insiste e invita a la creación de derechos, leyes e instituciones acordes a las necesidades de estos tiempos. En general creemos que la tecnología es algo que nos excede, y allí la dejamos, que crezca avasallante en nuestras sociedades sin ningún tipo de intervención. Pero nada es definitivo: hasta aquí se ha presentado un breve recorrido por el camino posible y correcto del hábitat digital.

*Originalmente publicada en Grito del Sur como parte de las discusiones del grupo de estudios sobre plataformas de la Red de Medios

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Las mujeres mapuche, en este contexto de persecución, sostienen a las comunidades en los procesos de resistencia, de recuperación de territorios. Aportan memoria, coraje, dignidad.

En estas notas traemos las voces de tres mujeres mapuche, Romina Jones, judicializada por la justicia racista, Nadia Silvera Nuñez, compañera de Elías, y Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad.

Entrevista con Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew

En esta última entrega charlamos con Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, sobre lo que significa para el pueblo Mapuche la recuperación del territorio, sobre el proceso de resistencia que lleva a cabo la comunidad, el diálogo con los movimientos populares, y lo que significa para ella ser mujer mapuche. 

Por Claudia Korol/Foto: Télam

¿Qué significa para el pueblo mapuche en su cosmovisión, regresar al territorio?

No es una decisión fácil, pero es algo a lo que se está volviendo, de una manera cada vez más urgente y necesaria. Hay muchos espacios que son claramente territorio mapuche, que tienen una historia, que tienen convivencia, que han sido zona de paso, que han sido veranada, que han sido invernada, y que en este momento también están siendo castigadas a través de un montón de circunstancias. Entonces hay una gran responsabilidad por parte del pueblo mapuche, de empezar a atender esos espacios territoriales que se encuentran en un estado crítico, porque hay mucha especulación empresarial. Hay que asumir la responsabilidad de que si no se ponen a resguardo esos territorios, vamos a sufrir consecuencias gravísimas como la falta de agua, e tierras aptas y suficientes para la vida, no solo del hombre, de la mujer, de los niños y niñas, sino también de los animales, de las plantas, las lawen (plantas que curan), de los elihuen (los árboles), el bosque, los minerales, de todo lo que compone la naturaleza, arriba, abajo, alrededor, sobre. Necesitamos todos esos elementos para ser, para estar en equilibrio, en cierta armonía, y para poder proyectarnos, no solo como mapuche, sino como gente, como personas, en espacios que todavía puedan tener agua abundante, limpia, pura, que pueda servir la tierra para ser sembrada, espacios amplios para hacer ceremonia. Todo eso implica también el buen vivir, el kumefelen.

Es muy importante desde nuestra cosmovisión, tomar esa valiente decisión de regresar a los territorios. No es sencillo, sobre todo si la persona vivió siempre en la ciudad, porque toca reaprender un montón de cuestiones que quizás ni siquiera fueron enseñadas cuando éramos chicos, chicas, cuando éramos pichikeches. También tenemos que quitarnos ciertos conceptos que están muy instalados, sobre todo a partir de los gobiernos, en donde plantean que si nunca viviste ahí, ahora estarías usurpando tierras, cuando en realidad, el hecho de que mucha gente mapuche viva en la ciudad, en las periferias, en un estado de pobreza -el 90% de la población empobrecida es mapuche-, tiene que ver con que en algún momento sus abuelos o bisabuelos fueron despojados del territorio.

¿Cuál es la respuesta a la justicia racista?

La respuesta a la justicia racista es la que vienen dando todas aquellas resistencias territoriales. La respuesta más clara es la resistencia en el territorio. Nosotros tememos, o quizás yo temo -aunque sé que no está bueno tener miedo-, pero sé que nuestros lagmien están dispuestos a dar la vida por el territorio, porque allí es donde hacen su ceremonia cotidianamente, donde están levantando su ruka, donde están proyectando una convivencia no solo familiar, sino también espiritual. Entonces la respuesta a esta justicia racista es la resistencia, es el quedarse y resistir a costa de lo que sea. Evidentemente al poder político no le interesa correr con ese costo sobre la vida de las personas, porque también está muy instalado que el pueblo mapuche ni siquiera somos personas. No tenemos ese trato digno por parte de los medios hegemónicos, del poder político y del poder judicial, pero tenemos mucha dignidad, y esa dignidad la hacen valer nuestros pu lagmien.

Hace meses que en el Lof Quemquemtrew vienen resistiendo. Hubo días muy difíciles. Los primeros días fueron muy difíciles, sin abrigo, sin comida, resguardándose arriba, en el monte. Pero no en el monte frondoso. Arriba en la piedra. Para evitar ser atrapados, ser baleados, y ser encarcelados. Y bueno, tienen esa capacidad, porque están convencidos, y porque hay una fuerza espiritual que los sostiene. Eso también lo demuestra que el día que mataron a Elías, y que balearon a nuestro lagmien Gonzalo, nadie salió corriendo del territorio. Todo lo contrario. Incluso algunos lagmien llegaron a subirse a un vehículo,  pasar por encima del retén del COER, y aún corriendo riesgos de que el COER saliera atrás a los tiros, con balas, en vez de huir eligieron entrar y acompañar. Eso realmente habla de la valentía de nuestros pu lagmien. Lejos de salir corriendo o salir a culpar por lo que pasó, cuál fue el error si lo hubo, fue todo lo contrario. Fue ingresar al territorio a acompañar a los pu lagmien que estaban atravesando esas horas tan dramáticas y tan dolorosas.

