Por Belén Altamirano/ Fotos de Prensa CEPA

Mientras la tierra todavía tiembla, comienza una carrera contra el tiempo. Cada minuto puede significar una vida rescatada. Entre quienes eligen enfrentar la incertidumbre y el riesgo existe una convicción que guía cada decisión: “una vida hace la diferencia”.

En Venezuela, esa frase dejó de ser una consigna para convertirse en una urgencia. El 24 de junio, dos terremotos consecutivos golpearon el norte y centro-norte del país, con especial impacto en La Guaira, Caracas y otras zonas densamente pobladas. La emergencia encontró a comunidades enteras entre edificios colapsados, hospitales tensionados, familias desplazadas y barrios organizándose para sostener lo inmediato: buscar sobrevivientes, asistir a personas heridas, conseguir agua, comida, medicamentos y un lugar seguro donde pasar la noche.

Esa certeza sostiene el trabajo de los equipos de rescate, que avanzan entre los escombros sin perder la esperanza de encontrar a alguien con vida o, en su defecto, traer algo de paz a las familias que hoy no encuentran consuelo ante la tragedia. En ese escenario, la respuesta humanitaria deja de ser una opción para convertirse en un compromiso con la vida.

Pero antes de la llegada de los equipos especializados, la primera respuesta estuvo —como ocurre en tantas catástrofes— en manos de la propia población venezolana. Vecinas y vecinos removieron escombros con sus manos, organizaron ollas, abrieron casas, acompañaron duelos y sostuvieron búsquedas en medio de réplicas, miedo e incertidumbre. Esa trama comunitaria es el punto de partida de cualquier reconstrucción posible.

Con ese espíritu, el 3 de julio de 2026 un contingente integrado por 60 socorristas y profesionales de la salud del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) Argentina emprendió una misión de asistencia humanitaria con destino a la República Bolivariana de Venezuela.

Junto al equipo de CEPA Argentina viajaron voluntarias y voluntarios pertenecientes a distintas filiales de la organización desplegadas a lo largo del país, integrantes de la Brigada CER, el Grupo Fénix Unit Rescue y médicos pertenecientes a la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, quienes sumaron sus conocimientos, experiencia y compromiso para fortalecer la respuesta humanitaria ante la emergencia.

La misión partió a bordo de una aeronave facilitada por la ONG Solidaire, gracias al compromiso y la colaboración de Enrique Piñeiro, haciendo posible el traslado del contingente hacia la zona de emergencia.

Su llegada se inscribe en una respuesta internacional más amplia, pero también en una historia regional de solidaridad entre pueblos. En situaciones de desastre, la cooperación se expresa en la capacidad de reconocer que una tragedia ocurrida del otro lado de una frontera afecta a toda la región. Venezuela no necesita ser mirada únicamente desde la disputa política, sino desde la vida concreta de sus comunidades, de sus familias y de quienes hoy intentan reconstruir lo perdido.

En esta etapa, los equipos desarrollan tareas de búsqueda y rescate, apoyo sanitario y asistencia humanitaria, bajo protocolos y estándares internacionales para operaciones en estructuras colapsadas y respuesta a desastres. Su labor se integra al trabajo coordinado con las autoridades y las organizaciones intervinientes, priorizando la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades afectadas.

En los territorios golpeados, la emergencia no termina cuando se apagan las cámaras ni cuando finaliza la etapa más intensa de búsqueda. Después llegan los días de duelo, los refugios provisorios, el riesgo sanitario, la necesidad de reconstruir viviendas, escuelas, centros de salud, redes de cuidado y espacios comunitarios. Para muchas familias venezolanas, la pregunta ya no es solamente cómo sobrevivir al terremoto, sino cómo volver a habitar un territorio marcado por la pérdida.

Una misión humanitaria comienza mucho antes de llegar al lugar de la emergencia. Se construye durante años de capacitación, entrenamiento y participación en distintos operativos donde la comunidad necesita una respuesta. En CEPA Argentina, la fuerza del equipo nace de la diversidad de sus integrantes: una médica, un electricista, un rescatista, profesionales de distintas áreas, voluntarias y voluntarios con vocación de servicio, todos aportando sus conocimientos para un mismo objetivo: proteger la vida.

Cada integrante representa una parte fundamental de una organización que entiende que la respuesta ante una emergencia no depende de una sola disciplina, sino de la capacidad de trabajar de manera conjunta. Por eso, durante todo el año, sus voluntarias y voluntarios se preparan, se capacitan y participan en distintos dispositivos de asistencia, fortaleciendo una herramienta que se activa cada vez que una persona, una comunidad o un pueblo necesita ayuda.

Sin embargo, en Venezuela la escena más potente no está solo en quienes llegan desde afuera, sino en quienes ya estaban allí. Madres, jóvenes, trabajadores de la salud, bomberos, rescatistas locales, organizaciones comunitarias y familias enteras fueron parte de una respuesta marcada por la urgencia y la solidaridad. En cada barrio afectado, la organización popular apareció como una forma concreta de cuidado colectivo.

En la gestión del riesgo de desastres existe una premisa tan simple como profunda: el primer respondiente es el vecino. Es quien escucha el estruendo, quien aparta los primeros escombros, quien contiene, organiza y auxilia cuando todavía no han llegado los recursos especializados. Esa primera respuesta, nacida del compromiso con el otro, suele ser decisiva para salvar vidas.

En Venezuela, esa premisa se volvió imagen: manos levantando piedras, personas llamando por nombres propios entre los restos de edificios, comunidades improvisando centros de acopio, familias esperando noticias y equipos locales e internacionales trabajando sobre una misma prioridad. La catástrofe dejó al descubierto la fragilidad de las infraestructuras, pero también la fuerza de los vínculos comunitarios.

Hace más de dos siglos, Simón Bolívar imaginó una América Latina unida por un destino compartido. Aquel ideal de integración encontró obstáculos políticos y nunca llegó a consolidarse plenamente. Sin embargo, las emergencias recuerdan que existe una forma de unidad que trasciende gobiernos y fronteras.

Cada vez que un equipo humanitario cruza un límite geográfico para asistir a otro pueblo; cada vez que el conocimiento, la experiencia y la solidaridad se ponen al servicio de quienes más lo necesitan; cada vez que una comunidad se organiza para cuidar a quienes quedaron más expuestos, ese ideal encuentra una nueva expresión.

Los terremotos no distinguen nacionalidades, credos ni ideologías. Frente a ellos, la cooperación deja de ser un concepto político para convertirse en una necesidad profundamente humana. Allí, el socorrista, el profesional de la salud, el voluntario y cada ciudadano que decide ayudar representan una misma convicción: proteger la vida.

Quizás por eso, hablar hoy de Venezuela exige correr el eje de la polarización y mirar la emergencia desde quienes la atraviesan en primera persona. No se trata de negar los conflictos ni las responsabilidades estatales, sino de recordar que, en medio de una tragedia, el centro debe estar en las personas afectadas: en sus nombres, sus historias, sus pérdidas y su derecho a recibir asistencia digna, oportuna y sostenida.

Quizás el ideal bolivariano no encuentre hoy su expresión más auténtica en los discursos ni en los tratados, sino en aquellas acciones que ponen en el centro un principio esencial: la vida del otro también nos interpela.

En una América Latina atravesada por tensiones, por nuevos proyectos de fragmentación y por miradas que muchas veces priorizan el individualismo por sobre la construcción colectiva, la solidaridad entre pueblos aparece como una decisión profundamente política. Porque elegir acompañar, cooperar y tender una mano más allá de una frontera no es solamente un gesto humanitario; es también una forma de entender el mundo.

Frente a la indiferencia, quienes llegan para asistir no preguntan de qué país nació quien necesita ayuda. Reconocen, antes que nada, a una persona. Y allí, en esa acción concreta, quizás encuentre una nueva expresión aquel viejo anhelo de una América Latina capaz de reconocerse como comunidad.

Venezuela enfrenta ahora una etapa larga: la de buscar, sanar, alojar, reconstruir y acompañar. La ayuda internacional puede ser decisiva, pero la reconstrucción también dependerá de escuchar a las comunidades afectadas, fortalecer las redes locales y sostener la asistencia cuando la emergencia deje de ocupar los titulares.

Porque cuando todo parece derrumbarse, entre los escombros de una tragedia emerge también aquello que define a los pueblos: la capacidad de organizarse, acompañarse y sostenerse mutuamente.

Source

Los precios de los alimentos en el mundo se incrementan día a día. Más allá de contextos específicos, como pueden ser guerras o desastres naturales, la responsabilidad de la inflación alimentaria se suele identificar fácilmente: el control monopólico de las corporaciones agroalimentarias. 

En el contexto de penetración de las Big Tech en casi todos los ámbitos de la vida, la cadena productiva de alimentos no se queda afuera, y hasta puede empeorar ese escenario. Alianzas entre gigantes del agro (Bayer, Syngenta, Cargill, por ejemplo) con gigantes del sector de tecnologías (Google, Meta, Microsoft, Amazon, entre otras) encienden alarmas y preocupaciones, especialmente entre comunidades campesinas e indígenas. Investigaciones recientes alertan sobre la profundización de su dependencia, la conversión de saberes colectivos ancestrales en mercancía y una posible exacerbación en la contaminación. En las próximas líneas, analizaremos los impactos de esta digitalización de la agricultura en los derechos campesinos.

Gigantes del agronegocio digitalizado

La concentración corporativa en el agro no es una novedad: los oligopolios ya dominan la cadena alimentaria mundial. Estas empresas controlan desde las semillas, genéticamente modificadas, hasta los llamados insumos agrícolas: agrotóxicos y fertilizantes para monocultivos, insostenibles por su impacto ambiental y deterioro de la tierra. Un sistema que genera consecuencias directas en los modos de producción campesinos, quienes sostienen la “columna vertebral” de la alimentación en nuestra región.

Esta industria ha entrado ahora en una nueva etapa. Según el nuevo reporte del Relator de la ONU sobre Derecho a la Alimentación, las empresas agroalimentarias están recurriendo cada vez más, mediante la digitalización, a las nuevas tecnologías digitales y al procesamiento de grandes cantidades de datos para desarrollar sus negocios. El documento plantea que estas innovaciones crean “nuevos desafíos en materia de derechos humanos en los sistemas alimentarios”. El último informe del Grupo ETC sobre el tema, describe al fenómeno como un “Caballo de Troya en los campos”: bajo la promesa de tecnología e innovación, esconde más control corporativo y menos autonomía para las comunidades agricultoras.

Acelerada por la pandemia del Covid-19, la digitalización del agro es promocionada por las transnacionales del sector como solución a ciertos problemas del cambio climático, y una transformación inevitable para lograr un modelo productivo más eficiente, como lo viene planteando hace años también el Banco Mundial. Con ese bombo publicitario y marketinero, florecen las startups de agricultura digitalizada (“AgriTech” en sus términos) en la región, donde Argentina y Brasil albergan casi 3/4 partes de las empresas de esta índole.

