Por Maru Waldhüter

Después de la invasión a Venezuela, Trump disparó más amenazas a los gobiernos y pueblos de la región. México, Cuba, Colombia y hasta Groenlandia fueron los primeros objetivos, pero con mayor ensañamiento redobló las agresiones contra el mandatario colombiano Gustavo Petro. Le advirtió que se tenía que “cuidar el trasero”, porque el próximo sería él y lo señaló como narcotraficante. Este año Petro termina su mandato y Colombia irá a elecciones en un contexto que además de enfrentar las complejidades propias del país, deberá atender a las inquietudes que despierta la política injerencista que viene desplegando en diferentes procesos electorales Donald Trump como sucedió en Honduras y Argentina. Inesperadamente, durante la movilización, Petro recibió una llamada telefónica desde la Casa Blanca, después de las agresiones Trump dijo que “fue un honor hablar con el presidente de Colombia”. En este escenario Marcha dialogó con la historiadora y analista internacional Diana Carolina Alfonso desde Colombia. 

Todas las versiones del colonialismo yankee

Para la historiadora el ataque del 3 de enero a la República Bolivariana de Venezuela no se puede pensar sin poner en perspectiva la configuración de los 200 años de la vieja Doctrina Monroe. Más específicamente hacia 1904 con el corolario Roosevelt se establece “el patio trasero” de los Estados Unidos tras la guerra hispano estadounidense de 1898 en el Gran Caribe, conocido también como Doctrina del Gran Garrote que se va a extender y tener consecuencias no solamente sobre Cuba sino también sobre la división y robo de territorios en México, las subsecuentes invasiones sobre Haití, la pérdida de soberanía muy tempranamente en Puerto Rico, en Hawaii, etc. Este va a ser el primer corte, si se quiere de transición hegemónica de los Estados Unidos, señaló Diana Alfonso. 

Otro momento destacado por la analista es de la posguerra fría con el nacimiento de las instituciones multilaterales que, en el Caribe siempre han sido gestoras de conflicto neocolonial o colonial en favor de las potencias ocupantes, sea el Caribe transatlántico en manos de Holanda, Francia e Inglaterra o, el Gran Caribe en manos de los Estados Unidos como se ha visto en reiteradas ocasiones. En 1945 surge la ONU y ya en 1947 vamos a tener la firma del Tratado de Asistencia Mutua (TIAR) que va a perimir la posibilidad de una integración de seguridad hemisférica, explicó. 

En esta transición hegemónica de los Estados Unidos ya con la crisis del telón de acero hacia fines de los años 70 y principios de los 80 la estrategia de contrainsurgencia que había sido tempranamente aplicada sobre todo después de la Revolución Cubana en 1965, la vamos a encontrar con el Plan Cóndor y las doctrinas de seguridad sobre el Caribe que van a terminar con la invasión de Granada en 1983 y el magnicidio de Maurice Bishop. Para Diana Alfonso, el momento paradigmático de esta perspectiva histórica del colonialismo estadounidense lo encontramos en la actualidad con la excusa del narcotráfico, y recordó el bombardeo a Panamá que comenzó el 20 de diciembre de 1989 terminó, oh casualidad, el 3 de enero con el secuestro de Manuel Antonio Noriega. Si antes era el comunismo, la contrainsurgencia, la guerra contra el terrorismo, ahora va a aparecer la guerra contra el narcotráfico pero recordemos que en ese momento se estaba jugando la transición del Canal de Panamá. En este sentido, Diana sostiene que no podemos desenmarcar la situación de este 3 de enero con las pasadas, más teniendo en cuenta que programática, las excusas son bastante más débiles, y añadió que no solamente fue liberado Juan Orlando Hernández, un narcotraficante juzgado en los Estados Unidos, sino que además, no se lleva adelante ninguna investigación seria sobre las embarcaciones bananeras de la familia Noboa que fueron descubiertas en aguas europeas con cocaína. Hernández fue presidente de Honduras y condenado a 42 años de prisión por haber traficado cocaína a Estados Unidos. Paradójicamente, Trump resolvió firmar su indulto en medio de las polémicas elecciones presidenciales de Honduras en las que terminó ganando el candidato apoyado por el mandatario estadounidense. 

¿Habrá narcoterrorismo en Groenlandia?

A partir de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, Estados Unidos inaugura una etapa inédita para la región, desde ahora, todo aquello que suceda en el continente y que se lea como una amenaza para la seguridad estadounidense, será sujeto de intervención. De esta forma, la administración Trump se arroga la facultad de intervenir y desconocer el derecho internacional y la soberanía de los países. 

Bajo la figura de narcoterrorismo Estados Unidos secuestró al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores que ahora se encuentran en prisión para enfrentar un juicio en tribunales de Nueva York por vínculos con el narcotráfico que no se pudieron demostrar porque llegaron a la conclusión de que el Cartel de Los Soles no existe. Diana Alfonso analizó la situación de Ecuador en torno al narcotráfico y señaló que, para sorpresa, la tasa de homicidio de Ecuador se ha elevado un 600% en los últimos años. Son cifras del propio país y connota algo que viene denunciando el presidente Gustavo Petro, que el foco de exportación de narcóticos se ha desplazado hacia el pacífico ecuatoriano y prueba de ello es el alza en la tasa de homicidios sin que ello merezca mayor atención de los Estados Unidos. Se estima, dice el presidente Gustavo Petro, que alrededor del 80% de los narcóticos que van hacia Estados Unidos y Europa salen por las puertas del Pacífico, no por el Caribe, como ha dicho la organización Wola. Otro detalle que aporta la analista, a propósito de las ejecuciones extrajudiciales a lancheros en aguas del Caribe es que, la herramienta de movilidad de los narcóticos no son las pequeñas embarcaciones sino los grandes buques que como se ha mostrado con la economía bananera. 

Por último, Diana Alfonso advirtió que aún si se tratara de la problemática a causa del consumo de fentanilo en Estados Unidos, y si como dice la administración Trump, se tratara de una discusión de salud pública de cara a la población estadounidense tendrían que haber juzgado a la familia Sackler,  dueños de la farmacéutica  Purdue Pharma y responsables de la expansión de Oxycontin que da lugar al primero y gran ciclo de adicciones de opioides sintéticos que termina después en la heroína y últimamente en el fentanilo. Habrá que ver si las preocupaciones de Trump por apropiarse de Groenlandia también están justificadas por su vocación de combatir el narcoterrorismo porque, por ahora, allí no pareciera demasiado verosímil el argumento a menos que el Cartel de Los Soles opere desde los hielos del norte. 

“Fue un honor hablar con el presidente Petro”

Ante la escalada agresiva y las amenazas constantes de Trump hacia el presidente Petro, Colombia se movilizó en prácticamente todas las grandes capitales del país. Se estima que hubo una participación nacional de aproximadamente 400 mil personas. Se registró una amplia participación aún cuando la convocatoria fue hecha en las últimas horas, rompió si se quiere los techos históricos de participación ciudadana según lo informó RTVC, el canal de noticias públicas de Colombia. En este marco de movilizaciones de larguísimo aliento que defienden la soberanía de Colombia y expresan su solidaridad para con el vecino pueblo hermano bolivariano de Venezuela, y exigen la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, comentó Diana Alfonso. 

Las palabras del presidente Petro se hicieron esperar en Bogotá dado que una inesperada llamada desde Washington restableció el diálogo bilateral entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño. Trump lo confirmó en su red social afirmando que fue un honor hablar con el presidente Colombia y que la próxima reunión será en Washington. Gustavo Petro ha reiterado su posición frente a la OEA, a la ONU y a la CELAG de mantener un canal de relación abierta que distienda cualquier posibilidad de intervención militar que atente contra la soberanía territorial del hermano pueblo de Venezuela y de Colombia teniendo en cuenta que, solamente en Colombia hay por lo menos, 2.8 millones de migrantes venezolanos, somos el país con la mayor recepción migratoria de Venezuela. En este sentido, la analista destacó la posición del presidente Petro de resguardar la vida de las personas migrantes y sobre todo pensar en las estrategias de recepción migratoria ante la posibilidad de un éxodo masivo por nuestras fronteras. A contramano de lo que ha dicho gente como Patricia Bullrich, que ha dicho “bien gracias, ya llegaron a su libertad, se pueden ir yendo”, ese fue el mensaje que envió a la población venezolana en Argentina, a plaza llena desafortunadamente. El presidente Gustavo Petro lo que ha hecho es abrir sus brazos y abrir los brazos y fronteras de Colombia ante una eventual recepción de ese éxodo migratorio. 

El candidato de la izquierda encabeza las encuestas para presidente

Se trata de Iván Cepeda, quien representa la lista del Pacto Histórico y que buscará darle continuidad a este primer gobierno popular inaugurado en el 2022. Con la historia de violencia de Colombia resulta por lo menos inquietante saber cómo incidirá el contexto actual en el proceso electoral. Los primeros sondeos de intención de voto coinciden en que habrá segunda vuelta y que, de momento, es Cepeda quien encabeza los resultados. 

Uno de los que celebró la invasión de Estados Unidos a Venezuela fue el ex presidente Iván Duque, que ha sido relacionado al narcotráfico, de hecho ha sido fotografiado, fueron interceptados miles de audios donde sostiene conversaciones con el narcotraficante Niño Hernández, asesinado en extrañas circunstancias en Brasil. Pese a esos vínculos explícitos con el narcotráfico Iván Duque, cuya investigación fue vetada. Por otra parte, comenta Diana Alfonso que el candidato de la ultraderecha uribista Abelardo De La Espriella, hasta ahora el principal adversario de Iván Cepeda, no solamente ha celebrado el bombardeo sobre territorio venezolano sino que ha lanzado una fuerte amenaza en dos vías. La primera es antes que se descubriera lo que era una verdad a los gritos, porque muy tempranamente el presidente Gustavo Petro ha dicho que el cartel de Los Soles era una mentira, más allá de hoy se ratifique. Sin embargo, De La Espriella quiso vincular al candidato de la izquierda, del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a este supuesto cártel de Los Soles sin que haya habido ningún tipo de rectificación. De La Espriella surge de ser el defensor y el abogado de las Autodefensas Unidas de Colombia, una macroestructura criminal de la ultraderecha colombiana que asesinó, se estima de acuerdo a los organismos de derechos humanos a más de 200 mil colombianos y colombianas. Surge de las fauces de la defensa de paramilitares y narcotraficantes y después se va a vivir a los Estado Unidos desde donde trina cuestiones atroces como vincular a Iván Cepeda al cártel de Los Soles generando el contexto para la aplicación de una intervención de carácter terrorista criminal sobre nuestro territorio bajo un auspicio fratricida, enfatizó la historiadora. 

Será necesario mirar con atención cómo se desarrolla la campaña electoral y cuáles son los movimientos de la derecha y ultraderecha colombiana tan vinculada con sectores ultraconservadores en Miami. En este sentido Diana Carolina Alfonso advirtió que De La Espriella, cuya segunda aseveración a través de twitter preocupa gravemente en este contexto electoral porque asegura que el 17 de agosto el presidente Gustavo Petro ha de entregar el poder y de no hacerlo va a enviar fuerzas militares para sacarlo a las patadas y que va a garantizarlo con la ayuda de los Estados Unidos. Esto preocupa gravemente porque hay algo del poder real que no pasa por las urnas y que en Colombia sabe tener la cara de magnicidios y genocidios. 

Desde España, el candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda denunció que el gobierno de Estados Unidos intenta incidir en las elecciones y advirtió que lanzamos claramente un llamamiento de alerta de que el Gobierno estadounidense está intentando influir por todos los medios posibles nuestras elecciones, y añadió que se trata de una estrategia que, tenemos que decirlo, cuenta con el respaldo, el apoyo y con el estímulo claramente de la extrema derecha. Y concretamente debo decirlo del expresidente Álvaro Uribe, concluyó.