¿Qué pedido hacen a los movimientos populares?

Tanto en Chubut como en Río Negro, se está acrecentando cada vez más el número de personas y de conciencias sobre la necesidad de asumir la responsabilidad de cuidar la tierra, el territorio, el agua, el bosque, las raíces.

Las raíces de los bosques nativos son las que sostienen la tierra firme. Una se da cuenta cuando llueve, si está parado en un bosque de pino o en un bosque nativo. Si es un bosque de pino la tierra se lava, y lo único que hace es deslave, al agua no lo absorbe la tierra, y se forman lagunas que finalmente terminan pudriendo el lugar donde se estancó el agua. En el bosque nativo las raíces chupan esa agua, la absorben, le dan alimento a la tierra, y la mantienen firme. El bosque de pino, ese deslave, produce que la tierra se desmorone, que esté ácida. Así como la acidez en la sangre, en nuestro cuerpo, nos puede dar cáncer, lo mismo le produce la acidez del pino a la tierra, la envenena.

Hay muchos movimientos populares que se llaman ambientalistas, ecologistas, contra el saqueo, de todas las formas posibles, que tienen un objetivo que es denunciar los avances mineros, petroleros, hidroeléctricos, en estos territorios. Esto se demostró en Chubut con esa hermosa revuelta, que lamentablemente tiene que caer la gente en situaciones de extrema violencia para demostrar su digna rabia, porque no es escuchada. Después es terrible como los políticos y los medios hegemónicos subestiman la inteligencia de los pueblos, y los ponen en un lugar de vándalos. ¡Qué casualidad! ¿No? Que toda una provincia se ponga de acuerdo en ser violenta, cuando viene hace 17 años diciendo NO a la Megaminería, SI al agua, SI a la vida, y esa actitud pacífica, de marcha constante, sostenida, no fue tenida en cuenta, y finalmente la Legislatura terminó avalando la Zonificación Minera. Cuando eso sucede la gente se cansa y demuestra su digna rabia. Ante esos hechos no le quedó otra al Gobernador que volver para atrás esa Ley. Tuvo que hacer una sesión extraordinaria de la Legislatura, y vetar, derogar esa Ley de Zonificación Minera. Eso es lo que está pasando con los movimientos populares. Es muy interesante porque hay un trabajo en común, donde las comunidades en los territorios son quienes hacen la resistencia y ponen el cuerpo, y son quienes constantemente están viendo qué movimientos nuevos hay, qué camionetas, qué vehículos, entran a los territorios, con qué intenciones, si están ligados a la mega minería, y los vecinos, las vecinas, en los pueblos, están visibilizando esa lucha.

Se está haciendo un trabajo bastante integrado, bastante interesante. Queda todavía mucho por hacer. Una de las cosas que nosotros siempre pedimos, es que más allá que estemos todos en la misma vereda, hay mucho trabajo que hacer todavía sobre el racismo, pero confiamos que empecemos a asumir que hay personas que tienen una forma de vida y que se respeta, y que habemos morochos y morochas mapuche que tenemos otra forma de vida, que somos pre-existentes al Estado, y que tenemos una conexión distinta, real, antigua, ancestral con el territorio. Si nos permiten sostener esas prácticas, vamos a poder darle la fuerza que necesita la tierra. A la tierra se le pide, se le pide, se le pide, pero nunca se le da. Hay que saber devolverle. Eso es algo que el blanco no hace. Toma, toma, toma para sí, pero no hay una reciprocidad. Nosotros en nuestras prácticas espirituales lo que principalmente hacemos es la reciprocidad. Es la posibilidad de devolverle a la tierra todo aquello que nos brinda, en todos los sentidos, no solamente lo que está ligado al alimento. Es importante que los movimientos populares también puedan tener una apertura, y entender que no nos sentimos especiales, pero sí somos diferentes, y que si confiaran en nuestra forma de conexión, y nos dejaran hacer, la tierra va a enriquecerse, va a nutrirse, no solo para nosotros, sino para todos y todas los que convivimos en esta zona.

¿Qué se plantea ante el proceso judicial, desde la Lof Quemquemtreu?

La Lof Quemquemtreu desde el principio estuvo abierto al diálogo, y desde un principio evidenció que Rolando Rocco no tiene realmente ningún papel que determine que él es el propietario de esas hectáreas. Hay una historia, hay vecinos mapuche jóvenes y no tan jóvenes, que cuentan sobre ese territorio que ha servido de paso para llegar de una comunidad a otra. A partir más o menos de hace 30 años, el gobierno de Río Negro empezó creando una empresa entre privada y estatal que se llama EMFORSA (Empresa Forestal Rionegrina SA), y a través de esa empresa empezó a otorgar espacios territoriales, mal llamados fiscales, con la intención de desmontar el bosque nativo, para dedicarlo al monocultivo de pino.

