De ese momento quedan algunas escenas imborrables. Como la de ese grupo

de estudiantes que saca de una sucursal bancaria fajos y fajos de billetes

para quemarlos en la vereda, sin guardarse uno solo en sus bolsillos.

O esos otros que buscan y queman pagarés y listados de morosos

para que nadie deba nada”.

En Agustin Tosco, el nombre del Cordobazo

Por Pablo Nolasco Flores

Hasta hace muy pocos años, cuando los grandes hechos históricos se convirtieron en efemérides, los 29 de mayo se recordaba la gesta histórica del Cordobazo. Una enorme cantidad de flyers circulaban celebrando la unidad obrero-estudiantil que dejó en tiempo de descuento a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Partidos, movimientos sociales y sindicatos -de izquierda, de centro y progresistas- celebraban la enorme voluntad de un pueblo que se animó a enfrentar en las calles a uno de los gobiernos, hasta ese momento, más violentos de la historia. Lo mismo ocurrió con el 19 y 20 de diciembre de 2001: circulaban fotos y videos de cientos de personas -con sus rostros tapados- arrojando piedras, armando barricadas y enfrentando a la policía.

 En una nota publicada el año pasado en revista Crisis (“De violencias e infiltrados”), Pablo Solana escribió:

“La sostenida violencia popular que protagonizaron las columnas sindicales y los estudiantes durante el Cordobazo, en 1969, puso en retirada nada menos que a una dictadura militar; durante diciembre de 2001, el desafío a la represión a fuerza de barricadas en los alrededores de la Plaza de Mayo provocó la huida en helicóptero de un presidente ajustador, inepto y represor, y abrió las posibilidades de un ciclo político más atento a los intereses del pueblo de ahí en más”.

 En los pasajes más significativos de la lucha de clases, la violencia popular tuvo un lugar central; pero, con el tiempo, se la fue corriendo del centro de la escena, mientras las grandes gestas comenzaban a reducirse a efemérides de redes sociales.

 Mientras circulaban estas efemérides bajo la forma de flyers, la movilización popular tenía otro color. La ocupación del espacio público no era concebida bajo la idea de conflicto y confrontación contra el orden y, en la mayoría de los casos, era pensada en tono festivo. Era una normalidad “ir a pasear” a concentraciones y marchas. Eran tiempos donde el conflicto estaba controlado desde arriba.

 Los tiempos habían cambiado. Miles de jóvenes -y algunos no tanto- aprendieron a movilizarse de esa manera. El problema es que, mientras la forma de ocupar el espacio público se daba de esa manera y, a la vez, se recordaban efemérides en forma de flyer (donde la violencia popular tenía un protagonismo central), se iba produciendo una desubjetivación de toda esa masa de personas que se iban politizando.

 Desde que gobierna Javier Milei y se aplica el protocolo antipiquetes creado por Patricia Bullrich, prácticamente todas las movilizaciones y concentraciones que no tienen un grado de masividad han sido reprimidas. Aún queda latente la violencia por parte del aparato represivo en la marcha de hinchas convocada el 12 de marzo de 2025, donde la Gendarmería le voló la cabeza a Pablo Grillo, quien por estos días continúa con su recuperación.

 No tiene sentido seguir lamentándose o indignarse por la represión del gobierno de Javier Milei. Dijeron que lo iban a hacer. Primero, que nos iban a ajustar; y luego, a reprimir si no nos dejábamos ajustar. Es preciso aceptar la realidad tal cual es. No esperemos menos. El ajuste va a seguir; las reformas y la represión -si es que elegimos salir a luchar- también.

 El problema está cuando, ante la cruel represión, vuela una piedra de alguien con la cara tapada o una molotov, y desde este lado se grita: “¡Infiltrados!”. Si la posición es esa, nos colocamos en el lugar de víctima y no estaría presente la posibilidad de defendernos. Es aquí donde se refleja esa desubjetivación como sujetos movilizados. Salimos a reclamar, nos gasean y nos vamos. Nos indignamos con la represión, sí; pero las discusiones giran en torno a si los que eligen tirar piedras, una molotov o prender fuego un patrullero son infiltrados o silvestres que solo quieren hacerse cagar a palos y luego justificar una represión. Por ese camino, la derrota subjetiva es un hecho. No habría posibilidad de resistir.

En otra nota, publicada el año pasado en Diario Tiempo Argentino, Pablo Solana cita la intervención de Mario Santucho (h) en una conversación con Alejandro Bercovich – un periodista afín que desde hace tiempo pone el foco en “los infiltrados”- donde, haciendo referencia a los hechos de represión y resistencia en la marcha de los hinchas, sostiene:

“Seguramente hay infiltrados. Pero si atribuimos cada hecho de violencia a supuestos infiltrados, lo que estamos cuestionando es la posibilidad de reaccionar cuando el poder te reprime. El otro día registramos otra actitud en la calle: menos miedo, menos sorpresa. Hubo una reacción espontánea, de hinchas. Lo que vi en la retirada, cuando nos cagaron a gases y balas de goma, es que fue la gente la que empezó a hacer barricadas”.

 En la situación actual, donde caracterizamos a este gobierno como antidemocrático y con características fascistas, lo mínimo es que, ante una situación de represión, algunos quieran hacer uso del ejercicio de la autodefensa. Pues entonces, bienvenida la discusión sobre la resistencia mediante la violencia popular.

 La violencia forma parte de la humanidad. Más aún cuando el sistema lleva en sus entrañas violencia. Quiénes somos conscientes de esto vemos a diario como se ejercita la violencia económica, política, ideológica, psicológica y hasta física. Este gobierno reúne estas cinco y más. No tiene sentido negar ni poner el foco en las movilizaciones pacíficas o que sean como un paseo. Pero tampoco -y a modo de alerta- hay que romantizarla como un acto individualista y voluntarista. Si apelamos a la historia, todo proceso de violencia de arriba encontró su respuesta, con el tiempo, en la violencia popular ejercida desde abajo.

 No somos nosotros quienes debemos poner el foco en la movilización pacífica. Repetimos que los derechos fueron conquistas, que formaron parte de luchas, de ocupación del espacio público y de enfrentamiento con el poder. Y en esos hechos, la violencia siempre tuvo un rol. Apelar al pacifismo no es más que darle vía libre al avance del fascismo.

 En un texto publicado hace semanas en ANRed, titulado “Los derechos no se consiguieron pidiendo por favor”, Ariadna Wdowiak se pregunta:

“¿A quién le beneficia negar la violencia como una herramienta más de liberación?”. En el que también agrega: “Una cosa es no estar de acuerdo con la acción directa y elegir otros caminos de lucha y resistencia, pero otra muy diferente es criminalizar las resistencias populares”.

 No hay que subestimar la violencia, pero tampoco exagerarla. En 2001, la violencia popular sirvió para decir “basta” de ajuste y represión. Lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre en el centro político del país fue un proceso que llevó años de maduración. Quizás el Santiagueñazo, en 1993, haya sido el prefacio. La historia ha demostrado que no ha existido -y es muy probable que ni existirá- ningún proceso de transformación de la sociedad que excluya la utilización de la violencia. Entonces, por cómo se presenta este presente, si queremos generar algo, la violencia va a tener lugar. Será cuestión de amigarse un poco con ella, alejarse de cierta moral progresista y entender que, tal como planteó hace más de una década Mario Soler Enriquez en un artículo publicado en Rebelión (“La violencia como herramienta de liberación) “la violencia no es una elección subjetiva y caprichosa, sino una herramienta que el sistema nos obliga a utilizar”.

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“… el pueblo aprendió que estaba solo

y que debía pelear por sì mismo y 

que de su propia entraña sacaría los 

medios, el silencio, la astucia y la fuerza…”

Rodolfo Walsh Un oscuro día de justicia (1968)

Por Pablo Nolasco Flores/ Foto Belén Altamirano

El mandato del ajuste

 El 2024 fue el año en el cual se llegó al consenso en el mandato del ajuste. Se impuso una sensación social sobre la aceptación de corregir aquello que se venía haciendo mal. “Estábamos pagando poco”. “Hay que ajustar para corregir”. “Vamos a sufrir, pero luego estaremos mejor”. Sin embargo, ¿cómo estamos tan seguros de que después estaremos mejor? Aceptar el sufrimiento presente para disfrutar las mieles de algo que vendrá – no sabemos cómo- suena a aferrarse a una esperanza. Quizás algo voluntarista. O más bien como expresión de deseo. 

 Lo que parecería que maduró en la sociedad, en la política ya era consenso -sobre todo en las expresiones liberales-. La motosierra pasó y, si bien hubo muestras de resistencia, no alcanzó para frenarla. Quizás si las dirigencias políticas y sindicales opositoras hubieran puesto un poco más de voluntad en ello, la resistencia habría dado otros resultados. Pero justamente, lo que se escondió detrás fue el consenso político para el ajuste. 

 El superávit fiscal, la caída del consumo y el desahorro son elementos objetivos que demuestran la eficacia de este consenso. Como en economía política uno más uno es dos, lo que no tiene uno lo tiene el otro. Menos dinero para educación y salud, menos gasto en el consumo popular y el desprendimiento de ahorros – los dólares debajo del colchón- fueron a parar a otros sectores sociales. Es lo que se denomina transferencias de riquezas de una clase a otra. Todos los ajustes apuntan a eso. 

 Sin embargo, no sólo los liberales cerraron filas alrededor del consenso del ajuste. El peronismo moderó su discurso, aceptó en gran medida la idea de que había que ajustar e incluso comenzaron a plantear la necesidad de adecuar al peronismo a la nueva lógica capitalista. Muchos periodistas progresistas se sumaron a este consenso con la retórica de que era necesario bajar el déficit fiscal. El problema es que los ajustes los pagan los más débiles: trabajadores, desocupados, estudiantes universitarios y jubilados. A pesar de ello, no plantearon otra alternativa, como la de pensar que el déficit fiscal también se puede bajar aumentando impuestos a los que más tienen.

 Un consenso es un acuerdo en una idea. La aceptación de un discurso, de una narrativa. Tiene una fuerte carga subjetiva. Pero todo consenso no se da en el vacío. Tiene que encontrar su materialidad porque puede desvanecerse. Entonces, el límite de un consenso está en los logros materiales de ese discurso. Y hay que decirlo: la sociedad Argentina ya tiene una gran experiencia en la historia reciente con los discursos que no resuelven los problemas materiales. El límite de los narrativos está en el bolsillo. 

 ¿Cómo llegamos al consenso del ajuste? En primer lugar por una condición objetiva. La sociedad argentina es una sociedad ajustada (Bartolotta, Gago y Sarrais Alier, 2019). Pero además, hay una narrativa construida desde arriba, de los sectores dominantes, que fundamenta y explica porqué era necesario aplicar un ajuste: una economía estancada, con una sociedad cada vez precarizada, con un estado que decía estar presente y no funcionaba y un sector, denominado casta, que era la responsable de tal situación. Cuando Milei se refería a ellos metía a todos en una misma bolsa: la clase política – sobre todo el ala distribucionista del peronismo-, el Estado, los empleados del estado, los trabajadores sindicalizados, etc. Esto quiere decir que a una realidad objetiva material se le suma una explicación, de sentido común por cierto, pero que logra ser interpretada por un sector mayoritario de la sociedad. Veníamos mal y sabemos por qué. Entonces hay que ajustar.

 ¿Cuál es el límite del consenso del ajuste? Si el consenso del ajuste se logra por la coincidencia entre realidad material objetiva y discurso narrativo,  el mismo puede fisurarse si no hay una transformación. Si no hay salida a esa realidad el discurso cae en un saco roto y la esperanza se convierte en una nueva frustración. Esa salida es la estabilización económica. Vivir sin inflación. Todavía no se puede decir que eso esté ocurriendo. Aún es endeble. Pero además de la estabilización hay que mejorar la vida material. Esto implica volver a consumir. Algo que las clases dominantes le otorgan a las clases dominadas para poder gobernar. Entonces la salida sería estabilización y consumo. Y por ahora eso no se ve. Para eso la economía tiene que crecer. Y de nuevo, por ahora eso tampoco se ve. Ni siquiera está en la imaginación la manera en que ese crecimiento puede darse. Porque en Argentina el mercado interno tiene un rol dinámico para generar ese crecimiento y el consumo y, por ahora, no hay un elemento que pueda explicar la posibilidad real de que se dé ese proceso. 

 Una estabilidad inestable

 La manera en que el gobierno de Milei desaceleró la inflación demostró que esta no era producto de la emisión momentánea como algo en sí mismo. Quedó en evidencia que el problema del aumento general de los precios de la economía se basaba en la imposibilidad de aplicar un ajuste en los ingresos de los sectores populares en el marco  de un estancamiento económico con escasez de dólares. La inflación estaría siendo “domada” porque el ajuste se está bancando y, además, se produjo un ingreso de dólares de corto plazo producto del blanqueo. El dólar barato en un marco de recesión económica, explica la reducción de la inflación. 

 ¿Podrá seguir sosteniendo este dólar barato hasta las elecciones legislativas sin sufrir sobresaltos y sin perder divisas? Si llega plata vía endeudamiento quizás pueda seguir sosteniéndolo e inclusive pensar en salir del cepo. El año que viene se cree que la cosecha va a ser una de las mejores de la historia. Pero, ¿a este dólar atrasado van a liquidar igual los productores? Mieli prometió quitar retenciones. Esto implicaría menos ingresos fiscales, entonces, ¿el 2025 será el ajuste del ajuste? Si en el 2024 la estabilidad se basó en el consenso del ajuste. ¿Dónde va a radicar la estabilidad en un año electoral sin mejora material? 

 Imaginación política en la inestabilidad

 El capitalismo argentino todavía no encuentra una salida para que funcione tal como así lo desean los dueños de todo. Un país reprimarizado que viva de la renta de la exportación de bienes naturales, donde una gran masa de la población soporte acepte vivir en condiciones de informalidad, con sueldos bajos y sin un marco regulatorio para que los sectores de baja productividad laboral puedan funcionar. Si bien, en los últimos años se ha avanzado en grandes transformaciones regresivas en ese sentido, Argentina todavía conserva ciertos niveles de vida que otros países de latinoamérica no gozan.  

 Milei termina su año con cierto nivel de sinceramiento y promesas de que algo mejor vendrá. Y cuando los políticos prometen algo y luego no lo cumplen los problemas se pueden acelerar.  En una entrevista reciente con el The Wall Street Journal prácticamente sostuvo que para que su programa económico funcione necesita de la ayuda de Trump para un  nuevo acuerdo con el FMI. Además, volvió a reforzar la idea de que los salarios se están recuperando y que la pobreza está bajando. Milei necesita mostrarse triunfalista para seguir manteniendo esa esperanza. Festeja cada puntito de la inflación que baja como si fuera el triunfo del programa económico libertario y la instalación de un nuevo modelo de país. Esto puede encontrar su límite. Todas las transferencias de ingreso terminaron en conflicto social tarde o temprano. La sociedad argentina no se banca mucho tiempo sin consumir.  Es por ello que el experimento liberatrio puede fracasar. Pero si fracasa, ¿hacia dónde vamos, con quienes y para qué? 

