Por Francisco Cantamutto / Fotos: ANRed

Entre los tantos aspectos que se discuten hoy en día en torno a la economía a nivel global está el problema de las deudas que, según el Instituto Internacional de Finanzas, triplican el PBI mundial. En particular, según lo revisó el FMI en un informe reciente, la deuda de los Estados alcanzó al PBI mundial. Esto significa que hay una gigantesca maquinaria funcionando que redistribuye la producción del mundo en favor de los acreedores.

Esto ha generado la interpretación de que la salida de la crisis de la pandemia va a arrastrar durante muchos años el problema de los pagos de la deuda. Aunque no se vea una cesación de pagos generalizada, y en la medida en que los Estados tengan que estar pagando los intereses y servicios de la deuda, van a contar con menos recursos para poder lidiar con las necesidades de invertir en garantizar los derechos de la población.

A nivel internacional, a lo largo de la pandemia, el FMI puso alrededor del 12% de su capacidad prestable a disposición para 87 países. En total, les prestó aproximadamente el doble de lo que puso a disposición para la Argentina de Cambiemos en el 2018. Ciertamente, no parece una gran cifra. Al mismo tiempo, ofreció alivio de deudas, es decir, condonación de deuda a 29 países muy pobres y endeudados. A esos países se les perdonó deuda por poco más de 700 millones de dólares, una cifra que no tiene ningún peso en la economía global.

¿Qué más hizo el FMI en la pandemia? Recientemente creo un fondo para financiar vacunas y algunos otros gastos ligados a la cuestión sanitaria. ¿Cuánto puso a disposición para este fondo? 50 mil millones de dólares, que es un poco menos que lo que le habilitó a la Argentina de Cambiemos en 2018. Además de esto, en coordinación con el Banco Mundial y el G20, creó una iniciativa de suspensión de los servicios de la deuda durante unos meses para generar el espacio fiscal a los Estados. 73 países del mundo podían entrar a esta iniciativa que fue prorrogada en varias ocasiones y actualmente está vigente hasta finales de este año.

De los 73 países, solamente 46 aceptaron entrar a la iniciativa ante la urgencia de dejar de pagar parte de estos fondos. ¿Por qué no todos aceptaron esta alternativa? Básicamente, porque no contemplaba al conjunto de los acreedores oficiales. Por ejemplo, no estaba coordinada la acción con China, que es el principal Estado prestamista a nivel mundial, pero tampoco contemplaba al funcionamiento del mercado financiero internacional. En la medida en que un país declaraba tener problemas financieros para pagar la deuda, las agencias de riesgo le bajaban la calificación y esto hacía que le resultara más caro tomar crédito en el mercado internacional. Es decir, a cualquier país de ingresos medianos llegar a declarar que tenía problemas financieros para entrar en esta iniciativa le podía crear más problemas que soluciones, de manera tal que muchos no recurrieron a esta iniciativa a pesar de necesitar aprovecharla.

Desde diferentes foros multilaterales y organismos se han planteado estas mismas críticas: la falta de contemplación de países de ingresos medios; la falta de un horizonte en la suspensión de servicios de un plazo largo que no sea prorrateado cada pocos meses; la falta de alivios reales de deuda para países fuera de un núcleo reducido de países pobres, pequeños y muy endeudados; la falta de consideración a los sobrecargos que se le imputan a los países por pedir prestado por encima de su cuota, algo que afecta en particular a la Argentina. El informe 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la agencia de la ONU destinada al análisis de los procesos de desarrollo, ya aclaraba estas mismas críticas, sugiriendo la creación de una agencia calificadora de riesgo a nivel internacional.

En este marco general, la iniciativa más fuerte del FMI para lidiar con la pandemia fue la aprobación, en agosto, de la emisión de los Derechos Especiales de Giro, que vendría a ser la moneda de reserva del FMI, solventada por las monedas fuertes que garantizan el sistema financiero internacional.

La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a 650 mil millones de dólares, la más grande de la historia del Fondo, se repartió según la participación accionaria de los países que son parte del mismo. De esta manera, un grupo de 40 países desarrollados recibieron dos terceras partes de la emisión. Muchos de estos países ya habían hecho sus propias emisiones en dólares y en euros y no necesitaban de los derechos especiales de giro y así lo hicieron saber. Es decir, la mayor parte de este paquete fue a países que declaraban no necesitarlo. El restante tercio se repartió entre 150 países de ingresos medios, medios bajos y bajos, quienes sí estaban requiriendo gran parte de estos derechos. De manera que esta emisión para proveer liquidez no se destinó prioritariamente a aquellos países que más la necesitaban.

Entre esos países está la Argentina, que tiene el 0,67% del capital accionario del FMI y recibió una cuota de derechos especiales de giro equivalente a eso: cerca de 4.334 millones de dólares. Estos derechos que llegaron por una ventana en septiembre, y empezaron a irse por la otra ventana para pagarle al propio FMI. De hecho, en la misma semana en que Alberto Fernández hablaba de “deudicidio” ante la Asamblea General de Naciones Unidas, se le pagaba al FMI un primer vencimiento por unos 1.880 millones de dólares. Se prevén otros dos pagos más antes de fin de año, que consumirían prácticamente todo lo que resta de esos Derechos Especiales de Giro recibidos. A pesar de que el Fondo dice que los derechos especiales entregados pueden ser usados libremente, al mismo tiempo demanda cobrar, obligando a la Argentina a hacer un malabar contable para devolverle lo que recibió apenas días atrás.

En este marco de contradicciones, el presidente Alberto Fernández declaró en su discurso en la ONU la existencia de una suerte de “deudicidio”. A buena hora que se reconoce la situación que  está atravesando no solo la Argentina, sino un conjunto de países de todo el mundo. En esa idea de “deudicidio” se contienen varias más, que forman parte una discusión más amplia y generalizada: la necesidad de una agencia calificadora multilateral, la necesidad de contemplar los problemas de países de ingresos medios, de ampliar en plazos y alcances las iniciativas de suspensión de los pagos y de alivio de la deuda.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández pidió que se tuvieran en cuenta los principios rectores aprobados en la propia ONU sobre la reestructuración de deudas soberanas. Estos ponen sobre la mesa la necesidad de contemplar los derechos humanos en la reestructuración, que sea compatible con la realización de nuestras condiciones de vida. En ese sentido, lo que hay presente es un llamado a reconstruir la institucionalidad vigente, de acuerdo al tono del discurso.

La última de las propuestas que hizo el Presidente tuvo que ver con considerar un posible canje de deuda por Acción Climática, algo que viene impulsando en distintos foros de manera sistemática la Argentina. Sobre esta última idea aún faltan precisiones, no solo en el discurso, sino en el debate general. En principio, aprovechando el acuerdo sobre la crisis climática vigente, el gobierno argentino estaría proponiendo realizar alguna especie de canje de los títulos de deuda o las acreencias en general por inversiones en materia de mitigación o adaptación al cambio climático.

En ese caso, los acreedores deberían aceptar financiar en parte estas inversiones, para lo cual algún tipo de prerrogativa estarían exigiendo. Quizás el antecedente más cercano para pensar este paralelo, según nos propuso la investigadora y docente Karina Forcinito, es las negociaciones que tuvieron lugar en lo que terminó siendo el Plan Brady. En esa oportunidad se les reconoció a los bonistas a valor nominal una deuda que tenía bajo valor real en el mercado y la posibilidad de ser canjeada por capital accionario en las privatizaciones. De todas maneras, sobre este aspecto faltan precisiones para elaborar.

Lo que es llamativo, que se mencionó en la Asamblea General de la ONU, tiene que ver con que no fue la Argentina sola quien se pronunció en relación a estos problemas. Al menos España, Colombia, Bolivia, Sri Lanka, México y Togo, son algunas de los países que se pronunciaron en favor de alguno de los aspectos señalados en el mismo discurso de Alberto Fernández, explicitando que se trata de un problema general el de la deuda. En un sentido semejante se expresó Antonio Guterres, Secretario General de la UNCTAD, en la 15ª apertura de sesiones del organismo. Concretamente, enfatizó la necesidad de redistribuir los DEG emitidos, ampliar las iniciativas de suspensión de pagos, así como los alivios de deuda, e involucrar a los acreedores privados en la solución.

Una alternativa que no ha sido explorada hasta el momento, al menos no en la diplomacia explícita, ha sido justamente reunirse con aquellos países que son deudores en el mundo y que requieren de soluciones coordinadas. La sola posibilidad de confluencia de países deudores es una amenaza fuerte que a  los acreedores en general no les resulta para nada gratificante. De hecho, en gran medida, este fue el resultado de las confluencias del consenso de Cartagena, del cual participó activamente Argentina durante la década de los 80. En aquel entonces, sin llegar a proponer un club de deudores, se propuso tener un marco común de negociación. Este solo hecho encendió todas las luces de alarma de los Estados y los acreedores privados, obligando o forzando a acelerar las tratativas antes que tener negociaciones coordinadas.

En aquel entonces, ese rol lo asumió el FMI bajo los preceptos de las ideas neoliberales, forzando a las reformas estructurales que conocimos. La idea de coordinar un club de países deudores, intercambiando información técnica, conocimientos, estrategias de negociación y, por qué no, la amenaza de cesación de pago coordinada, pondría a los acreedores realmente contra las cuerdas. Es una oportunidad única que la Argentina no está explorando.

La Argentina necesita enfatizar como estrategias de apalancamiento político tanto la cercanía con otros países deudores como la movilización social. Si la discusión queda reducida a un problema técnico, va a ser siempre bajo las reglas del Fondo y de los países acreedores. La movilización social podría ser una estrategia política de presión. Ese es un camino que debería, en lugar de denostarse, ponerse sobre la mesa de manera urgente, discutiendo la posibilidad de tener una quita con el Fondo, algo que no está prohibido en los estatutos y sobre lo cual no hay ningún privilegio real que pueda alegar el FMI.

No está de más insistir una vez más que la negociación de un nuevo acuerdo implica validar una operación ilegítima, cuestionada en su legalidad y en su carácter político. Por eso, desde la Autoconvocatoria con el Pago de la Deuda se insiste en que se detengan los pagos e investigue.