En estos años se vienen sufriendo situaciones de incendios gravísimos en la Cuesta del Ternero. Lo que produce que se extienda el fuego, es el pino. El pino está generando un daño gravísimo a la tierra y al agua. Por todas esas circunstancias la Lof Quemquemtreu decide recuperar esa zona territorial. Porque allí hace más de cuarenta años que no vive nadie, porque allí lo único que se hace es enriquecer a una persona a costa del territorio mapuche, porque esa persona lo único que ha invertido son 12.000 pesos por 2.500 hectáreas. Hoy por hoy no comprás absolutamente nada por ese dinero, ni medio metro de tierra. Porque está en una zona territorial que comunica con otras comunidades, porque tiene un montón de fundamentos que atañen a lo espiritual, a la cosmovisión, a la necesidad de empezar a levantar trabajo mapuche.

Cuando digo trabajo mapuche, me refiero a ceremonias. Esa zona es reconocida como mapuche ancestralmente, incluso hay piedras pintadas en la entrada de la comunidad. Hay pintura rupestre. Eso habla de alguna antecedencia importante con respecto a lo que fue el pueblo de El Bolsón, a la provincia de Río Negro, a la República Argentina. Se hace muy necesario tener un espacio territorial en donde hacer trabajo mapuche antiguo, que restablezca la armonía, la conexión con la naturaleza. Nosotros sabemos por nuestro feientun, por nuestra creencia espiritual, que eso da la posibilidad de que se despierte nuestro kimün, nuestro conocimiento, que volvamos a reconectar con la tierra, que se pueda volver a tener la posibilidad de hacer llover en las ceremonias, restablecer el equilibrio para que vuelva a salir de una manera natural la planta que cura, el lawen, que vuelva a reaparecer el alihuen, el bosque nativo, que vuelva a tener un caudal importante el río Quemquemtreu. Todo eso es lo que pretende el Lof Quemquemtreu al momento de haber recuperado su territorio, y eso es lo que exige de alguna manera. No solo le exige al Estado. Se exige a sí mismo también. Se recuperó ese territorio por esa gran responsabilidad de retornar a una práctica ancestral que en ese lugar, en esa zona de la Cuesta del Ternero, de este paraje mapuche se ha perdido. Y se ha perdido porque el estado rionegrino hace casi cuarenta años, estratégicamente, viene despojando y entregando territorios y sumiendo a la gente en un miedo por los movimientos mafiosos con los que se maneja. Allí ya han matado a la abuela Lucinda Quintupuray, para sacarle la tierra. Luego su hijo también apareció muerto. No hace tanto desalojaron a una familia. Es la misma familia que Rocco, en sus propuestas “superadoras”, pretende que el Lof Quemquemtreu se traslade a ese lugar donde ya fue desalojada una comunidad mapuche, y que después él mal vendió a otra persona. También tiene que ver con que tendrían que terminar esos negociados, esa mafia con la que se manejan impunemente en esta zona. Entonces se exige a sí mismo la responsabilidad de poner a resguardo este territorio, y le exige al Estado que cese con estas ventas fraudulentas. Que cese de presionar y de generar opresión a todos los habitantes de este paraje. Se está defendiendo también el agua del río Quemquemtreu.

Quemquemtreu es una palabra en mapuzungun. ¡Vaya si es antigua esta zona! El río nace en Cuesta del Ternero y desemboca en Lago Puelo, que tiene un recorrido por toda la Comarca Andina, y que de secarse, también afectaría a la población de la zona de Los Repollos, una parte de Mallín Ahogado, del barrio Luján, del barrio Usina, del pueblo de El Bolsón, de toda la zona de la Loma del Medio, del paraje Entre Ríos, que ahí justamente se une con otro río en Lago Puelo. Tiene un recorrido importante y muy valioso, que se pone a resguardo. No es solamente la tierra. La Lof Quemquemtrew exige que se respete ese recorrido, que se respete el caudal, que se deje de entregar la tierra a personajes mafiosos como Rolando Rocco, que se lo conoce y mucho en la Cuesta del Ternero como una persona que contrata personas para trabajar y las convierte en mano de obra esclava. Hay un montón de circunstancias, porque esta persona ya hace años viene haciendo uso y abuso de esta zona territorial. Ya se lo conoce y bastante. Lamentablemente se maneja así de la manera que se manejó, mandando sicarios al territorio, quedándose con la vida de nuestro lagmien, Elías Garay iem, e hiriendo de gravedad a nuestro lagmien Gonzalo Cabrera. Por lo mismo mucha gente no se atreve a denunciar quién es, a contar qué cosas ha padecido trabajando para él, pero cuando te ponés a conversar entre vecinos y vecinas, te das cuenta de que es una persona nefasta, y que eso está demostrándose a nivel provincial y nacional. Pero todos los nefastos tienen el apoyo del poder político, mediático, y jurídico.

¿Qué significa para vos ser mujer mapuche?

