Por Estefanía Siniscalchi | Foto: Rocío Prim

En el marco del Mes del Orgullo, que se celebra cada junio en todo el mundo en conmemoración a los disturbios acontecidos en Stonewall, Nueva York, en 1969 y que dieron pie a los movimientos por los derechos LGBTTIQNB+, es importante reivindicar las luchas aún vigentes y trabajar en que sea un mes de reflexión y visibilidad, más allá de las estrategias de marketing que suelen teñir a las grandes marcas de color arcoiris.

Hace un mes, en Argentina se celebró el día de la patria trans, más precisamente el 24 de mayo. Y mientras el calendario patrio volvía a poblarse de discursos oficiales sobre la “Nación” y la “libertad”, en Plaza de Mayo otra voz colectiva insistió con una pregunta incómoda: ¿Qué patria hubo históricamente para las travestis y trans en Argentina?

Bajo la consigna, organizaciones y activistas nucleadas en Las Históricas Argentinas realizaron una nueva jornada de lucha para exigir la aprobación de una Ley de Reparación Histórica Travesti Trans. La convocatoria reunió a sobrevivientes de décadas de persecución policial, exclusión social y violencia institucional, junto a organizaciones feministas, transfeministas y del colectivo LGBTTIQNB+ de todas las edades.

Este día no es solo una fecha conmemorativa: Plaza de Mayo volvió a convertirse en un territorio de memoria política y denuncia. Una memoria que no habla en abstracto, habla de edictos policiales, detenciones arbitrarias, expulsión de hogares, escuelas y trabajos. De vidas marcadas por la clandestinidad forzada y un promedio de vida históricamente reducido por la violencia estructural.

“Memoria, verdad, justicia y una vejez digna”

Así lo sintetizaron desde la organización. Porque el reclamo por Reparación no apunta únicamente al reconocimiento simbólico, sino que exige políticas concretas para quienes sobrevivieron a un sistema que les negó derechos básicos durante décadas.

La demanda por una Ley de Reparación Histórica Travesti Trans lleva más de quince años de construcción colectiva. En ese recorrido quedaron muchas compañeras en el camino, sin acceso a jubilaciones, vivienda, salud ni condiciones materiales para una vejez digna. La democracia argentina, señalaron las activistas, mantiene todavía una deuda profunda con quienes resistieron la persecución estatal incluso después del retorno democrático.

La jornada también tuvo el formato de encuentro popular y cultural. Hubo festival artístico, lecturas, música, clase abierta de baile y olla popular. Porque la organización comunitaria aparece, otra vez, como respuesta frente a la precarización y el abandono. Entre artistas, activistas y referentas históricas, la Plaza se llenó de cuerpos y voces que disputan el sentido mismo de patria. Una inclusiva dónde la diversidad logre los mismos derechos.

Así lo recuerdan los testimonios de Marcela Saibek, Micaela Pérez y Erika Moreno que reconstruyen décadas de persecución, detenciones arbitrarias, exclusión laboral y violencia estatal que aún esperan reconocimiento y reparación porque para el colectivo travesti/trans la violación a sus derechos no terminó con el retorno de la democracia. Esa es la deuda que el Estado debe reconocer y reparar.

“Nos tienen que reparar primero porque nosotras aportamos como todas, pagamos impuestos como todo ser humano. Pero aparte de pagar con el cuerpo, con los golpes y con las cosas que vivimos, teníamos que pagarle a todos por el arreglo. Eso que estamos reclamando es nuestro”, afirma Marcela Ángela Saibek de García Sopeña, integrante de Las Históricas, en referencia a las coimas que les obligaban a pagar.

La organización nació a partir de encuentros entre sobrevivientes que comenzaron a reunirse después de la pandemia para impulsar el reclamo. Lo que empezó como reuniones informales terminó convirtiéndose en un movimiento federal integrado por activistas de distintas provincias. El nombre surgió durante una caminata hacia Casa Rosada para entregar una carta al entonces presidente Alberto Fernández.

“Parecemos Las Históricas Argentinas”, recuerda Marcela entre risas. El nombre quedó para siempre.

Pero detrás de esa anécdota aparece una historia mucho más dura. Las entrevistadas relatan detenciones arbitrarias, violencia policial, expulsión de sus hogares, imposibilidad de acceder al trabajo formal y años enteros de persecución sistemática. “Nosotras estuvimos presas años y no tenemos antecedentes. Los golpes, las violaciones, los garrotazos, todo eso lo sufrimos. Entonces, ¿cómo se entiende?”, se pregunta Marcela.

Para las integrantes del colectivo, la ausencia de registros oficiales constituye una de las pruebas más contundentes de la violencia estatal. Muchas fueron detenidas decenas de veces sin que esas detenciones quedarán asentadas formalmente. Micaela Josefina Pérez, de 62 años, se define como “un testimonio vivo” de aquella época. Sobreviviente de la dictadura, los edictos policiales y la persecución en democracia, recuerda que fue detenida en reiteradas oportunidades y que terminó exiliándose del país en el año 2000.

“Yo me exilié cansada de mis detenciones. Estuve en Devoto varias veces por 15, 20 y 30 días solo por el hecho de ser travesti”, relata. Su historia refleja uno de los argumentos centrales del reclamo: el Estado persiguió a las personas travestis y trans y también les impidió construir una vida laboral que les permitiera acceder a derechos básicos.

“A mí me sacaban de la peluquería. Las dueñas tenían que ir a buscarme a la comisaría. Después de la cuarta o quinta vez me echaban del trabajo. Nos empujaron al mundo de la marginalidad y la prostitución”, recuerda Micaela. La consecuencia de esa exclusión sigue presente hoy. Muchas de las sobrevivientes llegaron a la adultez sin aportes jubilatorios, sin vivienda propia y con graves problemas de salud derivados de décadas de precarización. “No hay tiempo. Nos seguimos muriendo”, advierte Micaela. “Lo único que pedimos es que se dignifique el resto que nos queda por vivir”.

“Para nosotras la democracia llegó recién en 2012”

Para las activistas, la Reparación Histórica no busca privilegios ni beneficios extraordinarios sino reconocer que existió una política sistemática de exclusión social que dejó secuelas materiales y simbólicas en travestis y trans y que persisten hasta el presente.

Erika Noely Moreno, activista fueguina e integrante de Las Históricas, lo sintetiza con claridad: “La reparación histórica es reconocer el genocidio que nos hicieron. No nos dejaron estudiar, trabajar, comprar una vivienda ni hacer aportes jubilatorios. Ahora necesitamos la reparación porque no nos dejaron construir nada”.

Moreno señala además que el negacionismo sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar. “¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Porque no se hacen cargo. No se hacen cargo de que nos tiraban agua caliente, de que nos cagaban a tiros, de que nos detenían. Fuimos a buscar los registros y no hay nada”.

Para las entrevistadas, la Ley de Identidad de Género representó un punto de inflexión. Pero remarcan que el reconocimiento legal no alcanzó para reparar décadas de exclusión estructural. “Para nosotras la democracia llegó recién en 2012”, afirma Micaela. “Antes no podíamos caminar tranquilas por la calle”.

En la Plaza de Mayo, la memoria ocupa un lugar central. Cada actividad recuerda a las compañeras que murieron sin haber visto reconocidos sus derechos. “Pensé que estábamos todas muertas”, confiesa Erika al recordar el encuentro con otras sobrevivientes. “Eso también fue lo que me llevó a militar con Las Históricas: que todavía estamos vivas”.

Esa idea atraviesa toda la construcción política del colectivo. Las Históricas se reconocen como memoria viva de una experiencia que durante décadas fue invisibilizada. “Somos pequeños libros abiertos de esa época”, dice Marcela. “Después esto ya no se va a hablar con nosotras. Lo van a tener que ir a buscar a los libros. Por eso es importante que nos escuchen para que no vuelva a pasar”, agrega.

Es que, como repiten cada 24 de mayo, no puede haber una democracia plena mientras quienes sobrevivieron a la persecución estatal sigan esperando que el Estado reconozca el daño que les causó. Uno de los puntos más fuertes de su discurso político es la idea de “supervivencia”. Muchas de sus integrantes remarcan haber sobrevivido a una expectativa de vida históricamente bajísima para el colectivo travesti trans en Argentina.

Desde allí, el reclamo de reparación no aparece solamente como una demanda económica, sino como una política de memoria y justicia frente a una violencia estructural que marcó generaciones enteras.

A través de sus redes, el colectivo también reivindica una dimensión afectiva y cultural de la militancia: la celebración de las identidades travestis y trans, la construcción de comunidad y la transmisión intergeneracional de la memoria. Por eso, su trabajo dialoga con experiencias como el Archivo de la Memoria Trans Argentina y otros espacios dedicados a preservar las historias de vida travestis y trans en el país.

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Por Dalia Cybel

“Soy mamá soltera… y el otro día estaba en una mediación… hacía tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, dice al micrófono Julieta Emilia Cazzuchelli, nacida el 16 de diciembre de 1993 en la localidad de Fraile Pintado, provincia de Jujuy pero más conocida como La Jefa o Cazzu para su público. “Ese hombre (el abogado opositor) me miró a los ojos, y sin decirme nada me dijo: tenemos el put* control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, relató la artista urbana en el podcast Se regalan dudas conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagún.

El conflicto de Cazzu comenzó tras una tempestuosa separación en mayo de 2024 con Christian Nodal, padre de su hija Inti y actual pareja de Angela Aguilar. En la entrevista la cantante confesó que la cuota alimentaria que recibe no es suficiente para sostener a Inti, a quien cría sola en nuestro país. Sin embargo, el escándalo estalló cuando la artista denunció que Nodal se negaba a firmar permisos para que la niña pueda viajar con ella al exterior durante sus giras.

“Yo tengo el privilegio de ir a tocarle la puerta a un juez… pero esas mujeres que no tienen abogado ni pensión… esas son las que más sufren”, lamentó Cazzuchelli.

¿Quiénes son esas madres que crían solas y no están bajo los reflectores? Marcha habló con tres de ellas y la abogada Carolina Rodríguez, una de las responsables de la presentación de la ley Cazzu en Argentina, para conocer un poco más sobre el tema.

Jefas de hogares monomarentales

Andrea* es madre de Sebastián, quien desde hace dos años no tiene contacto con su progenitor. Este desapareció luego de una separación atravesada por la violencia de género y desde ese momento no se hace responsable de las cuotas alimentarias. Aunque Andrea y su abogada, Carolina Rodríguez, solicitaron su inscripción en los Registros de Deudores Alimentarios Morosos, le prohibieron la salida del país y de negaron el acceso a la cancha, “se borró”, en palabras de la joven.

“El cuidado unilateral ya fue solicitado y otorgado luego de un año de litigio, pero a ella no le alcanza para salir del país de vacaciones, porque en nuestra legislación está ligado a la responsabilidad parental, que es un concepto más abarcativo y va más allá de quién ejerza el cuidado”, explica Carolina. “Para realizar algunos trámites, se necesita el permiso del otro progenitor, que es un poco lo que le pasa a Cazzu”.

El conflicto de la trapera y el cantante no tardó en viralizarse, y en convertirse en el puntapié para que, en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, la diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz, presentase un proyecto de ley donde solicita que en, casos de crianza y responsabilidad unilateral, resulte suficiente el consentimiento de uno de los ma/padres para que un hijo pueda salir del país, sin requerir autorización del progenitor ausente. “La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control”, sostuvo la legisladora.

En nuestras tierras la propuesta no tardó en hacerse eco y el grupo Abogadas Feministas AMBA decidió retomar la iniciativa. El proyecto fue presentado el 30 de marzo por el Senador Carlos Linares del Frente de Todos, ex Presidente del Partido Justicialista de Chubut y ex intendente de Comodoro Rivadavia. También hubo una campaña a través de Change.org que tiene actualmente alrededor de 37.884 firmas verificadas.

“El proyecto de ley en México requiere una reforma constitucional. Eso, por un lado, lo hace más complejo, porque implica modificar la Constitución; pero, por otro lado, cuentan con un Gobierno progresista y una posición legislativa un poco más orientada hacia los derechos humanos”, continúa la abogada.

En ese sentido, si bien el proyecto argentino solo busca añadir algunos artículos al Código Civil y Comercial, resulta más difícil que sea aprobado por la composición actual del Congreso.
Andrea cuenta la dificultad que tuvo para que su hijo recibiera contención profesional, ya que ninguno de los psicólogos especializados quería tratarlo, a pesar de que, frente a la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en virtud de la Ley 26.061, se les debe brindar asistencia.

Sin embargo, los profesionales evitan los conflictos que pueden conllevar enfrentarse de manera directa a progenitores violentos o recibir denuncias infundadas, entre otros inconvenientes, más allá de que eso suceda o no en un caso concreto. A esto se lo llama backlash, es decir, una reacción adversa o persecución contra los profesionales que trabajan con perspectiva de género, niñez y derechos humanos.
Lucía es docente, tiene dos hijas y fue víctima de violencia de género. Aunque creyó que el progenitor nunca había reconocido a sus hijas, cuando tuvo que hacerles la renovación de DNI, se dió cuenta que en los papeles del Registro Civil llevaban su apellido. “Esto sucedió en 2014, antes de la reforma del Código Civil en 2015”, aclara Carolina, quien asegura que en ese entonces el apellido paterno era obligatorio y debía llevarse en primer lugar. “En contextos como el de Lucía, de inscripción tardía y con niñas que lo poco que conocían de su progenitor era la violencia y el abandono, el impacto resultaba muy fuerte y perjudicial para ellas”.

La letrada insiste en que, si bien la inscripción filial es correcta, porque hace referencia a la identidad biológica de las chicas, ya no es obligatorio el apellido paterno ni que los niños deban sostener un apellido que, por razones fundadas, les cause daño. “Esto ya encuentra un cauce legal, pero debemos seguir pensando en mejoras para todas las situaciones arbitrarias que se presentan”.
La hija mayor de Lucía se negó por mucho tiempo a usar el DNI con el apellido de su progenitor y, ya con la sentencia en mano, aún se encuentra a la espera de la rectificación de su analítico del secundario que, cuando llegó la sentencia de supresión de apellido, ya estaba emitido.

El proyecto legislativo

La iniciativa de la ley Cazzu, en honor a la autora del libro “Perreo, una revolución”, plantea una suspensión provisoria de la responsabilidad parental basada en dos extremos: el incumplimiento total o parcial de tres cuotas alimentarias consecutivas o de seis alternadas y la ausencia total en el ejercicio del cuidado o en la comunicación y relación con ese hijo durante tres meses consecutivos.

