Por Carla Effenberg*

La creciente relevancia de la vida en el ecosistema digital nos invita a repensar los modos de relación y producción del “capitalismo de plataformas” (maravilloso término adjudicado a Nick Srnicek), tal como lo hizo Marx en su momento, con el capitalismo industrial. Y en este contexto la Red de Medios Digitales inició una investigación sobre los mecanismos de funcionamiento, debates, negociación y regulación para las plataformas en el mundo, que pretenden equilibrar la asimetría latente en los modelos de negocio de estos gigantes digitales.

Por un lado, se encuentran las medidas que hacen énfasis en la información y en los productores de noticias. Tal es el caso de Australia, que en 2021 presentó la Ley de Enmienda de las Leyes del Tesoro, en donde estableció un código de conducta obligatorio (Código de Negociación Obligatoria de Plataformas Digitales y Medios de Noticias) que habilita la negociación entre las empresas de noticias australianas y las plataformas digitales.

Esto significa que empresas como Google y Meta deberán ser transparentes e informar sobre qué contenidos de cada medio de comunicación se han usado y otorgar una remuneración justa a las mismas. Para que esto suceda, como medio de comunicación es requisito tener unos ingresos anuales de al menos 150.000 dólares australianos y producir noticias sobre temas de interés público, lo cual reduce el acceso a la ley exclusivamente a los grandes medios.

Sin embargo, esto invita a los buscadores y algoritmos (con el fin de reducir costos) a ofrecer resultados más amplios, fomentando una circulación de información más simétrica en términos de competitividad y posibilidad de visibilidad y crecimiento a los medios más pequeños. La medida fue sometida a evaluación un año después de su implementación, los resultados fueron positivos y, sin dudas, es una de las regulaciones más atractivas del momento.       

Otro caso interesante es el de la Autoridad de la Competencia de Francia que en 2020 como reguladora instó a Google a pagarle a las agencias de prensa y medios de comunicación por la reutilización de sus noticias en los espacios de Google News y Google Search. La plataforma rechazó esta condición y fue penalizada con una multa de 500 mil dólares.

Algo similar sucedió en España en 2014 a partir de la Ley de Propiedad Intelectual en donde los editores podían exigir un pago a las plataformas por la puesta en circulación de sus contenidos. Ante esta medida, Google News decidió retirarse de ese país hasta el año 2022, cuando volvió a ingresar gracias a una nueva reforma de la ley, que al día de hoy permite a las empresas informativas y agencias de noticias negociar de manera independiente una remuneración y arbitrar por mecanismos que garanticen los derechos del usuario.

Sin ir más lejos, nuestro vecino Brasil -a través de La Ley de Noticias Falsas (PL 2630) del 2020- está debatiendo regulaciones para las grandes tecnológicas. En el texto de la norma se plantean a las plataformas acciones para mitigar la difusión de contenidos terroristas, racistas, que constituyan violencia de género y otros tipos de violencia que amenacen al Estado democrático.

Finalmente, incluyen entre las últimas medidas a la remuneración de contenidos periodísticos o protegidos por derechos de autor. En febrero del 2023, Lula escribió una carta al director general de la UNESCO, en donde expresaba el anhelo de trabajar para reducir la brecha digital, la soberanía en la economía de los datos y la promoción de la autonomía de países en desarrollo en esta área.

Por último, están aquellas regulaciones con el foco en los productos audiovisuales y en nuestro país no es dato menor que Netflix se haya inscripto en el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual del INCAA, tributando según la Ley de Cine. El proceso implicó una intimación por parte de la Defensoría del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires para que la empresa se ajustara a la legislación argentina, lo que hizo que finalmente el gigante audiovisual debiera declarar domicilio y comenzar a tributar en nuestro país.

De igual modo, en Argentina existe un proyecto de ley de Fomento Audiovisual Federal (presentado por los diputados Pablo Carro y Florencia Lampreabe) que promueve el desarrollo de la actividad audiovisual, de manera integral, a partir de la promoción de la producción, la difusión y la comercialización de servicios y contenidos audiovisuales en todo el territorio nacional. Presenta cuestiones como la inclusión de un mínimo del 25% de contenidos audiovisuales nacionales en los catálogos digitales e impuestos del 5% del ingreso bruto en el país a las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, entre otras. Asimismo, plantea la creación de entes reguladores y administradores de los fondos recaudados. Se asemeja a España con la Ley General de Comunicación Audiovisual N°13 del año 2022. Ambas buscan proteger la industria audiovisual nacional.

Según Shoshana Zuboff, socióloga y escritora estadounidense, estamos en la tercera década de la era digital y hasta el momento se construyeron imperios monopólicos gracias a la falta de movilización y legislación por parte de los ciudadanos democráticos. Zuboff insiste e invita a la creación de derechos, leyes e instituciones acordes a las necesidades de estos tiempos. En general creemos que la tecnología es algo que nos excede, y allí la dejamos, que crezca avasallante en nuestras sociedades sin ningún tipo de intervención. Pero nada es definitivo: hasta aquí se ha presentado un breve recorrido por el camino posible y correcto del hábitat digital.

*Originalmente publicada en Grito del Sur como parte de las discusiones del grupo de estudios sobre plataformas de la Red de Medios

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Por Ayelén Césare.*

El video de la docente de La Matanza fue tapa de los grandes diarios y se viralizó por diversos medios. Sin embargo, esta no fue una situación atípica. Durante la pandemia fue algo habitual ver memes o imágenes de docentes con críticas o burlas a la intervención pedagógica. Estas prácticas se dan de forma natural, sin cuestionarlas o sin estar en el centro del debate. En un click nos ponemos a cuestionar una práctica educativa, sin pensar en cómo llegó esto hasta ahí.

La era de las nuevas tecnologías trae consigo el desafío de cómo se maneja el gran flujo de información que se genera, que nos conecta en espacio y tiempo. No obstante, con sus beneficios trae también sus costos como la mediatización de la privacidad y muchas veces sin consentimiento. Las repercusiones negativas en las vidas de las personas son muchas y la fluidez de la cultura digital hace que se pierda de vista lo que está al alcance del like o al reenviar. 

Con la educación en el centro del debate político y la grieta atravesada por la posición en las aulas, esta práctica se ha incrementado en contextos educativos. Pareciera ser que las nuevas tecnologías llegan de afuera hacia dentro, sin tener una capacidad de apropiación hacia el interior de las instituciones educativas y teniendo repercusiones como la sanción a una docente.

Esta situación no es llamativa al comprender el grado de integración de las tecnologías de la comunicación y la información dentro de las instituciones educativas. En el marco de la pandemia, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a mediados del 2020 anunció que el 60% de las escuelas argentinas no tiene internet, incrementándose aún más la brecha entre zonas urbanas y rurales. Según la evaluación preliminar del proceso de continuidad pedagógica elaborado por el Ministerio de Educación de la nación, solo menos de la mitad de los hogares cuenta con conectividad fija de buena calidad. Las dificultades de efectivizar la continuidad pedagógica evidenció esto, pero no solo por parte de los estudiantes sino también por personal docente y equipos directivos. La misma estadística indica que el 79% de los equipos directivos y docentes tuvieron problemas de conexión y el 66% tuvo problemas de equipamiento.

Actualmente las escuelas públicas se encuentran en una situación muy incipiente para garantizar el acceso a las TIC tanto en infraestructura en relación a los miembros de la comunidad educativa como a las instituciones en sí; y sin llegar a abordar sus usos y apropiaciones. Es de esta forma como aún no hay normativa vigente para la integración TIC en las aulas, ni tampoco una modificación integral de los diseños curriculares de todos niveles (incluida la formación docente). De esta manera, ante la intromisión directa de los medios hegemónicos en las aulas, la escuela se encuentra desarmada. Sin respaldo y naturalizando prácticas sobre las cuales debería educar.