La semilla del bot en los campos

Ya no resulta extraña la presencia de drones en los cielos, sensores en los suelos, tractores guiados por GPS o productores trabajando con tablets y dispositivos donde utilizan aplicaciones y sistemas específicos para sus tareas. La digitalización en la agricultura implica el uso generalizado de herramientas como la IA, la ciencia de datos y la biotecnología para mapear tierras, almacenar información y crear nuevos sistemas digitales para gestionar los modos de producción rural.

La alianza entre Big Tech y corporaciones monopólicas de la agroindustria está promoviendo una datificación del conocimiento vinculado a agricultura y del comportamiento de los ecosistemas y bienes naturales comunes, como nunca antes. Se trata de un extractivismo masivo de datos que, además, en muchos casos están vinculados con historias y tradiciones comunitarias y colectivas. Quienes tengan mayor capacidad de recolectarlos y controlarlos, serán quienes puedan modelar los sistemas alimentarios y las políticas agrícolas para su propio beneficio, un mercado de negocios que no considera a la alimentación como un derecho humano y menos reconoce la existencia de derechos campesinos. No se trata de cuestionar la introducción de nuevas tecnologías en abstracto, sino más bien de preguntarse al servicio de quién están, quiénes las controlan, qué modelos productivos profundizan y qué tratamiento de datos hacen.

Repasemos algunos de los principales riesgos de este proceso. Suscribirse a un modo de producción gestionado a través de una plataforma digital implica para las y los agricultores una dependencia aún mayor: se vuelve un circuito en el cual desde la toma de decisión de qué semilla plantar hasta el sistema de pagos y cobros, todo debe pasar por servicios virtuales. El Relator de la ONU lo plantea con claridad: “En estas nuevas explotaciones digitales, los agricultores dejan de actuar según su libre determinación y en su lugar pasan a ser objetos de cosecha”. Como en la mayoría de los trabajos regulados por plataformas, no hay reglas claras y transparentes sobre el uso de datos ni políticas de privacidad sólidas, lo cual no sólo da lugar a la explotación de esos datos en términos mercantiles, sino que también habilita nuevas prácticas de control, que algunos grupos denominan como “agricultura de la vigilancia”. Considerando que América Latina es una de las regiones más hostiles para defensores y defensoras ambientales, esta forma de espionaje resulta preocupante.

Además, en una región con una gran brecha digital, donde muchos de nuestros países enfrentan las tarifas más elevadas de internet móvil del mundo, el acceso a la red ocasiona nuevos gastos a las comunidades, lo cual empeora sus condiciones de vida en los territorios. Más aún si consideramos los altos costos de la maquinaria inteligente. Sumado a esto, y siguiendo las conclusiones del informe de ETC, se estima que millones de puestos de trabajo en el campo serán sustituídos por drones y robots, sin planificar nuevas fuentes laborales para el sector. En algunos países, incluso se les prohíbe reparar su maquinaria porque contiene software patentado. Por último, como ya venimos planteando en Derechos Digitales, la enorme demanda de recursos naturales, como agua y energía, para alimentar toda la infraestructura digital necesaria para estos emprendimientos, es posible que traiga mayores niveles de contaminación y profundización de la crisis climática.

El big data en la agricultura se convierte así en una herramienta de dependencia, vigilancia y control que pone en riesgo la autonomía campesina y la biodiversidad agrícola.

¡A desalambrar las tecnologías!

“El mundo no necesita ni más datos ni más alimentos, sino que las personas tengan más autoridad y control sobre los datos en los sistemas alimentarios”, advierte la ONU. Como se dijo unos párrafos más arriba, no estamos poniendo en discusión la incorporación de las tecnologías digitales, sino más bien qué uso se les da y los modelos que sustentan. Las comunidades campesinas pueden hacer una utilización favorable de las herramientas tecnológicas, que aporten al bien común y no a las ganancias concentradas en unas pocas manos. ¡Y muchas ya lo vienen experimentando!

Las organizaciones que planifican integralmente modelos agroalimentarios alternativos desde los territorios, piensan en cada etapa del circuito: desde que el alimento se siembra (sus insumos, la fuerza de trabajo, etc) hasta que llega al plato de comida de las personas en sus casas (el comercio, traslados, etc). Existe una idea-frase bastante utilizada, que sintetiza muy bien esta propuesta: “Del campo a la mesa”. Por ello, las experiencias de colectivos vinculados al trabajo rural, a la defensa del ambiente, a comunidades indígenas, y a los derechos digitales, pueden abarcar distintos eslabones de este modo de producción, basado en la nociones de Agroecología y Soberanía Alimentaria.

El proyecto Territorios Libres, Tecnologías Libres, impulsado por Intervozes junto a comunidades quilombolas y rurales de Brasil, fue una iniciativa que marcó un interesante precedente en lo que respecta a analizar los usos y concepciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en territorios campesinos. A la vez, existe la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina (Red TECLA) que abarca algunos proyectos dedicados a la agricultura. La Herramienta de monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación, proyecto de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, sirve de guía a las comunidades, los movimientos, la sociedad civil, el mundo académico e incluso el funcionariado público en el monitoreo del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Además, la Asamblea de Innovaciones de Base para la Agroecología (GIAA en inglés) es una articulación global que está fortaleciendo experiencias de tecnologías de base aplicadas a la agroecología.

Si pensamos en la cadena productiva, hay desarrollos vinculados directamente con los momentos de la siembra y los cultivos, como por ejemplo la aplicación Lunagro (FIAN Colombia), un calendario agropecuario basado en la interpretación del ciclo lunar. Además, La Mierda de Vaca brinda cursos presenciales y a distancia sobre cómo llevar adelante una agricultura orgánica.

Tanto el aislamiento y distanciamiento preventivo que impuso la pandemia del Covid-19, así como también los debates que introdujo respecto a la alimentación saludable, llevaron a un incremento exponencial en la demanda de bolsones de verduras orgánicas o agroecológicas por parte de la ciudadanía. En Argentina, Más Cerca es Más Justo, y en Brasil, Alimento de Origem, son ejemplos de las decenas de plataformas pertenecientes a redes de comercio justo existentes en América Latina, las cuales buscan nuevas formas de intercambio, evitando intermediarios y sobreprecios, y conectando más estrechamente a productores con consumidores.

Para poder aprovechar las imágenes satelitales en beneficio de la producción local y la conservación de bienes comunes naturales, muchas organizaciones trabajan con Organic Maps, una aplicación GPS y de mapas sin conexión centrada en la privacidad, desarrollada por la comunidad de código abierto. También, existen numerosos proyectos que unen activismo, sector académico y comunidades, como por ejemplo “Gobernanza Hídrica con el pueblo originario Yaqui en México”, analizado en nuestro Glimpse 2024, ideado para desarrollar estrategias efectivas de gestión comunitaria del agua.

Por último, vale destacar la importancia de sitios de información y debate que impulsan la agenda de estos movimientos y favorecen la divulgación de ideas vinculadas con modelos alimentarios alternativos. Entre ellos, podemos mencionar a Agro é Fogo, quienes difunden  “el rastro del fuego del agronegocio global”; BiodiversidadLA, desarrollado por la  Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina; y Agencia Tierra Viva, impulsada por la Mesa Agroalimentaria Argentina, entre muchas otras iniciativas regionales.

Soberanía alimentaria y digital para vivir mejor

Los desafíos que viene planteando la digitalización en el campo son variados y complejos. Mientras se impulsan tecnologías digitales desde la sociedad civil y el Estado para el beneficio de las comunidades y los territorios, es fundamental generar marcos normativos nacionales, regionales y globales, que puedan proteger la privacidad y los datos en manos de las corporaciones que están desarrollando la datificación en el sector rural. El Estado de Brasil diseñó hace algunos años el Cadastro Ambiental Rural (CAR), como una herramienta que podría ser útil para monitorear el ambiente y los territorios, lo que dio lugar a un debate más que pertinente desde Data Privacy en relación a los datos personales de integrantes de comunidades. Incluso, algunos sectores vienen planteando como alternativa tratar los datos del sistema alimentario como un bien público para abordar esta problemática. Necesitamos que se reconozcan y protejan los saberes tradicionales del campesinado, como así también sus derechos colectivos, para potenciar herramientas tecnologías que respeten estas particularidades.

La complejidad del tema y los gigantes involucrados nos obliga a afinar los diagnósticos y, sobre todo, propiciar articulaciones entre el movimiento de los derechos digitales y las organizaciones campesinas e indígenas para dar respuestas integrales. Por ejemplo, unos años atrás, IT for Change publicó el reporte “Las oportunidades del ecosistema digital para la agricultura india” como resultado de un ciclo de encuentros de debate e intercambio entre diversos actores implicados en estos asuntos.

Podemos discutir la digitalización, la datificación, cómo se obtienen los datos, dónde se alojan y quiénes tienen control sobre ellos, pero si no abordamos las preguntas radicales sobre nuestros modos de vida y de alimentación, es probable que nos perdamos en el camino. ¿Para qué necesitamos tecnologías digitales en los sistemas agroalimentarios? ¿Qué papel tienen las comunidades campesinas e indígenas en la definición de estas nuevas herramientas a incorporar en los modos de producción? ¿Qué modelos priorizan la soberanía alimentaria y digital, y los derechos campesinos y de comunidades indígenas en su autodeterminación?

Lo que está en juego no es solo el acceso a nuevas tecnologías, y el resguardo de los datos, sino, principalmente, la soberanía alimentaria de los pueblos y el derecho humano a decidir cómo producir y consumir nuestros alimentos, de manera justa y sustentable.

* Encargado de Comunicaciones en Derechos Digitales.

Source

Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Desde Belém, Brasil

Foto portada: Lourdes Albornoz / Colectivo Mujeres diaguitas, ancestras del futuro

En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales, el mundo vuelve a denunciar las violencias patriarcales. Mientras en la COP30 empresas y gobiernos discutieron medidas para enfrentar la crisis climática, las mujeres que defienden sus territorios viven cada día una doble violencia —de género y extractiva— que busca silenciar sus voces, fracturar sus comunidades y disciplinar sus decisiones políticas. María Ivete Bastos, campesina de Santarém (Pará) fue amenazada y sufrió una serie de atentados contra su vida por oponerse al monocultivo de soja. Sin embargo, convoca a no rendirse: “Luchamos por la vida. Y es la vida del río, la vida del bosque, la vida de nuestra gente”.

Cada 25 de noviembre se conmemora y repudia el asesinato de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en 1960 a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Seis décadas después, la criminalización, amenazas, hostigamiento y desgaste emocional forman parte de un entramado que sigue fuera de las negociaciones oficiales de la diplomacia de la COP30.

Los contextos cambian, los nombres de las empresas varían, los gobiernos se renuevan, pero las formas de control y fragmentación son las mismas. La historia de María Ivete muestra una realidad que viven quienes se enfrentan a grandes proyectos mineros o del agronegocio. Recientemente, casi fue atropellada por un auto en plena calle. Su compañera, Maria do Espírito Santo da Silva, también defensora contra el extractivismo, fue asesinada a balazos junto con su esposo José Cláudio Ribeiro da Silva en 2011.

