Por Redacción Marcha / Foto: Archivo

La familia de Alfredo Cuellar enfrenta una nueva amenaza de desalojo forzoso en la Ciudad de Buenos Aires. Con una orden judicial ya dictada y habiendo recibido dos notificaciones, se encuentran bajo el riesgo inminente de ser expulsados de su vivienda en Raulet 62 en el barrio de Parque Patricios, donde la familia reside hace más 50 años.

La medida fue firmada por el Juez Ramiro Güiraldes, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, en el marco de la causa “Basset Úrsula Cristina contra Alfredo Severo Cuellar y otros s/Desalojo (Expte N° 53.952/2022).

La oficial de Justicia se niega a recibir a Cuellar y a informarle la fecha concreta del lanzamiento, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre absoluta: “Tengo el desalojo en puerta,“No tengo el día exacto, pero que en cualquier momento pueden caer” asegura el padre de la China. En la casa vive Alfredo con sus hijas y sus nietos, niñas y niños que asisten a la escuela pública y para quienes el desalojo no sólo signifciaría la pérdida del techo familiar, sino también la interrupción de su vida escolar y su entorno comunitario.

La situación judicial de Alfredo está profundamente atravesada por el hostigamiento y la persecución política que sufre desde hace más de una década, cuando comenzó a denunciar el asesinato de su hija Florencia “La China” Cuellar, a manos del Servicio Penitenciario Federal.

“¿Cuál es el motivo por el que tengo que seguir resistiendo?”, se pregunta Alfredo, al tiempo que denuncia que quienes buscan desalojarlo no pueden acreditar la propiedad del inmueble.También pone en duda la autenticidad de la documentación presentada en la causa: “En realidad no es así”, afirma. El reclamo es tan básico como ser escuchado por quienes toman las decisiones y que se respeten los derechos de las infancias que viven en la casa: “Si al menos me pueden aguantar hasta que terminen el colegio mis nietos”.

Una asamblea contra el desalojo

El miércoles 15 por la tarde noche en las calles de Parque Patricios se realizó una asamblea contra el desalojo de Alfredo y su familia por parte del poder judicial y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”, vecinos y personas solidarias con su lucha analizaron diferentes estrategias para resistir y enfrentar esta nueva situación de persecución y despojo que ya tuvo episodios previos.

“La policía entró a mi domicilio y rompió recuerdos que tenía de mi hija”. Con este relato Alfredo contó que, a pesar de no haber sido escuchado para argumentar sobre su situación de vivienda ni haber visto los documentos que acrediten el motivo por el que pretenden expulsarlo a él y a su familia de la casa que habita hace décadas, la Policía de la Ciudad irrumpió en la morada, los amenazó aun en la presencia de niñeces y destruyó bienes y mobiliario. Pero sobre todo “rompieron fotos de mi hija que eran de una muestra”, aseguró.

“No estamos todas, faltan las presas”

Alfredo Cuellar es un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. En estos años, y a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, nunca recibió la confirmación de parte de la fuerza de custodia de las causas de la muerte de su hija; incluso pretendieron obligarlo a firmar que fue un suicidio.

Alfredo se convirtió, a regañadientes, en un luchador contra la violencia institucional y por los Derechos Humanos. Fue secuestrado, sus hijos perseguidos por la justicia y la policía, y ahora enfrenta una nueva amenaza por desalojo contra su lucha en la búsqueda de memoria y verdad. Fue en mayo de 2013 cuando fue secuestrado, en Parque Patricios, por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al Riachuelo y hacerlo desaparecer si no se dejaba de joder con el asunto de la China.

Sus denuncias además causaron que, en septiembre de 2013, el jefe de la Unidad IV, prefecto Juan Montenegro, fuera desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el entonces director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras indicarse que, durante la visita de un grupo de jueces encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”. Fue una evidencia de las torturas.

Desde entonces, siempre estuvo acompañado de la solidaridad de muchas personas, familiares y amistades de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder. “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, las que protestan, las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quiénes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, dice.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Entonces, era la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecido. Alfredo Cuellar puso cuerpo y voz a la búsqueda por verdad y sobre todo memoria de todas ellas y generó dos hitos de proclama en el ala más combativa del movimiento de mujeres y feminista del país: “Ni una menos también en las cárceles” y el “No estamos todas, faltan las presas”. Así es.

Archivo: https://marcha.org.ar/tag/china-cuellar/

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Por Jenny Durán* | Foto: Cobertura Asamblea Antifascista Antirracista LGBTIQNB+

Para analizar el concepto de confianza el sociólogo alemán Niklas Luhmann -referente indiscutido de la teoría de los sistemas-, describe que en las sociedades complejas la confianza es un estado presente con miras hacia el futuro. En sus palabras, la política como sistema, toma una problemática externa (económica, ambiental, etcétera) para traducir ese “ruido” dentro de su propio código y devolverlo como credibilidad o desconfianza al propio sistema, según la acción que de desarrolle, en tanto esa acción disminuya o no la certidumbre en el futuro.

Acontecimientos como el que comenzó a conocerse el viernes pasado y que tiene como protagonista al presidente del país, traen este concepto que para la política es clave en términos de gobernabilidad, orden o caos. Luhmann también afirma que no se puede confiar en el caos. Y claro que estos acontecimientos vienen demostrando que Argentina vive un momento de gran cuestionamiento social hacia. Y si de sistemas hablamos, traemos a estas líneas el binomio gobierno/oposición. Ésta última llegó a serlo por el alto grado de desconfianza que reflejaba. Entonces las mayorías prefirieron al distinto, a quien tras triunfos legislativos, bravuconadas en Davos, se intenta posicionar como referente de la derecha a nivel mundial y la imposición cotidiana de su propia agenda hace aparecer un cisne negro.

Tal como lo describe el trabajo realizado por la consultora Zuban Córdoba, a partir de la publicación del presidente Javier Mil3i en la red social X que hace explotar el Criptogate. Un estudio realizado con la urgencia del caso, entre el 18 y 19 de febrero, contempla una muestra de 1.200 casos, a partir de un cuestionario estructurado mediante llamadas telefónicas y respuestas por mail. La consultora adelanta que aún es difícil dimensionar la crisis política desatada, pero los principales resultados del estudio nos dicen que el 87,9% de los encuestados escuchó sobre el tema y el 67% acuerda que se trata de la mayor crisis del gobierno.

El trabajo también muestra que el 83% de los encuestados refieren que Mil3i debería actuar como presidente y no como un influencer, siendo que el 56,4% está en desacuerdo con que actuó como ciudadano desde su cuenta personal, (la cual es una cuenta institucional, en tanto pertenece a un presidente de la Nación).

Los participantes afirman en un 59,9% que hubo estafa a los inversores que compraron $Libra, promocionada por Milei. El clivaje de género dio la nota sobre esta pregunta, un 62,6% de mujeres respondieron afirmativamente, los varones consultados un poco menos, el 56,7%. En todos los rangos etarios la mayoría coincide en que sí hubo estafa, entre el 54 y 60%, fue la variación.

Varios consultores opinaron que el abordaje sobre la crisis política desatada fue defectuosa. Volviendo a Luhmann, ninguna acción del gobierno se traduce en certidumbre. Lo cual, en términos de tiempo, la credibilidad sobre el gobierno puede ir disminuyendo. Además, las denuncias contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el cobro de coimas resquebraja el binomio que conforma junto a su hermano. Y si de grupalidades hablamos, la santísima trinidad de la que Santiago Caputo es el otro vértice, también se resintió tras la entrevista con Viale.

Al respecto, los resultados de la encuesta muestran un 54,3% cree que la hermana del presidente recibió coimas. Por otra parte, un 81,8% opina que el periodismo político de nuestro país es poco confiable.

Actualmente, conceptos como creer o confiar parecen resignificar solo en términos negativos cuando hablamos de instituciones. Aun así, un 41,5% cree que el denominado criptogate lo debería investigar el poder judicial y el 33.3% el Congreso de la Nación, mientras que la propuesta del propio Milei, de ser investigado por la oficina anticorrupción, que depende de él mismo, sólo obtuvo un 10,3% de acuerdo y un 10,2% cree que no debe ser investigado por nadie.

Los datos tomados al calor de la sucesión de hechos a cada minuto abren nuevas crisis. La reacción del gobierno que en un principio pensó que no iba a pasar nada porque “la gente común no entiende nada de las criptomonedas” o, que esto se solucionaba con una entrevista operada responde a su visión de mundo volátil, virtual, en que hay una hoja de ruta trazada en una app de cálculo. La realidad tangible nos deja jubilados gaseados, presos por protestar y una desconfianza que puede transformarse en amplio rechazo, lo que en el barrio llamamos “picada de boleto”.

Faltan ocho días para que el presidente inaugure las sesiones ordinarias del Congreso; un escenario montado para tomar la temperatura y ver si el gobierno sigue echando culpas ajenas o poniéndose como víctima al enunciar que desconocía los pormenores de la meme moneda, ambas tácticas erróneas que pueden explicar esta situación. Aun así, los elementos catalizadores que empujan al gobierno hacia la ruptura del contrato con los votantes están lejos de las instituciones. No solo porque no se vislumbran estrategias claras en la oposición legislativa, que rechazó la creación de una comisión investigadora en el Senado y los proyectos de juicio político no tienen cauce en una parte de la oposición para que prospere.

Lo que sí aparece claramente es la resistencia en la calle, habiendo conceptualizado a este gobierno como fascista, lo cual también ayuda a construir estrategias que nos permitan llegar a otras certezas que mejoren la situación cotidiana. Es cuestión de tiempo y acción política.

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Por Rocío Prim

Ayer, 30 de diciembre, y como cada año, familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales renovaron sus demandas por políticas efectivas de reparación y la expropiación de Cromañón para que se convierta en un Espacio de Memoria. 