Si bien en nuestro país el Código Civil y Comercial establece la responsabilidad parental como un conjunto de derechos y deberes orientados al cuidado y desarrollo de los hijos, priorizando desde la reforma de 2015 el esquema de cuidado compartido, las impulsoras del proyecto advierten que en la práctica esa corresponsabilidad no siempre se cumple.

Los datos son contundentes: el 16% de los hogares del país son monoparentales y, dentro de ellos, ocho de cada diez tienen jefatura femenina según el dossier del INDEC publicado en marzo. A su vez, el 56% de las madres no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda. La cifra sube a 68% si se incluye a quienes la perciben de manera irregular, según un relevamiento de UNICEF.
Dicha estadística añade que 4 de cada 10 madres indicaron que los padres no se involucran plenamente en las actividades de cuidado de sus hijos, y que los niveles de pobreza infantil en hogares con jefatura femenina y en hogares monomarentales son significativamente más altos que en otros tipos de hogar.

UNICEF asimismo apuntó que más de 3 millones de niños viven en hogares monoparentales con jefatura femenina.

“Hablamos de madres, porque las estadísticas son tajantes, pero si hay un padre que cría en las mismas condiciones, claro que también lo alcanzará este proyecto”, enfatiza Rodríguez.
La denominada Ley Cazzu plantea que, ante determinadas situaciones, el juez pueda adoptar medidas cautelares de protección basadas en una evaluación interdisciplinaria que fundamente la decisión. Esta perspectiva parte del reconocimiento de que, en muchos casos, las madres asumen en soledad las tareas de crianza.

En este marco, si se dicta una medida cautelar que limite o suspenda derechos del progenitor, este podrá solicitar su revisión o rehabilitación. Para ello, deberá aportar pruebas que demuestren que la medida fue concedida de manera incorrecta o que su modificación resultaría beneficiosa para el interés superior de su hijo o hija.

“La ley no va a resolver todos los problemas, pero por lo menos apunta que cuando estén totalmente borrados o cuando no cumplan los deberes básicos de la responsabilidad parental, -cuidado, comunicación, alimentos-, no tengan que esperar años para que se dé una medida cautelar que le permita verdaderamente a la madre resolver y tener una vida digna en el mientras tanto”, subraya Rodríguez.

Marina dice que viene de una familia conservadora. Ella cuida, junto a su nueva pareja, a su hijo Julián, de doce años. Su progenitor desapareció luego de que ella se enterara de que tenía problemas de consumo, un año después del nacimiento de Julián. A partir de entonces, la situación fue empeorando a tal punto que tuvo que irse de su casa a escondidas para que él no se lastimara ni le hiciera daño a ella. “Yo estaba aislada del mundo, un poco porque en su momento me daba vergüenza y un poco por el prejuicio familiar”, cuenta.

Julián estuvo algún tiempo al cuidado de su padre, quien había asumido el rol de cuidador pero al mismo tiempo lo manipulaba. No dormía por las noches, no lo alimentaba bien ni lo llevaba a la escuela. El niño desarrolló un problema en los riñones por el estrés y ni siquiera lo llevaba al hospital.
Marina tuvo que denunciarlo y pedir el reintegro de su hijo en dos ocasiones, hasta que, con mucha persistencia y apoyo terapéutico para Julián, logró que se hiciera efectivo y que permaneciera al cuidado de su madre.

Su progenitor, por su parte, optó por borrarse. Al día de hoy, permanece rebelde en los procesos judiciales. Desde que se le impuso una cuota alimentaria, su decisión fue no abonarla. Tampoco acató la orden de que la vinculación con Julián fuera mediada o supervisada, dados sus graves problemas de consumo. Eligió, en su lugar, sostener la negación de todo lo expuesto y culpabilizar a los demás.
Sobre sus procesos legales, Marina asegura que fueron caminos arduos donde tuvo que recolectar pruebas, hacer actas en la escuela, hablar con las maestras y comenzar un tratamiento psicológico para su hijo, derivado por la escuela también.

“Ser jefa de un hogar monomarental es seguir afrontando las consecuencias de los progenitores que no se hacen cargo, que no cumplen con sus obligaciones. Las que terminamos pagando somos nosotras a través del desgaste emocional” relata Marina cuando se le consulta cómo definiría ser jefa de un hogar.
“Yo invertí todos mis ahorros en el proceso judicial y lo vivo de esa manera, como una inversión que me da paz mental y que era necesaria porque era insostenible la situación”, agrega Andrea, por su parte.
“Es importante que todas las personas que atraviesan estos contextos puedan acceder a medidas judiciales oportunas y efectivas; si no, el acceso a la justicia termina siendo una ficción y no impacta en la calidad de vida de los tantos niños y niñas que crecen en estos hogares”, asevera Carolina.

Para finalizar Marcha preguntó a cada una de las entrevistadas cómo las ayudó el feminismo a pasar este proceso. La respuesta fue unánime: todas ellas coinciden en que se hicieron feministas a través de la experiencia personal.

“Es tan importante la perspectiva de género que puede definir prácticamente entre la vida y la muerte en algunos otros casos. Para mí el feminismo fue querer hacer algo diferente por mi hijo y para las futuras generaciones. Decir, ‘bueno, yo voy a hacer un cambio. Yo lo vivo en carne propia’ “, asegura Marina.
“Sacarme la responsabilidad de la violencia del otro, sacarme la culpa, esa sensación de que hice mal y no sentirme sola, sentirme sostenida por un por un grupo de personas que me iban a entender, que no me iban a juzgar”, suma Andrea.

Lucía explica que la ayudó mucho la terapia y el hecho de capacitarse en ESI. “Más allá de los avances que se hayan logrado, sigue habiendo vulneración de derechos contra las mujeres, contra las infancias y contra las juventudes. Hay que ir por el feminismo, porque es lo único que puede garantizar una igualdad real y una sociedad más justa”, concluye.

*Todos los nombres de esta nota, excepto el de Carolina Rodríguez han sido modificados para preservar la identidad de las entrevistadas y sus hijos e hijas.

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Se realizó la segunda audiencia del juicio por abuso sexual contra el ex músico Miguel del Pópolo y fue el día de las querellantes, quienes con sus declaraciones destrozaron la estrategia de defensa. La novedad: podría ser incorporada una prueba testimonial más.

Por Laura Salomé Canteros | Fotos: Julianite Calcagno

Ayer, jueves 29 de agosto de 2024 desde el mediodía, se realizó en el TOC 25 la segunda audiencia del juicio contra Miguel del Pópolo, ex músico de 37 años, procesado por tres violaciones y una agresión física. Declararon las dos querellantes, Anabella Ciancarelli y Mailén Frías, parte del pequeño pero hidalgo universo de solo el 12% de quienes se animaron a denunciar a pesar de la visibilidad feminista del terror y la violencia sexual entre 2016 y 2021 en todo el país.

Durante la primera jornada, Del Pópolo había insistido en ratificar su postura y declaración: negó el círculo de las violencias ejercidas, los hechos concretos que lo trajeron a juicio tras ocho años y apuntó contra las sobrevivientes acusándolas de la “falsedad de sus dichos”.

Lo cierto es que, durante la segunda audiencia del juicio, lo más importante es la posibilidad de incorporar una prueba testimonial más en contra del procesado: la declaración de C., quien en 2016 tenía 14 años y habría sido violentada por del Pópolo en dos oportunidades. Una historia que acercó Mailén. Un requerimiento de incorporación que solicitó el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente y que tanto el tribunal como la querella, a cargo de Gabriel Conder, aceptaron.

El proceso continuará el próximo 10 de septiembre al mediodía.    

“Mientras me apretaba la cara, me penetró”

Anabella vive en Países Bajos, tiene 33 años y es tester de software. Conoció a del Pópolo en un recital y luego de que él la violentó no lo vio más. “Él me agregó a Facebook y empezamos a hablar. En ese momento estaba buscando una habitación, él me contó que tenía una amiga que me podía alquilar; entonces nos encontramos para verla”.

Durante aproximadamente 45 minutos, Anabella relató de forma virtual –pero no con menos detalles-, la noche del 24 de octubre de 2013, fecha que recuerda con precisión porque es un día antes del casamiento de su hermana. Mientras, el acusado jugaba con una lapicera cabizbajo. Antes, había sido apartado para que ella no lo vea.

“Cuando llegué, él estaba tomando un vino”, relató la denunciante refiriéndose al contexto y la actitud del procesado; “compramos uno más y vimos la habitación en alquiler”, agregó. “Luego, fuimos a un bar. En el camino él tenía una actitud violenta, iba pateando la basura”, agregó Anabella; “tenía pensado ir a lo de una amiga a dormir, pero como se había hecho tarde no me respondía los mensajes. Entonces fuimos a su casa. Entramos a su habitación y nos acostamos en la cama. Yo no tenía experiencia con el sexo casual”.

Fue el momento en que Anabella relató cómo, a pesar de las torturas de del Pópolo, ejerció su derecho a decir no. “Pensaba que tenía que hacerlo porque fui a su casa”, señaló; “primero accedí, pero luego tuve mucho miedo. En un momento me dejé de resistir, me rendí, y él, mientras me apretaba la cara, me penetró”. Antes y después, el testimonio ante el Tribunal de la violencia física y simbólica como prueba, la radiografía compleja del abuso de poder patriarcal. “Cuando le quise pegar para defenderme, me agarró más fuerte. Ahí me di cuenta que no podía salirme de esta situación”, declaró.

“Ese día no se lo conté a nadie”, siguió cronológicamente Anabella, “al otro, tenía un mensaje de él pidiendo perdón y preguntándome si tomaba pastillas anticonceptivas”. También relató el recuerdo del dolor en su lengua que le duró una semana y ante la pregunta del fiscal Pérez de la Fuente respondió segura “primero accedí a tener relaciones sexuales y después dije que no”, “él me lastimó”, y agregó ante otra de las consultas: “no usó ningún tipo de protección”.

Tres años después, Anabella vio el video en YouTube de Mailén y de Rocío. “Sentí empatía y fuimos a la fiscalía a hacer la denuncia”, contó y profundizó en sus emociones: “Sentí culpa. Sentí que a Mailén le había pasado porque yo no había hecho nada al respecto. Entonces la contacté, no la conocía”. Nacía otra red feminista.

“Le pedí que pare y él me decía que esto era mi culpa”

Mailén vive el conurbano bonaerense, tiene 30 años, es estudiante de diseño industrial, trabajadora del sonido y declaró a la par de una de las profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). “Nos conocimos a través de alguien en común”, introdujo refiriéndose al acusado, quien era su amigo. Tenía una remera que le rezaba a algunos santitos paganos; y una treintena de amigues que la abrazaban adentro y afuera de una sala conmovida por su sensibilidad y su relato.

“Él siempre tuvo el poder de justificar sus actos”, caracterizó Mailén; “yo estaba en una situación vulnerable y lo sabía”. Con memoria milimétrica, relató la previa a la violación que dio sustento a la denuncia que lo cambió todo: desde la red flag del acoso en línea hasta el primer asalto a su autonomía sexual por parte de del Pópolo.

“Fue una relación de amistad, sentía contención”, dijo Mailén, antes de contar la noche del hecho denunciado tras un recital. “Decidimos dormir en su casa y al otro día hablar”, declaró, haciendo referencia a la agresión del ex músico contra el público que lo había ido a ver. “Cuando llegamos a su casa, metió al perro a la habitación y lo escupió. Ahí empecé a tener miedo”, sostuvo; “me acosté en la cama, sin pantalón, se acostó conmigo, me abrazó” y comenzó la violencia.

Según la declaración de la sobreviviente, del Pópolo la “inmovilizó” y “cada vez que le pedía que parara se ponía más violento”. Afirmó que le pegó, la lastimó en la garganta, le mordió la lengua y la violó. “Le pedí que pare y él me decía que esto era mi culpa”, recordó; antes, el acusado le dijo: “para qué viniste si sabía que iba a pasar esto”.

“Tenía tanto miedo que lo único que quería era salir de ahí e irme a mi casa”. Al igual que el relato de Anabella, el lugar del hecho declarado se repetía, pero esta vez, del Pópolo obligó a Mailén a dormir con él. “Me desvistió a la fuerza y ya no me resistí”, contó. En la mesa, rodeando sus manos -firmes y temblorosas-, había unos caramelos que había alcanzado el presidente del tribunal, un café pedido por el fiscal, una botella de agua que facilitó una integrante de DOVIC, y un aceitito que le alcanzó Rocío, otra de las denunciantes.

Mailén contó ante el poder judicial que le advirtió al acusado que lo iba a denunciar. “Él me dijo ´ni en pedo, si no te hice nada´ y se acostó a dormir”; continuó. Fue cuando ella, atenta a la respiración del agresor agarró sus cosas, algo de plata que había tirada en la habitación y se fue. Cuando salió, caminó y corrió. Tuvo miedo que él la siguiera desde atrás. Se dirigió a la casa de su ex novio y un amigo, a quienes le contó lo que sucedió y la acompañaron: primero a una comisaría cercana a denunciar y luego al hospital Pirovano.

“Mientras estaba haciendo la denuncia, me empezó a llamar y por chat me pidió perdón”, contó Mailén. Lo que siguió fue el hostigamiento de amigos del violento para que desista con la denuncia y no se transforme en una causa judicial. Menos un juicio. “Toda mi vida tuve el acompañamiento de mis amigues”, lanzó como antídoto ante la complicidad y una vez que realizó el video fue consciente que el apoyo se multiplicó por miles. “Hasta hoy quienes me escriben me dicen ´este tipo me cagó la siquis´”, y afirmó: “Yo me pude defender, pero estas chicas no pudieron hacer nada”.

“Decidí esperar a que ella pudiera hablar”

La declaración testimonial de Mailén se extendió por dos horas mediando un breve cuarto intermedio. Fue un alegato político para que no les pase a otras; la responsabilidad social con el juzgado como escenario. Un refugio de esperanza donde reside lo aberrante.

“Eran tantas las que me decían lo mismo sobre él que tuve que cerrar las redes sociales porque sentía que tenía que quería ayudar a todas y no lograba hacerlo con nadie”, suspiró angustiada retomando lo que siguió a su video de denuncia contra del Pópolo; “no solo violó, también maltrató, y todas esas estamos sufriendo las secuelas”.

Mailén habló sobre la salud mental de ella y de quienes sobrevivieron y sobreviven a las consecuencias de los actos de violencia sexual de personas cercanas y que creían de su confianza. Fue después de mencionar la historia de C., de quien ella sabía de su existencia y la relación con del Pópolo por sus propios comentarios. “Decidí esperar a que ella pudiera hablar”, afirmó amorosa. Queda ver si se confirma que su declaración será incorporada al juicio en las próximas audiencias.

Porque el silencio no es nuestro idioma.   