Ser mujer mapuche hoy implica acompañar a otra lagmien en este dolor, que en este caso Nadia está atravesando. Todas en el lof Quemquemtew, en el Puelmapu, en las lagmien que están acompañando este proceso, vivimos con mucho dolor un nuevo asesinato. Todas estamos muy pendientes de nuestra lagmien Nadia, porque eran una pareja de dos personas jóvenes, que estaban en un camino que habían elegido caminar juntos para aprender y para fortalecer su identidad. En ese andar asesinaron a su compañero, así que en este momento para mí ser mujer mapuche va cambiando dependiendo de los acontecimientos. En este momento es buscar la empatía y el apoyo amoroso, moral, espiritual, a nuestra lagmien y a las pu lagmien que están dentro del territorio, y a las pichi zomo, a las pu lagmien que vienen con roles espirituales muy importantes. Evidentemente cuando se recupera, ya el Estado no se anda con chiquitas. Cree que mandando a matar nos van a aleccionar, y lejos de acobardarnos, nos fortalece, aunque por supuesto llevamos con nosotros esa tristeza, y vamos a llevarla por siempre.

Es muy duro lo que pasó. Es muy triste. Estamos convencidas que ahora hay un motivo más concreto para seguir acompañando este proceso de recuperación, porque ahí se derramó la sangre de nuestro lagmien Elías, la sangre de nuestro lagmien Gonzalo, que por suerte él sobrevivió, pero entonces ahora con más razón, a ese territorio hay que resguardarlo. No solamente por todo lo que ya mencioné. Hoy por hoy ser mujer mapuche implica acompañarnos entre las pu zomo, y mantenernos firmes, aún en la tristeza, aun en semejante circunstancia tan dramática, porque en este momento nuestras papay, nuestras abuelas ancianas, necesitan de nuestra firmeza, de nuestra claridad, y nuestra lagmien Nadia necesita de nuestro acompañamiento. Eso es hoy. Quizás hace unos años eran otras cosas, y quizás dentro de unos años menciones otras, pero eso es hoy, porque es hoy lo que estoy viviendo.

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Las mujeres mapuche, en este contexto de persecución, sostienen a las comunidades en los procesos de resistencia, de recuperación de territorios. Aportan memoria, coraje, dignidad.

En estas notas traemos las voces de tres mujeres mapuche, Romina Jones, judicializada por la justicia racista, Nadia Silvera Nuñez, compañera de Elías, y Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad.

Entrevista a Nadia Silvera Nuñez

Por Claudia Korol / Foto: Denali DeGraf / Cítrica

En esta segunda entrevista, conversamos con Nadia Silveira Nuñez, quien pertenece a la comunidad y es compañera de Elías Garay, joven mapuche asesinado en noviembre 2021, víctima de la violencia racista. Nadia nos cuenta sobre el camino que la llevó a reivindicar su identidad mapuche y las acciones de justicia por Elías. 

¿Cómo viviste la resolución de desalojo?

La resolución judicial de desalojo la viví con mucha bronca, mucha rabia, con ganas de gritarles en la cara muchas cosas, porque esa decisión fue basada pura y exclusivamente en los intereses de empresarios, de gente que maneja un poder a nivel económico y político, que tiene el poder para que le avalen un asesinato. Se vivió con mucha indignación el escuchar que no reconocen la preexistencia de nuestro pueblo mapuche tehuelche. El juez terminó aceptando la palabra de Rocco, que es un empresario mafioso. Es muy indignante, pero no por eso vamos a dejar de seguir luchando. No les vamos a permitir que se crean con el derecho de que pueden quedarse con el territorio. Así como lo hizo mi compañero Elías, todos estamos comprometidos a resguardar el territorio con nuestras vidas.

¿Cómo van asumiendo la identidad mapuche?

Elías y yo siempre tuvimos la curiosidad de quiénes serían nuestros ancestros. Justo nos encontró en un momento, en El Bolsón, cuando desaparecen a Santiago Maldonado. Empezamos a participar de ciertas actividades. Por algunos problemas tuvimos que dejarlo, pero después de un tiempo volvimos a retomar esa iniciativa de querer investigar sobre nuestra ancestralidad. Algunos comentarios  le había hecho a su madre y a su hermano. Ellos sabían que Elías estaba en esa búsqueda, porque su madre más de una vez le dijo una palabra en mapuzungun y él estallaba de felicidad. Triste, a la vez, porque la historia del pueblo nación Mapuche, como la de todos los pueblos originarios no es linda. La destrucción hacia los pueblos originarios ha sido y sigue siendo muy aberrante. Un día escuchamos en la radio que hablaban de la Lof Quemquemtreu, y llamaban a acercarse a la Fiscalía. Fue en la primera represión. A partir de ese momento, nunca dejamos de acompañar. Nuestro compromiso con nuestra reconstrucción del ser mapuche se volvió real. Eso para nosotros era muy importante. Mi compañero, weichafe Elías Canicol Garay Iem, estaba orgulloso de ser mapuche, amaba ser mapuche, amaba a esta mapu. Hizo todo lo que hizo por el resguardo de esta mapu. Más de una vez en nuestra intimidad tuvimos charlas de lo que podía llegar a suceder, y su frase era siempre “prefiero morirme luchando que de viejo”. Así terminó siendo.

¿Qué sería para vos lograr justicia por Elías?

