Cuba atraviesa un momento crítico marcado, en primer lugar, por el corte del suministro de petróleo que sostenía buena parte de su sistema energético, una situación directamente vinculada a la política exterior del gobierno de Donald Trump. A través de sanciones, presiones e intervenciones en la región —particularmente sobre Venezuela—, la administración estadounidense promovió un reordenamiento geopolítico orientado al control de recursos estratégicos, cuyo impacto golpea de lleno a la isla. La interrupción de ese flujo energético no es un hecho aislado, sino una consecuencia concreta de esa estrategia, que se suma al recrudecimiento del bloqueo histórico impuesto por Estados Unidos.

Este escenario profundizó una crisis estructural que ya estaba tensionada por el impacto persistente de la caída del turismo tras la pandemia —una de las principales fuentes de ingresos de la isla—. En los últimos días, la situación se volvió aún más urgente con apagones totales que dejaron a amplias zonas del país sin electricidad durante horas, afectando la vida cotidiana, el funcionamiento de hospitales y la producción de alimentos. Con la llegada del verano, cuando aumentan las temperaturas y la demanda energética se intensifica, el escenario plantea desafíos inmediatos para el sostenimiento de servicios esenciales.

Pero esta no es solo una historia de crisis. Es también —y sobre todo— una historia de solidaridad.

Una tradición internacionalista basada en el cuidado de la vida

Durante más de seis décadas, Cuba ha construido una política internacionalista que pone en el centro el cuidado colectivo. En contextos donde el mercado no llega o llega excluyendo, la isla ha enviado lo más valioso: conocimiento, trabajo y compromiso.

Desde 1963, más de 600.000 profesionales de la salud cubanos han trabajado en 165 países, con una presencia sostenida en América Latina, África y el Caribe. Han estado en territorios atravesados por la pobreza estructural, conflictos armados y emergencias sanitarias, muchas veces en condiciones adversas.

En la pandemia de COVID-19, brigadas médicas cubanas llegaron a decenas de países, incluso a regiones donde los sistemas de salud colapsaban. También intervinieron en crisis como el ébola en África y en escenarios de catástrofes naturales.

La “Operación Milagro”, por su parte, permitió realizar millones de cirugías oftalmológicas gratuitas, devolviendo la vista —y con ella autonomía y dignidad— a personas históricamente excluidas.

Alfabetizar como práctica de justicia social y emancipación

Otro de los pilares de la solidaridad cubana es la educación. El método de alfabetización “Yo, sí puedo”, desarrollado desde una perspectiva pedagógica popular, permitió que millones de personas aprendieran a leer y escribir en sus propios territorios y lenguas.

Su enfoque parte de lo cotidiano, de lo que cada persona ya conoce, y se adapta a contextos diversos: comunidades rurales, pueblos originarios y personas con discapacidad. En América Latina, este método contribuyó a que países como Bolivia y Venezuela fueran reconocidos por la erradicación del analfabetismo.

La alfabetización, en este sentido, no es solo una política educativa: es una herramienta de autonomía, participación y dignidad.

El internacionalismo cubano como práctica sostenida de cooperación entre pueblos

La solidaridad cubana no se limita a intervenciones puntuales, sino que constituye una política sostenida en el tiempo, basada en la cooperación entre pueblos y no en la lógica de la ayuda condicionada. A lo largo de décadas, Cuba ha formado gratuitamente a miles de estudiantes de América Latina, África y Asia, especialmente en áreas estratégicas como la medicina, generando capacidades locales que luego se traducen en sistemas de salud más accesibles en sus países de origen.

Este internacionalismo también se expresa en la capacidad de respuesta ante emergencias. Brigadas especializadas han intervenido en huracanes, terremotos y crisis sanitarias en distintos continentes, muchas veces siendo las primeras en llegar a territorios donde otras asistencias no arriban. Esa presencia no se limita a la atención inmediata, sino que suele incluir procesos de acompañamiento y reconstrucción.

A su vez, Cuba ha compartido desarrollos científicos, tecnológicos y organizativos: desde vacunas y tratamientos médicos hasta modelos de atención primaria y experiencias comunitarias en salud y prevención. En todos los casos, se trata de una práctica que prioriza el fortalecimiento de capacidades locales y la construcción de vínculos duraderos, antes que la dependencia o el endeudamiento.

Una crisis que impacta de lleno en la vida cotidiana

La actual crisis no se expresa solo en indicadores económicos, sino en las condiciones concretas de vida. Los apagones prolongados afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua, la conectividad y el funcionamiento de servicios básicos. En los hogares, implican reorganizar rutinas enteras en función de la disponibilidad intermitente de energía.

En el sistema de salud, la falta de electricidad y combustible tensiona el funcionamiento de hospitales, equipos médicos y cadenas de frío necesarias para medicamentos y vacunas. En paralelo, las dificultades para el transporte impactan en el acceso a centros de atención, al trabajo y a la producción.