 Hace varios meses Mario Santucho hijo viene sosteniendo la idea de que a esta etapa la tenemos que pensar en función de un nuevo horizonte. El descontento y el malestar son sensaciones que todavía siguen presentes y corren el riesgo de profundizar si este gobierno fracasa. Defenderse y proponer dice Santucho. Hay algo de la experiencia reciente peronista que no va más. Entonces, si uno quiere hoy intervenir en el descontento, no se le puede ofrecer como alternativa lo que estaba antes, porque hay amplio sector social que no quiere volver ahí. 

 Durante el 2024 nos juntamos, algunos espantados, otros pesimistas, a tratar de encontrar las explicaciones de como una propuesta de gobierno ultraderechista llegó a ocupar el poder en Argentina. Podemos leer esto como una derrota, pero no estamos derrotados. El 2025 se abre con esta estabilidad inestable. Entonces, que la inestabilidad nos encuentre en las luchas. Pero que también nos encuentre en la imaginación política para formarnos y escuchar. Como dice Walsh, “sacar los medios, el silencio, la astucia y la fuerza”. Porque ahí puede radicar nuevos valores, una nueva ética de lo que luego serán nuestros horizontes.

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Por Pablo Flores

-Pero papá -le dijo Josep llorando-. Si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo?

-Tonto -dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto-. Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los
albañiles.
El origen del mundo. Eduardo Galeano. Año 1989

“Yo lo que pido es que los echen a todos y que contraten otros. Qué no los dejen más entrar
más a los de este gremio¹.” La crueldad está de moda. No sólo el presidente y su vocero
festejan despidos. Ciertos periodistas, que se muestran inocentes, también se acomodan a
estas modas cuando de defender a los patrones y atacar a los trabajadores se trata. Alejandro
Fantino, es tan sólo uno de ellos. El que se sensibiliza con la historia rota del presidente, pero
demuestra su rabia contra quienes se organizan para recuperar el salario perdido por la
política de ajuste permanente del gobierno nacional.

De mugrientos y parásitos

Hace una semana que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso,
Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIOyDARA) están
impulsando una huelga nacional por paritarias. Es por eso que la actividad productora de
aceites vegetales y la exportación de oleaginosas se encuentra paralizada. No es un conflicto
más, la huelga se desarrolla contra el sector exportador más poderoso del país, el que provee
de dólares a la estructura productiva argentina.

Daniel Yofra es el secretario general del sindicato de aceiteros. Es una voz crítica dentro del
espectro sindical. Se posiciona desde la izquierda y no se guarda sus cuestionamientos a la
CGT y a las direcciones políticas que, haciéndose pasar por los defensores de los intereses del
pueblo, ajustaron en los últimos años. El sindicato que dirige se caracteriza por las prácticas
de democracia sindical y por intentar imaginar un mundo sin explotadores ni explotados. En
su programa de radio, Fantino lo trató de gordo mugriento, pidió que lo echen a él y a todos
sus representados:

“total en lo que voy a tener que pagar de indemnizaciones me va a salir más o menos
con lo que estoy perdiendo por día con lo que este mugriento no deja entrar a la
gente. Echenlos a todos. Si este gobierno tiene huevos echenlos a todos ¿Por qué
tenemos que ser todo el tiempo presa de estos mugrientos? Y no estoy hablando de
mugriento como una cuestión de no bañarse. Estoy hablando del mugriento que
enmugra el buen funcionamiento de este país”²

¿Desde dónde se posiciona Fantino para referirse de esa manera a un representante sindical
elegido por sus compañeros de trabajo? Echarlos porque es barato. Mugrientos porque
obstaculizan el buen funcionamiento de Argentina. He aquí la doble moral del periodista
envenenador de conciencias, cómo decía Walsh para referirse a los dueños de los medios de
comunicación pro burgueses. A Fantino no le preocupa el buen funcionamiento de la
economía. Porque si así fuera tendría que crear algún calificativo para dirigirse a los que
esconden la producción para especular con una devaluación o con una baja en las retenciones.
Lo que al periodista le molesta es la organización sindical de los trabajadores y la fuerza de
estos cuando pelean unidos. Fantino es un alumno ejemplar para multiplicar los discursos de
odio, en este caso anti sindicales.

¿Cuánto vale nuestra fuerza de trabajo?

Otro elemento destacable del sindicato de aceiteros es la capacidad que tienen para evitar
perder salario real. Esto es, obtener aumentos salariales nominales por encima de la inflación.
En un material de difusión del gremio³ , sostienen que la determinación del valor de su fuerza
por el salario mínimo, vital y móvil es una de las banderas de su sindicato. Tal salario es
definido por la menor remuneración que debe recibir un trabajador que recién se inicia en la
actividad y le permita obtener un alimentación adecuada, vivienda digna, educación,
vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Ese es el
pìso, de ahí para arriba.

Las negociaciones paritarias se terminan convirtiendo en un debate histórico, político,
jurídico y de distribución del ingreso. El salario no sólo tiene que servirle a un trabajador para consumir. Le debe dar la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar en la universidad. En el
capitalismo, una real y verdadera distribución del ingreso se da cuando las patronales se ven
obligadas a pagar esos salarios. En ese caso, se pone en tensión el poder de los capitalistas
porque tendrán que resignar parte de la tasa de ganancia para cubrir esos aumentos de
salarios. Entonces, la discusión salarial pone sobre la mesa una economía de la abundancia y
de la riqueza, y desnuda que la misma se encuentra concentrada en unas pocas manos.
Lo que en apariencia se presenta como una reivindicación economicista puede convertirse en
un potencial transformador para la clase que vive del trabajo. Los aceiteros educan en la
consciencia de clase cuando difunden la consigna del salario mínimo vital y móvil. Ser
conscientes del valor de nuestra fuerza de trabajo en el marco de un capitalismo en crisis que
busca salir de ella a fuerza de ajuste y salarios bajos, podría habilitar imaginar escenarios
posibles para poner en discusión al sistema capitalista.

¿Quién mueve al mundo?

Pero entonces, ¿qué es lo que le molesta a Fantino? Aparentemente no le molesta que los
aceiteros cobren buenos salarios. ¿Qué le da rabia al inocente periodista? Le molesta tener
que reconocer que una huelga pone en tensión el normal funcionamiento del sistema. Porque
cuando los trabajadores paran la producción las máquinas no se mueven, las mercancías no
circulan y el capital no tiene razón de ser porque no puede explotar, no puede extraer
ganancias. A Fantino le molesta tener que reconocer que son los trabajadores quienes crean
las riquezas:

“Pero no cagues la vida de diez mil camioneros y de un montón de gente que está
laburando en un puerto y me hagas perder como Argentina un palo por día. Es
lamentable loco, es lamentable que tengamos que seguir presos de estos tipos.”⁴

Sin intenciones, Fantino le devolvió a la Economía Política aquello que los dogmas
liberales-libertarios niegan y esconden: que el valor lo crean los trabajadores, que existe
explotación donde unos pocos se quedan con el producto de una mayoría, pudiendo usar el
fruto del mismo para echar trabajadores y pagar indemnizaciones, a fin de cuentas, siguiendo
el razonamiento del periodista, sobran recursos para hacerlo. En el capitalismo hay abundancia, solo que sobran parásitos que la acaparan, por eso las crisis y los ajustes. Y estos
parásitos tienen sus voceros bien pagados.

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Por Redacción Marcha / Fotos: Zoe Alexandra Pepper desde Caracas, Venezuela

Hace (ya) décadas que la Revolución Bolivariana en Venezuela nos obliga a mover las cabezas y sacudir los preconceptos a la hora de analizar la política de ese país que lejos de ser individual y local, surgió colectiva y regional. Desde el momento en que un liderazgo retórico y argumentativo como el de Hugo Chávez emergió en la escena pública, con su carisma y sus contradicciones, todo cambió. Difícil olvidar a quien encendió corazones en nombre del socialismo en varios pueblos. Pero es ingenuo dejarse llevar por la rebeldía o exigir obediencias sin dar lugar a las críticas y a más y más transformaciones.

Las elecciones presidenciales en el país con la mayor reserva de petróleo no se definen en la cuna de la racionalidad –o del fin de los conflictos complejos-  que quieren ser hoy “las urnas”. Tampoco en la disputa callejera numérica que consagra quién gana: si las pasiones o si los odios. Empezó antes del 28 de julio de 2024 y es obvio, terminarán mucho después. Por eso, cada vez que narramos elecciones hablamos de “procesos electorales”.

Lo cierto es que durante años aletargamos la búsqueda de palabras sensoriales y categorías analíticas para definir, de forma popular, lo que sucede en el territorio donde se condensa la máxima disputa geopolítica que involucra a los suprapoderes del mundo. Una contienda por el saqueo de los recursos comunes y por el control hegemónico del tiempo y las cabezas de quienes conforman los “movimientos sociales” en América Latina y Caribe.

Hoy nos vemos en el encierro de cajitas cognitivas a la hora de pensar y de escribir. Que sí, son también consensos básicos de convivencia y entendimiento. Pero que no, a veces no alcanzan porque deben renovarse, pactarse y contarse de nuevo. Por eso preguntamos:

¿Es posible entender lo que pasó la noche del domingo en Venezuela sin evocar toda explicación a la dicotomía tan vaciada de sentido democracia- dictadura? ¿Es posible leer estas palabras sin pensar que se defiende dogmáticamente alguna de las posiciones en danza? Aún más, ¿qué otras formas encontramos para entender y explicar -en tiempos del periodismo de “Corta” y del clickbait- un proceso social de larga data que involucra la descomposición de la política y el conservadurismo de una revolución? ¿Acaso pensamos que las actas o los números convierten a “unos u otros” en “buenos o malos”?

Sabemos que llegamos de atrás a esta discusión material y simbólica pero queremos aportar nuestros aprendizajes, escuchas y experiencia en el oficio con algunos ejes:

1. El poco favor que nos hace la cancelación de las voces del chavismo. Una maniobra de múltiples actores que deteriora el debate público, estigmatiza y vuelve invisible una representación y una visión de poder comunal que -sigue siendo- popular en Venezuela.

2. La falta de mención a la crisis de legitimidad política, que no escapa al país y que alcanza al desgastado y conflictivo gobierno de Nicolás Maduro y a María Corina Machado, quien lleva adelante un proyecto que no tiene propuestas, sino un objetivo destituyente.

3. El enunciamiento enojado de las deudas del gobierno de Nicolás Maduro, pendientes de todos los gobiernos en la región: universalidad en la distribución de la riqueza, combate a los privilegios patriarcales y recambio y profundización de la revolución socialista. 

4. La espectacularización y romantización de las elecciones y los levantamientos ciudadanos. Además de las noticias falsas y los videos sin contexto, debemos alejarnos de la idea de que toda expresión rebelde puede ser representada cabalmente “en las urnas”.

5. La falta de profundización en el análisis periodístico de las consecuencias sobre el pueblo venezolano -dentro y fuera del país- de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico ejercido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos. 

Una jornada electoral que parece no terminar

Si nos hubiesen preguntado qué escenario queríamos ver el domingo 28, posiblemente no sería éste. Pero si nos hubiesen preguntado cuál era el más imaginable sí lo sería. Desde la muerte de Hugo Chávez hacia acá, las narrativas en Venezuela se sostienen alrededor de clivajes firmes que invisibilizan y procuran borrar matices.

La elección, de todas maneras, transcurrió en completa paz, salvo algunos incidentes que no se salen de lo normal en cualquier proceso latinoamericano. Si algo ya venía anticipando el pueblo venezolano es que la violencia es un camino al que no quieren volver más. De ahí que el liderazgo opositor y oficialista no tuvo otro remedio que acordar volver, o al menos intentar, a una normalidad donde los conflictos se dirimen en el terreno de la política. El estado de agresión permanente no es negocio para nadie. Menos para el pueblo.

La participación fue de un 59%, según los datos del CNE y de la oposición, es el único número en el que aparentemente hay consenso. Mucho antes del cierre de urnas, ya las voces de la derecha regional anunciaban que se venía un “fraude”. Discurso armado, acciones consensuadas. Nada nuevo. A este concierto se sumaron también sectores de la izquierda, claro, sin entrar en el juego del zurdómetro. Gabriel Boric, un habilidoso en dar titulares a los medios de derecha, arrancó advirtiendo al  “régimen” que no reconocería los resultados si no eran verificables. Le acompañaron en esa línea una serie de intelectuales y periodistas progresistas, bajo la consigna, “democracia ante todo”. Parecían coincidir en algo: la elección solo era democrática si la perdía Maduro.

La demora en la publicación de resultados no ayudó. Desde el oficialismo señalaron un ataque en el sistema electrónico de transmisión para la totalización de los votos. Algo que a priori parecía sospechosamente oportuno pero que en la Venezuela asediada invita a dar el beneficio de la duda. De ahí en más, la historia fue la de los últimos años. Machado aseguró tener pruebas de que habían ganado y llamó a los “comanditos” a defender la victoria.

A la medianoche, el CNE finalmente dio los resultados: Maduro 51,2% y González Urrutia 45%. Un resultado que además organizó la geopolítica de una forma clara. Por un lado, los gobiernos no alineados occidentales (China, Rusia e Irán) felicitaron el triunfo del gobierno. Lo mismo hicieron los gobiernos del bloque ALBA (Bolivia, Honduras y Cuba). La derecha, con Javier Milei al frente, rechazó inmediatamente. El resto de gobiernos de izquierda (México, Colombia y Brasil) decidieron esperar, tener más claridad en los datos. Un paisaje claro que pone en evidencia que el conflicto en Venezuela no se condensa a una mera discusión de mecanismos electorales. ¿La sorpresa? Un Estados Unidos más moderado que otras veces, mirando con un ojo su propia interna y con el otro la guerra en Ucrania.

Al día siguiente, la violencia volvió y se fue profundizando hacia el martes. Estas nuevas guarimbas, con menos fuerza en la calle que en años anteriores, pero con la misma intensidad mediática de siempre, situaron el relato de un pueblo que busca “derrocar” al “dictador”. Los enfrentamientos entre opositores y policías dejaron al menos 3 muertos, 6 según diversas fuentes. En este número tampoco hay acuerdo.

En las redes sociales, la idea de fraude se instaló como un desafío de Tik Tok. La cancelación del chavismo como sujeto político y la deshistorización y desideologización del conflicto llevaron rápido a un sector del progresismo a refugiarse bajo las consignas de la ultraderecha venezolana, en la misma orilla que Milei.

El chavismo también convocó a los propios, mostrando músculo, deseo de defender la victoria. Pero sin dar respuesta a lo que se viene convirtiendo en una condición necesaria para respaldar el triunfo: la publicación de los resultados. Desde ahí se posicionaron tanto Lula como Petro. En Argentina, el kirchnerismo y organizaciones de izquierda tomaron una postura similar.

