Un reducido grupo de corporaciones controla entre el 70 % y el 80 % del comercio mundial de granos y aceites de semillas, según un nuevo informe publicado por el Grupo ETC. El estudio advierte que esta creciente concentración del poder corporativo en la cadena alimentaria industrial podría agravar los riesgos para la seguridad alimentaria global ante futuras crisis.

El documento, titulado Codicia y oligopolios: especulación con las materias primas agrícolas, sostiene que un pequeño número de empresas comercializadoras ocupa una posición cada vez más dominante en el sistema alimentario global, controlando enormes volúmenes de alimentos comercializados y ejerciendo una influencia significativa sobre los mercados internacionales.

Entre los principales actores del comercio mundial de materias primas agrícolas figuran compañías como Cargill, COFCO, Bunge, Archer Daniels Midland y Louis Dreyfus Company. De acuerdo con la investigación, estas firmas concentran entre el 70 % y el 80 % del comercio global de granos y aceites de semillas.

El informe se publica en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en las cadenas de suministro. “Sabemos desde hace tiempo que la cadena alimentaria industrial global es extremadamente vulnerable y, con la renovada y creciente violencia en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz afectando ya los envíos de fertilizantes y arroz, así como los precios de los granos, cada vez más personas están tomando conciencia de esta realidad”, señaló Taarini Chopra, investigadora del Grupo ETC. “Con impactos climáticos crecientes, inestabilidad y guerras, un sistema dominado por unos pocos comerciantes amplifica estas debilidades existentes y multiplica los riesgos para la seguridad alimentaria global”.

El estudio también subraya la magnitud de la infraestructura logística que controlan estas empresas. “La capacidad total de almacenamiento de solo tres empresas -ADM, Bunge y COFCO- equivale aproximadamente a la cantidad de trigo que Estados Unidos, el Reino Unido y Turquía consumen juntos en un año”, afirmó Marcos Filardi, del Grupo ETC.

Además de su tamaño, el informe alerta sobre la falta de transparencia que rodea a estos actores. “No hay transparencia: estas empresas no tienen la obligación de revelar cuántas existencias tienen, qué tipo de productos almacenan ni dónde se encuentran”, añadió Chopra. “Eso significa que, si entramos en una crisis alimentaria regional o incluso en la próxima crisis global, estos grandes comerciantes de granos tienen el poder de acaparar y retener cantidades enormes de alimentos mientras esperan que suban los precios”.

Datos clave del informe

El documento reúne varios indicadores que ilustran el peso económico y financiero de estos conglomerados:

• 3.310: es el número total de empresas subsidiarias operadas por los cinco mayores comerciantes de materias primas agrícolas. Según el informe, estas estructuras corporativas complejas les permiten operar con instrumentos financieros, seguros e inversiones de forma similar a los bancos, pero sin la misma supervisión regulatoria.
• 730 mil millones de dólares: fue el ingreso combinado en 2023 de los ocho principales comerciantes agrícolas del mundo, una cifra cercana al valor total de todas las exportaciones de Canadá ese mismo año.
• 8.200 millones de dólares: fue el valor de la megafusión entre Bunge y Viterra, concretada en julio de 2025 y que dio origen a uno de los mayores actores globales del comercio de materias primas agrícolas.
• 80 %: es la participación adquirida por Saudi Agricultural and Livestock Investment Company en la comercializadora agrícola Olam Agri a comienzos de 2025. El informe también recuerda que una empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos compró el 45 % de Louis Dreyfus Company en 2020.

El informe también destaca el creciente uso de datos y sistemas de análisis basados en inteligencia artificial por parte de estas compañías. Según el documento, los grandes traders poseen plataformas que monitorean cultivos y cadenas de suministro en tiempo real, lo que les permite anticipar movimientos del mercado y obtener ventajas estratégicas que ni siquiera están disponibles para gobiernos o instituciones multilaterales.

Recomendaciones a los gobiernos

Ante este escenario, el Grupo ETC insta a los gobiernos a fortalecer la regulación del comercio global de alimentos. Entre otras medidas, propone combatir la especulación y el lucro excesivo en los mercados de materias primas, cerrar vacíos regulatorios que permiten que los grandes comerciantes operen como “instituciones financieras en la sombra” y exigir mayor transparencia sobre las reservas de granos y los movimientos de productos alimentarios en el comercio internacional.

El informe completo puede ser descargado en la web del Grupo ETC. 

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Por Camila Parodi | Foto portada: Agencia Télam

Desde Catamarca

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestro agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

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Por Karina Ocampo* 

“El camino es horrible”, dice Román Guitián, 49 años, coya, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. La mirada al frente, el ceño fruncido por la concentración y el sol; cuenta que suele llevar en su camioneta a los turistas que vienen a ver con sus propios ojos las rocas del Campo de Piedra Pómez, el salar de Antofalla o el volcán Galán. También hace circuitos para gente que llega desde Australia o Canadá, atraídos por la provincia y el tema de la minería. Pero justo el viaje hacia el Salar del Hombre Muerto es uno de los peores. “Muy poco lo hacen porque se rompen las cubiertas, los amortiguadores”, insiste. Los trabajadores y las visitas oficiales llegan en avión, directo a la pista de aterrizaje privada.

Estamos en la Puna catamarqueña. La vegetación se adapta a las temperaturas extremas y ralea en alturas que superan los 4 mil metros. Sobre nuestras cabezas, el cielo, de tan puro, deslumbra. El resto es inmensidad desértica. 

Quedan algunos ranchos aislados, vestigios de existencias pasadas. También ovejas, llamas y vicuñas que buscan el alimento de la tierra. Y proyectos de extracción de litio que modifican las condiciones de la vida en esta región del planeta. “¿Quién te mandó?”, pregunta, hasta que los nombres conocidos penetran la piel de la cautela y ya algunos dientes asoman a su sonrisa. 

Hoy lo que conserva ese salar parece indispensable para la vida moderna: Litio. 

El resumen ejecutivo de la Secretaría de Economía de México define al litio como un elemento metálico, blanco plateado, químicamente reactivo, el más ligero en peso de todos los metales, y de bajo punto de fusión. Su símbolo en la tabla periódica es Li. “Es un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos”.

Su nombre proviene del griego “lithos”. Piedra. Y si bien los proyectos activos crecieron en los últimos años, el precio del carbonato de litio cayó de US$75.000 por tonelada en 2023, a US$10.500 en 2024. Se mantuvo la tendencia y en Sudamérica llegó a US$9.600 en 2025, números significativos para futuras inversiones. 

El uso más extendido a nivel global no constituye una novedad: es el de acumular energía. Móviles, y computadoras portátiles. La tienda Apple destaca que los iones de litio permiten rapidez en la carga, ligereza y mayor duración. En la industria energética el metal es valioso para los paneles solares y los molinos eólicos, que suponen una evolución tecnocientífica en energías renovables. En el caso de las baterías recargables de los autos eléctricos de BMW y Tesla, se asegura que el litio es indispensable para la “transición energética”, con el fin de dejar atrás los combustibles fósiles. Electromovilidad, afirman los expertos. 

¿Quién lo tiene, quién lo extrae y quién controla la cadena de valor?

De lo que no se habla en las cumbres a las que asisten gobernantes de los países que forman parte del mal llamado Triángulo del Litio, como nombran a la zona comprendida entre Argentina, Bolivia y Chile ——que concentra cerca del 65% del mineral a nivel mundial—, es del costo ambiental para los territorios y los seres vivos. Con la sanción definitiva de la Ley Bases, en julio de 2024, Argentina abrió la puerta al RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que promete beneficios imperdibles, como 30 años de estabilidad fiscal y flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria a quienes invirtieran más de US$ 200 millones en el país.

Al cumplirse un año de su implementación, el Observatorio del RIGI, conformado por organizaciones ambientales entre las que se encuentra la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), monitoreó los proyectos y arribó a datos no tan favorables: 

“Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen. El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con un total de 10 propuestas por una inversión estimada de 19.312 millones de dólares. Cinco de los proyectos están vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca. Y otros cuatro en San Juan”. Entre los aprobados se destaca Rincón, en Salta, una de las grandes apuestas de la empresa Río Tinto, que también estrenó Director Ejecutivo, el danés Simon Trott.  

Desde FARN, Leandro Gómez, que es Coordinador del Programa Inversiones y Derechos, explica que, en términos energéticos, se trata del “aseguramiento de la cadena de suministros de minerales críticos”. Se refiere a que la mentada transición no es para todos, sino para quien haga las mejores alianzas. Dentro del marco de disputas geopolíticas en el llamado Norte Global, Estados Unidos busca una mayor participación en esta cadena, algo que China logró antes y mejor. Por eso, programas como Minerals Security Partnership (MSP), buscan acelerar los procesos, “en cooperación con la industria y otros gobiernos para apoyar proyectos estratégicos en países ricos en minerales y fomentar la inversión en toda la cadena de valor por parte de empresas mineras de buena reputación”. 

El papel de China, agrega Gómez, es crucial. Que haya dejado de otorgar beneficios fiscales, tanto a sectores empresariales como al consumo de vehículos eléctricos, fue visto por el mercado como una sobreoferta, principalmente de litio. Así se produjo una situación difícil para el mercado global, y en ese contexto, Arcadium decidió suspender en 2024 la planta de procesamiento de Sal de Vida que estaba construyendo, y utilizar la de Fénix en forma alternada. El 6 de marzo de 2025, Río Tinto concretó la compra de Arcadium Lithium, y ambos proyectos continuaron vigentes. La presencia de la empresa es importante, con la adquisición del Salar de Olaroz, en Jujuy.

La empresa no tiene buenos antecedentes. Basta con hacer una breve búsqueda para saber que “comenzó sus operaciones en 1873 como una mina de cobre en España, pero ahora opera en seis continentes, 35 países, con mayor presencia en Australia y Norteamérica. Sus productos incluyen aluminio, cobre, diamantes, carbón, uranio, oro, mineral de hierro y minerales industriales (boratos, dióxido de titanio, sal y talco)”. Y litio, claro. El Proyecto de Investigación Corporativa que recurre a bases de datos sobre mala conducta corporativa en el mundo, reporta que Rio Tinto, con sedes en Londres y Melbourne, “es una de las corporaciones más controvertidas de una industria controvertida”.

Entre las acusaciones se destacan: negativo impacto ambiental de las minas a cielo abierto en la flora y fauna, violación a los derechos humanos, incumplimiento de los derechos laborales, que en algunos casos culminó en huelga. Contaminación del agua y destrucción del hábitat, que anuló otras actividades económicas y que presionó el desplazamiento de poblaciones. 

En Madagascar, las movilizaciones por niveles nocivos de uranio y plomo en las vías fluviales derivaron en protestas de la organización activista LuSud. En un artículo del medio The Ecologist, del 20/10/2024 se reportan al menos tres asesinatos producidos el año anterior en manos de las fuerzas represivas locales durante una manifestación pacífica contra la minera QMM, filial de Río Tinto. 

Bienvenidos al antropoceno

A esta altura, respirar cuesta. En una camioneta todo terreno la única manera de viajar sin sufrir el “mal de montaña”, que es la hipoxia o falta de oxígeno, es adaptarse poco a poco. Román baja la velocidad y repasamos los recursos: una pastilla que nos dio un médico antes de partir, mascar coca, tomarla en té, ponerle pupusa al mismo té. Pupusa es una hierba de la zona. Mezclar todo y si falla, cuando asome el mareo, aspirar agua florida, un destilado vegetal que proviene de la jungla peruana y que además de purificar el aire, purifica a la persona.   

Los antofagasteños que todavía habitan en la zona del salar son pocos y están en retirada. Hasta no hace tanto, vivir de la ganadería era una opción porque los animales encontraban el alimento en las alturas. Criaban animales, hasta podían cosechar papas, el clima era más predecible. Ahora no alcanza y hay que disponer de dinero para comprarles el forraje durante los meses de escasez.

Es sábado y la actividad minera es limitada. Por lo general los camiones andan juntos, llevan escolta, el trayecto es pacífico, salvo el traqueteo. “Por ahí te cruzás nueve, diez camiones. Pero cuando cae nieve acá no pasa nadie, ni los mineros. Sufren una barbaridad porque no pueden hacer todo el transporte y llevar el personal y la logística”. 

La materia prima, el carbonato de litio, se traslada a Salta. La ruta habitual es la provincial 17 hasta la estación Salar de Pocitos, por tren se la llevan a Chile. Saldrá del puerto de la línea ferroviaria que une San Antonio de los Cobres con el paso fronterizo de Socompa, en Salta. Esta vía férrea es la extensión hacia el oeste del famoso Tren de las Nubes. Continúa por Chile hasta el puerto de Antofagasta, una vez que llegan a esta ciudad ubicada en las costas del océano Pacífico Sur, los minerales se cargan para su envío a Estados Unidos, Europa y Asia oriental. De ahí ya está en condiciones de salir del país. “Nadie controla nada, hacen lo que quieren”, asegura Guitián. 

A largo plazo, la industria espera que la producción del hidróxido de litio se desarrolle más. La mayor parte de la producción y exportación de litio en el país es de carbonato de litio, con dos plantas en la provincia de Jujuy, y otras dos en Catamarca. El carbonato tiene un menor costo de producción, aunque también menor duración que las baterías de hidróxido. El gobierno de Salta anunció en octubre de 2024 la inauguración de la primera planta de hidróxido de litio en Argentina, que pertenece al proyecto Sal de Oro, de la minera coreana Posco, con una capacidad de producción de 25.000 toneladas al año. 

El viento es una presencia imponente, tanto que, si se abriera la puerta de la camioneta a destiempo, tal vez esa puerta volaría como un juguete. Pasamos por las ruinas de Inca Huasi, un sitio turístico que muestra una pequeña porción de la historia de la minería en la provincia, acá se explotó oro, cobre y bórax, pero ya no queda o lo que queda no resulta rentable. La ocuparon diaguitas, incas del Tawantinsuyu y jesuitas. La última vez fue en 1950: ahora es un pueblo deshabitado. Pura piedra y barro, silencio puneño y viento.  

La promesa es llegar durante el mediodía al rancho que todavía mantiene con su hermano, aunque hace años ya viva en el pueblo. Con hijas adultas, solo espera que la más chica termine la escuela para emprender nuevos horizontes. “Yo nací y me crié en Salar del Hombre Muerto. Después fuimos a vivir al otro lado de Salar, y había una escuelita. Crié a mis hijos aquí, terminaron la primaria. Con tanta minería tuvimos que irnos de ahí, yo fui el primero que hice la punta en Antofagasta”.

Otra de las familias que se oponen a que la minería de cobre y litio se apropie del agua son los Morales-Mamani. Ya en el siglo XIX, los Morales habitaban la región cercana al Volcán Galán, donde pastoreaban y cuidaban a sus animales en corrales. Justo ahí, la empresa Volcán Lithium tiene dos proyectos de carbonato de litio en un territorio que abarca 36.000 hectáreas de salar. En el pueblo, Alfredo y su compañera, Elisabeth Mamani, hacen un trabajo de hormiga, y aprovechan cada oportunidad para contarles a los viajeros la razón de su activismo; el valor de las tierras desde una perspectiva no capitalista. Los Morales son guardianes de un sitio sagrado con petroglifos de alrededor de 4500 años en Peñas Coloradas —al que visitaremos días después—. El arraigo tiene que ver con una historia que define su identidad.  