La jornada comenzó a las 11:00 con actividades culturales en el Santuario y continuó por la tarde con una misa interreligiosa, otra en la Catedral Metropolitana y un acto en Plaza de Mayo con la lectura del documento elaborado por las organizaciones, que destacó las conquistas en materia de derechos y reparación para sobrevivientes y familiares de las víctimas. Culminó con la tradicional marcha hasta el Santuario de Cromañón, donde hubo un show musical y alrededor de las 22:00 se leyeron los nombres de las 194 víctimas de la Masacre.

Tras años de lucha, el pasado 12 de diciembre la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación a la ley de asistencia a la víctimas que contempla la reparación integral a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica mensual vitalicia para sobrevivientes y familiares. La nueva Ley, que amplía y reabre el padrón para la reparación, reconoce también que los sucesos del 30 de diciembre, hasta entonces conocidos como “tragedia” sean considerados “La Masacre de República de Cromañón”. 

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“Los balances no son nunca individuales”, sostiene Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, uno de los 194 pibes que murieron esa noche, y referente de la organización Movimiento Cromañón. “Con mis compañeros ayer decíamos que nos llama la atención que a 20 años nuestro movimiento sigue creciendo, aparecen sobrevivientes que no sabíamos que estaban. Aquí en el santuario apareció una chica sobreviviente con una canción, alguien que nunca había podido acercarse”.

Para Silvia, los pendientes en la lucha por reparación para las víctimas “le corresponden a todo el pueblo argentino”; y agrega: “Si pensamos en Cromañón -no solo como el hecho y los responsables y los que tenían que pagarla-, sino como todo lo que está pasando en el país, queda un montón para hacer. Queda preguntarnos cómo estamos mirando a los jóvenes, cómo los cuidamos, qué pasa con la salud pública, qué pasa con la educación; eso es lo que significa Cromañón”. 

Se refiere además a la Ley de Reparación: “Hemos logrado una Ley un poco más justa que la que había, porque contempla considerar derechos para más personas ya que, hasta ahora, la Ciudad de Buenos Aires venía reconociendo mil y pico de sobrevivientes, cuando está claro que si hubiera habido mil y pico no hubiera existido Cromañón porque ésa era la capacidad del lugar. Son más de cuatro mil”. 

Por otro lado, el movimiento consiguió una ley de expropiación para que el ex boliche sea un Espacio de Memoria, esto fue en el 2022, pero ha habido muy pocas acciones para concretarlo. “Hace muy poquito nos enteramos de que entraron a tasar en el lugar sin decirnos nada”, relató Silvia. “Todo lo hacen en las sombras y nos tenemos que enterar por una sentencia o porque teníamos acceso a un expediente, que ahora ya incluso es secreto”.  Y reflexiona: “Tenemos una ley de reparación que mejoró la que existía, pero hay que ver cómo se implementa y una ley de expropiación que es un reclamo justísimo, pero estamos preocupados porque es un país que está planteando cerrar sitios de memoria, no abrirlos”.

Fabiana Puebla también forma parte del Movimiento Cromañón. Es sobreviviente y familiar de la Masacre. La noche del 30 de diciembre fue al recital de Callejeros junto a su compañero José Cantale, de 26 años, quien perdió la vida en el incendio. 

“Una de las mayores demandas que teníamos para este año era nuestra Ley de Reparación Integral y logramos que se haga vitalicia”, relata, “pero seguimos reclamando que se amplíe el padrón, para que todos los sobrevivientes puedan ser reconocidos por el Estado porque después de 20 años todavía hay miles de sobrevivientes que no son reconocidos. Creo que esa es la demanda más grande que todavía nos queda y por la que obviamente vamos a seguir peleando”.

“Las víctimas tenemos que encontrar la forma de organizarnos, hoy marchamos con las mamás del gatillo fácil y con las familias de víctimas de femicidio”, relata Silvia. El paraguas para todas esas víctimas es que el Estado es Responsable. “Esa es una tarea que nos tenemos que dar las víctimas: organizarnos, interpelar al Estado y formar una especie de marea que le exijamos al Estado lo que tiene que cumplir. Esas son las cosas que todavía hoy nos faltan. El otro día alguien me decía “Ya son 20 años, ¿cuándo la van a terminar?”  Y para mí no hay forma de terminarla, porque para eso tendría que cambiar mucho la sociedad y esa parte no la estaría viendo”.

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Por Redacción Marcha / Fotos: Rolando Andrade Stracuzzi 

La noticia de que se libere al asesino de un hijo, de un hermano, de un compañero viene sobrevolando los días de las familias Santillán y Kosteki y de sus seres queridos. Si bien nunca andan solos ni solas, porque la lucha por justicia desde hace más de 22 años es de ellas y ellos, pero también de quienes les rodean. De quienes siguen creyendo que el gesto de Darío es un horizonte de ternura y compañerismo en medio de tanta crueldad por decreto. 

Así recibieron el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Penal nº 3 de los Tribunales de Lomas de Zamora, donde le otorgaron la libertad condicional al ex cabo de la policía bonaerense Alejandro Acosta.  Y consideran, además, que esta liberación es la antesala de la libertad al otro asesino: el ex comisario Alfredo Fanchiotti, que se encuentra en igual situación, condenado a cadena perpetua por los mismos crímenes.

Por eso el repudio se volvió grande. Más de 300 adhesiones seguían llegando minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa, realizada en la sede del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) en CABA.

Allí, Alberto Santillán, papá de Darío, denunció que “hay dos clases de justicia. Una que actúa cuando tiene que cubrir a los poderosos y otra cuando tiene que dar la libertad a los que el Estado manda a que asesinen”. “¿Y la justicia para mi hijo dónde está?”, afirmó. “¿Y la justicia por los que creen en la vida, por los que quieren un mundo mejor?”, retrucó. Y encauzó la liberación del asesino de su hijo como “una más” tras la renovada y publicitada relación entre políticos de extrema derecha y genocidas durante este gobierno. “La libertad a Acosta es la libertad a los que matan en nombre del Estado”, afirmó categórico.

Desde el espacio de familiares y compañeres de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki exigen que se revea la medida, se retrotraiga y vuelva a cumplir la condena de cadena perpetua a la que fue sentenciado por el asesinato de Kosteki y Santillán, hasta el último día de su vida. 

La vía judicial nunca fue descartada por las familias de Darío y Maxi; es más, esta arista de lucha se renovó ante cada gestión para señalar la responsabilidad institucional. Por eso presentarán hoy un escrito en el que se oponen y argumentan los motivos. “A todos los gobiernos democráticos desde el 26 de junio de 2002, le decimos que siempre nos quisieron sacar del medio, criminalizándonos, pretendiendo corrernos en las calles, algo que no lo lograron ni van a lograr”, afirmó Alberto. 

Por su parte, Mara Kosteki, agradeció la lucha incansable de los Santillán: “Agradezco no solo a Darío por haberse quedado ahí al lado de mi hermano y ser la última persona que le agarró la mano, que lo vio respirar. Sigo agradecida a Alberto por seguir luchando por su hijo y por mi hermano”. Y agregó, emocionada que, ante la falta de condena a responsabilidades políticas, “no vamos a bajar los brazos”. 

“Mientras veníamos luchando para que paguen los responsables políticos, liberan a Acosta”, agregó Leo Santillán, quien se refirió al contexto actual: “Es entendible, ¿no? Porque, como decía mi viejo, hay dos clases de justicia y en estos tiempos que están corriendo los beneficios que se le están dando a represores y genocidas van de la mano con las persecuciones hacia las organizaciones populares”. 

Leo recordó la narrativa del gobierno de Eduardo Duhalde, el máximo responsable político de la Masacre. “Cuando nos reprimieron en el Puente Pueyrredón, intentaron decir que queríamos desestabilizar, que estábamos armados, que atacamos a la policía con piedras y palos”, exclamó, “mientras en las placas de los noticieros confirmaban que había dos muertos, que eran Darío y Maxi, nosotros no lo sabíamos”. Y se refirió al momento represivo actual como una “continuidad” de ese intento de criminalizar a quienes se organizan.

“Había una intencionalidad de otorgar esta libertad” 

Paula Alvarado Mamani es la abogada que lleva la causa en los tribunales provinciales y que presentó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo el pedido para que la responsabilidad por los asesinatos no prescriba y sea reconocida como “crimen de Estado”. Durante la conferencia de prensa advirtió que los pasos judiciales ya mostraban el camino hacia la libertad de Acosta y muy probablemente, también la de Fanchiotti.

“El argumento para que la Cámara de Garantías acepte la libertad de Acosta es que cumple con determinadas condiciones”, informó Alvarado Mamani: “informes psicológicos, actividades extras, todo le da 10 según las evaluaciones del Servicio Penitenciario”. Leyó textual uno de los informes, que el condenado “asume su postura crítica, logrando contextualizar las circunstancias que atravesaba en aquel momento, y pudiendo valorar los motivos que condujeron a su participación en los hechos”. 

La abogada adelantó que presentará un recurso en las próximas 24 horas para apelar esta condicional, pero aseguró que “claramente había una intencionalidad de otorgar esta libertad”. Denunció, además, la continuación de la complicidad entre quienes ejercían en 2002 el poder y las responsabilidades políticas territoriales y quienes hoy están –a pesar de los años– en el Poder Judicial del distrito de Lomas de Zamora. 

Alvarado Mamani contó, además, que el ex comisario Fanchiotti le escribió en junio pasado una carta y se comunicó con ella a través de WhatsApp para pedirle que lo visitara en la Unidad 11 de Baradero para hablar sobre su situación: “Manifestó el tema de las responsabilidades, trató de correr su culpabilidad porque ‘las pericias fueron realizadas de una manera que lo perjudicaron’. Tiró varios nombres y que iba a profundizar cuando yo vaya, pero no sucedió”.