Además de las actas, la demanda viene siendo hacia los veedores. El informe del Centro Cárter complicó el asunto. “Las elecciones no pueden ser consideradas democráticas”, una punzada que la oposición celebró como un gol. Esa misma oposición que pasó del “Estado paralelo” al “CNE paralelo”, anunciando resultados que dan como ganador a Edmundo González Urrutia, ¿o deberíamos decir a María Corina Machado? A la noche de este miércoles, los datos revelados por la derecha le dan el triunfo por un 67%, un número que parece darle respaldo a sus seguidores pero que, al menos por ahora, es inchequeable.  

Pero frente a los golpes, el chavismo también hizo lo propio en la jornada del miércoles. Convocó a una concentración en el Palacio de Miraflores; introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que la Sala Electoral convoque a todos los partidos a que presenten sus actas; y en paralelo desmovilizó y procesó a los grupos de choque. También obtuvo algunas victorias internacionales. En la OEA no se lograron los votos para emitir una resolución que exija la publicación de las actas; mientras tanto, la Misión de Observadores Electorales calificó al proceso como “limpio y en paz”. 

Las 72 horas posteriores a la elección fueron una aceleración de acontecimientos difíciles de seguir. Como si los actores hubieran planificado de antemano sus acciones. Algo que en Venezuela pareciera ser lo normal, pero que afuera aporta a esa dificultad por comprenderla. Lo cierto es que a 4 días de realizados los comicios nadie puede decir con certeza que hubo fraude. El resultado pasó a ser más que una cuestión de votos, una cuestión de sentidos. Una elección que lejos de dirimir el conflicto, pareciera haber inaugurado una nueva etapa.

Venezuela en el centro: ¿otro logro de la Revolución Bolivariana?

Hoy, el país sudamericano vuelve al centro de la escena geopolítica para evidenciar la continuidad de un mundo que -todavía- se lee en clave bipolar, que no habilita los colores, que castiga o celebra pero no quiere preguntar. ¿Vamos a permitir que esa manera de leer los conflictos ciegue nuestras intuiciones? No. No vamos a anular las contradicciones que habitamos durante los últimos años, mucho menos todas esas tensiones que nos atraviesan y estrujan en este día, y cada día. No vamos a negar las voces de afectos y amistades que nos insisten en contar su “otra” verdad, la de un pueblo que defiende la paz.

“Otra” porque gran parte del periodismo sigue obnubilado. Mirando a la extrema derecha, asumiendo su narrativa como el único discurso válido para contar esta historia. ¿Desde cuándo las derechas marcan los horizontes de las democracias y sus derechos? ¿Por qué ya no se cuestionan los armados mediáticos, las violencias financiadas y los saqueos orquestados? ¿En qué momento los grupos de personas contratadas comenzaron a encabezar nuestras rebeliones? Durante los últimos días, no todo fue protesta y corte de calles como agitan las principales empresas de comunicación. También hubo solidaridad de pueblo, resistencias a la cancelación de sus corazones, respeto y gestos de apoyo ante un mundo que insiste en criminalizar su elección. ¿Y eso, dónde lo vemos o decidimos que no hay que contarlo?

La Revolución Bolivariana viene acumulando un proceso de desgaste que no se centra, únicamente, en la dirigencia. Sí, los caudillismos y los liderazgos son una parte importante del problema, porque destruyen nuestras endebles democracias y nos exponen al despojo que proponen las derechas extremas. Pero también, y con sinceridad, no todo es responsabilidad de las izquierdas y los progresismos. También hay bloqueos y embargos que ahogan la vida cotidiana y pretenden hacer desaparecer: violencias económicas que castigan y disciplinan a quienes se atreven a vivir por fuera de las reglas del gran capital.

La situación económica no dió tregua y obtuvieron como respuesta un proceso de migración masiva, uno de los puntos más conflictivos de la actualidad: millones de personas dejaron sus afectos, hogares y territorios. Lo hicieron en búsqueda de una mínima seguridad y a cambio de largas horas de trabajos precarizados. Personas que, por su partida urgente y poco planificada, son desconocidas por el propio Estado, ese que les prometió acompañamiento eterno. Para votar, como en cualquier país, quienes migraron deben realizar su trámite de residencia en el exterior, sí. Pero también, y sobre todo en este caso, un gobierno que se dice revolucionario debería garantizar la ciudadanía a ese tercio de población que eligió migrar buscando otras formas de vida digna.

Por las torpezas dirigenciales, así como por el ahogo económico y la migración desenfrenada, el proceso bolivariano se reconstruye desde hace más de una década y lo hace a pesar del partido y de sus estructuras de Estado. Y es que, aunque parezca una obviedad decirlo, la Revolución Bolivariana no es solamente el PSUV que lo representa, así como Maduro no es Chávez. Y no nos referimos únicamente a una cuestión de carisma, el gobierno de Nicolás Maduro se reafirmó en la negociación empresarial y la burocracia estatal en detrimento de los procesos populares de emancipación. Un clima de época y una decisión política. Una desilusión de quienes sí esperábamos. Y mucho.

Sin embargo, no olvidamos. Y por eso volvemos al resonar de las palabras de Hugo Chávez. Porque, lejos de una nostalgia barata y abstracta, su legado es empírico y palpable: “Comuna o nada”, aseguraba luego de comprender los límites del laberinto capitalista. Hoy, esta forma de organización comunitaria resiste -tal vez incluso a pesar del gobierno- y se erige ante la hostilidad del sálvese quien pueda. Es un hecho, en Venezuela existen más de tres mil comunas que se encienden como un faro para quienes no aceptamos al individualismo como la única lógica de organización de nuestras vidas. Entonces, si esas comunas -con sus procesos populares y discusiones feministas- hoy se paran en la vereda del gobierno bolivariano, ese es un lugar de enunciación y acá estamos para contarlo.

Es probable que la resolución a este entramado de disputas complejas que contiene la definición de quién es el próximo presidente de Venezuela, no se dé en los tiempos en los que el periodismo exige una tapa o un titular para cambiar de tema. También que no deje a todo mundo contento. Mientras, podemos sentir y reflexionar. Y escribir. Alejándonos de narrativas simplistas que borren la riqueza de una época y el protagonismo de un movimiento que dio voz y poder a quienes colocaron en los márgenes de la historia.

El chavismo no perdió. Y encarna un sueño de emancipación y dignidad que sigue vivo en las luchas de América Latina y el Caribe. Y a quien no le gusta, ¡se seca! En tiempos de incertidumbre y precariedad, incluso analítica, gratifica recordar lo que sienta nos guía: las verdaderas transformaciones nacen de los pueblos y se sostienen en su capacidad de organizarse, resistir y reinventarse. Porque los pueblos no olvidan a quienes los amaron.

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Por Luis Langelotti | Foto: Belén Altamirano

Argentina hoy es un laboratorio donde se experimenta con su población (y no me refiero al reciente escaneo de iris vinculado a la aplicación World App de Sam Altman). Ha llegado al poder el individuo autoritario (el Yo fuerte), corriente (anti)política que boga por un Mercado Absoluto, con la mínima incidencia regulatoria por parte del Estado, entre otras cosas. Porque a cuestionar lo estatal no es, evidentemente, a lo único que ha venido el Gobierno de Javier Milei.

Desde ya aclaro que las reflexiones volcadas en este artículo son puramente conjeturales, mas eso no les quita ni el afán de rigurosidad, ni el derecho a ser expresadas.

Contra la casta… ¿cuál?

Empecemos por el análisis de un concepto clave que aparece en el discurso de quien ha llegado a la cima del Poder Ejecutivo luego de que, durante estos últimos años, las redes sociales y los medios de comunicación (junto a otros ocultos mecenas que quizá nunca lleguemos a conocer) construyeran y fomentaran a este personaje temerario, pelífero y vociferante, al que evidentemente lograron posicionar muy bien en la opinión pública.

El significante en cuestión es “casta”. Gran parte de las personas que estén leyendo este artículo lo reconocerán fácilmente como un lugar común en su retórica. Pues bien, yendo a la RAE, encontramos varias acepciones del término. La supuestamente utilizada por el Presidente actual sería aquella acepción que alude a un “grupo que forma una clase especial y [que] tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc.” . Ahí entrarían, entonces, aquellos “políticos y políticas (corruptos y corruptas)” que se habrían beneficiado a expensas del pueblo argentino durante los últimos tiempos. Si se trata de una “casta”, entonces, eso quiere decir: todos, sin excepción. Bueno, en todo caso, la excepción sería él. Después habría que ver si la excepción confirma la regla o la destruye. Como fuera, Milei sería el único político no-corrupto, no ladrón, no-casta porque por mucho outsider que se haya presentado en su momento, desde que asumió como diputado –y más ahora siendo Presidente– pasó a ser un político más.

¿Por qué él sería tan especial?

Vayamos un momento a la lógica. Si “todos los hombres son mortales” (Universal) y si “Sócrates es un hombre”, ergo, “Sócrates es mortal”, o bien, Sócrates es alguno de esos hombres que no son mortales, siendo este última una particular negativa que entra en franca contradicción con el Universal (y con la realidad, desde luego). Al afirmar que “Sócrates no es mortal siendo hombre”, entramos en el terreno de lo ilógico. Lo mismo sucede al sostener que Milei no formaría parte de la casta política que tanto critica. Si todos los políticos son chorros y él es un político, entonces… o no-todos los políticos son iguales o él es igual al resto.

Sin embargo, existe otra forma de abordar el problema y esta supuesta contradicción, que nos podría llevar precipitadamente a creer que el discurso de este sujeto es totalmente irracional. Claramente, es por la vía del equívoco por donde podremos adentrarnos en lo no-dicho en lo dicho.

Volvamos un momento sobre el concepto de “casta” y veamos qué sucede si nos remitimos a la definición zoológica del término. Encontramos lo siguiente: “En una sociedad animal, conjunto de individuos caracterizados por una misma estructura o función, como las abejas obreras en una colmena.” Este ejemplo de la RAE resulta muy valioso para pensar en el hecho de que, entendiendo a la sociedad humana como una colmena de abejas, la clase obrera –el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras– también en cierto sentido sería una “casta”, aunque suene paradójico. El asunto es que, leído de este modo, creo que llegamos a una cierta verdad (encubierta) detrás del discurso supuestamente irracional de Milei: no mintió al decir que vino contra la “casta”. En contra de la “casta” de los proletarios, que somos la inmensa mayoría de la población.

Ir contra la Política no equivale a ir contra los políticos

Otro lugar común en el discurso del pelífero es esa idea de que “el costo lo va a pagar la política”. Quizá tampoco mintió ni deliró al decir esto, a condición de que definamos qué entendemos por política.
La capacidad de «politicidad» es la facultad de resolver los asuntos comunes de manera deliberante, dialogante, no-violenta. Por eso, cuando las personas vivimos bajo un totalitarismo, por ejemplo, es bastante utópico pensar en resolver las cosas mancomunadamente porque allí no hay una relación de politicidad sino de fuerza, pura y simple.

El “idiota” (idion), es decir, aquel sujeto al que hoy llamaríamos “apolítico” o estulto (el que no piensa por sí mismo) en su proliferación es quien habilita siempre el camino hacia las dictaduras o los gobiernos autoritarios. Cuanto más grande se torna el conjunto de “idiotas” en una población más se atomiza el tejido social, crece el individualismo y se produce la delegación de decisiones importantes en un conjunto acotado particular que impone sus intereses con el aval de una mayoría adormecida.

La figura del iluminado, de quien cree tener la verdad absoluta atenta directamente contra la posibilidad de negociación, de debate, contra la dialéctica de disensos y consensos. En este sentido, destruir la Política –autoritarismo mediante– es el mejor modo cuestionar toda posibilidad de discusión entre posturas diversas, es impugnar fuertemente toda representatividad popular, acallar las voces disidentes, alternativas, que no comulguen con el pensamiento único que se ha venido a instalar.

Milei es monstruoso, pero no es la raíz del problema

Si hay un rasgo que caracteriza al actual Presidente es su constante y sistemática vociferación. Detrás del semblante de “gran economista” (“experto”, “especialista”, “candidato al Nobel de Economía”), ¿qué es lo que verdaderamente se oculta? ¿Por qué alguien que cree tener argumentos tan sólidos necesita recurrir en su retórica constantemente a la agresión, a la descalificación, al maltrato y a la objetivación del otro? ¿Qué busca encubrir semejante modo de “argumentar”? Lo que pretende alguien que se dirige a su interlocutor de tal modo no es otra cosa sino intimidar, inocular miedo y acaso angustiar perversamente.

Esa agresividad innecesaria pone en cuestión el contenido de lo que se dice, da a pensar que en última instancia lo que se propone no es nada nuevo sino un refrito de fórmulas que ya se aplicaron en nuestro país y que fracasaron estrepitosamente.

En el debate presidencial nos encontramos con un sujeto bastante carente de conocimientos, que no supo responder a cosas básicas de las que se supone que un aspirante a semejante cargo debería al menos tener una idea. Por el contrario, Milei se dedicó sistemáticamente a figurar, a mantenerse dentro del personaje que tanto rating le dio (ya sea por televisión o por redes sociales). ¿Nos gobierna una mezcla de Figuretti con Margaret Thatcher que encima presenta rasgos del Joker de Joaquin Phoenix?

Pero el problema no radica solamente en Milei sino en el tipo de subjetividad al que apunta, es decir, en el electorado que le dio el poder. Una subjetividad profundamente mediatizada, capturada hipnóticamente por la eficacia imaginaria de aplicaciones como Instagram o Tik tok. Dichas subjetividades mentalmente empobrecidas no son solamente jóvenes desilusionados o desesperanzados que ven la decadencia mundana y que sufren por la falta de expectativas de progreso social. Creo que en el electorado de Milei también hay muchísimo resentimiento social que involucra a distintas generaciones. Un rencor social producto de muchas frustraciones acumuladas contra las injusticias del sistema (y, acaso, de la vida) pero que, en lugar de expresarse por la vía de una verdadera alternativa al Capitalismo, por el contrario, se manifiesta como un redoblamiento de la alienación.

Se pretende pasar del capitalismo al súper-capitalismo creyendo que la salida a esta situación global de mortificación, donde la riqueza se reparte en pocas manos, sería haciendo aún más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Ahí es donde está verdaderamente el Síndrome de Estocolmo del que habló el Presidente.

Pero hay más.

Así como antiguamente el miedo operaba políticamente, hoy en día es la inoculación de odio la herramienta más eficaz ya que define las elecciones gubernamentales en juego. El miedo a la exclusión propio de la cultura neoliberal (caerse fuera del mapa), ha evolucionado hasta convertirse en rechazo radical a cualquier otro que pudiera venir a provocar (supuestamente) mi caída. Competencia feroz, individualismo extremo.

Cualquiera es un enemigo porque cualquiera puede venir a quitarme clientes, seguidores o mi puesto de trabajo. Generalmente, ese otro peligroso es el extranjero o cualquiera que no se adecúe a mis parámetros de normalidad (determinados por el sistema mismo). Los férreos defensores de este capitalismo financiero global cuya decadencia algunos pretenden disimular culpando al “comunismo” (?) o a cualquier otra cosa que se le parezca, inoculan veneno constantemente a la población entera a través de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación de los que son, en general, dueños o socios. Dominar el sentido común sigue siendo clave a la hora de determinar qué es la realidad (que siempre es una construcción discursiva). Pero para una subjetividad enceguecida por el odio, la realidad sólo puede ser vista parcialmente de manera harto sesgada.