El hombre de apariencia juvenil a sus 56 años cuenta, como la mayoría, que el problema es el agua. No en invierno, que todo se congela, sino en verano, que no alcanza “ni para los animales”. En su currículum tiene un rechazo de la minera cuando era joven; lo agradece. No tenía profesión ni experiencia y eso lo obligó a irse y aprender otras cosas. Sonríe y nos desafía: “sé hacer de todo, gracias a Dios. Soldadura, construcción, chofer, maquinista, de lo que me digan. Y si no lo sé, aprendo”. Asegura que ahora son más los que no quieren que la minera destruya todo y entienden que es “pan para hoy, hambre para mañana”. Tener un hijo dentro, del lado “enemigo”, no invalida su lucha. “¿Cuál es el problema? Si está en su tierra. Hasta los mismos del pueblo te juzgan. Ahora porque nosotros reclamamos, ¿ya no tenemos derecho a nada de nada? Eso planteamos nosotros. Tendríamos que tener más derechos que los otros que vienen de afuera”. 

Las familias puneñas encabezaron manifestaciones en la ruta, antes de que el amparo se hiciera realidad. Al igual que el hijo de Alfredo y Elisabeth, algunos ingresaron en la minera y ya no se opusieron; la resistencia se debilitó. En la fusión de las empresas, fueron despedidas cerca de 300 personas. Román Guitián reflexiona: “Mineral, ¿quién come? Nadie. Todo viene del campo, si no fuese el campo no tendríamos vida. Si tenés una planta tenés el oxígeno. Todo nace ahí, la tierra y bueno, la materia prima. Pero ahora nada queda para nosotros”. 

En 2023, la generala (R) del Ejército de Estados Unidos jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson dijo en una visita al país: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, está el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.  

Guitián pide respuestas concretas. “Ellos consumen el agua dulce para su proyecto a 4 mil metros, nosotros estamos a 3000 msnm. Lo que tiran al salar desde la planta supuestamente vuelve en la misma cantidad y tiene el mismo PH. “Entonces por qué no levanta el caudal de la laguna? Si dicen que es agua no contaminada, ¿por qué tienen que ingresar con barbijos? ¿por qué ese olor tan fuerte?”.   

El término Antropoceno fue utilizado por primera vez a principios de siglo para designar las repercusiones que tienen las actividades humanas en el clima y la biodiversidad. Una época geológica —la actual—, en donde se incrementan los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI) en el cambio climático, se dañan los ecosistemas y los plásticos duplican la cantidad de masa de los animales terrestres y acuáticos.

Antropoceno es un término aún no reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) para describir el impacto de la humanidad en la Tierra. Capitaloceno. El hombre que mira a la tierra como un recurso infinito. 

Frenamos cerca del proyecto Fénix: ahí está la vega afectada y el acueducto.  

Historia de una vega seca

Román Guitián dice que la vega del Río Trapiche está seca. En realidad, que la secaron. La vega es un humedal —en este caso, de altura—, un terreno fértil con pastizales nativos, la memoria de la biodiversidad del río.

El hombre de piel puneña cuenta que la minera cortó el cauce y después hizo un dique en el río Trapiche. “Le dijeron a la gente que vivía al costado del río: bueno ustedes se van a tener que correr de aquí, les vamos a hacer una casa allá y vamos a poner agua. No hicieron nada, hicieron la casa, pero nada más”. Prometieron que cuando se llenara el dique, el agua volvería a correr, pero eso nunca ocurrió. Siete kilómetros de río desaparecieron. Conservar un ganado se hizo más difícil, sin alimento en la zona, los animales quedaron expuestos a la caza del puma y el zorro. Y ahí empezó a morir todo. 

En 2018 una docente difundió un video de la vega desde un drone, un charco negro, sin vida. Aunque llevaba años seca, para el pueblo de Antofagasta fue un revuelo. Por esa época el cacique denunció el uso excesivo del agua por parte de la empresa Livent y sus consecuencias para el ecosistema. Aunque inició la batalla “en soledad” para presentar una acción de amparo contó con el apoyo de Pucará, un espacio que concentra asambleas territoriales en Catamarca.

Al año siguiente la empresa informó que empezaría a construir un acueducto de más de 30 kilómetros para extraer agua del río Los Patos. Si la situación ya era grave, el avance de las obras obligaba a la comunidad a buscar formas de resistencia.

Así Román se presentó en el tribunal de la provincia, con representación legal. En el documento menciona, entre otras cosas que, desde 1997, se iniciaron los proyectos de exploración, extracción y procesamiento, sin haber tenido el consentimiento asambleario de la comunidad de Antofagasta, ni de la comunidad. El hecho es tan recurrente que se volvió una regla no escrita. No se respetaron ni los tratados de Derechos Humanos de la Constitución, como el derecho que garantiza un ambiente sano, ni el Convenio 169° de la OIT, también ratificado por ley nacional, que protege el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los afectan. Aún menos el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, que proporciona acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y además protege a los defensores de la naturaleza. 

Por eso el fallo se consideró ejemplar. Y una sorpresa que se reprodujo en los medios. Mientras Román avanza por el sendero irregular, aclara que no todos los integrantes de la comunidad están en contra de los proyectos. Sí, de la manera en que se impusieron. Algunos solo quieren trabajo en condiciones dignas, no son antimineros. Pero hay un consenso: el agua es un bien común básico que se debe respetar. Tampoco quieren que las empresas se lleven las ganancias sin dejarles beneficios a las comunidades. La oposición tiene su gradualismo, es difícil resistirse a semejante desigualdad en las fuerzas. En marzo de 2024 salió en las noticias: “La Corte de Catamarca ordenó paralizar la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto por el reclamo de un cacique”. 

Cerca del rancho de la familia Guitián, a metros del salar, dos tumbas son testimonio de la historia de la comunidad. Una de ellas remite al “hombre muerto”, la que está a su lado es la del bisabuelo de Román, Bernardo Guitián, que encontró ese cuerpo y le dio la sepultura. 

Ahí nacieron y se criaron sus antepasados entre animales y paisajes de sal. Nunca les faltó comida, los animales no escaseaban, el río rebosaba de truchas y patos.   

No hay regeneración posible

Si bien el proyecto Fénix tenía autorización para utilizar el agua del río Trapiche, la evaporación de la vega fue un proceso que se comenzó a percibir a principios del 2000. En período de pandemia, Livent destinó un presupuesto para la mano de obra y los materiales de una supuesta restauración. El encargado fue Rodolfo Tarraubella, presidente de la Fundación EcoConciencia. 

Rodolfo se presenta como especialista en finanzas sustentables, cuenta que los trabajos comenzaron en condiciones climáticas extremas y aclara que la ONG no recibió dinero de la empresa. Bajo la nieve y con excavadoras encontraron un piso geológico que aún contenía cierta humedad. Trasplantaron cerca de 25 mil plantas y la compañía minera puso su propia gente para hacer monitoreo y seguimiento. 

“Creo que tardará en crecer al menos 8 años para que uno pueda verla verde en todas las zonas que restauramos”, dice Tarraubella y explica que hubo una segunda mesa de diálogo entre la empresa, el gobierno y la comunidad, en la que no hubo ninguna oposición al avance de las obras. La versión de la comunidad es diferente.  

Lo que parece un atisbo de esperanza para algunos, para otros solo es humo que tapa lo importante, un “show” de la regeneración del río Trapiche. “Hay un daño que es irreversible”, asegura Verónica Gostissa, abogada integrante de la Red de Asambleas Pucará, que trabaja en una asesoría federal y es coordinadora de OPSAL en Argentina. Entre bocado y bocado de su almuerzo tardío, asegura: “No es como el ciclo del agua, el agua no vuelve más. Pero si quisiéramos parar, tienen que liberar el dique. Mientras haya un dique que no permite que la vega Trapiche vuelva al cauce de la subcuenca a la que pertenece, no se recupera nada. Lo están regando, es una vergüenza”.

La abogada de pelo rizado y mirada encendida describe al proyecto como un “Frankenstein biológico”, con un cerco de madera y una vega trasplantada, “Greenwashing”, como se define a una lavada de cara que se presenta como sustentable, pero solo en apariencia. Tanto el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente como el de Minería permitieron el uso del río Trapiche, primero, y la construcción del acueducto que llega del río Los Patos, como segunda fuente de agua disponible.  

El cacique Román cuenta que le discutió a Tarraubella. “Me dijo que  soy negativo. Pero yo tengo toda mi vida acá. Entonces yo sé por qué se muere y no vuelve de la misma manera; requiere mucha agua. Si no tiene agua no florece, no reverdece”. 

Derecho de Naturaleza

Previo a la sentencia emitida el 20 de marzo de 2024, el abogado Santiago Kozicki entró en escena. Heredero de una estirpe de abogados y jueces, después de diez años de trabajo en el Poder Judicial necesitaba un giro en su vida y eligió participar en causas ambientales. Así se enteró de lo que estaba pasando en Catamarca y habló con Verónica Gostissa, integrante de la asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) que, desde su rol en la Defensoría General, asesora a la comunidad. Santiago se convirtió en una pieza clave en ese engranaje. 

En un café de Buenos Aires, Kozicki explica los aspectos legales: “Formalmente, el amparo lo presenta Román con el patrocinio de la Defensoría General. En el territorio, hay articulaciones entre Román, la comunidad, Pucará y la Defensoría. Cuando se hace el amparo se plantea en la Justicia Federal, que interviene el Estado Nacional, a través de sus órganos federales”. A su vez, el amparo también se hace contra el gobierno provincial por la forma en que se autorizaron los permisos a las empresas en relación al Río de los Patos, en particular, y en general al Salar del Hombre Muerto. 

En 2020 había ocho empresas instaladas en la zona. Cinco estaban autorizadas para extraer agua dulce del Río de los Patos. Sus informes de impacto ambiental habían sido aprobados de forma individual. Pero nunca se había estudiado el impacto acumulado de estas empresas. 

A fines de los 90 poco se sabía lo que el litio iba a significar para los territorios. Tecnología de avanzada al estilo ciencia ficción. Un metal liviano capaz de mantener en vilo a países como Chile y Bolivia que, junto con Argentina, forman el llamado “triángulo del litio”, con sus extensiones de sal en retroceso. Tan estratégico como para que el llamado “Norte Global” negocie en el sur los beneficios para su consumo. 

Los salares son los más aptos y económicamente más convenientes para la extracción por evaporación pero el litio también se encuentra en el fondo del mar y entre las piedras, como en Puno, Perú, en donde se requiere un procedimiento diferente, con una mina a cielo abierto para separar el litio del uranio, tal como lo retrata la periodista Gabriela Wiener en una crónica publicada en revista Orsai. La crisis sociopolítica que se transformó en estallido social en 2023 contra la represión del gobierno de la entonces presidenta, Dina Boluarte, dejó 18 muertos y más de cien heridos. La profunda desigualdad que sufren las poblaciones aymaras incluye, entre otras cosas, que las comunidades no cuentan con la soberanía de los minerales pero sufren las consecuencias del extractivismo en sus propios territorios. El proyecto Falchani, de Macusani Yellowcake —subsidiaria de American Lithium—anunció el retraso del inicio de las operaciones para 2029. Cuestiones legales y técnicas son algunas de las causas pero los conflictos sociales también pesan en esta decisión. 

La historia la escriben los que ganan 

La Ley de Inversiones Mineras de 1993 que le puso un tope de 3% a las regalías de las provincias fue la puerta de entrada para las explotaciones a gran escala. La primera minera de litio que se instaló en esos 600 km2 de salar que comparten Salta y Catamarca fue en 1997 y durante varios años fue la única que reinó en la tierra salada. Fue gracias a Fabricaciones Militares que la provincia obtuvo la concesión del salar, de la exploración y explotación se hizo cargo la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium Corp. La empresa norteamericana renombrada como Livent, en 2023 se fusionó con la australiana Allkem y formaron Arcadium. 

En marzo de 2025 se completó la venta de los activos globales por 6.700 millones de dólares en efectivo a la empresa anglo-australiana Río Tinto. Las regalías para el litio aún se mantienen, aunque podrían quitarse en un futuro. En agosto, por decreto del Gobierno nacional, se eliminaron las retenciones a más de 230 productos mineros, como el hierro y el cobre, para impulsar la competitividad del sector. No al litio, todavía. 

Un sector privado en el aeropuerto de la Dirección de Aviación Civil de Salta, una pista de aterrizaje a pocos metros del pueblo de Antofagasta, otra en la zona del salar, aviones que trasladan a profesionales y operarios, movimiento semanal constante. 

El proceso comienza con la extracción de la salmuera a más de mil metros de la superficie y su traslado a piletones en los que a través de un método evaporítico, separan el preciado litio de otros minerales, como potasio, calcio, cloruro de sodio o sulfato. En esos piletones, que pueden superar el tamaño de una cancha de fútbol, se deposita la salmuera durante nueve a doce meses. El carbonato de litio toma el aspecto de un polvo blanco que, con el agregado de cobalto y níquel, servirá para la fabricación de una batería. En el Documento de Posición sobre la Minería de Litio en los Andes de Sudamérica, de la organización mundial Wetlands, dice que se utilizan dos millones de litros de agua para obtener una tonelada. Equipar a un auto eléctrico, implica cinco kilos de litio, por lo tanto, esta cantidad abrumadora de agua podría destinarse a unos 200 vehículos.

El concepto más extendido en la red de asambleas, comunicadores, abogados, biólogos y antropólogos, es que la minería de litio, en realidad, es minería de agua. En el documental “Antes del lito”, el licenciado Néstor Ruiz, perito ambiental y miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) afirma que el método de producción es obsoleto y que 30% de la mezcla que se vuelca a los piletones consiste en agua dulce. Agua de los ríos y subterránea. Agua que corre y se evapora. Hoy se apuesta por un método de extracción directa que, según afirman, utiliza menor cantidad de agua, pero es aún más costosa. 

Frente a la polémica del freno legal, que repercutió en otros países, la estrategia fue abrir sus puertas a la prensa. En septiembre de 2024, desde un hotel en Buenos Aires viajaron medios argentinos hasta Salta y de ahí realizaron un trasbordo en aviones particulares hacia la planta procesadora de Fenix. Según sus imágenes ofrece la tecnología de avanzada para “optimizar el proceso productivo”. 

En ese espacio inaccesible para el periodismo ambiental, asistieron a charlas en las que les explicaron el proceso de producción. Las crónicas hicieron referencia a los beneficios que la actividad minera llevaba a la población y al confort que tienen los trabajadores —por ejemplo, espacios de recreación con una sala de música—. También aludieron a la intención de modernizar el uso del agua dulce. 

En representación de la empresa, el entonces Gerente de Operaciones de Arcadium (ahora Río Tinto), explicaba que había una confusión al respecto. El medio argentino Infobae publicó un textual de Luciano Mancuso: “El agua que fluye hacia el salar, la usamos nosotros o nadie; a 4 kilómetros no hay nadie más”. La negación de otras formas de vida se vuelve patente en este modelo de producción. Mientras que el agua de la salmuera no sirve para consumo, afirma, el agua subterránea apenas se vio afectada en 25 años. Con respecto a la superficial, se utiliza solo un 10% del acuífero. La mención al río Trapiche es inevitable, pero también alude a la remediación de la vega seca. 