¡No queremos asesinos sueltos!

Al igual que octubre, junio arde históricamente. Los asesinatos de Estado cometidos contra Darío y Maxi nos recordarán siempre el país que habitamos, pero también son el faro que nos guía. Hoy la amenaza sigue latente; como en aquel 26 de junio hay un plan del gobierno -en 2002 fue de los gobiernos nacional y provincial- que pretende enviar señales “ejemplificadoras” en una situación de conflictividad social, que responda a la demanda del poder político y económico de castigar la acción directa que cortaba calles y rutas ayer o que protesta contra una ley nefasta hoy.

Por otro lado, aquel 26 de junio, actuaron en conjunto las tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal (además de la policía bonaerense) con la excusa de que cortar el Puente Pueyrredón era tomado como “una acción bélica”. El 12 de junio pasado, mientras se votaba de espaldas al pueblo la Ley de Bases, se repitió esa acción conjunta: estuvieron Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.

Por eso revisar la historia, seguir luchando por una herida que sigue abierta, es traer al presente recuerdos pero también alertas cuando se repite el accionar de los poderes ejecutivos, policiales y judiciales en conjunto. En ese sentido, familiares y compañeres aclaran: “No podemos dejar de señalar el contexto de impunidad abierto por el actual gobierno de Javier Milei, que intenta por todos los medios a su alcance liberar a los genocidas de la última dictadura militar, proteger a los represores de las manifestaciones populares y estigmatizar y encarcelar a quienes protestan y luchan contra el brutal ajuste económico que padece el pueblo”.

Tras 22 años de lucha y pedagogías, el hermano de Darío hizo memoria: “Acá hay dos familias que nos ha tocado vivir momentos muy duros, pero no nos corrimos de las calles porque nuestra lucha es también por la calidad de vida”. Y se refirió a la unión de causas: “Estamos por Darío y Maxi, pero también por otras luchas, porque entendimos que tenemos que generar lazos donde apoyarnos para saber que no estamos solos”.

Hacia el final, un grito colectivo que estremeció a quienes ya se abrazaban. Darío y Maxi siguen “presentes”. Así lo dijo una vez más Leo: “Hasta el final de nuestros días vamos a hacer esta lucha porque si no, no seríamos coherentes con lo que hizo Darío cuando nos cuidó, cuando nos dijo que no vayamos, que él se quedaba. Él nos enseñó que, aun en un momento tan jodido como el que le tocó vivir, siempre se puede resistir”.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini | Fotos de Correpi

Este viernes se realizó el acto de presentación en Plaza de Mayo del Archivo Antirrepresivo 2021 que todos los años elabora la Correpi y que, con excepción del 2020 por la pandemia, tiene cita junto a familiares de víctimas, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas.

Principales conclusiones

El informe tiene datos contundentes. En primer lugar, se destaca que la cantidad de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado entre 1983 y 2021 asciende a 8172, cifra que lamentablemente se incrementa casi a diario, especialmente si contemplamos los casos que vienen ocurriendo en las últimas semanas.

Durante la actual gestión fueron 209 los casos de gatillo fácil, con algunos muy resonantes y recientes, como el asesinato de Lucas González, el jugador de Barracas Central que fue baleado en la cabeza por efectivos de la Policía de la Ciudad que se movilizaban en un auto particular sin identificación; Luciano Olivera, que fue asesinado de un tiro “accidental” en el pecho por el policía de la Bonaerense, Maximiliano González; o Elías Garay, el joven mapuche que fue ejecutado por sicarios vinculados a la empresa forestal que pretende las tierras donde habita la comunidad originaria, con el aval de la policía que liberó la zona.

En la gestión de Alberto Fernández son 981 los casos, donde sobresalen los 671 curridos en cárceles, comisarías o en lugares de detención, una de las modalidades que tuvo un rol protagónico desde el inicio de la pandemia y que representan 7 de cada 10 casos de asesinatos en manos de las fuerzas represivas, lo cual resulta llamativo si se tiene en cuenta la baja circulación de personas en la calle durante los últimos dos años.

Según explicó a Marcha María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Correpi, “hubo una triplicación de las muertes en lugares de detención, producto directo de las políticas que se llevaron adelante, desoyendo los reclamos y las advertencias que se hicieron incluso antes de que se declarara la pandemia de covid el 20 de marzo. Ya desde mediados de febrero se venían advirtiendo las circunstancias que había en cárceles y en comisarías provinciales, con personas detenidas diciendo ‘bueno, si acá entra el virus es una masacre’. Y ocurrió”.

Pero a la falta de protocolo para cuidar a las personas privadas de su libertad ante el azote de la pandemia que reconfiguró la cotidianeidad, se suman la negligencia y la violencia estatal. “El año pasado cuatro personas murieron fusiladas en una cárcel en Corrientes y en Florencio Varela, más dos en Jujuy en la represión a una protesta cuya consigna era ‘Estamos condenados a prisión, no a muerte’”, desarrolló Verdú y agregó que “a pesar de la baja de circulación de personas, que tendría que haber disminuido por falta de blancos el gatillo fácil, el incremento de la presencia policial en las calles y las mayores facultades y recursos que se les dieron con el argumento de garantizar las medidas sanitarias hicieron que el gatillo fácil siga en el mismo nivel. Medidas sanitarias que no discutimos ni cuestionamos, pero que había que lograr que se pudieran llevar a cabo con medidas asistenciales y no a punta de pistola”.

La muerte en lugares de encierro es una problemática histórica que la Correpi viene denunciando desde hace muchos años y que se vió empeorada por la situación sanitaria relacionada a la expansión en el mundo del coronavirus, pero no es la única explicación. Según la abogada, “esto va a empeorar porque no es solamente por el covid, son enfermedades que no matarían a nadie si no estuviesen en una cárcel; son los supuestos incendios donde te encontras con una reja con el candado puesto; son los supuestos suicidios, sobre todo en comisarías que, como el caso de Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, termina siendo tortura seguida de muerte”.

Respecto a otras conclusiones a las que arriba el Informe Antirrepresivo, del total de casos las fuerzas del servicio penitenciario tienen una incidencia del 58.1%, la policía bonaerense el 28.64% y la Policía de la Ciudad 5.20%.

Algo que se consolida año tras año es el sector poblacional que sufre esta violencia estatal. En estos 28 años, el rango etario que más víctimas aportó fue el que va de 15 a 25 años, siendo el 38% de los casos. Sin embargo, en la gestión actual ese rango está representado por el 21.1% mientras que 35.2% de los casos no tienen datos de edad, lo cual se explica por los asesinatos en prisiones o comisarías, dependencias que no aportan esa información.

Por otro lado, desde 1992 hasta hoy se registran 423 femicidios, donde se destacan los casos de intrafuerza/intrafamiliar (373) y gatillo fácil (28). También hay 11 casos de transfemicidios y travesticidios.

Otro de los datos contundentes es que la gestión que más asesinatos a manos del Estado tuvo es la de Cristina Fernández de Kirchner, que representa un 33% del total, seguida por el 24% de Mauricio Macri, aunque hay que tener en cuenta que tal violencia desplegó el macrismo que alcanzó esta incidencia habiendo gobernado un tercio del tiempo que la expresidenta.

Por último, a 20 años de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Fernando De la Rúa sigue encabezando la lista de víctimas en protestas sociales: son 45 casos en tan solo dos años de gestión.

La coyuntura como dinamizadora de la represión

La Correpi viene presentando sus informes desde hace 25 años. El inicio del gobierno de Alberto Fernandez tuvo algunos gestos alentadores en torno a esta problemática. La asunción de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, una académica que se instruyó en el estudio contra este tipo de violencias, tuvo su comodato cuando a pocas semanas del inicio de su gestión recibió a la Correpi y a otros organismos de Derechos Humanos. En esa reunión se planteó la agenda urgente que había que abordar, luego de 4 años de un gobierno macrista que hizo bandera de la violencia estatal. Las respuestas no se hicieron esperar: la derogación de las leyes represivas promovidas por Patricia Bullrich y el gobierno de Macri se concretaron.

Sin embargo, ese gesto inicial se vio trastocado por el inicio de la pandemia, el consecuente aislamiento y el incremento de las víctimas en cárceles, comisarías y demás situaciones de encierro, como lo indicamos anteriormente.

Luego de las PASO en septiembre, el retroceso se consolidó de cara a la asunción de Anibal Fernández como nuevo ministro de Seguridad, uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y promotor de la teoría de que, en aquellos años, “los piqueteros se mataron entre ellos”. Las medidas de esta nueva gestión ministerial se centraron en reforzar de tropas en distintos puntos del país, como supuesta “solución” al gravísimo problema del narcotráfico.

El FMI y el futuro próximo

Es fundamental el rol que juega el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la concreción de políticas públicas y la soberanía de la Argentina. Desde el 10 de diciembre de 2019, el gobierno tuvo la tarea de resolver la escandalosa deuda tomada por Mauricio Macri, la más grande en la historia de la entidad financiera. El covid cambió drásticamente los planes del gobierno, como sucedió en todo el mundo, pero el pago de la deuda ilegítima parece que nunca se puso en duda.

Mucho se ha escrito sobre las exigencias que este escenario implicaría, en términos de recortes en salud, educación, programas sociales y subsidios. Pero hay que agregar, además, las consecuencias en materia represiva que podría tener el ajuste que pretende el Fondo. Para Verdú, “que no se reconozca que la deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional va a profundizar la situación de crisis y eso va a tener como respuesta, necesariamente, más represión. Lo estamos viendo en este mismo momento en Chubut y en un montón de lugares del país donde se están generando protestas y reclamos y donde la respuesta es la represión. No nos olvidemos de Guernica”.