Hace tiempo que la ciudadanía digital viene siendo un tema en agenda y principalmente la regulación de los grandes medios y plataformas son quienes hoy ponen las reglas de juego. No obstante, para construir una concientización sobre los desafíos de la era digital, la escuela debería ser ese espacio que eduque en la lógica contrapuesta al mercado que nos ofrecen los medios hegemónicos. Para ello es necesario que la institución y su comunidad educativa acceda, pueda usarla y apropiarse.

Desde el gobierno nacional son variadas las iniciativas que se han desarrollado, tanto desde la entrega de tarjetas de datos, retomar el plan conectar igualdad frenado durante el gobierno macrista, la oferta de cursos virtuales a través de la plataforma Juana Manso e INFoD, la coordinación de contenidos en los medios públicos y la creación de espacios locales. Sin embargo, estas situaciones evidencian que aún queda un largo camino por recorrer y que no se limita al acceso.

Con la educación pública en jaque por la grieta política y mediada por las nuevas tecnologías, un nuevo hecho sacudió a la comunidad educativa sin encontrarla fortalecida y con ello debilitandola aún más. Es necesario, comenzar  a desnaturalizar la mediatización de las aulas y construir herramientas para que la escuela se encuentre en el lugar que debe estar ante los embates que nos trae el siglo XXI. Adriana Puigros mencionaba en el aniversario de los 150 años de la creación de la Escuela Normal de Paraná: “Hay un trabajo político y educativo que tiene como eje central la defensa del maestro, la defensa del vínculo educativo. La comprensión profunda de qué todo abismo que separe el hoy del mañana solamente puede ser superado por el vínculo educativo, que es un vínculo humano. Es absolutamente importante que la educación se apropie de la tecnología. Para que la tecnología sea un instrumento de trabajo de humanización que solamente los humanos que queremos que sea un mundo justo (…) podemos sostener”. Un comienzo para esto es no naturalizar estas prácticas y con ello caer en el juego viral; a la par que se construyen marcos normativos y principalmente se garantice su aplicación en términos de acceso, usos y apropiaciones de forma integral de la mano a garantizar el derecho a una educación pública y de calidad. 

*Licenciada en Comunicación Social especializada en Tecnologías Educativas

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Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini | Foto de Alejandro Chaskielberg

¿Qué implica el extractivismo? ¿Es sustentable seguir con este tipo de producción? ¿Qué nos espera de seguir por este camino? Marcha dialogó sobre estos temas con Guillermo Folguera, biólogo, filósofo, investigador de CONICET y docente de la UBA, en su programa de radio Antes que se acabe el mundo, todos los jueves a las 19 horas en Trilce Radio.

La semana pasada hablamos sobre los incendios en la Comarca Andina e hicimos hincapié sobre la responsabilidad del Estado y del empresariado. ¿Cuál es tu visión sobre esto?

Primero, hay una situación muy amarga que también se repitió en los incendios del año pasado, la información que circula es muy escasa. Entonces, lo primero que nos pasa colectivamente es que tenemos que movernos más por conjeturas que por otra cosa, lo cual es una barbaridad. Tenemos en claro que los incendios fueron intencionales, que aprovecharon a hacerlos en un contexto de bastante sequía y de viento para que los fuegos se propaguen como se propagaron.

También hay certezas respecto al accionar del Estado que no previene, que no puede resolver las situaciones rápidamente y que encima permite, o incluso que a veces es cómplice directo. Además, el uso de esos territorios favorece que una vez generados los incendios se propaguen a una velocidad tremenda, como las plantaciones forestales de pino.

Entonces se vuelve como un combo ya conocido, además, ¿no? Acá son coordenadas precisas, en Chubut y en Río Negro, pero las informaciones que tuvimos en 14 provincias el año pasado fueron muy similares. Así que es una situación, como ustedes la describen, muy amarga, muy dolorosa por toda la información que llega y de una complicidad activa por parte del Estado y el empresariado que realmente asusta.

En una entrevista con La Izquierda Diario decías que aunque se pueda determinar que estos incendios no fueron intencionales, hay condiciones ya estructurales que de por sí implican alguna responsabilidad del Estado. ¿A qué te referías?

Claro, mis análisis no son legales. No voy tanto a un tema de responsabilidad legal, que posiblemente ahí se empiece y termine con aquellos que incendiaron o que iniciaron los incendios. Mis análisis son éticos y políticos. En este sentido, tener el uso de los territorios que estamos teniendo en nuestro país es una invitación muy marcada a un país incendiado.

Que no haya responsables de los incendios del año pasado, que tengamos gobernadores, como por ejemplo el de la provincia de Chubut, que desde que ocurrió el incendio se ha dedicado a responsabilizar a la comunidad mapuche de esos mismos territorios, o bien a perseguir a asambleístas, como ha ocurrido en los últimos días.

Es un escenario de complicidad, por parte de sectores gubernamentales, inobjetable. Y si realmente estos sectores gubernamentales no desean que se los involucre en los análisis, la verdad es que deberían hacer algo más que viajar al lugar, que vestirse de bombero, o que decir “¡qué barbaridad!”. Ahí es donde se me acaban un poco los análisis, las palabras, las argumentaciones y uno empieza a sentir que la única forma de entender esta locura que estamos viviendo es realmente sentir que estamos siendo parte de una lógica mercantilista que busca generar rédito económico a muy corto plazo, que no le importa lo que sucede a mediano y largo plazo y que está focalizado en tres o cuatro negocios.

Si me permiten, voy a salir un poco del tema de los incendios pero para que se entienda con otro ejemplo que es la misma lógica. Se ha cumplido en estos días un año de pandemia y en el caso mío, que vivo en Buenos Aires, se ha cumplido un año de aislamiento estricto y obligatorio. En este contexto, todo el año pasado tuvimos una lucha contra un megaproyecto de megafactorías de cerdos. De hecho, en Chaco se están empezando a implementar. A sabiendas de que las megafactorías de cerdos producen escenarios pandémicos, lo único que se le ocurre decir al Ministro de Ambiente, Cabandié, es que no está probado que estas megafactorías de cerdo producen esas condiciones.

A mí me genera una situación de mucha perplejidad. No quieren que discutamos los temas de fondo, ¿por qué estamos como estamos? O quizás simplemente quieren distraernos y ganar tiempo; o bien para las elecciones legislativas que vienen ahora en agosto, o bien para cerrar negocios por parte del empresariado. Por ejemplo, en el caso de la megafactoría de cerdos está involucrado el conocido Hugo Sigman con Biogénesis Bagó, el mismo que tiene a la ivermectina, el principio activo de la vacuna de Oxford producida en el país.

Quiero ser cuidadoso respecto a lo que estoy diciendo, yo también soy co-conductor en un programa de radio y sé que es importante que cuidemos las palabras pero en algún momento siento que las palabras ya se agotan, que pierden importancia, y que, la verdad, hemos entrado en un escenario nacional, también regional, pero un escenario nacional de espiral de degradación de los territorios. De cuanto más degradados están, más expuestos a cosas como las que nos están sucediendo estamos.

¿A dónde nos puede llevar este modelo extractivista? Tanto económicamente, como socialmente y ambientalmente, porque da la impresión de que el planeta está llegando a un punto límite.

A lo que vemos, peor. Los procesos extractivistas generan 4 o 5 consecuencias sabidas. En general, generan concentración en la propiedad y el uso de las tierras, de los territorios en general. Eso deviene en un empobrecimiento de gran parte de la población y una mayor desigualdad social. El extractivismo en Rosario te produce un escenario de narco y de soja. El extractivismo en San Juan te produce pibes viviendo en la calle y un sistema hospitalario degradado, o en Neuquén con el fracking. El extractivismo pesquero te produce que pescadores casi artesanales no haya, en la costa o en Misiones con las deforestaciones. Te produce un nivel de toxicidad en cuerpo y pobreza altísima y, en las grandes urbes, produce niveles altísimos de cáncer, de enfermedades silenciosas naturalizadas, como puede ser problemas de tiroides o celiaquía, enfermedades que no estaban antes. Produce, lo que se está hablando ahora, problemas de salud mental en algunos lugares.