América Latina y el Caribe es el continente más peligroso para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde la Puna hasta la Amazonía, pasando por los Andes, el Cerrado brasileño y las costas del Pacífico, la escena se repite con una precisión que desgarra: criminalización, causas judiciales inventadas, campañas de difamación, quiebre de vínculos comunitarios, estrés y depresión, aislamiento y amenazas que avanzan al ritmo de los proyectos extractivos. 

El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025, reporta que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo en 2024. La cifra global acumulada desde 2012 asciende a 2.253 casos. América Latina vuelve a ocupar el epicentro: 117 de las víctimas del último año —el 82 por ciento— vivían en la región. Un tercio de las víctimas eran indígenas. El informe denuncia que en 2024 aumentaron otras formas de ataque como detenciones ilegales, criminalización judicial, acusaciones falsas de terrorismo y persecución por vías administrativas. 

La mayoría de quienes resisten en primera línea son indígenas, campesinas y campesinos, personas profundamente arraigadas a sus territorios. Aunque los pueblos originarios representan sólo el seis por ciento de la población mundial, protegen el ochenta por ciento de los bosques del planeta. Allí, en los márgenes donde la acción climática no es una promesa sino una práctica cotidiana, sostienen la vida frente al colapso ambiental. 

Elizabeth Mamani, defensora de los humedales andinos

La historia de Elizabeth Mamani muestra, sin eufemismos, lo que significa enfrentar el avance minero en el norte argentino. Defensora de los humedales andinos, integrante de la comunidad de Atacameños del Altiplano y parte de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencias Diaguitas Ancestras del Futuro, vive en un territorio donde las autorizaciones extractivas se otorgan sin consulta previa (como establece la ley) y a una velocidad que supera cualquier posibilidad de control comunitario.

“La situación de mi territorio es cada vez más preocupante”, dice. Frenar estos proyectos se volvió prácticamente imposible. Si bien en la actualidad un fallo de la Corte provincial de Catamarca de 2024 frena nuevos proyectos hasta que se realice la evaluación de impacto integral y acumulativo, los doce proyectos que están en proceso de explotación y exploración ya generaron un impacto irreversible. Un ejemplo es la desecación de la Vega Trapiche, por la explotación en la zona del Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) y el desplazamiento de las economías rurales.

Su testimonio es claro: la defensa territorial no solo implica confrontar a empresas y gobiernos, sino asumir un desgaste social profundo. “La vida de los defensores es muy complicada”, explica. La sociedad muchas veces se da vuelta, los gobiernos persiguen, las mineras intentan comprar silencios “con migajas”. Y las familias sienten el peso de un conflicto que cae siempre sobre las mismas personas. A eso se suma la criminalización y la sensación constante de estar peleando en desventaja. “No tenemos el apoyo suficiente de la población”, resume.

Elizabeth no habla desde la excepcionalidad, sino desde una experiencia común a muchas comunidades: poner el cuerpo, la voz y el tiempo de vida en un conflicto en el que todo parece jugar en contra. Cuando intenta explicar de dónde sale la fuerza para sostener esa lucha, no lo hace desde una épica militante sino desde la necesidad y el deseo de preservar la vida. Defender el territorio —dice— es pensar en quienes vienen después, en no dejar un ambiente destruido y sin agua para las generaciones futuras. Su impulso está ahí: en evitar que el daño de hoy se convierta en una condena para quienes incluso todavía no nacieron.

Bertha Cáceres Zúñiga, defensora de los ríos

Hablar con Bertha Cáceres Zúñiga es escuchar una memoria viva que continúa enfrentando las mismas violencias que acabaron con la vida de su madre, la líder indígena Berta Cáceres, en 2016. “Bertita”, como la nombran sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sabe que su país, Honduras, funciona como un enclave extractivista histórico atravesado por una tensión permanente. “Estamos en un momento de mucha tensión política”, dice, marcada por unas elecciones inminentes y un clima de violencia que “se conserva de manera general”. 

Ese contexto no puede entenderse sin nombrar lo que ella identifica como el corazón del conflicto: “el tema de tierras, de pueblos indígenas, bienes comunes de la naturaleza, proyectos de privatización, temas de financiamiento, esa es la razón central del problema en nuestro país”.

Bertita subraya que esos problemas se expresan en un punto clave: la disputa territorial. Explica que las agresiones contra las defensoras y defensores están directamente vinculadas a los intereses económicos que operan sobre los ríos, los bosques y los territorios indígenas. “Estas situaciones son reflejo de las tensiones entre intereses políticos y económicos que siguen existiendo en Honduras”, afirma. Y advierte que, aunque en el caso del femicidio político de su madre hubo avances judiciales, el problema de fondo no cambió. “Las estructuras criminales no se han desestructurado, continúan activas y pretenden los territorios”, denuncia.

Su presencia en la COP30 no buscó maquillajes diplomáticos, sino colocar en el centro de la discusión climática lo que ocurre en los territorios. Lo dice sin vueltas: mientras defender un río o una montaña implique enfrentar violencia política, económica y criminal, cualquier debate sobre transición energética o protección ambiental carece de sentido. Plantea: no se puede hablar de futuro climático sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes, todos los días, defienden la vida de sus territorios y comunidades.

María do Bosque, defensora de la tierra

Maria do Bosque vive en Alagoas, nordeste de Brasil, zona de playas paradisíacas y de explotación de caña de azúcar. La historia colonial allí tiene sus orígenes en esa región (más precisamente en Bahía, un poco más al sur), donde la caña de azúcar fue el monocultivo que trajo aparejado el tráfico de esclavos desde África. Las huellas de esa historia permanecen: si bien el país abolió la esclavitud en 1988, esa práctica permanece en las zafras.

María pertenece al Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), que se movilizó a Belém con sus banderas y gorras violetas para participar de la Cumbre de los Pueblos. Explica con una sonrisa que su nombre responde a su territorio: “Somos muchas María, entonces nos identificamos según de dónde venimos”. Sobre las discusiones oficiales que se producen en la COP, cuestiona: “Vemos que todo es solamente para el lucro”.

En Alagoas hay más gente sin tierra que con tierra. Grandes extensiones están en pocas manos y el 90 por ciento está dedicado al monocultivo de caña, que a su vez se destina a la exportación. La explotación genera degradación del suelo y contaminación de las aguas. María avizora otro monocultivo en ciernes: el de eucaliptus.

Como ex cortadora de caña conoce de cerca esa realidad: “Si un cortador de caña no junta seis toneladas por día, no es considerado bueno. Eso implica un costo para la vida del trabajador, la perspectiva de vida es muy pequeña ya que se trabaja con altas temperaturas, sin sombra siquiera para el momento de comer”. 

Asegura que la principal problemática para ellas son las múltiples formas de violencia, muchas veces invisibilizadas por ocurrir lejos de las ciudades. Agrega que la falta de tierras es una forma de violencia: “No es posible tener una vida digna si la mujer del campo no tiene agua, ni tierra ni su territorio libre. Eso es muy fuerte para nosotras”. Explica que su lucha es por una vida donde las mujeres puedan tener la libertad de plantar su alimento, de comer saludablemente, de cuidar de las semillas y de sus comunidades.

El MMC trabaja con una perspectiva campesina y agroecológica, que busca introducir cultivos de verduras o trigo. Sin embargo, esa práctica artesanal que subvierte la lógica corporativa tiene su costo: la Policía y grupos cercanos a los latifundistas destruyen sus instalaciones colectivas y envenenan el agua de sus pozos como forma de amedrentamiento. Pero María no duda: “Apostamos a esa salida para la agricultura, una salida donde haya vida y dignidad”.

Margarita Aramayo, defensora de los cerros

Margarita Aquino Aramayo coordina la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre de Tierra en Oruro, Bolivia. Desde la Cumbre de los Pueblos, afirma: “Somos indígenas que estamos defendiendo a la Madre Tierra y los derechos de las mujeres que están siendo violados por la contaminación minera. Denunciamos la violencia medioambiental contra las mujeres”. Y explica que los grandes emprendimientos son de extracción de estaño, plata, plomo, litio y oro.

Asegura que el extractivismo afecta el derecho a la salud, al trabajo, a la consulta libre, previa e informada, a vivir en un ambiente sano, al agua. “Sin agua no hay vida”, enfatiza, con la bandera de Bolivia entre sus manos. Y agrega: “A nosotros nos expulsaron de nuestro territorio, contaminaron nuestra agua y nuestras tierras”.

“Nuestras autoridades nacionales están poniendo la mira en los pueblos indígenas. Pero estamos preparados para resistir a la minería”, expresa. Alza la voz frente a otras mujeres, en el gimnasio de la Universidad Federal de Pará, donde se lleva a cabo la cumbre. Afirma que la COP no las representa. Los aplausos hacen eco en el sopor del mediodía. Y precisa: “No nos representa porque allí no están las voces de las mujeres indígenas ni de los pueblos indígenas. Allí van los estados y las transnacionales a decidir cómo va a ser nuestro futuro”.

Un clamor cada vez más potente

En la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP), las defensoras no fueron protagonistas. La toma de decisiones continúa secuestrada por Estados y las corporaciones y negociadores, que suelen estar muy lejos de los territorios donde se juega el presente y el futuro del clima.

El contraste entre lo que sucede dentro y fuera de la COP30 en Belém lo dejó claro. Mientras en los pabellones oficiales se repetían discursos cuidadosamente medidos, en las calles, en los ríos y en las aldeas se escucharon las denuncias que la diplomacia evita nombrar. La Marcha Global por el Clima del 15 de noviembre, encabezada por comunidades amazónicas y delegaciones de distintas regiones del mundo puso en el centro la defensa territorial como la acción climática más efectiva.

En la Cumbre de los Pueblos el movimiento indígena brasileño fue categórico: las demarcaciones territoriales son urgentes. En Brasil existen 107 tierras indígenas listas para demarcar pero llevan años de espera. La demarcación implica preservar los territorios indígenas de proyectos extractivistas. El anuncio realizado por el ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos —20 demarcaciones nuevas— fue celebrado, pero las organizaciones dejaron claro que es apenas un inicio frente a la escala del reclamo. Otra exigencia fue el financiamiento directo para las comunidades que protegen la biodiversidad. 

Esta COP no dejó grandes expectativas en términos de acuerdos, pero sí mostró que las defensoras y guardianas de la vida ya no están hablando en los márgenes. Partícipes de la Cumbre de los Pueblos y de espacios de incidencia colectiva, organizan estrategias, planifican límites a la impunidad y marcan el tono de una transición que no puede repetir los caminos que condujeron al colapso.