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Por Ariell Carolina* y Laura Salomé Canteros | Foto: Julianite Calcagno

21:55 pm del día martes 20 de agosto del año 2024.

Llegué hace pocos minutos a casa. Me acomodo y predispongo psíquica y emocionalmente a escribir sobre lo vivenciado hoy en la primera audiencia del juicio contra Miguel del Pópolo.

Cuando me enteré que el juicio sería en el mismo Tribunal que fue nuestro juicio, sentí algo muy extraño. Por un lado, pensé sobre las sincronías de la vida y la justicia poética de cerrar la puerta de un ciclo que nos entrelaza como denunciantes, en el mismo lugar. Imaginando que hay un tiempo que busca ser revelado. Un tiempo donde el silencio ante los abusos del sistema patriarcal, no existe. Y por el otro, lo personal. Mi propia historia. Volver al mismo lugar donde por un año fui todas las semanas a poner el cuerpo en un proceso revictimizante como lo es el judicial.

Mailén Frías y Rocío Marques, no sólo lo denunciaron penalmente, también hicieron un escrache público y masivo a través de un video de YouTube.

Tan contundente fue que, gracias a la potencia de sus relatos, se destapó la olla que encubría a los abusadores del “rock argentino”. Se desató una seguidilla de denuncias y escraches, y se visibilizaron aún más los escraches que tiempo atrás habíamos realizado tanto yo, con mi pancarta del “No nos callamos más”, como Felicitas, con su WordPress Yanonoscallamosmas, visibilizando los abusos y violencias vivenciados con Cristian Aldana.

Abrieron una puerta que rompió con la impunidad de los músicos abusadores del país. Y creció tanto la fortaleza de creernos, alentarnos a defendernos y a hablar de nuestras historias de violencias, que cada vez se sumaban más mujeres e identidades disidentes a denunciar públicamente a todo macho abusador sin importar quién fuera.

Así cayeron no sólo músicos, también curas, actores, políticos, monjes, doctores, padres de familia, primos, tíos, abuelos, profesores, compañeros de trabajo (..) y se profundizó algo fundamental. Nuestra herramienta más preciada y, sobre todo, propia y genuina. Saber que podemos defendernos con nuestras voces, porque hay una red que nos cree y acompaña. Saber que nuestros cuerpos, aún con las marcas y los traumas, tienen la capacidad de reconstruirse, reformularse y tomar fuerza con otres para defendernos. Saber que estamos dándole voz y validación a la víctima que fuimos, para construirnos por fuera de aquella identidad opresiva. Saber que así prevenimos a les que vienen. Y si bien denunciamos y accedimos al sistema judicial por muchos motivos: desinformación, miedo, búsqueda de protección, una solución, el cese de la violencia, y muchas otras circunstancias más; estamos todxs de acuerdo en que una denuncia judicial no es la única ni la mejor opción para defenderse. Y que podés elegir qué hacer frente a un suceso de violencia porque estamos diversificando información crucial para pensar, profundizar, renombrar y protegernos de los abusadores. A través de nuestras experiencias de autodefensa.

Coincidimos en la frase “qué hermoso que es tenernos, qué potentes son nuestras redes”. Claro que exigimos y esperamos una condena ejemplar, pero sabiendo cuál es nuestro rol en este entramado y que el logro más importante ya es tangible: creernos y acompañarnos.

Una audiencia, nuestra sala

La audiencia comenzó a las 13.45, hora y media después de lo pautado. El imputado se acreditó a las 10.20 y se escondió con uno de sus cómplices. Nos encontramos en el Tribunal 25 con Rocío y Mailén, quienes habían llegado entre las 11.30 y 40. También estaban Sofía Otero, denunciante del violador condenado Lucas Carrasco, Felicitas Marafioti y Charlie de Palma, compañeras denunciantes en el caso contra Cristian Aldana. Compañerxs testigxs en nuestra causa, personas que también escracharon a quienes les abusaron y amigxs.

También “la Rusa” y Julián Desbats, las primeras personas en ayudar a realizar y difundir los videos donde Mailén y R. pudieron hacer el descargo de los abusos y maltratos que el procesado había hecho. En la previa estuvieron, además, integrantes de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC). 

Todos los juicios inician de la misma forma, se leen las denuncias realizadas. Los testimonios de aquél primer momento en el que hablaste de tu historia de abusos en el marco judicial. Escuchaba y mi cuerpo se ponía cada vez más tenso, todxs estábamos conmocionadxs, llenos de bronca y dolor. Mailén rompió en llanto y su abogada Gabriela Conder la asistió con un abrazo contenedor y profundo, mientras detrás de ella estábamos nosotres. Dándole fuerzas, acercándole agua, un aceite esencial y pañuelos.

La misma saña, el mismo disfrute con el dolor ajeno que absolutamente todos los violadores y abusadores sexuales, emocionales y psicológicos sienten. La violencia física y el castigo psicológico como armas de manipulación para la humillación. El moldeamiento identitario ejercido violación tras violación para convertirte en una víctima. La maquinaria del sistema de abusos reproducida por otro sano hijo del patriarcado.

Luego de este momento tan intensamente doloroso e impotente ante la crudeza de los testimonios alrededor de las 16 hubo un cuarto intermedio. Salimos a descansar. Mailén estaba mejor, y ya no iba a poder estar mucho más en la sala porque iba a declarar el imputado. 

Primer revés para la defensa

El acusado, cabizbajo y nervioso, miró de frente la situación que lo tiene como protagonista hace ocho años. Su defensor -de oficio-, intentó una primera maniobra, apelar a un “plazo razonable” y pedir al Tribunal que se “declare extinguida la acción penal y se dicte la absolución” ante “una causa paralizada por 6 años” apuntando a la responsabilidad del Estado y la “buena conducta” de del Pópolo.

Fue cuando, de forma unánime, el Tribunal; la fiscalía, a cargo de Guillermo Pérez de la Fuente; y la querella, en representación de la abogada Gabriela Conder, respondieron “no hacer lugar” y elevar la apuesta apelando a que el Estado argentino debe responder a la “multiplicidad de las violencias por razones de género y a las víctimas” citando la CEDAW, Belém do Pará y fallos de la CIDH. 

“Este intento de que la causa termine sin un juicio no es razonable”, alegó Pérez de la Fuente y agregó que “se pretende hacer como si no hubiera pasado nada” ante “hechos gravísimos”. Por su parte Conder interpeló cambiando la perspectiva: “¿Cuál es la afectación a del Pópolo? Para las víctimas también corren los plazos y el Estado se comprometió con tratados internacionales y tiene que resolverlo”.

Según los requerimientos del fiscal, los hechos de violencia sexual se enmarcan en un contexto previo a las violaciones y van más allá. Toma en cuenta, en la historia de Mailén el maltrato psicológico al que fue sometida; en la de Rocío la presencia/ ausencia del consentimiento en una relación de pareja y el hostigamiento posterior; y en la de A. la impunidad: tras la violación, la “disculpa”.

Googleá abuso sexual 

Nunca me había tomado el trabajo de escuchar con tanta atención el relato de un violador. Me ayudó mucho no mirarlo y sólo escuchar y escribir. La construcción de su coartada, es la misma de todos: son unas mentirosas. Antes, miró a cámara, se acomodó el pelo y gesticuló ademanes. Fueron 5 horas y media de declaración seguida de una abstención a preguntas de un lado, del otro y del Tribunal.

El acusado separó el relato: comenzó a hablar de los sucesos denunciados por A., quien presenció la audiencia en una primera instancia a través de videollamada; luego por Mailén y por último de Rocío. Su discurso se unía en la idea de que la verdadera víctima era él. Ya sea por los celos de una o la obsesión o los inventos de las otras.

Se refirió a la salud mental de las denunciantes y querellantes utilizando frases y palabras minuciosamente calculadas. Por ejemplo, antes de decir literalmente que estaban locas, dijo que él lo que menos quería era revictimizar. Y pidió disculpas porque dadas las circunstancias, debía exponerlo así ya que “está en juego mi futuro”. Fue la introducción para catalogar de mentirosa a una; de manipuladora, hostigadora, acusadora, obsesiva y ladrona a la segunda manifestando odio y efusividad. Y cuando sostuvo sobre la tercera que “no coinciden las fechas” y sobre la violación que: “No sé a qué se refiere, pero en 2013 no fue”. Sic.

Sobre el hecho de agresión física sobre Mailén ratificó que “tuvieron una discusión” esa noche, pero desmiente los supuestos golpes afirmando que “ella lo golpea a él” y que solo “se tropezó”.

La estrategia de la bondad, que utilizan muchos violadores para defenderse de las acusaciones contra ellos. Ellos son los “buenos y correctos” y las denunciantes las “malas y locas”.

Para defenderse de uno de los hechos que llegaron a juicio, dijo que “no se le paraba, que la tenía dormida” y se preguntó “¿cómo una persona con el pito dormido puede violar a otra? El hecho sexual no se consumó, porque yo no tenía erección, así que jamás podría haber violación en ese contexto”. Un significante falocéntrico que no existe.

*

El objetivo de un abusador violador es violar y abusar. Y logrará su cometido como pueda y como sea que estén dadas las condiciones para hacerlo. La violación no es sólo la penetración de un pene en una vagina o un ano. La violación es un acto de ultraviolencia, poder y manipulación que puede suceder de diversas y múltiples formas.

La violación en un violador es constante. No violan una, dos o tres veces. Violan siempre y a toda persona con la que interactúan en profundidad con una u otra estrategia psicológica, emocional y física; por separado o junto. Su cometido es abusar de alguna forma a su víctima. Y enredarle en su discursiva con acciones minuciosas para que crea y sienta que jamás podrá escapar de su poder.

Luego prosiguió con la misma táctica de manipulación discursiva refiriéndose directamente al Tribunal: “Les cuento todo esto para ubicarlos en tiempo y espacio, y que por lo menos juzguen los hechos en base a un contexto real. Porque esto fue lo que pasó, y esta es la verdad”. Aludiendo una vez más a qué todo lo relatado por las denunciantes es un invento para perjudicarlo.

Cerró reafirmando su posición de víctima frente a las denunciantes: “Soy insistente en repetir porque estuve sin poder hablar durante 8 años. El más afectado en todo esto fui yo. Hace 8 años que estoy inválido. No puedo salir tranquilo a tocar música o ver una banda”.

Un violador con miedo a salir porque lo reconozcan y no lo dejen entrar a ver una banda de música. Mientras, cientos de ex víctimas y sobrevivientes están haciendo un esfuerzo incansable para romper el silencio y no reproducir la maquinaria de la violencia contra ellxs mismxs, primordialmente.

Esto es el patriarcado, la cultura del abuso y la violación. Que no se acabó, no terminó y no terminará pronto. Pero que nos encuentra tejiendo redes de fortaleza, información real y útil para quienes deciden romper el silencio, abandonar la identidad víctima y no negociar absolutamente nada con los machos violentos y abusadores.

*escritora, editora y activista de la proclama “ya no nos callamos más”.

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Por Sybel Martinez @sybelmartinez | Edición: Ana María Acosta @yakuana

Ilustración: Vilma Vargas @vilmavargasva

Ricardo* no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su muerte, recibió un correo electrónico que contenía una carpeta con todos los documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual sistemático que vivió por parte F.G. Cadena, un coadjuntor —religioso laico—  del Centro Juvenil San Patricio, de la comunidad salesiana, en 1987. Del expediente que Ricardo armó durante 36 años y que lo mantuvo en su poder hasta su muerte, al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, conocieron su denuncia de abuso sexual. A pesar de esto, el pederasta hoy sigue siendo párroco en Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

La muerte de Ricardo*, en  marzo de 2024, fue noticia porque ocurrió dentro de la Asamblea Nacional; días antes él fue visto con una carpeta pidiendo ser escuchado. Lo que llevaba en sus manos no era su hoja de vida en busca de trabajo, era su búsqueda de justicia.

Una cárcel llamada San Patricio

Ricardo* tenía trece años y seis meses cuando ingresó al Centro Juvenil San Patricio, CJSP, en agosto de 1985. Antes de eso, había vivido un año en la calle y dos meses en un albergue temporal conocido como ‘El Sótano’, ubicado en el lugar donde hoy se encuentra la Universidad Salesiana, en Quito. Según Ricardo, la estancia en este albergue era obligatoria como paso previo para ingresar al Centro Juvenil.

Sentir que finalmente tenía un lugar permanente para dormir, alimentarse y vivir seguro le generó muchas expectativas. Sin embargo, esa alegría fue efímera. Durante el primer semestre en San Patricio, la violencia entre los internos era incluso peor a la que Ricardo había experimentado en las calles. Según sus propias palabras, “ni la seguridad de tener comida todos los días ni una cama para dormir justificaban tanta agresión dentro del grupo”. La violencia física era constante. Mientras que la sexualidad —un tema en permanente tensión— orillaba a los chicos a demostrar su virilidad; incluso debiendo mostrar su pene erecto al resto del grupo en múltiples ocasiones. Por supuesto, ninguna expresión de feminidad era permitida.

Varias veces Ricardo intentó escapar y volver a vivir en las calles siguiendo su propio ritmo de vida. Sin embargo, con el tiempo encontró cierta protección temporal en un grupo de amigos antiguos y nuevos, lo que le permitió sobrevivir los primeros seis meses en el internado. Al comenzar el segundo semestre, alcanzó un nuevo estatus social, al dejar de ser considerado como uno de los recién llegados, lo que le brindó  tranquilidad, al menos en algunos momentos.

Dentro del Centro Juvenil San Patricio operaba el Proyecto Salesiano “Chicos de la Calle”, cuyas áreas de enfoque eran la acogida temprana, la reintegración familiar y educativa, así como la formación técnica y artesanal; además de la educación religiosa, entre otros aspectos. El objetivo principal era atender a niños y adolescentes varones en situación de calle, abordando problemáticas como la callejización, el consumo inicial de sustancias psicoactivas, la explotación sexual, el maltrato, entre otras vulneraciones a sus derechos.

Durante la época en la que Ricardo permaneció en San Patricio, el centro albergó entre 80 y 125 niños y adolescentes de 6 a 18 años. A pesar de ser un programa de internamiento con un enfoque especial en la protección, los internos no estaban organizados en grupos según sus edades, y carecían de un seguimiento individualizado.

Además, el Centro Juvenil San Patricio, CJSP, no contaba con suficientes profesionales a tiempo completo. Durante las noches, vacaciones o días festivos, los jóvenes quedaban bajo la supervisión de voluntarios religiosos o personas en formación sacerdotal, que eran insuficientes en número y carecían de formación especializada.