El odio, pasión de-ser

Ahora bien, ¿Qué entendemos por odio desde el psicoanálisis? Lo más peligroso del odio es que “apunta al corazón del ser del otro”, es decir, “no busca someterlo sino eliminarlo”. Es decir, el odio se dirige a que el otro “de-sea” (que no es lo mismo que decir a que el otro desee). Creo que para poder entender algo mejor en relación con el odio, tenemos que aproximarnos a un concepto harto abigarrado dentro del campo psicoanalítico tal como lo es el concepto de «goce».

Desde el psicoanálisis, sostenemos que el ser hablante está trastornado por ese efecto del discurso que es el goce. Bajo este capítulo –el del goce– nos adentramos en la condición paradójica de la satisfacción en el ser humano. Esto ya estaba presente en Freud, de alguna manera, por ejemplo, cuando señalaba que lo vivido como displacer en una instancia o sistema psíquico (por ej.: el conciente) podía ser vivido como placer en otro sitio de esa tópica psíquica (por ej.: en lo inconsciente). O también, otra referencia valiosa para adentrarse en esta compleja cuestión, es el famoso caso del Hombre de las ratas. Allí Freud habla de un horror ante su placer, ignorado por él mismo en referencia al relato de su paciente sobre una cierta tortura aplicada en Oriente de la que escuchó hablar a un militar. He allí, a mi entender, una clara alusión a la dimensión inconsciente del goce como satisfacción de una pulsión… de muerte.

Para decirlo todo, sin más vueltas, creo que la voluntad destructiva de quienes hoy gobiernan este país excede nuestras posibilidades de imaginación. Creo que estas personas que han llegado al poder son, en el escenario político local, los mejores representantes de lo que el psicoanálisis denomina pulsión de muerte cuya satisfacción remite a un goce que nada tiene en común con la idea de bienestar, felicidad, placer o disfrute. El goce, en el campo psicoanalítico, alude a lo que los griegos llamaban hybris, es decir, exceso, de-más, desborde.

Conclusiones provisorias (valga la paradoja)

Insistiendo con el equívoco como método de indagación, hay otro término muy cerca de “casta” al que aún no me he referido y que es el significante casto. Según la RAE, es un adjetivo y hace referencia a una persona que se abstiene de todo goce… sexual. Esto es importante subrayarlo. Porque el término no habla de alguien abstinente en todo sentido. Se abstiene específicamente de ese goce en particular. Lo cual no significa que no les dé lugar a otros tipos de goces.

Por ejemplo, Milei habla del sadismo… ¿quizá del suyo propio, de ese que acaso no quiere ver? ¿Será que habla de la perversidad y del egoísmo de la clase dominante argentina? ¿Qué otra explicación darle a este plan de empobrecimiento sistemático donde, en un mes, ya la mayoría de los argentinos somos el doble de pobres? ¿Cómo entender esta pérdida del poder adquisitivo y este ensañamiento de convertirnos en una triste colonia al servicio de intereses foráneos sin tener en cuenta el odio que las clases dominantes tienen para con los sectores explotados? Odio y nada más que odio.

Ese parecería ser, en última instancia, todo el trasfondo de lo que representa Javier Milei si uno le saca los oropeles y de más bisutería. Odio y goce, es decir, angurria, voracidad, gula, apetito desmesurado de aquellos que quieren toda la torta para sí (y de muchísimos otros que se identifican con ese modelo individualista de “ganador”, de “exitoso”). Porque, revirtiendo su lógica paranoica, cómo no darse cuenta de que la “casta” son ellos y ellas, Milei y sus aliados que vinieron a saquear el País, para quedarse con todo, para vender por dos pesos con cincuenta centavos nuestras tierras y recursos, para destruir nuestra Cultura (nuestra compleja identidad), la Salud y la Educación públicas (a las que detestan porque no pueden hacer sus chanchullos allí). Vinieron contra la Política porque son autoritarios y contra la Ética porque adhieren fanáticamente al sistema capitalista anarco-financiero cuya esencia es pulsional, no conoce de límites, no quiere saber nada con ningún tipo de puntuación, de freno, de Ley.

Si lo que civiliza es la abstinencia, eso significa renunciar a “Mi-Ley” para adecuarme, por mucho que me pese, a la Ley como Ley compartida que nos atraviesa a todos y a todas. Hacer una apología de lo ilimitado, siempre y cuando uno pueda pagarlo, es darle rienda suelta a lo peor del ser humano, a sus pasiones más oscuras. ¿Por qué querríamos vivir en una sociedad así? ¿Por qué convertirnos conscientemente en una “sociedad de la nieve”? ¿Por qué elegiríamos abiertamente entrar al “juego del calamar”? ¿Cuál sería ese goce que animaría a nuestro espíritu a ir por ese camino que confina con lo que mejor no? ¿Acaso no hay otra cosa?

Veremos qué sucede en los próximos cuatro años. Esperemos que el “especialista en crecimiento” deje de ser tan infantil. De lo contrario, tendremos que padecer la hybris de un Nerón contemporáneo destruyendo un país al que no supo ni quiso gobernar en términos humanos, equilibrados, justos y éticos.

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Es que, y si es fascismo: ¿cómo se cuenta desde un medio feminista y popular? ¿A través de una nota, una entrevista? ¿A quién? ¿Tal vez un meme? ¿Cómo vencemos las barreras de la difusión algorítmica para explicarle a nuestros pares que un día no estaremos más porque la materialidad de la vida es más frágil que la democracia? ¿Cómo retomamos los caminos genealógicos para luchar hasta que todes seamos -verdaderamente- libres?

¿Cómo volver a creer en el pilar editorial de todas las coberturas periodísticas que llevamos adelante en la región en los últimos años tras la derrota argentina?: la soberanía popular. ¿Cómo reconstruir los lazos de solidaridad para volver a contar que las pibas siguen sufriendo por el abuso del poder patriarcal? ¿O que el Estado aún le debe a las travas una reparación histórica por haber sobrevivido a la sistemática exclusión heteronormativa?

Sin embargo, Marcha es medio y refugio. Un espacio digital pero también una comunidad. Nacimos al calor de las luchas piqueteras en el Puente Pueyrredón. Somos hijos, hijas e hijes de la rebelión popular del 2001. Integramos las asambleas de mujeres piqueteras y llevamos su mirada a los espacios del feminismo hegemónico. Nos centramos en las experiencias de los feminismos populares, comunitarios y colectivos donde el relato se cuenta en plural. 

Caminamos por las huellas y comunicamos las voces que estallaron en el primer Ni Una Menos, nos convertimos en marea para impulsar el derecho a la libertad sobre nuestros cuerpos a través de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Rompimos las fronteras físicas impuestas y seguimos, del golpe de Estado en Bolivia hasta las rebeliones en Chile; elecciones, plebiscitos y paros desde Guatemala hasta Colombia. Cubrimos y acompañamos los conflictos políticos y las rebeldías de los pueblos del Abya Yala y lo hicimos junto a nuestros medios amigos de la región. 

Aunque nunca nos fuimos, Marcha vuelve. Venimos desde muy lejos como para decir adiós. Nos permitimos la pausa en el camino, los silencios y la quietud también. Estamos en movimiento, colectivo y en red, como una declaración de principios frente al ilusionismo individualista del mercado que no tiene nada que ver con la libertad. Por eso, en estos tiempos donde la primera persona, las selfies y los discursos autorreferenciales son la norma, volvemos a firmar en colectivo. Afirmar en colectivo. Como una estrategia de cuidados pero también, y sobre todo, como una decisión política.

Acá estamos. Es cierto que continuamos en las calles, en las narrativas y las redes por todas nuestras libertades, pero también sabemos que no es suficiente. No podemos (no queremos) seguir naturalizando la narrativa del miedo como la única forma de comunicar el horror. Esos largos comunicados que ya no pasan por los corazones hambreados de nuestros pueblos. Relatos de primeras personas despersonalizadas. 

Necesitamos de esa otra narrativa vital que está siendo, una reflexión que ponga a la vida en el centro: esto es, también, con el cuidado de nuestros cuerpos territorios, nuestros placeres y lo que nos queda de salud mental. Queremos reconstruir y crear relatos que enamoren, que acompañen y cuiden. Que la prioridad sea el resguardo de la persona que tenemos al lado antes que los likes que nos da una red social. Que nuestras estéticas disputen todos los sentidos que han sido impuestos por los algoritmos. Que el mensaje transmitido sea un impulso para el encuentro. Por eso, hablamos con la “a”, con la “e” y la “x” para que nadie quede afuera. Una narrativa de las mayorías en plural y diversa.

Y es que, somos la Argentina de las tres estrellas, somos genealogías de pueblos en resistencias. Queremos volver a ser marea, sentirnos multitudes, mayorías afectivas que sean capaces, también, de sostener el gesto de lo pequeño. Donde lo local nos permita conectar con lo vital. Donde la precarización y la violencia económica se traduzcan en solidaridad. Donde el individualismo de las redes se convierta en una comunidad. Donde el desborde nos impulse a imaginar. Donde el caos nos invite a conspirar. Allá vamos a estar.

Seguimos en marcha…

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Por Laura Martínez Foto: Laura Sussini

Luego del triunfo de Milei en las PASO se multiplicó la difusión de análisis sobre el alcance de su discurso en amplios sectores sociales, con cierto énfasis en sujetos específicos como jóvenes, varones, trabajadores precarizados de aplicaciones. Artículos como el de Semán y Welschinger[1] reconstruyeron anticipaciones sobre la fuerte llegada del discurso de Milei en muchos sectores, desde ideas como la interpelación a los emprendedores y el Estado como principal responsable de la imposibilidad de crecer económicamente. Asimismo, resaltan que se “rechaza el componente emocional y subestima la prédica explicativa” de Milei, la cual logró, según los autores, “conectar con un número creciente de experiencias colectivas”. En principio se reconstruye la forma en que la economía narrada conectó con malestares, percepciones y demandas desatendidas, ángulo de mirada que requiere mirar muy de cerca las condiciones materiales de la vida cotidiana y la desigualdad expresada en múltiples formas.

Sobre esta conexión también escriben Cavallero y Gago[2], remarcando las “racionalidades” que se construyeron en estas condiciones de posibilidad para una adhesión a este discurso.  Dicen Semán y Welschinger que “los libertarios podrían hacer suya la frase de Thatcher pero a la inversa”; no es que se intenta por medio de la economía desarticular las nociones de estado de bienestar, sino que “Milei busca cómo método conectar con un alma popular que ya cambió”.  Quizá las más fuerte de las representaciones que se atribuyen a este movimiento, es la idea de “ruptura” total que de acuerdo con muchos analistas está expresando Milei. Sin embargo, me parece importante sumar un ángulo que resalte cómo han surgido y crecido esos cambios, quienes los han motorizado y cuáles fueron sus contextos de emergencia.  Si Milei expresa ruptura, no obscurecer las continuidades en las que se apoya.

1- La utopía neoliberal como proyecto cultural o cuando los tiburones se convierten en leones

La creciente difusión de nociones sobre mérito, esfuerzo individual e inevitabilidad de recorte del Estado forman parte del repertorio de acciones que crecen en el marco de la oposición y co-construcción al kirchnerismo como una de las salidas institucionales luego de la crisis del neoliberalismo en 2001. Se ubican en el armado de reencauzar una opción neoliberal pura luego del estallido social y montado en múltiples procesos, de los cuales sólo volveré a mencionar uno: el contenido de los discursos públicos de “cambio” cultural, que resumí en 2016 como “la pedagogía del tiburón”[3]. Allí reconstruía además el marco de ataque discursivo a la categoría de los derechos, como parte de una avanzada ideológica y de organización de ideas que trascendía ampliamente el mapa de partidos, en centros intelectuales de derecha como la UCEMA, la multiplicación de libros contra “el populismo” y las consignas de altos empresarios contra la “inflación de derechos”.

Allí planteaba también la centralidad de escuchar la conexión entre el ataque discursivo a los derechos y la explicitación de clasificaciones morales (“vagos” o “planeros”) como aspectos indisociables, ya que son las categorías morales un aspecto fundamental de la manera en que las personas construyen conocimiento y sentido sobre los derechos. En este proyecto cultural parecía perfilarse una forma pública específica de hablar sobre trabajo: el lugar de enunciación jerárquico y la utopía de formar a las nuevas generaciones para que sean tiburones del mercado. Si es “un alma que ya cambió”, ¿en qué procesos recientes se inscriben esos cambios? ¿Es suficiente describir las ideas de ruptura y comprender las lógicas implicadas en ella, sin inscribirlas como parte de procesos más amplios donde se ponen en juego politizaciones estratégicas del malestar social? ¿Las ideas que vienen cobrando amplia difusión en los medios de difusión libertarios y no libertarios, no deberían ser a su vez situadas en su economía política de distribución? ¿Acaso hay que dejar la cuestión de la financiación y los soportes materiales de organización de ideas en un anecdotario sobre la crítica a los medios de comunicación? Privilegiar los puntos de vista de las personas y centrarse en los significados no equivale a desentenderse conceptualmente de las estructuras de desigualdad donde éstos se forjan y distribuyen.

La conversión del tiburón en león implica un salto en la violencia verbal casi inédito en candidatos a presidente en Argentina. Pero su autoridad no se forjó con los exabruptos, sino en su articulación con citas de escuelas teóricas, apellidos de economistas y la difusión de conceptos disciplinares.   

2-Pretensión de autoridad teórica, imágenes morales y pedagogía de confusión

Un aspecto central de las lógicas con las cuales se construyen las adhesiones al discurso de Milei es la manera en que interpela mediante la pretensión de autoridad teórica, como hemos visto en redes sociales y posicionamientos de jóvenes estudiantes universitarios que afirman que “sabe” o que para entenderlo “hay que estudiar” al mismo tiempo que muestra una foto de cálculos matemáticos en un manual de economía. Numerosas citas a referentes de “la escuela austríaca” de economía en entrevistas televisivas, citas exactas de definiciones teóricas sobre la tasa de interés en redes sociales y como contestación a cuestionamientos públicos que no fueron expresados en términos teóricos. Era esperable que muchos economistas se pronunciaran sobre la falta de rigor, la descontextualización y forzamiento de conceptos, que además se ponen a circular en medio de imágenes morales que Milei produce en esos mismos contextos de interlocución. Su discurso combina la pretensión de autoridad teórica y los sustantivos y adjetivos de impacto moral: “aberración” (hablando de la justicia social) o de introducción de conceptos en posiciones morales como contra el aborto como delito agravado por “el diferencial de fuerzas” o de verbalización de imágenes morales inéditas en el discurso público sobre la figura del estado “organización criminal violenta”. En una entrevista radial, un periodista le pregunta si está a favor de la venta de niños: responde que hay un “libro maravilloso”, cita a un autor y un premio Nobel. El recurso al saber experto combinado con frases temerarias, como la venta de órganos o de niños. A pesar o más allá de sus intenciones, implica una pedagogía de confusión que combina el recurso clásico de los neoliberales de utilizar el saber experto económico como clausura de posiciones políticas (el gasto y el déficit son cuestiones de números, no de decisiones sobre intereses de grupos concretos). Vale decir neoliberales, recuperando el principio de no nombrarlos como quieren ser nombrados, sino mediante una categoría que condensa todavía cierto sentido crítico en parte del discurso público y conecta con la historia reciente del país. La idea de ruptura opera en base a los presupuestos acerca de lo que debe ser roto, lo que no puede seguir en su estado de cosas. La agitación de la idea de crisis como antecedente de doctrinas de shock económico neoliberal es algo que es importante seguir recordando y no es incompatible con atender a las racionalidades que se construyen ante escenarios de profunda desigualdad social, exclusión y deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, en las cuales también está operando de distintas formas las relaciones con la figura del estado, en principio por las demandas desatendidas aunque no se agote en ello. No renunciar a preguntarse por la forma en la cual desde distintas fracciones de los sectores dominantes se interviene ideológica y pedagógicamente en la politización del conocimiento de sentido común, los malestares, demandas y contradicciones.    