O sea, tenemos un escenario que ya conocemos. No es que el extractivismo esperamos que llegue a eso en 2030. Además, como se conecta con temas de cambio climático global, y los intensifica, vamos a esperar veranos más calurosos, inviernos más fríos, tormentas más abruptas, menor capacidad de los territorios de retener agua, entonces esperamos mayores inundaciones, mayor cantidad de incendios.

La cuestión de tener mayores incendios no es porque hay alguien que lo prende. Una vez que se prende el fuego ¿por qué se propaga tan rápido? Porque los territorios, los bosques en este caso, son muy débiles. Y porque nos han vendido durante años que las plantaciones de pino son bosques, cuando arden 30 veces más rápido. Entonces, es un escenario social y ambiental muy doloroso que es necesario desarmar y, como trato de decir, aun apretando un botón rojo imaginario; que evidentemente el sector gubernamental no está dispuesto y el sector empresarial tampoco, aun apretando, la pregunta es ¿Cuánto más vamos a caer?

Para que se entienda. Claro que hay mucho en juego. No es lo mismo caer mucho que muchísimo. Pero digo, hay un escenario tan grave que lo único que podemos esperar y prometer a nuestras hijas, yo tengo dos hijas, es un deterioro en la calidad de vida. Así que más vale que empecemos lo antes posible a frenar esta locura.

Sin ir más lejos, la pandemia que atravesamos el último año no es un tema de azar de la naturaleza, sino que tiene que ver con mucho de lo que estás mencionando.

Tal cual. Y el relato nos lo quieren presentar como si nos hubiera golpeado un meteorito. Y no, la verdad que estamos viendo un virus, vaya a saber generado donde. Yo no creo que haya sido un virus artificial pero sí creo que perfectamente pudo haber surgido en alguna megafactoría de animales. Supongamos que no, pero en todo caso la pregunta es: ¿por qué en los últimos 20, 25, 30 años hemos tenido la cantidad de virus, bacterias y hongos que anduvieron circulando?

Y que además están vinculados a la pregunta que me hacían ustedes sobre el extractivismo. Una vez generado ese virus, ¿por qué se propaga tan rápido? Y se propaga, por ejemplo, porque hay un intercambio directo con vectores. En general los vectores son ratones, murciélagos, moscas y mosquitos. Y eso está directamente conectado con el deterioro de las condiciones ambientales y una dinámica antrópica, una dinámica de las personas y las comunidades, en general también de expulsión, de las zonas rurales a las zonas urbanas. Todo lo que estamos hablando, todo, es consecuencia de políticas y de prácticas extractivistas. No hay nada nuevo en ese sentido. Lo que nos está pasando, es que en el último año nos pegamos un golpazo de frente y se nos han mostrado todas juntas.

¿Hay otro modelo económico posible? En una nota de Elisabeth Mohle y Daniel Schteingart afirman que, con las mismas críticas que podríamos estar todxs de acuerdo sobre el extractivismo, es posible generar cierto desarrollo con nuevos puestos de trabajo y que se pueda preservar el medio ambiente.

Es buena la pregunta. Lo que me pasa con posiciones como esa o, como en estos días en C5N un reconocido escritor y pensador hablaba del “ambientalismo bobo” como una crítica a todo esto, yo creo que ese tipo de posiciones en general lo que buscan es hacer como que cambia algo para que no cambie nada. No termino de entender cuál sería el cambio que promueven. Entonces empiezo a sentir que el “green washing” o capitalismo verde o responsabilidad empresarial, como le quieras decir, son formas de maquillar lo que pasa.

Yo insisto con el punto porque quizás no soy tan claro. El modo en el cual se nos expresó el deterioro en la calidad de vida del último año no amerita medias tintas. Hemos pasado un año encerrados, los que tenemos casa, mirando incendios por la ventana, tomando agua contaminada, algo que ni siquiera el Estado se ha puesto a registrar sistemáticamente, es una locura. Hay lugares enteros como Pergamino que tienen el agua contaminada por las fumigaciones, reconocido por la justicia incluso. ¿Qué vida nos están ofreciendo? La sensación que a mí me queda de estas posiciones es que no quieren que deje de girar la rueda de los grandes negocios.

¿Qué alternativas tenemos frente a esto?

Yo creo que ahí tenemos que repreguntar cuál es el objetivo de hacer negocios. Si el objetivo es meramente generar guita, yo creo que no hay que buscar formas alternativas de buscar dinero. Yo cuando era pequeño, si pensaba en una persona pensaba en su calidad de vida. Esta forma de generar dinero que tiene hoy nuestro país no está mejorando la calidad de vida sino que la está empeorando. Y en todo caso, cuando pensamos alternativas, decir alternativas a qué. Cuando fue el debate sobre los cerdos exportados a China me preguntaron en algunos debates qué alternativas proponía. Multiplicar la producción de cerdos por 14 no es una alternativa. Preguntémonos en todo caso qué están buscando. ¿Dar trabajo? Y no, no buscan eso. El extractivismo, si algo hace, es tratar de minimizar la cantidad de trabajo circulante. La Barrick Gold, por ejemplo, tiene menos de 30 jachalleros trabajando ahí. La cuestión del trabajo es algo que se nos presenta como una promesa, que se la compara contra nada. Otra falacia. Como si el extractivismo no generara consecuencias. ¿Cuántos puestos de trabajo se pierden cuando la Barrick Gold tira cianuro al río? Seguro que más de 30. Porque perdés productores, porque perdés apicultores. A esa muy buena pregunta yo me animaría a una previa que es ¿alternativa de qué? Tal como está planteado el escenario, esta forma de producción, en cualquiera de las formas que mencioné, lo único que está haciendo es deteriorar la calidad de vida.

Antes que se acabe el mundo se emite todos los jueves de 19 a 20 horas por Trilce Radio, con la conducción de Agustín Bontempo e Ignacio Marchini y la producción de Maru Waldhüter y Macarena Martínez

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Por Pedro Cataldi* | Fotos de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

Sin derechos laborales elementales y con salarios arañando la línea de pobreza, se profundiza el ajuste en el sector científico, donde también trabajadorxs administrativxs e investigadorxs han comenzado a organizarse e impulsar medidas frente a la crisis sanitaria y económica.

La nueva etapa de la pandemia y la función social de la ciencia

El próximo 2 de agosto la Argentina entrará en una fase de apertura que dará por terminada la cuarentena y el ASPO, decretado en marzo pasado. Tras 135 días de distanciamiento social, y con una tasa promedio que no baja de 6000 contagios por día, el gobierno nacional y las administraciones provinciales realizan un giro de 180 grados respecto a la postura anterior de “quedate en casa”. Es esperable que la vuelta al trabajo de manera masiva, el uso del transporte público y el aumento de la circulación conllevarán nuevos contingentes de enfermos y enfermas y un aumento de las muertes en suelo argentino, en vistas de un virus del cual conocemos poco pero cuyas consecuencias se replican en el mundo entero. Durante estos meses, algo quedó claro: la apertura indiscriminada sin un tratamiento eficiente o vacuna implica un aumento de los casos de contagio y las muertes. 

En este contexto, la ciencia pasó a tener un rol primordial, al permitir predecir las consecuencias de nuestras acciones y evaluar los efectos del virus en los ámbitos laborales y los hogares. Asimismo, gran parte del esfuerzo actual de cientificxs y personal de salud está centrado en descubrir una futura vacuna y lograr un mejor tratamiento. Resulta entendible, entonces, que, en el medio de una crisis humanitaria y sanitaria excepcional, el discurso científico haya calado hondo en los medios, la opinión pública y los gobiernos de todo el mundo.

¿Gobierno de científicxs?