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Por Carla Perelló y Mariángeles Guerrero | Fotos: Nawseas desde Caracas, Venezuela

Estados Unidos atacó la República Bolivariana de Venezuela y llevó a su punto cúlmine un nuevo capítulo de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, con un bombardeo hoy en Caracas. El objetivo es combatir al mayor bastión antiimperialista de la región que, pese al recambio de liderazgos, persiste en su posicionamiento político de emancipación latinoamericana y mundial. Donald Trump avanzó además en un territorio declarado de paz en 2014 y que cuenta con recursos de relevancia para el extractivismo capitalista, como petróleo y minerales. El argumento, al igual que el utilizado con Gustavo Petro en Colombia, es acusar al presidente constitucional Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico.

Venezuela es rica en bienes comunes codiciados por la industria energética. Según RT Brasil, cuenta con las mayores reservas conocidas del mundo, con 303.806 millones de barriles. Tiene una producción de gas natural de 200,3 trillones de metros cúbicos y 48 tipos de minerales como oro, hierro y bauxita (rica en aluminio), además de las llamadas “tierras raras”, considerados como minerales necesarios para la transición energética a sistemas post fósiles.

Pero Venezuela es además el bastión de la lucha antiimperialista en América Latina. Ya lo afirmaba el eterno presidente Hugo Chávez en 2005. “Los Estados Unidos nacieron con pretensión imperialista de tragarse todas nuestras repúblicas. Los gobiernos que no se subordinaron a ellos fueron echados de la forma más sangrienta”.

Tras secuestrar al presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su compañera Cilia Flores (ambos acusados por Estados Unidos de narcoterrorismo), Donald Trump brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que “gobernará” Venezuela hasta que se pueda “producir una transición segura”. Estados Unidos nunca reconoció a Maduro como presidente electo de Venezuela, tras los comicios del 24 de julio de 2024.

Además agregó: “Este primer ataque fue un éxito, posiblemente no necesitemos un segundo, pero estamos preparados para una segunda ola de ataques más grande”. Agregó: “Nuestras compañías petroleras entrarán a Venezuela a invertir billones, reparar las infraestructuras dañadas y obtener ganancias”. Y fue más allá: “Tenemos intereses ahí. No nos va a costar nada, no vamos a gastar dinero, porque el dinero vendrá de las actividades de nuestras empresas petroleras ahí”.

El ataque se enmarca en el contexto de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la que Donald Trump revive la Doctrina Monroe —que entiende a América Latina como su “patio trasero”— y reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región de América Latina y el Caribe. 

Ese accionar comenzó con la mayor presencia militar que desplegó desde el 2 de septiembre del año pasado, que implicó, al menos, 110 ejecuciones sumarias contra 34 botes. En Argentina, aunque con la anuencia del presidente Javier Milei, el ejército estadounidense tiene presencia en el río Paraná y, por autorización del Estado nacional, fue habilitado para que su Armada haga ejercicios militares en Bahía Blanca, Mar del Plata y Tierra del Fuego. 

Bombas sobre Caracas

El merodeo de los últimos meses por parte de los buques de guerra de Estados Unidos por las aguas del Caribe concluyó este sábado con un bombardeo sobre Caracas, atentando que apuntó contra blancos militares y civiles. Entre ellos, el mausoleo del expresidente Hugo Chávez y un centro de acopio de medicinas, para finalizar con el secuestro del presidente, Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores. También fueron afectados otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira. 

Tras el bombardeo, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela se expidió exhortando a las Naciones Unidas para que dé cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconocen el respeto de la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, expresa el comunicado oficial difundido a las 4 AM (hora local).

Mientras el gobierno de Nicolás Maduro convocó a las calles a la población, la diplomacia venezolana presentó sus respectivas denuncias ante la ONU, la Celac y el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal). En tanto, el presidente de Venezuela decretó el Estado de Conmoción Exterior y ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país. Para esto, apeló al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habilita el uso de la legítima defensa para proteger a su pueblo, territorio e independencia.

“Estamos llamando a la defensa de la vida“

Mientras la solidaridad global se expresa y el pueblo venezolano sale a las calles, pasadas las 12 horas del bombardeo de la administración Trump sobre Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez brindó declaraciones al país y al mundo junto al Consejo de Defensa, ocasión en la que exigió la libertad inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores. “Estamos decididos a la libertad. Lo que están haciendo a Venezuela es una barbarie y constituye delitos de lesa humanidad”, afirmó.

“Jamás volveremos a ser esclavos ni colonia”, afirmó Rodríguez, primera en la sucesión presidencial. “Estamos llamando a la defensa de la vida”, agregó, al referirse al pueblo venezolano a quien citó a mantenerse en calma para enfrentar las dificultades. “Todo dentro de la Constitución, estamos listos para defender a Venezuela y nuestros recursos naturales”, continuó, “este es un llamado a los países de la región, porque lo que le hicieron al pueblo de Venezuela se lo pueden hacer a otros pueblos”.

Finalmente, Rodríguez se refirió al ataque estadounidense: “Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia” y sentenció en relación a las declaraciones emitidas por Trump: “Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. (…) Aquí hay un gobierno con claridad”; y aclaró: “Estamos dispuestos a relaciones de respeto en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”.

El secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Posteriormente, el presidente Maduro fue secuestrado junto a su esposa Cilia Flores por Estados Unidos. Fue trasladado a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, con destino a Nueva York. Donald Trump había enviado ese buque hacia las costas venezolanas en agosto pasado, con objetivo de perseguir al supuesto Cártel de los Soles que —según el Departamento de Estado de EE.UU— comanda Maduro.

Según un documento elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, “Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. 

El texto agrega: “Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”. Y establecen un paralelismo del supuesto cártel con otros como el cártel de Sinaloa o Los Zetas en México.

Tras la exigencia por parte del gobierno venezonalo de “una prueba de vida” del mandatario, circuló una foto con la inscripción que indica que se encontraría a bordo de ese buque. La vicepresidenta y primera en la línea sucesoria, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia y desde allí afirmó desconocer el paradero de Maduro y de Flores y repudió el ataque contra su país.

La declaración de la ONU y las reacciones de la comunidad internacional

El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, afirmó hoy que el Secretario General, António Guterres, está “profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que culminó hoy con la acción militar de los Estados Unidos en el país, lo que podría tener preocupantes implicaciones para la región”.

Con más tibieza que repudio, agregó: “Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso. El Secretario General sigue subrayando la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”.

El comunicado finaliza con un llamamiento “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

Hasta el momento se expidieron en contra de la invasión a Venezuela: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz Canel; de Chile, Gabriel Boric. La Unión Europea llamó al respeto del derecho internacional, pero expresó que el gobierno de Nicolás Maduro “carece de legitimidad”.

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Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Fotos: Lizbeth Hernández

Desde Belém, Brasil

Sobre el asfalto ardiente de Belém, al norte de Brasil, miles de personas caminan en defensa de la tierra, del agua, de la vida. En las mismas calles donde los mangos caen de los árboles a cada instante, se alzan las banderas para defender a la naturaleza. Las gargantas se unen en un coro potente. Suenan los tambores y las consignas: “El pueblo unido jamás será vencido” e “Internacionalicemos la lucha”. La Marcha Global por el Clima sale desde el Mercado de São Brás hacia la sede de la COP30, donde las Naciones Unidas, los gobiernos y las grandes empresas definen los acuerdos climáticos multilaterales para el próximo año.

Comunidades indígenas, campesinas y quilombolas: un pueblo despojado pero que ríe, que canta, que propone. Que denuncia el genocidio en Palestina. Un pueblo sin fronteras reunido en el sur del mundo, decidido a hacerse escuchar. En contraste, la Policía Militar del Estado de Pará exhibe una postal gris de patrulleros, vallas y rostros inmutables que son parte del operativo desplegado para evitar que las personas lleguen al Jardín de la Ciudad, donde se realiza la Conferencia de la ONU. Los helicópteros zumban en su vuelo rasante pero el coro no se apaga: cuadra tras cuadra, suenan cánticos en portugués o en español.

La marcha es el corolario de la Cumbre de los Pueblos. Allí, más de 70.000 personas, de Brasil y de todo el mundo, alzaron su voz para decirle a los gobiernos y organismos de la COP que quienes habitan los territorios no pueden permanecer al margen de la discusión. “La solución está aquí, no allá”, dice Jaime Amorím, dirigente de La Vía Campesina. Y está aquí, entre las organizaciones, porque la agenda que nutrió la cumbre y que nutre la marcha proviene de las entrañas de quienes se movilizan. De sus derechos negados, de la discriminación sufrida y de la esperanza construida colectivamente.

Desde el lunes 11 de noviembre se realiza la COP30 en el corazón de la Amazonía. Por su parte, desde el día 12, la Cumbre de los Pueblos reunió a más de 1100 organizaciones socioambientales de diferentes países. 

Durante cuatro días las comunidades y colectivas compartieron sus propuestas, construyeron estrategias y llamaron a respetar los derechos de la naturaleza. Llegaron por tierra, agua y aire para repudiar los intereses corporativos y mostrar que sus experiencias vitales son claves para tomar decisiones sobre la crisis climática. Que no son cifras, sino nombres, historias, comunidades que viven día a día y en carne propia las inundaciones, los ciclones, los calores extremos o las sequías. Y que saben que esos fenómenos responden a un modelo económico.

Frente a las falsas soluciones

“En la COP oficial están reunidos buscando construir la solución con quienes destruyeron, con quienes tienen un único interés que es el lucro. Esos sectores van a seguir destruyendo, ahora con nuevas legislaciones para explotar, como los créditos de carbono y otras falsas soluciones”, sentencia Amorim. Agrega: “Entre ellos está el agronegocio, que siempre destruyó y esclavizó y que es responsable de la crisis climática”.

Proyectos como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) y los mercados de compensación de carbono confirman que la COP está lejos de poner en el centro a la defensa climática y que perpetúa las desigualdades. El TFFF es un mecanismo de financiamiento climático para países con bosques tropicales, que tiene entre sus interesados al Bank of America (un importante inversor en la explotación petrolera en la Amazonía). 

Detrás del maquillaje verde y de las intenciones de “descarbonizar” la economía para evitar el colapso climático, hay nuevos negocios en ciernes, como las energías “limpias” que promueven los monocultivos para el etanol o que buscan minerales como el litio para la electrificación del transporte. Empresas como la agroexportadora Cargill, la minera Vale (responsable de los desastres ambientales de Mariana y Brumadinho, en 2015 y 2019) y Coca Cola forman parte del sector empresario que participa de la COP.

Pueblos indígenas en lucha

“La COP no fue planificada para nosotros. No estamos allá dentro negociando, ellos están negociando con nosotros. Vivimos en la selva, sabemos nuestra realidad”, dice Nalva Borari, cacica del Pueblo Borari. Y reivindica: “Luchamos por un clima para todos, para que los pueblos indígenas tengamos acceso a todo, para que tengamos una selva y un río Tapajós libre de explotación”. 

Según informó Amazon Watch, la semana pasada más de 300 indígenas y aliados de movimientos sociales llevaron a cabo el Octavo Grito Ancestral en el río Tapajós, en el oeste de Pará. Durante la acción pacífica se detuvieron tres convoyes de barcazas de soja y los activistas subieron a las embarcaciones con banderas cuyas consignas eran: “No al Ferrogrão”, “Alimentos sin veneno” y “La agricultura pasa, la destrucción se queda”. El Ferrogrão es un proyecto ferroviario del gobierno brasileño para transportar granos desde el centro-oeste del país hacia Pará para exportarlos.