Después de pasar un año en el internado, Ricardo se adaptó a la dinámica del Centro y continúo una carrera de carpintería. Comenzó a destacar en sus estudios siendo elegido con frecuencia para hablar en público sobre los beneficios del programa de educación e inserción social

Llegó el tercer año de permanencia en el Centro, un período muy confuso y doloroso para Ricardo, que aunque siempre destacaba en lo académico y tenía mucho potencial, psicológicamente estaba devastado. Ricardo comenzó a ser abusado sexualmente por uno de los hermanos coadjuntores salesianos del Centro, F.G. Cadena, en principio responsable del taller de sastrería, después educador general a tiempo completo en el CJSP y hoy párroco en la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

Pederastia Clerical

Era 1987, Ricardo tenía 15 años, cuando F. G Cadena, de 32 años, comenzó a abusar de él de forma sistemática. Cadena era coadjuntor —un religioso laico, que vive en la comunidad religiosa junto con sacerdotes o diáconos salesianos— , su poder, la autoridad y la confianza, le permitían tener contacto directo y constante con todos los niños y adolescentes internos.

Ricardo narra los inicios del abuso así:

“Recuerdo que había una habitación aislada, lejos del edificio central que servía como enfermería, era un lugar al que no todos tenían acceso, que tenía seguridad y que servía para descansar o recuperarse o aislarse médicamente. No recuerdo exactamente por qué me encontraba en la enfermería pero me viene a la mente que el presbítero F. Cadena, que en ese momento tenía unos 32 años, entró a la enfermería y empezó a acariciarme las piernas, en principio yo lo entendí como un juego puesto que él era muy ‘juguetón’ con todos los internos, pero empezó a acariciarme los genitales”, narra Ricardo, en una declaración, en 2018, ante el llamado “Tribunal Diocesano” en lo que la Iglesia denomina “investigación previa” conformado por el investigador delegado Presbítero Luis Miguel Aldaz y el notario Roque Gavilanes.

Un día Cadena invitó a Ricardo a su habitación a pretexto de mostrarle algo; pese a que era prohibido hacerlo, se las ideó para ingresar con él a su dormitorio, ahí le dio un libro y mientras Ricardo lo ojeaba, sentado al filo de la cama, Cadena, abusó sexualmente de él. Esta dinámica se mantuvo a diario y se convirtió casi en un ritual. Incluso por las noches Cadena obligaba a Ricardo a cruzarse por el muro del tercer piso para ir a su habitación, un par de ocasiones fue encontrado saliendo del cuarto del coadjuntor, por sus compañeros de internado.

A cambio del abuso sistemático, cuando el grupo estaba a cargo de Cadena, Ricardo era “recompensado” con dotaciones extras de comida, exoneraciones de trabajos, de castigos o de tareas forzadas.

El abuso duró casi seis meses y esto generó que Ricardo abandone San Patricio sin terminar el programa. En un certificado de 1989, el director del Centro Juvenil San Patricio, de ese entonces, padre Jaime Calero, dice que Ricardo se retiró “por circunstancias personales”. Pero en realidad la razón fue que Ricardo prefirió volver a las calles, antes que seguir viviendo el abuso del cual era objeto.

Cadena, al poco tiempo, también, salió del Centro Juvenil y fue a trabajar como docente en el Colegio Técnico Don Bosco de La Tola, de Quito. Allí fue donde él y Ricardo se volvieron a encontrar. Cadena no desaprovechó la oportunidad para proponer a su víctima seguir “manteniendo contacto”. Ricardo, esta vez, libre de sometimientos, encierros y ataduras, se negó rotundamente, poniendo un alto a su agresor y al abuso, aunque, en ese momento, no fue capaz de denunciarlo.

“yo me limité a evadir lo más que pude, pero no fui capaz de denunciar, ya que eso al interior de mis compañeros hubiese significado la burla permanente e incluso el aislamiento entre otras cosas. Creo que pesó mucho las consecuencias que se darían de una denuncia que el mismo hecho del abuso. Esto hizo que termine viviendo el abuso incluso como una situación normal.” dice Ricardo, en una carta enviada al inspector salesiano, años después.

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Denunciado al clero: Sacramentorum Sanctitatis Tutelano

Ricardo necesitó dieciséis años para poder hablar y denunciar el abuso sistemático al que fue sometido por F. G. Cadena, en el Centro Juvenil San Patricio.  Su primer intento de dar a conocer lo vivido es una carta enviada al Padre Franciso Sánchez, inspector de la comunidad  Salesiana, el 20 de abril del 2003. 

“Después de una fuerte reflexión de cuaresma, me he sentado a escribir y expresar lo que estoy viviendo. Soy un ex-alumno del Centro Juvenil San Patricio (Cumbayá “SP”), estuve en el centro desde el 10 de agosto de 1985 hasta el 15 de noviembre de 1988*, durante los tres años y tres meses viví muchas cosas y situaciones” inicia la carta de cinco páginas donde narra la violencia vivida en el Centro y el abuso sexual por parte de Cadena.

“Hace unos años me negaba a creer que la sexualidad es importante en la vida misma, me negaba como forma de no reconocer que he sido violentado y abusado en mi corta edad, la negación como forma misma del miedo y de la incapacidad de superar momentos tan dolorosos para mí (…) una forma de afrontar es tener la fuerza suficiente para reconocer que fui abusado y decirlo hoy.” narra Ricardo.

La respuesta del párroco Francisco Sánchez, inspector de la comunidad Salesiana, fue una llamada telefónica donde le dijo que Cadena había dejado de pertenecer a la comunidad Salesiana y que no era sacerdote sino un laico religioso. Esto para deslindar a los salesianos de toda responsabilidad de cara a este acto abominable.

Dos meses después, el 2 de junio del 2003, el abusador Cadena remite un correo a Ricardo donde le dice:

“yo no sé qué le impulsó hacerme daño de esta manera en contra de mi persona, por lo que le pido de por favor retire esa documentación pidiendo disculpas en vista que la comunidad salesiana no tiene que ver nada en este asunto. Hace algunos años atrás que me retiré de los salesianos, por lo tanto, ya no soy miembro de esa comunidad. Y nunca en mi vida he pasado por estos casos engorrosos de leguleyos de los cuales usted menciona”.

Que el agresor tome contacto con la víctima de violencia para recriminarle por su denuncia es una forma de amedrentamiento, una forma de buscar silenciarlo. Ricardo se sintió presionado y  por años esperó, pero los intentos de Cadena no lograron callarlo.  Así, el 23 de octubre del 2006, envió una carta abierta a la Comunidad Salesiana:

“La comunidad salesiana no puede exonerarse de responsabilidades, yo fui parte de una institución dirigida y administrada por la C. Salesiana, el abusador sexual fue miembro de la comunidad, los abusos fueron frecuentes y sistemáticos dentro de un sistema de “rehabilitación” bajo modalidad de internado, los cuales han sido y son promovidos como alternativa de educación por parte de la comunidad Salesiana. Es decir, las condiciones institucionales del internado permitieron que un abusador sexual tenga instrumentos y posibilidades que le permitieron abusar de mí sin ser detectado y sobre todo salir impune del hecho. A esa impunidad la C. Salesiana representada en la inspectoría resulta sumarse con una posición de simple lavado de manos.” dice Ricardo en la carta.

Pese a no haber obtenido respuesta en sus anteriores comunicaciones, el 4 de junio del 2018, Ricardo vuelve a enviar un correo electrónico al párroco Francisco Sánchez, inspector salesiano, con copia a varias autoridades de la Iglesia, incluida la Conferencia Episcopal, donde solicita una audiencia personal por “abuso sexual a menor de edad”.

“Han pasado 15 años de la primera carta que le escribí denunciado la situación de ABUSO SEXUAL a un menor por parte de un miembro de la comunidad salesiana de aquel momento. Me preocupa que haya transcurrido 15 años y la Comunidad Salesiana no ha tenido la delicadeza de afrontar el hecho, la madurez de asumir una denuncia y la oportunidad de subsanar una vida” dice el correo.

Tras 15 años de espera, esta vez Sánchez responde el correo y le otorga audiencia. Once días más tarde, Ricardo mantiene una reunión con monseñor Patricio Bonilla, obispo Vicario de Galápagos, y el padre Teófilo León, vicario de Misión, quienes solicitan a Ricardo rehacer la denuncia y ponerla en conocimiento, también, de la máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en ese momento, monseñor Eugenio Arellano.

Ricardo no se demoró en entregar la denuncia, la tuvo lista por años. El 15 de junio del 2018 la remitió, y en ella solicitó:

“se realice la investigación que determine las responsabilidades, sanciones y resorciones necesarias del abuso sexual denunciado” y concluye con esta frase: “no más víctimas de abuso sexual en instituciones educativas religiosas”.

La razón por la que avocó conocimiento el vicariato de Galápagos, es porque Cadena cambió de congregación y se ordenó como sacerdote diocesano, el 6 de diciembre del 2003, es decir, ocho meses después de que Ricardo lo denunció por primera vez ante los salesianos. Cadena fungió de párroco en la Isla Floreana, luego pasó a la Isla Isabela, en la cual permaneció por mucho tiempo, hoy según una fuente reservada dentro de la iglesia, conocemos que es párroco de la parroquia Sagrada Familia de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos.

El Vicariato Apostólico de Galápagos, el 16 de julio del 2018, mediante decreto No. 002-2018-DEVAG-CFGCP, dio inicio a la investigación previa por las acusaciones en contra de Cadena “conforme el Instructivo para el juzgamiento de causas de abuso sexual por parte de clérigos, que realicen su labor pastoral en el Ecuador, emitido en 2014, por la Conferencia Episcopal, decretando:

“ 1. Dar inicio a la investigación previa, a norma del CAN. 1717, de la actual legislación canónica.

2. Nombrar como Delegado para esta investigación previa al presbítero Reverendo Padre LUIS MIGUEL ALDAZ SALAZAR, incardinado en la Arquidiócesis de Quito.
3. Nombrar como Notario al Reverendo Padre ROQUE GAVILANEZ, incardinado en la Arquidiócesis de Quito.”

El 14 de septiembre del 2018, Ricardo fue interrogado por este llamado “Tribunal Diocesano”, en una llamada “investigación previa” donde le realizaron ocho preguntas. Es desgarrador leer el interrogatorio, los detalles del abuso sistemático del que fue víctima, las secuelas irreversibles en su vida de esta vil agresión. Algo que salta a la vista y es de enorme preocupación es la pregunta cinco:

— ¿Sabe usted si el presbítero F. Cadena cometió otros abusos a otros menores?

— No tengo la certeza, sin embargo, después escuché muchos rumores de que así era.

Al contestar la última pregunta Ricardo es enfático en mencionar:

“Quiero decir que no es la primera vez que hago esta denuncia, entregó una carta indicando la cronología de las denuncias que realicé, tanto a la comunidad Salesiana como a la Conferencia Episcopal y al Vicariato apostólico de Galápagos, pido que se haga justicia y que se escuche la voz de las víctimas para que de deje de encubrir y la Iglesia actúe como debe hacerlo. Quiero añadir también que en los últimos dos meses recibí dos llamadas del Presbítero F. Cadena. En la primera me pide superar estos hechos asumiendo su culpabilidad y en la segunda me dice que yo fui el culpable, quien lo provocó y lo abordó y que él es inocente.”

 

El 8 de noviembre del 2018, monseñor Patricio Bonilla eleva a consulta el caso a monseñor Fernando Filone, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos de la ciudad del Vaticano, donde le da a conocer  que luego de haber mantenido una conversación personal con F.G. Cadena, este reconoció su culpa por lo que pregunta cómo proceder considerando que al momento “de cometer el delito tipificado en el Art. 6 de MP. Sacramentorum Sanctitatis Tutelano*,  no era clérigo, sino hermano Coadjuntor salesiano”.

Cuatro meses después, el 8 de marzo de 2019, monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico del Ecuador, remitió a monseñor Bonilla, el oficio N. 1918/19, en el cual le hizo conocer que, monseñor Giacomo Morandi, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad encargada en el mundo de las sanciones disciplinarias en casos de abuso sexual, “se proclama no competente en el caso mencionado” pues solo puede juzgar delitos cometidos contra el sexto mandamiento por los clérigos (no de religiosos laicos). Dejando a criterio del Obispo las medidas a tomar, considerando que, la acción criminal conforme lo establece el Código Canónico (Can. 1362 § 1, 2) prescribe a los 5 años.

Cuatro días más tarde, monseñor Patricio Bonilla, suspende vía decreto ad tempore a Cadena, donde le impone una pena canónica de un año y revoca sus beneficios y ejercicio del ministerio sacerdotal. El documento dice:

“Siguiendo las instrucciones dadas, el Consejo de Misión, reunido en Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, el 12 de marzo de 2019, impuso una pena canónica de un año al Rvdo. F. Cadena, privando de todos los beneficios y del ejercicio de su ministerio sacerdotal. Además, exhortándolo a reflexionar y meditar este tiempo en un retiro prolongado en la Isla Floreana. Esta pena, cuya finalidad es suscitar el deseo sincero de cambio y conversión tendrá efecto desde el momento en que P. F. Cadena, tenga conocimiento del mismo”

La pena la impone Monseñor Bonilla por ser el Vicario de Galápagos, pero al haberse cometido el delito en Quito, esta sanción debía también ser impuesta por la máxima autoridad eclesial de esta ciudad. Pese a que la pena canónica es de efecto inmediato, recién cinco años más tarde, el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Alfredo José Espinoza Mateus, a través del oficio 077-CAQ-2024, del 31 de enero de 2024, le hace conocer a F. Cadena la revocatoria de sus facultades ministeriales, al tiempo que le recomienda que vuelva a su jurisdicción, pese a que el sacerdote ya se encontraba de vuelta en Galápagos.

Una fuente reservada, experta en derecho canónico, explica que esta acción del arzobispo de Quito. Alfredo José Espinoza, es una forma de “curarse en sano” ya que queda la duda de que esta revocatoria corresponda a la pena impuesta por monseñor Patricio Bonilla, Vicario Apostólico de Galápagos, en 2019, o si se trata de otra sanción impuesta al mismo sacerdote Cadena, años después, dado el tiempo transcurrido y la falta de justificación en el documento.

En todo caso, este decreto de revocatoria de facultades a F. Cadena, emitido por el Arzobispo de Quito consistía básicamente en: no poder celebrar misa, impartir la palabra de Dios y escuchar confesión, por un año. Siendo así, el cura Cadena, este año, 2024, debería estar privado de sus facultades ministeriales, cosa que no ha sucedido.