Pero la Correpi no se queda solo en la denuncia y, como lo hiciera en su momento con Frederic, sigue pugnando para que se concrete la agenda antirrepresiva urgente. Como explicó la referente de la organización, “son medidas que no van a cambiar el sistema pero que podría tomar cualquier gobierno, éste o cualquier otro, si tuviera la decisión política de tratar de disminuir un poco la letalidad de las fuerzas en la calle. Por ejemplo, si la policía de civil estuviera sin el arma reglamentaria, bajaría al 50% el gatillo fácil. O si el policía en funciones no tuviera el arma en condición de disparo inmediato, también disminuirían sensiblemente los casos en que intervienen de uniforme, como el de Luciano Olivera en Miramar. Y si cumpliese algún gobierno la sentencia que desde hace 18 años espera la Corte Interamericana que se acate, que prohibió todo el sistema de detenciones arbitrarias, detenciones contravencionales, averiguación de antecedentes, razzias, etcétera, no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosé, no hubiera muerto Alejandro Martínez en San Clemente, no hubiera muerto Eric Valdéz en Concordia la semana pasada”.

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Por Camila Parodi

Durante las últimas semanas se conoció la noticia en la que más de 700 personas habían sido hospitalizadas por intoxicación en la ciudad de Presidencia Roca de la provincia de Chaco. El empresario Eurnekian, de la Estancia “Don Pacos”, había fumigado ilegalmente el territorio ignorando la medida cautelar del 2012 que limita la fumigación en la región y sin haber contemplado siquiera los factores climáticos.

Por su repercusión y las denuncias realizadas por la población, se realizó una medida cautelar dictada por el juez de garantías de General San Martín, Luis Allende. Hoy se realizará una audiencia pública entre las partes. Para profundizar en los hechos, hablamos con el ingeniero zootecnista Mauricio Tinari integrante de “El Futuro está en el Monte” una fundación que trabaja acompañando a las comunidades qom y wichi de la zona del Impenetrable en Chaco.

Hace unos días resonó en algunos medios la noticia de que más de 700 personas de Chaco habían sido internadas debido a la intoxicación por fumigaciones aéreas ilegales en la zona de Presidencia Roca… ¿Cómo lo vivieron?

El pasado Lunes 25 de octubre, la estancia “Don Panos” del empresario Eurnekian decidió fumigar una parte de sus cultivos con Acetoclor (un herbicida) y con 2 derivados de la Cipermetrina (insecticidas). Al tratarse de una estancia de 4.000 Ha. deciden pulverizar desde un avión, pero sin las condiciones climáticas para hacerlo, ya que ese día había viento sur y eso ocasionó mucha deriva del producto. El líquido llegó al pueblo de Presidencia Roca y alrededores produciendo infinidad de problemas.

Se quemaron cultivos enteros de tabaco y verduras de pequeños productores y productoras de la zona, se quemaron árboles enteros del pueblo, se perdieron las frutas de los cítricos y, además, se enfermaron al menos 700 personas que fueron al hospital con signos claros de intoxicación por agrotóxicos (dolor de cabeza, vómitos, diarrea, sarpullidos y hasta algunos dificultades respiratorias). Se calcula que solo un 10% de las personas afectadas concurrieron al hospital, el resto se curó con remedios caseros con plantas medicinales pero manifestaron el malestar. Cabe aclarar, que estas plantas también se encontraban fumigadas,  ya que la población ignoraba ya que no se hizo pública la denuncia sino hasta varios días después de lo ocurrido. Además, la gran mayoría de las personas no tiene acceso al agua de red por lo que toman agua proveniente de los aljibes que también se encontraba contaminada con el químico.

¿Es la primera vez que se denuncia una fumigación de este tipo?

No es la primera vez, desde hace más de 25 años en la Estancia “Don Panos” se realizan fumigaciones y desmontes ilegales. Cuando compró la estancia, tuvo la primera demanda al realizar un desmonte ilegal de 4.000 hectáreas en una zona donde no estaba autorizada. Al año siguiente, en 1996, se hacen las primeras fumigaciones y ya hay personas que fueron intoxicadas desde ese momento. Esta situación se va a repetir aproximadamente unas 10 o 15 veces hasta el momento de la fecha. Esta última fumigación tuvo un impacto mediático un poco más fuerte por tratarse de que hubo más de 700 personas hospitalizadas y con condiciones mucho más fuertes que las veces anteriores donde el efecto había sido mucho menos.

¿Hubo también daños materiales?

Sí, eso es a nivel pueblo, pero también la gente que está en el campo se vio afectada. Principalmente los productores de tabaco y algunos productores hortícolas grandes, con quienes la empresa fue y arregló directamente pagándoles $50.000 a los productores de tabaco por hectárea y $20.000 a los productos hortícolas. Un número que es bajísimo y que no llega a cubrir ni siquiera los gastos de la implantación de los cultivos. Pero bueno, mucha gente decidió arreglar así por el miedo a que la justicia después les haga algo. 

¿Qué respuesta organizada están desarrollando desde el territorio?

Por ahora, las medidas que se han tomado fue incentivar a las y los habitantes para que hagan la denuncia individual principalmente por la situación de los niños y niñas que las afectó de sobremanera. En ese sentido, se comunicó a todas las personas intoxicadas que vayan al juzgado y denuncien si perdieron cultivos o las enfermedades que tuvieron en los últimos días como para poder tener un registro de eso y después se va a hacer una denuncia colectiva. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que tienen miedo de denunciar por tratarse de un pueblo pequeño y quedar expuestas.

¿Cuáles son los pasos legales que se están llevando a cabo?

Por el momento lo que se logró es una cautelar para que dejen de fumigar. La denuncia formal la está llevando a cabo la organización Carrillo, la abogada Alejandra Gómez y el abogado Sánchez. Este miércoles 17 se realizará una audiencia pública entre las partes y para el 25 de noviembre se está programando una asamblea barrial en la plaza central de Roca para ver qué recaudos tomar para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, así es como estamos avanzando por ahora en el pueblo de Presidencia Roca con la ayuda de la organización de mujeres, quienes fueron las que fueron articulando todo este proceso.

Si este hecho hubiera ocurrido en otra ciudad del país o con otra población posiblemente hubiera sido la principal noticia de los medios de comunicación ¿Qué lectura hacen al respecto?

En la provincia del Chaco vivimos muy dispersos, tanto físicamente como organizativamente. Esta realidad nos trae todo tipo de problemas a la hora de hacer denuncias de manera colectiva. Al tratarse de pueblos tan aislados y alejados de los centros donde se toman decisiones parecería que nuestra vida vale menos. Si este conflicto hubiese ocurrido en CABA la respuesta hubiera sido otra, se hubiese prohibido el uso de agrotóxicos a nivel nacional.

Si bien existe una cautelar para frenar esta situación en particular esta historia no nos habla de un hecho aislado sino hace parte de un complejo escenario de avance del agronegocio sobre el territorio y sus comunidades ¿Cuál es la situación del territorio chaqueño?

Ya se hicieron varias denuncias con respecto a los desmontes en la provincia, y al día de hoy hay una cautelar para que no se otorguen más permisos de CUS en la provincia hasta que se actualice el OTBN. Pero lo cierto es que estamos en “la franja de gaza de la agricultura”: El agronegocio busca avanzar sobre los suelos más marginales utilizando tecnologías e insumos de lo más avanzados y la expansión de la frontera agrícola está acabando con nuestros bosques nativos. 

El bosque Chaqueño es el segundo bosque más grande después de la amazonas y el  bosque xerofítico (seco) más grande del mundo. Estamos en la latitud de los grandes desiertos a nivel mundial, pero tenemos un monte (bosque) que protege el suelo y regula la humedad. Está en toda la ciudadanía la decisión de cuidarlo y respetar a las comunidades que viven en él, o de continuar dándole lugar al negocio de unos pocos empresarios a cambio de una dádiva para que el gobierno nacional pueda pagar su deuda obscena y criminal.

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Por Agustín Bontempo

A las 18 hs del domingo electoral, todo indicaba que no habría “sorpresas” en los comicios. Lo premeditado por las encuestadoras y luego reforzado en los boca de urna que ellos mismos hacen, solo manifestaba dudas sobre si algún punto más, algún punto menos. En definitiva, luego de 16 años, el peronismo ganaría una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, Juntos se consolidaría en CABA y restaba ver como se complementaba con las fuerzas minoritarias.

Nada de eso ocurrió. La lista encabezada por Victoria Tolosa Paz quedó cinco puntos por debajo del frente Juntos por el Cambio, donde Diego Santilli se impuso a Facundo Manes en la interna (igual integrará las listas en noviembre gracias al sistema d´hondt). En la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal se impuso a Ricardo López Murphy (que también integrará las listas en noviembre) y Adolfo Rubinstein. La sorpresa, tal vez, fue el resultado obtenido por Javier Milei, de la ultra derecha liberal, que superó los 13 puntos.

Es importante destacar que el Frente de Izquierda se consolidó como tercera fuerza en todo el país, teniendo resultados interesantes en provincias como Jujuy (23 por ciento), Chubut (casi el 10 por ciento) o Neuquén y Santa Cruz (alrededor de 8 por ciento). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Myriam Bregman superó los 6 puntos y en la provincia de Buenos Aires con más de cinco puntos, el FIT-U logro superar a Espert y Randazzo, augurando hasta dos posibles bancas en la Cámara de Diputados.

Crítica, autocrítica y más política

“Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su fracaso”. La interpretación lineal de la frase ha sobrevolado el discurso de algunos medios de comunicación y de parte de la dirigencia política. ¿Cómo es posible que la ciudadanía vote por Juntos por el Cambio luego del desastroso gobierno que llevó adelante? La pregunta tiene un error político de envergadura que, si no se supera, el fracaso del oficialismo en noviembre es inexorable. El error no es – nunca puede ser- de quienes votan. Pues si el pasado macrista fue de pobreza, desempleo, inflación, sometimiento al FMI, la memoria activa de la ciudadanía ante la falta de resolución de esos temas (entre otros) es lo que explica el resultado electoral en buena medida.