Durante esta semana, los pueblos indígenas de la Amazonía intentaron ingresar en dos oportunidades a la “Blue Zone”, donde se realizan las reuniones formales de la Conferencia. Pero su acceso fue denegado mediante cordones policiales. Naila Borari explica: “Los líderes tienen que escucharnos, no pueden decidir unilateralmente mientras nosotros no tenemos acceso a esos espacios. Quienes defendemos la Amazonía estamos aquí, en la verdadera COP, que es la Cumbre de los Pueblos”.

Norma Kokama integra el Pueblo Kokama, que comparte territorio amazónico en Brasil, Colombia y Perú. Sus tierras son asediadas por la minería. Kokama marcha junto a sus compañeras y expresa: “Los blancos quieren destruir la naturaleza, pero estamos en lucha para parar esa destrucción”.

Las políticas del gobierno de Lula da Silva como el ferrogrão o la explotación petrolera en la Amazonía son cuestionadas por los comunidades. A pesar de esas tensiones, las ministras de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, y de Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, participaron activamente de la marcha. Guajajara manifestó desde la movilización popular: “La ONU necesita entender, escuchar y comprender las voces que aquí llegaron” y exigió la inclusión de voces indígenas y del sur global en la agenda de la COP30.

Los alimentos no son mercancía

Cerca de las ferias donde se venden peces de mar, mangos, bananas y cocos, pasa la caravana que reclama soberanía alimentaria. “Estamos aquí para denunciar el avance del agronegocio en la Amazonía. Luchamos por las semillas criollas, por las variedades que se están perdiendo debido al avance de los transgénicos. La deforestación, las quemas y los agrotóxicos están expulsando a los campesinos de sus tierras. Pero tenemos una propuesta: la agroecología que produce alimentos saludables y más justos para nuestro pueblo”, asegura Raimundo Ferreira, del Movimiento Camponés Popular (MCP), y del municipio de Tracuateua, al nordeste de Pará.

Consultado sobre si la COP puede traer respuestas para el sector, expresa: “Si depende de los estadistas y de los grandes capitalistas no, porque a ellos solo les interesa el lucro. Si no somos escuchados, jamás nos darán una solución”. 

Por su parte, Amorim indica: “No hay ninguna posibilidad de resolver la crisis climática mientras no se integre en ese proceso al pueblo, a los trabajadores, principalmente a los campesinos y campesinas, porque somos quienes producimos y quienes diariamente lidiamos con estos problemas. Los gobiernos y la COP tienen que escucharnos”.

Una gran bandera blanca con letras rojas, del histórico Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST), sintetiza la propuesta: “No hay justicia climática sin reforma agraria popular”.

Una COP en Belém, pero no para Belém

Uno de los documentos que trabaja en la COP30 es sobre el racismo ambiental. Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, China, Camboya, Sudán del Sur, Marruecos, México, Sudáfrica, Venezuela, Bolivia y Surinam ya lo firmaron. Marca la importancia de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, la equidad intergeneracional y las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en la acción climática. 

Señala que “muchas comunidades vulnerables soportan una carga desproporcionada de pérdidas y daños relacionados con el clima en su cultura, patrimonio, salud, medios de subsistencia y ecosistemas”. Y que las personas afrodescendientes e indígenas y las comunidades locales son las más expuestas a estas situaciones.

Mayani Salgado vive en la periferia de Belém. Es profesora de geografía, artista y activista socioambiental en la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos. Marcha con un cartel que se expresa contra el racismo ambiental. Desde su experiencia de todos los días, explica: “Es una forma de discriminación por parte del poder público y de las empresas con la población amazónica, las poblaciones tradicionales y, en el contexto urbano, con las poblaciones que viven en las periferias”. 

Asegura que marcha para denunciar esa discriminación y la falta de visibilidad que los barrios populares de Belém tuvieron en el proceso de la COP.

Belém tiene 1.303.403 habitantes, según el censo de 2022. En gran medida viven del mercado informal: venden agua o comida en las calles o trabajan en aplicaciones como Uber. Su principal problema es, para Salgado, la infraestructura, el saneamiento y la falta de acceso al agua potable. También las inundaciones que ocurren cuando llueve mucho. Debido a su clima tropical, las lluvias son frecuentes.

La ciudad está ubicada en el punto donde se encuentran los ríos Guamá y Acará, y está surcada por 14 canales, convertidos en desagües a cielo abierto. Uno de esos canales, en la zona llamada Igarapé, era un río donde hace 30 años las personas navegaban, pescaban y se bañaban. Pero hoy sus aguas están contaminadas. “Cuando se eligió Belém como sede de la COP teníamos la expectativa de que iba a haber alguna obra para los canales, pero no hubo ninguna”, afirma la activista.

“Hubo grandes obras en las áreas centrales, pero en nuestras zonas no hubo ningún tipo de trabajo. La gente que vive en esos barrios no entiende lo que está ocurriendo en la COP porque no fuimos llamados ni convocados a la discusión sobre el clima. Eso es una forma de discriminación, de menosprecio por nuestro color, con el lugar donde vivimos y con nuestra clase social”, asegura.

La marcha llega hasta el corsódromo, a pocas cuadras del Jardín de la Ciudad. La COP sigue su agenda y la Policía frena el avance de las columnas, allí los pueblos amazónicos junto a representantes de comunidades indígenas del mundo, de espaldas al cordón policial, comienzan a danzar en espiral y se abrazan en una certeza: haber alzado su voz ante quienes toman decisiones sin tomar sus experiencias en cuenta.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Soy Waso y Agencia Tierra Viva.

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Foto: Lucas Martins para Midia Ninja

El ex mandatario fue condenado este jueves: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, sostuvo la ministra Carmen Lúcia. Ella fue quien, al cabo de una semana de especulaciones, dio el voto clave para condenar a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión.

El atentado contra la soberanía popular en Brasil no quedó impune. Este jueves el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus aliados considerados parte del “núcleo crucial” fueron condenados con distintas penas que van desde los 19 a los 27 años de prisión luego de que la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) considerara que quedó efectivamente comprobado que existió una organización criminal que -entre julio de 2021 y el 8 de enero de 2023- llevó a cabo un plan “sistemático y progresivo” para atacar al sistema electoral y “minar el libre ejercicio del voto”. Quien tuvo la decisión clave fue nada menos que la única mujer del Tribunal, Carmen Lúcia: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, dijo al cabo del juicio histórico, que sorteó las presiones y las amenazas internas y la abierta injerencia de Estados Unidos.

“Tá na hora do Jair/Tá na hora do Jair/Ja ir embora” la melodía de esa música se hizo popular en 2022, cuando el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones de ese año. Hace un juego de palabras que se refiere a la salida del gobierno de Bolsonaro, que buscó perpetuarse en el poder con un golpe de Estado. Fue esa melodía la que volvieron a cantar miles en las calles de todo Brasil y la que entonó un trompetista en las afueras del STF, en Brasília, el jueves por la tarde minutos después de que se definieran la sentencia y la pena definitiva contra el expresidente y líder de la organización criminal que atentó contra la democracia.

Con él, otras siete personas fueron condenadas: Alexandre Ramagem, actual diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN); Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional; Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa; Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.

Cid y Braga Netto fueron condenados por unanimidad, mientras que el resto por la mayoría de 4 votos contra 1 con la disidencia del juez Luiz Fux. El magistrado le imprimió un halo de dramatismo al proceso judicial con más de 12 extensas horas de lectura y sorprendió hasta a los propios bolsonaristas con su postura por la “nulidad absoluta” al considerar que la acción penal debería haber estado a cargo del pleno del STF, conformada por once jueces. Ese aire de esperanza que le dio a los aliados de Bolsonaro ya quedó sofocado por la contundencia de los argumentos y de las penas dadas por sus colegas: Alexandre de Moraes, relator del caso; Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.

Las penas que recibieron fueron consecuentes con las responsabilidades y para dejar en claro un mensaje, dijo De Moraes: “Para que la historia no se repita”.

Las palabras resuenan en el continente que en la misma fecha de la condena también se conmemora el golpe de Estado en Chile que dio inicio al primer experimento neoliberal de la región, por lo que vale la pena levantar esta condena como un “nunca más” a la violencia estatal contra los pueblos y que Brasil, hasta el momento, nunca había pronunciado por haber aprobado en 1979 una ley de amnistía que impidió juzgar a los criminales de la dictadura militar-empresarial (1964-1985).

Un Brasil que tampoco juzgó a quienes perpetraron el “golpe blando” contra la expresidenta Dilma Rousseff.

Claves de un juicio histórico para América Latina y el Caribe

La investigación para este proceso comenzó hace dos años a manos de la Policía Federal, que separó a lxs responsables en cinco núcleos de acuerdo con las funciones que cumplieron durante la tentativa del golpe. El “núcleo crucial”, el número uno, fue el que ideó y planificó, según la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR). Con la sentencia de la Corte ahora queda escrito para la historia que las ocho personas que lo conforman fueron los autores intelectuales.

La trama que idearon tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023, pero a entender de la Justicia comenzó mucho antes: en julio de 2021 y contó con varios elementos más allá de la invasión a los Tres Poderes del Estado con más de mil personas que se habían apostado durante semanas en las puertas de comandos militares y que, aquel domingo a la tarde no “salieron de paseo después de almorzar y pidieron permiso para entrar a las sedes del poder central” -como dijo Dino-, sino que se levantaron con la intención de exigir su intervención para la perpetuación en el poder de su líder, en contra de la voluntad popular que había elegido a Lula como presidente.

En más de 800 páginas la PGR detalló reuniones, mensajes, documentos, escuchas telefónicas, allanamientos, testimonios y confesiones que dan cuenta cómo un gobierno elegido -como fue el de Bolsonaro en 2018- puede ejecutar un plan para convertirse en dictadura. Algo así como un paso a paso de cómo la democracia puede morir y de cómo un presidente puede perpetrar acciones que debilitan las instituciones democráticas.

¿Cómo lo hizo? Bolsonaro atacó públicamente al sistema electoral brasileño para deslegitimarlo, así como al STF y sus ministros, hizo reuniones con sus ministros y con embajadores en las que difundió información falsa sobre las falencias en las urnas y usó una milicia digital para la difusión de fake news. Se reunió con sus ministros y accionó para que se restringiera la movilidad de las personas el día de las elecciones en el balotaje, tenía un decreto de estado de sitio preparado en caso de perder y, junto con su ministro de Defensa y general del Ejército, instigó a los jefes de todas las Fuerzas Armadas para perpetrar el golpe.

“Preso, muerto o con una victoria”, dijo que saldría de Brasilia -una frase similar pronunció el mandatario argentino, Javier Milei, que dijo que saldría de la Casa Rosada “con los pies para adelante”-.

Pero había más. Bolsonaro y sus aliados idearon el “Plan Puñal Verde-Amarillo” para asesinar a Lula, al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al mismo De Moraes.

En eso se basó el “plan progresivo y sistemático” que buscó “minar el libre ejercicio del voto”. En palabras de la magistrada Lúcia se ejerció la violencia institucional y política y se perpetraron una serie de prácticas “pensadas para la radicalización social y política” -es decir se tensionó para provocar una fuerte polarización- todas ellas necesarias para que el líder de la organización criminal contara con un ferviente apoyo de un sector de la sociedad para perpetuarse en el poder: quienes efectuaron la invasión a los Tres Poderes.

Juzgar más allá de las presiones internas y externas

Los cuatro jueces que conformaron la mayoría para el juicio histórico llevaron a cabo un proceso más allá de los embates y de las amenazas: todxs fueron amenazadxs de muerte y los ataques a las instituciones no cesaron. En esta misma semana, de hecho, hubo un nuevo intento de invasión a los Tres Poderes y, en noviembre pasado, un hombre -que murió- instaló bombas en autos en derredor de la explanada de los ministerios.