Así se autodenominó desde el primer día el gobierno encabezado por Alberto Fernández. En efecto, al menos una veintena de investigadores e investigadoras del CONICET integran el gabinete, con cargos de primera línea: Sabrina Frederic (Seguridad), Martín Guzmán (Economía), Ana Castellani (Gestión y Empleo público), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología) y un largo etcétera. Era lógico suponer que la alta integración de personal científico al gobierno conllevaría un aumento presupuestario y ciertos derechos laborales, luego de la desastrosa gestión del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Baraño, designado por Cristina Fernández y ratificado luego por Mauricio Macri.

Ahora bien, ¿cuántas de todas las promesas de campaña finalmente se concretaron? ¿Existió algún correlato entre la infinidad de veces que se mencionó a la ciencia y la tecnología en las cadenas nacionales y el presupuesto que se les asigna? Ahora que pareciera ponderarse su lugar en la sociedad, ¿han mejorado las condiciones laborales para lxs cientificxs?

Empecemos por lo presupuestario. El presupuesto en CyT se ha congelado desde el 2019 (dicho sea de paso, todo el presupuesto nacional). Es decir, los montos asignados para institutos y proyectos científicos, así como para reactivos e instrumental para desarrollar las líneas de investigación están congelados, como parte del magro presupuesto votado por el gobierno macrista para ciencia, a fines de 2018. Con la aparición del coronavirus, este escenario no se ha modificado. Si bien se han aprobado algunas partidas muy módicas para instrumental relativo al Covid-19, el presupuesto de ajuste general de CyT sigue intacto, con menos del 0.5% del PBI ejecutado, uno de los más bajos de la región. La actual presidenta del CONICET, Ana Franchi, aseguró en una reunión reciente que “nos olvidemos” de un presupuesto 2020.

Sin embargo, el presupuesto es solo uno de los tantos problemas que tiene el organismo y que la cuarentena ha agravado. En este sentido, lxs jóvenes (y no tan jóvenes) que empezamos nuestra actividad en el CONICET (o algunos de los organismos de CyT del país) no contamos con derechos laborales básicos durante nuestros primeros ocho años: no tenemos aguinaldo, aportes jubilatorios ni tampoco licencias o dispensas por cuidado de familiares o menores, por solo mencionar las problemáticas más acuciantes. De hecho, numerosos informes dan muestra de cómo la pandemia ha profundizado la brecha de desigualdades de género en ciencia.

En una visión panorámica, se podría afirmar que el conjunto de la planta de trabajadores de CyT cuenta actualmente con salarios de miseria, por debajo de la canasta familiar de pobreza; sin recomposición en los últimos dos años, en el caso de investigadorxs; y sin un convenio colectivo de trabajo para lxs becarixs doctorales. Por otro lado, la pandemia agravó el hecho de que no podamos extender nuestra obra social al grupo familiar, así como también volvió a exponer la falta de cobertura en varias regiones del país.

Como corolario de esta política, el pasado 14 de julio, la presidenta del CONICET (el mayor organismo de CyT del país), Ana Franchi, ratificó en la última reunión con representantes gremiales la decisión de expulsar a 1463 científicos y científicas, situación que se replicará en otros organismos y universidades (Agencia, CIC, UBA, UNLP, por nombrar algunas), lo que implica que más de 1500 trabajadorxs científicxs imprescindibles se verán privadxs de manera permanente de sus ingresos en el marco de la pandemia del Covid-19. Vale aclarar que, en este contexto, la reinserción laboral en el ámbito científico y educativo, con la clausura de concursos docentes, es imposible.

En síntesis, trabajadores y trabajadoras empleadas bajo la forma de becas de maestría, doctorales y postdoctorales, luego de entre tres y ocho años de trabajo y formación dentro del sistema científico nacional, serán expulsadxs del sistema en virtud de la precariedad que moldea el régimen de nuestro trabajo, habiendo culminado con exigentes y rigurosos estudios de posgrado y contribuido al conocimiento científico en diversas áreas y disciplinas.

La pandemia dispara la organización

¿Quién sale beneficiado de este régimen de hiperflexibilidad? En primer lugar, el Estado; menos plata para Ciencia (o Salud, Educación, etc.) implica más recursos para pagar la deuda. Quienes se cansaron los últimos cuatro años de hacer comparaciones entre las corridas bancarias y el presupuesto en CyT, ahora que ostentan un cargo en el Estado se han olvidado de las comparaciones cada vez que le mejoran la oferta a los acreedores. Otro gran beneficiario es el sector privado que, convenios con el Estado mediante, accede a mano de obra hiper calificada y a precio de remate. Monsanto, Cargill, Blackberry, Pan American Energy y Total son ejemplos de convenios leoninos que se han firmado en el pasado. Por otra parte, quienes deberían defendernos de estos atropellos, como los sindicatos UPCN y ATE, han sido cómplices del congelamiento de las paritarias, no han llamado a un plenario nacional y mantienen una absoluta dependencia con las políticas del Ministerio de Trabajo.

La respuesta de sus trabajadorxs ha sido impecable en estos meses. Se ha multiplicado la coordinación a nivel nacional, con la conformación de la Asamblea Nacional de Becaries (ANB). Con los reflejos intactos, hemos sido lxs trabajadorxs los que hemos llevado las tareas urgente que ni el CONICET ni ningún otro organismo de CyT hizo: relevamiento de cientificxs varadxs en el exterior, de los déficits de la obra social, de quienes el CONICET les dio las baja de sus sueldos, becarias sin licencias por embarazo, problemáticas y faltas de derecho con el trabajo virtual, entre otras vulneraciones. La nueva ANB ya tiene un importante desafío por delante: frenar más de 1500 despidos y reforzar una organización en tiempos de crisis.

De todo este contexto se desprenden medidas votadas por jóvenes científicxs del todo el país. Este viernes 24 a las 18 horas organizaremos un festival virtual llamado “Ni Un Cientificx En La Calle”, con la presencia de Mikel (Kapanga) y El Cabra (Las Manos de Filippi), entre otra gran cantidad de artistas y bandas de tango, folklore y jazz.  Lxs artistas solidarixs a esta lucha presentaran sus temas junto con videos de lxs afectadxs por el CONICET, además de divulgar y concientizar sobre el rol de la ciencia en nuestro país. Además, el lunes 27 nos movilizaremos al Polo Científico (con todas las medidas de higiene y prevención necesarias), acompañadxs por un paro virtual nacional. Exigimos, además, que se extiendan todas las becas por un año, así como los plazos de las convocatorias para nuevxs becarixs, sin que se recorte el número previsto para 2021.

El viernes 31 es la fecha límite para frenar los despidos. ¿Podrán hacerlo las patronales? No lo sabemos todavía. Una organización nacional de científicxs se ha puesto en pie.

Lxs cienctificxs no hacemos futurología, pero nos valemos de las experiencias pasadas para elaborar nuestro accionar. Vamos bien encaminados y encaminadas.

*Delegado de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

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Por OPSur* | Foto: Juan Pablo Barrientos

Hoy el valor de referencia para el crudo en Estados Unidos (WTI) llegó a números negativos por primera vez en su historia. La agresiva política energética norteamericana para transformarse en un gran polo exportador ha fracasado. Cada vez que el resto de los productores recortaron, Estados Unidos transitaba el camino contrario. La combinación de sobreproducción, incapacidad de almacenamiento y bajo consumo por la pandemia, estalló hoy. A esta situación se suma el enorme juego financiero de la venta futura de crudo de mayo que vence el martes 21. Expertos y expertas en el seguimiento de los valores en los que se transan los commodities explican que es una situación coyuntural, que el precio de referencia que se utiliza en Europa (Brent) aún se mantiene sobre los US$20 el barril; que ese es el valor que se utiliza en Argentina; sin embargo eso no desvanece el shock. ¿Puede la economía norteamericana solventar un fuerte salvataje en medio de una pandemia? ¿En cuánto tiempo? 