No es cierto que la población haya votado en favor de Vidal, Santilli y compañía. Al menos no lo es integralmente (está claro que tienen su núcleo de votantes por convicción). El problema radica en que, por fuera del mundo de la política, la ciudadanía elije a sus representantes para que resuelvan sus problemas cotidianos. Y aunque hay dos modelos en pugna (también creo que pueden ser tres o cuatro), eso se verifica no en el plano discursivo sino en el plano de lo fáctico: si el modelo macrista es de exclusión, el modelo de Todos debería ser de inclusión. Lo contrario de la pobreza es la riqueza, de la inflación es la estabilidad de precios, del sometimiento al FMI, es el enfrentamiento del mismo.

Cargar las tintas sobre la responsabilidad del votante es desprenderse de la propia responsabilidad del camino a construir. Y tal vez hay un hito en el gobierno que describa esto y es Vicentin. A mediados de 2020 Alberto Fernández anunció la expropiación del conglomerado, en el marco de una crisis y endeudamiento de la empresa pero que, al mismo tiempo, controlaba buena parte del mercado agroexportador. En otras palabras, el gobierno anunciaba que iba a gestionar directamente una de las principales fuentes de ingreso de dólares al país.

Sin embargo, no sucedió. La posibilidad histórica era intervenir el mercado alimentario y de flujo de divisas, dos de los grandes problemas de la actualidad. El precio de los alimentos, la necesidad de que haya billetes verdes en el país. Anuncio, presiones, recule y marcha atrás. Aquel momento estructuró un desarrollo político que no permitió, evidentemente, resolver los problemas de la población, cada vez más afectada por los números de la pobreza creciente y el incremento de los precios, especialmente de la canasta básica. Las operaciones del poder real, los armados mediáticos, los propios errores, las medidas que, por efectivas y de vanguardia, no daban soluciones otras cuestiones estructurales, incluso la gestión de la pandemia (que aunque el balance sea positivo, es insostenible en el tiempo como capital político electoral), no ha sido suficiente.

La derrota electoral corrobora la memoria del pueblo. El recuerdo de no poder llegar a fin de mes convoca a no votar a quienes no le han resuelto el problema. Y atención. Estas líneas no sugieren que el Frente de Todos está haciendo lo mismo que Cambiemos. Muy por el contrario, no haber resuelto los problemas generados por el gobierno de Cambiemos  y agravadados por una pandemia que afectó al mundo, tiene que dejar la enseñanza de que hay que pensar nuevos rumbos para que el gobierno pueda cumplir con el mandato que la población les asignó. Y esa es la manera de alcanzar la vida que queremos.

Juntos por el Cambio, nuevamente la opción presidenciable

La diferencia en provincia de Buenos Aires es el rasgo distintivo de la elección, y eso que la fuerza que hoy parece liderar Horacio Rodríguez Larreta ganó en buena parte del país. Es que si bien era habitual que el kirchnerismo no gane las elecciones de medio término, en esta oportunidad la diferencia fue más amplia de lo habitual.

El riesgo que corría Larreta era doble: perder la interna con Manes o perder en el conteo total, que, si bien las encuestas lo daban como posible, hablamos de 16 años que no ocurría. La apuesta por tener un candidato fuerte en provincia de cara a las presidenciales de 2023 salió bien, así como también la victoria en CABA.

Hay indicadores que muestran que el enorme crecimiento de Milei (circunscripto solo a la Capital Federal), no le ha quitado votos considerables al oficialismo porteño. Sin embargo sigue siendo un fenómeno difícil y complejo, el cual se pretende contener con la integración de López Murphy a las listas de cara a las generales de noviembre.

Sin lugar a dudas, Juntos (o Juntos por el Cambio o Cambiemos) fue el gran ganador de la jornada. Sin embargo, sería un error político confiar en los resultados sin entender el voto contra el gobierno que se canalizó por esta fuerza pero que, de no mostrar propuestas superadoras a lo que fue la gestión 2015-2019, podría irse a otras fuerzas políticas, en particular con el peligroso crecimiento de la propuesta fascista que encabeza Milei.

La izquierda, tercera fuerza nacional

El FIT-U jugó sus internas. En los distritos más importantes, la lista del PTS-PO-IS se impuso a la lista del MST. Por fuera del FIT, ni el Nuevo Más ni Política Obrera han superado las PASO.

Como se mencionaba al inicio del artículo, la izquierda tuvo una performance importante, siendo la tercera fuerza nacional con más de 1.5 millones de votos, algo por encima de las propuestas liberales. De mantenerse estos números, la posibilidad es que al menos cuatro bancas sean conquistadas por este bloque.

Es importante destacar este desarrollo electoral ya que en los medios el rol de la izquierda fue bastante ocultado, dando mucha prensa a la “rebeldía” liberal. Sin embargo, el caudal acumulado este domingo eleva el piso que se venía cosechando y sigue otorgando un status importante en la arena legislativa.

De cara a noviembre, el FIT-U deberá trabajar para traccionar los votos de las fuerzas de izquierda que no superaron las PASO. En la CABA en particular, será importante el accionar de AyL que logró superar primarias.

Quedará para otro momento el debate integral entorno a la unidad de toda la izquierda.

A modo de conclusión

El gobierno jugó un partido de visitante, con público de los rivales y con reglas ajenas. La campaña política, vamos a coincidir, fue bastante vulgar, vacua, vacía. Tratar de confrontar con los mismos recursos a los reyes del marketing político e incluso con el gritón de ideas absurdas e inconsistentes, es al menos equivocado.

El Frente de Todos deberá imprimir política a la campaña, salir de lugares comunes y proponer en concreto. Deberá tomar decisiones que pongan dinero en los bolsillos de las personas con la difícil tarea de contener la inflación. El gobierno no tiene más remedio que radicalizar posiciones protoobreras que, efectivamente, solo se llevan adelante confrontando al establishment. Lo debe hacer, sino noviembre puede ser mucho más que una derrota electoral. Y más allá de este horizonte cercano, será necesario revisar cuál será la agenda priorizando efectivamente a todo ese núcleo social que, esperanzado, votó por esta propuesta política hace menos de dos años.

No cabe duda que, para tal fin, será necesario revisar quienes son las personas que toman decisiones. Quiénes son los funcionarios que funcionan y, especialmente, quienes no lo hacen. Y allí habrá que tomar determinaciones. El camino debe ser claro: pasar de lo imaginario, lo retórico, de los amagues discursivos para alcanzar las soluciones concretas en términos económicos y sociales, con la firmeza que eso implica, incluso cuando la exigencia viene de actores con el poder de la talla del FMI.

En particular, la provincia de Buenos Aires tuvo más de 6 por ciento de votos blancos, nulos o recurridos, además de un potencial 8 por ciento de personas que no concurrieron a votar y lo harán en las generales. Quedan dos meses de campaña electoral y también dos años más para gobernar. Un golpe de timón está a tiempo.

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Por Álvaro Álvarez* | Foto de Leo Crovetto

En las últimas semanas, dos iniciativas políticas reactivaron el debate sobre la soberanía nacional en el transporte de cargas. Una fue la publicación del Decreto 427, sancionado en 2021, que encomienda a la Administración General de Puertos la conducción, durante un año, del proceso de cobro de peajes y mantenimiento del dragado del Río Paraná, el cual se encuentra en una situación ambiental crítica por un bajo caudal, problema agudizado por las tareas de redragado que realizó Jan De Nul, la anterior concesionaria belga, para garantizar la circulación de cargas. Luego de este plazo el gobierno debe poner en funcionamiento un programa integral que aún está por definirse y que versa entre nuevas concesiones o un rol más activo del Estado en la operación fluvial.

La otra iniciativa fue que el Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 211, rechazó el pedido de prórroga contractual de las empresas Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca. El servicio quedará en manos de la empresa pública Trenes Argentinos Cargas en la etapa de transición hasta diseñar un nuevo esquema de funcionamiento.

Estas medidas podrían representar un cambio significativo en el sistema de transporte que se fue imponiendo desde los años 90 en la Argentina, una condición indispensable para discutir un modelo productivo hiperprimarizado y transnacionalizado.

Contexto

Argentina se encuentra geográficamente alejada de los principales centros de producción y consumo y de las rutas troncales del comercio internacional. La franja norecuatorial, por donde circula casi el 90% del comercio mundial, es un corredor lejano que obliga a nuestro país a optimizar la eficiencia técnica en la circulación para reducir costos y tiempos de transporte.

En la actualidad, la acelerada expansión de las relaciones capitalistas, apoyada en un gran proceso de cambio tecnológico que abre nuevas vías para la valorización del capital mediante la innovación de las formas de producción, circulación y distribución de mercancías a escalas geográficas cada vez mayores, genera una nueva etapa caracterizada por el dominio de tres regiones geográficas (Asia, EE.UU. y Europa), que concentran el 85,6% de la exportaciones y el 87,3% de las importaciones del comercio mundial.

En este contexto de concentración del comercio internacional y necesidad de optimización en la circulación, los corredores bioceánicos, la multimodalidad y la reconversión logística son las características centrales de la estrategia de transporte seguida por el país, en el marco de proyectos de escala continental. Desde el año 2000 esa estrategia estuvo contenida en el marco de la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un proyecto de interconexión física que reordenó verticalmente la región en 10 corredores multinacionales y multimodales, buscando, sobre todo, la circulación bioceánica. La IIRSA fue diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y llegó a comprender casi 600 megaproyectos de infraestructura por un total de 198 mil millones de dólares.