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini

¿Quiénes la toman y por qué motivo? ¿Quiénes la pagan y con qué recursos? ¿Por qué no se investiga y se discute ciertamente su legitimidad? Como contrapunto siempre hay sectores sociales que sí levantan esta línea y en concreto reclaman que ese dinero se use para paliar la pobreza que crece en una coyuntura sumamente compleja. 

En Antes que se acabe el mundo dialogamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y experto en el tema, autor de los libros “Deuda odiosa” y “Deuda externa de Ecuador”, para profundizar en la situación.

Escuchá la entrevista completa: 

https://ia801403.us.archive.org/28/items/a-olmos-gaona/A_OLMOS_GAONA.mp3

¿Se puede recuperar la economía de la pospandemia con esta deuda que pesa sobre nuestras cabezas? 

Yo te diría que lamentablemente la Argentina no puede pagar esta deuda. No puede pagar esta deuda con el fondo, no puede pagar la deuda con el Club de París, no puede pagar la deuda acordada el año pasado con los acreedores, o sea, en este momento la situación económica en Argentina es extremadamente difícil y las cuentas no dan. Yo no entiendo por qué se dice “Vamos a acordar un plazo” es decir, ¿De dónde va a salir la plata? Macri dejó una deuda de 323.000 millones de dólares, ahora la deuda es de 348.000 millones de dólares.

Entonces, se pagan intereses, se siguen pagando intereses, se sigue refinanciando la deuda, pero la deuda sigue, sigue, sigue. Sigue porque no se pueden pagar todos los intereses, entonces se acumulan al capital por anatocismo. En estas negociaciones con el fondo, yo supongo que el ministro de Economía Martín Guzmán tiene que plantear un plan, pero como el Presidente de la República dice que él no cree en los planes económicos, realmente no entiendo cuál va a ser la definición.

Por otro lado, ayer (por el miércoles) se pagaron 1.885 millones de dólares al fondo y la situación en la Argentina es extremadamente grave y eso ha sido un pago, me imagino como un acto de buena voluntad para que el gobierno siga negociando con el fondo, aunque yo personalmente, esto es muy subjetivo, creo que ya hay un acuerdo cerrado con el fondo, pero el Gobierno no quiere mostrarlo hasta después de las elecciones, porque el acuerdo con el fondo no va a ser un acuerdo a 20 años a 25, no. Lo máximo que da el fondo es lo que da siempre, 10 años y por otro lado, va a establecer ajustes y condicionalidades porque lo ha hecho invariablemente siempre y el que no conoce la historia del fondo puede mirar que nos va a dar otras alternativas. Se ve que se olvida lo que pasó con Grecia hace unos años, donde una situación extremadamente grave, al Fondo Monetario Internacional no le importó porque el problema es que el fondo de ahora es el mismo de siempre, ahora puede tener actitudes distintas, diría más benevolentes como ha hecho este reparto Especiales de Giro, pero el fondo tiene una forma de manejarse que la Argentina la ha vivido en los 28 acuerdos que celebró con el fondo, ¿Por qué ahora va a ser distinto?, ¿Por la pandemia? Si, por la pandemia puede haber ciertas flexibilidades para no pagar esos intereses de más que habría que pagar por el monto desmesurado del crédito que nos dio y por otro lado, a mi lo que me llama la atención es que el Gobierno no ponga énfasis en señalar las responsabilidades del fondo de darle a Argentina un préstamo que equivalía a 10 veces los derechos que tenía la Argentina en ese momento y, con una situación que cuando se lo dio, el fondo sabía que la Argentina no iba a poder pagar. 

Cuando yo analizo todas estas cuestiones y veo los documentos, que al final parece que nadie los lee, cuando en el año 2017 Luis Caputo emitió el bono a 100 años, en el implosur del bono, que es la advertencia que hace un país a los que van a comprar el bono, en 12 puntos mostraba lo que iba a pasar. Que la Argentina iba a tener conflictos sociales y una de las partes fundamentales del bono de la Argentina no iba a poder pagar sus ventas, el fondo ese mismo año en su informe el artículo cuarto muestra lo que estaba pasando con economía y dice lo que había que hacer: ajustes, restricciones laborales, acortar el gasto público, la receta permanente del FMI, ¿Por qué ahora el fondo va a ser distinto?

¿Cuáles serían las condiciones que buscarían imponer? En definitiva, sabían que era un acuerdo impagable, ¿Cuál es la intención, incidir en la política económica del país?

El fondo fue creado con un objetivo y por supuesto eso cambió totalmente. En los acuerdos que hace el fondo siempre pide ajuste fiscal, siempre pide modificación de legislación laboral, por entender que es restrictiva, restringir el empleo público y disminuir los gastos del Estado. Los datos del Estado significa que sí hay que hacer inversiones importantes para desarrollo, eso hay que acotarlo. Uno de los ejemplos de los acuerdos más importantes que hizo el fondo con Argentina fue en el año 1992, cuando se llevó el Plan Brady, es decir, en ese momento la Argentina reestructuró 32.000 millones de deuda y el FMI envió una comunicación reservada a la comunidad financiera internacional para que apoyara al gobierno de ese entonces, diciéndole que el gobierno se había comprometido a vender las empresas públicas, a modificar la legislación laboral, que era restrictiva para las empresas extranjeras y a privatizar el sistema jubilatorio. Entonces, en este momento, el fondo no puede pedir que se vendan las empresas públicas, porque ya se vendieron todas, pero sí puede plantear que haya ajustes en el sistema jubilatorio. En rigor ya los hubo, porque la ley que se firmó durante la época de Macri era mejor de la que está en vigencia, cualquier análisis económico lo demuestra categóricamente.

Por otro lado, el ministro Guzmán estableció un déficit del 4,5% en el presupuesto del 2021 y de acuerdo al planteo que le hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole “acá había una sustitución presupuestaria” ¿Qué pasa con la otra parte? Guzmán esto lo hace para quedar bien con el fondo, para mostrar que está tratando de constreñir el gasto público para que el déficit sea menor y, la divisa menor, eso significa que el fondo lo ve con buenos ojos. Ahora bien, ¿Qué pasa con el pueblo argentino? ¿Qué pasa con la gente que no tiene para comer? ¿Qué pasa con el índice de pobreza que ha crecido? Parece que el pueblo argentino, la gente, es un número. Es un número, es una variable eventualmente de ajuste. 

Entonces, yo me imagino que el fondo puede limitar un poco los intereses porque pedía cobrar más de los que finalmente cobra en razón del mundo, en el préstamo podía haber alguna limitación de eso, pero por supuesto primero va a pedir un plan muy concreto ¿Y cuál va a ser el plan? Eso es lo que yo no veo.

Por otro lado, si vos te fijas en el último presupuesto que acabo de empezar a leer, son más de 4.500 páginas, se habla de una inflación del 33%. En la página web del Banco Central hoy se habla de que la inflación va a ser más del 40%. ¿Qué pasa? ¿No hay coincidencia en lo que dice el Ministerio de Economía con lo que dice el Banco Central? Son cosas que sorprenden y muestran que indudablemente hay un gobierno que no funciona como debería.

En el mes de Marzo el Gobierno había anunciado que iba a denunciar al gabinete de Macri por endeudamiento, pero no dejamos de pagar por un lado y estamos viendo esta coyuntura, ¿Cuál es ese vínculo? 

Por un lado, la denuncia es una denuncia efectista sin ningún resultado y no solo fue la denuncia del gobierno. Fue la denuncia de Juan Grabois contra Nicolas Dujovne y Christine Lagarde, fue la denuncia de Claudio Lozano también contra los mismos, fueron recursos de amparo que hicieron un montón de abogados diciendo que no se habían seguido las normas de Procedimiento Administrativo para hacer el tema del pago. Esto es desconocer absolutamente lo que son los acuerdos con el fondo. 

Desde el punto de vista del procedimiento, el acuerdo de Macri con el fondo es exactamente igual al que firmó Néstor Kirchner en el 2003, es igual al acuerdo que firmó Carlos Menem y a todos los acuerdos anteriores desde el punto de vista del procedimiento. Siempre es el mismo porque así se maneja el fondo, no hay que establecer procedimientos especiales porque el fondo está exceptuando de esos procedimientos. Es una verdadera barbaridad, pero es lo que ha ocurrido siempre. Por otro lado, ¿Cómo se va a denunciar a Nicolás Dujovne que firmó el acuerdo con el fondo cuando Nicolás Dujovne, de acuerdo a la carta constitutiva del fondo, tiene inmunidades totales? No puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo porque era parte del fondo en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile y le corresponden todas las inmunidades. En estas cosas de las que se habla mucho pero se conoce poco, el Fondo Monetario Internacional, que es una barbaridad y ninguno de los 188 países que lo componen ha querido cambiar, tiene más inmunidades que un país soberano, no puede ser sometido a juicio como institución, no pueden ser imputados sus directores, ni sus gobernadores, ni sus operadores en cuanto hagan trabajo para el fondo. Tiene inmunidad de archivos, ningún tribunal de ninguna parte del mundo puede pedirle al fondo que muestre sus archivos, qué es lo que prepara, lo que no prepara. El fondo puede dañar impunemente a cualquier país que no pueda tocarlo en ninguna parte del mundo.

Entonces, se hace una denuncia trucha para salir en los diarios, que el jefe de la oficina de Anticorrupción después se sume al acuerdo del Tesoro, yo me imagino que se estarán riendo a carcajadas de la Argentina. No solo no resiste el menor análisis, sino que además todas las inmobiliarias del fondo están ratificadas por una convención internacional y lo que es terrible es que una institución como el fondo tenga esas prerrogativas y ningún país se haya animado nunca a cuestionarlas y a querer cambiarlas entonces.

¿Qué es lo que pasa? Denunciamos sin fundamento sabiendo que irá al archivo la denuncia, pero claro, en los diarios, en los grandes títulos “El Gobierno denunció en Fondo Monetario”.