Las declaraciones son de alto impacto moral, seguido por una legión de seguidores en redes sociales, incluida farándula local, que viene participando activamente de la violencia verbal contra la izquierda mediante la reimplantación del vocabulario genocida amenazando “zurdos”. ¿Y cómo se responde?

3- Los derechos como lenguaje político, entre la contestación y la imaginación

Es posible ver los límites de responder exclusivamente desde una lógica bien intencionada de argumentación y contraargumentación, y en la medida en que se mueve constantemente de un registro discursivo a otro, de un nivel explicativo a otro. ¿Acaso tenemos algo más para responder que los lenguajes institucionales, como los derechos? Los derechos son también otro flanco de ataque: por ejemplo, cuando introducen una negación en la histórica frase de Evita “donde hay una necesidad hay un derecho”. Como decíamos, este ataque al lenguaje de derechos, a su condición de reivindicación política de una figura de estado no es nueva, aquí no hay ruptura, sino continuidad: en todo caso, los elementos de ruptura deben leerse en este particular momento y su acumulado social específico, signado por la postpandemia y la activación de sectores políticos de oposición a medidas de control sanitario (o más bien, la politización estratégica de percepciones y malestares sobre la acción estatal en la sociedad). La reflexión teórica contemporánea sobre los derechos no deja duda sobre la relevancia de la moralización de la política en distintos niveles, tanto en la implementación cotidiana de los derechos, como en la manera misma en la cual se definen las políticas públicas, como analiza Didier Fassin para los refugiados, desocupados y migrantes en Europa. A nivel de la cotidianeidad, podríamos decir que las formas de significar los derechos se construyen desde las definiciones morales más generales, los enunciados de deber ser y la división básica entre lo que está bien y lo que está mal, lo que se percibe como injuriante, lo que se considera objeto de reclamo y fundamentalmente lo que se define como merecimiento y necesidad legítima de una persona o grupo. Sobre esto, las nociones que definen socialmente qué es y qué no es trabajar son cuestiones clave que hacen además al reconocimiento de los saberes y experiencias múltiples sectores sociales que quedan por fuera de formas de representación políticas encauzadas institucionalmente: sindicatos, empleo registrado etc. Entiendo que este dilema se vincula con lo que Elsie Rockwell[4] destaca respecto de asumir la pluralidad de saberes asociados a la fragmentación y dinámica de las clases trabajadoras en este momento histórico, condición indispensable para preguntarnos sobre las experiencias de construcción de conocimiento con o en los movimientos sociales.

¿Hay condiciones de posibilidad para superar el lugar de contestación? Una sedimentación amplia en el tiempo tiende a separar los tipos de transferencias de ingresos del universo de prácticas de trabajo no formalizado, no reconocido, no nombrado o asumido únicamente como “desvío” de un modelo clásico de trabajo.  Y al mismo tiempo no hay que perder de vista que los empleos estatales son blanco de ataque. Acaso tendrá algo que ver la erosión de las reivindicaciones respecto de mundo laboral formal, contraponiendo falsamente la precariedad a los privilegios; y habrá que plantear la pregunta de a qué visión del mundo laboral responde esa idea. Como le dijo Bertie Benegas Lynch (sic) luego de las elecciones primarias a un periodista de la televisión pública: ¿qué se siente quedarse sin trabajo? El goce jerárquico es otro elemento de continuidad con los puntos de vista difundidos en los inicios del gobierno de Macri.    

Para pensar en una clave propositiva, es necesario seguir haciendo preguntas: cómo logra -o no- ser disputada una noción de derechos. Pensar por ejemplo en la provocación pedagógica de Milei preguntando qué tiene de malo que una empresa contamine el río, y el responsable de Obras Sanitarias, junto con muchas respuestas públicas similares ante el impacto de la declaración, responde que el agua es un derecho. Las preguntas pueden ser provocaciones pedagógicas originales, a favor o en contra de los derechos, y sobre esto tenemos que seguir pensando, posibles respuestas, contrapreguntas. Por otro lado, buena parte de la teoría social sobre los derechos asume hoy en día, los alcances y límites de las perspectivas institucionales como marco analítico. Se puede plantear la pregunta sobre su implicación en los horizontes dirigenciales y de funcionariado, en sus articulaciones con tipos de movimientos y demandas. ¿Ofrecen los derechos un marco importante para repensar en las propias debilidades, la fragmentación de acciones, posiciones, debates no saldados? Como, por ejemplo, las definiciones y pujas de actores sobre las economías informales y formas de trabajo, los cuestionamientos a y desconexiones con los planteos y movimientos feministas.    

De todos modos, conocer las diversas formas en las que se perciben y construyen socialmente los derechos es condición para calibrar la manera en la cual intervenimos públicamente en su defensa. Reapropiarnos de los derechos asumiendo los malestares en nuestra imaginación política -conceptual, es una tarea importante en favor de cualquier proyecto de mayorías en dirección a la igualdad, redistribución y el reconocimiento de derechos. Una tarea aún en medio de la urgencia electoral y sin dudas más allá de ella.   

[1] https://www.revistaanfibia.com/11-tesis-sobre-milei/

[2] https://www.tiempoar.com.ar/generos/paso-2023-un-analisis-feminista-del-rugido-del-leon/

[3] “Pedagogía del tiburón. Meritocracia y estado en la utopía neoliberal”.  Boletín de Antropología y Educación, 2016

[4] En el artículo Movimientos sociales emergentes y nuevas maneras de educar, Educação & Sociedade 2012.

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Brasil es la economía mas grande de América Latina y principal socio de Argentina en materia comercial. Ante los resultados del domingo ¿Cuáles son los escenarios posibles y por qué es trascendente para el país?

Por Melisa Yaleva para Cobertura #NosotresSim | Foto: Julianite Calcagno

Por su importancia demográfica, económica y política, las elecciones en Brasil son seguidas con expectativa por todos los gobiernos y actores relevantes de la región y el mundo. El gigante sudamericano es el principal socio comercial de Argentina, forma parte de los BRICS y tiene importantes relaciones con las principales potencias mundiales como Estados Unidos, China, Alemania. 

La campaña ha estado atravesada por temas de la agenda ambiental y feminista, como el cuidado de la Amazonía, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo,  por lo que el futuro plan de gobierno puede o no impulsar algunas de las demandas.

Lo que ocurra en las urnas este domingo entre Jair Bolsonaro y Lula Da Silva será analizado muy de cerca por productores, empresarios, actores y colectivas políticas nacionales e internacionales. Por eso, desde Marcha consultamos a dos especialistas, para entender mejor cómo y por qué los resultados  pueden influir en la economía local, la agenda de derechos humanos y en el plano geopolítico.

Integración Regional y Relación Bilateral Argentina- Brasil

Para el politólogo y analista Amilcar Salas Oroño, el periodo previo a la llegada de Bolsonaro a la presidencia “se afianzó una relación bilateral que se expresó, no solo en participaciones comunes en algunos foros multinacionales, sino también en la construcción de instituciones como UNASUR, CELAC y fortalecimiento de MERCOSUR”.

Sin embargo, estos últimos 4 años hubo un fuerte retroceso que se notó en varios aspectos:  cumbres y votaciones. Por ejemplo, respecto a la presidencia de Almagro en la OEA, y otras posiciones oscilantes por parte de  cancillerías  respecto de la guerra o situaciones en otros países latinoamericanos. “Durante la pandemia, no hubo ningún movimiento conjunto” señaló Salas Oroño, es decir que para el politólogo “comenzaron a mostrarse caminos distintos”. Respecto al MERCOSUR “es clave la declaración de Pablo Guedes – ministro de Economía de Bolsonaro-  que aseguró que este instituto no es prioridad” explicó.

En un contexto internacional marcado por la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China uno de los aspectos mas importantes es el reordenamiento internacional de los bloques económicos y el avance de China en América Latina. Brasil tiene como socio principal a China y Argentina a Brasil, ante un acercamiento de China a Brasil “este encadenamiento de relaciones  sería muy beneficioso para nuestro país si el diálogo con Brasil es mejor” apuntó el analista. 

En ese sentido, la Doctora en Ciencias Sociales y Especialista en Relaciones internacionales, Julia Peixoto, afirma que para pensar la relación bilateral con Argentina o  una agenda común de integración “hay una diferencia muy grande si gana Bolsonaro o Lula” ya que el actual mandatario  “no tiene un discurso favorable a la región  y menos a la Argentina”. La integración regional está más presente en un posible gobierno de Lula da Silva, “Bolsonaro no mira hacia Latinoamérica no le gusta identificarse con  la agenda de estos países con esa idea de Patria Grande, tiene más bien la idea de alineamiento con Estados Unidos,  pero, en los hechos,  Brasil estuvo muy aislado en toda la gestión Bolsonaro y eso se puede ver en  los posicionamientos  del Gobierno respecto de los pactos globales sean medioambientales, salud, deforestación, derechos humanos, etcétera” argumentó. 

Agenda DD HH

Los ejes de campaña y los debates presidenciales han tenido como protagonistas algunas demandas de la agenda ambiental, feminista, antirracista, como el cuidado de la amazonía, el derecho a la interrupción voluntraia del embarazo, participación política de personas afrodecendientes, indígenas, del colectivo LGBTIQ+, ¿Qué significa el triunfo  Lula o Bolsonaro en relación a estas agendas?.

Si bien en este tema ambos especialistas coinciden en que la diferencia es “muy notoria” ya que Bolsonaro significa un claro retroceso en estas agendas, para Peixoto, “Lula ha tenido que matizar algunas declaraciones en la recta final de las elecciones para atender a un electorado de tinte más conservador, pero no se puede comparar el manejo que tuvieron los gobiernos del PT respecto a diferentes colectivos y a los Derechos Humanos en relación al gobierno de Bolsonaro que marca un total de desprecio por cualquier persona que no encaje en el ciudadano Blanco, Masculino, Económicamente activo”.

Por su parte, Salas Oroño, plantea que Lula llega con un respaldo de sus anteriores gobiernos donde se ha avanzando en políticas públicas afirmativas y de ampliación de derechos, que en la actualidad encuentran correlato y fuerza en su coalición política que maneja una agenda de temas y propuestas que son eco de las demandas actuales de un sector de la sociedad. 

Respecto a la conformación de la cámara de diputados, donde en las últimas elecciones se fortaleció la derecha pero donde, también, es noticia el ingreso de diputadas indígenas, colectivos feministas y mujeres trans, “no me parece un detalle esta fotografía, ya que si bien es una cámara más conservadora o quizás más polarizada también refleja una diversidad de miradas e identidades que muestran las distintas realidades del país y que en estos cuatro años no pudieron taparse. Ahora se viene una etapa de relaciones y nuevas pautas que se pueden ir logrando y significa un avance para estos grupos” afirmó el especialista.

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A fines del mes de abril, la urbanista brasileña Raquel Rolnik visitó la Argentina y presentó, entre otras actividades, su último libro “La guerra de los lugares . La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. A continuación, una reseña para seguir pensando el acceso a un hábitat digno.

Por Agustín Bontempo | Foto: Camila Parodi

“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentaré, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos. ¿Cómo podemos entonces ejercerlo mejor?” [1]

David Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”

El siglo XXI, este que irrumpió en nuestras vidas con trasformaciones culturales a gran escala a partir, especialmente, del acelerado desarrollo de las tecnologías, también vino con la profundización de un modelo de exclusión vinculado al acceso a un hábitat digno. Este paralelismo no es caprichoso, pues el nuevo mundo es cada vez más desigual, excluye a las mayorías y priva a la población de todo el planeta a que pueda tener garantizado un derecho humano fundamental: la vivienda propia.

De esto discurre “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”, el último libro de la urbanista brasileña y ex relatora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, quien participó de la presentación de su libro en Argentina durante la última semana de abril -material editado por la Editorial El Colectivo en conjunto con LOM Ediciones-, en una serie de encuentros organizados por la Fundación Rosa Luxemburgo Oficina Cono Sur.

El trabajo de Rolnik es riguroso para comprender la escandalosa crisis habitacional que azota al mundo en general y a nuestra América Latina en particular. Poder habitar un hogar de manera digna, en ciudades integradas y con acceso a los servicios básicos, se vuelve un anhelo cada vez más lejano para una porción inmensa de la humanidad. Hablar de este tema es involucrarse de lleno con la desigualdad en esta angustiante expresión: no tener donde vivir o hacerlo a un costo altísimo.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2] que relevó 109 países, en octubre de 2021 había 1.300 millones de personas en situación de pobreza. Además, destaca que al menos 1.000 millones de individuos carecen de una vivienda digna. Como contrapartida, un informe reciente de la Confederación OXFAM[3] asegura que en el mundo hay 2.668 milmillonarios que concentran riquezas equivalentes al 13.9% del PBI mundial, donde se destaca que 10 de estas personas poseen más que el 40% de las personas en situación de pobreza en todo el mundo.

Este escenario pone de manifiesto las dificultades que tienen miles de millones de seres humanos para dormir bajo un techo en todo el planeta mientras una pequeña porción de personas posee riquezas superlativas. Esta aproximación da cuenta de que la amplia brecha en materia de ingresos es estructural y estructurante del problema planteado.

A los bajos ingresos, se le suma que el mercado inmobiliario se fue imponiendo por sobre las obligaciones de los Estados en garantizar la vivienda de las familias. Es interesante que podamos hacer un breve recorrido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991, el mundo se conformó de una manera bipolar donde el bloque capitalista debió implementar un modelo que pueda intervenir en la estructura de las relaciones sociales. La necesidad de recuperar la calidad de vida post conflicto bélico y la confrontación con el comunismo, decantó en el surgimiento del Estado de Bienestar que tomaba partido en ámbitos que garanticen derechos para la ciudadanía. Esa lógica (que en nuestro país se vio truncada hacia la década del 70, especialmente con el inicio de la dictadura cívico y militar que se instaló el 24 de marzo de 1976) se rompió para que se termine imponiendo lo que algunos llamaron el pensamiento único que tuvo su enclave a través del consenso de Washington para desarrollar una visión de un mundo que, a través de la globalización, iba a resolver todas las necesidades estructurales de la población a nivel global.