En un contexto de guerra comercial entre EE.UU. y China, y de profundización de la reprimarización y el extractivismo, la IIRSA empieza a ser disputada por otras iniciativas de interconexión global de infraestructura, como la Nueva Ruta de la Seda anunciada por el gigante asiático en el año 2013.

La infraestructura es para China un fuerte dispositivo de intervención territorial en América Latina para la apropiación de los recursos que considera estratégicos en su desarrollo industrial. En la primera reunión ministerial de la CELAC y China, en el año 2015, el presidente Xi Jinping anunció que su país invertiría en una década 250 mil millones de dólares en la región, sobre todo en infraestructura de transporte y energía.

En este contexto, cómo generar una estrategia de transporte soberana, con un mayor control del Estado y que este centrada en las demandas de integración territorial, es una pregunta nodal a la hora de repensar el modelo.

Desregular la circulación y privatizar la infraestructura: La utopía del agronegocio

Desde los años 90, bajo la hegemonía del modelo neoliberal, en la región en general y en Argentina en particular, tres procesos se fueron dando en paralelo en relación a la política de transporte. En primer lugar, la privatización y transnacionalización de la infraestructura instalada, fuertemente evidenciable en el ferrocarril y en los puertos, pero también en las aerolíneas, en las autopistas, en la flota mercante. Es decir, se avanzó en la entrega a capitales privados de la infraestructura construida por el Estado.

En segundo lugar, sobre todo desde los años 2000, se da un aumento de la circulación a gran escala, sobre todo de cargas granarias y minerales, en formaciones ferroviarias, camiones e hidrovía y un déficit en la inversión que generó la destrucción de la infraestructura instalada: rutas, vías, infraestructura portuaria, etc.

En tercer lugar, la planificación de la infraestructura deja de tener escala nacional. El Estado se transforma en garante de la construcción de una infraestructura diseñada por instituciones regionales de crédito -centralmente el BID, la CAF y el FONPLATA, que son el comité de coordinación técnica de IIRSA- y se endeuda para construir sistemas de transportes acordes a las necesidades de los actores más concentrados de la economía.

¿Cómo se fue dando este proceso?

El Congreso de la Nación sancionó dos leyes bisagras en la historia Argentina: la ley 23.696 y ley 23.697 de Reforma del Estado y Emergencia Económica, respectivamente. La reforma del Estado habilitó, a partir de declarar el estado de emergencia de la prestación de los servicios públicos, las privatizaciones y la participación del capital privado en las empresas públicas. Para avanzar con las privatizaciones, la ley 23.696 dispone la intervención de todos los organismos, empresas y sociedades estatales. En el caso de los ferrocarriles, en lo referente a transporte de pasajeros, carga, infraestructura o servicios, dispone un proceso concesionario que inició el desguace del ferrocarril de cargas en la Argentina, acompañado de la privatización de una de las rutas fluviales más importantes de América Latina, el Río Paraná.

La dimensión material y simbólica que transformó a los Ríos Paraná y Paraguay en una autopista fluvial, en una hidrovía, se fue gestando, durante el periodo de desregulación y liberalización neoliberal, mediante cuatro movimientos normativos:

El primero fue la Ley 23.696 de Reforma del Estado, la cual dispone la provincialización, concesión y privatización de todos los puertos nacionales. Mediante el decreto 817/92 de desregulación portuaria se disolvió la Capitanía General de Puertos y se declaró la liquidación de la Administración General de Puertos.

El segundo se dio pocos años después con la concesión del dragado y balizamiento del rio Paraná, a través del decreto 253/95, a la empresa Hidrovía S.A, sociedad integrada por la nacional EMEPA y la dragadora transnacional belga Jan De Nul. Esta concesión fue prolongada en reiteradas oportunidades hasta la actualidad.

El tercer movimiento fue la desaparición de la empresa pública Líneas Marítimas Argentinas y el desmantelamiento de la flota estatal que pasó de ser una de las más importantes de la región y la quinta del mundo a la completa extranjerización del tráfico fluvial argentino en la actualidad.

El cuarto se dio con el desmembramiento de la Junta Nacional de Granos, que participaba del control de algunos puertos, y la resolución 167, del 25 de marzo de 1996, en la que el entonces Secretario de Agricultura y actual Canciller, Felipe Solá, autorizó la producción y comercialización de soja transgénica, con uso de glifosato. En tren, en camión o barco, el avance de la frontera del agronegocio necesitó la reconversión de la infraestructura acorde a las demandas del comercio internacional.

Cambio de época o continuidad del modelo

Estamos en un nuevo momento bisagra en la historia nacional. Recuperar el control sobre la infraestructura de transporte y sobre las rutas fluviales es un paso imprescindible para recuperar la soberanía que se fue erosionando desde el inicio del ciclo neoliberal. Las políticas públicas, en este contexto, se ven condicionadas por la tensión manifiesta entre actores sociales y políticos que pregonan no volver a los 90 y las corporaciones extractivistas y sus aliados políticos que no resignan los beneficios obtenidos durante tres décadas.

Los resultados de la gestión neoliberal en materia de circulación son evidentes: destrucción ambiental, desinversión y cuantiosos beneficios para las corporaciones.

Partiendo de este diagnóstico, el lunes 28 de junio el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera,  rechazó mediante una resolución la prórroga de las concesiones ferroviarias de las líneas de carga Sarmiento, Mitre y Roca, tras 30 años de administración con balance negativo. En una primera instancia, a partir de 2022, la empresa Trenes Argentinos Cargas pasará a estar a cargo de las operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura estará a cargo de la administración de la infraestructura ferroviaria y de la totalidad de los bienes.

Repensar el sistema ferroviario en Argentina implica, sin dudas, rearticular el territorio nacional en función de demandas que no sean sólo las agroexportadoras. No alcanza con hacer las obras que las privadas no hicieron, pensar el territorio de manera integral implica mirarlo en múltiples dimensiones y escalas, darle lugar a las dinámicas exportadoras sin desarticular las dinámicas y necesidades locales, de actores nacionales con fuerte incidencia en la producción y la generación de trabajo y en la preservación ambiental (pequeñas y medianas empresas, cooperativas, pequeños y mediano productores agrícolas, etc.).

Una situación similar se da en relación a la “Hidrovía Paraguay-Paraná”. La pretensión de recuperar la soberanía no se agota en el cobro del peaje y en la supervisión de cargas, aspecto central pero insuficiente si miramos a la Cuenca del Plata.

La reivindicación del control comercial es un excelente primer paso que debe estar en equilibrio con las demandas y necesidades de otros actores. Una “hidrovía” bajo control estatal podría sentar las bases para la construcción de una empresa pública de dragado y balizamiento o fortalecer las empresas nacionales privadas que podrían realizar esa tarea. También se podría caminar hacia la recuperación de una marina mercante, revitalizar los astilleros y generar un enorme caudal de puestos de trabajo pero todo esto no puede darse a expensas de la naturaleza y la consolidación de un modelo de despojo.

La crisis ecosistémica en la Cuenca del Plata es de dimensiones incalculables. Primero, porque no hay estudios de impacto ambiental que sean integrales. Segundo, por el carácter sistémico de la cuenca que hace que una decisión concreta, como puede ser el sobredragado del rio, afecte a todo el sistema. La bajante histórica del Paraná, generada fundamentalmente por la gran deforestación que demanda el agronegocio en el noreste argentino, en el Paraguay y en el Mato Groso, ha sido afrontada por las grandes corporaciones exigiendo un aumento en el dragado. Ese sobredragado profundiza la vía troncal para permitir la navegación pero desprotege los valles de inundación, disecando aún más los humedales. Este círculo de la destrucción sólo es posible frenarlo con políticas decisivas de control en el corto plazo y con la mirada atenta al cambio de modelo, porque por el límite de la destrucción ambiental ya estamos transitando. El futuro ya llegó.

*Doctor en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata, Máster en Ciencias Sociales y Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Miembro del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la UNCPBA.

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Álvaro Álvarez (1)

En los últimos meses ha tomado estado público el vencimiento de la concesión por el dragado, balizamiento, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal, comprendida entre el kilómetro 1238 del río Paraná (Confluencia) hasta las aguas profundas naturales del Río de la Plata a la altura del kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio. Esta concesión la detentan desde hace 25 años el consorcio Hidrovías S.A, conformado por la empresa nacional EMEPA junto con la dragadora belga Jan de Nul. 

El 28 de agosto del 2020 se firmó en Santa Fe el Acuerdo Federal de la Hidrovía, que contempla la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado con una participación del 51% por parte del Estado Nacional y un 49% divido en 7 provincias (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) y la creación de un Consejo Federal donde cada sector participaría de un foro de debate y diseño estratégico de la política fluvial. Sin embargo, el 26 de noviembre, el Ejecutivo firmó el decreto el Decreto 949/2020 que contradice el Acuerdo Federal y establece en su primer artículo que “delega en el Ministerio de Transporte la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de obra pública por peaje”. El 30 de abril del 2021 se anunció la prórroga por 90 días de la concesión, plazo necesario para la apertura de una nueva licitación alejándose en apariencia la posibilidad de recuperar el control estatal sobre una vía fluvial nodal para nuestro país y para los cinco países que componen la Cuenca del Plata.

La hidrovía es una arteria fluvial de circulación que tiene 3.400 km de extensión con diferentes niveles de profundidad, encontrándose la denominada vía ultramarina –con capacidad de ingreso de buques de gran porte- en el tramo argentino, desde Santa Fe en el kilómetro 584 hasta su desembocadura en el estuario del Plata. Esta extensa ruta fluvial es parte del sistema de la Cuenca del Plata, atraviesa en su prolongado trayecto ecosistemas diversos y requiere de un cuidadoso manejo para que su funcionamiento no genere impactos ambientales negativos en territorios con equilibrios frágiles.