La verdadera historia

La doctora en Biología, Patricia Marconi, forma parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Su trabajo con la investigación de los flamencos altoandinos (la parina grande y la parina chica) la llevó a conocer la problemática minera de cerca. “Para nosotros directamente este tema es una amenaza sobre la biodiversidad, por la metodología que utilizan y por las características de estos humedales que son oasis en medio de una matriz desértica. Cualquier intervención —ni hablar de estas que son a muy gran escala—, tiene un efecto muy negativo sobre el funcionamiento de estos humedales y todos los servicios ecosistémicos que brindan”.

Hace 30 años que la Fundación Yuchán trabaja en el altiplano. Patricia, a través de una llamada virtual, cuenta que la minería de litio siempre estuvo presente en Catamarca, pero a muy pequeña escala o con un proyecto puntual, como el caso de Fénix. Esto cambió drásticamente a partir de 2016 cuando se eliminaron las retenciones y hacia 2018 apareció la alta demanda de litio para un modelo de transición energética corporativa. Con el apremio de la supuesta transición verde en el llamado “Norte Global”, las empresas llamaron a duplicar la producción. 

Los proyectos se multiplicaron de manera indiscriminada en los humedales, “dependiendo exclusivamente de la concentración del mineral, no de si estaban dentro de un área protegida o había una comunidad dependiendo de esos humedales”. Según la bióloga, todo el ordenamiento territorial previo y los usos preexistentes fueron ignorados, como si la ola de extracción de litio hubiera borrado las leyes y los derechos. 

La búsqueda de cobre también es una amenaza para la biodiversidad. Durante 2023 se aprobaron dos pedimentos de cobre por lo que una vez dados los derechos para la prospección, sería el turno de la exploración y finalmente la explotación. “Dada la alta demanda de cobre y el alto precio del cobre en el mercado, sumado al RIGI, y esta desesperación mortal por obtener divisas de cualquier manera, la zona está en alto riesgo”. Los humedales son importantes, allí existe la mayor concentración de la parina chica.” Cada verano se congregan un promedio de 15.000 flamencos, es decir, el 10% de la población global. En algunos años llegamos a contar 19.000 y además es un sitio de nidificación regular, que son muy pocos en toda el área de distribución”. 

En los últimos años, las noticias sobre flamencos muertos han aumentado. En 2023 se determinó que el hallazgo de 220 ejemplares se debió a la gripe aviar. “Es difícil atribuirlo a la actividad minera”, contesta la bióloga frente a la pregunta, pero los estudios continúan. La minería a cielo abierto implica alta probabilidad de derrames ácidos, con cianuro y explosiones, una contaminación letal e inmediata. “En el caso de la minería de litio, el proceso es mucho más lento porque no lo vemos. Porque el 98% del agua de la Puna es subterránea”.

Parecida a la extracción de hidrocarburos, así es la exploración del litio en salmuera. “Se hacen pozos, se perforan a distintas profundidades, se van tomando muestras y aquellas profundidades que presentan mayor concentración, bueno, ahí ya se establecen pozos permanentes de extracción, de bombeo. Y se bombea la salmuera”.

La puna catamarqueña es una zona árida por naturaleza, “se evapora siete veces más agua de la que ingresa a través de precipitaciones o de nieve”, dice Patricia Marconi y explica que en la actualidad no existen inventarios de los recursos hídricos subterráneos en el Altiplano, como existen en el Acuífero Guaraní o Puelche. “Por la característica del plegamiento andino, hay acuíferos a distintas profundidades, y hay acuíferos confinados que no tienen conexión con la superficie y en muchos casos es de donde se extrae la salmuera. No hay reposición ni recarga. Es agua que quedó ahí entrampada, muy antigua. Se la denomina agua fósil y ese es un recurso no renovable, absolutamente no renovable”. 

En el seminario web realizado en octubre de 2024, Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio, Javier Oviedo, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), habló del consumo del recurso hídrico y explicó que cuando se extrae la salmuera de un salar, esos acuíferos que quedan vacíos se equilibran con el agua dulce subterránea, que se termina salinizando. Al mismo tiempo, se utilizan los acuíferos de agua dulce para su procesamiento. “La industria minera del litio no considera que la salmuera sea agua. Hace un uso consuntivo del recurso, significa que el agua que se extrae no se devuelve al medio. Porque se consume totalmente, o cambia sus características y no se puede volver, o simplemente se pierde”. Que la tasa de evaporación es alta y no se devuelve al ecosistema, lo reafirma la bióloga marina Cynthia Escares en el mismo seminario y agrega que un ligero cambio en el balance hídrico afecta las condiciones ambientales y las relaciones simbióticas. 

La justificación de que no tiene perjuicio para el ambiente queda invalidada frente a los ejemplos, como el del Salar de Atacama, que menciona Patricia Marconi. “Se está hundiendo porque es tanta el agua, es tanta la salmuera que han extraído que ya pierde volumen, pierde sustento y está descendiendo todo el salar. Ese es un efecto dramático a nivel geológico, es realmente muy muy grave y además imparable, o sea es irreversible”. Según la bióloga, esa región de Chile es nuestro futuro distópico en términos ambientales y en lo que nos tenemos que enfocar: los oasis y vegas secas, las comunidades que se tuvieron que trasladar en busca de sustento porque no tenían lugar donde pastorear sus animales, ni agua dulce para su consumo. “No es algo inmediato, cuando se detecta, ya es tarde”. 

En base a su razonamiento, la minería sustentable no existe, ya que es una actividad extractiva que reduce la probabilidad de uso para las siguientes generaciones. “Podría ser responsable, pero para que sea responsable tenemos que saber en qué clase de sistema estamos interviniendo”.

Las lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca fueron declaradas “sitios Ramsar” en 2009, lo que significa que se consideran “humedales incluidos de importancia internacional”, dentro de la Convención sobre los Humedales. Previo a que Fénix se propusiera duplicar la producción, ya extraía 220 mil litros por hora, lo que representaba que en 15 días de funcionamiento la empresa consumía el agua potable de un año entero para las 2 mil personas que habitan la sierra. Si a eso se le suman Sal de Vida, también de Río Tinto; los proyectos Hombre Muerto West y Candelas, de Galán Lithium Limited; Salar de Oro, de la empresa surcoreana Posco; Virgen del Valle, de Minera Santa Rita; y La Veguita, (trece en total) el impacto ambiental podría resultar alarmante. 

En febrero de 2023 un empleado de la minera envió a la Asamblea Pucará una denuncia anónima, con fotos y videos del mal manejo de residuos químicos en el aire libre, polvo blanco que según el empleado era carbonato de litio cayendo sobre la tierra, una caldera de humo tóxico que funciona las 24 horas del día y vicuñas que comían de la basura química que generaba la empresa.

A comienzos de octubre de 2024 el proyecto La Veguita fue denunciado públicamente por la comunidad debido a la intención de realizar la prospección en un territorio ocupado por la casa del cacique Román Guitián. Recién ocho meses después el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso, ya que se comprobó que el consentimiento firmado por el cacique era falso. 

El objetivo de la mayor parte de la comunidad es que Antofagasta de la Sierra deje de ser una zona de sacrificio. “Agua para los pueblos, no para las mineras”, se puede leer en las paredes del pueblo, en donde el arte deja constancia de la rebeldía. 

Red de Resistencia 

El 18 de febrero de 2017, nació en Andalgalá Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación —Pucará—, “con el propósito de fortalecernos en experiencias, información y alternativas y generar un espacio de confluencias, acciones y compromisos”.

Desde diferentes ciudades confluyeron para fortalecerse y tejer redes frente al extractivismo que es la estrategia política y económica de la provincia, que considera a la minería su principal fuente de ingresos. Mientras tanto, la red denuncia la desaparición de otras actividades regionales y el deterioro de la calidad de vida. Así, El Algarrobo, de Andalgalá, comparte experiencias sobre sus casi 16 años de caminatas ininterrumpidas, —como forma de resistencia pacífica—, con asambleas más jóvenes, como la de Belén, Santa María o Fiambalá. 

A esta red de asambleas pertenece Manuel Fontenla, profesor de Filosofía de la Universidad de Catamarca (UNCA), Doctor en Estudios Sociales de América Latina, y apasionado por el mundo de la escalada. En una clase abierta y pública en el Día de la Biodiversidad, Fontenla se refirió a la problemática del litio para el ambiente. Explica que al contrario de lo que se promociona, el litio no es la panacea ni está destinado a salvar el mundo. Las baterías de litio tienen la función de almacenar energía, no de generarla, y ese es un punto importante. “Vienen a resolver un problema específico que es la producción de gases de efecto invernadero que se da cuando quemamos combustibles fósiles”. 

Hablar del litio en la transición energética significa enfocarse en un solo eje de toda la problemática del cambio climático. Se trata de un reduccionismo —dice el profesor—, lo mismo que referirse solo a los autos eléctricos para hablar de electromovilidad.

Según la Agencia Internacional de Energía la demanda global de energía aumentó un 2.2% en 2024. Las energías renovables y la nuclear cubrieron alrededor del 40% de la generación total de electricidad. El pronóstico es que el declive del petróleo sucederá en 2030 y será necesario cubrir esa demanda que no frena. Por otra parte, estadísticas de la Red de la Huella Global, muestran que se necesitarían 5,8 planetas para cubrir el ritmo de uso de recursos de los Emiratos Árabes, o 4,9 en el caso de Estados Unidos. 

Encontrar una solución en verdad sustentable para ambos hemisferios implica no explotar ríos ni tierras como se realiza hoy. Manuel Fontenla opina que pocos se refieren al decrecimiento económico como opción. “Tiene pésima prensa, nadie quiere discutir sobre cómo achicar el mundo y cómo reducir el consumo en cuanto a energía”. Entre las voces referentes, habla de la politóloga Flavia Broffoni, que se refiere a la  descomplejización de las sociedades como una manera de enfrentar un colapso que ya está aconteciendo. Producción, consumo y distribución local, opuestos a la globalización de hoy. 

Argumentos sobran para defender el salar, coinciden los integrantes de la red Pucará. Desde la ciencia, se explica que los ecosistemas de humedales salinos son sumideros de carbono, por lo tanto, ideales para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. En 2010, María Eugenia Farías fue una de las microbiólogas que participó en el descubrimiento de estromatolitos fósiles y vivos en la Puna salteña. El Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA) encontró “microorganismos extremófilos que se adaptan a condiciones inhóspitas, similares a las del planeta hace 3.400 millones de años”, cuenta un artículo de CONICET. Estos sistemas microbianos, “asociación de algas y bacterias que precipitan minerales y son capaces de captar dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno”, son la forma más antigua de vida descubierta en el planeta y, por lo tanto, valiosos para su estudio y conservación. 

“Llegamos a este punto donde solo la solución es posible a través de la tecnología y de los minerales porque se destruyeron todas las alternativas que hubo durante muchos años. Yo sí cargo de responsabilidad a ciertos sectores de poder”, dice Fontenla que anima a que la transición energética sea una discusión transversal, en todos los ámbitos. 

Mirada hacia un futuro incierto

El Ministro de Minería de la provincia de Catamarca, el ingeniero Marcelo Murúa Palacios no accede al pedido de entrevista. La comunicación se hace por una nota formal, la respuesta por Whatsapp es que el ministro está de viaje, o está ocupado, que no puede atender. Tampoco es posible hablar con la ingeniera Teresa Regalado, y menos con Luciano Mancuso, ex director de operaciones para Argentina de Río Tinto Lithium. Su secretaria deja de contestar. A través de las redes laborales, el mensaje queda en visto. Meses después, su nombre, como ex presidente de la subsidiaria de Livent, Minera del Altiplano, queda vinculado a un caso de subfacturación, a un posible contrabando de exportación de litio en el marco de la causa “Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415”. Se los imputa porque habrían realizado 146 exportaciones de carbonato de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado entre junio de 2022 y octubre de 2023, entre un 30 y 45% por debajo del valor del mercado, lo que representa una pérdida fiscal de más de 200 millones de dólares. 

La que responde pronto es Verónica Gostissa. Su historia en Catamarca se remonta a 2013, cuando todavía cursaba la carrera de abogacía. Había salido con sus amigas desde Buenos Aires haciendo autostop en la ruta y en Jáchal, San Juan, se encontró con una problemática que desconocía: un camionero le mostró cómo una minera había secado el río; la impactó tanto que a su regreso se propuso investigar temas de derecho ambiental. Tiempo después conoció Andalgalá, en el centro de la provincia catamarqueña. “Ahí empezamos a acompañar a la gente”. Se refiere a las caminatas de los sábados en contra de la megaminería y para cuidar el agua que baja por la sierra Capillitas y alimenta a la ciudad; caminatas que en quince años ya superaron las 800. Hay suficiente cobertura en la prensa y en las redes sobre las historias de los vecinos que no se resignan a quedarse inmóviles ante el desastre ambiental que dejó la mina de oro y cobre La Alumbrera, y el avance de los proyectos MARA-Agua Rica. 

Verónica eligió concursar por un cargo en la Defensoría Pública para quedarse en Catamarca. En una actividad universitaria le presentaron al cacique Román Guitián, así se involucró en el caso del Salar del Hombre Muerto. “Cuando fuimos al salar, me decían: acá hay un río seco. Eso fue lo más triste que vi en mi vida”. Presentaron el amparo en la justicia federal, y aunque esta se declaró incompetente y la causa quedó en la provincia, no dejó de participar en la protección del territorio y sus habitantes, con ellos formó un vínculo que todavía persiste. Ahora trabaja en una asesoría federal y es parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) y de la Alianza por los Humedales. 

Según la cronología de la abogada, cuando se difundió que el río Trapiche estaba seco y hubo un revuelo en la comunidad, el intendente actual, Mario Cusipuma, aprovechó para ponerse una camiseta alusiva al río y sumar el tema a su campaña, semanas antes de ganar las elecciones. No le resultó extraño a la comunidad que el integrante del partido Unión por la Patria, luego se olvidara de sus promesas. “Entonces empezaron a tener episodios de violencia institucional. A la familia Morales la quisieron desalojar para crear un bypass minero en Antofagasta. En su momento, hicimos la denuncia de violencia institucional, la policía golpeó a las mujeres y a las familias, a Lulú, una señora de 90”.

La persecución que sufrían las familias opositoras se vio agravada por la pandemia, eso contribuyó a desactivar los movimientos de resistencia. Gostissa afirma que durante la pandemia la gente estuvo muy encerrada, muy controlada con la policía. “Las mineras, por decreto, tenían autorización para trabajar, por lo que hubo un avance fuerte en ese tiempo. La gente no podía protestar, no accedíamos a tanta información”. 

Parte de la comunidad denuncia que se ha naturalizado que la minera intervenga en la sociedad. La abogada es categórica: “despliega una ingeniería social fuertísima, empiezan a dar becas, trabajo de tres meses y todo precarizado. Los pibes de 18 años se pueden comprar una moto, no importa que en un año no tengan más trabajo o se enfermen o no”. 