Ivete Bastos dice que no abandonará la lucha por su territorio, pese a los peligros. “Lo que me da coraje es ver tanta injusticia, tanta desigualdad. Por eso cuando pienso en quedarme en mi rincón, en mi lugar, cuidando mi vida privada, me siento muy incómoda. Si mi voz se escucha y capta la atención de alguien, me alegra mucho porque es como si alguien me mirara y dijera: ‘mira, tiene esta edad, el pelo blanco, y sigue viva entre otros, alzando la voz, buscando, denunciando, así que vale la pena’. Eso me anima a vivir y a seguir luchando”.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Muy Waso y Agencia Tierra Viva.

Source

Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Fotos: Lizbeth Hernández

Desde Belém, Brasil

Sobre el asfalto ardiente de Belém, al norte de Brasil, miles de personas caminan en defensa de la tierra, del agua, de la vida. En las mismas calles donde los mangos caen de los árboles a cada instante, se alzan las banderas para defender a la naturaleza. Las gargantas se unen en un coro potente. Suenan los tambores y las consignas: “El pueblo unido jamás será vencido” e “Internacionalicemos la lucha”. La Marcha Global por el Clima sale desde el Mercado de São Brás hacia la sede de la COP30, donde las Naciones Unidas, los gobiernos y las grandes empresas definen los acuerdos climáticos multilaterales para el próximo año.

Comunidades indígenas, campesinas y quilombolas: un pueblo despojado pero que ríe, que canta, que propone. Que denuncia el genocidio en Palestina. Un pueblo sin fronteras reunido en el sur del mundo, decidido a hacerse escuchar. En contraste, la Policía Militar del Estado de Pará exhibe una postal gris de patrulleros, vallas y rostros inmutables que son parte del operativo desplegado para evitar que las personas lleguen al Jardín de la Ciudad, donde se realiza la Conferencia de la ONU. Los helicópteros zumban en su vuelo rasante pero el coro no se apaga: cuadra tras cuadra, suenan cánticos en portugués o en español.

La marcha es el corolario de la Cumbre de los Pueblos. Allí, más de 70.000 personas, de Brasil y de todo el mundo, alzaron su voz para decirle a los gobiernos y organismos de la COP que quienes habitan los territorios no pueden permanecer al margen de la discusión. “La solución está aquí, no allá”, dice Jaime Amorím, dirigente de La Vía Campesina. Y está aquí, entre las organizaciones, porque la agenda que nutrió la cumbre y que nutre la marcha proviene de las entrañas de quienes se movilizan. De sus derechos negados, de la discriminación sufrida y de la esperanza construida colectivamente.

Desde el lunes 11 de noviembre se realiza la COP30 en el corazón de la Amazonía. Por su parte, desde el día 12, la Cumbre de los Pueblos reunió a más de 1100 organizaciones socioambientales de diferentes países. 

Durante cuatro días las comunidades y colectivas compartieron sus propuestas, construyeron estrategias y llamaron a respetar los derechos de la naturaleza. Llegaron por tierra, agua y aire para repudiar los intereses corporativos y mostrar que sus experiencias vitales son claves para tomar decisiones sobre la crisis climática. Que no son cifras, sino nombres, historias, comunidades que viven día a día y en carne propia las inundaciones, los ciclones, los calores extremos o las sequías. Y que saben que esos fenómenos responden a un modelo económico.

Frente a las falsas soluciones

“En la COP oficial están reunidos buscando construir la solución con quienes destruyeron, con quienes tienen un único interés que es el lucro. Esos sectores van a seguir destruyendo, ahora con nuevas legislaciones para explotar, como los créditos de carbono y otras falsas soluciones”, sentencia Amorim. Agrega: “Entre ellos está el agronegocio, que siempre destruyó y esclavizó y que es responsable de la crisis climática”.

Proyectos como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) y los mercados de compensación de carbono confirman que la COP está lejos de poner en el centro a la defensa climática y que perpetúa las desigualdades. El TFFF es un mecanismo de financiamiento climático para países con bosques tropicales, que tiene entre sus interesados al Bank of America (un importante inversor en la explotación petrolera en la Amazonía). 

Detrás del maquillaje verde y de las intenciones de “descarbonizar” la economía para evitar el colapso climático, hay nuevos negocios en ciernes, como las energías “limpias” que promueven los monocultivos para el etanol o que buscan minerales como el litio para la electrificación del transporte. Empresas como la agroexportadora Cargill, la minera Vale (responsable de los desastres ambientales de Mariana y Brumadinho, en 2015 y 2019) y Coca Cola forman parte del sector empresario que participa de la COP.

Pueblos indígenas en lucha

“La COP no fue planificada para nosotros. No estamos allá dentro negociando, ellos están negociando con nosotros. Vivimos en la selva, sabemos nuestra realidad”, dice Nalva Borari, cacica del Pueblo Borari. Y reivindica: “Luchamos por un clima para todos, para que los pueblos indígenas tengamos acceso a todo, para que tengamos una selva y un río Tapajós libre de explotación”. 

Según informó Amazon Watch, la semana pasada más de 300 indígenas y aliados de movimientos sociales llevaron a cabo el Octavo Grito Ancestral en el río Tapajós, en el oeste de Pará. Durante la acción pacífica se detuvieron tres convoyes de barcazas de soja y los activistas subieron a las embarcaciones con banderas cuyas consignas eran: “No al Ferrogrão”, “Alimentos sin veneno” y “La agricultura pasa, la destrucción se queda”. El Ferrogrão es un proyecto ferroviario del gobierno brasileño para transportar granos desde el centro-oeste del país hacia Pará para exportarlos.

Durante esta semana, los pueblos indígenas de la Amazonía intentaron ingresar en dos oportunidades a la “Blue Zone”, donde se realizan las reuniones formales de la Conferencia. Pero su acceso fue denegado mediante cordones policiales. Naila Borari explica: “Los líderes tienen que escucharnos, no pueden decidir unilateralmente mientras nosotros no tenemos acceso a esos espacios. Quienes defendemos la Amazonía estamos aquí, en la verdadera COP, que es la Cumbre de los Pueblos”.

Norma Kokama integra el Pueblo Kokama, que comparte territorio amazónico en Brasil, Colombia y Perú. Sus tierras son asediadas por la minería. Kokama marcha junto a sus compañeras y expresa: “Los blancos quieren destruir la naturaleza, pero estamos en lucha para parar esa destrucción”.

Las políticas del gobierno de Lula da Silva como el ferrogrão o la explotación petrolera en la Amazonía son cuestionadas por los comunidades. A pesar de esas tensiones, las ministras de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, y de Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, participaron activamente de la marcha. Guajajara manifestó desde la movilización popular: “La ONU necesita entender, escuchar y comprender las voces que aquí llegaron” y exigió la inclusión de voces indígenas y del sur global en la agenda de la COP30.

Los alimentos no son mercancía

Cerca de las ferias donde se venden peces de mar, mangos, bananas y cocos, pasa la caravana que reclama soberanía alimentaria. “Estamos aquí para denunciar el avance del agronegocio en la Amazonía. Luchamos por las semillas criollas, por las variedades que se están perdiendo debido al avance de los transgénicos. La deforestación, las quemas y los agrotóxicos están expulsando a los campesinos de sus tierras. Pero tenemos una propuesta: la agroecología que produce alimentos saludables y más justos para nuestro pueblo”, asegura Raimundo Ferreira, del Movimiento Camponés Popular (MCP), y del municipio de Tracuateua, al nordeste de Pará.

Consultado sobre si la COP puede traer respuestas para el sector, expresa: “Si depende de los estadistas y de los grandes capitalistas no, porque a ellos solo les interesa el lucro. Si no somos escuchados, jamás nos darán una solución”. 

Por su parte, Amorim indica: “No hay ninguna posibilidad de resolver la crisis climática mientras no se integre en ese proceso al pueblo, a los trabajadores, principalmente a los campesinos y campesinas, porque somos quienes producimos y quienes diariamente lidiamos con estos problemas. Los gobiernos y la COP tienen que escucharnos”.

Una gran bandera blanca con letras rojas, del histórico Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST), sintetiza la propuesta: “No hay justicia climática sin reforma agraria popular”.

Una COP en Belém, pero no para Belém

Uno de los documentos que trabaja en la COP30 es sobre el racismo ambiental. Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, China, Camboya, Sudán del Sur, Marruecos, México, Sudáfrica, Venezuela, Bolivia y Surinam ya lo firmaron. Marca la importancia de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, la equidad intergeneracional y las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en la acción climática. 

Señala que “muchas comunidades vulnerables soportan una carga desproporcionada de pérdidas y daños relacionados con el clima en su cultura, patrimonio, salud, medios de subsistencia y ecosistemas”. Y que las personas afrodescendientes e indígenas y las comunidades locales son las más expuestas a estas situaciones.

Mayani Salgado vive en la periferia de Belém. Es profesora de geografía, artista y activista socioambiental en la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos. Marcha con un cartel que se expresa contra el racismo ambiental. Desde su experiencia de todos los días, explica: “Es una forma de discriminación por parte del poder público y de las empresas con la población amazónica, las poblaciones tradicionales y, en el contexto urbano, con las poblaciones que viven en las periferias”. 

Asegura que marcha para denunciar esa discriminación y la falta de visibilidad que los barrios populares de Belém tuvieron en el proceso de la COP.

Belém tiene 1.303.403 habitantes, según el censo de 2022. En gran medida viven del mercado informal: venden agua o comida en las calles o trabajan en aplicaciones como Uber. Su principal problema es, para Salgado, la infraestructura, el saneamiento y la falta de acceso al agua potable. También las inundaciones que ocurren cuando llueve mucho. Debido a su clima tropical, las lluvias son frecuentes.

La ciudad está ubicada en el punto donde se encuentran los ríos Guamá y Acará, y está surcada por 14 canales, convertidos en desagües a cielo abierto. Uno de esos canales, en la zona llamada Igarapé, era un río donde hace 30 años las personas navegaban, pescaban y se bañaban. Pero hoy sus aguas están contaminadas. “Cuando se eligió Belém como sede de la COP teníamos la expectativa de que iba a haber alguna obra para los canales, pero no hubo ninguna”, afirma la activista.

“Hubo grandes obras en las áreas centrales, pero en nuestras zonas no hubo ningún tipo de trabajo. La gente que vive en esos barrios no entiende lo que está ocurriendo en la COP porque no fuimos llamados ni convocados a la discusión sobre el clima. Eso es una forma de discriminación, de menosprecio por nuestro color, con el lugar donde vivimos y con nuestra clase social”, asegura.

La marcha llega hasta el corsódromo, a pocas cuadras del Jardín de la Ciudad. La COP sigue su agenda y la Policía frena el avance de las columnas, allí los pueblos amazónicos junto a representantes de comunidades indígenas del mundo, de espaldas al cordón policial, comienzan a danzar en espiral y se abrazan en una certeza: haber alzado su voz ante quienes toman decisiones sin tomar sus experiencias en cuenta.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Soy Waso y Agencia Tierra Viva.