Otro de los puntos claves de esto es ¿Qué pasó con la plata del fondo? Según el informe del Banco Central, durante la gestión macrista, se fugaron 86.000 millones de dólares. Si, se fugó la plata del fondo. Los responsables del gobierno de Macri dicen que la plata que vino del fondo sirvió para pagar deuda del gobierno anterior. Un fiscal amigo hace unos días decía los que hablan de esto de la que se la llevaron los amigos de Macri deben creer que los dólares del fondo vienen marcados con un sello del Fondo Monetario y que están los amigos de Macri con las valijas esperando para llevarlas. Es extremadamente grosero. Por otro lado la fuga no es delito y, además, se considera como fuga todos los capitales que se fueron. Los capitales que se fueron pueden haberse ido por revisión de utilidades de las empresas extranjeras, por compra de insumos de empresas que necesitan insumos extranjeros, por formación de activos y un señor que compró dos millones de dólares tiene todo el derecho porque no hay una norma legal que se le impida y ¿Por qué no hay una norma legal que lo impida? ¿Por qué hoy, año 2021, tenemos todavía leyes firmadas por Jorge Rafael Videla? Inversiones extranjeras, ley de sistema financiero. Leyes que fueron ratificadas por el Congreso Nacional en el 2014. Entonces tenemos que ir a las causas, no a las consecuencias. Si tenemos una estructura legal de la dictadura que sigue vigente, que los legisladores ratificaron en el 2014, no podemos quejarnos que haya fuga porque, ojo, en la fuga al lavado de activos que se van del país, hay dinero de la droga que también se va del país, pero hay otras, cuestiones legítimas, entonces no se puede englobar en lo mismo todo.

Yo creo que un auditoría en el Banco Central debería determinar exactamente, quién se llevó la plata, en concepto de que se la llevó ¿Por qué no lo hace el Banco Central? En el año 2001, las Comisión Investigadoras de la Cámara de Diputados hizo un informe demostrando que se habían fugado más de 30 mil millones de dólares, con nombre y apellido de todas las personas y todas las empresas que se habían llevado la plata, ¿Por qué eso no se hacía ahora? Serviría para determinar qué efectivamente la plata del fondo se la llevaron y entonces poder ir a la Corte de La Haya a través de una opinión consultiva y decirle “señores, el Fondo Monetario violó su carta constitutiva, porque el artículo sexto determina que cuando un país fuga el dinero que el fondo está prestando, el fondo debe advertirlo y si el fondo advierte y el gobierno no hace nada el fondo tiene que sancionarlo y cortar el flujo de fondos cosa que el fondo no hizo.

¿Cuál sería un escenario posible si se desconoce el pago de la deuda?

Yo creo que no habría ningún tipo de conmoción, como la oposición y las grandes empresas dicen, porque el fondo no va a ejecutar a la Argentina en un tribunal. Primero, no podría hacerlo y segundo, porque no lo va a hacer. Porque no es el sistema. El fondo va a seguir negociando, va a seguir apretando, va a seguir tratando de que la Argentina llegue a algún tipo de acuerdo y, eventualmente, si la Argentina tuviera una actitud de decisión política distinta, seguramente se podría obtener algún otro tipo de negociación. Lamentablemente, acá hay un gobierno que internamente tiene problemas y un Ministro de Economía que va a hacer con el fondo lo mismo que hicieron todos los ministros anteriores: un acuerdo de paciencias extendidas y reconociendo los intereses que se deben, porque se han pagado ahora 1.885 millones y se pagaron hace unos meses 400 millones. Se pagaron en plena pandemia, gravísima, el 3 de marzo, 320 millones de dólares al fondo. Si seguimos con esas pautas, dentro de este esquema, no hay solución que seguir negociando y pagando. Decirle “no” al Fondo sería una decisión soberana que quizás al Fondo lo haga reflexionar de lo que hizo con la Argentina, del préstamo inconsciente que hizo, de haber tratado de favorecer al gobierno de Macri para sostenerlo porque se estaba cayendo. Eso sería un llamado de atención, además de tener un recurso para ir a la Corte a apelar la carta consultiva, pero parece que esas no son las posibilidades que el gobierno en este momento está pensando muy bien. 

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Por Francisco Cantamutto

En el caso de nuestro país, el neoliberalismo vernáculo suele insistir con que se cobran demasiados impuestos, sin embargo si uno mira la presión tributaria total en Argentina no alcanza al 29%. Economías de ingresos medios y altos como as nucleadas en la OCDE muestran en cambio una presión total del 34,4%. Incluso Brasil, una economía vecina, tiene una presión total del 33%. Es decir, no se cobran demasiados impuestos.

Pero no solo esto. Además, los impuestos que se cobran son sumamente regresivos. Al peso central que tiene el IVA, debe reconocerse como se sabe, que lo paga tanto quien compra un paquete de fideos como un sache de leche. En cambio los impuestos a los ingresos personales en Argentina pagan la tasa máxima de 35% mientras que en países como los de Europa esta tasa oscila que entre 40 y el 55% pero lo que es más importante, en el caso del impuesto más progresivo al que apunta no son los sectores de la izquierda si no la heterodoxia progresista mundial como Thomas Piketty, Branko Milanovic o el Nobel Joseph Stiglitz, son impuestos que apuntan al patrimonio.

En ese sentido el impuesto que corresponde en la Argentina es el impuesto a bienes personales. Este impuesto venía recaudando cerca del 1,3% de los recursos tributarios totales. A partir de la reforma de 2016, en la ley ómnibus que incluyó el blanqueo, ese peso pasó a ser el 0,5% de los recursos tributarios totales, es decir, la nada misma. Entonces cuando se piensa en una redistribución progresiva, este impuesto que es el que realmente pesa, no tiene casi ningún tipo injerencia en la Argentina. Nuestro país carece además de un impuesto serio a la herencia.

Por si todo esto fuera poco, no puede dejar de señalarse que toda la recaudación se basa en la declaración de valores fiscales que no solamente que está subdeclarado y subregistrado de manera generalizada y esto es un dato conocido, sino que además los sectores de mayor poder adquisitivo poseen toda una ingeniería especializada en las formas de eludir y evadir impuestos,  para lo cual contratan costosos estudios jurídicos y contables que les permitan hacerlo dentro de los márgenes que la ley le permite.

El punto con la reducción hecha por Macri es importante porque no solamente entonces que la contribución extraordinaria ayude a paliar necesidades fiscales del momento ligadas a la pandemia, supone una reparación al mismo tiempo del enriquecimiento producido por la reducción de impuestos que hizo el gobierno de Cambiemos. Es decir, esta contribución recauda parte de lo que se les permitió acumular a estos sectores de altos ingresos durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos. En ese sentido más que una quita de lo ganado por el propio esfuerzo, sería una recomposición de lo donado por el poder político.

Es muy importante tener esto presente porque en la medida en que el gobierno de Cambiemos  quitó instrumentos de recaudación, no solo por la reducción de este impuesto, que como señalamos es pequeño, sino por rebajas en los derechos de exportación y otra serie de rebajas tributarias, facilitó el discurso que fomentó la toma de deuda para financiar el déficit. Ahora bien, esta misma deuda qué es emitida para financiar ese déficit generado en el no pago de impuestos, es el que luego los mismos sectores enriquecidos compran.

Esto quiere decir que en la misma medida en que no se recauda y se emite deuda para financiar esa falta de recaudación, esos bonos son comprados por los mismos que no pagaron los impuestos. Es decir, disponían de los recursos para poder pagar el impuesto.

Según datos del investigador Gustavo García Zanotti en base a información de AFIP, el 80% de las fortunas de las personas que pagarían el impuesto, se encuentran exterior y la mitad de ellos son títulos públicos, es decir, son bonos de deuda pública emitidos para financiar los impuestos que no pagaron. Solo el 1,5% de esas fortunas tiene que ver con acciones o titularidad de empresas, es decir, la idea de que este impuesto impediría un proceso de inversión no tiene nada que ver con la realidad concreta de los declarantes.

La desigualdad en la redistribución del ingreso en la Argentina se agrandó en los últimos años, tanto en el gobierno de Cambiemos como en el presente año de pandemia. De hecho, es el tercer país de América Latina donde más creció la desigualdad según datos dela CEPAL. Esto hace que este impuesto no solo sea una recomposición de lo donado por el gobierno anterior, sino además una necesaria medida para reducir la desigualdad qué es éticamente repudiable, pero además es macroeconómicamente insostenible. Los recursos que estos sectores logran atesorar por la vía de estas clases de exenciones fiscales, no son destinados a la producción sino al atesoramiento y la especulación, como prueba lo que ya señalamos de la compra de títulos de deuda pública.

En ese sentido esta contribución, según señaló el investigador Nicolás Dvoskin, lo que permitirían es retraer, quitar, recursos disponibles por parte de los más ricos para el atesoramiento, esto quiere decir, quitarían presión hacia los títulos públicos y las cotizaciones diversas del dólar. Es decir, podrían reducir la brecha cambiaria que ente momento tantos problemas está generando. La medida podría ayudar a generar mayor estabilidad macroeconómica.

Desde el ángulo de las críticas es certero lo apuntado por sectores de la izquierda, centralmente en dos ejes. Primero la insuficiencia de esta contribución que debería ser un impuesto estable y al mismo tiempo alcanzar a otros sectores como la banca o empresa que han estado generando ganancias durante esta etapa de la pandemia. Por él por el lado de los gastos, el centro de las críticas está en que  un cuarto de los recursos se van a destinar a la exploración y explotación de gas por la vía de IEASA, una empresa estatal, aunque el principal destinatario será YPF. En la medida en que YPF es una empresa con participación mayoritaria del Estado, esto significaría que a través del Estado se financiaría la exploración y explotación de gas. Pero el 49% restante del capital accionario, hay parte que cotiza en bolsa y que incluyen transacciones de, por ejemplo, el gigante Blackrock, que es el acreedor que más duro jugó en la negociación de la deuda.

Por otro lado en relación a la propia actividad a la cual se destina, el principal yacimiento que se está explotando ahora YPF es Vaca Muerta. En este sentido se estaría financiando intensificar la búsqueda de este tipo de yacimientos que se extraen a través de la técnica del fracking que ya se ha demostrado que es social y ecológicamente insostenible. Por si esto fuera poco, al destinar recursos a mantener y profundizar la extracción de gas en estos yacimientos, se incumplen los acuerdos firmados en París para la mitigación del cambio climático hacia una transición energética justa y equitativa.