Más allá de que esto no sea el apocalipsis, revela lo riesgoso que es creer que un proyecto como Vaca Muerta y la explotación de combustibles fósiles pueden ser la salvación ante la crisis económica del país. Hace una década se decidió apostar por el desarrollo de Vaca Muerta, que se sostuvo a fuerza de subsidios o altísimas tarifas. El histórico derrumbe de los precios de hoy y la caída de las últimas semanas demuestran que es imposible traccionar una salida a la crisis energética y económica con un proyecto cuyo timón no está en el país.

Argentina experimentó con el fracking y no fue un buen camino. Los impactos sociales y ambientales se suman a la inviabilidad económica que venimos advirtiendo. Vaca Muerta nos hundió, una vez más, en la dependencia hidrocarburífera de cuyo nudo se desprenden una serie de problemas como la falta de diversificación productiva de provincias como Neuquén y Chubut (y a las que otras, como Río Negro, quieren parecerse); la dependencia de sus economías de los precios del petróleo; la contaminación de tierra, agua y aire que se multiplica con la aplicación masiva del fracking; y la postergación en el desarrollo de otros tipos de fuentes energéticas como las renovables.

El episodio de hoy nos muestra una vez más la importancia de entender a la energía como un bien social y a su acceso como un derecho. Entonces, los insumos energéticos –como la electricidad o los hidrocarburos– no pueden estar en manos del mercado porque de esta manera se perpetúa una crisis de acceso y distribución de la energía. A su vez, las empresas han venido cooptando el debate energético. En 2013, las y los legisladores neuquinos, sin conocer el texto, aprobaron el acuerdo entre YPF y Chevron para explotar la comunidad mapuche Campo Maripe. Al año siguiente, sin un darse una discusión pública, se aprobó una nueva ley de hidrocarburos que apostaba todas sus fichas en el desarrollo del fracking. Entonces y ahora decimos que es necesario abrir la energía a un debate popular, en donde las y los trabajadores y usuarios tenemos una opinión para dar. Se debe romper esa tradición de que las decisiones sobre política energética se toman entre cuatro paredes con las petroleras dentro. Porque esa tradición nos llevó a un consenso fósil que hace crecer más y más la dependencia de los hidrocarburos y nos mantiene con un sistema energético contaminante, inequitativo y poco democrático.

La actual crisis sanitaria del COVID-19 es parte de la crisis civilizatoria en la que los combustibles fósiles son el principal causante del cambio climático que amenaza la vida en el planeta. Debemos frenarlo a través de la reconversión a otro tipo de fuentes energéticas sin replicar el modelo extractivo que nos llevó a esta situación, donde la eólica y solar deben tener un rol central. Sabemos que este proceso no debe darse de un día para otro, sino que requiere de una transición. Esa transición no nos habla solo de sostenibilidad ambiental, sino que también hace referencia a la situación de los y las trabajadoras del sector; a la necesidad de garantizar el control público de la generación energética; y a repensar los criterios de consumo, empezando por el transporte y la industria, para así poder salir de esta crisis constante a la que nos trajo la civilización petrolera.

*Publicada originalmente en Observatorio Petrolero Sur

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Por Mariana Frega* y Pedro Cataldi** | Fotos de Jóvenes Científicxs Precarizadxs

Mañana viernes 13 de diciembre a las 10 horas el colectivo de trabajadores y trabajadoras del sistema nacional de ciencia y técnica daremos un nuevo paso en la extensa historia de lucha por el reconocimiento de nuestro sector. Realizaremos una Audiencia Pública en el Congreso Nacional dónde presentaremos un proyecto de Estatuto de Investigadores en Formación. Esto es posible gracias a muchísimxs compañerxs e investigadorxs comprometidxs con esta causa y al apoyo de la Diputada Nacional Romina Del Plá, del Bloque del Frente de Izquierda. Esta Audiencia es parte de un largo proceso de movilización y concientización sobre nuestra problemática, sostenido por lxs becarixs doctorales y posdoctorales durante más de una década y en el transcurso de los diferentes gobiernos que se sucedieron.

Este proyecto de Estatuto es producto del trabajo colectivo que venimos realizando desde Jóvenes Científicxs Precarizadxs junto a compañeros y compañeras de distintos Institutos, Universidades y Centros de Investigación. Entre asambleas y mesas de trabajo fuimos elaborando este proyecto que contempla un conjunto de regulaciones y condiciones laborales esenciales para nuestro desempeño como trabajadores y trabajadoras dentro del sistema científico nacional. Estos derechos y protecciones a las que apelamos son inescindibles de una política científica de calidad y que pretenda, efectivamente, servir para la transformación y el desarrollo.

Sin duda, la situación de precariedad en la que nos encontramos lxs investigadorxs en formación es insostenible. Pasamos entre 5 y 7 años realizando tareas de investigación de dedicación exclusiva mientras que se nos niegan nuestros derechos más elementales. No contamos con aguinaldo, antigüedad, seguridad o higiene laboral. Tampoco los años que destinamos al trabajo de investigación son computados a efectos de una futura jubilación o pensión. En materia salarial, no tenemos participación en los mecanismos de discusión paritaria: hoy en día, (sobre) vivimos con un salario menor a los 30 mil pesos, cuando el monto mínimo para no ser pobre, según el INDEC, está fijado para noviembre de 2019 en $35.647,66.

Con estos salarios intentamos (sobre) vivir e incluso costear gastos laborales que no son posibles de cubrir por nuestros institutos o universidades, debido a la política de recorte presupuestario de los últimos años. Si se continúa profundizando esta política de precarización, la actividad científica se convertirá inevitablemente en una labor reservada a quienes no dependen de su salario para poder vivir. Por eso es necesario y urgente rechazar este proceso de elitización del sistema científico y reivindicar un sistema de investigación pública con salarios y condiciones de trabajo dignas.

Tampoco existe un verdadero régimen de licencias por enfermedad, accidentes, violencia laboral o de género, a la vez que las licencias por maternidad y paternidad resultan insuficientes y su otorgamiento queda sujeto a numerosas irregularidades y arbitrariedades. No existe cobertura de salud para nuestras familias ni un sistema de guarderías y jardines que posibiliten que nuestros hijos e hijas reciban cuidados de calidad mientras realizamos nuestro trabajo. Lxs becarios y becarias queremos un sistema científico con perspectiva de género y eso es totalmente incompatible con un régimen laboral que nos precariza a diario.

Creemos que la actual política de Ciencia y Tecnología de nuestro país responde a un sistema mundial de producción de saberes y tecnologías basado en la lógica capitalista: lo importante, en ese sentido, es la producción e innovación al servicio de los mercados, que genere mayores ganancias a bajo costo. Nuestra precariedad laboral y la falta de derechos básicos son también consecuencia de esta lógica que apelamos a transformar. En este contexto, lxs becarixs, lejos de ser valoradxs por conformar la base del sistema de CyT, somos convertidos y convertidas en la mano de obra barata y explotada que ayuda a mantener a quienes controlan el poder y la ideología de la producción científica‐tecnológica en Argentina. Esta es una tendencia que ha traspasado signos políticos y gobiernos. En este sentido, luchar por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras es parte fundamental de la construcción de un sistema científico-tecnológico que sea una verdadera herramienta de transformación al servicio del pueblo.

A pesar del feroz ajuste aplicado por el macrismo en CyT, nos mantuvimos durante estos años organizadxs y decididxs, como lo atestiguan las tomas del Ministerio en 2016 y 2017 contra los despidos y en defensa de nuestras conquistas. Frente a la coyuntura que se nos presenta, creemos que la lucha contra la hiper explotación laboral es vital y prioritaria para el conjunto de las y los trabajadores. Indefectiblemente, todo avance es un antecedente que empuja a ganar otras luchas. Por eso, en esta Audiencia, y cómo lo venimos sosteniendo cada día en nuestros lugares de trabajo y en todas las luchas que sostenemos por nuestros derechos laborales, reafirmamos que ¡Investigar es Trabajar!