Source

Por Camila Parodi desde Belem | Fotos: Lizbeth Hernández

La Caravana Mesoamericana llegó a Belém con un mensaje que no suele atravesar las paredes diplomáticas de una COP: la crisis climática no puede discutirse sin escuchar a quienes defienden el territorio en las fronteras más violentadas de la región. Después de un mes de recorrido, desde México hasta la Amazonía brasileña, las organizaciones que integran la caravana entraron a la COP30 con un documento político construido en ruta y una convicción: “No va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”, como resume Dianx Cantarey, integrante de Deuda x Clima de México.

Su trabajo colectivo se articula en torno a lo que llaman los cuatro ejes del colapso, una metodología que permite sintetizar las afectaciones territoriales que comparten las luchas mesoamericanas: “megaproyectos y militarización; migración y desplazamiento forzado; la financierización de la vida y las falsas soluciones; y la crisis global del agua”. Para Dianx, estos ejes funcionan como una forma de ordenar la experiencia común de las comunidades: “Así podemos sistematizar claramente y definir cuáles son las afectaciones que tiene cada territorio”.

La caravana partió formalmente el 12 de octubre —Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular— desde Tapachula, Chiapas, después de una conferencia de prensa en la frontera entre México y Guatemala. Pero su trayectoria comenzó días antes, en el norte de México, con la tribu Yaqui en Sonora. Allí se denunciaron los impactos del acueducto Independencia y las promesas incumplidas del Plan de Justicia Yaqui impulsado por el gobierno mexicano. El camino siguió hacia Michoacán, donde el Consejo Supremo Indígena articuló con la caravana en un territorio marcado —como dijo Dianx— por “la criminalización, persecución y desaparición de defensores desde los años setenta”. Más tarde, en Ciudad de México, un plantón frente a la Suprema Corte logró que defensores ingresaran al edificio para presentar sus demandas ante un ministro.

El formato del recorrido fue estable: en cada país la caravana permaneció dos días, primero en un encuentro privado de articulación política entre las organizaciones que convocaban o recibían la caravana, y luego en una actividad pública definida por cada territorio. “Dependía de la situación política: en algunos lugares fueron protestas frente a ministerios de ambiente; en otros, paneles, conferencias de prensa o actos culturales”, explica Dianx. Pero lo que no variaba era el diagnóstico: un cerco mediático que mantiene fuera de la conversación climática global a las comunidades indígenas y campesinas de Centroamérica. “Nos hemos dado cuenta que en estos espacios climáticos nunca se considera la voz de los defensores en Centroamérica. Está negada la presencia de comunidades indígenas en el territorio”, remarca.

Ese cerco también se expresó en obstáculos concretos. Nicaragua prohibió el paso de la caravana por su territorio. “Nos agregó mucha presión mental y económica. Si esto nos pasó a nosotros, que no íbamos a hacer ninguna movilización en Nicaragua, imagínate lo que viven los defensores ahí”, señala Dianx. La caravana también denunció la persecución política bajo el régimen de Bukele en El Salvador, donde organizaciones que recibieron el paso de la caravana sufren incautación de bienes y hostigamiento sin causas judiciales.

En Costa Rica, la caravana realizó una acción clave: entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el documento que compila las demandas y casos levantados durante el recorrido. “Muchos de estos procesos llevan años abiertos sin seguimiento ni resoluciones positivas. Por eso presionamos para que se vuelvan a revisar”, explica. Ese mismo documento ahora circula en Belém entre relatores de la ONU y otros organismos.

Después del encuentro de caravanas en Santarém, las organizaciones subieron a un barco y navegaron hasta Belém. Llegaron en plena efervescencia de intervenciones artísticas, flotillas amazónicas y pueblos en movimiento que desde el primer día están tensionando la agenda oficial de la COP. Para Dianx, el objetivo es claro: “Romper el cerco mediático y avanzar hacia una articulación regional de pueblos que defienden el territorio”.

La caravana entra a la COP30 con la certeza de que ningún acuerdo climático tendrá legitimidad mientras ignore las luchas que sostienen la vida en Centroamérica. Porque, como repite una y otra vez en su paso por Belém, “no va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”.

Source

Por Camila Parodi | Fotos: Cobertura Ninja

Desde el lunes, la ciudad amazónica de Belém se convirtió en epicentro del clima global: allí comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), el espacio donde gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones negocian qué hacer ante el colapso climático. Pero esta vez, la historia no se escribe solo entre oficinas con aire acondicionado.

Desde el primer día, flotillas amazónicas, caravanas indígenas, campesinas y urbanas, cuerpos organizados y territorios en movimiento llegaron para recordarlo: la Amazonía no es un escenario, es un territorio vivo. Y no, esta no es una COP distinta porque la ONU lo diga. Es de los pueblos porque los pueblos ya la están ocupando.

El segundo día de la cumbre lo dejó claro: centenares de indígenas ocuparon la Zona Azul, el área central de las negociaciones oficiales, históricamente reservada a gobiernos, empresas y organismos multilaterales. La acción —convocada por la COP de los Pueblos Indígenas— denunció la exclusión sistemática de estas voces en los acuerdos climáticos y reafirmó una verdad ineludible: no hay futuro posible sin la protección de los territorios y los modos de vida ancestrales.

Zona azul, territorio en disputa

La COP30 comenzó en Belém, en el corazón de la Amazonía, con un contraste imposible de disimular. En el centro de convenciones, los jefes de Estado hablan de paliativos y negocios; en los ríos y caminos, las comunidades indígenas y campesinas llegan con demandas urgentes y con la esperanza de que la defensa climática se imponga.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió la cumbre con una promesa: “La COP30 será la COP de la verdad”. Llamó a enfrentar las advertencias de la ciencia con determinación y recordó que “si los hombres que hacen la guerra estuvieran en esta COP, verían que es más barato invertir en la agenda climática”. Pero esa apelación a la paz y a la acción se cruza con una contradicción ineludible: días antes del encuentro, el gobierno brasileño autorizó a Petrobras a iniciar exploraciones petroleras cerca de la desembocadura del Amazonas, una decisión cuestionada por organizaciones socioambientales y comunidades locales que ven en ese proyecto una amenaza directa al equilibrio del bioma amazónico.

Belém es el espejo donde se reflejan esas paradojas: un lugar de belleza y desigualdad, de esperanza y agotamiento, donde las palabras de los líderes conviven con la fuerza de las movilizaciones populares. En ese contexto, durante el segundo día de la COP, una acción coordinada de comunidades indígenas irrumpió en la llamada zona azul, el área reservada exclusivamente a los Estados, las agencias internacionales y las grandes ONG. El gesto no es nuevo, pero su potencia se renueva: ocupar ese espacio es hablar con el cuerpo, es poner límite a una política climática que sigue diseñada a espaldas de quienes sostienen la vida.

A la narrativa oficial del diálogo multilateral, los pueblos oponen una verdad incómoda: mientras se negocian bonos de carbono y financiamiento para la “adaptación”, los territorios arden, los ríos mueren, las defensoras son criminalizadas. No hay más tiempo para esperar invitaciones. Por eso, esta COP se abrió con pasos firmes y colectivos, no con discursos.

MST: ocupar para vivir

La ocupación de la COP no es una acción aislada. Es parte de una genealogía de luchas populares en América Latina y el Caribe. En Brasil, esa historia tiene un nombre clave: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Nacido oficialmente en enero de 1984, en plena transición de la dictadura militar, el MST es heredero de siglos de luchas campesinas contra el latifundio, la concentración de tierras y el despojo. Surgió como respuesta directa al empobrecimiento rural y al aumento de las desigualdades agrarias, con apoyo de organizaciones como la Comisión Pastoral de la Tierra.

Su táctica fue clara desde el inicio: ocupar tierras improductivas, organizarlas colectivamente y demostrar que otro modelo agrario era posible. Su lema, “Ocupar, producir, resistir”, no fue solo una consigna: se convirtió en una pedagogía política y campesina que echó raíces en todo el territorio brasileño. En cada asentamiento, el MST construyó escuelas, bibliotecas, radios comunitarias, cooperativas y una cultura del cuidado colectivo. Desde allí, no solo recuperaron tierra: reconstruyeron el campo desde abajo, con justicia y autonomía.

Y son las mujeres y disidencias del MST quienes empujan las fronteras de esa lucha. Todos los 8 de marzo, sus acciones directas visibilizan la relación entre agronegocio, extractivismo y patriarcado. Denuncian que el mismo modelo que envenena los cuerpos y la tierra es el que sostiene la violencia de género. Desde su praxis, el feminismo campesino propone una alternativa: sin feminismo, no hay agroecología posible.

Hoy el MST es uno de los movimientos sociales más grandes y relevantes del continente. Su lucha por una reforma agraria popular no se limita al acceso a la tierra: también impulsa la producción de alimentos sanos, la agroecología, la organización comunitaria, el rechazo al uso de trabajo esclavo y la construcción de economías solidarias. Es el mayor productor de arroz orgánico de la región y ha conformado asentamientos legales para cientos de miles de familias, además de una red de cooperativas, asociaciones y agroindustrias autogestionadas.

La ciudad también se ocupa: derecho al centro

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) tradujo esa misma lógica de lucha a las ciudades. Frente a la especulación inmobiliaria y el despojo urbano, las ocupaciones organizadas por el MST y el MTST en territorios urbanos reclaman el derecho a vivir dignamente, a construir comunidad y a poner en discusión a quién le pertenece la ciudad. Sus acciones no son sólo respuestas a la emergencia habitacional, sino propuestas colectivas de otro modelo urbano: uno que priorice la vida por sobre el lucro.

Ambos movimientos —MST y MTST— enseñan que ocupar no es irrumpir sin rumbo. Es construir desde abajo, señalar lo que duele y lo que falta, pero también ensayar alternativas. Es abrir futuro donde el sistema sólo ofrece desalojo o marginalidad. Y ese lenguaje político volvió a hacerse presente en Belém.

La urbanista y ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, ha puesto palabras a esa disputa con una idea clave: el “derecho al centro”. No se trata solo de una consigna, sino de una crítica profunda a la lógica de ciudad impuesta por el capital financiero tan visible en Sao Paulo, la ciudad más grande y desigual del continente. La investigadora sostiene que el derecho a habitar la ciudad no puede reducirse a poseer una vivienda en la periferia, sino que implica acceder a todos los bienes urbanos: transporte, salud, cultura, educación, trabajo, afecto y pertenencia. Una ciudad donde el suelo no sea mercancía, sino territorio común.

En Belém, ese derecho también fue ocupado. Las marchas, los encuentros y las asambleas populares que desbordaron la COP mostraron que la ciudad no puede ser privilegio de unos pocos, ni construirse en función del turismo verde o los megaeventos. Habitar dignamente el centro es, también, una forma de resistencia climática.

Flotillas y caravanas: todos los caminos llevan a la COP

Los ríos y caminos que conducen a Belém comenzaron a llenarse semanas antes de que se inaugure la COP30. Desde distintos puntos de la Amazonía, los Andes y Mesoamérica, flotillas y caravanas de pueblos indígenas, comunidades ribereñas, campesinas, quilombolas y movimientos urbanos comenzaron a movilizarse hacia la Cumbre de los Pueblos, en una travesía que es mucho más que geográfica: es política, afectiva y territorial.