En un comunicado del 29 de diciembre de 2024, Minería autorizó la creación de otro camino alternativo, para que Arcadium transportara las salmueras de Sal de Vida al proyecto Fénix, hacia la planta de procesamiento. Pero en realidad ese camino ya existe y es comunal, de pastoreo. Se encuentra muy cerca de las tumbas sagradas, por lo que La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano difundió otro comunicado sobre el avasallamiento de sus derechos. El descubrimiento de vicuñas atropelladas “demuestra el impacto directo y devastador que tendrá este camino sobre nuestra vida y el equilibrio natural del Salar del Hombre Muerto”. 

Los frentes se multiplicaron, lograron frenar el avance del proyecto minero La Veguita, ya que el consentimiento de Guitián había sido falsificado, por lo que el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso. El conflicto principal todavía se encuentra en el informe de impacto ambiental acumulativo. 

En octubre de 2024 Teresa Regalado, la secretaria de Desarrollo Minero de Catamarca, contaba en una entrevista para una radio local que habían llegado a la metodología apropiada con la colaboración del Conicet y de otras fundaciones, y que se había firmado contrato por financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora local especialista en temas ambientales, sociales y económicos. Siete meses después el Estudio y Gestión de Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA) en el río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto se presentaba según lo solicitado por la Corte de Justicia: “Los modelos hidrogeológicos validados anticipan que el acuífero conservará su capacidad de recuperación aún bajo escenarios de explotación. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener y fortalecer los programas de monitoreo, clave para una gestión hídrica precautoria y adaptativa”. Total normalidad. En las redes sociales el gobernador Raúl Jalil, anunciaba un plan de gestión integral “con enfoque preventivo, adaptativo y participativo, orientado a cuidar nuestros recursos y asegurar decisiones sostenibles para todas las comunidades”. 

La participación ciudadana fue destacada, en concordancia con el acuerdo de Escazú. Verónica aclara que se presentó en el marco del amparo un equipo interdisciplinario de la comunidad para poder también ser parte activa del proceso de evaluación: una bióloga, una hidrogeóloga y una antropóloga. Mientras que el gobierno presentó un cronograma de evaluación, el equipo de la defensa de Guitián realizó observaciones sobre las irregularidades en el modo en que el gobierno entendía la evaluación. 

Cómo se mira lo que se mira. Cómo se evalúa el daño. Ahí está la cuestión. “De hecho, la característica un poco de todos estos proyectos locales es que no tienen línea de base. Ni siquiera podemos todavía pensar en evaluar los proyectos si no conocen el río”. La abogada cuenta que la línea de base en un salar no empieza de cero, sino en 1997. “Entonces, hay mucha información previa que debe pensarse para que puedan analizar cómo es la situación de todos los proyectos a la vez. Y, además, la cuestión territorial”.

Observar solo una vega y dos ríos resulta insuficiente, consideran desde el punto de vista científico y legal. Verónica Gostissa analiza: “Cómo pensamos la dimensión territorial de una evaluación ambiental de este estilo, más allá de lo interjurisdiccional en términos de lo político y lo hidrogeológico”. Hay una unidad de cuenca en el lugar, si solo miro este tramo, no estoy viendo que todo es una gran unidad”. 

En ese expediente se presentaron tres organizaciones como “Amicus Curiae”, que es Amigos del Tribunal, que es FARN, DEPS y AIDA, que son tres organizaciones de la cultura ambiental, también apoyando el pedido de Román de la comunidad y dando más motivos técnicos, científicos. 

La asamblea Pucará acompaña los reclamos con una perspectiva ambiental que los integra, dentro de un contexto global nada favorable. Entre las discusiones y estrategias, la minería metalífera y litífera son grandes ejes para analizar, cuenta Verónica. Lo que sucede en el territorio, los convoca. Organizan talleres en escuelas, encuentros y cumbres por el agua, a la que concurren de otras regiones para integrar problemáticas y resistencias. 

El espacio de Alianza por los Humedales, junto con Chile y Bolivia realizó, una asesoría con talleres, comunicación, acompañamiento jurídico y una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una audiencia sobre el  impacto en los derechos humanos del extractivismo de litio. Ahí viajó Verónica, a Washington, el 15 de noviembre de 2024. “Presentamos un informe escrito, nos recibieron integrantes de la comisión. Estaba el relator de Derechos Económicos Sociales, Culturales (Javier Palummo Lantes). Había cinco comisionados, y hubo media hora para exponer los casos de Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Ellos hicieron preguntas, y se armó un espacio de debate y discusión. La idea es que también se abran otras líneas estratégicas posibles”.

Mientras que en Catamarca el tema queda invisibilizado, hacia el exterior, Antofagasta de la Sierra es un destino que está en la mira de la cartera de negocios. “En la semana de minerales críticos viajan los gobernadores a decir que está todo bien. Bueno, no puede ser la única voz que esté ahí. Hay que estar, para decir que está todo mal”. Uno de los objetivos de La Alianza por los Humedales es tener incidencia estratégica en espacios de discusión internacional. “Porque guste o no, la discusión está instaladisima. El litio está instaladisimo. No es que va a desaparecer la discusión. Entonces, o se participa o te pasa de largo”. 

Si el agua se va, la gente también.

El mayor temor de Román Guitián es que el espacio en el que su familia creció sea un pueblo fantasma, que en el futuro queden solo viejos. “Yo quería que venga el gobernador, que la gente pida una terciaria, que los chicos se capaciten aquí, y puedan ejercer su estudio acá. No puede ser esto que los chicos tengan que ir a otro lado a estudiar. Se enamoran de otra provincia y no vuelven”.

El Doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Estudios Sociales y Culturales, Horacio Machado Aráoz, dice que el extractivismo es la base material de los regímenes autoritarios. “Es la negación radical de la democracia. La apropiación oligárquica de la tierra es la negación básica y absoluta de la soberanía popular, es la base material de un régimen político de pocos y para pocos”. Integrante de la organización territorial, Be.Pe, Machado sintetiza el pensamiento de las asambleas y habla de democratizar la tierra para democratizar la sociedad. Mientras el gobierno de Catamarca continúa con la promoción de eventos costosos y exclusivos, como la edición XIV del Seminario Internacional de Litio en Sudamérica, la respuesta de las asambleas es generar conocimiento abierto. El 29 de septiembre se realizó el festival Ambiente y Primavera que reunió a la red de alianzas y comunidades de la región en defensa de los humedales. Su objetivo fue poner en común acciones de resistencia, alertar sobre las consecuencias del litio (y de políticas extractivistas), y alentar las economías regionales. Con música y feria, en una plaza pública, las personas que participaron dejaron en claro lo primordial que resulta la conservación del agua para la vida.

* Karina Ocampo: Periodista. Licenciada en Comunicación. 

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Fue una cumbre intensa, irregular y profundamente politizada, donde los pueblos pusieron el cuerpo pero los gobiernos —y las corporaciones— siguieron marcando límites.

Estas son las cinco claves de lo que dejó esta COP histórica en participación, pero débil en compromisos.

Por Camila Parodi | Foto: Midia Ninja – Cobertura Ninja *

1. La fuerza de la calle y de los territorios que transformó la COP

Belém se convirtió desde el primer día en un territorio en movimiento. La marcha global de 70 mil personas, las intervenciones feministas, campesinas e indígenas, las flotillas amazónicas, el funeral de los combustibles fósiles y la presencia artística, espiritual y política de los pueblos hicieron de esta COP una cumbre más popular que gubernamental.

La participación indígena fue inédita: más de 900 lideresas y líderes acreditados, tres veces más que en conferencias anteriores. Ocupaciones directas en la Zona Azul, interpelaciones a negociadores y acciones dentro del Salón Azul dejaron en claro lo que los textos oficiales no quisieron nombrar: no hay transición justa posible sin pueblos, sin territorios y sin frenar el modelo fósil.

La Aldea Indígena celebró un anuncio histórico: la demarcación de 20 territorios indígenas en Brasil, avanzando en el Paquete de Tierras Indígenas.

La tarde del viernes dejó la imagen más poderosa de toda la cumbre: la Plenaria de los Pueblos —organizaciones socioambientales, feministas, campesinas, juveniles e indígenas— ocupó el Plenario Tocantins, el espacio más simbólico de la negociación. No fue una irrupción: fue una reconfiguración política. Allí se denunciaron violencias territoriales, greenwashing corporativo, retrocesos en financiamiento y la negativa persistente a nombrar a los combustibles fósiles.

Mientras tanto, incluso cuando un incendio obligó a evacuar parte del predio, las negociaciones siguieron a puertas cerradas hasta la madrugada. El fuego frenó eventos, no decisiones. Lo que ardió fue la fachada de la COP, no la diplomacia

2. El “Mutirão Global”: una idea comunitaria atrapada en un texto débil

La Presidencia brasileña intentó ordenar la cumbre bajo la propuesta del “Mutirão Global”, inspirada en el mutirão, una práctica comunitaria tradicional: trabajo colectivo para resolver lo que una persona sola no podría. Construir una casa, cosechar, reparar, limpiar.

Brasil quiso trasladar ese espíritu al plano internacional: cooperación para implementar el Acuerdo de París. Pero el texto oficial —incluyendo el artículo 18, donde se reconocía la posición de más de 80 países— quedó lejos de esa fuerza colectiva. El Mutirão:

• no mencionó los combustibles fósiles,
• no definió una hoja de ruta para abandonarlos,
• evitó referencias firmes al 1,5 °C,
• apostó a mecanismos voluntarios,
• y lanzó una “Misión de Belém” sin efectos vinculantes.

La calle pedía transición justa. El Mutirão ofreció moderación diplomática.

3. La presión internacional por una hoja de ruta fósil: el bloque que se plantó

Mientras el texto anfitrión evitaba nombrar a los fósiles, se consolidó un bloque decidido a exigir claridad. Colombia encabezó una carta firmada por 28 países de América Latina, Europa y Oceanía que reclamó que ningún resultado final fuera aprobado sin un compromiso real para abandonar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón.

Entre los firmantes: Austria, Bélgica, Chile, Costa Rica, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, México, Países Bajos, Panamá, España, Suecia, Reino Unido, Vanuatu, entre otros. El mensaje fue directo: si la COP no habla de combustibles fósiles, no está hablando de cambio climático. Sin embargo, todos los borradores finales evitaron la expresión “abandonar los combustibles fósiles”, confirmando la persistencia del poder petrolero y gasífero.

Aun así, algo cambió: por primera vez, la demanda de la calle sí llegó a las salas de negociación. La transición justa ya no es un reclamo marginal. Es un camino inevitable.

4. Adaptación debilitada, retrocesos en género y territorios bajo amenaza

Uno de los objetivos clave de esta COP era acordar los indicadores globales de adaptación. La región latinoamericana —liderada por Colombia, México, Panamá, Uruguay, Chile y Costa Rica— defendió su importancia. Pero el resultado decepcionó:

• se pasó de 100 indicadores a 59,
• fueron modificados sin debate,
• y quedaron alineados con posiciones africanas y árabes que resistían su adopción.

La plenaria llegó a suspenderse entre objeciones, reclamos y falta de transparencia.

A esto se sumó un retroceso alarmante: el debilitamiento del lenguaje de género. Mary Robinson advirtió que las menciones a mujeres y niñas habían sido recortadas de varios apartados. Delegaciones como Argentina, Paraguay, Irán y la Santa Sede impulsaron ese recorte, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos y feministas.

En simultáneo, la violencia en los territorios volvió a quedar expuesta. El asesinato del líder guaraní-kaiowá Vicente Fernandes, ocurrido durante la COP, mostró que la defensa de los bosques ocurre en contextos atravesados por economías ilícitas, minería ilegal y amenazas armadas, mientras los discursos oficiales celebran “soluciones basadas en la naturaleza”.

5. Un lobby corporativo que fue, otra vez, la delegación más grande

Si bien esta COP tuvo una participación histórica de personas pertenecientes a pueblos indígenas, según datos relevados por Periodistas por el Planeta, la conferencia contó con una presencia arrolladora del sector corporativo:

• 1.600 representantes del gas y el petróleo,
• 531 promotores de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS),
• 302 representantes del agronegocio.

Estos números superaron, nuevamente, a la mayoría de las delegaciones nacionales y marcaron toda la negociación. En total, uno de cada 25 participantes fue lobby empresarial.

Ninguna delegación nacional tuvo un tamaño comparable. El lobby fósil y agroindustrial presionó para evitar menciones a los combustibles fósiles, impulsar mecanismos de mercado y expandir iniciativas de greenwashing como créditos de carbono, monocultivos para etanol y minería de litio bajo el relato de la transición “limpia”.

Este poder corporativo influyó directamente en:

• la eliminación de la referencia a fósiles,
• la defensa de mercados de carbono sin integridad,
• la expansión de monocultivos para etanol y minería para “transición verde”,
• el refuerzo de tecnologías distractivas como CCS.

Mientras tanto, unos 80 países firmaron una declaración por una transición energética justa con foco en derechos humanos. Un avance político, pero insuficiente: nuevamente, no se nombró al petróleo, el gas y el carbón.

Un cierre sin sorpresas, pero con un protagonista inesperado: la fuerza colectiva

La COP30 no ofreció resultados transformadores.No hubo hoja de ruta fósil. La adaptación quedó debilitada. El financiamiento volvió a ser ausente. El lobby corporativo ganó más que la justicia climática.

Pero esta COP dejó algo imposible de ignorar: la irrupción histórica de una fuerza popular, indígena, feminista y comunitaria que ya no retrocede.

Los territorios ocuparon la COP por dentro y por fuera. La Plenaria de los Pueblos tomó el plenario. La Aldea Indígena marcó agenda. Las flotillas amazónicas ampliaron la escala del movimiento. Y 70 mil personas en las calles mostraron que la transición justa no es un acuerdo entre Estados, sino un mandato social.

Nadie esperaba mucho de la COP. Y, sin embargo, Belém dejó una certeza: la justicia climática no vendrá de los documentos oficiales, sino de la presión colectiva que ya se volvió protagonista.

*Este artículo forma parte de la cobertura colaborativa de la COP30 realizada en conjunto con Marcha Noticias, Agencia Tierra Viva, Muy Waso y Kaja Negra.

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Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Fotos: Lizbeth Hernández

Desde Belém, Brasil

Sobre el asfalto ardiente de Belém, al norte de Brasil, miles de personas caminan en defensa de la tierra, del agua, de la vida. En las mismas calles donde los mangos caen de los árboles a cada instante, se alzan las banderas para defender a la naturaleza. Las gargantas se unen en un coro potente. Suenan los tambores y las consignas: “El pueblo unido jamás será vencido” e “Internacionalicemos la lucha”. La Marcha Global por el Clima sale desde el Mercado de São Brás hacia la sede de la COP30, donde las Naciones Unidas, los gobiernos y las grandes empresas definen los acuerdos climáticos multilaterales para el próximo año.