*Becaria doctoral CONICET-UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda) – Militante de Jóvenes Científicxs Precarizadxs

**Becario doctoral CONICET-IAFE (Instituto de Astronomía y Física del Espacio) Militante de Jóvenes Científicxs Precarizadxs

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Por Agustín Bontempo

Hace algunos meses, y con motivo de analizar la iniciativa del gobierno de Cambiemos en relación a una nueva Ley de Protección de Datos Personales, concluíamos que tanto a nivel normativo como en la expresión práctica que es el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en Argentina vivimos cada vez más condicionados y condicionadas en cuanto a nuestra información personal.

Aunque limitada, esta situación está encuadrada en problemas más generales que es el vertiginoso desarrollo tecnológico que el Capitalismo tiene en su etapa actual, con el característico y consecuente doble fin: obtener más ganancias al menor costo posible y poder controlar e influir en el conjunto de la sociedad.

El escenario actual

Aunque a veces intente mostrarse como un sistema coherente y consecuente, el Capitalismo tiene dos facetas que nunca debemos olvidar: la capacidad de reinventarse en cada momento histórico y sus crisis inherentes a sus propias características. Estos elementos abren la posibilidad de comprender el momento histórico e intervenir en él.

Según publica la reconocida consultora a nivel mundial PwC, las 100 principales compañías a nivel mundial han capitalizado ganancias por más de 21.100 billones de dorales. Esta cifra no solo representa una inimaginable fortuna en pocas manos en un mundo de creciente pobreza, sino que es la expresión de la sobremercantilización del planeta en un desarrollo que no es casual. 50 años atrás no era factible que las multinacionales obtengan estos niveles de ganancia. La comparación no es fortuita: en la década de 1970 comenzó el impulso de la Sociedad Informacional (SI).

Según el informe de PwC, la lista de estas empresas con mayor incidencia a nivel mundial la encabeza Microsoft (que triplicó su valor en los últimos 10 años), Apple y Amazon. Google quedó en cuarto lugar. Es decir, empresas estrictamente vinculadas a la tecnología.

Otro dato importante es que más de la mitad de estas empresas son de capitales estadounidenses dejando en segundo lugar a China. Este elemento es clave para seguir entendiendo de qué hablamos cuando nos referimos a la guerra comercial de nuestro tiempo, que es mucho más que los sistemas impositivos e industriales, sino que también están vinculados a proyectos culturales de incidencia directa en nuestra cotidianeidad.

En su fase actual, el Capitalismo ha logrado una acumulación nunca antes vista, logrando llevar su cultura mercantilizante a cada rincón de la tierra y aportando a transformaciones estructurales en todos los países del mundo. Esto también lo vemos en su faceta local, donde los conglomerados multimediales se desarrollan con mucha velocidad, como el caso de Cablevisión-Telecom que, además de lograr tener presencia en diversas plataformas (TV, telefonía, internet), nació con la potencia de ser una de las empresas con mayores ganancias del país.

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Un caso más reciente, y tal vez menos conocido, pero de suma importancia, es la adquisición de Belatrix (una empresa de Software mendocina) por parte de Globant, también una firma argentina, pero que tiene presencia mundial y viene dando golpes muy fuertes en el mercado en los últimos años.

Tendemos a creer que el sector de la tecnología está orientado solo a especialistas de la informática. Sin embargo, hay todo un impulso empresarial por detrás, con la intención de modificar estructuralmente las relaciones sociales y de producción del mundo entero.

Condicionamientos sociales

¿Imaginan estar leyendo este artículo sin la mediación de Facebook, Twitter o los motores de búsqueda de Google? ¿Qué tan común es leer algo no ya en soporte papel, sino incluso en una computadora de escritorio? ¿Podemos informarnos sin la mediación de tablets, smartphones o notebooks? Estos son apenas algunos disparadores. Sistemas de geolocalización para el transporte, controles y accesos biométricos a puestos de trabajo, sistema financiero digitalizado, medios de comunicaciones multimediales. Vivimos en una suerte de Gran Hermano mundial.

En el traspaso del mundo del papel al digital, una de las grandes preocupaciones de la sociedad ha sido la seguridad. En ese sentido, no solamente es importante destacar lo que mencionábamos sobre datos personales, sino que ha sido un proceso largo y difícil (y aún abierto) de cómo poder sentirnos seguros en este contexto. El principal reflejo es seguir utilizando los mecanismos ya obsoletos. Por ejemplo, para quienes nunca usaron un cajero automático, cobrar por caja. Sin embargo, el sistema bancario es el mismo. Quienes están más inmersos en el mundo digital apelan a usar en sus celulares aplicaciones más seguras, como si esto podría contener la intromisión del Sistema Operativo del teléfono, el soporte físico creado por una empresa o los mecanismos de memoria de los buscadores. Utilizar casillas de correo evitando poner algún dato personal o número de teléfono, mientras la cuenta es creada por Google (Gmail).

En ese sentido, y con el fin de terminar de conquistar el mercado de las relaciones humanas, empresariales, laborales y políticas, las empresas se esfuerzan en ofrecer herramientas de mayor seguridad. Por ejemplo, Google está avanzando en mecanismos de seguridad que, en sí mismo, tienen el fin de seguir posicionándose por sobre sus competidores. En definitiva, empresas como Google o Facebook logran convencer en la línea de seguridad para luego ser apetecibles aliados del poder influyendo en sistemas electorales o en la difusión de fake news.

Pero las multinacionales con esta orientación no solo radican en Estados Unidos o en su principal competidor, China. En la crisis capitalista mundial actual, Rusia viene tomando cada vez mayor relevancia, sobre todo por su rol político y militar. Además de su rol más explícito, que incluye la injerencia directa en países (como en Ucrania donde terminó anexando a Crimea), condicionándolos por su poderío energético, interviniendo en conflictos como el de las dos Coreas, también se consolida como un actor clave en inteligencia. En un artículo reciente titulado “Cómo funciona la maquinaria oculta de Vladimir Putin para golpear las democracias en el mundo”, se señala que el Kremlin, a través de su Agencia de Investigación de Internet y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, intenta influenciar en las decisiones de naciones de todo el mundo.

Es necesario poner algunos matices sobre la idea de “golpear las democracias”, pero no hay dudas de su influencia. Al igual que Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina o Trump en Estados Unidos, los mecanismos rusos también cuentan con trolls en redes sociales, fake news o análisis de perfiles. Además, desde los años de la KGB, Rusia viene desarrollando sistemas de inteligencia muy complejos que hoy se proponen aggiornarse al momento histórico de masificación tecnológica.

Destacamos el caso ruso porque sirve para conocer lo ajeno, ya que muchas compañías que ofrecen “seguridad” tienen origen en aquellas tierras. Por ejemplo, Telegram se presenta como un sistema de mensajería confiable. Sin embargo, es propiedad de dos empresarios rusos (Nikolái y Pável Dúrov) o medios como RT, que dependen directamente del Estado.

Desafíos: una salida política

No todo está perdido. En relación a la seguridad informática, hay desarrollos vinculados al Software Libre, a la libertad en las redes, que están enfocados en mayores niveles de cuidado y protección de la información de las y los usuarios, que promueven su protagonismo con herramientas hechas a medida. Sin lugar a dudas, no hay una fuerza equiparable a las construcciones del mercado, más allá de casos aislados, pero sí materia prima para pensar en una alternativa. Aquí hay un desafío político.

La tecnología en sí misma no es el problema. En la actualidad ya es sumamente funcional para mejorar los sistemas de educación, refundar lazos sociales disueltos, abrir una inmensa posibilidad de expresarse con cierto nivel de libertad. Ha permitido que experiencias políticas que no son funcionales a los sistemas políticos tradicionales puedan impulsar sus propuestas, que se creen miles de nuevos medios de comunicación con la correspondiente proliferación de más periodistas, comúnmente desplazados y desplazadas de los medios hegemónicos.