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Por Francisco Cantamutto | Fotode Leo Crovetto

Como todo este agitado 2020, el cierre del año nos promete nuevamente tener un final para agarrarse de la silla. Esta semana llegó la primera visita formal del Fondo Monetario Internacional, tras un mes de acercamientos preliminares, para negociar con el gobierno de Alberto Fernández la posible nueva vía para resolver la deuda dejada por el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que tras haber tenido dificultades para pasar la reforma previsional, y no haber podido ni siquiera tratar la reforma laboral en diciembre de 2017, el programa del gobierno de Macri entró en problemas, los cuales se hicieron más evidentes a partir del anuncio del posible movimiento de la tasa de interés en EE.UU. A partir de abril de 2018 se generaron una serie de corridas bancarias y movimientos de crisis financiera que hicieron que el resto del mandato se cumpliera en medio de la turbulencia total del mercado cambiario y financiero, con fuerte impacto en la situación económica y social.

Todos los indicadores relevantes empeoraron: aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, caída del salario real, aumento del desempleo, pérdida de calidad del empleo e incluso caída de la actividad. Este es el saldo que nos dejó el gobierno de Macri, y el cual financió el acuerdo del Fondo que se firmó en un trámite exprés sin mandato administrativo, sin estudios de prefactibilidad del Banco Central y sin tratamiento del Congreso. Todos estos datos son relevantes porque hablan de la vulneración de los mecanismos de control democrático instituidos por la Constitución y las leyes correspondientes.

El préstamo, luego ampliado en septiembre de 2018, habilitó un acuerdo del tipo stand by de 57 mil millones de dólares, de los cuales se giraron unos 44 mil. Recordemos que tras las derrotas en las PASO de agosto de 2019, el FMI dejó de girar el dinero correspondiente por entender que ya no era viable. Sin embargo, durante todo ese período financió una corrida de capitales. Esto es relevante y quedó demostrado en el estudio que presentó en mayo el Banco Central. La deuda tomada y, en particular, la deuda tomada con el FMI, fue para financiar centralmente la fuga de capitales y el atesoramiento de un puñado de personas y empresas. Esto significa que el carácter de la deuda tomada con el FMI, en particular, vulnera el propio estatuto del Fondo, que señala que no se pueden financiar corridas cambiarias, además de haber prestado casi mil por ciento por encima de la cuota asignada a la Argentina para préstamos, y con las reticencias del staff técnico y los directores del board desde Europa. Claramente se trataba del apoyo desde EE.UU. al gobierno de Macri, tal como relevó en declaraciones recientes el flamante electo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, apostaron  a un gobierno que perdió.

El financiamiento de la fuga de capitales dio por resultado una socialización de la deuda, cuyos beneficios fueron netamente privados. Vale señalar que el otro fundamento de la deuda tiene que ver con el déficit fiscal que tiene que afrontar el gobierno, originado por la desgravación fiscal a los más ricos. En el gobierno de Mauricio Macri se redujeron las retenciones a las exportaciones, además de eliminar impuestos de bajo peso fiscal pero claramente indicativos del sesgo clasista, como la reducción de los aranceles a la importación de autos de alta gama. Con esta esta desgravación, los sectores poderosos se enriquecieron aún más y la cobertura de la diferencia fiscal pesó sobre todes nosotres.

Ese tipo de acuerdo stand by implicaba una vigilancia macroeconómica del FMI sobre el gobierno. Una vez que en septiembre de 2019 le soltó la mano a Macri, el Fondo expresó que la deuda heredada no era sostenible. A inicios de 2020 acompañó la negociación del gobierno argentino con los acreedores privados, a los cuales el FMI les pedía hacer algún tipo de recorte o concesión, si hacerse cargo ellos mismos de hacerlo.

Ahora viene la renegociación del acuerdo, cuyos vencimientos empiezan a pesar a partir del año que viene. Según las declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la idea sería pasar de un acuerdo stand by que dura de 1 a 3 años, a uno de facilidades extendidas, que dura de 4 a 10 años, en la misma lógica que la reestructuración con los acreedores privados. Esto libera el horizonte en el cortísimo plazo pero hace pesar la carga en los próximos mandatos presidenciales, y de ninguna manera cuestiona el carácter ilegal y fraudulento de las operaciones.

El pasaje a un acuerdo de facilidades extendidas implica, además del control macroeconómico y los pedidos de ajuste que ya están haciendo viables a través del Presupuesto 2021, el pedido de reformas estructurales puntuales. El primer puntapié parece ser el cambio de fórmula para el cálculo de los aumentos previsionales, lo cual anticipa que puede ser una línea de trabajo. Otra puede ser la reforma laboral. Mirando todo esto, y la actuación del Fondo en Ecuador, pareciera que además de este tipo de reformas se puede esperar un carácter aún más regresivo de la estructura tributaria, incluso reformando más profundamente el sistema previsional.

El FMI enfrenta su propia corresponsabilidad, tanto en la crisis que sufre Argentina como en la situación de crisis de deuda a nivel global que el propio Fondo reconoce. Sin embargo, para las periferias sigue avanzado en una agenda que tiene que ver con ajuste y reformas estructurales, mientras endulzan los oídos de los países acreedores hablando de reformas tributarias progresivas o la necesidad de mantener algún tipo de resguardo sobre la arquitectura financiera internacional.

En el curso de esta semana sabremos más sobre cuál es la agenda precisa del acuerdo que sigue. Es imposible dejar de señalar que el acuerdo del FMI con la Argentina tiene vicios de legitimidad desde el origen y puede calificarse perfectamente de deuda odiosa, tal como se registró en el foro de denuncias contra la deuda, organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y su auditoría.

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Por Agustín Bontempo, Francisco Cantamutto e Ignacio Marchini

El gobierno del Frente de Todos heredó una situación crítica, con un arrastre de al menos dos años de caída del nivel de actividad pero, sobre todo, de crisis en el frente externo. A desgano, y sin mucha convicción, los funcionarios del gobierno de Cambiemos tuvieron que aplicar distintos tipos de restricciones al acceso a divisas (lo que se conoce como controles de cambios) para poder contener lo que se convirtió en un fenómeno de brutal impacto: la fuga o atesoramiento de divisas. En la medida en que estos controles fueron impuestos por el gobierno anterior, las medidas tomadas la semana pasada deben leerse como un perfeccionamiento y no un “giro”, como plantearon algunos sectores de la prensa.

Esta intensificación se debió a que, en el contexto de esta crisis económica que ahora tiene escala mundial, la salida de divisas del país ha tenido cierta continuidad, y si bien se logró retrasar el pago de la deuda, la salida por importaciones y atesoramiento mantenían su curso. El gobierno decidió que al límite de 200 dólares mensuales por persona que estaba vigente, se lo combine no solamente con el ahorro sino también con las compras al exterior, por lo que quien haga una compra al exterior va descontando de ese saldo mensual. En el caso de exceder ese valor, se distribuye en los meses subsiguientes hasta cubrir el total.

Esta medida para contener la compra tiene que ver con una práctica que se había generalizado en los últimos meses de lo que se llamó los “coleros digitales”. Eso quiere decir que, en medio de una crisis que solo tiene paragón reciente con la del 2002, mes a mes más personas estaban comprando dólares (casi 5 millones de personas) para venderlas luego en el mercado ilegal, lo que se conoce como el “dólar blue”. Debido a la diferencia entre el blue y el oficial, mucha gente podía sacar hasta una diferencia de 6000 pesos por operación. Esto no aporta absolutamente nada a la economía nacional y permite generar unos ingresos basados en una operación de tipo financiera especulativa, la cual no es cuestionable para quienes intentan obtener algún rendimiento mínimo pero ciertamente desde el punto de vista macroeconómico carece de sentido.

Algunas personas que realizaban esta operación tenían ingresos declarados por niveles de pobreza o incluso indigencia, lo que demuestra que forman parte de un esquema piramidal donde alguien utilizaba su cuenta o subcontrataba la cuenta para comprar los 200 dólares y pagarle una parte de la comisión del rendimiento obtenido en el mercado ilegal. Para frenar esto, el gobierno incorporó, además de este límite más restrictivo, una nueva percepción adelantada de impuestos por un 35% que se suma al 30% del impuesto PAIS ya vigente. No es un nuevo impuesto sino que se trata de una percepción adelantada que quienes pagan monotributo, impuesto a las ganancias o impuesto a los bienes personales, lo ven descontado en el momento de tener que pagar estos impuestos. De esta manera, además, el fisco adelanta recaudación. Quienes no pagan ninguno de estos impuestos, se les devuelve este valor luego de transcurrido un período fiscal.

Esto sube el precio que se paga en el momento y achica la diferencia con el valor que se paga en el paralelo, con lo cual la diferencia por comprar en el oficial y vender en el ilegal es mínima y no justifica el esfuerzo, al retrasar la devolución de esta percepción adelantada.

El primer efecto de esto fue una incertidumbre grande, que obligó a bancos y a distintos actores del sistema económico a readecuar estrategias y pensar qué es lo que se venía. Sin embargo, tampoco la brecha con el dólar paralelo se incrementó tanto, era un efecto que, al menos desde el oficialismo, indican que era esperado. La lógica sería ahora reducir la cantidad de compras del sistema financiero. Al ritmo que venían comprándose las divisas por atesoramiento de personas humanas, esto hubiera significado una salida total de recursos de alrededor de 10 u 11 mil millones de dólares en todo el año. Esos fondos no estarían disponibles en el Banco Central, que cuenta con alrededor de 7 mil millones de dólares.

De no poner algún tipo de restricción, debería haber activado el SWAP con China que paga tasas bastante altas de alrededor del 7% o hacer lo que hizo en el 2016 Alfonso Prat Gay y generar una devaluación que adecuara el precio del dólar oficial respecto del paralelo, lo cual hubiera generado un impacto devaluatorio e inflacionario muy severo que hubiera generado un efecto aún peor. Las medidas puestas en marcha afectan a sectores medios con cierta capacidad de ahorro y políticamente puede tener cierto costo pero la alternativa devaluatoria era aún más costosa: generar una devaluación que impacta de lleno no solamente en estos sectores sino también en los más pobres.

La medida, en este sentido, es positiva y debe ser entendida para controlar un recurso escaso para la economía argentina que debe ser contenido y para comenzar a desmontar la idea de que todo el mundo tiene que poder comprar dólares, cuando esto es una ficción.