Comunidades indígenas, campesinas y quilombolas: un pueblo despojado pero que ríe, que canta, que propone. Que denuncia el genocidio en Palestina. Un pueblo sin fronteras reunido en el sur del mundo, decidido a hacerse escuchar. En contraste, la Policía Militar del Estado de Pará exhibe una postal gris de patrulleros, vallas y rostros inmutables que son parte del operativo desplegado para evitar que las personas lleguen al Jardín de la Ciudad, donde se realiza la Conferencia de la ONU. Los helicópteros zumban en su vuelo rasante pero el coro no se apaga: cuadra tras cuadra, suenan cánticos en portugués o en español.

La marcha es el corolario de la Cumbre de los Pueblos. Allí, más de 70.000 personas, de Brasil y de todo el mundo, alzaron su voz para decirle a los gobiernos y organismos de la COP que quienes habitan los territorios no pueden permanecer al margen de la discusión. “La solución está aquí, no allá”, dice Jaime Amorím, dirigente de La Vía Campesina. Y está aquí, entre las organizaciones, porque la agenda que nutrió la cumbre y que nutre la marcha proviene de las entrañas de quienes se movilizan. De sus derechos negados, de la discriminación sufrida y de la esperanza construida colectivamente.

Desde el lunes 11 de noviembre se realiza la COP30 en el corazón de la Amazonía. Por su parte, desde el día 12, la Cumbre de los Pueblos reunió a más de 1100 organizaciones socioambientales de diferentes países. 

Durante cuatro días las comunidades y colectivas compartieron sus propuestas, construyeron estrategias y llamaron a respetar los derechos de la naturaleza. Llegaron por tierra, agua y aire para repudiar los intereses corporativos y mostrar que sus experiencias vitales son claves para tomar decisiones sobre la crisis climática. Que no son cifras, sino nombres, historias, comunidades que viven día a día y en carne propia las inundaciones, los ciclones, los calores extremos o las sequías. Y que saben que esos fenómenos responden a un modelo económico.

Frente a las falsas soluciones

“En la COP oficial están reunidos buscando construir la solución con quienes destruyeron, con quienes tienen un único interés que es el lucro. Esos sectores van a seguir destruyendo, ahora con nuevas legislaciones para explotar, como los créditos de carbono y otras falsas soluciones”, sentencia Amorim. Agrega: “Entre ellos está el agronegocio, que siempre destruyó y esclavizó y que es responsable de la crisis climática”.

Proyectos como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) y los mercados de compensación de carbono confirman que la COP está lejos de poner en el centro a la defensa climática y que perpetúa las desigualdades. El TFFF es un mecanismo de financiamiento climático para países con bosques tropicales, que tiene entre sus interesados al Bank of America (un importante inversor en la explotación petrolera en la Amazonía). 

Detrás del maquillaje verde y de las intenciones de “descarbonizar” la economía para evitar el colapso climático, hay nuevos negocios en ciernes, como las energías “limpias” que promueven los monocultivos para el etanol o que buscan minerales como el litio para la electrificación del transporte. Empresas como la agroexportadora Cargill, la minera Vale (responsable de los desastres ambientales de Mariana y Brumadinho, en 2015 y 2019) y Coca Cola forman parte del sector empresario que participa de la COP.

Pueblos indígenas en lucha

“La COP no fue planificada para nosotros. No estamos allá dentro negociando, ellos están negociando con nosotros. Vivimos en la selva, sabemos nuestra realidad”, dice Nalva Borari, cacica del Pueblo Borari. Y reivindica: “Luchamos por un clima para todos, para que los pueblos indígenas tengamos acceso a todo, para que tengamos una selva y un río Tapajós libre de explotación”. 

Según informó Amazon Watch, la semana pasada más de 300 indígenas y aliados de movimientos sociales llevaron a cabo el Octavo Grito Ancestral en el río Tapajós, en el oeste de Pará. Durante la acción pacífica se detuvieron tres convoyes de barcazas de soja y los activistas subieron a las embarcaciones con banderas cuyas consignas eran: “No al Ferrogrão”, “Alimentos sin veneno” y “La agricultura pasa, la destrucción se queda”. El Ferrogrão es un proyecto ferroviario del gobierno brasileño para transportar granos desde el centro-oeste del país hacia Pará para exportarlos.

Durante esta semana, los pueblos indígenas de la Amazonía intentaron ingresar en dos oportunidades a la “Blue Zone”, donde se realizan las reuniones formales de la Conferencia. Pero su acceso fue denegado mediante cordones policiales. Naila Borari explica: “Los líderes tienen que escucharnos, no pueden decidir unilateralmente mientras nosotros no tenemos acceso a esos espacios. Quienes defendemos la Amazonía estamos aquí, en la verdadera COP, que es la Cumbre de los Pueblos”.

Norma Kokama integra el Pueblo Kokama, que comparte territorio amazónico en Brasil, Colombia y Perú. Sus tierras son asediadas por la minería. Kokama marcha junto a sus compañeras y expresa: “Los blancos quieren destruir la naturaleza, pero estamos en lucha para parar esa destrucción”.

Las políticas del gobierno de Lula da Silva como el ferrogrão o la explotación petrolera en la Amazonía son cuestionadas por los comunidades. A pesar de esas tensiones, las ministras de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, y de Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, participaron activamente de la marcha. Guajajara manifestó desde la movilización popular: “La ONU necesita entender, escuchar y comprender las voces que aquí llegaron” y exigió la inclusión de voces indígenas y del sur global en la agenda de la COP30.

Los alimentos no son mercancía

Cerca de las ferias donde se venden peces de mar, mangos, bananas y cocos, pasa la caravana que reclama soberanía alimentaria. “Estamos aquí para denunciar el avance del agronegocio en la Amazonía. Luchamos por las semillas criollas, por las variedades que se están perdiendo debido al avance de los transgénicos. La deforestación, las quemas y los agrotóxicos están expulsando a los campesinos de sus tierras. Pero tenemos una propuesta: la agroecología que produce alimentos saludables y más justos para nuestro pueblo”, asegura Raimundo Ferreira, del Movimiento Camponés Popular (MCP), y del municipio de Tracuateua, al nordeste de Pará.

Consultado sobre si la COP puede traer respuestas para el sector, expresa: “Si depende de los estadistas y de los grandes capitalistas no, porque a ellos solo les interesa el lucro. Si no somos escuchados, jamás nos darán una solución”. 

Por su parte, Amorim indica: “No hay ninguna posibilidad de resolver la crisis climática mientras no se integre en ese proceso al pueblo, a los trabajadores, principalmente a los campesinos y campesinas, porque somos quienes producimos y quienes diariamente lidiamos con estos problemas. Los gobiernos y la COP tienen que escucharnos”.

Una gran bandera blanca con letras rojas, del histórico Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST), sintetiza la propuesta: “No hay justicia climática sin reforma agraria popular”.

Una COP en Belém, pero no para Belém

Uno de los documentos que trabaja en la COP30 es sobre el racismo ambiental. Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, China, Camboya, Sudán del Sur, Marruecos, México, Sudáfrica, Venezuela, Bolivia y Surinam ya lo firmaron. Marca la importancia de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, la equidad intergeneracional y las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en la acción climática. 

Señala que “muchas comunidades vulnerables soportan una carga desproporcionada de pérdidas y daños relacionados con el clima en su cultura, patrimonio, salud, medios de subsistencia y ecosistemas”. Y que las personas afrodescendientes e indígenas y las comunidades locales son las más expuestas a estas situaciones.

Mayani Salgado vive en la periferia de Belém. Es profesora de geografía, artista y activista socioambiental en la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos. Marcha con un cartel que se expresa contra el racismo ambiental. Desde su experiencia de todos los días, explica: “Es una forma de discriminación por parte del poder público y de las empresas con la población amazónica, las poblaciones tradicionales y, en el contexto urbano, con las poblaciones que viven en las periferias”. 

Asegura que marcha para denunciar esa discriminación y la falta de visibilidad que los barrios populares de Belém tuvieron en el proceso de la COP.

Belém tiene 1.303.403 habitantes, según el censo de 2022. En gran medida viven del mercado informal: venden agua o comida en las calles o trabajan en aplicaciones como Uber. Su principal problema es, para Salgado, la infraestructura, el saneamiento y la falta de acceso al agua potable. También las inundaciones que ocurren cuando llueve mucho. Debido a su clima tropical, las lluvias son frecuentes.

La ciudad está ubicada en el punto donde se encuentran los ríos Guamá y Acará, y está surcada por 14 canales, convertidos en desagües a cielo abierto. Uno de esos canales, en la zona llamada Igarapé, era un río donde hace 30 años las personas navegaban, pescaban y se bañaban. Pero hoy sus aguas están contaminadas. “Cuando se eligió Belém como sede de la COP teníamos la expectativa de que iba a haber alguna obra para los canales, pero no hubo ninguna”, afirma la activista.

“Hubo grandes obras en las áreas centrales, pero en nuestras zonas no hubo ningún tipo de trabajo. La gente que vive en esos barrios no entiende lo que está ocurriendo en la COP porque no fuimos llamados ni convocados a la discusión sobre el clima. Eso es una forma de discriminación, de menosprecio por nuestro color, con el lugar donde vivimos y con nuestra clase social”, asegura.

La marcha llega hasta el corsódromo, a pocas cuadras del Jardín de la Ciudad. La COP sigue su agenda y la Policía frena el avance de las columnas, allí los pueblos amazónicos junto a representantes de comunidades indígenas del mundo, de espaldas al cordón policial, comienzan a danzar en espiral y se abrazan en una certeza: haber alzado su voz ante quienes toman decisiones sin tomar sus experiencias en cuenta.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Soy Waso y Agencia Tierra Viva.

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Por Romina Pesalaccia

El departamento de Ancasti, un paraíso catamarqueño ubicado a 90 km de la ciudad capital, es un lugar donde la naturaleza, en su estado más puro y con escasa intervención humana, conforma uno de los espacios con mayor biodiversidad de Catamarca. Con vastas extensiones de monte y bosque, se preserva como un pulmón verde indispensable en estos tiempos. Sin embargo, hay una realidad ineludible: desde hace años, esta región está siendo despojada de su agua. Tal es la gravedad de la situación que 2025 marca el tercer año consecutivo sin crecientes, con lluvias tan escasas que apenas logran aumentar el caudal de los ríos. El calor extremo de los últimos años, en directa relación con el aumento global de las temperaturas debido a la crisis climática, y la falta de recuperación hídrica por la ausencia de precipitaciones, dejan a estos ríos con apenas unos días de vida antes de convertirse en charcos estancados.

Ancasti y su población han mantenido una trayectoria de resistencia en defensa del agua. Desde la amenaza de la megaminería de litio hasta el desalojo de un feedlot que contaminó el cauce de uno de los arroyos más importantes de la zona, la sierra no está exenta de los extractivismos que saquean y envenenan los territorios. Manipular las lluvias es una forma más de explotación que asfixia al planeta y a la vida que sostiene.

“Cuando era chico, el río Anquincila no se podía ni cruzar. Había que ingeniárselas de todas las maneras posibles para atravesarlo”, relata Edgardo, vecino de Anquincila, una de las localidades serranas. “Las vertientes brotaban por todos lados, había meses en los que ni se podía salir de las casas en vehículo por la cantidad de barro”, recuerda, mirando al cielo. Nunca antes se había vivido un desequilibrio climático tan severo como el actual. Aunque de vez en cuando había alguna temporada seca, siempre llegaba la creciente para calmar tanta tierra agrietada.

El ciclo que ya no se renueva

La Sierra de Ancasti, con un clima predominantemente templado y húmedo en las zonas más altas, se caracterizaba por tener veranos cálidos y lluviosos e inviernos fríos y secos. Desde finales de noviembre hasta finales de febrero, ocurrían al menos tres grandes crecientes, con millones de litros de agua capaces de saciar la sed de la sierra. A partir de marzo, las lluvias otoñales saturaban la tierra. Incluso hubo años en los que el sol apenas se asomó en toda la temporada. Así, el Ancasti se cubría con la “nuboselva”, como se le llama en el lugar a la densa niebla que domina el paisaje.

Este ciclo de humedad daba paso a inviernos sin lluvias, pero con ríos cargados. En primavera, los vientos intensificaban la sequía, aunque el ciclo natural se renovaba, devolviendo vida a los veranos colmados de agua.  Y lo más importante es que estas condiciones climáticas alimentaban el ciclo de la vida, permitían a sus habitantes, cultivar hortalizas, maíz e incluso trigo, además de sostener la crianza de animales de pastura como vacas, ovejas y cabras, una actividad fundamental para la economía local.

Sin embargo, desde hace casi 20 años, estos ciclos dejaron de renovarse. Las causas son muchas y están relacionadas: fenómenos climáticos globales como El Niño y La Niña, la deforestación para el monocultivo en zonas limítrofes, que altera el clima de la región, y la crisis climática. Pero hay algo más que afecta a los cielos: la modificación del clima 

“Nos están cortando las lluvias”

Tras una gran sequía que alcanzó su punto más crítico en 2012, las vecinas y vecinos de la zona empezaron a movilizarse a través de diferentes asambleas y encuentros, realizando los primeros reclamos sobre la manipulación del clima que estaban viviendo. A principios de 2013, el ciclo del agua comenzó a recuperarse y, hacia finales de 2016, volvieron a fluir vertientes que llevaban años secas. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de esas vertientes se han vuelto a secar por completo.

“Una noche, a eso de las 2 de la mañana, estábamos en el patio viendo cómo se formaba la tormenta, con rayos y relámpagos, cuando de repente se escuchó el avión y, al minuto, el cielo se abrió”, cuenta Juan Manuel Carrizo, recordando un episodio de enero de 2024 mientras visitaba a su familia en la Villa de Anquincila. Agregó que esa no es la primera ni la única vez que se escucharon aviones desarmando tormentas. Este testimonio se repite una y otra vez; es una realidad innegable que está transformando el clima y la vida de toda una región que depende de las lluvias.

Este año, las y los vecinos de Ancasti fueron testigos de la formación de grandes tormentas. Mientras localidades vecinas sufrían temporales, como en Capayán y Fray Mamerto Esquiú, en Ancasti, entre los truenos, se escuchaban los motores de los aviones, y las tormentas desaparecían, a veces sin caer ni una gota de agua, y otras veces con lluvias extremadamente escasas. El panorama de este verano ha sido desolador: ríos completamente secos en plena temporada de lluvias, los cultivos reducidos a pequeñas plantas por la falta de humedad, o campos completamente agrietados y áridos. Los balnearios naturales que se forman en la temporada turística dejaron de existir, afectando gravemente la economía regional. Además, los cortes de agua también se hicieron presentes este verano, obligando a muchas localidades serranas a depender de camiones cisterna que recorren grandes distancias para entregar agua.

La manipulación del Clima: una realidad innegable

La manipulación del clima se produce en diferentes escalas globales. En nuestro país, se ha llevado a cabo principalmente a través de la siembra de nubes con el supuesto objetivo de mitigar el granizo. Esta técnica consiste en introducir yoduro de plata en las nubes, con el fin de reducir el tamaño de las gotas de lluvia y evitar la formación de granizo. En Mendoza, por ejemplo, el Sistema de Mitigación de Granizo ha empleado esta práctica durante décadas, dispersando el yoduro mediante aviones y generadores terrestres. Aunque algunos agricultores consideran que ha ayudado a proteger sus producciones, la efectividad a largo plazo es cuestionada. Además, existe preocupación por el posible impacto ambiental, ya que las intervenciones podrían estar alterando los ciclos naturales de lluvia y acumulando compuestos no deseados en los ecosistemas.