La tecnología cuenta, en su esencia, con los mismos problemas que cualquier otro sector en el Capitalismo: relaciones de producción desiguales, precarización laboral, desempleo a partir de la sustitución de personas, malas condiciones de trabajo. Por lo tanto, es terreno de disputa.

Sobre sus objetivos, al igual que un diario de tirada nacional, las grandes compañías y Estados buscan convencer y posicionarse con fines mucho más profundos aunque, tal vez, con mayores niveles de efectividad.

Desde ese punto, la respuesta que el conjunto de la sociedad debe tener ante el escenario planteado debe ser política. Comprender cuál es el lugar que ocupan las TIC, cuál es su influencia, cómo son ponderadas. Qué límites nos imponen y que posibilidades nos abren. Sin abandonar las tradiciones y objetivos de clase de las y los trabajadores, la plena conciencia de este escenario es una virtud que tendrá, como consecuencia, la posibilidad de vivir de una manera menos condicionada y más libre.

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Por Cecilia Sánchez* | Foto de Leandro Teysseire

En una entrevista reciente publicada en el diario Clarín, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao sostuvo, con la despreocupación y el cinismo que lo caracterizan, que por más que hoy en día se defienda el derecho a contar con financiamiento para investigar en ciencia y técnica, esto no siempre fue así. El exministro también se aventuró a sugerir que los investigadores e investigadoras argentinas deberíamos salir a formarnos en el exterior y dejar de aspirar a incorporarnos al CONICET como si se tratara de la única vía para continuar con nuestras carreras científicas. Un doctor, afirmó Barañao, puede ingresar “a la universidad, al INTA, donde sea”.

Estas polémicas declaraciones suscitaron de inmediato el unánime repudio de la comunidad de ciencia y técnica porque quienes nos desempeñamos como trabajadores y trabajadoras del CONICET sabemos que la dura crisis que atraviesa el sector se expresa en una realidad bien distinta de la que plasman los dichos del secretario.

Política de desmantelamiento

A comienzos de abril, unos pocos días antes de que fuera publicada la nota a Barañao, se dieron a conocer los resultados de la última convocatoria a la Carrera del Investigador (CIC) de CONICET. Los números fueron verdaderamente escandalosos: sobre un total de 2595 postulantes, el directorio del organismo resolvió aprobar el ingreso de sólo 450: apenas un 17,3%. Esto implica que 2145 investigadores e investigadoras que fueron formadas por el Estado argentino, a través de becas de doctorado y posdoctorado a lo largo de entre cinco y ocho años, hoy se quedan sin posibilidades de seguir trabajando para el CONICET y de continuar sus líneas de investigación.

Se trata, de esta manera, del despido encubierto de cientos de profesionales altamente calificados que vienen trabajando en el CONICET de manera precaria y que ahora quedan en la calle, expulsados y expulsadas del sistema científico por causa de las feroces políticas de ajuste del gobierno macrista y, particularmente, por el brutal recorte sobre la investigación y la educación pública.

Si bien una de las promesas de campaña de Cambiemos había sido llevar la inversión del país en ciencia a un 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), el financiamiento que recibió el sector en 2018 se correspondió con apenas un 0,26%. Uno de los aspectos más graves de una política de ajuste que se orienta hacia el desmantelamiento del CONICET y del sistema científico-tecnológico en su conjunto es que ésta impacta con mayor fuerza sobre las y los trabajadores más precarizados del sector: las y los becarios.

La precarización como modelo

El drástico recorte en los ingresos a CIC, que implican la incorporación a la planta permanente del CONICET, solo es posible porque desde hace ya largos años, previos a la asunción de Macri, el sistema científico se cimenta sobre la base de la precarización de cientos de investigadores e investigadoras que nos desempeñamos como becarios y becarias, ya sea de doctorado o de posdoctorado. Como tales, no somos reconocidas como trabajadoras por el CONICET y no contamos, por lo tanto, con derechos laborales básicos como aguinaldo, aportes jubilatorios, obra social extensible al grupo familiar y licencias por enfermedad.

Debemos dedicar un mínimo de cuarenta horas semanales al desarrollo de nuestras tareas de investigación y somos impedidos de tener otros trabajos porque las becas solo son compatibles con cargos docentes, bajo el argumento de que “somos estudiantes” o de que “nos estamos formando”. El CONICET se empeña en negar nuestra condición de trabajadores y trabajadoras. Aunque realizamos tareas análogas a las que le corresponden a cualquier investigador de planta (publicamos papers, participamos de congresos especializados, formamos parte de grupos de investigación), somos tratadas muchas veces como “privilegiadas y privilegiados” por poder acceder a una beca de investigación, cuando en realidad se trata de todo lo contrario: nuestro trabajo se desarrolla bajo condiciones sumamente precarias y esto implica que cotidianamente quedamos expuestos a numerosas situaciones de desigualdad, injusticia, maltrato o violencia.

El ajuste no solo se expresa en los cientos de despidos motivados por el recorte presupuestario, sino también en un preocupante retroceso sobre derechos adquiridos por el colectivo de becarios y becarias tras años de lucha. En los últimos meses, las autoridades del CONICET se excusan en la falta de presupuesto para negarse a responder solicitudes que hasta hace poco solían resolverse favorablemente. El directorio del CONICET viene rechazando numerosos pedidos de licencias por maternidad de becarias, escudándose en mecanismos discrecionales y recurriendo a argumentos totalmente arbitrarios, en una decisión política repudiable que no hace más que perpetuar las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad. El organismo también se ha negado a otorgar solicitudes de licencias por enfermedad y no ha intervenido frente a casos de abusos de poder sufridos por becarios y becarias. Estos casos no remiten a situaciones puntuales o excepcionales, sino que ilustran las condiciones de extrema precarización bajo las que nos desempeñamos como becarias y el modo en que las consecuencias del ajuste repercuten todavía con mayor fuerza sobre quienes no somos reconocidos plenamente como trabajadores.

Salarios de miseria y condiciones de trabajo deterioradas

Otra señal de la acuciante crisis presupuestaria que atraviesa el sector de ciencia y técnica, y el CONICET en particular, es el creciente deterioro del poder adquisitivo de nuestros salarios: los becarios y becarias cobramos cuatro mil pesos por debajo de la canasta básica, que hoy está en $28.750. También los trabajadores administrativos del CONICET perciben salarios que se ubican por debajo de la línea de pobreza. La devaluación, la inflación sin freno y los aumentos en las tarifas de los servicios no solo licúan el poder adquisitivo de los magros salarios de los y las trabajadoras de ciencia y técnica, sino que también impactan negativamente en el funcionamiento de los laboratorios e institutos de investigación. Al no recibir financiamiento suficiente, muchísimos lugares de trabajo se encuentran prácticamente al borde del cierre porque no cuentan con fondos para comprar insumos y materiales ni para pagar las cuentas de electricidad o de gas o bien los servicios de limpieza y seguridad. La situación es tan grave que en algunos institutos se solicita incluso a los y las becarias e investigadores que aporten dinero de sus salarios para afrontar los gastos de funcionamiento.

La organización frente al ajuste

¿Qué opciones quedan ante este preocupante panorama? Para algunos y algunas la alternativa es buscar trabajo en el extranjero. Para muchos otros, sin embargo, la denominada “fuga de cerebros” no es una opción viable: los y las investigadoras que tienen familias e hijos a cargo no pueden relocalizarse fácilmente en otro país, y en esos casos se ven forzados a buscar trabajos en otros sectores, principalmente la docencia, donde también probablemente vayan a ser contratados y contratadas bajo condiciones precarias.

Pero si algo queda claro frente a este brutal recorte en ciencia y técnica es que los y las trabajadoras siguen en pie demostrando su capacidad de organización y movilización. Fue ese camino el que condujo a alcanzar algunas importantes conquistas en materia de derechos laborales para becarios y becarias (por ejemplo, la obtención de obra social y el derecho a licencias por maternidad, todavía mejorables), y fue también gracias al masivo proceso de lucha desencadenado a partir de diciembre de 2016 que fue posible revertir los quinientos despidos de entonces a través de la incorporación de doctoras y doctores a las universidades y a otros organismos de ciencia y técnica.