Bajo el esquema de restricciones actualmente operativo no. Con lo cual no necesariamente era el frente más peligroso. Las importaciones o los pagos de deuda, por ejemplo, generan salidas bastante contundentes en el corto y en el mediano plazo.

Ahora bien, aceptando que no se trata del problema central en este momento y con las restricciones actualmente vigentes, no puede dejar de señalarse que el atesoramiento a nivel general sí es un factor de salida de divisas sustancial. Argentina de manera sistemática genera excedente de divisas por la vía comercial que son filtrados por la vía del pago de intereses, pago de utilidades y atesoramiento, además de los déficits sectoriales en la balanza de servicios y en toda la industria de mediana y alta complejidad.

Frente a esto hay que señalar que la derecha ha montado una campaña de acoso sistemático que pretende establecer que la Argentina estaría yendo hacia una especie de “economía planificada”. Esto hay que ponerlo en cuestión de manera severa. Los controles de capitales en situaciones de riesgo e inestabilidad están siendo aceptados incluso por el staff del FMI. No se trata de ninguna manera de una medida radical o extrema y el oficialismo ha dejado en claro que los están aplicando ante una situación muy particular y no como una convicción política de mediano o largo plazo. Lo que ocurre es que detrás del imaginario del dólar en el país se entrelazan un montón de significados que aluden a las crisis y ayudan a que esta interpretación caótica se generalice.

Sin ser un caos, sí está claro que la Argentina sigue aplicando controles o restricciones sin ir a tocar los intereses de los grandes factores de poder. Si se querían eliminar los mecanismos de salida de divisas, bien se podría haber actuado sobre la cúpula de fugadores compuesta tanto por personas físicas como por personas jurídicas, cuyos datos están disponibles a partir de los informes del Banco Central. También se podría haber discutido el pago mismo de la deuda externa, en lugar de solamente patear para adelante los plazos; o se podrían haber aplicado controles más severos al comercio exterior para restringir importaciones que puedan considerarse suntuarias o innecesarias.

¿Y el impuesto a las grandes fortunas?

La semana pasada finalmente se inició el debate en el Congreso por el impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto se puso en debate en el mes de abril con diferentes niveles de radicalidad, según sea la propuesta que mostraba el oficialismo o aquellas que venían impulsando diferentes organizaciones sociales y políticas.

El proyecto se viene a instalar en un país que durante los cuatro años de gestión macrista se fugaron alrededor de 90 mil millones dólares a manos de algunos sectores que incluso en pandemia han seguido ganando. Son Paolo Rocca, dueño de Techint, Alejandro Bulgheroni, dueño de Panamerican Energy, Gregorio Pérez Companc, dueño de Molinos Río de La Plata, Alberto Roemmers, dueño del laboratorio homónimo o el más mediático Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.

Sería injusto atribuirle toda la fuga de capitales a estas personas, pero sí han acumulado riquezas a fuerza de favores mientras la mayoría de la población perdía su poder adquisitivo mes a mes, incluyendo aquellas millones de personas que se sumergían en la pobreza.

Si la crisis se agudiza y no hay dinero para costearla, con todo el escenario antes expuesto alguien debe pagarla. Y es allí donde se instala este impuesto o, como lo denominó el gobierno, “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

La propuesta, que hemos abordado en un artículo reciente, tiene diversas particularidades, pero en líneas generales alcanza a aquellas personas (y no a sus empresas) que posean bienes de por al menos 200 millones de pesos aquí o en el exterior, con una escala impositiva que aumenta mientras mayor sea la riqueza. Se supone que alcanzaría a más de 12 mil personas y pretende recaudar algo más de 3 mil millones de dólares, que estarán destinados a cubrir diversas necesidades: insumos para enfrentar la pandemia, viviendas, salarios y subsidios de pequeñas y medianas empresas, incentivos educativos y energía, entre otras.

¿Es este impuesto una punta de lanza?

La respuesta es incierta. La pandemia vino a profundizar la desigualdad que existe en nuestro país y a poner en valor real cuáles son los sectores realmente esenciales. En ese marco, este impuesto es una necesidad que debe ser empujada por el conjunto de la población para que se apruebe en el Congreso y así poder paliar un poco los efectos de la crisis actual.

Sin embargo, en sí mismo sólo puede ser un momento de nuestra historia o, desde otro enfoque, un hito. El debate sobre la acumulación de riquezas en unas pocas manos mientras la inmensa mayoría de la población, cada vez con más frecuencia, ve la distancia que hay entre sus salarios y el cumplimiento de sus necesidades, siendo la vivienda digna y propia una de sus mayores expresiones, nos convoca a la reflexión de que es necesario repensar todo el sistema impositivo argentino. No es posible que Paolo Rocca, con sus 8 mil millones de dólares, pague el mismo impuesto por un litro de leche que aquellas personas que viven de un IFE de 10 mil pesos mensuales.

Si el debate por este impuesto y su aprobación abren la posibilidad a una transformación estructural, podemos pensar en un país más igualitario. Para eso, por supuesto, es necesario el involucramiento de la sociedad para ir a la conquista de sus derechos.

También podés escuchar nuestro podcast, donde charlamos del tema. 

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Por Agustín Bontempo / @agusbontempo – Foto por Kresta Pepe

En abril de este año, cuando se atravesaban las primeras semanas de cuarentena producto de la pandemia, el gobierno nacional dio indicios de que estaba desarrollando un proyecto de ley para establecer un impuesto a las grandes fortunas, encabezado por Máximo Kirchner y Carlos Heller. Sin mayores precisiones de aquel plan, sí comenzaba a instalarse la idea de que ante las consecuencias económicas y sociales que generaría la pandemia en Argentina y el mundo, se haría indispensable pensar un financiamiento alternativo a la emisión monetaria, principal recurso adoptado por el gobierno para paliar la crisis.

Aquel proyecto siempre se demoró. En el medio, la bancada del Frente de Izquierda Unidad hizo la presentación de un proyecto que no fue tratado, así como también diferentes sectores sociales y políticos comenzaban a empujar la necesidad de un aporte extraordinario de esas características.

El debate tiene un anclaje muy claro. De un lado están los efectos de la pandemia que se suman a una crisis estructural que durante los cuatro años de gestión macrista crecieron aceleradamente: mayor desempleo, mayor nivel de empleo no registrado, crecimiento en los índices de pobreza, aumento de personas en situación de indigencia, endeudamiento, devaluación monetaria, pérdida de poder adquisitivo, cierre de Pymes y comercios y una larga lista de adversidades más que atravesó la población. Con la pandemia, estos números tendieron a profundizarse.

Del otro lado, están quienes ganaron como nunca antes. Según la Campaña No Tienen Coronita, durante la gestión macrista los especuladores fugaron 88 mil millones de dólares (buena parte de esta fuga financiada con endeudamiento público), los bancos obtuvieron ganancias por aproximadamente 25 mil millones de dólares, las principales empresas energéticas obtuvieron ganancias de alrededor de 5 mil millones de dólares a fuerza de tarifazos y las agroexportadoras, solo gracias a la quita de retenciones, ganaron más de 4 mil millones de dólares.

Es decir que de un lado y del otro, se acentuó una condición preexistente ampliando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Claro está que no hablamos de quienes trabajaron mucho versus quienes no trabajaron nada. Ese debate escolar no tiene asidero.

En un escenario de agudización de la crisis, comenzó a escalar la necesidad de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas nuevamente, muchas de ellas en manos de estas personas que, lamentablemente, no tienen registrados esos valores gracias a la evasión impositiva y la existencia de paraísos fiscales. Sin embargo, sí tienen algo que aportar para que el peso de la crisis no caiga solamente en las espaldas del pueblo trabajador.

¿De qué consta el proyecto?

El proyecto es por un impuesto extraordinario a grandes fortunas. No es más ni menos que eso. No es un impuesto progresivo y permanente a quienes más poder adquisitivo tienen ni es un impuesto al salario de las y los trabajadores. Insistimos en este punto para tener claridad sobre qué estamos discutiendo.

¿A quiénes alcanza?

Se supone que son más de 12 mil personas quienes deberán pagarlo.

1-Personas residentes en el país que la totalidad de sus bienes aquí o en el exterior, sean valuados en 200 millones de pesos o más, sin deducción de mínimo no imponible alguno, al 31 de diciembre de 2019. Las personas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia esté en el exterior, ubicado en países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, también serán alcanzados.

2-Personas residentes en el exterior que tengan bienes en el país valuados en 200 millones de pesos o más, sin deducción de mínimo no imponible alguno, al 31 de diciembre de 2019.

¿Cómo se determinan los bienes?

Cómo indicábamos en el apartado anterior, aquel dinero que no está registrado naturalmente no puede ser alcanzado por un impuesto. Por tal motivo, las personas que deberán pagar este impuesto son aquellas que tengan bienes declarados, aportes en trust, participación en fideicomisos, fundaciones de interés privado, sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad física y participación directa o indirecta en sociedades de cualquier tipo, registrado hasta el 31 de diciembre de 2019.

¿Cómo se calculan los aportes?

Según los bienes declarados. El piso de 200 millones de pesos pagarán una alícuota del 2%. Quienes tengan bienes por 3 mil millones de pesos les corresponde pagar un 3.5%. La alícuota aumenta si los bienes están situados en el exterior.

¿Lo recaudado tiene algún fin determinado?

Si. A diferencia de lo que sucedió con el endeudamiento con el FMI que sirvió casi exclusivamente para la fuga de capitales, el presente proyecto contiene la orientación de los recursos recaudados. Por supuesto, nos corresponde la tarea de fiscalizar su correcta aplicación.

En este caso son 5 los sectores:

1-Un 20% estará destinado al sistema sanitario, ya sea para compra de equipamiento, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos en general.

2-Un 20% será para subsidios a micros, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de garantizar el salario de las y los trabajadores.

3-Un 20% se destinará a becas del programa Progresar en el marco del Ministerio de Educación, con el objetivo de proporcionar un incentivo económico a estudiantes.

4-Un 15% corresponderá a los habitantes de barrios populares, con el fin de avanzar en programas de urbanización e integración urbana.

5-El 25% restante será destinado a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Finalmente, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional debe garantizar una distribución federal de los recursos.