Cecilia Sustersic es Licenciada en Comunicación Social y docente en la Provincia de San Luis, especialista en Ambiente y Geoingeniería e integrante de la organización CLAMA (Cielos Limpios en América Monitor Ambiental), para ella, “empresarios agrícolas, mineros y otros sectores económicos recurren a estas herramientas para adaptar el clima a sus necesidades, lo que agrava la desigualdad y profundiza el impacto en comunidades vulnerables”. CLAMA es un movimiento integrado por personas de diferentes partes del país, y que trabaja en conjunto con organizaciones internacionales. Sus integrantes, que desde el año 2009 investigan y denuncian la manipulación climática, están acompañando a las comunidades afectadas de Argentina, especialmente en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

Una posibilidad ante tanto yoduro

En otras provincias como San Juan y San Luis, se han implementado leyes que regulan o prohíben la manipulación artificial del clima, especialmente en lo que respecta a la siembra de nubes y el uso de cañones antigranizo.

En mayo de 2024, la Legislatura de San Juan aprobó una ley que suspende por 30 meses el uso de cualquier técnica destinada a alterar artificialmente el ciclo hidrológico durante las etapas de condensación y precipitación. Antes de esta ley, el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo (MIPAC) expresó su preocupación ante los legisladores sobre el uso de tecnologías como los “rompetormentas”, que alteraban las precipitaciones en favor de ciertos intereses agrícolas, afectando a pequeñas comunidades y sus producciones.

En noviembre de 2024, San Luis también promulgó la Ley IX-1148, que prohíbe el uso de cualquier técnica, actividad, mecanismo, sistema o tecnología destinada a alterar o modificar artificialmente las fases atmosféricas del ciclo hidrológico, especialmente durante las etapas de condensación y precipitación. 

Estas leyes se lograron gracias a los esfuerzos articulados de las agrupaciones vecinales y comunidades que, hasta el día de hoy, siguen resistiendo para proteger los cielos limpios. Con este antecedente, en 2024, los habitantes de los Departamentos de Ancasti y Portezuelo, en Catamarca, llevaron a cabo un extenso monitoreo de sus cielos y denunciaron ante la Policía Aeroportuaria de Catamarca la presencia de aviones en la región en momentos previos a una precipitación, que luego fue desarmada. En ese contexto, realizaron un pedido de información, pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

Con la sequía en la Sierra de Ancasti cada vez más acuciante, vecinas y vecinos organizaron dos charlas informativas junto a la Licenciada Cecilia Sustersic, programadas para los días 28 y 29 de marzo en la Villa de Ancasti y Anquincila. Estas reuniones surgen con la urgencia de abordar de manera colectiva las alternativas para enfrentar esta grave problemática y evitar que las lluvias continúen siendo interrumpidas.

La situación en la Sierra es crítica, con un impacto que va más allá de lo local. La falta de lluvias y la disminución de las reservas de agua ponen en riesgo el acceso al agua potable en ciudades como Icaño y Recreo, que dependen directamente de las cuencas hídricas de la región. Ante esta realidad, es fundamental que las comunidades se informen, se organicen y actúen de manera colectiva. La manipulación climática es una realidad y forma parte de la serie de extractivismos que azotan nuestros territorios. Despojar a los pueblos del agua, interrumpiendo sus lluvias, es parte de una agenda de saqueo y entrega. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir las comunidades antes de que sus ríos se sequen por completo? Es urgente frenar este avance, encadenado como siempre a un sistema que agota los recursos vitales, la tierra y el agua.

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La gente del lugar lleva años viendo cómo los ríos, pozos y vegas se han ido secando. Mientras tanto, unas surreales piletas de agua turquesa salpican el paisaje como un espejismo.Vista aérea del Río Pastos Chicos que los habitantes a veces deben usar como fuente de agua para beber, aunque contenga arsénico de forma natural.

Por Lucila Pellettieri (*)

Hace más de una década, comunidades originarias de la región de la Puna (el altiplano más alto después del Tíbet) aceptaron que dos empresas mineras de litio, Minera Exar y Sales de Jujuy, operaran en el departamento de Susques. Esperaban que las minas trajeran empleos y desarrollo, junto a la cuidadosa gestión ambiental que se les prometió. Algunas personas locales trabajan para las minas, pero la demanda por baterías de litio las ha dejado sin agua suficiente para vivir cómodamente, o tan siquiera para mantener su ganado y cultivos. Si bien el litio ayuda a energizar los autos eléctricos, computadoras y otra tecnología de alto nivel, pone en peligro la supervivencia básica en uno de los puntos más áridos de Argentina. 

La desesperación ha llevado a algunas personas a beber el agua del Río Pastos Chicos, que contiene arsénico proveniente de la actividad volcánica. Los niveles de arsénico en el río alcanzan las 1 400 partes por millón y exceden considerablemente el umbral que, según la Organización Mundial de la Salud, puede provocar cáncer.

Global Press Journal intentó comunicarse con Minera Exar y Sales de Jujuy a través de correos electrónicos, solicitudes en redes sociales, cartas físicas y más de 20 llamadas telefónicas, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Jujuy niega que las operaciones mineras sequen las reservas de agua.

“Es totalmente falso decir que la exploración y/o producción de carbonato de litio consume el agua disponible para las comunidades, ya que el agua para consumo [local] proviene de otras fuentes, las cuales no se ven afectadas por los proyectos”, indica un reporte de agosto de 2023 del gobierno de Jujuy. Sin embargo, estudios independientes demuestran que, en efecto, las minas son las culpables del agotación del agua en el área. 

Walter Díaz Paz, ingeniero ambiental de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, quien ha escrito numerosos informes sobre la minería de litio en la Puna, dice que las compañías mineras oscurecen los hechos.

La extracción de agua por parte de las compañías mineras está “completamente vinculada” al hecho de que se hayan secado los pozos de agua de varias personas, dice Díaz Paz.

Se proyecta que la minería de litio tenga un crecimiento exponencial en Argentina. El país cuenta con la tercera mayor reserva de litio del mundo y es el cuarto productor global , aunque el presidente Javier Milei considera que la minería está “ especialmente subdesarrollada ”. En hizo abril que la importación de equipos y materiales para la minería resultara más barata y rápida para las empresas.

En junio, el Presidente Milei aseguró la aprobación del Congreso para otra ley que otorga a las compañías mineras beneficios significativos como reducciones impositivas y aranceles del 0% en las importaciones durante 30 años, entre otros incentivos. Se ha reunido dos veces con Elon Musk, el cofundador y CEO de Tesla, gigante en baterías y autos eléctricos, que además es uno de los mayores consumidores de litio en el mundo.

Este plan económico preocupa a la gente del departamento de Susques. Las minas dan empleo a aproximadamente el 30% de los trabajadores del departamento, pero esto es de poca importancia si el agua está desapareciendo.

Hace tres años, Reinaldo Luzco, de 75 años, sacaba agua de un pozo natural cercano a su casa para su familia y sus cabras. Hoy ese pozo está seco. Ahora él depende de que otros le traigan agua del pueblo y cuando esto no alcanza, bebe agua del río que contiene arsénico de manera natural.

“¿Qué vamos a hacer? Sin reservas [de agua] nos vamos a morir”, dice Luzco.

El ‘oro blanco del siglo XXI’

Estanques de evaporación en la mina de litio, Sales de Jujuy SA

Durante millas de años, el agua de lluvia ha bajado de estos picos en los Andes, erosionando lentamente las ventas y el litio de las rocas para formar una salmuera que penetra los lagos, salares y acuíferos de la Puna.

Se calcula que Argentina tiene 20 millones de toneladas de litio en esta salmuera; es decir, 10% de las reservas mundiales conocidas de litio. Extraerlo exige perforar los salares (las superficies blancas y agrietadas de lo que antes fueron lagos y que ahora se han evaporado completamente), y bombardear la salmuera subterránea hasta las piletas de evaporación cercanas. Una vez que llega a estos estanques artificiales, la salmuera se deja evaporar hasta por dos años. Luego se procesa y se obtiene carbonato de litio, una sal blanca que una vez refinada se usa en la producción de baterías.https://player.vimeo.com/video/980793750

Durante 2023, Minera Exar y Sales de Jujuy extrajeron unos 12 200 millones de litros de salmuera, según los niveles de producción declarados en sus informes de impacto ambiental, y el consumo de salmuera por tonelada que han calculado los expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. y Técnicas de Argentina.

Durante el mismo período, ambas empresas extrajeron más de 3 700 millones de litros de “agua industrial” —técnicamente, agua dulce— para producir lo que se conoce ampliamente como el “oro blanco del siglo XXI”. Esta cantidad equivale a más de 31 veces el consumo anual de agua de los habitantes del departamento de Susques. Tan solo dos años antes, las minas de litio habían usado cinco veces el consumo de agua dulce de los habitantes del departamento. En 2023, después de que Sales de Jujuy expandiera sus operaciones y Minera Exar comenzara a producir, la extracción de agua dulce se disparó 535%. Y las empresas tienen planes de expandirse aún más.  

Ahora, cuatro minas producen litio en Argentina: las minas de Sales de Jujuy y Minera Exar, que se encuentran en la provincia de Jujuy, la mina Fénix que está en la provincia de Catamarca y la mina Centenario Ratones, en la provincia de Salta. Se espera que otras dos minas inicien operaciones este año; otras más les seguirán. Según un informe de noviembre de 2023 de la Secretaría de Minería de Argentina, están en desarrollo otros 40 proyectos de minería de litio. 

Lo crucial para la gente que vive en la Puna es que esta extracción masiva de agua debajo de los salares afecta la distribución de los reservorios de agua subterránea en la región, los cuales se clasifican como de agua dulce, salobre, salada o salmuera. Todos ellos se conectan a través de zonas de mezcla.

Lo anterior no sorprende. Un estudio realizado en 2018 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina modeló los impactos pronosticados de la minería de litio en la cuenca hidrológica Olaroz-Caucharí en la Puna. Según la investigación, el bombeo masivo de salmuera en el departamento de Susques — que comenzó en 2015 — probablemente atraiga el agua dulce cercana hacia los salares, donde se volverá irreversiblemente salada. El estudio también encontró que es casi seguro que los niveles de la cuenca Olaroz-Caucharí disminuyeron, haciendo que se secuencian manantiales, lagos, lagunas y pozos.

Y eso es exactamente lo que la gente del lugar está comprobando.

Menos agua disponible

Una mujer camina por la calle después de llenar dos bidones con agua potable en la plaza principal de Huancar.

El patio de María Norma Vásquez alberga un ejército de baldes, bidones y palanganas. Se trata de su última defensa contra las frecuentes interrupciones en el servicio de agua de su pueblo, una red de mangueras que toman agua de un manantial cercano. El agua potable se surte de un tanque en la plaza principal del pueblo, alimentado por un manantial de bajo caudal en las inmediatas.

“A veces no tenemos ni para limpiar, ni para lavar nuestra ropa, hacer higiene, ni nada”, dice.

Las vegas de donde bebían los animales están secas, dice Eva, quien pidió que no se mencionara su apellido por temor a represalias.

“Siento que chupan todas las venas de todos los cerros”, dice Eva.

Las compañías mineras han hecho cierto esfuerzo por aliviar la competencia por el agua. En 2022, Minera Exar gastó cerca de 87 millones de pesos argentinos (unos 500 000 dólares en aquel momento) para llevar agua embotellada a sus empleados a fin de evitar el consumo del agua potable local. Ese mismo año, la compañía también gastó 640 000 pesos (unos 3 400 dólares en aquel momento) para abastecer de agua a 104 casas en la región rural de Salar de Olaroz, según el informe de sostenibilidad para 2022 de la empresa.

Estos esfuerzos no han aplacado las inquietudes. Muchas personas ya no quieren que las mineras estén allí. Están uniéndose a las voces que comenzaron a escucharse en 2012 en la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc, vecina de la cuenca del Salar de Olaroz. Allí, 33 comunidades originarias crearon en 2015 un documento llamado el Kachi Yupi , que exige que las empresas que quieran instalarse en la zona sigan un protocolo de consulta que respete la cultura de los grupos indígenas.

Pero ese protocolo quedó finalmente en la nada luego de que el gobierno provincial de Jujuy no lo refrendara .

El año pasado, las comunidades originarias recibieron otro duro golpe. 

En junio de 2023, el gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional exprés . El proceso se realizó en poco más de 30 días sin hacer una consulta pública. La reforma establece que los terrenos fiscales, como los que habitan estas comunidades, podrán expropiarse y emplearse para desarrollos productivos como la minería de litio. Asimismo prohíbe las protestas y manifestaciones que involucren cortes de rutas, uno de los pocos métodos que tenían los manifestantes para hacerse escuchar. 

Hay algunas pequeñas señales de cambio. En marzo, en la provincia de Catamarca, luego de que la gente reportara los efectos negativos de la minería de litio en el Río Los Patos, un tribunal prohibió todos los permisos de minería nuevos en el área y ordenó al gobierno provincial realizar un nuevo estudio. de impacto ambiental.

Aun así, la voluntad de algunas comunidades se resquebraja. Este año, Lipán, una de las 33 comunidades que firmó el Kachi Yupi, se separó de las demás y permitió que comenzara la exploración para la extracción de litio en sus tierras.

Crecen las oportunidades y el resentimiento

Vista aérea de los piletones de la minera de litio Sales de Jujuy SA

Los informes del gobierno y las compañías mineras “desconocen intencionalmente” el efecto de las actividades mineras en los reservorios subterráneos, dice Díaz Paz, el ingeniero ambiental que ha estudiado del impacto de la minería de litio en la región. Dicen que se explota solo un área, pero esa explotación conduce a una disminución en los caudales superficiales y en el volumen de agua que llega a las vegas, explica.   

Otro problema, dice Díaz Paz, es que las mineras usan el término “agua industrial” —acuñado por la propia industria y que no se emplea en ninguna clasificación científica— para referirse al agua dulce que no cumple con las normas para considerarla potable.

Las compañías mineras clasifican esta agua dulce sin tratar —que la gente local emplea para sus animales y cultivos— como “agua industrial”. Por lo tanto, pueden extraerla mientras niegan que están compitiendo con la comunidad.

José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, dice que existen más de 70 puntos de monitoreo alrededor de la cuenca para asegurar que la minería no salinice el agua dulce.

Y reconoce que el agua industrial es la que la gente bebe y usa para sus campos.

“El agua es la misma, sí, por supuesto”, dice.

Antes de la llegada de las compañías mineras, la gente usaba agua tanto dulce como salobre de fuentes locales para beber y para sus animales.

Hoy, muchas de las vegas están secas o han quedado cubiertas por pilas de evaporación. Pero las minas han generado oportunidades de empleo, inversión y servicio telefónico celular, dice una persona residente de Susques, quien prefiere no difundir su nombre para preservar su trabajo como proveedor de las mineras.