Todas estas decisiones tomadas por las autoridades eclesiásticas no le fueron comunicadas oficialmente a la víctima. Ricardo tuvo que nuevamente enviar una carta y pedir una reunión para obtener respuesta con el nuevo inspector de los salesianos, el párroco Marcelo Farfán,  el 7 de febrero del 2024,  para recién ahí conocer que Cadena había aceptado su responsabilidad y que había sido suspendido por un año. Ricardo y el párroco Farfán se conocieron en el Centro Juvenil San Patricio, cuando este último recién iniciaba su camino al sacerdocio como estudiante de teología, a esto apeló Ricardo para lograr reunirse con él.

Entre la calle y el cielo

Ricardo fue un niño en situación de calle, un adolescente vulnerable, hijo de madre soltera, el menor de dos hermanos. A los 12 años se fue de su casa y sobrevivió en la calle, subiendo y bajando de buses interprovinciales, así conoció todo el país  y así pudo evadir, por un año, el maltrato y la negligencia parental de las que era objeto.

Durante este tiempo experimentó mucha violencia, pero nada fue comparable al abuso clerical que tuvo que soportar en el Centro Juvenil San Patricio. Allí escapar le fue imposible, el Centro era una cárcel sin barrotes, en donde el desamparo se fundía con el miedo y el silencio, creando un terreno fértil para que todo tipo de malos tratos y el abuso clerical se produjeran.

Ricardo sabía que hubo más chicos violentados sexualmente en el Centro; también, sabía que no tuvieron su misma suerte, no solo por no lograr irse de San Patricio sino por no haber podido salir de la calle, terminar el colegio y graduarse en la universidad, como él sí lo hizo.

Ricardo tenía altas capacidades y un problema de visión que no fue corregido a tiempo, lo que le causó dificultades en la escuela. Cuando era niño, no le gustaba asistir a clases porque no podía leer, lo que le costó recibir palizas no solo de su madre sino también de los empleadores de ella. Su madre era una trabajadora doméstica.

Aunque se graduó tarde, casi a los 33 años, tuvo muchos logros en el campo profesional. Fue asesor de autoridades locales, fue funcionario en la Asamblea Nacional, hasta febrero del 2024, cuando fue desvinculado.

Ricardo tenía 52 años, estaba casado y tenía dos hijas, una de su matrimonio y otra con su pareja anterior, cuando pudo concluir lo que él llamaba “su sanación”, es decir, supo que F. Cadena aceptó su culpa y recibió una irrisoria pena canónica. Había pasado 36 años de su vida buscando verdad, justicia y reparación y no la encontró.

El 5 de marzo del 2024, Ricardo, que aún mantenía la credencial de la Asamblea Nacional por haber trabajado en la institución, pasó los filtros de seguridad, llegó hasta la terraza del Palacio Legislativo y se quitó la vida. La Asamblea Nacional emitió un escueto comunicado sobre su muerte. Pese al hermetismo de las autoridades, en redes sociales el caso se viralizó asegurando que la desesperación por encontrar trabajo llevó a esta persona, cuya identidad era desconocida, a quitarse la vida.

Alex Samaniego, funcionario de la Asamblea Nacional en su cuenta de X publicó:

“Un día, nadie le paraba balón en la puerta, tenía una carpeta amarilla en el brazo (su hoja de vida), vio que yo tenía credencial de Asamblea Nacional, me pidió que le ayudara a hablar con el presidente de la Asamblea (Henry Kronfle) o alguna comisión para que lo volvieran a contratar. Por supuesto, le ayudé en lo que pude; sin embargo, no lo volví a ver desde aquella ocasión. Supe por otros despachos que, durante tres meses, recorrió toda la asamblea visitando todos los despachos y rogando que lo reconsideraran, ya que tenía un hogar que mantener”.

Sin embargo, su pareja quien lo conoció y estuvo a su lado quince años desmiente lo aseverado en redes sociales: “Siempre trabajamos y nos ha ido bien, construímos una experiencia laboral importante por lo que encontrar otra oportunidad laboral era cuestión de tiempo”.

En poder de Ricardo hallaron su teléfono y un pasamontaña. Su cuerpo fue encontrado por un trabajador del área de mantenimiento de la Asamblea alrededor de las 10:00 am. En el examen médico legal se pudo observar que el rigor mortis había durado aproximadamente de 10 a 12 horas lo que ha generado dudas en su familia debido a las diferencias entre la hora en que fue encontrado y el tiempo transcurrido desde su muerte.

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Dinased, por pedido de la Asamblea Nacional, inició una investigación que no ha avanzado hasta ahora, las cámaras de seguridad son cruciales para determinar cómo y a qué hora entró, con el fin de disipar todas las dudas en este caso.

Ricardo no dejó una carta de despedida, pero su compañera de vida, un día antes de su muerte, recibió un correo electrónico de él, que contenía una carpeta con todos los documentos escaneados, correos y mensajes de WhatsApp relacionados con el abuso sexual clerical sistemático del cual fue objeto.

La carpeta que llevaba Ricardo bajo el brazo, todos los días, pidiendo ser recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle y por varios asambleístas, no era su currículum vitae. Su desesperación porque le dieran audiencia tampoco tenía que ver con un pedido laboral.

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El espíritu de cuerpo del clero y el control de las almas

Ricardo pasó veintiún años esperando por una respuesta, confiando en que el abuso sexual del cual fue objeto pesara más que las sotanas de los vicarios.

La tardía sanción clerical a F.G. Cadena, por haber abusado sistemáticamente de él y quién sabe de otros niños más, es un acto de cinismo.

La máxima pena que contempla el derecho canónico para un cura que haya violado a uno o a mil niños es reducirlo al estado laico —como si ser laico fuera un castigo— y ni esa pena le fue dada al cura Cadena, quien se mantiene como párroco en las Islas Galápagos.

Surgen muchas preguntas en este caso: ¿Por qué las autoridades eclesiásticas  tardaron tanto en responder a Ricardo y en sancionar al cura Cadena? ¿Por qué la Iglesia no denunció al agresor ante la Fiscalía? ¿Por qué se le permitió ordenarse como cura cuando 8 meses antes, Ricardo, lo denunció por pederastia clerical? Pese a que Cadena aceptó su culpa, ¿por qué sigue fungiendo como cura, con todos los riesgos que ello implica? La respuesta es evidente, porque la tolerancia hacia el delito, el silencio cómplice, el encubrimiento sistemático y la falta de colaboración con la justicia convierten a la pederastia clerical no solo en una agresión sexual individual sino en una práctica legitimada estructural e institucionalmente por la Iglesia Católica. Porque este patrón subsume a  los religiosos y los cercanos a ellos en una red de ocultamiento y protección mutua.

Por otra parte, en el “dilecto hermano en Cristo”, F.G. Cadena, no hubo acto de contrición alguno, arrepentimiento, y mucho menos un propósito de enmienda; ni siquiera cumplió la sanción canónica de un año que se le impuso. Durante la pandemia del COVID-19, allegados a Ricardo pudieron constatar que Cadena impartía la Santa Misa, vía Zoom, a los feligreses de las Islas Galápagos. Este ofensor sexual, luego de su paso por el Centro Juvenil San Patricio, dio clases en los colegios Don Bosco y Central Técnico de la ciudad de Quito, hasta que se ordenó como cura y se fue a las Islas Galápagos, donde ha sido párroco de varias parroquias.

Del expediente que Ricardo fue armando durante años y que lo mantuvo en su poder hasta el día de su muerte, fueron al menos once vicarios de alta jerarquía eclesial, aquí y en El Vaticano, los que conocieron del caso, y salvo al párroco Marcelo Farfán, a todos les faltó compasión, sensibilidad y humanidad no sólo para con Ricardo sino para todos aquellos niños a los que Cadena, un pederasta consumado, debió haber agredido durante todo este tiempo.

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Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional

En la historia de abuso clerical de Ricardo, a diferencia de otros casos como las víctimas de los curas César Cordero (+) o Luis Intriago y su dinámica del pecado, y otros casos más, hay algo que no podemos dejar escapar, y es que Ricardo se encargó de documentar cada una de las actuaciones de la Iglesia Católica y su afán por silenciar u ocultar lo sucedido.

En la carpeta que remitió a su pareja, hay documentos fechados, foliados y numerados; es decir, hay pruebas de la perversa actuación de la jerarquía eclesiástica, de su calculado y cómplice silencio y de su falta de amor al prójimo. Sí, porque durante 21 años intentaron desmoralizar a Ricardo, acallarlo, ganarle por cansancio, pese a su enorme sufrimiento, hasta llevarlo a un punto de quiebre.

La ridícula pena eclesial impuesta al pederasta F.G. Cadena, tras su aceptación de los hechos, no solo terminó de dar la estocada final a su víctima, sino que también dejó al descubierto, una vez más, que la Iglesia Católica está lejos de tramitar e investigar el abuso sexual clerical con debida diligencia y mucho menos de intentar poner a sus perpetradores en manos de la justicia.

Otra prueba de lo aquí afirmado es el informe intermedio de investigación defensorial emitido por la Defensoría del Pueblo, DPE, el 20 de diciembre del 2023, con el fin de conocer el estado de situación de los niños y niñas del país en materia de abuso sexual infantil. En él, mediante un oficio, la DPE consulta a la Conferencia Episcopal acerca “del registro de casos de abuso sexual infantil detectados en el ámbito religioso en el período de 2018 a junio de 2023 y respecto al número de casos denunciados a la Fiscalía”. La Conferencia Episcopal señala no contar con dicha información y solicita que la misma sea requerida a las distintas jurisdicciones eclesiásticas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando el pacto de silencio e impunidad impuesto por la Iglesia Católica? La pederastia clerical no solo merece una respuesta canónica, sino también judicial y legislativa.

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Por justicia y contra el silencio

Ricardo se quitó la vida dentro de la Asamblea Nacional, fue exfuncionario de esta entidad, un hombre sensible e inteligente en búsqueda de justicia. Su caso debe ser investigado de principio a fin; su familia merece obtener respuestas.

La Iglesia Católica y su cuerpo eclesial deben rendir cuentas por este y por todos los casos de abuso sexual y pederastia clerical contra niños, niñas y adolescentes que han ocultado, olvidado y silenciado: el del Cesar Cordero, en Cuenca;  el de Luis Fernando Intriago y su dinámica del pecado, en Guayaquil; el de Nestor Genaro B., párroco de Guapulo, en Quito y el último conocido en junio de 2024, el de Miguel Augusto Yumi, párroco de San Miguel del Común, que abusó de una niña de 13 años de la Unidad Educativa Danielle Sipione, en Quito, y huyó a Colombia. Es mandatorio buscar y descartar a más víctimas del cura F. Cadena. A las víctimas de este flagelo y sus familias se les debe dar la opción de denunciar y la garantía de obtener verdad, justicia y reparación, la Iglesia debe indemnizarlas.

Se impone, también, la necesidad de una auditoría a todas las instituciones y autoridades eclesiásticas conjuntamente con sus planes, programas, proyectos, y sus funciones pastorales y educativas hacia las personas más vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Es necesaria una Comisión de visitadores nombrada por el Papa Francisco para que investigue los abusos sexuales, algo que ya se ha hecho en otros países como Chile, Bolivia y Perú.

Hay que evaluar, también, las actuaciones de las entidades del Estado conforme a sus competencias y determinar los vacíos y deficiencias normativas frente a este flagelo.

La Fiscalía y  el Consejo de la Judicatura tienen la exigencia de llevar un registro desagregado de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes perpetrados por miembros de la iglesia católica y evangélica, como una forma de contar con datos reales sobre la violencia sexual sistemática ocurrida en estas instancias. Esto siguen sin hacerlo, pese a que transparentar esta información fue una de las recomendaciones del Informe AAMPETRA del 2018, sobre el abuso sexual en espacios educativos.

Es el Pleno de la Asamblea Nacional quien puede crear una Comisión Especializada Ocasional no solo para investigar el caso de Ricardo, sino también de todas las víctimas de violaciones y abusos a quienes la Iglesia Católica, sus autoridades e instituciones —no solo educativas— les han impuesto el silencio y el temor reverencial.

El resultado de esta Comisión podrá servir de insumo para que las víctimas y sus familias puedan llevar sus procesos a los sistemas internacionales de derechos humanos —en muchos casos será lo único que les quede por hacer— y así obtener algo de resarcimiento por tanto dolor y sufrimiento.

Hay que dejar de ser testigos silentes, los cambios concretos y profundos ofrecidos por la Iglesia Católica para librarla de este flagelo, han quedado en meros propósitos y no han pasado de un bonito discurso, no importa cuánto se afanen en avergonzarse y disculparse, las víctimas siguen siendo ignoradas y burladas en el nombre de Dios, de su Cruz y de la Iglesia.

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En este artículo, honramos la memoria de Ricardo (nombre protegido) y nos comprometemos a dar voz a su historia y a las historias de tantos otros niños y niñas víctimas del abuso y la pederastia clerical. Más que un relato de tragedia, este es un llamado a la acción, una invitación a la empatía y a la solidaridad para con las víctimas de este flagelo y sus familias, también es una exigencia para que la Iglesia Católica deje de encubrir a curas abusadores y para que el Estado ecuatoriano investigue estos actos abominables.

Si fuiste víctima de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia o conoces alguna historia y quieres denunciar, puedes escribirnos a investigacion@wambra.ec

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Notas:

*Ricardo es un nombre protegido.

*Si bien Ricardo coloca en la carta que estuvo en el Centro Juvenil San Patricio de 1985 a 1988, un certificado emitido por el director del Centro, Padre Jaime Calero, en 1989, dice que él estuvo en el Centro hasta noviembre de 1987. Para una víctima de violencia sexual que recuerda los hechos ocurrido en la niñez o adolescencia, los tiempos pueden percibirse diferente, lo que puede hacer que estos se los recuerde con una temporalidad más amplia, dado los efectos del trauma. 

*Sacramentorum Sanctitatis Tutelano  significa, «La custodia de la santidad de los sacramentos”.

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Publicado originalmente en
https://wambra.ec/impunidad-sagrada-silencio-abuso-iglesia/
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Hace tiempo que están sonando las
alarmas: hablas del capital habilitan el daño. Legitiman el alarde y la
celebración de la crueldad.
Embriaguez de la fuerza. Marcelo Percia

Esa sangre en el ojo, esa mueca tensa sí que se puede ver. Es venganza. El show de la violencia televisada solo ofrece una promesa: la euforia de la destrucción. Todo lo que represente un obstáculo para el mercado, ¡afuera! Aunque sean vidas. Ninguna libertad puede estar abanderada de odio, ni de celebración de la crueldad. Cada vez que tengamos que explicar que nuestras vidas importan es porque la sociedad que componemos tolera un poco más de daño y perdemos otro poco más el vivir en común. No hay luz al final del túnel, no hay esfuerzo que valga más vidas en nombre de ningún progreso, y no hay ningún progreso que tenga como proyecto de futuro el retorno al Siglo XIX. 