Considero que se haría justicia por Elías, cuando los asesinos tengan una condena firme, que paguen por el asesinato de mi compañero, el weichafe Elías Garay, cuando los responsables políticos, fiscales, jueces, que deberían velar por los derechos de los pueblos originarios, que deberían haber garantizado el derecho a la vida de mi compañero y no lo hicieron, estén dentro de ese proceso de condena. Se haría justicia cuando sean juzgados Rocco y los efectivos de las fuerzas represivas, que son responsables directos, porque contribuyeron para que mi compañero Elías esté muerto. Se va a hacer justicia cuando desmilitaricen el territorio, y se anule el pedido de desalojo a la Lof Quemquemtreu. Mi compañero dio su vida para que reconozcan el derecho que tenemos sobre los territorios de nuestros ancestros, como es la lof Quemquemtrew, la lof Carrelaufquen, la lof Cayunao, todas las comunidades que están en conflicto en la Patagonia mapuche tehuelche.

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Las mujeres mapuche, en este contexto de persecución, sostienen a las comunidades en los procesos de resistencia, de recuperación de territorios. Aportan memoria, coraje, dignidad.

En estas notas traemos las voces de tres mujeres mapuche, Romina Jones, judicializada por la justicia racista, Nadia Silvera Nuñez, compañera de Elías, y Soraya Maicoño, una de las voceras de la comunidad.

Entrevista a Romina Jones, vocera de la lof Quemquemtreu, judicializada

En esta primera entrega conversamos con Romina Jones, quien es vocera de la comunidad lof Quemquemtreu y víctima de la persecusión judicial en Río Negro. 

Por Claudia Korol

¿Cómo pasaron el fin de año en la lof Quemquemtreu, amenazados y amenazadas por un inminente desalojo?

Nosotros no festejamos el año nuevo ni la navidad. No son festejos o fechas que tengan que ver con nuestra cosmovisión y nuestra cultura. Sí en esa fecha la pasamos en alerta debido a los comportamientos de la policía, que están en los retenes en Cuesta del Ternero, donde está instalado el acampe, a unos pocos metros también del territorio recuperado. Porque ellos sí festejan, y en esos festejos se incluye alcohol y algunas otras sustancias que no sabemos. Entonces sí lo pasamos en estado de alerta ante esa situación, y con la amenaza del desalojo que está firme a partir del 30 de diciembre, dictado por el juez Joos. Estamos en constante alerta, tanto en el acampe solidario como en el territorio recuperado.

Los lagmienes que están en el territorio todos los días, viven una constante alerta ante cualquier movimiento raro de la policía o de civiles, porque tengamos en cuenta que el 21 de noviembre la situación que pasó en el Lof fue producida por dos personas, dos civiles, dos empleados de Rocco. Entonces hoy la desconfianza no es solo con las fuerzas provinciales, sino también con las personas que se acercan de forma sospechosa al territorio recuperado.

¿Qué significa para ustedes como mujeres mapuche la recuperación de territorio ancestral?

Para nosotras como mujeres mapuche, -y en mi caso particular como madre- la recuperación de territorio tiene que ver con que mis hijos puedan tener una vida digna, orgullosos de ser quienes son, mapuches, niños mapuche, que crecen y viven en constante relación con las fuerzas de la naturaleza. Tiene que ver con la decisión de que no tengan que pasar todo lo que nosotros en nuestra niñez y en nuestra adolescencia tuvimos que atravesar, viviendo en las ciudades, en la marginación, en los barrios pobres.

Entonces tiene que ver un poco con eso, con que mis hijos puedan tener una vida digna y una también, como mujer, ser realmente valorada por lo que una es.

Cada uno de nosotros, cada persona que es parte de una comunidad -sea hombre o sea mujer- ocupa un lugar importante, independientemente del sexo, y eso hace que podamos llegar a un equilibrio.

Quizás en la sociedad huinca, está como más valorada la presencia de un hombre delante, o frente a una lucha, o parte de una lucha; para nosotros como mapuches, tanto mujeres como hombres, niños como ancianos, somos partes de un todo, y todos ocupan un lugar importante, una palabra importante en la lucha, y en las decisiones comunitarias.

Vos estas criminalizada por ese acto. ¿Qué respuesta das a la justicia patriarcal y racista?

Es claro el hostigamiento, la persecución, no solo hacia mí, sino hacia el pueblo mapuche en general. Pero cuando una mujer mapuche decide levantar la voz, o le toca de algún modo ser quien da la voz de la comunidad, sin lugar a dudas es estigmatizada, criminalizada, víctima de un montón de dichos, no sólo por parte de jueces, fiscales, sino también de políticos -quienes no tienen pelos en la lengua para decir una cantidad de barbaridades tremendas-.

Lo que creo que debería haber dentro de la justicia, es una intención de llegar a tener real conocimiento sobre derecho indígena, sobre los derechos que como miembros de un pueblo originario nos amparan. En Río Negro eso es nulo.

Es lamentable que dentro de la justicia de Río Negro, no solo sean los jueces o fiscales hombres quienes estigmaticen y criminalicen, sino que también hay mujeres, dentro de la justicia y dentro de la policía, que lamentablemente tenemos que decir son las peores, las que más discriminan, las que más estigmatizan, hostigan.