Al igual que otra gente del área, dice que las comunidades locales aceptaron a las mineras por necesidad, con la esperanza de que generarán empleo y desarrollo en una zona con economía de subsistencia.

“Las comunidades quisieron hacerle un aporte al país, quisieron generar trabajo, conectarse al mundo”, explica. “Puede que hayamos hecho mal, no lo sabemos”.

La respuesta a esa pregunta es sencilla, dice Pablo Bergese, coordinador de sostenibilidad minera para la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy. Otros esfuerzos para aliviar la pobreza en el área han fracasado, dice. La única manera de desarrollar el área es aprovechar la riqueza minera, agrega.

“La gente se ha desarrollado en cuanto a hogares. Tienen mejores accesorios. Tienen mejores baños. Tienen mejores edificios. Tienen centros comunitarios”, dice Bergese. “El desarrollo lamentablemente impacta al ambiente. Eso es lo que por ahí nosotros renegamos. El ser humano impacta el ambiente en todas sus actividades. La minería es una más, digamos”.

No obstante, mucha gente local se siente rezagada. 

José Sajama, líder de la comunidad Abra Pampa, al norte del Salar de Olaroz, es hijo y nieto de mineros, pero tiene una visión muy diferente sobre la minería aquí en la Puna.

“Se han desarrollado minerales en buena parte de la Puna, y ¿por qué la gente sigue pobre? ¿Cuál es el desarrollo? ¿O es desarrollo para quién?”, se pregunta Sajama.  

María Arce, GPJ, contribuyó en este artículo.

Equipo editorial

Reportera:

Lucila Pellettieri

Edición:

Bennett Hanson

Verificación de datos:

Felicity Laughton

Corrección de estilo:

Allison Braden

Traducción:

Shannon Kirby   y  Martha Macías

Intérprete:

Martha Macías

Edición de fotografía y vídeo:

Juan Pablo Ampudia

Editor principal de fotos:

Charlotte Kesl

Videografía:

Milena Pellettieri para Global Press Journal

Ilustraciones y gráficos:

Matt Haney

Animaciones:

Aamir Sohib para Global Press Journal

Diseño y desarrollo:

Katie Myrick   y  Andy Neale

Fecha de publicación

25 de septiembre de 2024

(*) Publicado originalmente por Global Press Jornal

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Por Camila Parodi* | Foto: Susi Maresca

En el paraje El Totoral, departamento de Ancasti (Catamarca), seis familias rurales  presentaron un recurso de amparo por el accionar de un feedlot, al que acusan de  contaminar el suelo, el agua y el aire de la región. Tras años de reclamos desatendidos, las y los vecinos recurrieron a la Corte de Justicia (máximo organismo provincial) y solicitan la suspensión del emprendimiento ganadero de la familia Tauil.

El feedlot es un sistema intensivo de engorde de ganado en el que se producen entre 500 y 2000 cabezas de ganado (dependiendo de la temporada). Se instaló en 2014, a solo siete kilómetros de la Villa de Anquincila (Ancasti), y desde entonces ha generado graves impactos ambientales. Leonardo Embon, integrante de la asamblea Ancasti por la Vida, explica: “Hace años que venimos reclamando soluciones y nunca se nos ha dado una respuesta adecuada. El feedlot está generando un consumo excesivo de agua y una contaminación que afecta nuestra calidad de vida”.

Aunque el fallo aún está pendiente, este proceso marca un avance significativo para la comunidad, que busca frenar las actividades que deterioran su entorno y proteger su única fuente de agua. El caso subraya cómo la organización comunitaria puede enfrentar proyectos extractivistas y defender los derechos ambientales.

La vía judicial: el recurso de amparo

En septiembre de 2024, tras múltiples reclamos infructuosos ante la Municipalidad de Ancasti y la Secretaría de Ambiente de la provincia, las familias de El Totoral acudieron al Poder Judicial con el apoyo de la abogada Cecilia Juárez Aliaga. El amparo presentado ante la Corte de Justicia de Catamarca busca detener las actividades del feedlot mientras se evalúan los daños ambientales y se revisa su legalidad. 

La comunidad se amparó en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y Provincial, que garantizan el derecho a un ambiente sano y la posibilidad de tomar medidas cautelares.

“Nos organizamos como comunidad y decidimos llevar adelante este proceso judicial. Fue nuestra única alternativa después de que nuestros reclamos fueran ignorados durante años”, comenta Embon. El proceso ya ha logrado visibilizar la problemática y generar un debate sobre la sostenibilidad de estos emprendimientos ganaderos en zonas rurales.

Impacto ambiental: agua contaminada y suelos degradados

Uno de los mayores problemas que enfrenta la comunidad de El Totoral es la contaminación del arroyo homónimo, su principal fuente de agua. “Han secado nuestro arroyo por completo con el uso desmedido de agua para el feedlot. Ahora solo corre agua unos días después de las lluvias, pero la mayor parte del año está seco”, relata Embon.

El uso excesivo de agua no sólo agotó el arroyo, sino que obligó a los dueños del feedlot a abastecerse mediante camiones cisterna que extraen agua de los ríos Anquincila, Tacana y Los Molinos, perjudicando a un mayor número de vecinos y vecinas. La situación empeoró este año, cuando una fuerte lluvia rebalsó los contenedores de desechos ganaderos y provocó un derrumbe y derrame que contaminó el cauce del arroyo. “Fue como un río de bosta que llegó al arroyo. Esa agua, que siempre fue nuestra fuente de vida, ahora está completamente contaminada y no podemos usarla”, señala Embon. 

Las y los vecinos también denuncian la falta de tratamiento adecuado de los residuos ganaderos, que se almacenan sin medidas de seguridad. “Lo más preocupante es que no hay ningún tipo de tratamiento de los residuos. Todo se acumula en contenedores de tierra y, cuando llueve, esos desechos llegan al arroyo, contaminándolo más”, advierte Embon.

La organización comunitaria: una respuesta frente al extractivismo

Las familias de El Totoral entendieron que solo la organización les permitiría enfrentar esta problemática. Desde hace años, han presentado denuncias ante la Municipalidad de Ancasti, al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria) y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, pero las respuestas han sido evasivas o nulas. 

Durante años, desde la comunidad se presentaron pedidos de informes de impacto ambiental así como también solicitaron información en torno a la cantidad de pozos y la forma de extracción de agua que utilizan en el emprendimiento. La única respuesta que obtuvieron por parte del Municipio fue tras el derrumbe de marzo pasado: el intendente  Rodolfo Santillán envió una retroexcavadora para levantar una pared de tierra “en caso de que sucediera un nuevo derrame”, señala Embon.

Ante la falta de acciones concretas la comunidad decidió avanzar a través de la estrategia legal: “Siempre desviaban la pelota a otras jurisdicciones y organismos. Por eso decidimos organizarnos y llevar adelante este proceso judicial”, explica. 

Con el respaldo de la Asamblea Ancasti por la Vida, creada en 2017, la comunidad se unió en defensa de su territorio y su calidad de vida. Embon subraya la importancia de visibilizar la lucha de su comunidad: “Es fundamental que hagamos frente a estas situaciones y no permitamos que nos pasen por arriba. Tenemos que unirnos y solidarizarnos con otras comunidades que enfrentan problemas similares”.

Ancasti por la Vida

La Asamblea Ancasti por la Vida ha jugado un rol central en la lucha contra distintos proyectos extractivistas que han intentado instalarse en la región. Su principal objetivo es informar a la comunidad sobre los impactos de estas actividades en el ambiente y los territorios. A lo largo de los años, la Asamblea ha resistido no solo contra el feedlot, sino también contra la megaminería, en especial la minería de litio en roca. Un proceso que implica la explotación a cielo abierto y genera un fuerte impacto ambiental. 

Tras la presentación del amparo contra el emprendimiento ganadero, la Asamblea Ancasti por la Vida advirtió que la única fuente de agua que tienen las familias de El Totoral está al borde del colapso: “El corral de engorde está asfixiando el ambiente”, manifestaron en su comunicado. Denunciaron además que “aquellas aguas cristalinas están contaminadas por bacterias y desechos tóxicos”. 

La Asamblea de Ancasti señala que, en El Totoral y alrededores, el aire se ha vuelto irrespirable, y el suelo, que antes sostenía la vida tranquila de las y los pobladores, ha sido degradado. “Ni siquiera los más pequeños pueden disfrutar del agua, porque el riesgo de enfermarse es real”, alerta. Ante esta situación crítica, exigen que se detenga de inmediato la actividad del corral de engorde, cuya expansión amenaza con destruir el arroyo y la vida en la zona.

*Nota colaborativa para Marcha, Cítrica, Agencia Tierra Viva y Sala de Prensa Ambiental.

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Técnicamente, el RIGI implica la creación de un ámbito extraordinario de grandes privilegios para actores
y sectores económicos muy acotados y selectos, y que ya de por sí ostentan una clara posición dominante
de mercado y condiciones objetivas de incidencia no-democrática sobre las decisiones estatales. La
fórmula es: más incentivos para una mayor concentración (económica y de poder).

Producto de la “división internacional del trabajo heredada” desde la Colonia, los sectores económicos
más poderosos son los históricamente vinculados a la explotación de las riquezas naturales de nuestra
geografía. Desde los cueros, el tasajo y la lana a la soja transgénica, la minería a gran escala y los
hidrocarburos no convencionales, del siglo XIX al siglo XXI, la economía del país se ha estructurado sobre
cuadrículas mono-exportadoras de materias primas sujetas al control económico, comercial, tecnológico
y financiero de grandes capitales transnacionales. Los grandes beneficiarios del RIGI son esas mismas
grandes corporaciones del agronegocio, la minería y los hidrocarburos con posiciones oligopólicas en el
mercado mundial y más aún en el interno. Hablamos de tres sectores que concentran el 90 % de las
exportaciones y que están bajo el control de las 200 firmas más grandes que operan en el país; entre ellas, las 50 primeras controlan el 70 % de los saldos comerciales (Cantamutto y Schorr, 2021).

El extractivismo no es una categoría apenas “ambientalista”; es un concepto ecológico-político. Alude a un patrón de poder basado en la concentración oligárquica del control y la capacidad de disposición sobre las energías vitales (aguas, suelo, subsuelo, biodiversidad y fuerza de trabajo) de poblaciones y territorios. Los efectos del extractivismo no sólo tienen que ver con la degradación sistemática de los ecosistemas (que son la base indispensable de la vida); conlleva gravosas consecuencias económicas, sociales, políticas y geopolíticas. El extractivismo está en la raíz estructural del histórico déficit democrático de nuestra sociedad. Por definición, a mayor concentración de poder, menos democracia. A mayores privilegios, menos derechos.

La (i)racionalidad económica: dólares para hoy; fuga y más deuda para mañana.

Los únicos argumentos esgrimidos para justificar la imposición del RIGI remiten a la doble “necesidad y
urgencia”: de dólares (para pagar las obligaciones externas) y de ingresos fiscales (para presuntamente
controlar la inflación). Esto último raya en lo absurdo y menosprecia la inteligencia de la ciudadanía: lo
que el RIGI de hecho va a crear es un fabuloso entorno de rentabilidad extraordinaria garantizada por la
ecuación fiscal de privilegio que el Estado concede a “grandes inversionistas”. Con esa ecuación, a mayor
actividad económica, no sólo tendremos menos ingresos fiscales en general, sino también mayor
inequidad tributaria: los más grandes pagarán (mucho) menos y el peso fiscal del aparato burocrático
recaerá sobre el resto de la sociedad; y, más que proporcionalmente, sobre los sectores de consumos
básicos.

Ya los subsidios y exenciones fiscales que usufructúan mineras, petroleras y empresas del complejo agro-exportador son inadmisibles y, en lugar de quitarlos, el RIGI viene a ampliarlos. Sólo lo que el Estado dejó de percibir por las exenciones fiscales impuestas por la Ley de Inversiones Mineras fue de 14.563 millones de pesos en el 2022; 28.852 millones en el 2023, y 55.560 millones, según la previsión presupuestaria oficial para el 2024.

La “necesidad de divisas” tampoco es un argumento sostenible. El RIGI extiende y garantiza los
mecanismos de transferencia de divisas que disponen los grandes exportadores: no sólo les otorga la libre disponibilidad de divisas de sus exportaciones (20 % en el primer año; 40 % en el segundo y 100 % en el tercero) sino que deja abierta la puerta para la evasión fiscal y transferencia de excedentes a través de operaciones intra-firma, como los casos de pagos de intereses por créditos que las empresas toman de
sus propias casas matrices y los casos de sobre-facturación de importaciones y/o subfacturación de
exportaciones. Esto es (o debería serlo) ampliamente conocido por los legisladores de la Provincia de
Catamarca, con el antecedente flagrante de evasión fiscal y fuga de capitales comprobada por la AFIP y la Justicia respecto a la Minera Livent (8 millones de dólares en 2018/2019 y más de 13,5 millones de dólares en 2022/2023).

En definitiva, los dólares que ingresen hoy por los “incentivos” del RIGI serán los que alimenten la fuga, la escasez de divisas y la deuda externa de mañana. El ciclo de ingreso especulativo de capitales, crecimiento con endeudamiento, crisis de Balanza de Pagos y nuevas concesiones para realimentar la expansión de la frontera extractivista con nuevos umbrales de concentración económica y pauperización social, es lo que resume la historia de la deuda externa y los flujos de capitales, desde la dictadura a estos cuarenta años de democracia.

Desmantelamiento del tejido productivo y polarización social

La economía política del extractivismo no sólo involucra una espiral de concentración económica. Supone
también una escalada creciente de sobre-simplificación y uniformización de la diversidad biológica, sociocultural y económica de los territorios para reconfigurarlos como grandes plataformas monoculturales de exportación de materias primas. La reprimarización de la matriz productiva y socioterritorial del país fue de la mano del desmantelamiento de las capacidades tecnológicas productivas endógenas, el correlativo deterioro cuantitativo y cualitativo de empleos y salarios; por tanto, de niveles crecientes de fragmentación laboral, dispersión salarial, precarización y pauperización generalizada de la fuerza de trabajo.

A medida que la riqueza geográfica y sociocultural del país se fue transformando en un desierto de soja,
“open pits” y “triángulos del litio”, fracking y gasoductos, el deterioro productivo se convierte en fractura
social. La reprimarizacion de la economía implica un crecimiento estructural de las brechas de desigualdad entre estratos sociales. La concentración económica se traduce en una estructura de clases con minorías cada vez más selectas y cerradas en privilegios patrimoniales de un lado, y, del otro, amplias mayorías libradas a las fuerzas de mercado de la precariedad, la informalidad y salarios por debajo de la línea de pobreza.

Hace más de setenta años -desde Prebisch y Germani, Frank, Cardoso, Furtado, Quijano y una larga y
diversa lista de investigaciones clásicas-, las ciencias sociales latinoamericanas han revelado que el
crecimiento primario-exportador significa el desarrollo del subdesarrollo. Esperar en el siglo XXI que una
fórmula del siglo XIX produzca resultados diferentes, es de una necedad absoluta. Insistir en el “derrame”
no es un argumento que se pueda sostener de buena fe. Una vez más, en Catamarca pasó Alumbrera y la pobreza quedó. Quedó también el open pit, el dique de colas y unos pocos que se enriquecieron espuriamente. La pobreza estructural quedó. Y se profundizó.