Los bolsonristas, en tanto, traman distintas estrategias para buscar la impunidad de los crímenes y miran a las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, en el Congreso presionan por una ley de amnistía “amplia e irrestricta” para beneficiar a las más de 600 personas ya condenadas por el 8 de enero y, también, al líder criminal. Por otro, el gobernador de San Pablo, Tarcício de Freitas, prometió el indulto con la esperanza de que conquistar seguidores para su campaña presidencial. Ambas opciones fueron descartadas por inconstitucionales según la Corte, aún así, se prevé que insistirán.

El juicio, además, se convirtió en un fuerte acto de soberanía nacional que resiste a las sanciones políticas y económicas impuestas al país y a lxs magistrados con la abierta injerencia del Estados Unidos de Donald Trump.

Ninguno de esos embates antidemocráticos -y hasta con aires colonialistas- consiguió evitar que Brasil escribiera una de las páginas más relevantes de su historia en defensa de la soberanía y de la autonomía del pueblo para que estos actos no se repitan nunca más.

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y se le soltó un patín

a él, que era el rey de esta jungla,

se le soltó un patín.

Patricio rey y sus redonditos de ricota (1993)

Todo poder tiene un final, 

todo lo hecho hay que pagar.

Guillermina, (2004)

Por Pablo Nolasco Flores

I

 Es importante aclarar que las notas que uno puede tomar y luego volcar en un escrito más o menos ordenado son producto de charlas con otras personas. Si durante el 2024 nos la pasamos tratando de comprender -con altos niveles de pesimismo- como Milei llegó al poder, lo que va del 2025 puede pensarse como una transición a otro estadío que pueda alejarnos de esa impotencia y malestar. La mejor manera de poder transitar estos procesos es encontrarse en el diálogo con otros. En principios con quienes pensamos parecido y estamos convencidos de que el capitalismo no tiene nada bueno para ofrecer a la humanidad. Algunas de estas notas lograron encontrar síntesis a partir de la palabra de otros. Sergio, con más de cincuenta años de militancia, aerografista y profesor de historia en escuelas secundarias, siempre dice que cuando uno no sabe para donde ir, hay que bajar y escuchar.

II

 Lucía, una artista y estudiante del profesorado en artes visuales, comentó que andaba pesimista. “El año pasado le puse el cuerpo a todo”. Lucía está pesimista. Como muchos. El pesimismo de Lucía y de muchos tiene que ver con la sinergia de la persona con consciencia social y de clase. Apostar a las luchas. Marchar, marchar y marchar. El problema es que cuando se apuesta a la movilización sin comprender el escenario, el optimismo ingenuo de la lucha de clases nos puede arrastrar al peor de los pesimismos. Hay que decirlo. Luchamos durante todo el 2024 y el ajuste pasó. Pasó porque hubo un consenso del ajuste durante todo el año pasado. La política le daba la espalda a la lucha de clases. Este año algo se movió. Primero con la marcha anti fascista, luego con el combate de los hinchas que salieron a defender a los jubilados en marzo, el paro general de CGT, y la enorme cantidad de conflictos, sobre todo el Garrahan y la de los discapacitados. Parecerìa que hay algo en progresión. Que esto madure no solo depende de la voluntad y no surge por espontaneidad. Una de las conclusiones que sacamos con Lucía era que hay que saber cuando vale la pena hacer cagar a palos. Estas luchas lograron sumar indignaciones, masa crítica y batallas discursivas contra la crueldad. Parece que pegarles a los jubilados todos los miércoles y haberle volado la cabeza a un fotógrafo no fue gratis. Ahora estamos en un tiempo político y la disputa pasó por lo electoral. No hay dudas que algo de todo este proceso de luchas y de broncas se expresó en los resultados de ayer.   

III

 El escándalo de las coimas en discapacidad generó una crisis política sin precedentes. En primer lugar, salpicó al régimen político. De hecho, en el rechazo al veto del aumento en discapacidad, el caso jugó un papel fundamental: era difícil acompañar al presidente en esta cruzada después de ver como su hermana se robaba la plata de un sector vulnerable que estaba sufriendo el ajuste. La clase política le empezó a soltar la mano. Pero además, el hecho de corrupción le pone un límite moral a la cruzada libertaria: ya no puede haber más ajuste ni motosierra. El triunfo de los discapacitados y sus familias no puede leerse sólo como producto de la lucha. Hubo algo de la crisis política que funcionó como elemento de posibilidad para el rechazo al veto. La elección de ayer, ¿terminó de confirmar la crisis política? 

IV

 Cristian, doctor en historia, asesor en temas económicos de sindicatos y docente en profesorados de la Provincia de Buenos Aires, entiende que las malas decisiones políticas aceleraron los tiempos que eran esperables en temas económicos. Lo que uno esperaba a mediano plazo, sucede en el corto. Siempre es bueno repetirlo, la economía es política. Y en el caso argentino más aún. De hecho, a Milei se le quemaron los papeles y escondió sus dogmas. La suerte de su programa económico se la dejó a una elección de medio término desdoblada. Había sido que no todo marchaba acorde a plan. El gobierno libertario transita los intentos de una estabilización inestable donde todavía la inflación no es un problema del pasado, se sostiene el superávit fiscal a costa de no gastar en nada, los dólares escasean y son pocos los sectores que pueden acceder a algunos consumos de bienes importados. Por ello, es necesario dejar de comparar a este proceso con el menemismo. Menem partió de un amplio consenso político para poder votar leyes que posibilitaron las futuras reformas económicas. La ley de convertibilidad fue aceptada por la política y las diferentes fracciones de la burguesía que operaban en el país cerraron filas y nació la comunidad de negocios. Con los primeros años de la convertibilidad, la economía argentina se capitaliza a base de privatizaciones e inversiones extranjeras directas. Las clases medias accedieron al crédito y al consumo, no había inflación, ni déficit fiscal y comercial. Es decir, la estabilización macroeconómica se combinó con la principal fuente de consenso social que tuvieron los gobiernos históricamente para construir hegemonía: consumir. Luego de los resultados de ayer, Milei habló y prometió más ajuste para sostener el esquema. ¿Habrá devaluación antes de las elecciones nacionales de octubre? ¿Cuántas devaluaciones más puede aguantar esta sociedad que ya soportó un año y medio de ajuste? Leandro Bartolotta e Ignacio Gago vienen insistiendo hace rato en que una sociedad cansada y ajustada no le regala gobernabilidad y representatividad a nadie. Mientras no se resuelva lo económico va a estar dificil gobernar.

V

 En definitiva, la elección de la Provincia de Buenos Aires terminó siendo la forma en que se dirimió el malestar económico y social. La piña electoral a Milei puede leerse como una nueva muestra de un acto defensivo de una mayoría contra algo que se eligió para repudiar a lo viejo que fracasó, pero que no funcionó. Si esto es así, el pueblo estaría acumulando una nueva experiencia de frustración. Quizás el peronismo logra aglutinar esa defensiva, pero no convoca, no enamora ni propone una alternativa. En ese marco, la izquierda no logra capitalizar el descontento. A simple vista no hay programa alternativo. No hay ideas y las nuevas referencias no surgen. Corremos peligro si la política se vuelve a comer todo como en el 2017, cuando el peronismo dijo “hay 2019”. Sin nuevas referencias políticas genuinas que salgan desde abajo ni un programa alternativo, corremos el riesgo de volver a sumarnos a la repetición de viejas recetas que nos llevaron a un Milei presidente. 

VI

 Una última idea. Es evidente que hay un piso desde donde podemos resistir, discutir y proyectar. Hay núcleos del buen sentido común que nos pueden ayudar a pensar en futuros mejores. Pero para ello hay que quitarse el lastre de las formas de hacer política desde arriba. Hay que romper la lógica del posibilismo, animarse a transgredir con la palabra y contagiar a otros. Diego Sztulwark escribió en su último libro, El temblor de las ideas, que “la indignación sin lucidez combativa se torna complacencia”. Con Sergio venimos insistiendo en la idea de romper con el malestar politizando todo los espacios que podamos porque no alcanza con la indignación. Y la forma que encontramos es provocando. Aprovechemos este envión para que seamos una mayoría quienes empecemos a provocar y romper con esa complacencia. 

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Por César Saravia y Laura Salomé | Foto: Camila Parodi (archivo Marcha)

El próximo 17 de agosto se llevarán a cabo las elecciones generales en Bolivia, en las que además de renovar el poder legislativo, el país elegirá al próximo presidente que sustituirá a Luis Arce Catacora, quien llegó al poder luego de derrotar el Golpe de Estado en 2019 y que enfrenta desde hace dos años una crisis económica y un profundo desgaste en su gobierno que impacta a todo el movimiento popular indígena campesino y progresista que llegará a esta jornada dividido y con una fuerte interna. 

Durante años, el modelo económico boliviano fue una bandera para los progresismos de que se podía generar un crecimiento económico acompañado de una distribución de la riqueza. Los números en este sentido fueron contundentes. Desde la llegada del MAS, con Evo Morales Ayma en la presidencia, y Luis Arce como ministro de Economía, la pobreza experimentó una caída de 26 puntos, pasando de 60.5% en 2005, a 34% en 2018 y la economía creció a tasas promedio del 5%, lo que ubicó durante varios años al Estado Plurinacional de Bolivia como el país de mayor crecimiento en la región, solo superado por Panamá. 

Sin embargo, y tras haber atravesado un golpe de Estado de corte fascista, hoy el escenario dista mucho de estos números. La economía boliviana se encuentra con problemas de abastecimiento de combustibles, falta de divisas y una inflación anual que al cierre de 2025 podría rondar entre el 8% y el 15%, según datos oficiales y de organismos internacionales, algo atípico para lo que la población venía acostumbrada y que impacta en los sectores más vulnerables. La situación económica podría enmarcarse en un agotamiento del modelo exportador primario, en particular sustentado en el gas y petróleo, en parte por la reducción de la disponibilidad de reservas pero también por una caída en la demanda externa. 

En este escenario, la imagen del gobierno de Luis Arce alcanza mínimos históricos, con un rechazo a su gestión que supera el 80%. Es a partir de este desgaste y debilidad política, que las tensiones al interior del Movimiento al Socialismo terminaron por colapsar. Lo que parecía una disputa entre liderazgos, terminó desencadenando en una ruptura entre el sector más afín a Evo Morales y otros dos bloques: quienes se mantienen fieles al actual presidente Arce, representado en la candidatura de Eduardo Castillo, y quienes apoyan a Andrónico Rodríguez, otrora considerado el sucesor de Evo, pero ahora señalado de funcional al proyecto de Arce y la derecha, por parte del evismo. 

De esta ruptura y punto de no retorno se beneficia la derecha. Pero a diferencia de otros países como Brasil o Argentina en que la crisis de representatividad y la pérdida de capital político del progresismo dio pie al surgimiento de “outsiders” de la política clásica, en Bolivia es la derecha más tradicional la que se frota las manos por una oportunidad de volver a la dirección política del país, algo que hasta hace no mucho parecía imposible. 

En este sentido, y salvo sorpresas de última hora, la próxima presidencia boliviana sería ocupada por dos posibles candidatos. Uno es Samuel Doria Medina, empresario y ex Ministro de Planeamiento y Coordinación durante el gobierno de Jaime Paz. Medina lleva al frente de su campaña la política de seguridad, a lo Bukele, y un modelo económico típico neoliberal basado en la austeridad. El otro es Jorge “Tuto” Quiroga, quien fue presidente en 2001, al asumir luego de la renuncia de Hugo Banzer (a causa de una enfermedad). Quiroga, además, fue funcionario de organismos como el FMI y el Banco Mundial, algo que da indicios de cuál sería su política económica. La mayoría de las encuestas dan un empate técnico entre ambos candidatos y anticipan un inevitable escenario de segunda vuelta. 