La Cuenca del Plata constituye casi el 20% del territorio de Sudamérica. Pese a la diversidad de usos que se desarrollan sobre la misma su carácter de vía de transito fluvial para las producciones primarizadas es el que cobra mayor notoriedad, en el actual contexto, subsumiendo a actividades que son esenciales para la reproducción material y cultural de los pueblos. 

Por la denominada hidrovía se comercializan aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales, sobre todo cargas granarias, que pagan una tarifa de 3 dólares por tonelada. Circulan anualmente casi 5000 embarcaciones que transportan entre 120 y 150 millones de toneladas. Pese a esta relevancia económica y comercial, casi la totalidad de los puertos ubicados en el rio Paraná sobre todo en las inmediaciones de Rosario, donde llegan un millón y medio de camiones y 250.000 vagones ferroviarios por año, están en manos extranjeras manejados por empresas norteamericanas, chinas, inglesas, francesas y suizas. Esto, sumado a la inexistencia de una flota mercante de bandera nacional y a las endebles supervisiones de cargas (legales e ilegales), debilita el control soberano sobre las operaciones portuarias y la circulación.

El éxito de la Hidrovía

La concesión del dragado y balizamiento del rio Paraná fue otorgada por el menemismo en el año 1995, a través del decreto 253/95 y en el marco del proceso de privatización de las cuencas navegables en la Argentina a la empresa Hidrovía S.A, sociedad integrada por la nacional EMEPA y la dragadora transnacional belga Jan de Nul, previa disolución de la Administración General de Puertos. Esta concesión fue prolongada en reiteradas oportunidades hasta la actualidad dada la eficiencia de la tarea realizada, en relación a los fines estratégicos proyectados en el uso del río Paraná, que consiste en posibilitar la expansión de la frontera del agronegocio disminuyendo costos y tiempos de circulación y minimizando el control estatal.

Este proceso de entrega de los ríos navegables de la Argentina fue ratificado, en el mismo contexto de gestión neoliberal del Estado, con la desaparición de la empresa pública Líneas Marítimas Argentinas y el desmantelamiento de la flota estatal. Como plantean Bárbara Solernou y Rodolfo Pablo Treber “Hasta 1954, la Flota Mercante Argentina era la más grande de la Patria Grande (superando a Brasil) y la quinta más importante a nivel mundial, considerando porte bruto transportado y tecnología aplicada. Llegó a contar con más de 160 buques con una población y comercio considerablemente inferiores a los de cuatro décadas más tarde. Sin embargo, al 1º de enero de 1992 solo quedaban bajo bandera argentina 82 buques, diez años después solamente 19 barcos. Hoy, la totalidad de los fletes que transportan las mercaderías de nuestro comercio exterior, son realizados por buques extranjeros”[i]

El desmembramiento de la Junta Nacional de Granos que participaba del control de algunos puertos profundizaría el camino de desregulación y abandono de una estrategia comercial soberana por parte del Estado. Pero este cambio de modelo termina de concretarse definitivamente el 25 de marzo de 1996 cuando el entonces Secretario de Agricultura y actual Canciller, Felipe Solá, aprueba la resolución 167 que autoriza la producción y comercialización de soja transgénica, con uso de glifosato. Fue entonces cuando el rio Paraná se transformó en el imaginario político y en la práctica comercial definitivamente en una hidrovía que comenzó a cumplir una función análoga a la que desarrollara el ferrocarril desde el último tercio del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX: facilitar la expansión de la frontera agropecuaria y ser vía de tránsito de bajo costo.

Los números son contundentes, hasta el año 1995 la profundidad de las vías navegables desde Puerto General San Martín al Océano era de 26 pies, y en ocasiones podía ser menor a 22 pies. Luego de una década de concesión se llevó el calado a 34 pies lo que obliga a un dragado anual permanente en promedio de entre 30 y 33 millones de metros cúbicos de sedimentos. Este proceso, de gran intervención sobre el medio físico, fue acompañando la expansión de la superficie agrícola cultivada de un total de 16,8 millones de hectáreas, con una producción de 35,5 millones de toneladas en 1990, a 40 millones de hectáreas aproximadamente con 147 millones de toneladas cosechadas en el año 2019.

La expansión espacial y el aumento de la productividad, junto a la superentabilidad de las grandes corporaciones del agronegocio, no serían viables sin esta optimización de la circulación fluvial y del transporte. En la actualidad está autorizada la navegación de convoyes de barcazas de 290 por 60 metros con un volumen de carga de 24.000 toneladas, entre San Lorenzo (Argentina) y Nueva Palmira (Uruguay), esto equivale al volumen transportado por 20 trenes de 40 vagones, o a 960 camiones con 25 toneladas cada uno.

Territorios en disputa

La futura licitación del Sistema de Navegación Troncal abre un escenario de disputas muy significativo para la estrategia productiva argentina. Las corporaciones consideran que la coyuntura ofrece una extraordinaria oportunidad para modernizar la gestión de la navegación, pero sin cambios significativos en los actores. El objetivo de las empresas es lograr que las profundidades optimas de circulación se encuentren disponibles a lo largo de todo el sistema de manera constante. En tal sentido, desde la primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía –creado por el gobierno de Alberto Fernández con la resolución 307/2020 en diciembre del 2020-  se planteó alcanzar los 40 pies de calado para facilitar la circulación y la consecuente expansión de las tierras para el agronegocio. Es pertinente entonces preguntarnos cuál sería el impacto de estas transformaciones.

En un estudio de la CEPAL, realizado por Sánchez, Sánchez y Saade (2017)[ii],  se analiza el modelo  de  producción  agrícola  en  Argentina -centrado en el maíz, trigo y soja- a fin de cuantificar el impacto que tiene un pie adicional de profundidad en la hidrovía sobre la producción total. El informe concluye que, en condiciones estables, atendiendo a múltiples factores con poca variación, cada pie adicional de profundización de la vía navegable generaría las condiciones de posibilidad para un incremento promedio del 6% anual en la producción durante al menos 20 años.

¿Cómo se soportará eco-sistémicamente ese posible crecimiento? ¿Hacia qué territorios avanzará la frontera del agronegocio? ¿Qué impactos tendrá sobre el río Paraná teniendo en cuenta que llevar de 34 a 40 pies el calado traerá un aumento del tránsito de buques, más zonas de cruces y probables cambios en las costas y barrancas?

En este contexto el debate político, y académico, sobre el control de los ríos navegables más importantes de nuestro país transita por diversos carriles en estos meses.

En el plano simbólico algunos actores proponen dejar de llamar hidrovía a los ríos. Aspecto central porque sabemos que quien nombra le da sentido a las cosas, pero ese debate no puede darse desvinculado de una problematización más amplia que permita desentramar el complejo articulado de intereses en la apropiación de los bienes comunes y la expansión del extractivismo. En efecto el río Paraná cumplió en estos 25 años, para la inserción de una economía nacional hiperprimarizada en el comercio internacional, una función hidroviaria que ha generado enormes impactos en múltiples dimensiones y ese no es un problema solamente semántico.

En este sentido, en otro plano, pero articulado a lo anterior, se desarrolla la discusión sobre el control soberano de los flujos (qué sale) y los fijos (por dónde sale). El contexto actual, de vencimiento de la concesión y súper rentabilidad del agronegocio, abre un escenario propicio para iniciar un proceso de recuperación del control sobre los principales puertos, poner en marcha una flota de bandera, controlar la operación de las vías fluviales, así como hacer efectivo el Canal de Magdalena para que la producción nacional no tenga que salir por el Puerto de Montevideo.

En esta discusión sobre la soberanía comercial y económica, por un lado, están quienes advierten que el régimen de Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Hidrovia S.A le ha hecho perder millones a la Argentina y no es acertado abrir una nueva licitación. Carlos del Frade argumenta que con la falta de control de los puertos privados la perdida asciende a 10 mil millones de dólares, para Alcira Argumedo si se le suma el contrabando la pérdida es de 30 mil millones de dólares al año. Por otro lado, están quienes sostienen la ineficiencia técnica del Estado para realizar las tareas necesarias para el funcionamiento inmediato de la Hidrovía y la necesidad de renovar la concesión con las miras puestas en la mejora del servicio y la reducción de costos de circulación para las empresas. Argumentación que contrasta con la existencia real de dragas y embarcaciones nacionales que podrían utilizarse para la operación, algunas de las cuales son alquiladas en la actualidad por Jan de Nul para esta tarea.

En este marco, donde en el discurso hegemónico el debate es “más o menos intervención estatal”, la discusión más solapada de todas tiene que ver con el conflicto por los usos del espacio geográfico, al menos en el debate oficial, en el Consejo Federal y en los grandes medios. Los movimientos sociales, asambleas, colectivos y colectivas ambientalistas son la voz que interpela sobre los impactos sociales y ambientales de 25 años de desregulación y descontrol en la navegación de los ríos en la Argentina que sirvieron a la expansión de un modelo altamente concentrado, de despojo y destrucción.

En la campaña récord del 2018/19 el ranking de empresas agroexportadoras por volumen vendido para los principales complejos agroindustriales lo encabeza la empresa china COFCO, con 15% de las operaciones. Le siguieron Cargill con 12%, ADM con 11,2%, Bunge 9% (las tres norteamericanas) y AGD, 8,7% (consorcio nacional). Es decir, de las 5 principales exportadoras 4 son transnacionales y concentran el 60% de las exportaciones.

Paralelamente a esta hipertrofia de la concentración y extranjerización el costo de la expansión se materializa en pueblos fumigados, ríos envenenados, enfermedades, éxodo del campo a la ciudad, intentos de desalojo y desplazamientos por grandes obras de infraestructura, contaminación en los complejos portuarios y en las grandes ciudades-puerto, incendios y quemas generalizadas, deforestación y sequías, pérdidas en la fertilidad del suelo y violencias en múltiples formas. Estos son sólo algunos de los efectos directos e indirectos de un modelo que si no se discute, rediscute y transforma profundamente, imposibilita cualquier debate real sobre la defensa de la soberanía en nuestro país y en toda América Latina.