Nosotros lo vivimos a diario, no solo en el acampe o donde hoy estamos, sino que cuando salimos a la ciudad, al pueblo, cuando caminamos por las calles de Bolsón y nos encontramos con mujeres policías que han estado en la Cuesta del Ternero, no tienen pelos en la lengua para decirnos en la calle “acá vienen las patas sucias, acá vienen estas indias”. Entonces hay un problema, y realmente quienes más machismo y racismo tienen dentro hoy, son las mujeres que ocupan esos lugares.

¿Qué mensaje tenés para las organizaciones populares frente a la persecución al pueblo mapuche?

Lamentablemente uno a veces siente que hay luchas o muertes de primera y de segunda, o algunas muertes que valen más que otras, algunas luchas que valen más que otras. Eso lo sentimos nosotros con la lucha que estamos llevando adelante, que no es sólo una lucha que nos debiera preocupar a nosotros como parte de un pueblo, sino que debiera preocupar a todas las organizaciones ecologistas, a las organizaciones que luchan por el agua, las ambientalistas. Pero parece ser que como se estigmatiza tanto al pueblo mapuche a nivel mediático, las organizaciones que dicen ser pacíficas se quieren despegar de la lucha del pueblo mapuche, cuando somos quienes estamos realmente cuidando los recursos naturales, el agua, el río, los bosques, las bellezas naturales que visitan los turistas aquí en la Patagonia, tanto en invierno como en verano.

Nosotros tenemos que decir que sentimos mucha tristeza, porque en muchas ocasiones nos sentimos muy solos. Sentimos que cuando un muerto tiene sangre blanca sale toda la sociedad, todas las organizaciones, a pedir justicia. Cuando ese muerto tiene sangre mapuche, tiene apellido mapuche, no sentimos que suceda lo mismo. Un claro ejemplo fue lo que sucedió con Santiago Maldonado y el lagmien Rafael Nahuel. Creo que la sociedad, las organizaciones, tienen que trabajar el racismo que llevan dentro. No es un invento, lo vivimos, lo sabemos.

En Chubut se ganó una lucha de No A La Mina, dónde salió muchísima gente a la calle. Aquí en Bolsón estamos a pocos kilómetros de Chubut. Como miembros del pueblo, conscientes de que no se puede dar vía libre a la zonificación minera, acompañamos esa lucha, y después no recibimos el mismo vuelto. Se quedaron todos tranquilitos con que habían ganado esa batalla. Ése es el sentimiento que tenemos. Claro, no es con todas las organizaciones -porque también tenemos que decir que hay muchas que nos acompañan- pero la mayoría lamentablemente no.

Lee las demás entrevistas del especial 

Entrevista con Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew

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Por Redacción Marcha | Fotos 2001: SubCoop

Las efemérides siempre alientan a repensar los tiempos. Se cumplen 20 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 y las preguntas siempre son las mismas: ¿Qué lecciones nos deja? ¿Qué rescatamos desde el presente y cómo seguimos? En principio, preguntas sin respuestas: porque lecciones nos suena a pasar al frente en la escuela y resulta soberbio analizar hoy lo que hizo un pueblo hambreado 20 años atrás. Entonces, más que definiciones cerradas, vale pensar qué nos dejaron aquellos días (y meses, y años) de tanto fuego e ilusión de que todo era posible.

Dos palabras se nos asocian: la comunidad y la autogestión. De aquellas experiencias colectivas, rescatamos ese hacer colectivo que nos sigue motorizando hasta hoy. Y la idea de que el Estado se volvió presente pero no llegó para cubrirlo todo. Desde los medios populares, supimos seguir recorriendo caminos de autonomía en la palabra y en el trabajo para no perdernos las contradicciones y singularidades que los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado mismo fueron teniendo en todos estos años.

¿Qué se vayan todos? La consigna que sonaba en esos días era bien distinta de la que se postula hoy. El “que se vayan todos” no era una postura antipolítica como hoy se pretende postular desde algunos partidos de derecha. El robo televisado que perpetuaba el menemismo –con imágenes insostenibles como la del ministro de economía, Domingo Cavallo, diciéndole a Norma Pla que su madre era jubilada como ella mientras reducían las jubilaciones; o aclarando que necesitaba “diez mil pesos para vivir” cuando un sueldo básico arañaba los 500 pesos–, sumado a la perpetuidad de políticas de ajuste que sostuvo el gobierno de Fernando De La Rúa generaron un clima insoportable donde, de verdad, la gente no tenía para comer. Así llegaron cartoneras y cartoneros desde la provincia de Buenos Aires a juntar chatarra en la Capital para poder vender en sus barrios.

El “que se vayan todos” era un pedido de humanidad ante tanta miseria cotidiana. Pero hoy las intenciones son otras: no vamos a profundizar en los deseos de campaña y desvío de las derechas, no es nuestro trabajo. Pero sí decir que la “apolítica” que se pretende hoy tiende, otra vez, a correr de la centralidad una política de Derechos Humanos que se ganó desde los cientos de colectivos que surgieron y se fortalecieron en la previa y el durante de los días 19 y 20.