Apuntes mirando al futuro

El proyecto por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas es sumamente correcto. No es el fin de estas líneas avanzara en un debate estructural, pero es importante recordar que las personas no son más ricas o más pobres por pura decisión, sino que estamos atravesados por situaciones estructurales que de alguna manera nos determinan. En un país muy desigual impositivamente (el mejor ejemplo es el 21% del IVA que se paga en cientos de productos y que es igual para toda la población, sin importar su situación económica), este impuesto viene a hacer algo de justicia.

Sin embargo, tal como lo establece el proyecto como así también los debates en torno al problema, no hace más que paliar una situación crítica particular.

Por ejemplo, la campaña No Tienen Coronita a la que hacíamos mención, destaca que con este impuesto se pueden pagar cuatro meses de IFE para 8 millones de personas o comprar 260 mil respiradores, es decir, soluciones para la coyuntura que están alcanzados por este proyecto de ley. Pero también habla de que se puede triplicar el presupuesto en salud o duplicar el monto de la AUH por un año, es decir, atacar problemas estructurales de nuestro país.

Sin embargo, claro está, la condición de “extraordinario” establece límites que, de cara hacia el futuro, deben ser resueltos. Es importante seguir avanzando contra quienes fugaron casi 90 mil millones de dólares y que ese dinero esté al servicio de las necesidades de la población. Si los bancos van a seguir ganando millonadas exorbitantes, que deban cumplir con créditos hipotecarios a tasas que sean razonables para el salario de un trabajador promedio. El sistema impositivo general debe avanzar de una manera donde quienes más tienen, realmente paguen más. La pobreza es una situación que puede ser opción pero nunca es decisión y las consecuencias de la misma solo pueden ser subsanadas con mayor igualdad y distribución real de la riqueza.

En esta instancia, es importante que podamos empujar por la sanción y aplicación de este impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Que también sea el piso para una transformación mayor.

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Por Eduardo Lucita*

El paso del tiempo no es ocioso: si se lanza una idea o acción concreta posible y luego con el correr de los días no se la pone en práctica o no se la impulsa no solo se diluye sino que genera desilusión y frustración entre los sectores sociales interesados. Así ha pasado con la expropiación/intervención de Vicentin; así con la deuda pública del Estado nacional, que propuesta tras propuesta sumaron nuevas y mayores concesiones a los bonistas; así pasó con el informe del BCRA sobre el endeudamiento y la fuga de capitales bajo el gobierno Macri, que despertó esperanzas y quedó reducido a un «paper» académico. Así está pasando con el impuesto a las grandes fortunas, que se lo lanzó para atender los problemas de financiamiento provocados por la pandemia. Incluso se dejaron transcender cifras del número de personas a gravar y estimaciones de la posible recaudación. Sin embargo, el proyecto no ha ingresado al parlamento.

Un panorama general

La economía nacional atraviesa una crisis de proporciones inéditas en la que los problemas estructurales que arrastra hace décadas se han fusionado con los provocados por la pandemia. Entre otras cosas, requiere ingresar recursos genuinos que financien la fuerte expansión monetaria a que se ha visto obligado el gobierno para atender a los más necesitados y evitar mayores quiebras empresarias. Caso contrario se impondrán los gurúes de la city al servicio de la derecha que ya están alertando sobre un inminente rebrote inflacionario, que llegó el momento de frenar el gasto público, que hay que ir al equilibrio fiscal…

No es solo un problema argentino. Frente a la parálisis económica que el Covid-19 impuso a la economía global los más diversos gobiernos han recurrido a estímulos fiscales y monetarios cuya magnitud no tiene precedentes. En EE.UU. el gobierno ha dispuesto volcar recursos para respaldar el empleo y a las pequeñas empresas, mientras que la FED está inyectando liquidez al mercado. En conjunto, suman 8,5 billones de dólares mientras que en la Unión Europea se acaba de aprobar un paquete de 750 mil millones de euros. Buena parte de ellos irá a fondo perdido. Esos esfuerzos fiscales ya triplican al que se hiciera en 2008.

Los gobiernos de América Latina han seguido este curso de acción, los principales países han emitido hasta alcanzar un déficit fiscal de entre el 8 y el 10% del PBI; nuestro país se supone llegara a fines de año al 8%. Acompañando esta emisión de deuda y moneda sin precedentes, el FMI acaba de declarar (dejando de lado por ahora sus monsergas ajustadoras) que estas políticas deben seguir y que sería un grave error retirar dinero de las plazas hasta tanto no haya seguridad de que la recuperación económica sea duradera.

¿Dónde hay un mango?

Tal vez parafraseando aquella ranchera popularizada en los años treinta por Tita Merello hoy podríamos tararear «Dónde hay recursos Viejo Gómez». Es que esta discusión está también instalada en otras latitudes. Más aún cuando en no pocos países, también entre nosotros, se ha instalado la necesidad de implantar como política de Estado permanente una renta básica universal, que opere como un piso mínimo de ingresos frente a la esperable caída del empleo, de los salarios y el incremento de la pobreza y la indigencia.

En la Unión Europea diversos sectores sociales y políticos están discutiendo sobre la necesidad de imponer una tasa Covid. El paquete aprobado por la Comisión Económica Europea, pendiente de aprobación por gobiernos y parlamentos, contempla la aplicación de tasas extraordinarias, entre ellas una tasa al carbono a las importaciones de productos contaminantes y otra a las grandes tecnológicas, también a las transacciones financieras. Entre nosotros ya hay algunas provincias y municipalidades que han impuesto contribuciones adicionales a la banca local y a ciudadanos con altos patrimonios. Una nota en Clarín señala que «la asistencia del Central empieza a tocar los límites de lo legal, por lo que hay que recomendar la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas».

Pues bien, el impuesto a las grandes fortunas es hoy una fuente alternativa, indispensable para atender las necesidades sanitarias y sociales provocadas por la pandemia. Según los trascendidos, gravaría a unas 15 mil personas con una recaudación del orden de los 4.000 millones de dólares. El cálculo se fundamenta en lo tributado por Bienes Personales. Conviene recordar que en este caso el monto de los activos se computa en muchos casos según la valuación fiscal y no según su valor de mercado. Esto contrasta con lo informado por la tercera edición del Ranking Forbes que muestra que al 31 de mayo pasado las 50 personas más ricas del país acumulaban activos por un valor de 46.440 millones de dólares.

Aun así este impuesto extraordinario -pensado por única vez pero que en mi opinión debiera ser bianual, ya que la economía recién comenzaría su recuperación en el 2022- sería un avance, un primer paso en la indispensable reformulación progresista de la política tributaria en el país. En lo inmediato debiera ser complementado con una contribución extraordinaria de la banca y de los llamados unicornios nacionales -Mercado Libre, Despegar, Globant, OLX y Autho, empresas de base tecnológica cuyo valor de mercado supera los 1.000 millones de dólares-, los grandes ganadores de los últimos tiempos.

Contradicciones

Sin embargo mientras se posterga sin fecha el ingreso del proyecto al Congreso, el gobierno ha ingresado un proyecto de amplia moratoria, mientras comienza a hablarse de un nuevo blanqueo que alcanzaría a grandes empresas y capitales fuera del circuito productivo. Estas iniciativas desdibujan totalmente las investigaciones que llevaba adelante la AFIP sobre evasión impositiva.

En paralelo está circulando una declaración suscripta por referentes de los derechos humanos, intelectuales, dirigentes sociales, sindicales y políticos, que al momento de concluir este artículo ya es acompañada por cientos de firmas, que enfatiza que «el impuesto a las grandes fortunas debe aprobarse ya, transformándose en una ley que contribuya a poner en práctica la redistribución del ingreso».

*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)

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Por Vivian Palmbaum

En ocasión de un nuevo aniversario de la gesta de la independencia en la Argentina, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago de la deuda[i], emitió un comunicado y convocó al inicio del Juicio Popular a la Deuda y al FMI.

“En medio de una profunda crisis global agravada y puesta en evidencia por la pandemia, el gobierno nacional lleva adelante la renegociación de la deuda externa con los voraces fondos de inversión”, señalaron desde el espacio.

Desde la Autoconvocatoria expresan que la propuesta de renegociación es contraria a cualquier espíritu soberano vinculado a nuestra independencia mientras “profundiza las concesiones que se habían instrumentado en la primera oferta del mes de abril”.

Tal como lo  explican se adelantan fechas de pago, desaparecen las quitas de capital y hasta se reconocen intereses por este año. “En concreto, significan entre U$D 7.800 y U$D 13.000 millones de dólares más, respecto a lo propuesto en abril, que serán menos recursos para la educación, salud, trabajo, vivienda, y tantas otras carencias que hoy sufre nuestro pueblo”.

Desde la Autoconvocatoria advierten que “si continuamos en este camino, se agravarán los sufrimientos que ya están padeciendo la mayoría de los argentinos y argentinas, por la emergencia sanitaria y la crisis social, económica y ecológica”.

Juicio Popular a la Deuda y al FMI

Desde el espacio Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, formado por un amplio arco de organizaciones y agrupaciones se vienen realizando distintas actividades y hasta pedidos de audiencia con el presidente. En febrero, cuando llegó la misión del FMI, la Autoconvocatoria dio inicio a un Juicio popular para comenzar a darle visibilidad a la oposición al pago de la deuda externa, cuyo cumplimiento  aparece como indiscutible desde el sentido común que los medios masivos de comunicación alientan.

La renegociación implica una convalidación de una deuda que califican de odiosa. “La  deuda es odiosa cuando los acreedores saben que es impagable pero se prestan a la estafa” tal como ocurrió en 2018 cuando a pesar de creer que el país no podría cumplir con los pagos el FMI realizó uno de los mayores préstamos. Las organizaciones nucleadas en la Autoconvocatoria afirman: “la deuda odiosa se puede desconocer”.