En el río Tapajós, el 8º Grito Ancestral dio inicio a esta movilización continental con una acción pacífica en la que más de 300 indígenas interceptaron balsas extractivas para exigir el fin de megaproyectos como Ferrogrão y las hidrovías del Arco Norte, denunciando su impacto sobre los territorios, los ríos y los modos de vida tradicionales. “El río es nuestra casa”, dijeron, marcando una postura ética y existencial que no cabe en los modelos de desarrollo dominantes.

A esa corriente se sumaron flotillas amazónicas como la Yakumama, que navegó desde Ecuador y Perú atravesando kilómetros de ríos con liderazgos indígenas y defensores del agua. Cada parada fue encuentro: las comunidades ribereñas recibieron a las embarcaciones con cantos, frutas, tejidos, ofrendas y abrazos, en una red de solidaridad transfronteriza que fortalece la resistencia.

También partieron caravanas desde el altiplano, el Cerrado, el Chaco y las periferias urbanas, cargadas de historias de sequías, incendios, desplazamientos y criminalización. Pero también de saberes ancestrales, agroecología, cocinas comunitarias, autogobierno, espiritualidad y redes populares de cuidado. Viajan con los cuerpos cansados y el horizonte claro: la transición ecológica real nace en los territorios, no en los salones de negociación.

Entre las múltiples delegaciones, se realizó la llamada Caravana de la Respuesta, una movilización continental que rehace el trayecto del llamado “corredor de la soja” en sentido inverso. Su mensaje es directo: “Los pueblos son la respuesta”. Frente a las falsas soluciones que propone la arquitectura oficial de la COP, como la financiarización de la naturaleza o las tecnologías verdes al servicio del extractivismo, los pueblos movilizados anuncian otras formas de vivir, de producir, de compartir.

En total, se espera que más de cinco mil personas de más de sesenta países lleguen por agua, por tierra y por aire para participar de esta COP desde abajo, protagonizada por quienes cuidan los ríos, los bosques y las periferias del mundo. No vienen a pedir permiso. Llegan con historia, con futuro, con prácticas colectivas que ya están sosteniendo el mundo que vendrá.

Una COP desde abajo

Aunque esta COP se anuncia como “la COP de la adaptación”, la brecha entre el discurso y los hechos sigue creciendo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los países del Sur necesitarán más de 310 mil millones de dólares anuales hasta 2035 para adaptarse a los impactos del cambio climático. Pero esa cifra contrasta con un dato más concreto: los pueblos ya están adaptando y resistiendo sin recursos, sin reconocimiento y sin permiso.

Belém es hoy una ciudad tomada por los cantos, los colores, las banderas, las lenguas diversas. Y también por una certeza compartida: los pueblos ya están adentro. Esta no es una COP “incluyente”; es una COP ocupada. Y eso hace toda la diferencia.

A partir de hoy, comienza en paralelo la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP30, un espacio autónomo que reunirá a más de 15 mil personas de todo el mundo en Belém para debatir propuestas, visiones y estrategias desde una perspectiva popular, feminista, territorial y comunitaria. Será un punto de encuentro entre pueblos tradicionales, movimientos sociales, comunidades urbanas y organizaciones internacionales, todos atravesados por una certeza: la justicia climática no vendrá desde arriba, ni desde las cúpulas, sino desde los territorios que viven, resisten y transforman.

Durante cinco días, se desplegarán foros, encuentros, talleres, asambleas, expresiones artísticas y acciones directas. El 15 de noviembre será una jornada clave: una movilización global para denunciar el modelo extractivista y anunciar las alternativas construidas desde la experiencia de los pueblos.

La Cumbre recoge el legado del Foro Global de la Eco 92, la Cumbre de los Pueblos de Río+20 y los Foros Sociales Mundiales, donde la sociedad civil fue protagonista de debates y propuestas estructurales. Con más de 546 organizaciones firmantes de su Manifiesto, esta edición fortalece una articulación internacional que se proyecta hacia 2025, cuando la COP30 regrese a Belém.

Desde las periferias urbanas hasta las comunidades del Cerrado, desde los pueblos originarios hasta los movimientos de mujeres negras, la Cumbre quiere popularizar y politizar un espacio que históricamente fue elitizado. Belém se convierte así no solo en sede de una cumbre oficial, sino en epicentro de una contracumbre global, donde se discute lo que de verdad importa: la vida, los territorios, los cuerpos, los vínculos. Una Cumbre de los Pueblos que no espera concesiones: ocupa y construye un futuro distinto, desde abajo y entre todas.

*Artículo publicado en el marco de la cobertura de la COP30 junto a Latfem, Tierra Viva y Kaja Negra.

Source

Por Andhes (*) | Foto: Maira López

Sobre el DNU: ni necesidad ni urgencia 

Cuando hablamos de comunidades indígenas, las razones de necesidad y urgencia y el uso indiscriminado de DNUs nunca estuvo a favor de la ampliación de derechos. No es urgente ni necesario derogar una ley que, si bien lleva muchos años, tiene la finalidad de brindar cierta seguridad jurídica a las comunidades indígenas, quienes desde la instauración del Estado Nación son las que en realidad se encuentran en una constante inseguridad jurídica y lo vienen manifestando como tal. Partimos de una noción de sentido común donde derogar no resuelve los derechos de nadie, sino que evidencia la falta de mecanismos de gestión de esa conflictividad cuando ciertos derechos entran en tensión, complejidades que son propias de un estado federal e intercultural. 

Esta utilización del lenguaje de derechos no se corresponde con la construcción normativa armónica dentro de un sistema demócratico. Con esta derogación, se corre el riesgo de que esta conflictividad, típica de un Estado con diversas naciones y culturas, se aborde sin tener en cuenta la vulnerabilidad por la que atraviesan las comunidades indígenas,y desconoce la responsabilidad Estatal en relación a la posición de desigualdad en la que se encuentran frente a la propiedad privada y a los intereses que esta protege.

Sobre el derecho a la propiedad y los derechos absolutos 

Por otro lado, los derechos no son absolutos, por lo cual no es argumento razonable ni legítimo, en nombre de la propiedad privada, vulnerar otros derechos como el de la propiedad comunitaria y el derecho a la vida digna de los pueblos indígenas. En ese sentido, si bien las condiciones para restringir derechos están en los considerando de la derogación, no queda claro cuáles son los criterios que se utilizan para respaldar unos derechos y abandonar otros. El decreto que deroga la única protección que tenían las comunidades indígenas hasta hoy, cuando establece su restricción en base a los criterios de legitimidad, proporcionalidad, razonabilidad, contradice lo que en niveles normativos y jurisprudenciales se viene sosteniendo en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Este decreto, de esta forma, tira por tierra toda la construcción normativa respaldada por acuerdos y compromisos internacionales que asumió el Estado y, a la vez, refuerza la discriminación y la vulneración histórica de derechos de los pueblos indígenas.

El artículo 17 de la Constitución Nacional (referido a la protección de la propiedad privada), que menciona en los considerando el decreto, tiene que ser leído e interpretado de manera integral con los articulados de nuestra carta magna. Ese artículo se interpreta en relación al 75 inc. 22 por el cual nuestro Estado incorpora los tratados de derechos humanos y le otorga jerarquía constitucional y, en ese sentido la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), mediante la interpretación evolutiva de su art. 21, también referido a la propiedad privada, otorga la misma protección jurídica a la propiedad comunitaria indígena. Por lo tanto, ambas tienen la misma protección constitucional.  

De hecho, la Corte IDH viene sosteniendo que la propiedad comunitaria indígena, es la que debe prevalecer en un conflicto de tensión de derechos, ya que los derechos territoriales de los pueblos indígenas están basados en su relación especial con la tierra, territorios, bienes naturales y culturales, necesitan de ellos para su supervivencia como tal. Estas tierras son esenciales para su identidad cultural, su forma de vida y su subsistencia, por lo que tienen un valor que trasciende lo material. Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados y despojados de sus tierras. Reconocer y proteger sus derechos busca corregir estas injusticias históricas y garantizar un trato igualitario. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos, y establecen que estos derechos tienen un carácter colectivo que debe ser respetado. En el actual contexto de crisis climática, los territorios comunitarios suelen tener un papel crucial en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Al priorizar los derechos indígenas, no solo se protege su cultura, sino también los ecosistemas que benefician a toda la humanidad.

Atraer inversiones a costa de cualquier consenso “democrático” y “legítimo”

Entre los argumentos para la derogación, el gobierno pone foco en “atraer las inversiones necesarias”, y pondera el derecho de propiedad privada para garantizar la estabilidad económica y atraer inversiones. Como adelantamos más arriba, este derecho no puede ser considerado absoluto, más bien, debe coexistir y equilibrarse con otros derechos igualmente importantes, como los derechos colectivos de las comunidades indígenas y los principios de justicia social. En otro orden de ideas las metas económicas no deben ser argumento para desandar consensos legales necesarios para vivir en sociedad. 

Esto trasciende a la problemática que atraviesan las comunidades indígenas, estamos frente a un debate democrático ya que en una sociedad plural, los derechos individuales, como la propiedad privada, deben ser armonizados con los derechos colectivos y sociales. En este caso, los derechos territoriales de los pueblos indígenas tienen una base constitucional e internacional, lo que les otorga un nivel de prioridad en contextos específicos. Por otro lado, la protección de los derechos de las comunidades indígenas no solo es un acto de justicia histórica, sino también una medida que beneficia al interés general. Las tierras indígenas suelen ser esenciales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible, lo que tiene repercusiones positivas para toda la sociedad.

Sobre bienes naturales 

Las comunidades indígenas vienen exigiendo la participación en la gestión y decisión en relación a los bienes naturales. En este sentido, existen mecanismos como la consulta y el consentimiento libre, previo e informado que tienen como fin establecer un diálogo democrático e intercultural entre las partes involucradas en acciones, medidas legislativas o administrativas, proyectos o programas que de alguna forma afecten a sus derechos. Los gobiernos locales deberían estar ocupados en establecer y poner en práctica medidas que tengan como objetivo cumplir con el mecanismo de la consulta libre, previa e informada de manera respetuosa a la hora de promover acciones destinadas a gestionar los recursos naturales. 

Sobre el carácter declarativo de las personerías jurídicas 

En relación a la “sucesivas  inscripciones” de comunidades indígenas que hace mención el decreto, no es más que el ejercicio del principio de autodeterminación y el derecho de autopercepción. El otorgamiento de la personería jurídica y su inscripción no es constitutiva sino declarativa de derechos. El Estado, mediante los registros creados para la inscripción, no es quien define y decide quiénes son o no indígenas o quiénes pueden o no ser conformadas como comunidades indígenas, la potestad del Estado, en ese sentido, es declarativa y no constitutiva de derechos. 