En el último tiempo se han llevado adelante incontables medidas de lucha que demuestran la potencia colectiva para organizarnos por nuestras reivindicaciones y seguir peleando contra el ajuste y por la conquista de mejores condiciones de trabajo para hacer ciencia en y para nuestro país: asambleas abiertas y movilizaciones al Polo Científico, al Congreso y a Plaza de Mayo; ferias de ciencia y performances que lograron atraer la atención de los grandes medios de comunicación; petitorios, plenarios y encuestas nacionales para poner en común los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente en nuestro trabajo. Como ha quedado demostrado en experiencias anteriores, es solo a través de la profundización de la participación activa y la organización horizontal de los y las trabajadoras de ciencia y técnica que será posible poner un freno al ajuste y construir colectiva y democráticamente los lineamientos de una política científica que esté al servicio de las necesidades del conjunto de la sociedad.

 *Becaria doctoral del CONICET. Delegada de Jóvenes Científicxs Precarizadxs Bs. As.

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La ciencia y técnica en el país: institutos deteriorados, sueldos que no alcanzan y ausencia de derechos laborales. Análisis del deterioro de un área pública que puede dejar a la Argentina sin futuro. 

Hace poco más de dos semanas el gobierno anunció la eliminación de trece Ministerios, entre ellos el de Ciencia y Técnica que, bajo la denominación de “Secretaría de Ciencia y Tecnología”, pasará a integrar el “Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología” a cargo del Ministro Alejandro Finochiaro.

Esta reestructuración se inscribe en el marco del acuerdo concertado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de una profunda crisis económica que se expresa en el aumento del desempleo, la pobreza y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de trabajadores y trabajadoras, tendencia que se intensificó aún más luego de la devaluación de la moneda.

El Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva (MinCyT) se creó en el año 2007 con el objetivo de incentivar el desarrollo científico y técnico nacional a través del financiamiento de proyectos de investigación en diversas disciplinas y de promover su vinculación con la esfera productiva. Con esta meta, fundamentalmente a través del CONICET (organismo dependiente del MinCyT), se amplió significativamente la planta de científicos/as como así también de trabajadores/as que desempeñan las tareas de apoyo requeridas para la consecución de las investigaciones.

En 2015 el cambio de gobierno despertó un clima de cierta desesperación en gran parte de la comunidad académica respecto al futuro de la ciencia. Las inquietudes parecieron apaciguarse cuando el Ministro kirchnerista Lino Barañao confirmó su continuidad ahora, bajo la gestión macrista. Para algunos/as, la permanencia de Barañao reafirmaba el modelo de ciencia y técnica alumbrado durante el kirchnerismo. Ahora bien, ¿qué características tenía aquel modelo?; ¿qué elementos lo diferencian del actual?; ¿qué significa la eliminación del Ministerio de CyT en un contexto signado por el avance de las políticas de austeridad?

Responder estos interrogantes implica colocar la mirada en elementos que van más allá del aumento o disminución en el número de becas y/o del presupuesto. Tales análisis aportan evidencias fundamentales, sobre todo, para luchar en pos de defender lo conquistado. Pero también, resulta urgente comprender las bases sobre las cuales se constituyó el sistema científico para reflexionar acerca de la orientación que el mismo asume en la actualidad.

De la cuestión presupuestaria a las condiciones de trabajo y de vida

Desde hace tiempo el porcentaje del PBI nacional de nuestro país destinado a ciencia y técnica es insuficiente. Esto puede observarse al establecer comparaciones con la inversión en I+D (investigación y desarrollo) de otros países de América Latina como Brasil, donde en el 2014 fue del 1,17% mientras que en Argentina, ese mismo año, apenas alcanzó el 0,59%. Partiendo de estas condiciones, desde la creación del MinCyT es posible identificar un incremento en la fracción del presupuesto nacional destinada a ciencia técnica. Esta tendencia cambia en 2014 cuando se fijó un porcentaje de 1,48% que resultó insuficiente luego de la devaluación de la moneda ocurrida a inicios de ese año. En 2015 el presupuesto vuelve a incrementarse (1,53%) alcanzando un máximo histórico que buscó compensar parcialmente el desfasaje del año anterior. Con posterioridad, las partidas presupuestarias no hacen más que disminuir, llegando al 1,22% en 2018.

La inicial escasez en los recursos destinados a la investigación pública y su precipitado agotamiento a partir del año 2016, con el cambio de gobierno y las recurrentes devaluaciones de la moneda, asumen formas concretas: la imposibilidad de continuar con diversas líneas de investigación, las dificultades en la compra de insumos (dolarizados), el deterioro de los espacios de trabajo y los obstáculos que se presentan para garantizar el funcionamiento de laboratorios e institutos de investigación que, al día de hoy, no pueden afrontar el pago de servicios básicos como el gas y la luz. El escenario para el 2019 no es promisorio, más bien todo lo contrario. Si bien se prevé un “incremento” del 27,7% en el presupuesto, este porcentaje da cuenta de una reducción en tanto no consigue compensar la inflación proyectada para el 2018 que, como es de público conocimiento, superará el 40%.

En este cuadro, la propuesta del gobierno es aquella que el pasado ministro y actual secretario Lino Barañao siempre defendió y que nunca pudo implementar con éxito: incentivar la vinculación de actividades científicas con el ámbito empresario para, de este modo, reemplazar la falta de financiamiento del sistema científico nacional.

El recorte presupuestario tiene su correlato en las condiciones de vida de quienes decidimos dedicarnos a la investigación pública en Argentina: salarios que pierden su poder adquisitivo al menos desde el año 2010 y que en la actualidad apenas superan la línea de pobreza, inestabilidad y falta de reconocimiento de derechos laborales básicos. Pero lo particular (y aquello que suele quedar invisibilizado) es que estos elementos no son una novedad del macrismo. Desde hace más de 12 años las becarias y los becarios incluimos entre nuestras principales reivindicaciones ser reconocidos/as como trabajadores/as lo que nos permitiría acceder, por ejemplo, al cobro de un aguinaldo, a poder contar con una verdadera licencia por maternidad o con algún tipo de licencia por enfermedad (actualmente no existen). Este reclamo ha sido negado sistemáticamente por todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias que integran e integraron el directorio del CONICET.

La orientación de las políticas científicas

Desde el cambio de gobierno se han multiplicado las voces que señalan que la ciencia y la investigación son elementos prácticamente ausentes en el diseño de las políticas públicas del gobierno. El pasado 16 de agosto, la consigna “Sin ciencia no hay futuro” reunió miles de trabajadores/as del ámbito científico en una audiencia pública realizada en el Congreso de la Nación que estuvo acompañada por una masiva movilización y feria de ciencias. En aquella oportunidad abundaron las interpretaciones en torno al fin de la ciencia basadas, fundamentalmente, en algunas de las cuestiones que enumeradas en esta nota: el recorte presupuestario, la reducción en el número de becas e ingresos a la planta permanente del CONICET, la eliminación del MinCyT, la pérdida de poder adquisitivo del salario, por retomar algunos ejemplos.

Si bien en el escenario actual es preciso tomar nota de estos aspectos y organizarnos  para revertirlos, también reviste particular importancia colocar la mirada en aquellos elementos que remiten a las bases sobre las cuales se gestó el sistema científico nacional: institutos deteriorados, sueldos que no alcanzan y ausencia de derechos laborales. Estas condiciones configuradas en el pasado reciente e intensificadas en el cuadro de ajuste actual son cabales para comprender las incertidumbres acerca del futuro de la ciencia y los límites de una política científica discutida en términos antidemocráticos y orientada a los intereses de las minorías.

*Doctora en Ciencias Sociales. Becaria posdoctoral CONICET. Delegada de Jóvenes Científicxs Precarizadxs – Bs. As.

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