También un Juicio popular se puede hacer por medios virtuales, y así fue como al inicio se hizo un reconocimiento a Alejandro Olmos,  que hace 20 años logró demostrar en la justicia que la deuda contraída por la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, era fraudulenta por la existencia de 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento,  que quedaron probados junto con sus beneficiarios: empresarios, funcionarios y los bancos. A pesar de ello la deuda continúo incrementándose durante los gobiernos democráticos y nunca fue revisada. Una deuda que “no tenía justicación alguna para haber sido contraída” como afirmó Alejandro Olmos Gaona (h). Un proceso de endeudamiento que necesitó la represión, tortura y desaparición forzada a quienes se opusieran.  La causa judicial duró 18 años y al poco tiempo de la sentencia, a fines de 2001, gran parte de la deuda entraría en default y su renegociación en el 2005 no tuvo en cuenta sus conclusiones ni ningún tipo de investigación. Así algo más de U$D 20.000 millones provienen de bonos emitidos en canje por aquella deuda que se dejó de pagar en el 2001, tal como afirman.  

En el Juicio Popular habrá distintas etapas. Por un lado los foros populares, a partir del 27 de julio, donde se recibirán denuncias hasta el 30 de septiembre. Tanto denunciantes como testigos,  representarán al amplio arco de movimientos sociales, de trabajadoras y trabajadores y gremios que darán cuenta de los efectos que tiene la deuda. Luego habrá tres peritos y un jurado compuesto por nueve miembros que darán su veredicto y luego el Tribunal dictará su sentencia. Los fiscales luego formularan la acusación y el sábado 10 de octubre está previsto que se instale el jurado popular y se presenten las acusaciones y la defensa. El veredicto y la sentencia están programados para el 15 de octubre.

El Tribunal está integrado por Adolfo Perez Ezquivel, miembro del tribunal permanente de los pueblos, Nora Cortiñas, integrante de Madres  de Plaza de Mayo Línea Fundadora,  de la Comisión Provincial de la Memoria y de la Red Jubileo Sur, Nina Brugo, abogada feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Alejandro Bercovich, economista y periodista, y Miguel Julio Rodriguez Villafañe, abogado y profesor de la UNC y ex juez. En la presentación cada uno de ellos expresó sus consideraciones como miembros de este Tribunal.

Perez Ezquivel destacó que la deuda se impuso en América Latina como una política de sometimiento que costó vidas en la región. Entre otras cosas destacó que “los distintos gobiernos y el Congreso no quisieron investigar la legitimidad y el origen de una deuda que afecta la vida de los pueblos”. Respecto de la función de este Tribunal será “encontrar caminos de libertad, independencia y soberanía”.

Alejandro Bercovich enfatizó que un trabajo que nos tenemos que dar como sociedad es poner en discusión este mecanismo de sometimiento, que tiene muy estricta actualidad y que se viste de distintos ropajes, incluso del ropaje del progresismo. El gobierno en ningún momento previó revisar la legitimadad de la deuda que se está renegociando ahora, y si lo dijo en campaña fue para cobijar a los sectores mas de izquierda, más progresistas que acompañaron al Frente de Todos. Destacó que la renegociación puede llegar a resultar un ahorro, pero también es cierto que relegitima la deuda.

Nora Cortiñas, recordó la historia de Olmos, la investigación y que cuando iniciaron con Diálogos 2000 en un encuentro con el Papa pidieron la condonación de la deuda de todos los países pobres. “Ahora también el Papa pidió lo mismo pero nosotros no somos pobres, somos endeudados, tenemos todo en la Argentina, hasta tenemos mucho amor para contrarestar el odio que nos quieren meter. La deuda es un camino lento que cuesta mucho meter en la conciencia del pueblo, este juicio popular, muestra que somos un grupo grande para pedir la suspensión y la aclaración de lo que nos quieren cobrar y eso no es imposible. Renegociar, transar, es el ajuste, es el camino al hambre, es el camino para no tener nuestras riquezas para nosotros, no tenemos por qué pedir, nosotros tenemos lo nuestro”.

Miguel Julio Rodriguez Villafañe puso de relevancia que “el tema de la deuda se maneja como un tema de oscurantismo, muchos sectores hablan de transparencia del Estado, pero lo único que no tiene transparencia es la deuda porque la mayoría de los contratos se hace con cláusulas de sigilo”. Destacó el hecho de darle visibilidad “porque se ha presentado el tema como que no tenemos otra salida o hacernos creer que es un tema muy críptico que solo los entendidos pueden manejar o llevar adelante”.  Además, puso de relevancia que “los medios hegemónicos lo único que hablan es de la importancia que los mercados estén contentos. Pero a veces cuando están contentos los mercados, el pueblo tiene que llorar”.

Nina Brugo, integrante del movimiento de mujeres expresó que “tantos años fuimos silenciadas y somos las mujeres las principales afectadas por esta deuda y las más pobres. Trataremos que muchas mujeres participen en los foros y nos hagan llegar toda su apreciación”. Más adelante expresó: “Este juicio popular que está organizándose, es una deuda a nuestro pueblo”.

Los fiscales en este Juicio serán Veronica Heredia, defensora de DD.HH, Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorifico Rioplatense, Liliana Constante, miembro de ATTAC y de la APDH y  Bruno Napoli, historiador, integrante de la Comisión de Investigación de la Comisión de Valores.

Se abre una instancia de recuperación de testimonios y para ello crearon una cuenta de correo (juiciopopular@gmail.com) y a través de los foros irán recibiendo las denuncias de las organizaciones populares, para empezar a poner de relevancia las problemáticas que se visibilizaron y agravaron en este momento de crisis y pandemia.

Autoconvocatoria en Chubut

Este 9 de julio, también en Chubut y con la adhesión de un amplio arco de agrupaciones, organizaciones sociales, instituciones y gremios, se estableció la Asamblea Constitutiva de la Autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda pública provincial, en defensa de la soberanía del territorio. La provincia de Chubut vive una grave crisis económica que afecta a todos los sectores de su población.

En su manifiesto constitutivo expresaron que “nos autoconvocamos en rechazo al proyecto que presentó el Gobernador Arcioni en la Legislatura de Chubut para la renegociación de la deuda en bonos del 2023 y 2026”. En esta asamblea constitutiva expresan: “pone en peligro el presente y el futuro de les chubutenses. No queremos que los gobiernos nos endeuden forzosamente sin atender a los intereses del pueblo. Nos autoconvocamos para manifestarnos en contra de un proyecto del gobierno provincial que pretende asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, centrándose solamente en aspectos económicos, sin atender a que desde el Estado se garanticen las condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos ni el respeto de la naturaleza, de la que somos parte y nos permite seguir viviendo”.

El comunicado completo de la Autoconvocatoria en Chubut se puede leer aquí.

[i] Autoconvocatoria x la suspensión del pago e investigación de la deuda

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Por Francisco Cantamutto | Foto de German Romeo Pena

Argentina continúa los acercamientos con los grandes fondos de inversión, principales acreedores privados del país bajo legislación extranjera. Organizados en tres grandes grupos, mostraron cierta rispidez con el gobierno argentino la semana anterior, como parte de una estrategia de confrontar para luego acercar. En esta nueva ronda de negociaciones, la cuarta desde que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, lanzó la primera propuesta, se ha vuelto a flexibilizar la oferta oficial, acercándose aún más a lo que piden los acreedores: un Valor Presente Neto (VPN) por arriba de los 50 dólares cada 100 nominales, un 20% más que la primera oferta.

Este acercamiento no ha sido aún rubricado pero se realiza en el contexto de una Argentina que, habiendo pasado los plazos formales de pago del ultimo vencimiento, se encuentra en un default técnico que aún no ha generado mayores problemas porque, en tanto siguen las negociaciones, los acreedores aún no han pedido el adelanto de los pagos de los títulos en mora.

La tensión hay que situarla, además, en la continuidad de la crisis mundial; hace poco se hicieron públicos una serie de pronósticos bastante terribles sobre la economía global. Tanto las predicciones del Banco Mundial (BM) como del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican una caída muy severa de la actividad económica mundial para el 2020. El BM indica que, en 150 años de registro, es la primera vez que una crisis involucra a casi la totalidad de los países del mundo. Desde el punto de vista de la intensidad, se está hablando de la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y una de las más graves de la historia, con la particularidad de ser la primera crisis cuyo detonante principal es una pandemia. En ese sentido, las perspectivas de recuperación para 2021 no son certeras porque nunca ocurrió que la economía capitalista moderna debiera recuperarse de una crisis disparada por una enfermedad mundial.

Es importante señalar que a los efectos de la interrupción del comercio y el desarmado de múltiples cadenas de valor, hay que agregar una caída de la inversión mundial que se estima del 40% para este año y posiblemente un 10% más el año que viene. Esto se debe a que, por un lado, las expectativas de negocios se ven interrumpidas y la incertidumbre hace que las empresas tiendan a quedarse las ganancias obtenidas, de por sí vulneradas por la crisis, en lugar de reinvertirlas.

Todo esto es relevante porque la oferta que está negociando en este momento el gobierno argentino puede resultar una guía para la reestructuración de deudas a nivel mundial. La situación es muy crítica, ya que los niveles de deuda respecto del PBI mundial alcanzaron el año pasado el 322%, siendo las deudas estatales bastante significativas. Esto, que reconocen los organismos multilaterales de crédito, ha generado la propuesta de suspender los pagos para destinar los fondos a afrontar la crisis económica y sanitaria.

Desde ya que esto no alcanza pero da cuenta de la situación crítica en la cual se está negociando. Si la Argentina no cierra un acuerdo con los acreedores privados, aun así podría seguir negociando en una situación de no ruptura, con pésimas condiciones. En caso de romper, esto significaría la posible degradación de deudas no solo de Argentina sino de países en una situación semejante, lo cual podría redundar en una caída de las cotizaciones de los fondos de los acreedores.

Todo lo anterior impacta sobre los términos concretos de la oferta argentina, tanto en la tasa de interés, como en los plazos de mora y las posibles quitas de capital. Largo se ha discutido la posibilidad de incluir lo que se conocen como “endulzantes”, ligados a aumentos del PBI o de las exportaciones. Pero en un mundo sumido en una crisis de duración incierta, donde se ha interrumpido el comercio internacional y la inversión mundial, resulta sospechoso que ésta puede ser la manera de recuperar la economía y lograr un acuerdo de pago sustentable.

La situación es muy delicada y se juega a contrarreloj. Entre otros resultados, llegar a un acuerdo con los acreedores podría conducir a profundizar el modelo extractivista con el fin de aumentar las exportaciones, estrechando los vínculos con el agronegocio y la megamineria, o disminuir las capacidades del gobierno en la toma de decisiones respecto de medidas económicas o políticas públicas.