Foto: @albertoarellano (IG)

Latinoamérica toda. El 19 será un día de homenajes, pero también son las elecciones en Chile. Un pueblo que sostuvo la revuelta popular más importante de Latinoamérica de los últimos años va a las urnas, tal como lo hizo la Argentina en 2001. El sistema democrático nos dice que “no se pueden ir todos” porque las rebeliones se dan en las calles y luego tienen que pensar en la futura institucionalidad. 20 años después, nuestra cabeza y nuestro corazón está puesto en Chile y en la campaña mediática que se está haciendo contra el candidato Gabriel Boric porque la desinformación sigue latente en las empresas de comunicación: “Del otro lado de la campaña popular, está la de las empresas de comunicación impulsada por quienes podrían beneficiarse con un gobierno antiderechos. Esto implicó, en el último mes, la instalación de prejuicios, discursos de odios y falacias respecto a sindicatos, organizaciones y sectores populares” como indicó la periodista feminista Rocío Alondra, en el lanzamiento de Comunicación feminista y popular: experiencias de las mujeres en movimiento.

No es ninguna novedad. Mientras en 2019 el pueblo de Chile ardía en las calles contra los 30 años de terror neoliberal, las empresas de comunicación se centraban en criminalizar a la protesta social. Al igual que en Argentina durante el estallido de 2001. Por eso, el 2001 late en nuestro país y en Latinoamérica. Pero no es una efeméride suelta ni letra muerta que duerme en estantes. Es el sentir colectivo de la injusticia que nos enciende. Es la lucha cotidiana porque todas y todos puedan comer y trabajar. Es el motor autogestivo que nos recuerda que de a muchas y muchos se hace más y mejor. Y es la solidaridad entre pueblos porque, ya lo sabemos, tendemos puentes sin fronteras.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini | Fotos de Correpi

Este viernes se realizó el acto de presentación en Plaza de Mayo del Archivo Antirrepresivo 2021 que todos los años elabora la Correpi y que, con excepción del 2020 por la pandemia, tiene cita junto a familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas.

Principales conclusiones

El informe tiene datos contundentes. En primer lugar, se destaca que la cantidad de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2021 asciende a 8172, cifra que lamentablemente se incrementa casi a diario, especialmente si contemplamos los casos que vienen ocurriendo en las últimas semanas.

Durante la actual gestión fueron 209 los casos de gatillo fácil, con algunos muy resonantes y recientes, como el asesinato de Lucas González, el jugador de Barracas Central que fue baleado en la cabeza por efectivos de la Policía de la Ciudad que se movilizaban en un auto particular sin identificación; Luciano Olivera, que fue asesinado de un tiro “accidental” en el pecho por el policía de la Bonaerense, Maximiliano González; o Elías Garay, el joven mapuche que fue ejecutado por sicarios vinculados a la empresa forestal que pretende las tierras donde habita la comunidad originaria, con el aval de la policía que liberó la zona.

En la gestión de Alberto Fernández son 981 los casos, donde sobresalen los 671 curridos en cárceles, comisarías o en lugares de detención, una de las modalidades que tuvo un rol protagónico desde el inicio de la pandemia y que representan 7 de cada 10 casos de asesinatos en manos de las fuerzas represivas, lo cual resulta llamativo si se tiene en cuenta la baja circulación de personas en la calle durante los últimos dos años.

Según explicó a Marcha María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Correpi, “hubo una triplicación de las muertes en lugares de detención, producto directo de las políticas que se llevaron adelante, desoyendo los reclamos y las advertencias que se hicieron incluso antes de que se declarara la pandemia de covid el 20 de marzo. Ya desde mediados de febrero se venían advirtiendo las circunstancias que había en cárceles y en comisarías provinciales, con personas detenidas diciendo ‘bueno, si acá entra el virus es una masacre’. Y ocurrió”.

Pero a la falta de protocolo para cuidar a las personas privadas de su libertad ante el azote de la pandemia que reconfiguró la cotidianeidad, se suman la negligencia y la violencia estatal. “El año pasado cuatro personas murieron fusiladas en una cárcel en Corrientes y en Florencio Varela, más dos en Jujuy en la represión a una protesta cuya consigna era ‘Estamos condenados a prisión, no a muerte’”, desarrolló Verdú y agregó que “a pesar de la baja de circulación de personas, que tendría que haber disminuido por falta de blancos el gatillo fácil, el incremento de la presencia policial en las calles y las mayores facultades y recursos que se les dieron con el argumento de garantizar las medidas sanitarias hicieron que el gatillo fácil siga en el mismo nivel. Medidas sanitarias que no discutimos ni cuestionamos, pero que había que lograr que se pudieran llevar a cabo con medidas asistenciales y no a punta de pistola”.

La muerte en lugares de encierro es una problemática histórica que la Correpi viene denunciando desde hace muchos años y que se vió empeorada por la situación sanitaria relacionada a la expansión en el mundo del coronavirus, pero no es la única explicación. Según la abogada, “esto va a empeorar porque no es solamente por el covid, son enfermedades que no matarían a nadie si no estuviesen en una cárcel; son los supuestos incendios donde te encontras con una reja con el candado puesto; son los supuestos suicidios, sobre todo en comisarías que, como el caso de Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, termina siendo tortura seguida de muerte”.