No es verdad que las únicas que se benefician con el RIGI son las grandes empresas transnacionales,
aunque sí es cierto que son las principales ganadoras. Junto a ellas, los serviles grupos de poder internos
que hacen sus negocios con tercerizaciones, intermediaciones comerciales, legislativas y políticas,
especulaciones inmobiliarias y financieras, y otros servicios anexos, son también beneficiarios del régimen de privilegios. Por eso, en última instancia, también votan por su sanción.

La ecuación política del RIGI: privilegios para inversores, desprotección para las poblaciones

De Martínez de Hoz a Milei, asistimos a una drástica reconfiguración oligárquica de la sociedad argentina. Cada nueva oleada de transferencia estatal de privilegios a sectores privados ha significado concomitantemente la degradación del sistema republicano de justicia y gobierno. Eso alimenta una crisis crónica de representatividad y el vaciamiento de la legitimidad política. El sistema político se muestra crecientemente incapaz de ofrecer y construir un rumbo histórico, democrático y viable como Nación.

La expansión y profundización de la frontera extractivista está asfixiando las aspiraciones y condiciones
más elementales de una sociedad democrática. No sólo explica el ciclo de endeudamiento y pauperización. Se trata de la “captura del Estado” por parte de actores y sectores dominantes con capacidad de meta-regulación y hasta poder de veto sobre las políticas públicas (Schorr, 2023). En esa escalada, el RIGI constituye un paso extremo hacia la radicalización del déficit democrático. El blindaje de privilegios de los “inversores” tiene como contracara el desmantelamiento de los derechos constitucionales más elementales. Estamos ante un nuevo régimen político de facto, que subordina la ciudadanía al imperio del “inversor”.

El blindaje de privilegios para inversores incluye la renuncia de la propia potestad legislativa para el propio Estado y la denegación de la competencia federal de las provincias. Supone incluso, la propia renuncia a los fueros judiciales propios. Ninguna ley, ni nacional ni provincial podría contradecir ni interferir con las concesiones otorgadas por el RIGI (Art. 163 del Proyecto de Ley Bases). Ningún juez ni fuero del sistema judicial del país podría juzgar o intervenir sobre los titulares beneficiarios del RIGI; cualquier demanda se debe plantear ante instancias de Arbitraje Internacional (CIADI) (Art. 219). Por fin, el RIGI otorga a los inversores prioridad sobre la propia población respecto al suministro, transporte y procesamiento de los insumos para sus proyectos, lo que incluye agua, energía, infraestructuras, servicios públicos, etc. (Art. 191). Se trata, por tanto, de un régimen de transferencias no sólo de riquezas financieras, sino ya de impunidad y de poder de disposición sobre los territorios.

Espiral extractivista y deriva neocolonial

En un mundo atravesado por múltiples tensiones y soterradas confrontaciones geoeconómicas y geopolíticas, donde grandes capitales y grandes potencias se disputan lo que para ellos son “recursos
estratégicos” frente a las múltiples dimensiones de la crisis material, económica y social de un planeta esquilmado, las élites que nos gobiernan han socavado al extremo las bases materiales de la soberanía
política.

La espiral extractivista seguida por la economía argentina desde la dictadura hasta nuestros días, nos ha convertido en un país crecientemente dependiente, vulnerable y a la deriva, sujeto a los intereses de
grandes potencias y grandes conglomerados corporativos del capital. En ese curso, el RIGI representa un
salto de escala extremo y temerario: de Menem a Milei, la entrega fue de la dilapidación y desguace del
capital público vía privatizaciones, a la lisa y llana entrega del territorio como la base más fundamental
del patrimonio público común.

Ante un mundo asediado por las amenazas de guerras por “recursos”, frente a escenarios de crisis
energética y alimentaria, de escasez hídrica, de minerales y de nutrientes, las exorbitantes cuotas de
poder concedidos a los “inversores” para disponer a su antojo de los bienes territoriales del país, nos
coloca en una situación de dependencia y vulnerabilidad extrema; en el umbral de la propia inviabilidad
como país.

Necedad extractivista y ceguera financiera frente al valor de lo real

Por último, pero en primer orden de gravedad: la férrea continuidad del modelo extractivista ha
acentuado la devastación ecológica de los territorios, los procesos de retracción y erosión de la
sociobiodiversidad, y las dinámicas de contaminación, desplazamiento y conflictividad socioambiental.
En un contexto en el que las alteraciones de los equilibrios biosféricos están dando pasos a crecientes y
sucesivos eventos catastróficos y de colapsos locales y regionales, donde la lógica de “explotación de
recursos” está sobrepasando los límites planetarios de bioseguridad humana, el RIGI viene a intensificar
y acelerar la destrucción de territorios habitados. Coloca al país como una zona liberada para el saqueo,
la explotación y la contaminación a gran escala. Mientras la geografía del país se convierte en plataforma
de transferencia de subsidios ecológicos hacia grandes potencias, las poblaciones locales quedan
absolutamente desprotegidas y a merced de “los inversores” (FARN, 2024).

Lo que precisamos es justamente todo lo contrario: cambiar de rumbo radicalmente y re-orientar las
economías hacia el resguardo y el sustento de las poblaciones. La explotación con exclusivos criterios de rentabilidad financiera de los bienes naturales que sustentan la vida (aguas, fuentes de energía, diversidad biológica y genética, minerales, bosques) va absolutamente a contramano del rumbo geológico que -como país y como especie- debiéramos seguir ante el estado crítico de la vida terráquea.

¿Cuánto vale un río, un humedal, en una provincia árida, en tiempos de crisis climática y calentamiento
global? La necedad extractivista ni se lo pregunta. Su ceguera financiera les impide ver el valor de lo real. Su cortoplacismo es socialmente suicida. ¿Cuánto vale un río? No es apenas una pregunta retórica. El presidente Milei ha dicho que, hoy por hoy, no vale nada; y aunque no tenga razón, está en lo cierto. En
una provincia como la nuestra, la transnacional Livent ha secado impunemente una vega principal del río
Trapiche, fundamental para les habitantes de Antofagasta; no sólo eso, continúa operando y ha ampliado
su explotación. ¿Cuánto vale un río?, es una pregunta que revela la desnudez jurídica de las poblaciones;
la vida al desamparo de los nuevos territorios a ser sacrificados en el altar del “progreso”.

* Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur. (IRES, CONICET-UNCA)

Referencias:

Cantamutto, F. y Schorr, M. (2021) “Argentina: las aporías del neodesarrollismo”. https://nuso.org/articulo/argentina-las-aporias-del-neodesarrollismo/
Schorr, M. (2023) “Democracia, economía y captura del Estado”. https://nuso.org/articulo/308-democracia-economia-captura-del-estado/
FARN (2024) “Las dos caras del RIGI: fomento para las grandes inversiones y desprotección del ambiente”. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/05/FARN_RIGI.pdf

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Las advertencias de las comunidades costeras frente al avance del extractivismo fósil

El Golfo San Matías constituye un espacio privilegiado de naturaleza y playas de disfrute turístico. Cuenta con cinco áreas marinas protegidas, donde anidan especies de aves migratorias que lo vuelven un lugar ideal para la investigación científica y para aficionados a la observación de estos animales. El agua de sus golfos se encuentra libre de hidrocarburos y es lugar de veraneo predilecto de la población que aprovecha sus playas.

El ecosistema del golfo, lindante a la Península Valdés, es lugar de alimentación, reproducción y cría de la ballena franca austral, mamífero carismático de gran porte, declarado patrimonio natural de la Argentina. Además de la ballena franca austral, también pueden encontrarse allí lobos marinos, delfines, orcas y pingüinos. La región zona posee recursos pesqueros de relevancia para la economía local y provincial y es también un área de relevancia habitada y transitada por las comunidades mapuche-tehuelche, que reclaman la realización de procesos de consulta para diversos proyectos extractivos que se han querido instalar en la zona, como los vinculados a los proyectos de hidrógeno verde.

La iniciativa para instalar una planta de licuefacción de gas natural no es el primer proyecto vinculado al sector hidrocarburífero que busca abrirse paso en las costas del golfo. Ciertamente, el camino recorrido por las comunidades costeras de la provincia que se oponen a la instalación de este tipo de infraestructura tiene casi tres décadas de vida.

Los inicios de la resistencia

La resistencia de las comunidades a la actividad hidrocarburífera en la costa del Golfo San Matías se inició en el año 1995, en el marco de crecientes rumores sobre las intenciones de YPF S.A. de construir allí un oleoducto. La empresa, en ese entonces privatizada, buscaba comunicar los pozos de hidrocarburos de Puesto Hernández, en la localidad neuquina de Rincón de los Sauces, con la costa del Golfo San Matías, para poder exportar hidrocarburos. La posibilidad de avanzar con este proyecto se encontró en ese entonces con un proceso de organización de la ciudadanía local, donde tuvieron protagonismo sectores científicos del campo de la biología, considerando sus conocimientos en el estudio de los recursos pesqueros y de los ecosistemas marinos del golfo. El objetivo colectivo era el de alertar sobre los impactos que este tipo de infraestructuras podría tener no sólo en la vida marina, sino también en la pesca y en el turismo, que en ese entonces había comenzado a crecer y a cobrar relevancia para las
localidades costeras de la región.

La movilización de la comunidad implicó también a sectores políticos y legislativos que observaban con cautela la posibilidad de que una empresa privada irrumpiera con proyectos que podrían ocasionar cambios irreversibles en las localidades y los territorios de la provincia de Río Negro. Luego de una juntada de firmas entregadas al presidente de la nación Carlos Menem, y con la sanción de la ley provincial n° 2.892, quedó vetada cualquier tipo de iniciativas de construcción de infraestructura hidrocarburífera en la costa rionegrina. La movilización dejó una marca en la memoria de las comunidades así como también estableció una red de actores y un acumulado de conocimientos para hacer frente a este tipo de procesos.

La lucha continua

La disputa por la construcción de estas infraestructuras tuvo un breve periodo de paz, que se interrumpió en el año 1999, al renovarse las intenciones de YPF S.A de concretar las infraestructuras necesarias para la exportación de hidrocarburos. Una vez más, la población, en conjunto con científicos y el apoyo de un grupo de legisladores, se movilizó contra la construcción del oleoducto y de las estructuras portuarias necesarias para la venta de petróleo al exterior.

Como resultado de estas movilizaciones, en julio de 1999 se sancionó una nueva ley provincial, la n° 3.308. Con ello, quedaban protegidas las costas del Golfo San Matías de la actividad hidrocarburífera, prohibiendo no sólo la construcción de infraestructuras hidrocarburíferas, sino que extendía la prohibición de toda actividad vinculada a la exploración y explotación de hidrocarburos en el golfo.

Un nuevo ciclo de disputas

Transcurridas dos décadas de sancionada la ley 3.308 el conflicto volvió a emerger. En el año 2022, YPF, aún sociedad anónima pero de mayoría accionaria estatal, anunció la construcción de un gran proyecto de inversión para comunicar Vaca Muerta con las costas del Golfo San Matías, con el objetivo de exportar el petróleo no convencional extraído mediante la controvertida técnica del fracking.

Para allanarle el camino al proyecto, la empresa y el gobierno provincial se propusieron modificar con métodos poco democráticos y extorsivos la ley 3.308 que había sido fruto de la movilización popular. Las comunidades, nuevamente movilizadas, reiteraron la importancia de preservar las aguas y las costas del golfo, su biodiversidad y la preservación de actividades regionales históricas de la costa provincial. Además, los ejes destacados en las críticas de los actores resistentes fueron la falta de transparencia y de información para la ciudadanía, la velocidad con que se tomaron las decisiones, la violación del acuerdo de Escazú, así como del principio de progresividad y el de no regresión en materia ambiental.

La actualidad de los reclamos

A diferencia del momento histórico anterior, en esta ocasión distintos sectores políticos alineados con los poderes provinciales se encargaron de construir, a gran velocidad, un marco legal que habilitara la posibilidad de construcción de la infraestructura petrolera, generando discursos promisorios vinculados a los beneficios -muchas veces no comprobados- que traen consigo estos despliegues de infraestructura, como generación de puestos de trabajo, dinamización comercial y mejoras sustantivas de las condiciones de vida en las localidades.

En contraposición a esos supuestos beneficios, los costos y riesgos de estos proyectos hidrocarburíferos son destacados una y otra vez por los sectores en alerta. Quienes se oponen a su instalación piden que los territorios costeros y oceánicos no sean sacrificados en aquella aspiración de continuar apostando a la consolidación de un sistema energético fósil. Los peligros advertidos décadas atrás no han cambiado. Sectores científicos alertan que la zona donde la actividad hidrocarburífera se llevaría a cabo es más que una zona de paso transitoria de la ballena austral, y se trata de un lugar de alimentación relevante para las poblaciones de cetáceos que habitan y transitan nuestros mares. La información sobre las zonas de alimentación y crianza son trasmitidas de generación en generación, de las ballenas madres a sus crías, lo que ha gestado un sustento científico en torno a la “fidelidad de sitio” que mantienen estas especies. Además, la colisión de ballenas con los barcos debido al aumento del tráfico naval es un tema de preocupación a escala global.

Las probabilidades de ocurrencia de derrames de crudo preocupan enormemente a las comunidades, por sus efectos sobre la fauna, la flora y las costas. Además, en el golfo en particular, la baja circulación e intercambio del agua con el mar abierto generaría que, frente a un derrame o a la posibilidad de vertido de aceites, combustibles e hidrocarburos – todas actividades comunes en cualquier puerto hidrocarburífero- la salida o limpieza del golfo por las corrientes marinas se torne dificultoso. El riesgo al que se sometería a las actividades económicas tradicionales es también un argumento de peso que invocan las comunidades resistentes.

Estos posicionamientos tienen lugar, sin embargo, en un contexto diferente al de los años 90. En la actualidad, actores científicos y organizaciones sociales han avanzado en la sistematización de pruebas que confirman que estamos atravesando una crisis socioecológica y climática planetaria acuciante que requiere de medidas urgentes y mancomunadas a nivel global. Por ello, mientras sectores de las comunidades costeras critican e intentan frenar la instalación del oleoducto Vaca Muerta Sur, las noticias de la construcción de la planta de GNL en Río Negro refuerza la importancia de situar en el centro del debate el modelo de desarrollo energético nacional y regional.

El avance de una industria sumamente contaminante, como la de los hidrocarburos, traería consigo consecuencias drásticas en el Golfo San Matías, que no resultarían menores de instalarse el proyecto en la ciudad de Bahía Blanca. Los riesgos ambientales, ecosistémicos y climáticos que se ciernen sobre los proyectos hidrocarburíferos claman por ser escuchados, debatidos y puestos en un lugar de relevancia sustantiva. Es nada menos que en defensa de la vida, del ambiente y del territorio que resisten, actúan y elevan la voz las comunidades costeras organizadas.

*Becario posdoctoral y docente universitario (Universidad Nacional de La Plata – CONICET)
** Investigadora y docente universitaria (Universidad Nacional de General Sarmiento – CONICET)

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