La autora desarrolla estas ideas asumiendo que el sistema -con sus variantes nacionales- no dio respuestas definitivas a la problemática, aunque sí hubo procesos de intervención y regulación. La caída de la URSS y la idea del fin de la historia se comenzó a imponer con fuerza en la década de 1990 poniendo en jaque el concepto de vivienda como derecho humano[4] y, en su lugar, ser pensado como un instrumento del mercado que priorice las ganancias de algunos sectores. La propia Rolnik lo sintetiza con claridad:

“En países postsocialistas, en Estados Unidos y en buena parte de los países europeos la privatización de los complejos de vivienda pública y los cortes drásticos en la inversión y en los fondos habitacionales se sumaron a las reducciones en los programas de bienestar y en las ayudas al alquiler. Esas medidas estuvieron acompañadas por la desregulación de los mercados financieros y por una nueva estrategia urbana, a fin de permitir la movilización del mercado doméstico y el reciclado del capital internacional”[5]

Raquel Rolnik, “La guerra de los lugares”

Un sistema expulsivo

El período abierto en 1990 tuvo un desarrollo de variables que, evidentemente, fueron agitando escenarios de crisis. Una población global que crecía aceleradamente en un mundo que cada vez daba menos respuesta a las necesidades existentes, con un mercado laboral que comenzó a modificarse a partir del impulso de las nuevas tecnologías propias de la Sociedad de la Información[6] que, a su vez, tuvo un reflejo en los territorios

Pablo Ciccolella destaca que “Los procesos de reestructuración económica global, entonces, han dado lugar en los últimos años al rediseño de la relación entre economía, sociedad y espacio, generando nuevas estructuras territoriales de producción, gestión, circulación, así como nuevas formas de fragmentación territorial”. Y agrega que “También ha desencadenado una nueva oleada de modernización, planteando un nuevo esquema territorial de la antinomia atraso/modernidad, determinando, por ejemplo, un nuevo modelo selectivo de incorporación/exclusión de áreas, determinando la declinación de unas y el ascenso de otras, en el contexto del capitalismo global”[7].

El problema es doble. Las ciudades se organizan no ya en base a la integración ordenada de sus comunidades sino de acuerdo a las necesidades que se imponen desde el mercado. De esa manera, los aún vigentes cordones industriales quedan cada vez más en zonas marginales del tejido urbano y, consecuentemente, los ámbitos habitaciones también, mientras que los “centros” urbanos vinculados al nuevo mercado laboral tecnológico, por ejemplo, tienen cada vez menos espacio para habitar. Por lo tanto el modelo de ciudad es excluyente.

Este reordenamiento también es abordado por Rolnik quien destaca que el mecanismo expulsivo en las ciudades se acelera en el Siglo XXI. En este período se destaca el colapso de las hipotecas subprime en Estado Unidos que culminaron con la crisis económica de 2008 y que sus efectos en todo el mundo persisten aún hoy. Este régimen trató de incluir en un sistema crediticio a millones de familias que realmente no podrían cumplir con las exigencias económicas, causando un colapso financiero de gran escala para ellas y al modelo en general.

En los países del “tercer mundo” el efecto fue mayor. Por un lado, por las propias consecuencias del estallido financiero aunque, a su vez, el mercado inmobiliario que se imponía tornó cada vez más difícil la posibilidad de acceder a créditos y sistemas de vivienda propia así como también de alquileres, desarrollándose con intensidad las producciones informales de barrios completos. En Argentina esto tuvo su expresión. De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)[8], más de 5 millones de personas viven en más de 5.600 barrios o asentamientos precarios en todo el país.

En el caso argentino hay una caso aún más elocuente: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estima que, en la Capital Federal -el distrito más rico del país-, más de 300 mil personas viven en este tipo de barrios. Con excepción del barrio Padre Mugica (un asentamiento centenario construido en zona portuaria porque recibía a sus primeros habitantes que llegaban desde Europa para trabajar), la inmensa mayoría se ubica en zonas marginales de la ciudad. Como contrapartida, se estima que casi un 30% de las viviendas formales están vacías y a disposición de la especulación inmobiliaria.

Este panorama muestra no solamente el carácter expulsivo de las nuevas ciudades sino que sintetiza una de las máximas de este tiempo: la gente sin casas y las casas sin gente.

La financiarización de la vivienda

“La propiedad inmobiliaria [real state] en general y la vivienda en particular configuran una de las más nuevas y poderosas fronteras de la expansión del capital financiero. La creencia de que los mercados pueden regular el destino del suelo urbano y de la vivienda como forma más racional de distribución de recursos, combinada con productos financieros experimentales y <<creativos>> vinculados a la financiación del espacio construido, hizo que las políticas públicas abandonaran el concepto de vivienda como un bien social y el de ciudad como un artefacto público. Las políticas habitacionales y urbanas renunciaron a la función de distribuir la riqueza, bien común que la sociedad coincide en dividir o proveer a aquellos que tienen menos recursos, para transformarse en mecanismos de extracción de ingresos, ganancia financiera y acumulación de riqueza. Este proceso derivó en la desposesión masiva de territorios, en la creación de pobres urbanos <<sin lugar>>, en nuevos procesos de subjetivación estructurados por la lógica del endeudamiento, además de haber ampliado significativamente la segregación de las ciudades”.

La cita es de la propia Raquel Rolnik y describe de manera elocuente el mundo habitacional actual y el análisis general que plantea en todo su libro. Los hogares en tanto activos financieros en lugar de derechos humanos básicos que deben ser garantizados, sistemas crediticios limitados que condicionan la vida de las personas, el capital ficticio y la extracción constante de la renta productiva. Estamos hablando de un proceso denominado como financiarización que se trata de “el dominio creciente de actores, mercados, prácticas, narrativas financieras en varias escalas, lo que resulta en la transformación estructural de economías, empresas, Estados y grupos familiares”[9].

El proceso de financiarización que la autora aborda en detalle también es la contrapartida de las necesidades que la población en todo el mundo necesita para acceder a un hábitat digno. Los Estados (en todos sus niveles, en todos los países y regiones) deben planificar los territorios de manera integral, equitativa y ambientalmente sustentable. Se requiere que el suelo urbano sea accesible para las mayorías en ámbitos que permitan generar comunidad y socialización. Que la vivienda pueda ser un derecho humano efectivamente y no de manera declarativa.

La hegemonía del mercado financiero global atenta contra estas necesidades y demandas, excluyen y consecuentemente empobrecen a millones de familias en todo el mundo. Por supuesto que este escenario no puede ser abordado de manera aislada y eso también lo entiende Rolnik. Las relaciones desiguales de producción y explotación del ámbito laboral también construyen marginalidad, de un lado, y riqueza obscena, del otro. Es difícil acceder a trabajos y que estos sean estables, permitiendo encarar los proyectos de vida en todas sus dimensiones. Esto, que también es uno de los grandes problemas que el capitalismo ha generado y no puede dar soluciones, también produce informalidad en la vivienda y en los barrios, que carecen de servicios básicos y accesibilidad al conjunto del ejido urbano.

Tal como lo anuncia el título del libro, la autora entiende que los territorios son una nueva arena de disputa entre poderes fácticos y la enorme masa de ciudadanos, ciudadanas, parte de una inmensa clase trabajadora que reclama lo que les corresponde.

Rolnik cree -y con todo derecho-, que las nuevas formas de gobernabilidad juegan un rol destacado en esta guerra y que la democracia, en concreto, no resuelve lo que debería. En síntesis, lo que está ocurriendo es una expansión de las fronteras del mercado. Sin embargo, este proceso no es lineal. Del otro lado hay comunidades enteras que se organizan y resisten, que plantean alternativas, soluciones y salidas. Hay batallas políticas y sociales con variadas alternativas y orientaciones políticas.

En definitiva, de eso se trata la guerra de los lugares: si el capital impone sus reglas de mercado, la organización de las y los asalariados se darán sus mecanismos para que su derecho humano vulnerado pueda ser garantizado por sus propios medios.

Estructura de los capítulos

El libro tiene un abordaje exhaustivo de la problemática que estudia. En la primera parte, que se divide en 5 capítulos se aborda la financiarización global de la vivienda. Escenarios, impactos desiguales en diversos territorios del mundo, las propuestas e iniciativas que los gobiernos y el real state ha impulsado.

La segunda parte, repartida en 4 capítulos, se centra en la inseguridad en la tenencia. Se trata de los padecimientos que atraviesan las familias que son desafiadas o directamente expulsadas de sus hogares y barrios, con destinos diversos, complejos y muchas veces desoladores. Desplazamientos producto de guerras y desastres naturales, desalojos por incapacidades económicas y nuevos arraigos en lugares que son ajenos y precarios.

La tercera parte consta de tres capítulos y analiza los lineamientos generales del libro en la experiencia particular de Brasil, confrontando los métodos institucionales y gubernamentales, el rol del mercado inmobiliario, la situación de la población y las alternativas que se plantean frente al escenario esbozado.

A continuación, la autora hace un balance sobre los efectos de los acontecimientos en desarrollo y las respuestas organizadas de la comunidad y un análisis de los nuevos procesos de financiarización con su más actual expresión: los alquileres.

Una breve conclusión

Raquel Rolnik es una profesional con una acabada y comprobada experiencia, tanto en sus roles académicos como de práctica política. La Guerra de los lugares es un amplio y riguroso estudio sobre la organización urbana en términos sociales y de infraestructura. Como señala Ana María Vázquez Duplat en el prólogo, el estudio de conceptos y experiencias en decenas de ciudades que la autora evidencia a lo largo de todo el trabajo nos permite comprender el entramado de las ciudades de hoy.

Hablar de ciudades expulsivas en el Siglo XXI es, sin duda, referirse a los efectos del neoliberalismo a escala mundial. La caída del bloque comunista fue la punta de lanza para consolidar este modelo excluyente, de ciudades desiguales que se fue consolidando y expandiendo, garantizando que la pobreza económica tenga su correlato habitacional.

Por tanto, es urgente que podamos analizar en detalle el análisis de Rolnik porque la estructura social hegemónica es voraz y amplia sus márgenes sin contemplaciones. Pero también, como señala incluso la autora, esta misma voracidad siembra la fuerza de su destrucción.

El neoliberalismo hegemoniza, sí, pero ya no de manera estable. Innumerables procesos y movilizaciones populares en todo el mundo lo ponen en jaque, resisten sus consecuencias y ofrecen alternativas. La inestabilidad que presenta América Latina donde nuevos gobiernos populares son el resultado electoral de las luchas llevadas adelante por las y los campesinos de Colombia y Ecuador, los pueblos originarios de allí pero también de Perú, Bolivia o Chile, la clase obrera organizada junto a los sin tierra que resisten el fascismo de Brasil.

La guerra de los lugares es, a veces, angustiante frente a la claridad con la que expone este mundo en el que vivimos. Pero también es provocador y, por momentos, nos ilusiona al ver que el pueblo en su resistencia y organización también presenta alternativas que nos incluyen a todos y todas.

[1] D. Harvey, “Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana”. Akal, Buenos Aires, 2014.

[2] “El índice de pobreza releva profundas desigualdades entre grupos étnicos”. Informe PNUD, octubre de 2021. Consultar aquí: https://www.undp.org/es/comunicados-de-prensa/el-%C3%ADndice-de-pobreza-revela-profundas-desigualdades-entre-grupos-%C3%A9tnicos#:~:text=A%20nivel%20mundial%2C%20en%20109,y%20Asia%20meridional%20(532%20millones

[3] Beneficiarse con el sufrimiento, mayo de 2022. Puede consultar el informe aquí: https://www.oxfam.org/es/informes/beneficiarse-del-sufrimiento

[4] En Argentina, la vivienda es un derecho que debería estar garantizado por el Estado según lo establece el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

[5] R. Rolnik. “La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas”. Editorial El Colectivo y Ediciones LOM. Buenos Aires, 2021.

[6] El término Sociedad de la Información fue acuñado por Manuel Castells, quien afirmó que en la década de 1970 comenzó a imponerse un modelo de estructuración de la sociedad y del trabajo que remplazaría la hegemonía industrial.

[7] M. Ciccilella. “Metrópolis Latinoamericanas. Más allá de la globalización”. Editorial Café de las Ciudades, Buenos Aires, 2014.

[8] Se puede consultar aquí: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap

[9] Consultar aquí: https://www.academia.edu/7359027

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Por Eduardo Giordano

La protesta social en Colombia es sofocada por el gobierno del presidente Iván Duque masacrando a las y los manifestantes con el Ejército y la policía. La rebelión palestina es reprimida en la franja de Gaza con todo el poder de fuego del Ejército israelí, incluyendo ataques de la aviación y bombardeos de artillería. Los proyectiles israelíes derriban edificios enteros a la vista del mundo, con la misma impunidad con que la policía colombiana y los paramilitares disuelven las marchas ciudadanas disparando a la multitud. Durante el actual Paro Nacional en Colombia ya hubo más de 50 manifestantes asesinados y asesinadas por la fuerza pública y un policía muerto al reprimir un saqueo. En los 11 días de bombardeos de la franja de Gaza y lanzamiento de misiles de Hamás hacia Israel, murieron 232 palestinos (de los cuales 67 eran niños) y 12 israelíes (2 niños). En ambos casos, el desequilibrio en el balance de víctimas refleja claramente la desproporción de fuerzas entre un estado militarizado y su población civil indefensa.

Aunque la situación de ambos países no sea en muchos aspectos comparable, existen varias coincidencias que nos permiten indagar sobre posibles vasos comunicantes de esta tragedia humana de violencia extrema que sufren, simultáneamente, en plena pandemia de covid19. Antes de profundizar al respecto, conviene resaltar la singularidad de cada proceso de conformación de la identidad nacional: Colombia con su historia jalonada de guerras civiles y con un estado que ejerció el terrorismo desde tiempos inmemoriales para eliminar la disidencia y centralizar la posesión de las tierras y los recursos naturales; Israel con su militarismo exacerbado y la peculiar complejidad que se deriva de la naturaleza colonial de la ocupación de Palestina. 

En el plano de las similitudes, apuntemos en primer lugar que ambos países, a pesar de ser formalmente democráticos, practican el terrorismo de estado cuando masacran a la  población civil indefensa, un crimen de lesa humanidad característico de las formas de gobierno dictatoriales. Otra importante coincidencia es la intervención de sectores sociales que, además de vitorear la represión estatal, aspiran a hacer justicia con sus propias manos; como aquellos civiles que disparan en Colombia contra los grupos de indígenas para expulsarlos de Cali, o las/los judíos xenófobos que protagonizan una vergonzosa noche de los cristales rotos contra comercios de árabes israelíes o linchamientos de taxistas palestinos.

Hay cierta semejanza en el determinante racista que tienen estas agresiones. La represión en Colombia se focaliza en Cali, una de las ciudades con mayor población afrodescendiente de América, capital del Valle del Cauca, y donde las comunidades indígenas reafirman constantemente su identidad y cultura, como es el caso de los Misak. La discriminación de estas comunidades “racializadas” y empobrecidas a lo largo de décadas, su desplazamiento y aniquilación por grupos armados y el abandono ancestral por parte del Estado es el caldo de cultivo que alienta las protestas, reprimidas salvajemente por el gobierno de Iván Duque.