La crisis ha profundizado múltiples necesidades sociales, a las cuales no se les podrían destinar recursos debido a estar asignados al pago de la deuda. Implicaría, además, desmontar las regulaciones de las cuentas externas que han permitido que la crisis no sea más severa, como los controles de capitales que han impedido que la fuga de divisas hacia el exterior fuera aún peor. Esto se midió durante la última semana por la vía de la calificación de riesgo, que mantuvo a la economía argentina como mercado emergente en lugar de rebajarla a economía de frontera. Son tecnicismos que expresan la presión que se ejerce sobre la soberanía argentina en la disputa por poder o no aplicar medidas que solucionen sus problemas sociales.

Aún no sabemos con certeza los términos de un posible acuerdo. En caso de lograrlo, vale señalar que esperan en la fila el FMI y el Club de Paris, con deudas importantes desde el punto de vista de los efectos sistémicos, mientras que nuestra economía aún necesita paliativos para no caer todavía más profundo. Desde este lugar, entendemos que, tal como propone la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, es necesario detener los pagos e iniciar una auditoria no solo contable y legal, sino integral. Con estos elementos se detendría la continuidad de este ilícito pero además se le podría dar una guía distinta al sistema económico mundial, poniendo sobre la mesa la importancia de los pactos internacionales firmados en defensa de los Derechos Humanos que, en el caso de Argentina, y a diferencia de los acuerdos económicos, tienen rasgo constitucional.

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Por Vivian Palmbaum e Ivan Barrera

El pasado lunes primero de junio, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención del Grupo Vicentin, gigante del agronegocio, y el envío de un proyecto de ley para su expropiación, el traspaso de sus activos a un fondo fiduciario y que su gerencia quede a cargo de YPF Agro.  En el anuncio, Alberto Fernández puso énfasis en que estas acciones contribuyen a la construcción de una soberanía alimentaria. Este punto, que fue nombrado de forma pomposa al pasar, quedó resonando en el medio del anuncio.

Curiosamente al mismo tiempo que se enuncia como una conquista hacia la soberanía alimentaria el interventor designado es Gabriel Delgado, señalado como un defensor del  modelo productivo industrial basado en el uso de transgénicos y las fumigaciones con agrotóxicos. Funcionario del gobierno encabezado por Cristina, en 2015 fue acusado por Monsanto de no reconocer las patentes a las semillas transgénicas.  

¿Qué es la Soberanía Alimentaria? 

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y se definió para enfrentar a las políticas neoliberales.  Según la definición acuñada por la organización, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. 

En esa definición, también se detalla que se debe “priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito.La necesidad de reformas agrarias, de lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce. La participación de los pueblos en la definición de política agraria y el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.”

Esta semana desde la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE) se organizó un conversatorio sobre soberanía alimentaria en la región. Allí Marco Filardi, abogado ambientalista e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, explicó a qué se refiere la soberanía alimentaria.

“La soberanía alimentaria, paradigma introducido por la Vía Campesina en 1996,  plantea que hay otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte, y en armonía con los seres humanos. Es la agroecología en todas sus formas: una agricultura por agricultoras y por agricultores. La soberanía alimentaria aboga por priorizar la producción local para el abastecimiento de las necesidades alimentarias. La finalidad esencial de la agricultura es producir alimentos sanos, seguros y soberanos para alimentar a los pueblos”.

El modelo extractivista es el engranaje principal del mundo globalizado neoliberal  y la base de la división internacional del trabajo. Los países en desarrollo se encargan de proveer de materias primas como semillas, granos, alimentos, maderas, minerales o petróleo a los grandes países industrializados. Este modelo extractivista demanda que cada día se produzca más al menor costo, sin importar la calidad del producto ni las circunstancias en las que se produce, ya sea de quienes producen, de la tierra y los recursos naturales, como de las poblaciones aledañas. El resultado de este modelo está a la vista: tierras arrasadas producto del monocultivo y los pesticidas, poblaciones arrasadas producto de la necesidad de aumentar la cantidad de tierra cultivada, pueblos fumigados por agrotóxicos, napas contaminadas, agua con cianuro y otros metales pesados y una huella ecológica y humana que perdurará finalizado cualquier negocio.

El modelo extractivista evoluciona, se tecnifica y la soberanía alimentaria es un ideal cada vez más lejano. El agronegocio se alimenta de semillas genéticamente modificadas, se lubrica con agrotóxicos y se almacena en silo bolsa esperando las mejores condiciones locales e internacionales para lucrar. La concentración de tierras aumenta año a año, expulsando a campesinos, campesinas, cooperativas y pueblos originarios.

Marco Filardi se refirió a este modelo como un modelo que “viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, viola nuestro derecho al agua, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente saludable, viola nuestro derecho a la salud, viola nuestro derecho a la integridad personal. No está concebido para alimentar a nadie sino para producir dinero concentrado cada vez en menos manos. Al mismo tiempo es un modelo que no alimenta, no solo no alimenta al mundo como ya vimos, sino que es incapaz de garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación de nuestra propia población. En el contexto de cosechas récord como se anuncia tenemos desnutrición aguda en nuestro país, desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad que afecta al 70% de la población y que comen esos cuerpos también carencias nutricionales.” 

El otro campo

También consultamos a quienes producen alimentos para el pueblo. Ellos y ellas que conforman el otro campo: el que lejos de buscar el lucro de la expansión sojera, trabaja la tierra de forma agroecológica, responsable con el ambiente, con sus trabajadores  y trabajadoras. El campo que no conoce de Hilux último modelo pero sí de autogestión, conformado por pequeños productores y productoras que cultivan la tierra que no es suya y que alimentan a las ciudades. 

Desde Marcha le preguntamos sobre la medida a Rosalía Pellegrini, Secretaria de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que aportó la mirada de la organización, respecto a la intervención y su relación con la construcción de soberanía alimentaria. 

“Nosotras y nosotros desde la UTT, al igual que el Foro por un Programa Agrario y Popular pensamos que es una medida que hay que apoyar. Si bien creemos que no hay soberanía alimentaria sin la distribución y el acceso a la tierra por parte de las familias que producimos alimento, no hay soberanía alimentaria sin un esquema de comercialización justo para el que produce y para el que consume, no hay soberanía alimentaria si tampoco hay igualdad de género. La mitad de las que producimos alimentos no tenemos acceso a la tierra y vivimos en condiciones de vulnerabilidad por la violencia machista. Seguimos pensando esto las organizaciones del otro campo. “

“Es real que es un avance en términos de soberanía del modelo agropecuario. No es lo mismo que las organizaciones campesinas peleemos contra Dreyfus y Cargill por un modelo agroalimentario más sano y con el derecho a la alimentación de todos y todas, que pelearsela al Estado. Además entendemos que un montón de productores también medianos, también cooperativas de granos, que dependerán de Vicentin, si es posible en manos del Estado, tendrán la posibilidad de plantear un esquema de producción más sustentable”. Además agregó la necesidad que la estatización se lleve adelante para poder plantear las reglas de juego al interior del modelo de agricultura extensiva. “Saludamos la medida y apoyamos y presionaremos para la posible estatización“. 

Para terminar Rosalia resaltó que “este tipo de intervenciones tiene que ir acompañado por todo este tejido social que venimos reclamando y luchando por soberanía alimentaria”. 

La expropiación de Vicentin significaría que uno de los grandes actores del agronegocio pase del mundo privado y lucrativo al ámbito público. Desde la gerencia estatal se podrá evitar la especulación financiera de los silo bolsa y decidir cuándo exportar y cuándo vender al mercado interno. Pero, ¿cuánto de Soberanía Alimentaria tiene la expropiación de Vicentin? ¿cuántos de los reclamos abiertos por Vía Campesina en su búsqueda por la Soberanía Alimentaria abarca esta expropiación? ¿Se agota un modelo extractivista con la expropiación de una empresa?

Un modelo productivo que nos expropia

En Argentina y en toda Nuestra América hay organizaciones y cooperativas que construyen día a día la Soberanía Alimentaria. Francia Garcia Hermosillo, de la organización Sin Maíz No hay Pais de Mexico nos cuenta como comenzaron a luchar contra un modelo que busca expropiarlos de los cultivos ancestrales como el maíz y así arrebatarles la soberanía y seguridad alimentaria. Allí organizaron la Campaña Sin Maíz No hay País, desde junio de 2007 en vísperas en que se levantaran los aranceles del maíz, al frijol, al azúcar y a la leche en polvo, pero “la principal preocupación era el maíz y el frijol a partir de enero de 2008. Era una preocupación que se vivía en el campo y que no llegaba a los consumidores en las grandes ciudades. Sin Maíz No hay País, Pon a México en tu boca era lo que se pretendía, porque estábamos en el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, y venía esta embestida contra nuestra alimentación. El maíz es nuestra base, nuestra alimentación, nuestra cuna, nuestra identidad. Consumimos 115 kg. por cada uno de nuestros habitantes al año de este grano básico. En aquel año además de querer sacar al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, buscamos que se prohibieran los granos transgénicos, que se protegieran las semillas nativas y que se generarán esas políticas en defensa del campo, de los campesinos, de la soberanía y de la seguridad alimentaria”.

La Soberanía Alimentaria requiere necesariamente salir de un modelo extractivista concentrado, extranjerizado y especulador a un modelo soberano, con leyes y políticas públicas de acceso y protección de la tierra, de sus trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. 

Un país que anualmente produce alimento para 10 veces su población, pero donde hay niños y niñas con hambre, desnutrición infantil, pueblos fumigados, bebés que nacen con malformaciones y metales pesados en sangre, campesinos y campesinas sin tierra, pueblos originarios desplazados, escuelas fumigadas, napas contaminadas, tierras arrasadas, es un país que tiene sus recursos muy mal distribuidos y aprovechados, que tiene un modelo que atenta contra la tierra, los seres vivos que la habitan y las personas a las que alimenta. 

El camino hacia la soberanía alimentaria es largo y atenta contra negocios millonarios, contra multinacionales y contra el modelo globalizado. ¿Estaremos en ese camino?

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