Cada minuto de aire que exhibió el “freak show” de violencia corrió el límite de “lo decible”, cuando creíamos que todavía estaba mal despreciar explicitamente la vida de alguien en prime time. Pero cada vez estuvo menos mal, tanto que se convirtió en campaña y después en presidente. ¿A qué medios de comunicación le pedimos que visibilicen que no hubo una tragedia por un incendio en Barracas porque Pamela, Roxana y Andrea murieron por un crimen de odio? Somos un montón en las plazas cuando nos arrebatan la vida de una trava, de una lesbiana, de una marica. Le exigimos a quienes nos miran que no sean indiferentes porque se mata a las lesbianas, maricas, trans y travas en la cara de la gente. Les pedimos que no bajen la mirada y que interrumpan la cadena de deshumanización que gobierna, por nosotrxs y porque un día la ilusión individualista se estrellará contra el suelo y la mano que tal vez te sostenga de esa caída sea colectiva como las que hoy se entrelazan para marchar por Pamela, Roxana, Andrea y Sofía víctimas de un crimen de odio. No fue un accidente ni una tragedia, fue un acto deliberado de tirar una molotov en la habitación mientras dormían. Agustina Ramos pudo reconstruir para Agencia Presentes  los relatos de agresiones previas, todas dirigidas por el desprecio a la orientación sexual de las dos parejas. Nos tocó aprender y a diferencia del vocero presidencial sabemos que un crimen de odio no es solo contra la víctima, sino que busca intimidar a todo un colectivo. 

El odio que las prendió fuego a las cuatro lesbianas por ser lesbianas no es exclusivo de este gobierno, pero la novedad es que esta gestión alienta el odio. Sus funcionarios y allegados se sienten cómodos en ese rol y se sienten con respaldo para hacer alarde de la violencia de un régimen hetero patriarcal. Cuentan con las instituciones, pero las usan para despedir trabajadoras y trabajadoras; para desmantelar políticas públicas que debieran prevenir crímenes de odio, o contener a sus sobrevivientes. Los funcionarios porteños no se quedan atrás y parecen ir en la misma línea de desprecio de la vida. Hace unos días el Jefe de gobierno, Jorge Macri, homologaba en una campaña publicitaria la basura en la calle a las personas en situación de calle. A la pensión de la calle Olavarría en Barracas llegaba gente que ya había sido desplazada de derechos y oportunidades. Pamela, Roxana, Andrea y Sofía vivían hacinadas en una habitación y compartían cocina y baño con el resto de los habitantes del piso. En una ciudad que orienta sus políticas de vivienda a merced de la especulación inmobiliaria el derecho a una vivienda digna queda completamente relegado y afecta especialmente a mujeres, lesbianas, travestis, trans y maricas. La violencia económica va de la mano de la violencia patriarcal y ambas precarizan la vida cotidianamente.

Ayer centenares de personas recorrieron las calles de Barracas, llevaron velitas, armaron un altar en memoria de las tres lesbianas asesinadas, pusieron flores y carteles con sus nombres, se abrazaron y lloraron. Se tomaron de las manos en una ceremonia común para sanar, jurarse no olvidar y sostener la protesta frente a un régimen de odio.

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Por Vivian Palbaum/ Fotos Nadia Sur y Patry Cugat

La organización Judíos por Palestina[i], organizó un conversatorio en conmemoración de la fecha, para oír sin intermediaciones, las voces silenciadas desde el territorio palestino. Con palabras firmes, entrecortadas,  escuchamos las voces de mujeres que resisten y dan testimonio de lo que significa vivir un genocidio en la vida cotidiana.  El relato en las voces de Samar Awadallah, Amal Abu Soboh, Hind Abu Aisha desde distintas localizaciones del territorio palestino, quienes agradecen a todos los pueblos de la tierra que salen a la calle en apoyo de la “causa palestina”.

Sus vivencias hacen eco a lo largo y ancho de un mundo que parece deshacerse. Somos las mujeres quienes nos hemos solidarizado a lo largo y ancho del planeta con el sufrimiento y con quienes soportan con sus cuerpos lo insoportable. Sus relatos por momentos se vuelven estremecedores, pero parece necesario darle visibilidad al horror para que las voces del mundo se levanten contra tremenda masacre. Estas mujeres testimonian sobre el creciente número de asesinatos que supera las 30.000 personas con más de un millar de niñas y niños que han perdido a sus familias. El 90% de las desplazadas son mujeres mientras la mortalidad aumenta por el hambre a causa del bloqueo israelí. 

Samar Awadallah, representante de la OLP, desde Ramallah, territorio palestino, hace un relato histórico del devenir del pueblo palestino en primera persona. “Soy hija de un hombre y una mujer que vivían en los territorios ocupados por Israel, tuvieron que desplazarse por distintas regiones y nací en un campo de refugiados en Siria” rememora Samar.  Relata la continuidad del plan sionista desde 1947 hasta la actualidad que ha llevado al desplazamiento, la dispersión y el exterminio del pueblo que ha habitado esas tierras históricamente. Prosigue,    “el proyecto sionista de ocupación no solamente ataca a los hombres, sino a niños, niñas y mujeres… es un ataque a la identidad palestina, porque la mujer es la que une a la familia y ellos quieren destruir a la familia palestina”. Expresa,  “lo que pasa en Gaza es el último desastre y el mundo no está viendo estos crímenes”, continúa, “muchos gazatíes quisieron huir porque allí ya no se puede vivir, porque el gobierno actual ha radicalizado sus políticas con el creciente número de asentamientos que ha desplazado a la población palestina y que tiene como objetivo que esas tierras son ‘tierras de judíos’, ignorando a quienes habitan allí”.

Con su voz quebrada explica, “las calles en Gaza están llenas de víctimas y cadáveres”. Samar asegura que las organizaciones internacionales no respetan los Derechos Humano. Son las mujeres quienes sufren con sus cuerpos violentados y abusados por los soldados israelíes, por la muerte de hijas e hijos a causa de los bombardeos y por la hambruna, mientras Israel se niega a autorizar las inspecciones internacionales. Una situación de apartheid que se ha instalado desde 1947.

Amal Abu Soboh, es asesora legal y activista en DD.HH. desde Jerusalem, capital política de Palestina, habla en nombre de las mujeres de Gaza. “Nosotras no podemos celebrar este día, porque la mujer gazatí aguantó lo que no se aguanta, el hambre, la sed y ahora mismo mientras hablo se suceden crímenes incesantes…la gente de Gaza duerme bajo el bombardeo y saben que mañana pueden morir”. Sigue relatando los horrores cometidos en los campos de refugiados, donde se están robando órganos de las personas muertas. Con gran pesar afirma,  “los niños que son nuestra esperanza son asesinados por la ocupación, las mujeres dan a luz en los hospitales  sin recursos, el 75% de las personas heridas son mujeres, hay mujeres que han perdido el juicio (salud mental) por lo que les pasa a sus niños frente a sus ojos. A quienes están en las cárceles se les niega el alimento y son esposadas de pies y manos, y no se sabe si están vivas o muertas, asimismo se les prohíbe usar el velo, rezar, ducharse y son inspeccionadas sin ropa, y una lista de vejámenes difícil de trasmitir. Samar afirma, “el silencio del mundo hizo que la democracia de occidente no pueda ser llamada democracia”.

Para finalizar escuchamos a Hind Abu Aisha, Oficial de relaciones internacionales de la Oficina Central Palestina de Estadísticas, desde Nablus, en el norte de Cisjordania. Explicó que lo que sucede en Cisjordanía acontece en paralelo con la situación de Gaza, donde el desplazamiento afecta a la mujer económica y socialmente. Con gran conmoción relató que las violaciones no se detienen ni con las mujeres embarazadas, de lo cual ella misma fue víctima. Aseveró  “el día en que el mundo celebra el día de la mujer la ocupación israelí se hizo de todos los derechos de las mujeres palestinas”.

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[i] Judixs por Palestina es una organización que tiene una voz crítica hacia el interior de la colectividad que expresa:  “La perpetuación de un genocidio nos invoca a repensar lo aprendido, a mirar la verdad de frente y a decir, a viva voz, #Noennuestronombre”. Contacto:  https://forms.gle/xUn8yeHK6UVxKHwK9

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Por Santiago Joaquín García

Algún desprevenido podría pensar que esto es hacer leña del árbol caído. Grave error: los árboles de la justicia entrerriana nunca se caen. Se sostienen entre sí. Además, si bien este texto habla sobre el hombre que dejó en libertad a Sebastián Wagner, uno de los asesinos de Micaela García, su objetivo es dejar en claro que su forma de actuar es la costumbre dentro del único poder que está al margen de cualquier tipo de control y que representa un peligro latente para la democracia.

Carlos Rossi: un derrotero ejemplar

El viernes 1° de julio de 2016 el Juez Carlos Rossi decidió liberar a Sebastián Wagner, más de dos años antes de que concluya su condena por dos violaciones cometidas en julio y noviembre de 2010. Desde el 1° julio de 2011 estaba preso, tras un juicio abreviado en el que había reconocido ambos hechos. Sin embargo, a Wagner se lo acusaba de haber cometido una tercera violación, meses antes, en mayo de ese mismo 2010.
(…)
La sentencia de liberación dictada por Rossi contiene una objeción del fiscal Lisandro Beherán, quien destaca los informes desfavorables tanto del equipo técnico de la Unidad Penal como del equipo interdisciplinario del Juzgado. Ambos remarcan la falta de reconocimiento por parte de Wagner del daño causado y de la libertad sexual de las personas. A su vez, remarcan como un potencial peligro su adicción a la cocaína. Señalan su impulsividad, su falta de compromiso con las ofertas educativas de la Unidad Penal y recomiendan que, hasta tanto se resuelvan estas irregularidades, continúe sólo con salidas transitorias.
(…)
Dentro de la sentencia de libertad condicional, Rossi le impuso a Wagner que se abstuviera “de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”, cosa que ya se había informado que no podía. También lo emplazó a “realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones”. Finalmente, dictaminó que debía presentarse una vez por mes ante el Patronato de Presos y Liberados de la ciudad de Gualeguay.
(…) 
Menos de un año después, Sebastián Wagner, secuestró, violó y cometió el femicidio de Micaela García
(…)
Todas y todos los funcionarios de todos los partidos criticaron al Juez Carlos Rossi, responsable de la prematura liberación de Wagner, y le llovieron los pedidos de Juicio Político apenas conocida la noticia del femicidio de Micaela. Hasta el entonces presidente Mauricio Macri lo criticó: “No podemos tener jueces así”, declaró ante los medios. Sin embargo, Rossi logró estirar unos cuantos meses el litigio, y en un Jury vergonzoso logró ser absuelto sin ser acusado. También hubo iniciativas para reformar el patronato de liberados, se propusieron registros de violadores, de todo. De todo, mientras el tema estuvo en agenda. Después, las cosas volvieron a su cauce normal.[1]
(…)
Tan vergonzoso fue el Jury a Carlos Rossi que su presunto acusador, el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, no sólo no realizó ninguna acusación contra Rossi, sino que tampoco tuvo problemas en mostrarse a los abrazos y sonriente con su amigo.
(…)
Gracias al fracaso del Jury en su contra, el Juez Carlos Rossi volvió al Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú donde se desempeña, por llamarle de alguna manera, desde hace 22 años.
(…)
Esta semana se viralizó un video en el que se dirige a un grupo de menores como “negros de mierda” e intenta golpearse con ellos por un aparente daño a su vehículo. Estaban celebrando un cumpleaños de 15 y le tiraban huevos a la agasajada. Cuando se conoció el hecho realizó una denuncia contra la policía por no haber atendido sus llamados al 911. Así se manejan los señores de la justicia entrerriana.

Cuando la impunidad es la regla

Este raid judicial de Rossi no es una conducta aislada. Emilio Castrillón, el 28 de marzo de 2021, cuando todavía era Juez del máximo tribunal de la Provincia, el Superior Tribunal de Justicia, tuvo una pelea callejera con dos comerciantes y el empleado de un kiosco, por el cual fue acusado por daños y amenazas. Por supuesto, Castrillón nunca fue a juicio por eso. El prestigioso periodista entrerriano Tirso Fiorotto presentó un pedido de juicio político contra Castrillón por “mal desempeño”, “violencia de género” en varios casos, como también por “reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del Superior Tribunal de Justicia”[1]. Castrillón se jubiló y logró que se archive el caso.

Tampoco Rossi es original a la hora de dejar femicidas en libertad. Este año la corte provincial anuló un juicio por jurados y benefició aJulián Christie, quien había sido condenado por el femicidio de Julieta Riera. Julián Christe es hijo de una ex jueza de Entre Ríos, y fue condenado a prisión perpetua en 2021, pero cumple con prisión domiciliaria hasta tanto su caso se resuelva en la corte nacional.

La sala penal de ese mismo tribunal, el 31 de julio de 2020 anuló un fallo de casación penal y permitió la libertad de Néstor Pavón, uno de los femicidas de Micaela García, quien también permanece en libertad y espera la resolución de la corte nacional. 

Y eso por hablar de historias resonantes, pero la impunidad es la regla mayoritaria.

“La justicia de Entre Ríos es papupérrima”

Florencia Rojo es abogada, vice directora del Instituto de Mujer, Género y Diversidad del Colegio de Abogadxs de Entre Ríos, y nos cuenta cómo se vive desde adentro este sistema de administración de injusticias:

“La justicia en Entre Ríos es paupérrima. Hay algunas excepciones de algunos jueces y juezas que hacen alguna vez las cosas bien, pero realmente son excepcionales. Además, el techo de cristal que existe en el Poder Judicial de Entre Ríos es abismal, ya que el noventa por ciento de los jueces son varones, mientras que el noventa por ciento de las secretarías las ocupan mujeres, que sería el cargo inferior. Así que la justicia en Entre Ríos es machista. Nos venden la idea de que cualquiera puede entrar al Poder Judicial teniendo el secundario completo, porque es el único requisito de grado o de formación inicial que se pide para el ingreso, pero no es tal. Cuando uno ingresa, puede ganar el concurso, quedar en un buen nivel dentro de la lista, pero de ahí a tomar decisiones y a hacer un trabajo que a la gente le cambie la vida hay una distancia muy lejana”.

La cofradía judicial

Esto que en Entre Ríos es fácil de comprobar viendo apellidos y lazos de las personas que integran el poder, Florencia lo explica con claridad:

“Quienes llegan a los puestos de toma de decisión están vinculados con la familia judicial, con la cofradía judicial, por sangre, por matrimonios o a través del pacto judicial en el que se van tapando las macanas que se van mandando. O se deben favores y existe una amistad de amigotes con palmadita en el hombro y tomando un vino bien caro”, lamenta.