En el caso de Israel, la ofensiva devastadora va dirigida contra las y los palestinos de la franja de Gaza, pero también alcanza indirectamente a las y los árabes israelíes, dos millones de habitantes cada vez más discriminados en su propio país por no ser ciudadanos de pleno derecho. La ley de Nacionalidad aprobada en 2018 a instancias de Benjamín Netanyahu consagra como única lengua oficial al hebreo y da carta de naturaleza al expansionismo de los colonos judíos: “El estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación” (artículo 7). También establece en su artículo 3 que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Un año después de aprobada esta ley, el gobierno de Donald Trump anunció que dejaba de considerar ilegales los asentamientos judíos en Cisjordania. Tiempo más tarde trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén, violando así resoluciones de la ONU, en un gesto que enfureció a las y los palestinos y a todo el mundo musulmán.

Por otra parte, en ambos países existen millones de desplazados por los conflictos bélicos, y aún hoy continúan los desplazamientos de legítimos pobladores/as y la usurpación de sus tierras. En el caso de Colombia, los depredadores se valen de grupos paramilitares o del propio Ejército para extender las fronteras de sus negocios ilícitos expulsando a los campesinos e indígenas. El Estado de Israel se edificó sobre la catástrofe (la Nakba) que supuso la expulsión de 750.000 palestinos, y aun hoy la justicia permite el derribo de viviendas palestinas para ceder el terreno a colonos judíos que supuestamente eran propietarios de ese suelo antes de la creación del Estado de Israel. Una justicia que no se aplica a la inversa, impidiéndoles a los palestinos recuperar sus tierras.

No hay otros países en nuestros días en los que se produzca una permanente expansión de las fronteras internas, como ocurre en Colombia e Israel. En ambos casos, el expansionismo de los sectores dominantes sobre las poblaciones subalternas impone formas de ocupación del territorio características del siglo XIX, cuando las naciones americanas independientes, herederas del etnocentrismo europeo, pretendían consolidar su integridad territorial con la “conquista del oeste” norteamericano o la “conquista del desierto” en el cono sur. El desierto, tal como lo veían las élites blancas, era un vasto e inconmensurable territorio que debía ser arrabatado a los indígenas para incorporarlo a las haciendas de los caudillos y militares criollos que se atrevían a conquistarlo. Este proceso colonizador y de expansión de fronteras concluyó en la mayor parte de América hace mucho tiempo, excepto en Colombia, donde hay más de seis millones de campesinas y campesinos desplazados, expulsados de su tierra, y cada semana se informa de nuevas incursiones de grupos armados que provocan más desplazamientos.

El investigador chileno Rodrigo Karmy, que estudió los fundamentos filosóficos de la noción de “pueblo elegido” y sus implicaciones políticas (1), considera al movimiento sionista como una “proyección del colonialismo europeo” en Oriente Medio. En su opinión, no existiría un conflicto religioso ni cultural entre personas judías y musulmanas, sino como consecuencia del colonialismo implícito en la expansión territorial del Estado de Israel. Esta tesis no es nueva, también la suscriben en un libro de conversaciones dos judíos de renombre internacional, el lingüista Noam Chomsky y el historiador israelí Ilan Pappé, quienes asumen que el Estado de Israel practica de forma sistemática la limpieza étnica al despojar a los palestinos de su territorio (2).

Racismo, ultraderechismo y terrorismo de estado

A pesar de estas similitudes, hay diferencias sustanciales derivadas de la historia de cada uno de estos países. Las características demográficas de Israel, cuya población judía es minoritaria en una región geográfica de mayoría árabe y musulmana, dan lugar a un contexto específico insoslayable. Esto alimenta, desde el origen del Estado de Israel, la ideología de atraer a las y los judíos de la diáspora como objetivo geopolítico prioritario. Aunque esta población con derecho a la nacionalidad israelí siempre será numéricamente inferior a la de sus vecinos musulmanes, su número está en permanente crecimiento -con altísimas tasas de natalidad entre los religiosos ultra ortodoxos- y las fronteras “judías” avanzan día a día sobre tierras palestinas, en Cisjordania y Jerusalén, mediante la construcción de nuevos asentamientos o el derribo y la reapropiación de viviendas palestinas.

En Israel hay dos poblaciones que comparten territorio pero no una misma identidad nacional. No hay lugar al cruce de identidades en una misma formulación estatal. La alternativa de crear dos estados resulta ya un espejismo, mientras el único estado existente devora el territorio del otro estado supuestamente embrionario. Los palestinos de Gaza y Cisjordania son ajenos a la condición de ciudadanía de la que gozan los ciudadanos judíos. Tampoco tienen derecho a la ciudadanía plena los árabes israelíes (palestinos/as) por su condición de no judíos/as. Muchos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han advertido sobre la situación de apartheid en la que viven estas comunidades musulmanas bajo las leyes del Estado de Israel. Dentro de Israel actúa B’Tselem, una organización hebrea que denuncia “el avance y la perpetuación de la supremacía de un grupo -judíos- sobre otro -palestinos- (3).

En Colombia, paralelamente, las clases acomodadas llaman a la policía y el ejército a masacrar manifestantes para acabar con los bloqueos vinculados al paro. En algunas ciudades, como Cali, la represión estatal y  paraestatal adquiere tintes racistas. Entran en acción los grupos paramilitares, que desde varias camionetas Toyota blancas alineadas en formación militar disparan contra los manifestantes indígenas de la Minga que llegan a la ciudad, provocando una docena de heridos. Los vehículos atacantes -todos de color blanco, como la vestimenta de sus ocupantes- se retiran del lugar escoltados por motos de la policía. Para justificar esas operaciones paramilitares, las élites caleñas realizan falsas denuncias de ataques a sus propiedades por parte de los indígenas. Un caso de racismo extremo es el de una médica que escribe en una red social a sus colegas: “Dan ganas de que vengan las Autodefensas y acaben literalmente con unos 1.000 indios, así poquitos nada más para que entiendan”. El 25 de mayo, a pocos días del primer mes de paro, un sector de la sociedad caleña (la gente de bien para el gobierno) salió a las calles vestido de blanco y con pañuelos blancos, en una llamada Marcha del Silencio, para reclamar “libertad para trabajar” y el fin de los bloqueos. Esa misma noche en Tuluá, cerca de Cali, se produce la espectacular quema del Palacio de Justicia en una acción atribuida al vandalismo pero que en realidad fue planificada y coordinada, según afirmó el alcalde, y en las inmediaciones del lugar murió un joven estudiante por disparos de arma de fuego. Hay denuncias de que los encapuchados que incendiaron ese edificio histórico actuaron en connivencia con la policía, en una operación de falsa bandera que benefició a los capos del narcotráfico cuyos legajos desaparecieron. A medianoche, en una acción de grupos paramilitares, los ocupantes de una camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo (4).

A diferencia del régimen de apartheid de Israel, Colombia no discrimina jurídicamente por estatus de ciudadanía a las y los indígenas o afrodescendientes, ni a la juventud pobre de los suburbios urbanos, pero con frecuencia los extermina como población desechable. Darío Monsalve, arzobispo de Cali considerado “comunista” por la ultraderecha colombiana, asegura que “en Colombia persiste una mentalidad de ‘limpieza social’ o de lo que yo he llamado ‘genocidio generacional’ entre los más pobres”. La sociedad bien pensante, la gente de bien, les envía los escuadrones de la muerte para que cometan “asesinatos ecológicos” o “muertes con sentido social” (5).

Históricamente, y en particular desde la década de 1980, el Estado colombiano ha delegado la represión de la disidencia social en diversos grupos paramilitares. La etapa más agresiva de estos grupos se desarrolló con la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por los hermanos Castaño, que centralizaron su accionar y sembraron el terror entre la población rural, participando entre otros crímenes en el genocidio político de la izquierdista Unión Patriótica (UP). Las AUC contaron con entrenamiento directo de oficiales de espionaje y ex militares del ejército israelí. El periodista Alberto Donadio reveló en enero de 2021 que durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) fue contratado un alto oficial de inteligencia israelí, Rafi Eitan, pagado con fondos opacos de Ecopetrol, quien habría aconsejado “eliminar” a todos los miembros de la UP a través de grupos paramilitares que él mismo se ofreció a crear (6). El asesor de Barco no era una figura irrelevante, ya que en su currículum destaca el haber dirigido la captura del mayor criminal de guerra nazi huido a Sudamérica, Adolf Eichmann, en Buenos Aires en 1960. Otro ex militar y conocido mercenario israelí, Yair Klein, tuvo un papel destacado en el entrenamiento y suministro de armas de guerra a los paramilitares colombianos en aquellos mismos años. Al publicarse la investigación de Donadio, la UP solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que citara a declarar al general Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa de la época, así como al empresario de seguridad israelí Yair Klein en condición de “mercenario en el genocidio”.

Esos grupos paramilitares no solo aprendieron a asesinar a opositores políticos y a enfrentar a las guerrillas de izquierda sustituyendo en esta misión al estado colombiano. También adquirieron la habilidad de conquistar tierras productivas para grandes terratenientes de la ganadería extensiva y el cultivo de la palma africana, expulsando a la población local por encargo de hacendados que se apropian del territorio intimidando a sus legítimos propietarios para ensanchar sus fincas a precios de saldo. Muchos de estos desplazamientos afectan a pueblos indígenas o afrodescendientes, que se ven obligados a abandonar su hábitat por el temor que les infunden los sicarios paramilitares. Esta forma de terror fue especialmente cruel en Urabá y otros municipios de Antioquia durante la segunda mitad de los años noventa, bajo el gobierno de Álvaro Uribe (7).  

Esta dinámica de desplazamiento de grandes masas de población rural, que afecta a varios millones de colombianos, ha continuado con mayor o menor intensidad durante las presidencias de Uribe (2002-2010), Santos (2010-2018) y Duque.  Aun hoy, en muchos lugares de Colombia se expulsa a las y los indígenas o se los asesina (y en particular a sus líderes sociales) para robarles el territorio, y así extender las nuevas formas de colonización: la frontera cocalera, ganadera, de la palma… La frontera “productiva” avanza sobre las culturas nativas y destruye la biodiversidad gracias a los desplazamientos masivos de población, inducidos por las masacres.

El reclutamiento de jóvenes para convertirlos en sicarios de los grupos paramilitares es incesante. A finales de abril, Norma Vera Salazar, defensora de Derechos Humanos del departamento de Magdalena, denunció que en la Sierra Nevada de Santa Marta el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra estaraba reclutando menores de 15 a 17 años procedentes de Venezuela, uniformándolos y pagándoles un sueldo por incorporarse a ese grupo criminal (8). Y durante el mes de mayo, en una operación que muchos consideran vinculada a la represión del paro nacional, antiguos paramilitares de las AUC desmovilizados en 2005 denunciaron que fueron localizados por las Autodefensas para que volvieran a integrar sus filas. “Están como locos reclutando gente”, declaró a Radio Caracol uno de ellos, que fue acosado en Risaralda -donde viven unos 600 paramilitares desmovilizados- tras haber cambiado varias veces de domicilio, y que denunció a la Fiscalía porque “ellos son los únicos que tienen esa información” para identificar a los antiguos sicarios (9). 

Alianzas político-militares con Estados Unidos

A pesar de la naturaleza claramente diferenciada de cada proceso histórico, existe una coincidencia fundamental entre ambos países: tanto Colombia como Israel son los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en sus respectivos continentes y los mayores receptores regionales de ayuda militar estadounidense. Colombia cuenta con al menos siete bases militares norteamericanas en su territorio (de las 70 bases que Washington tiene desplegadas en América Latina), sus fuerzas armadas realizan operaciones conjuntas con asesores del Comando Sur en enfrentamientos contra las guerrillas o el narcotráfico y es el único país latinoamericano que tiene un acuerdo de colaboración con la OTAN. Desde el año 2000 hasta 2016, Colombia recibió 9.500 millones de dólares, de un total de 20.500 millones de ayuda militar para toda América Latina. Esta ayuda triplica la cantidad entregada al segundo receptor de la región, México (2.900 millones de dólares), que comparte con Colombia el carácter de país prioritario en la “guerra contra las drogas”. Durante 2020 la ayuda militar a Colombia alcanzó los 330 millones de dólares. Aunque esa cuantiosa asistencia militar oficialmente se destina a la lucha antinarcóticos, esta siempre sirvió como pantalla para la intervención militar estadounidense en el conflicto armado colombiano (10).

En el caso de Israel, primer aliado estadounidense en el mundo no anglófono, las magnitudes de la asistencia militar son de una escala superior. La ayuda militar al estado hebreo, de unos 3.000 millones de dólares anuales, se incrementó en 2016, al final del gobierno de Barak Obama, con la aprobación de un paquete de 38.000 millones de dólares distribuidos en los 10 años sucesivos. Esta ayuda sirve para equipar al ejército israelí con cazas ultramodernos y se destinan 500 millones de dólares anuales a financiar el escudo antimisiles para blindar el espacio aéreo de Israel.

Durante los 11 días de bombardeos de la franja de Gaza por parte del ejército israelí, Estados Unidos bloqueó varias resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar la ofensiva. No fue una sorpresa, porque la comunidad internacional está acostumbrada al veto de Washington en todo lo que afecte a Israel. A lo largo del año 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió 17 resoluciones contrarias a Israel, según el recuento de un organismo próximo al gobierno israelí. Entre ellas, una resolución aprobada en diciembre referida a la ilegalidad de explotar los recursos naturales en los territorios ocupados, tanto de los palestinos en Cisjordania como de los sirios en los Altos del Golán. Varias resoluciones reclaman a Israel que se retire de los territorios que ocupa y le exigen fijar sus fronteras internacionales. Pero estas resoluciones de la Asamblea tienen solo un carácter simbólico, no son vinculantes. En el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento, Estados Unidos ejerce su poder de veto para evitar que se condene el carácter criminal de las ofensivas del ejército israelí.

Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, sin distinción de partidos, han vetado hasta 45 resoluciones de condena del Consejo de Seguridad de la ONU por todo tipo de abusos y violaciones de soberanía cometidos por el Estado de Israel, dos tercios de los cuales se refieren al conflicto interno con el pueblo palestino (11) (12). Esta situación mantiene de forma permanente el status quo, impidiendo al Consejo tomar medidas efectivas para impedir las masacres de población civil palestina. Los representantes de Washington ante la ONU alegan que “Israel tiene derecho a defenderse”, tal como acaba de hacerlo el presidente Joe Biden para justificar el veto actual.

En la cuenta de los desequilibrios de la región de Oriente Medio hay que sumar también que las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, han permitido que Israel desarrollase capacidades de armamento nuclear en instalaciones secretas, fuera del riguroso escrutinio de las inspecciones internacionales a las que se somete a su adversario persa cada vez que añade un puñado de centrifugadoras a sus instalaciones de uso civil. Este poderío, conocido aunque no explicitado, dota a Israel de una capacidad disuasoria que no es meramente defensiva, ya que le permite atacar instalaciones militares o civiles en países vecinos y no temer represalias. Recordemos que el ejército israelí ha bombardeado abiertamente centrales nucleares de Iraq, Siria e Irán sin que la comunidad internacional hiciera nada por impedirlo.