Respecto a otras conclusiones a las que arriba el Informe Antirrepresivo, del total de casos las fuerzas del servicio penitenciario tienen una incidencia del 58.1%, la policía bonaerense el 28.64% y la Policía de la Ciudad 5.20%.

Algo que se consolida año tras año es el sector poblacional que sufre esta violencia estatal. En estos 28 años, el rango etario que más víctimas aportó fue el que va de 15 a 25 años, siendo el 38% de los casos. Sin embargo, en la gestión actual ese rango está representado por el 21.1% mientras que 35.2% de los casos no tienen datos de edad, lo cual se explica por los asesinatos en prisiones o comisarías, dependencias que no aportan esa información.

Por otro lado, desde 1992 hasta hoy se registran 423 femicidios, donde se destacan los casos de intrafuerza/intrafamiliar (373) y gatillo fácil (28). También hay 11 casos de transfemicidios y travesticidios.

Otro de los datos contundentes es que la gestión que más asesinatos a manos del Estado tuvo es la de Cristina Fernández de Kirchner, que representa un 33% del total, seguida por el 24% de Mauricio Macri, aunque hay que tener en cuenta que tal violencia desplegó el macrismo que alcanzó esta incidencia habiendo gobernado un tercio del tiempo que la expresidenta.

Por último, a 20 años de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Fernando De la Rúa sigue encabezando la lista de víctimas en protestas sociales: son 45 casos en tan solo dos años de gestión.

La coyuntura como dinamizadora de la represión

La Correpi viene presentando sus informes desde hace 25 años. El inicio del gobierno de Alberto Fernandez tuvo algunos gestos alentadores en torno a esta problemática. La asunción de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, una académica que se instruyó en el estudio contra este tipo de violencias, tuvo su comodato cuando a pocas semanas del inicio de su gestión recibió a la Correpi y a otros organismos de Derechos Humanos. En esa reunión se planteó la agenda urgente que había que abordar, luego de 4 años de un gobierno macrista que hizo bandera de la violencia estatal. Las respuestas no se hicieron esperar: la derogación de las leyes represivas promovidas por Patricia Bullrich y el gobierno de Macri se concretaron.

Sin embargo, ese gesto inicial se vio trastocado por el inicio de la pandemia, el consecuente aislamiento y el incremento de las víctimas en cárceles, comisarías y demás situaciones de encierro, como lo indicamos anteriormente.

Luego de las PASO en septiembre, el retroceso se consolidó de cara a la asunción de Anibal Fernández como nuevo ministro de Seguridad, uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y promotor de la teoría de que, en aquellos años, “los piqueteros se mataron entre ellos”. Las medidas de esta nueva gestión ministerial se centraron en reforzar de tropas en distintos puntos del país, como supuesta “solución” al gravísimo problema del narcotráfico.

El FMI y el futuro próximo

Es fundamental el rol que juega el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la concreción de políticas públicas y la soberanía de la Argentina. Desde el 10 de diciembre de 2019, el gobierno tuvo la tarea de resolver la escandalosa deuda tomada por Mauricio Macri, la más grande en la historia de la entidad financiera. El covid cambió drásticamente los planes del gobierno, como sucedió en todo el mundo, pero el pago de la deuda ilegítima parece que nunca se puso en duda.

Mucho se ha escrito sobre las exigencias que este escenario implicaría, en términos de recortes en salud, educación, programas sociales y subsidios. Pero hay que agregar, además, las consecuencias en materia represiva que podría tener el ajuste que pretende el Fondo. Para Verdú, “que no se reconozca que la deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional va a profundizar la situación de crisis y eso va a tener como respuesta, necesariamente, más represión. Lo estamos viendo en este mismo momento en Chubut y en un montón de lugares del país donde se están generando protestas y reclamos y donde la respuesta es la represión. No nos olvidemos de Guernica”.

Pero la Correpi no se queda solo en la denuncia y, como lo hiciera en su momento con Frederic, sigue pugnando para que se concrete la agenda antirrepresiva urgente. Como explicó la referente de la organización, “son medidas que no van a cambiar el sistema pero que podría tomar cualquier gobierno, éste o cualquier otro, si tuviera la decisión política de tratar de disminuir un poco la letalidad de las fuerzas en la calle. Por ejemplo, si la policía de civil estuviera sin el arma reglamentaria, bajaría al 50% el gatillo fácil. O si el policía en funciones no tuviera el arma en condición de disparo inmediato, también disminuirían sensiblemente los casos en que intervienen de uniforme, como el de Luciano Olivera en Miramar. Y si cumpliese algún gobierno la sentencia que desde hace 18 años espera la Corte Interamericana que se acate, que prohibió todo el sistema de detenciones arbitrarias, detenciones contravencionales, averiguación de antecedentes, razzias, etcétera, no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosé, no hubiera muerto Alejandro Martínez en San Clemente, no hubiera muerto Eric Valdéz en Concordia la semana pasada”.

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