[1]Doctor en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata, Máster en Ciencias Sociales y Licenciado en relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Miembro del Instituto de Geografía Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la UNCPBA.

[i]      Ver: Solernou Bárbara y Treber Rodolfo (14 de noviembre del 2020), “La soberanía o la dependencia de la Patria tienen un origen común: el mar” en: https://www.elciudadanoweb.com/la-soberania-o-la-dependencia-de-la-patria-tienen-un-origen-comun-el-mar/

[ii]     Ver: Sánchez,  R.,  Sánchez,  S.  y  Saade,  M.  (2017),  “La  relación  entre la infraestructura y el desarrollo”. CEPAL, Naciones Unidas.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

El problema habitacional en la Argentina es basto y extendido. Millones de personas a lo largo y ancho del territorio nacional se ven afectadas por la inexistencia de posibilidades concretas de alcanzar la vivienda propia, conviven con condiciones desiguales y depredadoras para sostener alquileres o incluso viven en condiciones de suma marginalidad.

Sobre este escenario y frente al vencimiento del DNU que prohibía los desalojos, hablamos con Luna Miguens del CELS, en el programa de radio Antes que se acabe el mundo, que se emite todos los jueves a las 19 hs en Trilce Radio

¿Cuál era su alcance real del DNU? Precisamente de las personas que necesitaban de esto en términos legales, sabemos que hay sectores que se encuentran en una situación habitacional muy vulnerable viviendo en villas o asentamientos, casas ocupadas. ¿Cuál era el escenario en el que se encontraban estas personas?

Efectivamente, el DNU si bien es algo que alcanza a toda relación de alquiler, tenga o no un papel firmado; es decir con tan solo demostrar que una tenía una relación de locador – locatario, en los hechos se terminó aplicando efectivamente en aquellos que sí tenían un contacto por escrito. Hemos visto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desalojos en La Boca, Boedo. Los desalojos “formales” que continuaron con intervención de la policía y desalojos “informales” de quienes no han podido pagar su alquiler, en una relación más informal con su locador y han sido desalojados/as de su casa sin poder recurrir a una instancia de reclamo porque consideraban que al no ser formal la relación, no estaba amparados/as por el decreto, cosa que no era así y hubiese estado bueno difundir más el alcance del DNU que también protegía a las relaciones de locador – locatario que no tenían un contrato firmado por escrito.

En ese contexto, con algunos problemas que ya teníamos en el marco regulatorio del DNU, actualmente ¿Cuál es el riesgo a lo que estas personas se exponen a partir de la posibilidad de que vuelvan los desalojos amparados por el marco legal?

El DNU 320/2020 era un decreto muy importante en términos de protección. Por un lado, la suspensión del desalojo que garantiza que nadie se quede sin una vivienda en este contexto de pandemia, cosa que es esencial; y por otro lado la renovación automática de los contratos, que nadie tenga que salir a buscar una vivienda y afrontar el costo de una mudanza y demás en este contexto de pandemia. Después, el decreto no es que congelaba los alquileres, sino que difería el pago de los aumentos después de vencido el decreto. Es decir, el pago del alquiler a valor Marzo 2020 había que seguir pagándolo igual. Los aumentos que correspondían de Marzo en adelante, se podían pagar una vez vencido el decreto, dentro de un plazo de 12 meses. Esto es lo que empezó a correr ahora a partir de principios de Abril.

Es decir, generaba una deuda

Así es, generaba una deuda. Y los niveles de endeudamiento de los inquilinos son altísimos. Por eso nosotros y nosotras creemos que no están dadas las condiciones en este momento para sacar de un día para el otro todas las protecciones, para evitar que millones de personas, millones de hogares de inquilinos tengan que enfrentarse repentinamente a el pago de un alquiler actualizado más las deudas contraídas, en algunos casos con intereses porque las personas que no pudieron pagar el valor de Marzo 2020 (no los aumentos, sino el costo inicial), eso se puede devolver en 12 meses con intereses y también está el costo de una mudanza. Todos/as sabemos que son altísimos. Nuevos alquileres y el hecho de mudarse hoy, es caro. La realidad de millones de hogares de inquilinos que tienen que hacer frente a ese acumulado de gastos lleva a que algunas familias tengan que vivir con otros familiares, lo cual genera más hacinamiento. O irse a alquilar alguna habitación o pensión, o casa de asentamiento con malas condiciones habitacionales, y esto hay que pensarlo también desde lo sanitario, tampoco contribuye en términos del combate a los contagios y a la situación de pandemia y de medidas preventivas básicas.

Existe la nueva ley de alquileres, impulsada por la Agrupación Inquilinos/as Agrupados/as junto a otras organizaciones y organismos. ¿Tiene alguna contemplación o resolución para este tipo de problemas que mencionas?

La ley mejora algunas relaciones entre locador y locatario a la hora de ingresar a un contrato, donde el inquilino/a no se ve forzado a negociar por ejemplo los aumentos de manera libre con el propietario en esa relación asimétrica. Siempre es muy difícil en esa negociación libre, sino que queda atado a un índice lo que le da más previsibilidad a ambas partes, extiende el contrato por 3 años, lo que es favorable también para el inquilino. Después sí, quizás a mediano plazo la ley de alquileres dispone que debe haber un programa de alquiler social, la construcción de viviendas sociales que no sean solo para futuros propietarios y propietarias sino también destinadas a inquilinos e inquilinas y eso puede ayudar. Si el Estado logra ingresar como un actor en el mercado de alquileres puede incidir de alguna manera en los precios. Es importante que el Estado se convierta en un actor activo en ese mercado que hoy está totalmente desregulado y librado a las relaciones entre propietarios/as e inquilinos/as que hace que sea un mercado muy difícil de orientar y manejar, de hecho lo vimos en cómo fue la ley de alquileres. Bueno, es un objetivo de horizonte de mediano – largo plazo.

Actualmente, el Estado ¿Cuenta con herramientas de intervención en los alquileres, precios, regulaciones?

En los precios no. Si en los aumentos, lo cual en algún punto lo es, pero no el precio inicial.

Queremos detenernos en la informalidad. Es decir, alquileres en villas o asentamientos, las viviendas que están vacías y no hay disponibilidad para las familias que tienen una necesidad.  En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablamos de mucha gente que está en esa condición, ¿La ley de alquileres tiene algún alcance sobre este sector?

Si, debiera. El problema es que si el Estado no sale a sancionar la ley y no sale convertir los marcos normativos, ni defenderlos, ni difundir los alcances de esas protecciones que genera, disponer mecanismos de denuncia… Por ejemplo, en Argentina tenemos 1.700.000 hogares de inquilinos, hablamos de 7.000.000 de personas y el Estado no tiene una ventanilla para atender los reclamos de esa población, reclamos asociados a su lugar de inquilinos. Eso es una cuenta pendiente, no es solamente una ley. Es una ley más una serie de medidas y políticas de respaldo a esa ley y esas protecciones.

Y con respecto a los recursos,  toda la relevación presupuestaria que eso conlleva para llevarlo adelante. Gracias al alquiler social, entre otras cosas, para poder contar con una regulación dentro del mercado inmobiliario.

Si, recursos que hacen que se pueda garantizar un bien básico como lo es la vivienda. Así como se garantiza la salud, la educación, la vivienda es uno de esos núcleos esenciales que sin eso no se puede reproducir la propia vida, ¿Qué decir? Salud, educación, vivienda, alimentos. Es un núcleo esencial de derechos sin los cuales uno no puede mantenerse en vida.

En la Ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos, por un lado, más de 300.000 personas que viven en villas o asentamientos y más de 10.000 en condición de indigencia, y por otro lado, 30% de las viviendas ociosas volcadas a la especulación inmobiliaria, sumado al dato que mencionaste, preocupante, a nivel nacional. Teniendo en cuenta que algunos países tienen fuertes regulaciones sobre estas viviendas ociosas y los valores de alquileres como Francia, Alemania. ¿Qué alternativas consideran viables para poder terminar con la situación de angustia de millones de personas que no acceden a la vivienda propia o deben hacer esfuerzos excesivos todos los meses para pagar el alquiler?

En CABA se da una situación paradójica. Tenemos la misma población que en los años 50, la construcción no para de crecer, basta con ir caminando por la ciudad para ver la cantidad de edificios que se están construyendo constantemente, y a la vez tenemos un déficit habitacional que crece todos los años. Hay algo que no está funcionando en términos de oferta y demanda. En términos de mercado e industria de la construcción. Hay un desacople de la situación habitacional y de lo que se está produciendo. Creemos que hace falta un Estado que no deje la situación habitacional y de vivienda en manos del mercado, del negocio inmobiliario. Hoy, donde se produce en la ciudad, qué tipo de vivienda se construye, dónde se construye, etc., está 100% orientado por el negocio inmobiliario.

Tenemos el caso emblemático de Costa Salguero por ejemplo que ahora está en discusión.

Exactamente. Ese es el eje rector de producción de la Ciudad de Buenos Aires, es la lógica en que se desarrolla nuestra ciudad. Hace falta un Estado que intervenga en ese proceso, que lo haga con incentivos y desincentivos para priorizar el derecho a la vivienda por sobre estos mecanismos o procesos de especulación, básicamente sobre el negocio inmobiliario.

Antes que se acabe el mundo se emite todos los jueves de 19 a 20 horas por Trilce Radio, con la conducción de Agustín Bontempo e Ignacio Marchini y la producción de Maru Waldhüter y Macarena Martínez.

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