Mucho más atrás aparece Rodrigo Paz Pereira, seguido por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de izquierda. Este último no lograría atraer los votos del evismo, luego de que el propio Evo Morales hiciera un llamado a su militancia para votar nulo, como forma de rechazo al proceso y a lo que señalan como una proscripción de su candidatura. 

De Evo a Andrónico: Entre la proscripción y el recambio que no fue

Probablemente uno de los aspectos que más agudizó la ruptura al interior del MAS es la posibilidad o no de que Evo se presente como candidato. Desde el evismo acusan a Arce de haberse aliado con la derecha para bloquear la que consideran una candidatura legítima, sobre todo si tomamos en cuenta que fue precisamente al propio Morales a quien en 2019 le dieron Golpe de Estado, interrumpiendo así un mandato constitucional. 

La disputa e intervención de la justicia no solo se limita a la candidatura presidencial. En noviembre del año pasado, un fallo de la Sala Constitucional IV determinó la legalidad del congreso paralelo realizado por el bloque afín a Arce, en que se determinó a Grover García como jefe del MAS – IPSP, desplazando así al sector de Evo Morales. 

En este escenario de crisis, la figura de Andrónico Rodríguez (36 años), actual presidente del Senado, emergió como una alternativa para reunificar a la izquierda. Rodríguez ensayó una suerte de “tercera vía” o de “avenida del medio” en una contienda electoral en la que ni Arce ni Morales participarían. En los primeros días de su candidatura, Andrónico se mostró crítico al actual presidente pero buscó también diferenciarse de Evo, quien rápidamente rechazó esta candidatura al considerar que el joven político estaba cumpliendo un rol de intermediario del imperialismo para consolidar el desplazamiento de la escena política del movimiento popular e indígena. 

Esta falta de apoyo y consenso, desinfló la figura de Rodríguez, que pasó de pelear un tercer puesto en las encuestas, a ser en la actualidad superado por el voto nulo. Dentro de su estrategia electoral, Andrónico se presenta como la única posibilidad para la izquierda de frenar la llegada de la derecha al poder. 

Las que no callan: jóvenes y combativas por el voto nulo

Andrea Morales y Kiara San Pablo son conductoras del programa “Matecito de coca” que se emite por la mítica radio Kawsachun Coca. Perseguidas por su labor en la comunicación y obligadas a exiliarse en Argentina durante el golpe de Estado y la dictadura en 2019/2020, afirmaron que “las elecciones del 17 de agosto han sido abiertamente manipuladas por el gobierno a través del poder judicial y de vocales del Tribunal Electoral; actores sobre los que pesan muchas acusaciones”. En su último programa, repasaron la falta de propuestas por parte de los candidatos que pretenden llegar a la presidencia y se refirieron al complejo panorama: “El voto nulo es un voto que no va ni a Tuto Quiroga, ni a Samuel Doria Medina ni a Andrónico Rodríguez, quienes ya vendieron el país. Es un voto de resistencia y de revocatoria al gobierno que viene y que no tiene que durar más de dos años”. Y agregaron que es “la única alternativa que queda; una protesta silenciosa y una advertencia de que fiscalizaremos los pasos de quien sea que asuma el próximo 8 de noviembre”.

Dimelza Rodríguez es comunicadora popular de Cochabamba y enfrenta acusaciones por resistencia a la autoridad e instigación a delinquir por protestar en un bloqueo para que Evo Morales sea habilitado para presentarse a las elecciones. Para ella, “ninguno de los candidatos es progresista ni representa a la izquierda”; una afirmación que incluye al presidente del Senado y ex dirigente cocalero Andrónico Rodríguez de quien afirmó “ha traicionado el legado y los principios del movimiento indígena porque pactó con la derecha”. Esta reflexión se transformará en acción y también ejercerá el próximo domingo su “voto nulo”; además se adelantó a un posible resultado y expresó que “si alguno de estos candidatos ganara en las elecciones, el movimiento indígena campesino no tendría representación en Bolivia”.

Andrea, Kiara y Dimelza son parte de una juventud que reivindica la ancestralidad, pero sobre todo el legado de poder indígena campesino construido en los años de gobierno de Evo Morales al frente del Estado Plurinacional. Llevan la experiencia de la politización de los sectores populares y cargan en sus subjetividades el exilio y la represión del acontecer territorial en los últimos años. Por eso, son convencidas de que solo durante el periodo de este gobierno pudieron, ellas y sus familias, asistir a la distribución de las riquezas, la planificación a través de políticas públicas de largo plazo del ascenso social y, una cuestión no menor, a la despatriarcalización cultural en un país donde el femicidio y el abuso sexual siguen siendo numerosas agresiones cotidianas. Así como una pancarta que en ocasión del 8 de marzo de 2020 se leía en El Alto: “ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Una defensa de las mujeres de pollera y una reivindicación a las feministas combativas; a las que no callan en democracia, dictadura ni elecciones. Son las que nunca callarán.

¿Cuál será el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia? 

Frente a este escenario en que la vuelta de la derecha al poder por la vía de los votos parece algo irremediable, se abren varias preguntas sobre el futuro del movimiento popular e indígena en Bolivia. 

Una es si el llamado a voto nulo tendrá suficiente potencia y si ese rechazo electoral puede en el corto plazo trasladarse a otros formatos de lucha. La resistencia al Golpe en Bolivia ya demostró la capacidad movilizadora del pueblo, pero el contexto de crisis económica no deja de ser un golpe para su base social. Una tesis para quienes promueven el voto nulo es que un gobierno que llegue con poca legitimidad y participación, tendrá menos consensos para avanzar sobre reformas de ajuste más profundas. Esto es algo que en principio hace sentido pero quedará por ver si el desencanto político-electoral se traduce en movilización, o más bien se expresa en pasividad, como hemos visto en otros países. 

Otra pregunta que se abre es sobre el futuro del MAS, tras casi 20 años de protagonismo, y en especial cuál será el futuro de Evo Morales, que al igual que otros líderes progresistas, como Rafael Correa, no pudo trasladar su proyecto político a un sucesor y terminó enfrentado (incluso traicionado) por este. Y es que este es uno de los grandes problemas que casi todos los gobiernos progresistas de inicios del siglo XX enfrentaron: la dificultad de generar una mayoría que exceda a su figura sin poner en riesgo el horizonte político. Quedará pendiente descubrir si en el caso de Morales la alternativa irá por intentar sostener protagonismo o comenzar a construir una transición. 

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Por Carla Perelló desde Rio de Janeiro

Algo en el mundo se rompió y las evidencias están al alcance de la mano: la multiplicidad de guerras y el genocidio en la Franja de Gaza transmitido en vivo y en directo, la mano dura de Donald Trump para establecer a Estados Unidos como el hegemón, el desaire a las normas y a los organismos internacionales por parte de los regímenes de la extrema derecha, son algunos ejemplos de ello. En ese escenario, el bloque de los BRICS -conformado por 11 países miembros permanentes y nueve socios- se ponen al frente de la puja para que sea el Sur Global el que coloque la guía para el reordenamiento internacional con cooperación y multilateralismo como ejes clave. Esas propuestas fueron las que se afianzaron en la declaración final de la XVII Cumbre de los BRICS, realizada en Rio de Janeiro, entre el 6 y 7 de julio, bajo el lema Fortaleciendo la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sustentable.

Qué son los BRICS

Comenzó a organizarse en 2006, con reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y, en 2009, se consolidó con el primer encuentro de jefes de Estado: Brasil, India, China y Sudáfrica, son los socios fundadores de esta alianza que el año pasado decidió comenzar a implementar un mecanismo de ampliación en el que se hayan miembros plenos y socios. Por ello, fue la primera vez en la que se reunieron bajo esa modalidad con representación de 21 delegaciones de todo el mundo. En el primer grupo, se encuentran, además de los mencionados, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. En el segundo, Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán.

Todos ellos, a lo largo de todo lo que va de 2025 llevaron adelante más de 100 encuentros en distintos niveles sobre seis ejes: cooperación en salud global; comercio, inversión y finanzas; cambio climático; gobernanza de la inteligencia artificial; arquitectura multilateral de paz y seguridad, para avanzar en las negociaciones de las declaraciones finales, que finalmente se dieron a conocer en estos días.

Las claves del bloque BRICS se sientan en las antípodas de lo planteado por Trump -que castiga y extorsiona económicamente y obliga a los países a negociar de forma bilateral o que se saltea al Consejo de Seguridad para atacar a Irán-, que busca reinstalar un orden unipolar a nivel mundial en donde quien mueva los hilos sólo sea Estados Unidos. También, viene a hacer de contrapeso a los grupos conocidos como del G20 y del G7, en donde se encuentran los países más desarrollados.

Los BRICS en números 

Los números del conjunto de países miembros del bloque es uno de los puntos clave de su potencialidad: 

• Representan el 26% de los intercambios comerciales a nivel internacional
• Según datos del FMI, se consolidan como los más relevantes de la economía mundial dejando atrás al G7
• En 2024, juntaron el 39% del PBI mundial
• Reúnen al 49% de la población mundial
• Contienen el 72% de las reservas mundiales de tierras raras 
• Casi el 44% de la producción de petróleo
• El 36% de gas natural

El Sur Global: herederos del tercer mundo y del movimiento de no alineados

“La idea del Sur Global no es necesariamente una idea geográfica, sino que es una categoría política para reivindicar demandas por justicia redistributiva, la redistribución de los recursos que todavía hoy están concentrados en las grandes potencias. Veo la idea de sur global, como heredera de la idea del tercer mundo, del movimiento de los no alineados”, explicó ante Marcha Noticias la coordinadora general del BRICS Policy Center, Marta Fernández.

De todas maneras, entiende que dentro de esa grupalidad no todos los países son iguales: “Existe el sur dentro del norte, con población migrante y vulnerabilizada; y el norte dentro del sur, que son las élites transnacionales, del agronegocio, el sur y el norte están difusos. No son categorías que uno puede identificar fácilmente en términos geográficos”, sostuvo y aclaró que existen “jerarquías de poder”, pero que la intención es trabajar en pie de igualdad. El ejemplo, lo puso con su propio país y las relación que Brasil tiene con China: en donde el país sudamericano se configura como un país exportador de commodities, de bajo valor agregado, lo que recae en la “reproducción de dinámicas coloniales”. En esa línea, advirtió la necesidad de llamar la atención para esas relaciones de poder al interior del grupo.

“El BRICS está insistiendo en el multilateralismo, el propio Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil) habló mucho sobre ese tema: estamos en los brics, pero después hay que llevarlo para la ONU, los BRICS no sustituyen a la ONU, el G20 tampoco, aunque haya muchas fallas estructurales y desigualdad, la idea es intentar transformarlas”.

Encuentros y definiciones previas a la Cumbre 

Antes del 6 y 7 de julio, los días de reunión de los jefes de Estado, fueron varios los encuentros que se llevaron adelante, además de la reunión de Sherpas, que son las y los representantes de los diferentes países que se encargan de la negociación de las diferentes declaraciones. 

• El Foro Empresarial 
• La Sesión Especial del Consejo Popular 
• El encuentro de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales con el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), liderado por la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff
• El Foro Femenino Empresarial

Todos esos espacios también tuvieron como resultado sus propios documentos que llevaron ante los jefes de Estado y las 21 delegaciones diplomáticas negociadas y aprobadas por consenso en todos los ámbitos.