Las consecuencias de este sistema de castas son nefastas para la ciudadanía: “La verdad es que las cosas se demoran sin ningún sentido; notificaciones que quedan meses en el escritorio sin ser observadas; resoluciones que salen mal y las corrigen al año y demoran plazos, demoran procesos y la vida de la gente en el medio. Así que hay mucha falta de sentido de la urgencia, ya que las personas necesitan una resolución ahora y la justicia no está a la altura de eso. No hay sentido de la urgencia de los problemas, no hay sentido tampoco de la empatía. Parecen no entender que cuando la persona llega al poder judicial no llega porque quiere, sino porque no le queda otra, porque ya intentó resolverlo de otras maneras y no pudo y esta es la última instancia”.

Algo interesante que plantea Rojo es que las leyes para hacer mejor las cosas están a disposición:

“No aplican la legislación que existe. Algo que pasa en nuestro país es que tenemos un cuerpo legal -en cuanto a la legislación- de vanguardia y un sistema judicial que no condice con esa legislación o no la aplica. O un juzgado la aplica de una manera, el de al lado la aplica de otra, pared de por medio. Cuando a uno le parece bien una cosa, al otro le parece otra. Cuando tenés que demostrar con x prueba algo; el otro juzgado no te lo pide, o te pide veinte cosas más y así. Entonces es muy difícil poder tener justicia con un sistema que ni siquiera se pone de acuerdo en cómo hacer las cosas.

“No pueden hacer su divorcio porque tienen una moto”

Como sucede habitualmente, la situación de las mujeres es la de mayor vulnerabilidad:

“Las defensorías deberían por ley hacer algunos trámites gratis, pero, por ejemplo, hay mujeres que sufren violencia de género y la han denunciado, pero que no pueden hacer su divorcio porque tienen una moto. Las atienden casi siempre los empleados y jamás les explican sus derechos. Cuando van a pedir hacer el trámite en la defensoría les dicen: ‘Ah, no, pero si tenés una moto yo no te puedo hacer el divorcio porque la defensoría es para la gente que no tiene bienes’. ¿De verdad? Un proceso de divorcio está en honorarios unos trescientos mil pesos: ¿Te parece que alguien que puede tener una motito con la que anda todo el día llevando y trayendo infancias puede pagar eso de monto de honorarios? Eso nos precariza a nosotras y hablo de nosotras porque quienes más hacen familia somos las abogadas mujeres. Lo mismo sucede cuando hablamos de cuotas de alimentos. Cuando esos jueces firman la resolución, la lapicera sale más plata que lo que está fijando de cuota de alimentos. Porque están tan lejos de la realidad, tan lejos de lo que consume una infancia para ser criada, y del tiempo que esa mujer está poniendo en criar a la nueva generación. Es imposible que puedan fijar una cuota de alimentos real”.

Para cerrar, todo esto deja en claro que falta perspectiva de género en el ejercicio de la profesión: “He visto bastantes prácticas nefastas de colegas que violentan a víctimas a través de escritos que recomiendan realizar actos de violencia o desobediencia ante el propio juez. Falta Ley Micaela. Se sigue hablando de menores cuando hace años que las infancias y juventudes ya son reconocidas como sujetos de derecho y no son una cosa que se pone y se saca, y que un juez toma una decisión sobre dónde va ese objeto”. Sin embargo, el cambio ya está en marcha: “Cada vez somos más quienes estamos formadas y formados en perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos y cuando eso sucede es mucho más fácil. De a poco, se van encontrando las soluciones por las vías formales y las alternativas”.

Sin justicia no hay democracia

No puede haber un poder en el sistema democrático que no tenga ningún tipo de control popular. Las y los entrerrianos somos rehenes de una casta machista, soberbia, impune, violenta, clasista. Están cebados porque no responden por sus actos. Saben que pueden liberar asesinos, violadores, golpear una persona por la calle, romper un negocio y nadie les va a tocar un pelo. Están por encima de la ley que dicen defender. Cobran el sueldo de parte de las personas que trabajan día a día, pero cuando tienen que dar una respuesta se toman todo el tiempo del mundo, como el guardián del cuento de Kafka. La mayoría de los jueces entrerrianos son un fiel ejemplo de esa frase del Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que citó Galeano: “La justicia es como las serpientes; sólo muerde a los que están descalzos”.

[1] https://www.unoentrerios.com.ar/periodista-pide-juicio-politico-del-vocal-emilio-castrillon-n2656173.html

[1] Los párrafos en cursivas son extractos del libro “Micaela García: la chica de la sonrisa eterna”. Chirimbote. 2022.

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La frontera entre Turquía y Siria fue el escenario del temblor de 7.8 grados Richter que dejó más de 35 mil muertes. En esa región, sin importar los límites impuestos por los estados, habitan comunidades autónomas kurdas, árabes, alevíes, agrupadas en Kurdistán. A todas estas comunidades no ha llegado ayuda humanitaria.

De acuerdo con la doctora en sociología y activista Azize Azlan, hay por lo menos 20 ciudades y 26 millones de personas que viven entre pueblos y ciudades de esta frontera. De acuerdo con sus cálculos, son 15 millones en Kurdistán y Turquía, y 11 millones en Kurdistán y Siria. De los cuales, más de 5 millones se consideran vulnerables en lugares que fueron colapsados totalmente por el terremoto.

Hay edificios derrumbados, no hay electricidad, no hay agua, las carreteras están destruidas, no hay señales para comunicación, las escuelas destruidas, falta de acceso al agua potable y la propagación de enfermedades en temperaturas bajo cero por el invierno. En suma, los bombardeos no han cesado.

“Le hemos fallado a la gente”

A esta región no han llegado los apoyos humanitarios. La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que ha sido un fracaso el envío de ayuda a Siria. Dio a conocer que por lo menos 5 millones de personas quedaron sin casa.

“Hasta ahora le hemos fallado a la gente en el noroeste de Siria. Con razón se sienten abandonados, buscando ayuda internacional que no ha llegado”, dijo el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths.

La ONU contabiliza 33 mil muertes, de las cuales 5025 son de Siria. Las personas heridas son casi 10 mil en Siria, 84 mil en total, sumando las de Turquía.

Las pocas ayudas que han realizado los gobiernos son de manera desigual y militarizada, asegura en entrevista Alessia Dro.

La lucha es de las mujeres

Alessia Dro es activista internacionalista, acompaña al Movimiento de Mujeres Kurdistán, que actualmente tiene presencia en América Latina. Es originaria de Cerdeña y cuenta en entrevista lo que sucede en el territorio autónomo del Kurdistán después del terremoto.

Alessia se involucró desde muy joven con las mujeres y las comunidades en Kurdistán, que formaron el Kongra Star. Presenció el modo en que se llevó a cabo el proceso de reconstrucción de esta ciudad localizada en la frontera sirio-turca. Esto, después de que cada edificio, casa, tienda y calle estaban en ruinas. Todo el día se la pasaba en las juntas vecinales asamblearias donde discutían cómo reconstruir la ciudad y cómo salir de las dinámicas de la guerra.

Las comunas iban cotidianamente eligiendo su forma de trabajar sin explotación; cómo reconstruir la ciudad. Desde la construcción de una carretera, como hacer del reciclaje de material, aún con el embargo dictado por Turquía. Las mujeres encabezaron esta reconstrucción y ahora, como hace 10 años, vuelven a levantarse desde las ruinas.

“Lo preocupante no es solo el terremoto, sino también el contexto en el que se produjo, que se refiere a la guerra interna y externa”, describe Alessia Dro.

A casi 10 años de la revolución kurda, lo que describen las activistas que han estado en permanente comunicación con las personas afectadas en Kurdistán, es que, ante la tragedia, los pueblos y las mujeres se organizan para atender a los cientos de heridos y atrapados.

Como pueblos que han vivido en la guerra saben cómo compartir tareas, formar iniciativas, producir, encontrar y distribuir. Han formado comunas de mujeres, así las nombraron, que están cocinando para todos, cosiendo carpas, haciendo listas de personas, y llegando a los pueblos más olvidados.

Cabe recordar que la guerra comenzó en 2011 como una revuelta popular contra el presidente Bashar al-Assad. Desde los primeros ataques de Turquía el 9 de octubre de 2019, cuando más de 400 mil personas tuvieron que migrar tras los ataques y a medida que aumentan los ataques del estado turco, más personas se ven obligadas a migrar.

Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, estima que la guerra en Siria ha dejado 350 mil muertes de civiles.

En la zona afectada por el terremoto en Siria, la mitad está controlada por fuerzas armadas sirias, la otra mitad por fuerzas turcas y yihadistas respaldadas por el ejército turco, resalta Azize Aslan. 

Contexto de guerra

–¿Qué está sucediendo en Rojava – Kurdistán después del terremoto de 7.8? ¿Qué les dicen desde allá?

–No hay palabras. La situación humanitaria es dramática en este momento después del enjambre de terremotos que golpeó a las comunidades del norte de Kurdistán en el sureste de Turquía, y en el área de Rojava, en el noreste de Siria. No hay palabras para describir la rabia y el dolor.

La OMS declara hoy que más de 20 mil (ahora 35 mil) personas han perdido la vida bajo los escombros en Siria y Turquía a causa del terremoto, y mientras crece la expectativa y la esperanza de nuevos rescates.

Miles de personas aún se encuentran bajo los escombros. Tengo amigas que esperan que sus seres queridos sean rescatados, escuchan sus voces pidiendo ayuda, pero en Kurdistán del Norte, sureste de Turquía, para las comunidades marginadas afectadas por los temblores, el gobierno turco no ha enviado equipos de rescate, operando en de forma discriminatoria  y miliitarizada contra las zonas más afectadas por el terremoto, que están habitadas por las comunidades marginalizadas como las kurdas, árabes, alevíes.

Un artículo del Washington Post subrayaba desde su título que “El número de muertos por el terremoto de Turquía podría ser más que un simple desastre natural”.  Asli Aydintasbas analizó las consecuencias del terremoto en Turquía y la puesta en marcha del gobierno de Erdogan.

Aunque Turquía se encuentra en una zona sísmica conocida, se han diseñado pocos edificios para tener en cuenta los terremotos. Este artículo señala la corrupción del gobierno, por lo que hay muchos edificios que resistieron al sismo, salvando la vida de sus ocupantes, mientras que otros al lado se derrumbaron a causa de sus descuidados procesos de construcción como causa principal de la muerte.

Pero no solo preocupa esto, preocupa también que el gobierno del AKP de Erdogan, que es un gobierno de guerra con mucha corrupción, robe el presupuesto destinado a los terremotos para gastarlo en políticas de invasión y ataques militares en lugar de tomar precauciones con respecto a los sismos.

–¿En qué contexto político se da este sismo?

–La gestión de esta calamidad nacional en Turquía- un país que tiene el mayor número de periodistas encarcelados en el mundo- se organizó de inmediato excluyendo de la discusión sobre la implementación del plan de emergencia nacional a las fuerzas políticas democráticas opositoras a las conservadoras y Islamistas de Erdogan.

Y esto, a pocos meses de las elecciones en el país, agrava enormemente las posibilidades de resolver la actual crisis humanitaria y es una clara señal del tipo de régimen dictatorial que vive Turquía en la actualidad, en un momento en donde es necesaria solidaridad y unión y no toque de quedas y discriminación.

Los municipios kurdos autónomos, por lo tanto, en el norte de Kurdistán en Turquía se están organizando para movilizarse y generar no solo en palabras un llamado extendido a la solidaridad humana. Las asociaciones de mujeres y toda la sociedad se sumaron a las operaciones de rescate.

Debido a las réplicas del terremoto, por la destrucción total de edificios, ayer y hoy la gente se vio obligada a permanecer a la intemperie en un duro invierno con temperaturas bajo cero sin los materiales adecuados para estas duras condiciones climáticas.

Grupos de solidaridad y no de gobierno entregaron agua, frazadas y sin sombra de intervención estatal se crearon cadenas humanas para salvar la vida de los desaparecidos.

Miles de personas, turcos, kurdos, armenios y de todas las comunidades de Turquía se han congregado para donar sangre para los miles de heridos sin distinción: la solidaridad humana es lo que salva vidas hoy.

Lo preocupante no es solo el terremoto, sino también el contexto en el que se produjo, que se refiere a la guerra interna y externa que afecta hoy a las comunidades de Turquía y Siria. Erdogan ha librado previamente en el 2015 una dura guerra interna contra las ciudades kurdas de Cizre, Silopî Nusayibin y Amed.

Ahora, mientras recibe ayuda internacional de emergencia, está declarando toque de queda (estados de emergencia) en más de una decena de provincias de mayoría kurda en el interior de país. Y sin mostrar la menor sensibilidad humana ante la tragedia, según fuentes de Medya Haber, ha lanzado amenazas, dirigiéndose en tono acalorado en estas horas, a las personas que sobrevivieron en las zonas devastadas por el terremoto.

Las mujeres ante la emergencia

–¿Las mujeres son quienes han encabezado la reconstrucción de ciudades después de los ataques en Turquía? ¿Cómo han reaccionado con este suceso?

–En Rojava y en toda Siria, la situación del terremoto afecta a una zona devastada por una guerra internacional que dura décadas y ha afectado a personas desplazadas y viviendas precarias.

Las mujeres del noreste de Siria han sido protagonistas, en las zonas afectadas por el terremoto de hoy, tanto en Kobane como en Afrin, en la reconstrucción de ciudades enteras tras la liberación de Isis, han reconstruido sus hogares y sus vidas.

Estuve con las comunas autónomas de Kobane en 2016 para decidir juntas cómo reconstruir la ciudad después de la guerra. Con mujeres de todas las edades después de la liberación de Isis se reconstruyó a partir de las escuelas, y desde un profundo sentido de libertad, con las academias libres auto-gestionadas con la propuesta de Jineolojî y la apertura de casas de mujeres en cada barrio, casas activa en el campo de la justicia comunitaria, en el campo de la salud, en el campo de la educación, para la construcción de relaciones sociales en un sentido profundamente anti-patriarcal.

Estuve en los campamentos de Shehba en Rojava en 2017 y he visto  ahí con mis propios ojos y sentido con mi corazón cómo Afrin, una región muy verde, se había convertido en el área que más en Rojava había acogido a tantos refugiados afectados por la guerra y viniendo de otras partes de Siria e Irak para acogerlos bajo la Carta Social del Contrato de los Pueblos de esta zona, que, más allá del mecanismo estado-céntrico de ciudadanía, establece, como contrato entre Pueblos, el derecho universal de asilo para personas de cualquier origen, un derecho de asilo inalienable, para todas las personas que decida detenerse a vivir allí.