El hecho de que hayan aumentado la cantidad de comunidades indígenas inscriptas no significa un uso abusivo de derechos sino una realidad intercultural dinámica, un Estado que en la práctica institucional reconoce y garantiza derechos. El cómo lleva adelante esta tarea es un debate en el que podemos participar todas y todos, e incluso en el que deben participar las comunidades indígenas y no mirar desde lejos cómo se regresiona en sus derechos sin haberse saldado la cuestión territorial fundamental de fondo y sin haberles consultado.  

Además, antes del surgimiento de nuestro Estado como tal, las comunidades indígenas existían, antes incluso que nuestro derecho constitucional. El recorte temporal que hace el DNU entre sus considerando indicando 17 años de vigencia de la emergencia y las sucesivas inscripciones que se llevaron a cabo, es un recorte sesgado en relación a la dimensión de la reparación histórica pendiente hacia los pueblos indígenas. 

El reconocimiento de la identidad cultural es un proceso dinámico e histórico. Muchas  comunidades indígenas empezaron sus procesos de reconstrucción y reorganización en virtud de que hace poco tiempo se reconoció su pre-existencia en los marcos normativos y, en ese sentido, el Estado se encuentra obligado a tal fin. Argentina reconoció la pre-existencia indígena recién en 1994.

Los pueblos y comunidades indígenas han existido mucho antes de la formación del Estado argentino. Desde su constitución, este Estado ha intentado forjar una ciudadanía y una patria que invisibiliza la realidad indígena. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a pocos días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llame a la Argentina “a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas”(1), el Boletín Oficial ha publicado la derogación de una ley que, aunque de manera vaga, intentaba reconocer la existencia, la posesión y el derecho a una vida digna para las comunidades indígenas, que también han contribuido a la construcción de esta patria. Una vez más, el Estado argentino pretende que los pueblos indígenas sacrifiquen sus cuerpos, su tierra y su identidad para edificar un “país sin indios”.

1) CIDH, 4 de diciembre del 2024, Argentina: CIDH llama al Estado a respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas

(*) Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

Source

Por Vivian Palmbaum

Dícese de resistir: tolerar, aguantar, soportar, sufrir, encajar oponerse, rechazar, rehusar, negarse, rebatir, impugnar, desafiar, plantarse, rebelarse y la lista podría extenderse.

Más de 500 años llevan en resistencia los pueblos que preexistieron a la conquista y creación de los Estados nación. Somos Pacha mama, agua, tierra y sol, así lo viven las diferentes comunidades que encuentran su identidad en comunión con la tierra.  A pesar de estar reconocidos en nuestra Constitución Nacional continúan siendo maltratados, despojados, esclavizados y asesinados por la codicia que se alza desde la conquista y colonización de estas tierras.

Frente al Congreso, a pesar del hostigamiento de la Policía de la Ciudad, se realizó este encuentro. Para finalizar cada comunidad hizo oír sus palabras, “cuando muera el agua, muere la vida, decía un delegado de la comunidad kolla, mientras que una voz del pueblo quechua expresaba también la solidaridad con otros pueblos del mundo, “queremos decirle al rey que no necesitamos sus disculpas, que seguiremos la resistencia y que viva la resistencia palestina”, otra voz del pueblo kolla continuó, “nuestra temible arma es nuestro poncho, nuestro sombrero, la hoja de coca, esas son nuestras armas de lucha, porque los hijos de Abya Yala estamos firmes” entre otras expresiones que también se escucharon.

La resistencia cotidiana de entramados comunitarios en cada territorio, en esta oportunidad se dio cita, para visibilizar con cantos y bailes que finalizó con la marcha de la resistencia. A cada paso los sikuris, emblemas de las comunidades, fueron haciéndose oír en la caminata multicolor por el centro de la ciudad, con bombos y cantos, …cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, para resguardar una esencia que es semilla y es coraje que está dentro nuestro…

La memoria es el presente, de avasallamiento de los territorios ancestrales, de la represión continuada que desconoce otra cultura que no sea de la apropiación y el usufructo. El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) es hoy el nuevo nombre que da continuidad a este sistema de explotación que no reconoce límites para atentar contra la reproducción de la vida porque sin agua, sin tierra y sin sol no somos. Es esta cosmovisión del buen vivir que se resguarda desde cada tierra y por ello se cobra las vidas de quienes resisten. Cada 12 de octubre no hay nada que festejar sino mostrar la resistencia con el optimismo de la tierra que hace nacer algo nuevo con la introducción de la semilla. 

Foto: Colectiva Luan | Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

Source

 Por Andrea Bravo / Fotos Laura Sussini

Como una danza alrededor de ese fuego, vecinos y vecinas de San Telmo convocan a una olla comunitaria, como flamea en su bandera: Olla Popular del Parque Lezama.

La coreografía indispensable es la siguiente: 

A las 17hs es el “arranque”, como le dicen ellos, al momento de recoger los objetos de cocina que se guardan en la escuela Isauro Arancibia. Después acarrean tres changuitos veteranos que aguantan, acomodados como un tetris, alimentos no perecederos, tablas de madera para formar mesas, baldes, bidones de agua, utensilios y la bandera. El trecho de la escuela a la plaza no es largo, pero la calle empinada de Brasil arrastrando todo aquello, puede volverse una travesía.

Una vez descargado el material en el anfiteatro, es posible la improvisación. 

Algunas personas lavan las verduras. Otrxs las pelan y las cortan. 

Cuando ya cayó la noche van en busca de los panes que no se han vendido en las panaderías.

Hay quién ceba unos mates para combatir el frío o el cansancio de la rutina diaria, mientras de rato en rato revuelven con cucharón y condimentan los ingredientes. Tienen que calcular la sazón para cien personas.

Hoy en día, los integrantes no son sólo vecinos de San Telmo, vienen también desde otros barrios, o incluso llegan viajeros de cualquier país del mundo para ser parte. Todxs son bienvenidxs a participar. Quién necesite un plato, tendrá comida.

La cena se sirve a las 21.

Las decisiones se toman en consenso en periódicas reuniones bimensuales, no existen jerarquías. Sin embargo, la compañera Tula es un gran pilar dentro de la Olla, una de las integrantes más antiguas y más involucradas desde el inicio. MARCHA conversó con ella.

MARCHA (M): ¿Cómo empezaron a cocinar para la gente en situación de calle? 

TULA (T): En octubre del 2018 durante el macrismo, se llenó la calle de personas rebuscando comida en la basura. Desde el 2001 habían cambiado las cosas, no se veía tanta gente, pero el 2018 ya era muy notorio. Un día un chico que vivía en el edificio, Martín, tendría unos veintipico en ese entonces, vino y me dijo: “ Tengo esta idea”. Yo le respondí: “Bueno dale, pero solos no vamos a poder”.

Convocamos a otros vecinos, y juntamos firmas por si la policía venía a echarnos (como lo ha tratado de hacer) le mostráramos el aval de la gente del barrio que sí está de acuerdo en generar este espacio.

Martin ya no vive en Argentina pero a veces mira el Instagram de la Olla y me escribe admirado: 

“¡¿Sigue existiendo?!”.

M: Sí, sigue existiendo gracias a la potencia colectiva de sus integrantes, ¿no? Siempre llegan nuevas personas, otros se van, otros vuelven, según sus circunstancias se lo permitan. ¿Cómo ha ido mutando eso entre los objetivos?

T: La idea de la Olla en un primer momento fue generar un espacio de compartir, se habló desde las primeras reuniones, no solamente garantizar un plato de comida una noche a la semana, ese es el objetivo más pequeño del espacio de la Olla, es lo que mueve las acciones cotidianas de la olla, pero hay otros objetivos que van más allá de ese concreto que ya es un desafío, hay un desafío más a largo plazo y es el de construir un lugar donde la gente se pueda relacionar, que no sea solamente ir a buscar la comida, sino que la Olla sea un espacio de socialización, donde se rompan ciertas barreras entre clases sociales porque hay un diálogo posible, hay una escucha, mucha gente va a hablar, a pedir un abrigo. Es tejer redes sociales, pero reales, no virtuales. Construir comunidad a una escala humana muy pequeña, pero muy humana.

M: Verse a la cara y ver la “otra” realidad. 

T: Sí, poder escuchar a la gente y conocer sus trayectorias de vida, eso también te ayuda mucho a entender, a comprender más la sociedad en la que vivimos. Es un ejercicio de solidaridad y de conciencia social

M: ¿Qué sensaciones les generan las historias de la gente que va a comer? Entendiendo que cada vez estamos más empobrecidos porque hay un ajuste brutal de parte del Estado.

T: Genera muchas contradicciones porque no hay algo inmediato que puedas hacer para revertir esa situación, o modificarla. Te das cuenta hasta qué punto estamos hundidos en la mierda, es muy difícil de revertir, el empobrecimiento aumenta no disminuye, y te das cuenta de lo profundo y multidisciplinario que debería ser el abordaje para erradicar la inequidad en términos materiales. Mínimamente tener ese consenso: ¡No queremos que haya gente comiendo de la basura!

Si el Estado no lo está garantizando, porque no está sucediendo, que por lo menos la comunidad se esté organizando para que eso suceda.

Este tipo de políticas ya se habían probado, y este ajuste no existía desde la dictadura, así tan cruel. Que solo importe el superávit. Creo que no es la lucha contra la pobreza, es la lucha contra los pobres. 

M: También es difícil debatir con la parte de la población que habla en términos solamente económicos como si el país fuera solo eso, porque hay un pensamiento de meritocracia muy establecido.

T: Yo creo que cualquier ejercicio de solidaridad va en contra de ese paradigma, que después se refleja en el Estado que tenemos, es la forma de cambiarlo también dar la batalla cultural fomentando espacios comunitarios donde también se generan pequeños lazos de solidaridad. Alguien necesita algo y justo lo tiene otrx, como algún dato, un celular para hacer un llamado telefónico, o contención psicológica, en la Olla preguntan seguido por eso. 

Una vez vino un chico diciéndome que se quería matar, tenía el número de la mamá y  la llamó con mi celular, después ella me escribió diciéndome que el pibe estaba bien que estaba internado, pero bien. Cosas que pasan, que las habilita esa situación de Olla. El pibe sintió ahí que tenía la ventana de la oportunidad para hablar de lo que estaba pasando, y encontró una esperanza en eso, como “no todo mundo se está cagando que yo estoy acá mal”. A veces necesitas que te digan: “No te mates”. Osea, les pasa a todas las clases sociales, pero si estás en la miseria es más fácil que no veas un futuro posible, si día a día es una lucha por la subsistencia. La verdad es que vienen a comer personas que viven todas las violencias. Sin querer generalizar lo que estoy diciendo, es muy fácil estar enojado y no ver una salida. 

Obviamente no es algo grato la razón que nos convoca, pero sí es grata la idea de que nos estamos juntando para poner un granito de arena para modificar eso, y el motor tiene que ser un pensamiento alegre. Si nos juntamos podemos hacer cosas grosas, no va cambiar el mundo, pero ponerse un objetivo comunitario y cumplirlo de lunes a lunes, es testimonio de que se puede hacer una diferencia.