Allí, fue el Consejo Popular uno de los que dio la nota por ser la primera vez que organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos populares de los distintos estados, incluso, de algunos que no conforman el bloque, como Colombia -recientemente incorporado al NDB-  y Venezuela. En su documento de casi cien páginas, trabajaron siete ejes: salud, educación, ecología y crisis ambiental, cultura y arte para la integración, finanzas, seguridad e inteligencia artificial y economía digital, que cerraron entre el viernes y el sábado para presentar ante las diferentes negociaciones.

En tanto, la premisa sobre la que trabajaron es que ante la crisis de sistema, el intento por afianzarse de las extremas derechas y los fascismos, la multipolaridad es la respuesta, así como la articulación más allá de los gobiernos. “Los BRICS son considerados una amenaza por los poderes de Occidente porque no hay intención de hablar de igual a igual”, dijo la representante del Consejo Civil por Rusia, Victoria Panova, durante su intervención en las jornadas del Consejo Popular.

Más allá de los ejes trabajados allí, la fuerza estuvo puesta en una fuerte crítica al Gobierno de Lula por el veto a Venezuela para su ingreso al bloque y en la insistencia para la desdolarización del comercio mundial. La propuesta de ellos, se basa en la creación de una moneda común, lo que a los ojos del coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST), Joao Pedro Stédile, tendría un fuerte impacto en las comunidades de los Estados. En este punto, plantean: ampliar el uso de monedas nacionales, desarrollar un sistema de pagos usando el sistema de blockchain y contratos inteligentes y fortalecer la cooperación en monedas digitales, además de la integración financiera. En este punto, el NDB tendría un protagonismo excepcional porque la idea es que desde allí también se colabore para reducir la dependencia de las instituciones de créditos Occidentales como el FMI y el Banco Mundial, de la mano con mecanismos de inversión sustentable.

En esa línea, se manifestaron los presidentes de los Bancos Centrales y ministros de Finanzas en tres declaraciones que hicieron previas a la Cumbre. Sus ejes fueron: impulso a la cooperación tributaria internacional y la apuesta para una reforma del Fondo Monetario Internacional. El punto está puesto en la consolidación de la soberanía económica de los países, que tengan margen de maniobra de acuerdo a sus contextos, necesidades y prioridades, en el marco de un sistema tributario más transparente, simple, eficiente y balanceado. En el segundo caso, una mayor representatividad en el FMI aparece como clave para reconstruir la legitimidad internacional de las instituciones monetarias.

La declaración final: sin Xi Jinping y sin Putin, ¿la Cumbre está vacía? 

La Cumbre comenzó y se llevó a cabo sin la presencialidad de los representantes de dos de las mayores potencias y líderes: el presidente de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin. En el primer caso, la diplomacia china acusó dificultades en la agenda; mientras que las limitaciones de Putin se encontraron en los pedidos de detención del mandatario por estar acusado de crímenes de guerra en Ucrania por parte del Tribunal Penal Internacional, del que Brasil es parte, por lo que debería ejecutar esa detención en caso de que pisase el suelo carioca. Aún así, estuvieron de manera virtual. Otros de los ausentes fueron los mandatarios de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi; y de Irán, Masoud Pezeshkian.

Más allá de las ausencias, los distintos mecanismos, negociaciones y articulaciones académicas, civiles, de movimientos, más allá de los diplomáticos, rodaron en el suelo de Rio de Janeiro durante toda la semana de la mano de segundas y terceras líneas, que lograron elaborar una extensa declaración final para la jornada de este domingo con 38 páginas y 126 puntos, en donde, desde la trastienda brasileña festejaron por haber conseguido apoyo en aspectos que consideran clave siempre con el ojo puesto también en la 30ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), en donde la sustentabilidad rigió como premisa. Ese encuentro también estará al mando de Brasil, en noviembre.

• La declaración sobre Finanzas Climáticas y la articulación del bloque para la eliminación de Enfermedades Socialmente Determinadas. 
• La reforma de la gobernanza global y la articulación para la ampliación de la voz de los países del Sur Global, en donde se destacan: 

• el apoyo de China y Rusia para el mayor protagonismo de Brasil e India en el Consejo de Seguridad de la ONU, 
• el mensaje al sistema multilateral de comercio al condenar la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, y las medidas discriminatorias con el pretexto de preocupaciones ambientales.
• En el área financiera, reiteramos la necesidad de aumentar las cuotas de los países emergentes y en desarrollo en el FMI y aumentar la participación accionaria del Banco Mundial.
• De cara a la COP30: Brasil, que ostenta la presidencia de la COP, obtuvo el apoyo para el reconocimiento del Fondo de Floresta Tropical para Siempre como un mecanismo innovador para promover la conservación de la floresta tropical. 

Al margen, quedaron los fuertes posicionamientos que Lula trajo a la Cumbre en sus discursos sobre el genocidio en Palestina y el ataque unilateral de Estados Unidos a Irán, lo que deja en evidencia lo que sostuvo Fernández: hay norte en el sur y sur en el norte. Quedará en manos de la presidencia brasileña hacer el esfuerzo para establecer el equilibrio entre los poderes intra BRICS de cara al próximo encuentro y la próxima presidencia: India 2026. 

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Por Maru Waldhüter

Después de casi dos años el Congreso aprobó la ley para la Reforma Laboral ¿Por qué fue tan extenso el proceso y con tantos obstáculos?

El establishment político en el marco del trámite demostró la capacidad que tienen para romper los mismos pactos institucionales que se han construido, incluso por ellos mismos. En la discusión en la Cámara de Representantes se aprobó un articulado muy cercano a la propuesta de la Reforma Laboral del gobierno. Hubo un proceso de concertación muy importante, no solamente triestamentario como se plantea tradicionalmente por parte de la OIT, es decir, trabajadores, empresa y Estado, sino en general con diferentes actores nacionales e internacionales. Esta discusión de la concertación de la Cámara de Representantes fue completamente transgredida por la comisión séptima del Senado y  ocho congresistas de la oposición que decidieron romper con todo lo que se había avanzado en la Cámara. Esto generó una ola de indignación nacional porque se vió como esos ocho senadores pasaron por encima a la Cámara de Representantes, pero además al voto popular, que fue el mandato que dictó la necesidad de una Reforma Laboral. 

A partir de eso, el presidente convocó a un proceso de movilización social en el que planteó que si el Congreso de la República cerraba la discusión de forma subrepticia y a espaldas del pueblo, la decisión la iba a tomar el pueblo a través de una consulta popular. Esto es importante destacar porque determinó la organización de la discusión política en Colombia. Este llamado a una consulta popular generó un enorme nerviosismo en el establishment, un nerviosismo peligroso que, incluso sentimos, tuvo que ver con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay. Así comienza un proceso desde el presidente del senado Efraín Cepeda y los medios de comunicación que, se fungen hoy como la vanguardia política cada vez que los partidos políticos de la derecha se muestran ineptos e ineficientes para hacer su propia política, y empiezan con una narrativa de surgimiento de autoritarismo en Colombia, una democracia plebiscitaria que se reemplazan los mecanismos institucionales concebidos a partir del Congreso.

Es importante destacar la posición mayoritaria del pueblo colombiano que en los medios, en redes sociales y en las calles se expresó de manera masiva a favor de la Reforma Laboral. Solo a partir de la movilización social del poder popular, porque Petro es un estratega y un conductor, pero fue el pueblo colombiano y su movilización la que generó que se diera la Reforma Laboral y fuera aprobada finalmente en el Senado.

¿Qué modificaciones trae la Reforma al mundo del trabajo?

El pago de horas extras, recargos dominicales y festivos. Se proyecta que a partir de julio de este año la remuneración adicional sobre la hora ordinaria sea del 80%, en 2026 del 90% y llegar a julio de 2027 con el 100%. La regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto incluye además, la cobertura de pago de seguridad social integral a cargo de la empresa. Los contratos de aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se reconocerán como contratos laborales, porque existía el contrato pero no la perspectiva laboral y era una precarización importante en ese sentido y la juventud popular accede muchas veces más al SENA que a la educación superior. Se formalizará ell trabajo del campo, de periodistas, artistas y madres comunitarias. Y en materia de licencias, se contempla la ampliación del permiso de paternidad y la licencia para personas menstruantes, así como también un auxilio de conectividad para teletrabajo que cubra los costos de internet y electricidad. Estos son algunos de los puntos que se buscan mejorar a partir de la Reforma Laboral. 

Por estos días también nos enteramos que el proyecto de La ley integral Trans pasó con éxito el primer debate en la Cámara de Representantes ¿Como sigue y qué podemos esperar?

Hay que decir que en la relación de fuerzas del Congreso la Cámara de Representantes no solo es generacionalmente más joven sino que, tiende a haber una orientación un poco más progresista mientras que, en el Senado generacionalmente son más mayores y con una orientación más conservadora. Esta relación de fuerzas impactó en la discusión de este proyecto que tuvo un primer debate exitoso pero que sabemos que en el escenario del Senado así como lo fue también para otros debates progresistas en relación al orden social de nuestro país va a enfrentarse a un fuerte oposición conservadora.

La iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos para las personas trans, además, incorpora un enfoque étnico-racial y antirracista que reconoce la realidad de las personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, con identidades de género diversas. 

Se aproxima una intensa agenda electoral. De alguna forma lo fuiste contando pero ¿cómo caracterizas este periodo? 

Por fortuna diría que hoy la agenda política nacional la está poniendo el presidente Petro. Por otra parte, vemos con enorme preocupación el atentado que hubo contra el senador Miguel Uribe porque creemos que, si bien sería apresurado decir que fue un sector partidario definido, si es un sector de clase muy claro que es la burguesía asociada a la economía ilegal, al narcotráfico. Particularmente la junta del narcotráfico que es una federación internacional de capos desde donde se dio la orden, de acuerdo a las investigaciones que ha revelado el presidente Petro del atentado. Esto fue un poco un intento desesperado de un golpe en la mesa a costa de la propia vida de algunos de los voceros políticos conservadores, particularmente Miguel Uribe, y en ese sentido es una demostración de que tuvieron que acudir a las metodologías del atentado para poder revertir una situación en la que es el gobierno popular del presidente Petro es el que está planteando la agenda nacional. 

Apenas pasó el atentado se activó una operación mediática coordinada de una forma excelsa, hay que decirlo. El primer mensaje de un medio de comunicación fue de Infobae en sacar algo abiertamente falso al decir que la persona que atentó contra Miguel Uribe, supuestamente había gritado “Petro presidente”. Esto fue desmentido de manera inmediata por los mismos videos. Tal vez algún interés habría por parte del medio Infobae en propiciar esta desinformación ligado a los intereses que están detrás del atentado, hay una unidad de clase detrás de eso, pero es una muestra de la desesperación de una derecha que no logra unidad política, no logra unidad ni siquiera en torno a los mecanismos para definir sus propias candidaturas y ante lo cual, tanto Gustavo Petro como el Pacto Histórico, estamos adelantándonos en proponer la agenda nacional, sus mecanismos para desarrollarla y para tomar nuestras propias decisiones.

¿Parte de esa agenda está relacionada con la estrategia de unidad, de esta alianza de los sectores del progresismo y las izquierdas? ?¿Es un escenario novedoso este para Colombia?