Geopolítica, petróleo, drogas y armamento

Israel y Colombia constituyen dos grandes plataformas militares desde las que Estados Unidos y sus aliados controlan la temperatura social y política de los respectivos escenarios regionales. Ambos tienen una ubicación geográfica privilegiada, muy próximos a los principales pasos estratégicos del comercio internacional, el canal de Suez y el canal de Panamá. Además, ambos países son territorio de frontera con las mayores reservas de petróleo del planeta. En el caso de Colombia, aparte de sus propias reservas, la vecina Venezuela cuenta con las mayores reservas mundiales comprobadas. En el caso de Israel, la vecindad es con los grandes productores de la OPEP, que extraen una tercera parte de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo. 

Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, el control de la producción y circulación de los recursos energéticos fue una pieza central de la estrategia geopolítica estadounidense para el despliegue de su ejército en el exterior. Las principales multinacionales del sector, muchas de capital estadounidense, aunque también europeo, se cuentan entre las primeras compañías del mundo por capitalización bursátil. Las llamadas “guerras del petróleo”, encadenadas década tras década en Oriente Medio y principalmente en el Golfo Pérsico, no solo sirvieron para saquear los recursos de los países productores; también incidieron en la fijación del precio del petróleo, favoreciendo los intereses de esas mismas corporaciones cuando merman sus beneficios por exceso de oferta con caída del precio del barril. Los bombardeos en Oriente Medio siempre alientan la especulación en los mercados de futuros petrolíferos, ya que la cotización remonta en razón de la inestabilidad que genera la situación bélica.

Por otra parte, el despliegue de bases militares de Estados Unidos en Colombia se efectuó como una pieza clave de la lucha antinarcóticos de Washington en el país con la mayor extensión de cultivos de coca, pero su enfoque puramente represivo fue un fracaso y un flagelo para las comunidades rurales afectadas por la fumigación aérea con glifosato. Después de dos décadas de haber aplicado esta estrategia errada, la exportación de cocaína no se ha reducido, más bien al contrario, y Colombia sigue produciendo el 70 % de la hoja de coca que se cultiva en todo el mundo. Los carteles mexicanos se han implantado en el país y controlan, junto a los grupos paramilitares y bajo la atenta mirada de la DEA, el flujo de estupefacientes hacia los mercados occidentales de consumo.

El despliegue militar antinarcóticos encubría de hecho una intervención directa de Estados Unidos en la lucha contra la guerrilla colombiana, reforzando entre otras cosas el entrenamiento del Ejército con técnicas de guerra contra la insurgencia impartidas por oficiales estadounidenses. Pero la instalación de bases militares en Colombia tiene también un efecto disuasorio en el caso de un potencial conflicto con Venezuela, que sufre constantes incursiones de militares y tropas irregulares colombianas a través de sus fronteras, por no hablar de la implicación directa del presidente Iván Duque en los planes de Estados Unidos de derrocar a Nicolás Maduro y sustituirlo por el presidente ficticio Juan Guaidó. 

La ubicación estratégica de estos países, colindantes con los mayores yacimientos de petróleo conocidos, les permite actuar como “pupilos consentidos” de la superpotencia occidental, pero también ha facilitado que sus poblaciones pudieran convertirse en rehenes de la militarización extrema que implica ese rol de subpotencias regionales que se les ha asignado en el tablero geopolítico internacional. 

Una estrategia extemporánea

La estrategia geopolítica estadounidense de fortalecer el poderío militar de Israel y Colombia como zonas de retaguardia en el control de las mayores reservas de combustibles fósiles mundiales resulta hoy completamente extemporánea. Durante el gobierno de Donald Trump, la extracción de petróleo no convencional a través del fracking convirtió a Estados Unidos en un país autosuficiente para el consumo interno (una cuarta parte del total del planeta) y en el mayor productor mundial de petróleo. Este desarrollo, económicamente viable en un mercado con precios elevados, se derrumbó completamente con la caída del consumo en pandemia; el precio del petróleo descendió hasta valores negativos y eso supuso la ruina de este modelo de extracción y el cierre de infinidad de pozos (13).

Pocos días después del cambio de gobierno en Estados Unidos, el presidente demócrata Joe Biden declaró su voluntad de combatir el cambio climático junto a la comunidad internacional, retomando una senda de la que se había desviado el presidente anterior. Biden aseguró en enero pasado que “la justicia ambiental estará en el centro de todo lo que hagamos”, y creó una Oficina de Política del Clima en la Casa Blanca, incorporando así esta cuestión a la agenda de seguridad nacional.

Si esta opción fuera sincera y el gobierno estadounidense redujese sustancialmente el consumo de combustibles fósiles, y en particular de hidrocarburos, cumpliendo así con los acuerdos internacionales, la estrategia geopolítica de Estados Unidos basada en la concentración del gasto militar en regiones con abundancia de petróleo quedaría completamente desfasada. La imponente maquinaria bélica que se ha desarrollado para proteger ese recurso estratégico dejaría de cumplir su función, ya que la antigua amenaza de una eventual escasez habría desaparecido y sería más previsible que existiera una constante sobreoferta de esta materia prima por la necesidad de reducir su consumo a nivel global.

Sin embargo, las grandes multinacionales petroleras están en el centro del sistema de poder estadounidense y las buenas intenciones del gobierno de Biden en materia ambiental vendrán condicionadas por su poderosa influencia. Y más aún las decisiones estratégicas adoptadas por el Pentágono, siempre reacio a desmantelar ese entramado geopolítico orientado a sostener una estrecha vigilancia de los mayores productores de hidrocarburos y de los flujos mundiales del mercado del petróleo. A esta resistencia se suma la de una industria de armamento que acapara las ventas de material militar a los países receptores de ayuda. En efecto, la contraprestación del acuerdo de asistencia a Israel por 3.800 millones de dólares anuales es la obligación de este país de equiparse solo con proveedores de armas estadounidenses. Un negocio sobresaliente para la industria bélica, financiado con el dinero de los contribuyentes.

Por lo demás, existen vínculos de colaboración y propiedad muy estrechos entre empresas de seguridad israelíes y estadounidenses, y un Israel armado  hasta los dientes es el señuelo de la industria bélica para rearmar de forma permanente a las monarquías petroleras del Golfo, empezando por el mayor comprador de armas del mundo (después de la India), Arabia Saudí, con un gasto militar de 69.000 millones de dólares en 2017. Egipto, que recibe anualmente 1.300 millones de dólares de ayuda estadounidense, y el nuevo aliado árabe de Israel, EUA, son los siguientes países en la lista de importadores de armamento.

El complejo militar-industrial seguirá presionando a la Casa Blanca para mantener este suculento mercado cautivo. La industria de hidrocarburos, por su parte, no cederá terreno fácilmente y buscará recomponer sus alianzas para alcanzar una nueva época dorada del petróleo, con una vuelta al gobierno de Donald Trump o con cualquier otro candidato republicano negacionista del cambio climático. Y los lobbies de ambos sectores seguirán presionando en el Congreso para mantener el status quo de la implicación militar de Washington en esos enclaves que consideran estratégicos. 

Esta es la tendencia estructural de fondo, impulsada por las presiones políticas que propician la complicidad con las masacres que perpetra el Estado de Israel en Palestina, o las razzias del Estado colombiano contra su juventud pobre, negra e indígena. Pero durante los últimos años se produjo un cambio en la percepción de la opinión pública estadounidense que se refleja en las contradicciones y desacuerdos existentes dentro del partido Demócrata. Decenas de congresistas rechazaron las declaraciones del gobierno de Joe Biden de apoyo incondicional al ejército israelí en la ofensiva bélica contra la franja de Gaza. Al mismo tiempo, otro numeroso grupo de congresistas reclamó la suspensión de cualquier ayuda directa de Estados Unidos con destino a la policía colombiana (14). El presidente afronta importantes discrepancias internas, como la del senador Bernie Sanders, judío, que en una tribuna publicada en The New York Times recuerda a sus compatriotas que “las vidas palestinas importan”, o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien no duda en calificar a Israel como un “Estado de apartheid” y acusa al presidente de su país de complicidad con la muerte de civiles palestinos. (15)

En el caso específico de Colombia, la presencia militar estadounidense no es menos extemporánea con el fin de combatir a las guerrillas, que han quedado muy mermadas tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Tampoco tiene fundamento sostene esa asistencia militar invocando la lucha contra el narcotráfico. Hace algo más de 20 años, el ejército colombiano, asesorado por militares estadounidenses, ya fumigaba con glifosato las plantaciones de marihuana. Paradójicamente, hoy Estados Unidos es uno de los mayores productores de cannabis del mundo para uso recreativo y Colombia ni siquiera ha autorizado su cultivo para fines medicinales. ¿Podría devenir Estados Unidos uno de los mayores productores de cocaína del mundo en un futuro no muy lejano? Si esto finalmente ocurriera -y no parece demasiado utópico- los clanes del narcotráfico perderían su suculento negocio y los países que padecen esta lacra experimentarían un enorme alivio.

¿Quiénes dieron la orden?

Durante las manifestaciones de protesta en Colombia resuena siempre una pregunta respecto de las masacres y la violencia policial: “¿Quién dio la orden?” Es una pregunta retórica, ya que se presupone la respuesta: el ministro de Defensa, responsable de la policía (cuya moción de censura no prosperó en el Senado), y el presidente Iván Duque como máximo responsable político, y por encima de él, ejerciendo el poder en la penumbra, teledirigiendo los destinos del país, el no menos “presidente” Álvaro Uribe, el máximo responsable de los 6.402 “falsos positivos” entre muchos otros crímenes de estado. En estos días, después de haber instigado a la fuerza pública a usar sus armas durante el paro nacional, una etiqueta recorrió las redes sociales: #uribediolaorden

Tampoco hay dudas de que en Israel las órdenes de atacar las dio el presidente ultraderechista Benjamin Netanyahu. Como lo ha hecho en otras ocasiones, este corrupto dirigente del Likud volvió a coquetear en este ataque a Gaza con los patidos ultraortodoxos y supremacistas para mantenerse en el gobierno y así evitar las causas por corrupción que lo persiguen. En la actual coyuntura, sin haber conseguido hasta ahora formar gobierno y teniendo que convocar nuevas elecciones, los bombardeos contra enclaves palestinos le servirían en sus cálculos oportunistas para mejorar sus expectativas de voto.

Uribe es el máximo responsable del genocidio perpetrado contra su pueblo, su principal brazo ejecutor, pero hay otra instancia desde la que también se impartió la orden. Netanyahu es el mayor criminal de guerra del Estado judío contra la población civil indefensa de un territorio bajo su custodia, contra sus súbditos palestinos. Pero por encima de Uribe, por encima también de Netanyahu, hay un sistema de poder bien aceitado y refractario a los cambios. Un sistema político y económico que no disimula su voracidad por hacer negocios con traficantes de armamento y petróleo, o con narcotraficantes, y por ello muy complaciente con las atrocidades que cometen sus aliados militares estratégicos contra la población civil dentro de sus fronteras.

Hay una diferencia cualitativa y una cuestión de escala en el apoyo político y militar de Estados Unidos a cada uno de estos dos países. En ese sentido, la situación no es comparable. En el caso de Israel, la fidelidad de Washington es tal que el recurso al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU se da siempre por descontado ante cualquier resolución en su contra. Es improbable que esto ocurra si el país condenado por violaciones de derechos humanos fuera Colombia. Algo que sí es comparable, sin embargo, es que sin ese apoyo incondicional de Washington, los responsables políticos de ambos países no podrían masacrar de manera impune a su propia población.

(1) Ver Karmy, Rodrigo: Escritos bárbaros. Ensayos sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo, LOM, Santiago de Chile, 2016.

(2) Conversaciones sobre Palestina. Noam Chomsky e Ilan Pappé, Icono Editorial, Bogotá, 2017. 

(3) https://www.btselem.org/topic/apartheid

(4) La cifra de muertos durante la represión de las protestas esa noche en el municipio ascendió a cinco personas, pero también se reportó otra masacre de cuatro personas en la misma localidad un día antes, en este caso de jóvenes manifestantes secuestrados por grupos paramilitares (Águilas Negras y AGC, entre otros) que distribuyen panfletos contra los bloqueos. Ese mismo día se notificaba otra masacre, la número 40 en los primeros cinco meses de 2021, en la localidad de Suárez, Cauca, con resultado de tres personas jóvenes asesinadas. Ver acá.

(5) https://ctxt.es/es/20200801/Politica/33198/colombia-ivan-duque-masacres-awa-eduardo-giordano.htm

(6) https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/

(7) https://pacifista.tv/notas/los-argote-la-poderosa-familia-que-esta-a-punto-de-ir-a-juicio-por-presuntas-alianzas-con-paramilitares-en-uraba/

(8) https://www.opinioncaribe.com/2021/05/12/con-un-dudoso-comunicado-buscan-desmentir-denuncias-hechas-por-norma-vera-defensora-de-derechos-humanos/

(9) https://caracol.com.co/emisora/2021/05/28/pereira/1622201980_584490.html

(10) https://ctxt.es/es/20201201/Politica/34420/plan-colombia-glifosato-violencia-drogas-eduardo-giordano.htm

(11; 12) El gobierno de Donald Trump fue especialmente generoso con su amigo Benjamin Netanyahu, en particular cuando le ofreció dos dádivas muy codiciadas por el expansionismo judío: la capitalidad de Jerusalén, que Trump ratificó trasladando la embajada de Estados Unidos a esa ciudad, y la anexión de los Altos del Golán, territorio estratégico arrebatado a Siria en las guerra de 1967 y 1973, ocupado desde entonces y cuya soberanía fue ‘asignada’ a Israel en 2019 por el magnate ultraderechista en un gesto imperial de rectificación de fronteras. Las resoluciones de la ONU contra estas decisiones de Washington también fueron vetadas. Ninguna resolución en este sentido ha prosperado, con la sola excepción de una histórica abstención en diciembre de 2016, en los últimos días del gobierno de Obama y contra la voluntad del ya elegido presidente Donald Trump. https://www.multimedios.com/internacional/historica-abstencion-de-eua-en-resolucion-de-onu-contra-israel

(13) https://blogs.publico.es/otrasmiradas/32535/la-economia-del-petroleo-y-el-clima-en-tiempos-de-pandemia/

(14) https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/congresistas-de-ee-uu-piden-suspender-ayuda-directa-a-la-policia-de-colombia/

(15) Algunos crímenes de guerra cometidos por Israel, como el derribo de un edificio utilizado por la agencia AP y otros medios de comunicación internacionales, así como las informaciones de ataques a infraestructura hospitalaria con resultado de médicos muertos, socavan cada vez más la posición oficial del presidente Joe Biden dentro de su partido.

(*) Publicado originalmente en Contexto (España), 04/06/2021.

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