Source

Por Redacción Marcha | Fotos: Susi Maresca

Cerca de los años 1400, los imperios europeos se lanzaron a la mar en búsqueda de riquezas, de expandir sus dominios y su religión. En aquellos años la palabra “capitulaciones” designaba varios tipos de documentos jurídicos o diplomáticos, tanto entre estados como entre particulares y estados. ​ Para la conquista de nuevos territorios, en la Edad Media la Corona de Castilla no recurría a ejércitos propios permanentes sino que contrataba la misión a particulares poderosos, a cambio de títulos y beneficios económicos que se recogían en una capitulación.

En pleno siglo XXI, los imperios siguen expandiéndose. En éste caso, la excusa de expandir la fé cristiana dejó de ser válida, pero fue reemplazada por otro credo no menos incomprobable: la transición energética.  

Una ley para dominar

El mítico anillo que fuera imaginado por Tolkien toma cuerpo en las disputas geopolíticas y el manejo de los estados-mercado frente a la escasez. De tal manera, en el contexto de guerra en Ucrania, en un escenario ¿post?-pandemia, con un claro avance de los países asiáticos en la competencia de mercados tecnológicos, los recursos energéticos son una prioridad para los países del primer mundo, aquellos que no saben vivir sin aviones, shoppings o bolsas de valor.

En el año 2023 se implementó un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para garantizar el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales.

En la presentación de dicha propuesta, se expone: “La UE depende casi exclusivamente de las importaciones de numerosas materias primas fundamentales. Los proveedores de dichas importaciones se encuentran con frecuencia muy concentrados en un reducido número de terceros países, tanto en la fase de extracción como en la de procesamiento.”

De tal manera, la UE legisla sobre los “proyectos estratégicos” que sean capaces de cubrir los suministros de materias primas para la transición. De ésta manera, alienta expediciones de empresarios y capitales del primer mundo a dirigirse a los “terceros países” (nuestros pueblos), asegurando para ello condiciones favorables hacia ellos. 

El capítulo VI establece un “marco para la cooperación a través de asociaciones estratégicas con terceros países en relación con las materias primas y para lograr mayores sinergias entre dichas asociaciones estratégicas y la cooperación de los Estados miembros con los terceros países en cuestión. La Unión ha celebrado asociaciones estratégicas relativas a materias primas con terceros países con el fin de aplicar el Plan de Acción sobre las Materias Primas Fundamentales de 2020″. En nuestro país, el convenio como “tercer país aliado” en ésta coalición se firmó en el año 2023 bajo la presidencia de Alberto Fernández. 

Seguimos analizando, y si bien en el apartado 10 del primer capítulo la ley enuncia que los proyectos deberán ser respetuosos de los Derechos Humanos y el medio ambiente, en el artículo 61 el reglamento se desliga de la responsabilidad de cumplimiento, y dice que queda sujeto a los países miembro sancionar el incumplimiento de dichas normas:

16) “Habida cuenta de su importancia para garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas, los proyectos estratégicos deben considerarse de interés público. Garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas es de vital importancia para el éxito de las transiciones ecológica y digital, así como para la resiliencia de los sectores de la defensa y el espacio.”

Aquí aparece revelada la verdadera noción estratégica: el suministro de metales raros y materiales para la transición no está pensado para darle a cada habitante del mundo un auto a baterías: la razón por la cual dicha demanda no puede cubrirse solamente con el reciclado, es que se encuentra directamente orientada a la “defensa”, lo que será un eufemismo para nombrar las guerras. 

Dado su papel a la hora de “garantizar la seguridad del suministro de materias primas estratégicas de la Unión y su contribución a la autonomía estratégica abierta de la Unión y a la transición ecológica y digital, la autoridad responsable de la concesión de autorizaciones debe considerar que los proyectos estratégicos son de interés público”. Así es como se declara la ganancia de empresas privadas como una cuestión de interés público.

Seguimos leyendo:

“Los proyectos estratégicos cuyo efecto perjudicial sobre el medio ambiente es tal que les hace entrar en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la Directiva 2009/147/CE39 pueden autorizarse si los responsables que conceden las autorizaciones llegan a la conclusión, sobre la base de una valoración caso por caso, de que el interés público que se persigue con el proyecto supera dichos efectos, siempre que se cumplan todas las condiciones pertinentes establecidas en estas Directivas. Cuando proceda, la valoración caso por caso debe tener en cuenta la especificidad geológica de las zonas de extracción, que limita las decisiones sobre la ubicación”.

Queda claro de ésta manera que el supuesto y declarado  “interés público” del proyecto rige por sobre los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. 

34) “A fin de garantizar que los Estados miembros y las industrias europeas puedan anticipar la alteración del suministro y se preparen para resistir sus consecuencias, deben desarrollarse medidas para aumentar la capacidad de control, coordinar las reservas estratégicas y reforzar la preparación de las empresas”.

Por otro lado, crea instituciones a medida de las empresas, que sean capaces de generar las condiciones para que la explotación sea rentable: “El Consejo Europeo de Materias Primas Fundamentales. Dicho Consejo debe estar compuesto por los Estados miembros y la Comisión, al tiempo que debe permitir la participación de otras partes en calidad de observadores. A fin de desarrollar los conocimientos especializados necesarios para la ejecución de determinadas tareas, el mencionado Consejo debe crear subgrupos permanentes sobre financiación, exploración, seguimiento y reservas estratégicas, que deben actuar como una red reuniendo a las diferentes autoridades nacionales pertinentes y, cuando sea necesario, consultar a la industria, el mundo académico, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes. El asesoramiento y los dictámenes del Consejo mencionado deben ser no vinculantes y la ausencia de dicho asesoramiento o dictamen no debe impedir que la Comisión desempeñe sus funciones en virtud del presente Reglamento”.

A la par de esta centralización institucional y de gobernanza, brinda directivas precisas a los proyectos estratégicos para proceder en los territorios: 

En el artículo 6 sobre la “solicitud y reconocimiento de proyectos estratégicos”, se solicita que “presenten d) un plan que contenga medidas para facilitar la aceptación pública, incluido, cuando proceda, el establecimiento de canales de comunicación recurrentes con las comunidades y organizaciones locales, incluidos los interlocutores sociales, la puesta en marcha de campañas de sensibilización e información y el establecimiento de mecanismos de mitigación y compensación.”

Las medidas aquí expuestas no son nuevas. Las organizaciones socioambientales y comunidades indígenas venimos denunciando en numerosas oportunidades la violación de derechos humanos fundamentales, la persecusión  y la criminalización de la protesta que deviene a los defensores de la tierra luego del desembarco de agentes académicos, de ONG y empresas en los territorios para extorsionar a los pueblos oprimidos a que acepten los espejitos de colores a cambio del oro.

Como una concesión de negocios, el reglamento estipula que en el caso de los proyectos estratégicos en terceros países, “la Comisión compartirá la solicitud recibida con el tercer país cuyo territorio esté afectado por el proyecto propuesto. La Comisión no aprobará la solicitud antes de recibir la aprobación explícita del tercer país de que se trate”. Nada dice respecto de las poblaciones directamente afectadas, considerando que en muchos casos se trata de naciones indígenas preexistentes con daños acumulativos e integrales en sus territorios.

Respecto a los datos, sienta un peligroso precedente de exploración intensiva, cesión y centralización de datos geoestratégicos, que podrá utilizar herramientas militares (“de defensa”) y satelitales para ello. Los programas nacionales de exploración a que se refiere el apartado 1 incluirán “medidas para aumentar la información disponible sobre las ocurrencias de materias primas fundamentales en la Unión, incluidos los yacimientos minerales profundos. Incluirán, en su caso, las siguientes medidas: a) una cartografía de minerales a la escala adecuada; b) campañas geoquímicas, incluidas las destinadas a establecer las composiciones químicas de los suelos, los sedimentos y las rocas; ES 37 ES c) estudios geocientíficos, por ejemplo, geofísicos; d) el tratamiento de los datos reunidos a través de la exploración general, incluido el desarrollo de mapas predictivos; e) el reprocesamiento de los datos de estudios geocientíficos existentes para comprobar las ocurrencias de minerales no identificados que contengan materias primas fundamentales”.

Meritocracia climática

Entonces, si los derechos de los proyectos estratégicos son prioritarios, ¿Qué derechos no lo son?
Queda claro en el artículo 11 de la ley donde dice que “el plazo para consultar a la población afectada sobre el informe de evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2011/92/UE no será superior a noventa días en el caso de los proyectos estratégicos”.

De igual manera, si bien el articulo 12 plantea que “todas las decisiones adoptadas en virtud de la presente sección serán de acceso público“, cabe mencionar que la elaboración de informes en Argentina fue delegada en una comisión de consultores externos, que se dirigió a las autoridades de las provincias y a un par de referentes elegidos por azar en un tiempo muy escueto para permitir la respuesta organizada de los colectivos implicados.

Cualquier análisis jurídico debe dirigirse no solamente a un registro de la literalidad del discurso y el uso de las palabras, sino que debe entenderlas en el marco social, político y económico en el cual se utilizan.

Por ello, no sería correcto nombrar a este Reglamento como una Capitulación en los términos utilizados por los imperios europeos en el siglo XV. Pero sí, quizás, podríamos hacer el ejercicio de relectura de la ley cambiando algunos términos: “reserva estratégica” por “territorio”, “huella ambiental” por “genocidio”, “libre circulación del mercado” por vigilancia de la población.

Esta ley nos deja una certeza: luego de 500 años de explotación, aún quedan en nuestros territorios en equilibrio, biodiversidad que funciona como pulmones del mundo por su captura de CO2 y la posibilidad de brindar agua pura.

Cual vasallos del rey Dinero, los nuevos empresarios cuentan con más ventajas que los conquistadores que les precedieron: no sólo se les brinda facilidades financieras, legales y administrativas, sino que también se les garantiza el acceso a datos estratégicos de los territorios a explotar, así también la protección de su privacidad y sus derechos. Éste reglamente demuestra que el rezo a la Transición Energética Sostenible Digital y Ecológica no será capaz de traer el Reino de los Cielos a la Tierra. 

Sus palabras difíciles y sus actos diplomáticos no nos engañan. Sabemos que la mentada “Transición Verde” no está pensada para  permitir la supervivencia como especie, ni para utilizar los recursos escasos de manera sustentable. El escenario al que estamos asistiendo, más que a una transición energética, es a una nueva y masiva transferencia de recursos desde el Sur global hacia el norte dominante. Quienes, dicho sea de paso, aún no asumen que la escasez y la crisis que hoy vivimos como planeta, son el resultado de éstas primeras y vigentes capitulaciones coloniales.

Subyacen a las capitulaciones antiguas y a los reglamentos actuales unas cuantas potencias mundiales dispuestas a negar la propia finitud humana como seres, a continuar la acumulación de lo ajeno para multiplicar lo propio, y a sostener una moral fantasma, escondida detrás de complicados procedimientos. Ya hemos dicho: en nuestros territorios del Buen Vivir Comunitario, no hay permiso para la explotación desmedida y el acaparamiento.

Source