Hay que decir que esta experiencia particular es novedosa porque no solamente se trató de la creación de una nueva personería jurídica, un registro electoral, sino de la fusión partidaria. Estamos hablando de que cada una de estas fuerzas que, previamente lograron su personería jurídica a través de luchas intensas, incluso de víctimas, desaparecidos, asesinatos, genocidios como el caso de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, hoy se disponen en términos de fusionarse. No significa que desaparece ni el Partido Comunista, ni la Unión Patriótica, ni el Polo Democrático, ni Colombia Humana, ni la Minga Social y Nacional, quiere decir que hubo un entendimiento y un criterio de responsabilidad histórica con el pueblo colombiano y con el proceso del cambio a un nivel que nos permitió, incluso a pesar de lo que nos han costados las personerías jurídicas y los derechos políticos que hemos recibido, disponerlos a la fusión en el Pacto Histórico. Pongo este contexto porque quiere decir que nos ha costado mucho a cada organización poder ejercer nuestros derechos políticos y que el hecho de que logremos la fusión implica también un mensaje no solamente de unidad, sino que es algo que reitero, hemos puesto sobre la mesa en la discusión la responsabilidad histórica, porque en medio de estas discusiones políticas siempre está el pueblo.

¿En esta línea entonces es que se propone la candidatura de María José Pizarro para las próximas elecciones presidenciales?

Hay mecanismos definidos por parte del Pacto Histórico a partir de escuchar el reclamo de las bases y la orientación del presidente Petro y es que las decisiones sobre las candidaturas y las listas se tomen a partir de un mecanismo de consulta abierta a la ciudadanía, ni siquiera internas entre los partidos. El objetivo es responder a ese llamado que trae un argumento fundamental y es que si queremos candidatas y candidatos representativos en causas de agenda y de prioridades populares requieren de la votación y que la democracia equilibre la discusión. En esos términos hay que decir que la posibilidad, y esto es a título personal, de que María José Pizarro sea candidata por supuesto que tiene que ver con su clarificación política, con su criterio, con su perspectiva pero también tiene que ver con el hecho de que ella representa a amplios sectores de la población colombiana, a agendas muy diversas de la población que reclaman hoy mismo ese tipo de liderazgos y ese tipo de candidaturas como la de María José. Ella ya mencionó públicamente su intención de continuar en la carrera presidencial y nosotros creemos creemos que ella representa buena parte de las prioridades populares. 

Hay otras candidaturas, está Carolina Corcho que viene del Movimiento Popular por el Derecho a la Salud; Gustavo Bolívar que fue senador de la República; Susana Muhamad que recoge luchas ambientales de diversas organizaciones a nivel nacional y la experiencia de gobierno con una gran gestión en tres niveles: con Bogotá Humana como secretaria de Ambiente, luego como ministra Nacional de Ambiente, e internacionalmente a través del esfuerzo que lideró para ejecutar la COP 16 en Cali y que se lograra que los objetivos de Colombia quedaran plasmados en la declaración. Estas son las cuatro candidaturas que se proyectan desde el Pacto Histórico y en el marco de estas definiciones hemos puesto sobre la mesa la decisión de que el 26 de octubre el Pacto Histórico va a ir a consulta abierta para definir sus candidaturas a la Cámara, el Senado y a la presidencia, sino que, estamos proponiendo el 8 de marzo ir a consulta con una candidatura única del Pacto Histórico hacia unas primarias del frente amplio. Desde el Pacto Histórico estamos haciendo propuestas que de algún modo están determinando de qué manera se da la discusión política en el campo progresista en Colombia.

Mencionaste el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ¿Les preocupa que se de una escalada de violencia en Colombia y el mundo?

Hay que identificar con mucha claridad la enorme coordinación que existe en la avanzada de la política de la muerte en el mundo. En ese sentido, el sionismo, el ente genocida de Israel, hace parte de la coordinación política de esas tácticas. En el caso de Colombia, la junta del narcotráfico opera en Dubai pero recoge a capos tanto de Europa como de las Américas y Asia y en estos términos hay que señalar que el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador y el atentado contra Miguel Uribe Turbay en Colombia están ligados, dado que esta junta de narco cuenta con un centro de operación muy importante en Colombia y Ecuador. Hoy en día la matriz que quieren desplegar, y esto lo advierto públicamente, porque es la hipótesis que se está manejando es que desde Ecuador se desarrolló el plan del atentado de Miguel Uribe Turbay. El establishment ecuatoriano quiere culpar a Jorge Glass y al correísmo del atentado contra Fernando Villavicencio. 

En estos términos, la estrategia de lawfare, la guerra jurídica que pasa por la guerra mediática, veo un recrudecimiento en el marco de este escenario y otro ejemplo claro es la proscripción y la condena a Cristina Fernández que, es precedida por un intento de asesinato. Hay que identificar de manera clara que este avance de la política de la muerte viene profundamente coordinado a partir del avance de la política de la muerte en Estados Unidos, y en la región de magreb, a partir del ente sionista de Israel. La desesperación y el nerviosismo de esas élites es peligroso ya que es una renuncia a la política institucional, a la deliberación democrática, y abraza con cada vez más fuerza estos escenarios de violencia política. 

Nosotros y nosotras desde Colombia vinimos a solidarizarnos no solo simbólicamente, sino en articulación estratégica con Argentina, con el movimiento popular argentino, con la dirigente Cristina Fernández de Kirchner ya que, una de las primeras personas que habló con ella después de la decisión, inaceptable, de su proscripción vitalicia, fue el presidente Gustavo Petro. Esto responde no solo a una filiación emocional e identitaria con la izquierda latinoamericana, con el progresismo y el campo popular, sino por supuesto, a la conciencia histórica respecto a esta coordinación desde la economía ilegal del narcotráfico y de la coordinación política de los sionistas con Estados Unidos. Nuestra presencia responde a esa conciencia, a esa voluntad de articularnos estratégicamente. Estados Unidos pierde la capacidad hegemónica sobre nuestra región, Israel pierde margen de maniobra cuando Colombia rompe relaciones y empieza un embargo de armas y al carbón ya que, Colombia es uno de sus principales exportadores de carbón y en estos términos hay que decir que empezamos a trastocar las fronteras de los intereses fácticos. Con nuestra posición de política interior y política exterior estamos golpeando los grandes intereses privados transnacionales de la política de la muerte y reemplazando ese orden con una perspectiva y una política de vida. Tal como el propio Marx lo identificó en el tercer tomo de El Capital, cuando decía que el capitalismo va a acabar con las propias fuentes que lo produce que es la vida. La contradicción política hoy más que entre capital y trabajo, es entre el capital y la vida.

Foto: Ximena Astudillo Delgado

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Por César Saravia Fotos/ Prensa Leónidas Iza y Luisa González

Las primeras elecciones del año serán en Ecuador, país en el que hace más de 7 años la derecha neoliberal gobierna luego de que Lenin Moreno, que llegó al poder con la bandera de la Revolución Ciudadana (Correísmo) diera un giro a su política y traicionara el programa electoral con el que llegó al poder. 

La elección presidencial tendrá una particularidad. Será el cierre del periodo que le correspondía a Guillermo Lasso, quien fue elegido presidente en 2021, luego de derrotar a Andrés Arauz, candidato del correísmo, en una elección donde además, el movimiento indígena, representado en el Pachakutik, estuvo cerca de llegar a la segunda vuelta.  

Durante 2023, Lasso, frente a la amenaza de un juicio político iniciado desde la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, optó por disolver el poder legislativo a través de una “muerte cruzada”. Esta acción, válida durante los primeros 3 años de mandato, fue cuestionada por la oposición pero vista también como un triunfo en las medida que aceleró un proceso electoral general, tanto presidencial como legislativo. 

Las elecciones se llevaron a cabo el 20 de agosto de ese mismo año, dando la presidencia a Daniel Noboa, luego de imponerse en segunda vuelta. En la contienda se enfrentó a Luisa González, candidata por el correísmo, quien a pesar de un leve favoritismo no pudo superar la barrera del anticorreismo. Esta fotografía podría repetirse en estas elecciones, pues la mayoría de encuestas dan a Noboa y González una difencia marcada respecto a otros contendientes. 

Los últimos años en Ecuador no han sido fáciles. Para Alejandra Santillana, de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias y del colectivo Yasunidos, el país vive una crisis multidimensional que se presenta también como colapso. Esta crisis puede ser entendida alrededor de 3 elementos que conforman un panorama que viene afectando a los sectores populares y mujeres, por su impacto en el terreno de la reproducción de la vida. Se trata de una crisis energética, de seguridad y económica que impacta en el sistema político en su conjunto. 

La crisis económica se caracteriza por una paulatina precarización de la clase trabajadora, una inflación provocada por el aumento del IVA (que pasó del 12 al 15% en 2024) y una pérdida relevante del empleo. Según el Instituto de Censos y Estadísticas, en Ecuador se perdieron 132 mil empleos entre 2023 y 2024. A lo anterior hay que sumar las alarmantes cifras que organizaciones como el Observatorio del Cambio Rural señalan sobre un probable aumento de la crisis agroalimentaria.

Más conocida y palpable en el exterior es la crisis de seguridad que vive el país producto de un avance del narcotráfico. Las imágenes de un canal de televisión siendo asaltado por grupos armados en enero de 2024, durante una transmisión en vivo, dieron la vuelta al mundo. Ese mismo año, Ecuador se posicionó como el país con la mayor tasa de homicidios en la región con una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, por encima de otros países históricamente más violentos como Guatemala, Honduras, Colombia, El Salvador o Venezuela. El auge del narcotráfico coincide con el inicio del ciclo neoliberal y la idea de reducir lo que se llamó un “Estado obeso” que facilitó su inserción en los territorios más empobrecidos. Durante la elección de 2023, el sistema político se vio golpeado tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. 

Finalmente, el tercer elemento que compone esta crisis es el energético. La falta de inversión en infraestructura, producto de una achicamiento del Estado en pro de pagar al FMI, ha llevado a un profundo deterioro del sistema de suministro energético que generó durante 2024 sistemáticos cortes de hasta 14 horas diarias. 

¿Qué esperar el domingo? 

Daniel Noboa llegó a la presidencia en parte como el candidato de un voto bronca y descontento. Su popularidad a inicios del mandato fue alta producto de una “bukelización” de su política de seguridad. O lo que es lo mismo, “un punitivismo demagógico” pero los cortes de energía y medidas antipopulares como el aumento del IVA golpearon en su imagen. Sin embargo, se mantiene fuerte, en particular entre los sectores económicos que al tratarse de un empresario del sector bananero ven en Noboa un aliado y en especial una fuerza de contención frente al correísmo. 

Del lado del correísmo, la carta fuerte en esta elección es nuevamente Luis González, abogada y ex integrante de la Asamblea Nacional. El movimiento de la Revolución Ciudadana, viene experimentando dificultades para recuperar la confianza en el electoral y mantiene un techo del 33% en primera vuelta. Para poder aspirar a ganar en una eventual segunda vuelta, Luisa deberá tener un mejor desempeño y lograr esos votos que faltan en la segunda. Un escenario muy similar al que vivió el Frente Amplio en Uruguay, donde al superar el porcentaje obtenido en la presidencial anterior, llegaron mejor posicionados a la segunda. Dato no menor. De imponerse en la contienda electoral, Luis se convertiría en la primera presidenta en la historia de Ecuador. Ya en octubre del año pasado la candidata se reunió con Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, en lo que podría interpretarse en una búsqueda de proyectarse como dos mujeres al frente del progresismo regional. 

La tercera candidatura relevante, sobre todo para el movimiento popular, es la de Leónidas Iza, referente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Iza es una de las figuras políticas más destacadas del país, sobre todo estando al frente de las luchas y movilizaciones contra el extractivismo y la reducción del Estado. En entrevista con Jacobin Latinoamérica, Leónidas señaló que parte de su propuesta de llegar al gobierno será recuperar la política social como instrumento para hacer retroceder al narco y el reconocimiento de la plurinacionalidad en Ecuador. Si bien las encuestas lo ponen por detrás de la contienda su partido Pachakutik, ha tenido históricamente buenos resultados en la Sierra. Por lo que en un contexto de atomización del voto de derecha, no se descarta alguna sorpresa. 