Ese año estuvo un clima de convivencia, paz, democracia directa y autogobierno,  para las personas que tienen refugio en Afrin.

–Afrin, una de las zonas más golpeadas y donde hay mayor parte de personas refugiadas de la guerra, ¿qué ha pasado en estas poblaciones?

–Luego, desde 2018, la ciudad de Afrin ha sido invadida por una ocupación militar de Turquía seguida de una invasión denominada “Primavera de la Paz” en el 2019. Esta operación militar ha creado un cambio demográfico en la zona al cometerse gravísimas violaciones de derechos humanos, y ha sustituido a las poblaciones refugiadas de diferentes comunidades y espiritualidades, por las bandas islamistas yihadistas aliadas y financiadas por Turquía.

A raíz de esta ocupación del estado turco hoy miles de mujeres de Afrin, tras esta operación militar, están desaparecidas y se han lanzado campañas internacionales para su reaparición con vida. Alrededor de Afrin, y hasta Alepo y Til Rifat ahora hay campamentos para personas desplazadas después de la ocupación de Turquía.

Ahora es difícil recibir información de Siria, pero he recibido noticias del noreste de Siria: Afrin, junto con Cizre y la región del Éufrates, es una de las áreas más afectadas por el terremoto en Rojava. Y es ahí en donde el estado turco ha decidido anoche, en plena emergencia nacional tras los golpes del terremoto, llevar a cabo una operación militar mediante el bombardeo de las zonas del noreste de Siria afectadas por el sismo.

No debemos olvidar que en el escenario geopolítico global, Erdogan es el mediador de los flujos migratorios hacia Europa y representa la cara más explícita del modus operandi de la OTAN.

Realiza crímenes de guerra mientras se presenta ante los ojos del mundo como mediador de la paz entre Rusia y Ucrania, pero en realidad estamos ante un gobierno dictatorial que en una emergencia humanitaria durante un terremoto decidió realizar operaciones militares de ataque contra las áreas limítrofes, como la de Rojava Siria.

Esto es lo que Turquía está haciendo actualmente, mientras que la Administración Autónoma está prestando su ayuda sin distinción para ayudar en toda Siria donde sea necesario no obstante sigan con embargos y duras restricciones.

Cómo ayudar

–¿Cuál es la mejor manera de apoyar en estos momentos desde México?

–En los últimos días, el movimiento de mujeres del Kurdistán en América Latina ha compartido los datos de Media Luna Roja Kurda, una organización humanitaria organizada a nivel mundial, que convocó a todas las personas solidarias, a organismos internacionales para brindar ayuda urgente a las víctimas del terremoto.

Las voluntarias organizadas de Media Luna Roja están rescatando a las personas y proveen ayuda de primera necesidad, carpas, cobijas, agua, suministros médicos de emergencia.

Las comunidades de Rojava, en el noreste de Siria, así como en el norte de Kurdistán, en el sureste de Turquía, se están organizando para hacer frente a la emergencia de miles de personas heridas y miles de edificios derrumbados.

Aunque con el corazón roto, hemos recibido en las últimas horas, muchos mensajes y un abrazo colectivo dirigido a las comunidades del Kurdistán afectadas por el terremoto, con una sensibilidad humana sin precedentes especialmente desde México, y en todo el continente sudamericano. Donde el poder y las catástrofes apuntan a destruir, la solidaridad sin fronteras nos hace reconstruir, con fuerza y sin confines.

En este momento indescriptiblemente duro, esto nos da mucha esperanza.

Toda ayuda dirigida a las comunidades puede ser enviada en esta dirección:

Heyva Sor en Kurdistanê e. v.

Wilhelmstr. 12 53840

Troisdorf Kreissparkasse Colonia

IBAN: DE49 3705 0299 ​​0004 0104 81

BIC/SWIFT: COKSDE33XXX

o paypal: https://www.paypal.com/paypalme/heyvasorakurdistane

FUENTE: Daliri Oropeza Álvarez / Pie de Página / Fecha original de publicación: 15 de febrero de 2023 / Edición: Kurdistán América Latina

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Se realizó la tercera jornada en el juicio en el que el poder judicial define si está del lado de la verdad o del lado de la impunidad en el proceso en que se juzga si Lucas Bustos es responsable por los delitos de abuso sexual y femicidio de Cecilia Basaldúa en abril de 2020 en Capilla del Monte. Fue la última por la tarde ya que desde el jueves 5 de mayo las audiencias serán a doble turno para escuchar los más de 50 testimonios que restan.

Esta vez se escuchó a seis testigxs, entre quienes se encontraban los efectivos policiales Hernán Vivas y Carlos Albariños; Walter Luna, arrendatario del campo donde apareció sin vida Cecilia; Victor Jaime, vecino de Walter Cruz; Federico Manzano Torres y De La Puerta, contacto previo de Cecilia; y Adrián Aldecoa, primo de Cecilia que vive en Villa Carlos Paz.

Algunos de los momentos cruciales de jornada, además de las contradicciones en los relatos de los efectivos policiales, fue cuando la inoperancia policial quedó en evidencia, una constante que se repitió en la segunda audiencia, tuvieron lugar cuando Luna afirmó que no había posibilidades de que el cuerpo de Cecilia hubiera permanecido varios días a la intemperie en ese lugar y cuando Manzano denunció que la búsqueda la hicieron asumiendo que Cecilia “se había perdido porque estaba drogada”.

La jornada prosiguió con el testimonio de Hernán Vivas, efectivo policial que trabajaba en el cuartel de Bomberos de Calamuchita. El policía declaró no conocer al imputado Lucas Bustos e hizo mención de que en varias oportunidades participó del operativo de búsqueda de Cecilia. Dijo que instruía a los efectivos encargados de la búsqueda para que hicieran “un trabajo de conciencia, aplicando técnicas para que los lugares queden bien rastrillados”. Vivas estuvo a cargo del equipo que tuvo la primera aproximación a Cecilia. Comentó que entre las 3 o 4 de la tarde fueron hacia la zona del campo de Walter Luna y que allí encontraron a un joven de 15 años aproximadamente, aterrado, porque “aparentemente había un cuerpo”. Walter Luna y su hijastro los guiaron hasta el lugar del hallazgo del cuerpo por un camino optativo debido a que se aproximaba la noche. Era un lugar de difícil acceso y atravesaron el monte como podían con sus herramientas (machete) hasta llegar al río, donde no había señal de teléfono móvil.

El policía declaró que cuando llegaron al lugar donde se encontraba el cuerpo se guardó la mayor distancia posible hasta que se pudiera reconocer. Se precintó el lugar y, en vano, procedió a buscar señal de celular. Vivas manifestó que no vió el cuerpo con exactitud, solo una silueta; estima haber estado a unos 60 metros. “Recibimos directivas de no aproximarnos hasta que llegue personal judicial”. Se armó un operativo y fueron la fiscal Jorgelina Gómez y policía judicial. Vivas aseguró que no habían buscado por esa zona con anterioridad, que se había buscado en zonas aledañas al cerro Uritorco y el Hotel Principado. Dos efectivos policiales permanecieron trabajando con oficiales de la policía judicial durante dos horas. Vivas agregó que al día siguiente, con el objetivo de ver si se encontraba alguna pertenencia, se hizo un recorrido desde el Hotel Principado -según un testimonio, ese fue el último lugar dónde se vió a Cecilia con vida- hasta el lugar dónde se halló el cuerpo.

El discurso del efectivo Hernán Vivas fue contradictorio en relación a su declaración en la fiscalía del día 3 de diciembre del 2020. En el actual testimonio dijo que los primeros en llegar al lugar donde se hallaba ubicado el cuerpo de Cecilia fueron los efectivos de la departamental de Investigaciones de Punilla; mientras que en la audiencia anterior declaró que fueron ellos mismos. Ante esto, el testigo expresó que “no recuerda”. Y la segunda contradicción fue que hizo mención de que tardaron dos horas aproximadamente en llegar a la zona del cuerpo, cuando en la declaración de la fiscalía anterior dió cuenta de que el recorrido llevó entre veinte y treinta minutos.

“Estoy 100% seguro de que esa semana (la anterior al 25) no había nada”

El segundo testimonio fue el de Walter Luna, comerciante y trabajador rural. Declaró conocer hace años a la familia Bustos. De acuerdo a su declaración, el sábado 25 de abril alrededor de las tres menos cuarto de la tarde, envió a su hijastro a buscar a una yegua y a su cría. Al llegar a la casa del campo lo ven como tildado. “Le pregunto si encontró la yegua y al ratito me respondió: ‘no, encontré un cuerpo. Me parece que es el de la chica que están buscando”.

Luna recuerda que dio aviso y llegaron policías, bomberos e infantería. “Yo les dije que cortemos por el campo de Jaime, 1000 metros hay más o menos a la cueva de los perros. Habremos ido 10 personas. No conocía a ninguno. Vinieron todos de fuera”. Algo clave en el testimonio de Luna es que cuatro días antes habían estado en el mismo lugar buscando a la yegua y asegura no haber visto el cuerpo: “Estoy 100% seguro de que esa semana no había nada”.

Su campo, de 49 hectáreas, colinda con el basural y con el campo de Víctor Jaime. Hace diez años que Luna está en el campo. Como no vive ahí, en esa época iba todos los días de 13:20 a 18hs. y luego se iba a su casa de Charbonier. En su testimonio aseguró que no vio pasar a nadie durante esos días y que nunca vio a Bustos en su campo. El 25 de abril, antes de hablar con su hijastro, le sorprendió ver muchas camionetas que iban y venían cerca del basural. Aún, supuestamente, nadie sabía que el cuerpo de Cecilia había sido encontrado.

A continuación compareció Víctor Eduardo Jaime, empleado rural y mecánico y dueño del camping “El Ranchito” en Capilla del Monte y del campo Puesto Viejo, colindante al campo donde fue hallado el cuerpo de Cecilia. Señaló que conoce a Lucas Bustos por ser vecinos y que no conoce el lugar donde apareció. Aunque en la audiencia dijo que nunca había tenido problemas con los Bustos, se le leyó la declaración realizada en Fiscalía en el año 2020, donde da cuenta de haber hecho una exposición policial contra la familia Bustos por el tema de los animales. Jaime reconoció haber escuchado por la radio “Jota”, una radio local de Capilla del Monte, que había aparecido un cuerpo en el basural cuatro días antes de que se diera la noticia. Posteriormente, refiere, esta información se retiró del medio de comunicación y el intendente, Fabricio Díaz, la negó.

“Se hicieron mal las cosas. No la buscaron bien”

Luego de un cuarto intermedio declaró Federico Manzano Torres y de la Puerta, quien conoció a Cecilia cuando tenía alrededor de diez años -ahora tiene 25- en un viaje a Bolivia junto con su mamá y sus hermanas. “Ella vino una vez a Capilla del Monte. Siempre tuvimos contacto”. El testigo relató que en marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, Cecilia se comunicó con su madre. Manzano dijo que ella estaba bien, que él la quería ver pero nunca se encontraron, sólo se comunicaron por medio de mensajes de WhatsApp.

En relación a la búsqueda, Manzano manifestó su hartazgo por el accionar de la policía: “Desde mi punto de vista se hicieron mal las cosas. No la estaban buscando bien, primero la policía la corrió del camping. Yo la conozco, una sola persona no hizo esto. (Cecilia) era una persona que te daba vuelta, sabía artes marciales”. Afirmó que lo pusieron en una situación muy incómoda: “me allanaron la casa, me llevaron con la camioneta del DUAR [Departamento Unidades de Alto Riesgo], me hicieron buscar. Se comunicaban conmigo a cada rato. Iban todos los días a mi casa. En un momento me llamó un jefe de policía y me dijo: ¿usted Manzano qué opina, que está muerta, que está viva?” Remarcó varias veces lo que él considera errores en la búsqueda: «durante mucho tiempo la policía asumió que ella se había perdido porque se había drogado». El joven también nombró la publicación de Radio Jota sobre el hallazgo del cuerpo referida por Eduardo Jaime.

“Primo, vienen por mí”

El quinto testigo fue Adrián Alberto Aldecoa, primo de Cecilia. Él declaró que la última vez que vio a Cecilia fue durante el año 2012 o 2013. También comentó que se comunicaron durante su estadía en Capilla del Monte. El día 5 de abril ella envió un mensaje diciendo: “Primo, vienen por mí”. Aldecoa le contestó a las horas y ya no recibía los mensajes, “solo tenía una tilde”. El mensaje del primo de Cecilia se marcó leído el día 8 de abril.

El último testigo fue Carlos Alejandro Alvariño, policía de la Jefatura de Protección de personas. En 2020 trabajaba en la División de Paraderos. El oficial declaró que intervinieron, por pedido de la fiscal Paula Kelm, aproximadamente 14 o 15 días después de la desaparición de Cecilia. La fiscal Kelm realizó una reunión por videollamada con los equipos de búsqueda y allí se encontraban: Diego Concha, el jefe de bomberos de Carlos Paz, el MPF e integrantes del poder judicial.

Alvariño testificó que hubo una investigación en la casa de Mario Mainardi, que se comunicaron con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y que revisaron los movimientos bancarios. También hizo mención de que habló con las últimas personas que vieron a Cecilia, como Mario Mainardi y Viviana Juárez, y que le comentaron que el sábado se habían juntado con unos amigos. Los oficiales procedieron a hablar con los vecinos y confirmaron que efectivamente habían visto la carpa armada de Cecilia en el patio de Mainardi.

Alvariño declaró que el día que apareció Cecilia él no se encontraba en Capilla del Monte y que Mainardi le dijo que a Cecilia le había dado un brote sicótico: “Me dijo que estaba re loca. Y que si no hubiera llamado a la familia ni se habrían enterado de que estaba desaparecida”. También manifestó que estuvo en el momento en el que trajeron a los hermanos Bustos a la Comisaría. “Me pidieron la camioneta y fueron y buscaron a dos chicos. Vi cuando llegaron. Los dividieron a los hermanos. No escuché nada. A los 30 minutos salió un personal policial y nos dijo «parece que fueron ellos”. Le recordaron que en su declaración anterior en Fiscalía, había dicho que había sido el comisario Bracamonte quien trajo a los hermanos Bustos. Y no Pagano.

El jueves 5 de mayo se escucharán los testimonios de Wenceslao Falcon ”negro nigga”, propietario de Casa de Piedra; y Viviana “la rasta” Juárez. Aún sigue pendiente el testimonio de León Cruz, hijastro de Walter Luna, quien encontró el cuerpo sin vida de Cecilia porque el joven está estudiando en la localidad de Balcarce.

*conformada por varias organizaciones territoriales, llevan un diario del juicio en: https://justiciaporcecilia.wordpress.com/

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