El resto de la lista la cierran otras 13 candidaturas, que corren desde el centro como hasta la ultraderecha. En este escenario, con una elección que es obligatoria, un descontento alto y un voto volátil, la mesa está servida para que no falten sorpresas. Algo que la voluntad de más de 13 millones de votantes terminará de definir. 

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Por Maru Waldhüter

Faltan tres días para los comicios y la moneda todavía gira en el aire. Con pronósticos muy reservados en materia estadística las consultoras no arriesgan ninguna tendencia para ninguno de los dos lados. Por el momento, se habla de un empate técnico con distancias muy estrechas entre la actual vicepresidenta y candidata por el partido demócrata, Kamala Harris, y el ultraderechista Donald Trump. La atención está puesta sobre siete estados oscilantes, conocidos como “swing states”, caracterizados así por alternar su voto entre ambos partidos en las últimas elecciones. A esto, se suma otro elemento de tensión que es el sistema electoral de Estados Unidos ya que, no es el voto popular directo el que define quién ingresará a la Casa Blanca, sino el Colegio Electoral. De hecho, se puede ganar la elección por mayoría en el voto popular y perderla si el candidato no alcanza los 270 votos en el Colegio Electoral compuesto por 583 representantes. En estos siete estados péndulo, la disputa es por el estado de Pensilvania que cuenta con la mayor cantidad de representantes en el Colegio Electoral. 

El historiador, investigador del CONICET y autor de “Nuestra América frente a la doctrina Monroe. 200 años de disputas”, Leandro Morgenfeld, conversó con Marcha para analizar el escenario político de Estados Unidos y cuál podría ser el impacto de los resultados electorales en América Latina.

Hace pocos días, aún con  estos números en las encuestas, arriesgaste que: “Kamala Harris gana finalmente Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Trump gana Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Arizona. Kamala termina ganando el Colegio Electoral 270 a 268. Trump denuncia fraude”. ¿Cuáles son las claves de esta “predicción”?

Hay siete estados que van a definir las elecciones, en el resto está prácticamente definido quién gana. En esos estados oscilantes, los “swing states”, estaban repartidos hace tres semanas mitad para cada uno y empatado Pensilvania. Todos los días hay encuestas distintas, pero los promedios dan una leve ventaja a Trump en estos siete estados. Así que, la mayor parte de la gente cree que lo más probable es que Trump sea el próximo presidente.

Yo afirmé eso en Twitter porque hay una luz de posibilidad, en función de lo que está pasando con el cambio en la votación de los hombres blancos y el cambio en la votación de las minorías. Trump podría ganar en los cuatro estados en disputa en el Cinturón del Sol (Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte), y en los tres estados oscilantes del Cinturón del Óxido (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) la diferencia es a favor de Trump pero con menos de 0,5%, hay un empate técnico que está dentro del margen de error de las encuestas. A Trump le está yendo mejor con las minorías, paradójica y aparentemente, y a Kamala le estaría yendo mejor con la votación de los blancos. Entonces hay una luz de posibilidad de que ocurra que en esos tres estados gane Kamala Harris, con lo cual, quedaría casi empatado el Colegio Electoral, pero con dos electores más para Harris. Es una posibilidad, por supuesto, el estado clave es Pensilvania, si Trump logra ganar Pensilvania que hoy está 0,5 puntos arriba se queda con el Colegio Electoral. 

A este claro bipartidismo y la polarización social se suma la crisis interna que se viene acumulando en Estados Unidos ¿Trump está leyendo esa polarización y decide profundizarla como estrategia frente a Kamala Harris que viene con una agenda más cerca de los derechos civiles?

Trump fue muy hábil hace 8 años en detectar ese descontento social y que ese descontento social no fuera contra el 1% la clase dominante que gobierna contra el otro 99%. Es decir, que no fuera en contra del sector de la clase capitalista más concentrada del cual él es parte. Entonces construyó la idea de que hay una élite, sobre todo en Washington y en las grandes ciudades, que representa al capital globalizado transnacional, financiero que apoya la agenda de la cultura progresista a la que había que atacar, al igual que a los inmigrantes sobre todo latinos, estigmatizándolos y señalándolos como los culpables de la inseguridad, de la pérdida de trabajo, y del proceso de transformación demográfica y social en Estados Unidos. Atacó aquello que Nancy Fraser denominó el neoliberalismo progresista que se expresó en 2016 en la candidatura de Hillary Clinton. Trump sigue utilizando esa estrategia de estigmatizar lo que ellos llaman la “agenda woke”, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, los derechos por los que lucha el feminismo, los derechos civiles, de las minorías, de afrodescendientes, de la población LGTBIQ+, de los pueblos originarios, de la lucha contra el cambio climático, de los derechos reproductivos. Recordemos que Trump designó tres jueces ulraconservadores que voltearon el fallo histórico de la Corte de 1973 que avalaba la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Eso que inauguró en 2016, y que fue un faro para las ultraderechas en todo el mundo, es lo que está replicando en esta elección, profundizar todas las grietas y tener una campaña muy agresiva. Incluso, está diciendo cosas que en otro momento hubieran sido intolerables en la política norteamericana, desde insultos a su contrincante política como lo que escuchamos el domingo en el acto en el Madison Square Garden donde hubo también, expresiones violentamente xenófobas y racistas contra los puertorriqueños. Trump no apunta a ganar el apoyo de la mayor parte de la sociedad, porque no lo tiene. En 2016 votó menos de 60% del padrón y ganó apenas,con el 27% de esos votos, es decir, de los votantes posibles totales. El voto no es obligatorio en Estados Unidos así que, hay que leer qué opinan los que van a votar. Claramente  esta campaña violenta ya la vimos en 2020, él nunca reconoció que perdió esas elecciones, y la vimos en 2016 contra Hillary Clinton, la está replicando, actualizando y profundizando todavía más. 

¿Cómo podría impactar el resultado de estas elecciones en América Latina y, particularmente en Argentina, donde el gobierno espera un triunfo de Trump y lleva una política exterior de total subordinación a Estados Unidos?

Estas elecciones tendrán repercusión en todo el mundo y particularmente en América Latina porque desde 1823 Estados Unidos estableció en la Doctrina Monroe que todo el continente americano sería su área exclusiva de influencia. Son prácticamente doscientos años de lineamientos políticos con una posición dominante hacia América Latina y el Caribe. Obviamente, esto fue cambiando en la historia y tiene matices entre gobiernos demócratas y republicanos en las últimas décadas, pero hay un elemento de continuidad y es que Estados Unidos no va a tolerar que otros poder extra hemisféricos desafíen su hegemonía en la región. El problema es que Estados Unidos está en un momento de declive hegemónico relativo a nivel global, sobre todo, con clarísimos indicadores económicos. China y otros actores de Asía Pacífico están emergiendo como polos alternativos y hay una fractura en la clase dominante norteamericana desde 2016 con la llegada de Trump, entre una estrategia más globalista que expresan los demócratas y una estrategia más “americanista” de Trump. 

En los últimos años creció la presencia de China en la región y Estados Unidos en su última estrategia de seguridad nacional definió a China y a Rusia como rivales estratégicos en América Latina y el Caribe. Eso hace que, por ejemplo, que la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en los últimos dos años haya visitado muchos países de la región diciendo explícitamente que nuestros recursos estratégicos tiene que cuidarlos Estados Unidos y presionando al gobierno de cada país para que no avancen en profundizar vínculos comerciales, traer inversiones o, financiarse sobre todo con capitales chinos, e incluso con Rusia y con el grupo BRICS en general. 

Obviamente, si la presidenta es Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta, habrá elementos de continuidad y va a haber algunos aspectos hacia la política interamericana que van a ser distintos si gana Trump. Hay elementos muy fuertes de continuidad en la política interamericana de Estados Unidos, haya administraciones demócratas o republicanas, pero eso no quiere decir que sean iguales y que tengan las mismas tácticas para conseguir los objetivos. 

En los últimos años la política interamericana de Estados Unidos con administraciones demócratas, sobre todo en el período de Obama, tuvo que ver con lo que se llamaba “smart power”, un poder inteligente y presentarse como un gobierno que promueve a través de instancias multilaterales como la OEA o la Cumbre de las Américas, la democracia, los derechos humanos, la libertad, etc. En el caso del gobierno de Trump apeló a una política que denosta a los organismos multilaterales y prevaleció una negociación bilateral con cada país de la región. Estados Unidos tuvo una política de militarización de su política exterior hacia la región, cedió el Departamento de Estado al Pentágono, a las Fuerzas Armadas, a los organismos de inteligencia, el Comando Sur, la direccionalidad de la política hacia la región y volvió a ser muy duro con gobiernos no alineados, en particular con Cuba mientras que Obama había iniciado un período de distensión y normalización de las relaciones. Por supuesto, también con Venezuela y recordemos que se barajó en el 2019 la posibilidad de una intervención armada que fue resistida por otros países de América Latina. 

Trump promete incrementar la guerra comercial que empezó contra China y otros países en 2018, y esto tiene que ver con una política proteccionista que afectó las exportaciones argentinas de biodiesel, agrícolas y de limón, por ejemplo. Una política más proteccionista de Trump sería un problema para Argentina. 

¿Y en términos más políticos e ideológicos y lo que esperan las ultraderechas de la región? 

Un triunfo de Trump empoderaría a las ultraderechas en la región, en particular pienso en Bukele en El Salvador y Milei en Argentina que dieron varias muestras y se reunieron con Trump siendo opositor este año en Estado Unidos y apuestan a que un triunfo de Trump les de aire político y los saque del relativo aislamiento que tienen. En cambio, un triunfo de Kamala Harris, dejaría muy aislados a estos gobiernos de ultraderecha y estas políticas que plantean que lo que hay que hacer es una guerra cultural contra cualquier cosa que no sea el neoliberalismo extremo y lo señalan como socialista o comunista. 

Por otra parte, hay profundisimas grietas en Estados Unidos y este año es bastante posible que tengamos una elección donde no se acepten los resultados, quizás similar a lo que sucedió en 2020. Pero gane quien gane, va a haber fracturas políticas, culturales, sociales y económicas, al interior de Estados Unidos y hacia afuera. Hay mucha expectativa y mucha incertidumbre con lo que pueda pasar en Europa y, sobre todo, en América Latina y el Caribe.

Durante este año se extendieron los acampes en diferentes universidades de Estados Unidos para repudiar el respaldo a Israel y el genocidio que comete en Gaza ¿Qué peso pueden tener estas críticas a la posición demócrata y el apoyo a Israel?

Todo el año hubo protestas en distintas ciudades, sobre todo jóvenes en los campus universitarios por el apoyo de Estados Unidos a Israel, al gobierno de Netanyahu.  Concretamente, fue un financiamiento de 17 mil millones de dólares para la ofensiva de destrucción de Gaza, de avance sobre Cisjordania y ahora sobre otros países. Esto genera muchas resistencias al interior del Partido Demócrata ya que, sigue sosteniendo públicamente que defiende la solución de los dos Estados pero que, en los hechos, está asistiendo financiera y políticamente la decisión del gobierno de Israel que está cometiendo un genocidio en Palestina. Trump, por otra parte, es aliado y amigo personal de Netanyahu. Hay muchos sectores demócratas que detestan a Trump, de la izquierda que han votado a demócratas para que no gane Trump y ahora no están dispuestos a votar a una candidata, que es actual vicepresidenta, y que no tuvo una actitud de condena del genocidio que se está perpetrando en Gaza. Muchos dicen que puede perder algunos votos estratégicos que, en contexto de una elección tan apretada, podría hacerle perder la elección al partido demócrata.

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