También se ve afectada la vida comunitaria: desde escuelas que deben adaptar sus horarios hasta espacios productivos que reducen su actividad. La crisis energética, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino un factor que atraviesa todas las dimensiones de la vida social.

El convoy internacional: solidaridad sin fronteras frente a la asfixia económica

En este contexto, se organizó una respuesta internacional que busca no solo aliviar la emergencia, sino también disputar el sentido político del aislamiento. Un convoy impulsado por una coalición de movimientos sociales, sindicales, organizaciones humanitarias y referentes públicos de distintos países se prepara para llegar a La Habana con más de 20 toneladas de ayuda.

La iniciativa incluye alimentos, medicamentos, insumos de higiene, equipamiento médico y, de manera clave, sistemas de energía solar —paneles y generadores— destinados a sostener hospitales y servicios esenciales en medio de la crisis eléctrica. La articulación con redes internacionales y activistas también pone en agenda la relación entre soberanía energética y justicia global.

El convoy no es solo una acción humanitaria: es también una intervención política que busca visibilizar el impacto del bloqueo y afirmar que la cooperación internacional puede construirse desde abajo, entre organizaciones y pueblos, sin condicionamientos.

Redes de solidaridad desde Argentina: energía para sostener la vida

En Argentina, también se activan redes de apoyo concretas. La Casa de la Amistad Argentino-Cubana impulsa una colecta solidaria para la compra de paneles solares, una herramienta clave en el actual contexto de crisis energética.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias 191017385501730301010032 a nombre de Casa de Amistad Arg Cubana (CUIL 30-70127094-7), aportando a una iniciativa que busca sostener servicios esenciales desde una lógica de cooperación entre pueblos.

Una responsabilidad colectiva frente a la crisis: Si Cuba fue capaz de sostener la vida en tantos territorios cuando más se la necesitaba, la pregunta que se abre hoy es qué significa sostener a Cuba.

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La audiencia del próximo 12 de mayo será clave para definir su situación judicial. Mientras tanto, desde el Lof Pillán Mawiza —comunidad donde vivía Vic— insisten: su detención fue un castigo ejemplificador, sin pruebas, y forma parte de una estrategia más amplia de criminalización a quienes defienden los territorios frente al avance del extractivismo. 

Por Camila Parodi | Fotos: Lizbeth Hernández

Cobertura colaborativa de Marcha, Latfem y Kaja Negra.

Una causa sin pruebas y una libertad condicionada

Desde el primer momento, la comunidad mapuche y los equipos de defensa sostuvieron que la causa contra Vic fue armada. Durante las audiencias se evidenció la falta de pruebas: no hay testigos, ni imágenes, ni evidencia material que la vincule con el incendio forestal por el que fue acusada. La fiscalía, sin embargo, mantiene la imputación y promueve un relato sustentado en supuestos, prejuicios y construcciones mediáticas. Uno de los elementos centrales de la acusación fue el hecho de que Vic conducía una camioneta blanca, pero informes periciales posteriores demostraron que el vehículo sospechoso no era de ese color, ni del modelo mencionado, ni coincidía con las características señaladas.

A pesar de estas contradicciones, el proceso judicial sigue abierto. La audiencia del 8 de abril, que revisó las medidas cautelares, se realizó a puertas cerradas. No se permitió el ingreso a integrantes del lof, ni a medios de comunicación ni a organismos de derechos humanos. La comunidad lo denunció públicamente como un acto de opacidad judicial. Allí, el juez resolvió otorgarle la libertad condicional, pero bajo restricciones que impiden a Vic retornar a su hogar en territorio comunitario. La fiscalía sostiene que está en curso una investigación por “asociación ilícita”, figura jurídica históricamente utilizada para criminalizar la organización colectiva.

Desde el Lof afirman: “A nuestra lamngen le han armado una causa carente de pruebas, por el contrario, desde la primera audiencia ha podido demostrar con pruebas categóricas y objetivas que es inocente, pero aun así estuvo en prisión preventiva, luego domiciliaria, y ahora se encuentra con libertad condicional”. Desde el territorio insisten que la fiscalía “está empecinada en culpar a Vic” ya que, hasta la fecha, “no cuentan con imágenes, testigos, ni nada que demuestre que es culpable”. Sin embargo, denuncian, “desde el Ministerio de Seguridad sacaron un video exponiendo casas, rostros y dando por hecho su culpabilidad sin prueba alguna.”

Represión, montaje y estigmatización como herramientas del poder

La historia de Vic no es una excepción, sino parte de una política sostenida de criminalización al pueblo mapuche de manera histórica. Las comunidades vienen denunciando hace años el uso de causas armadas, operativos mediáticos y campañas de odio para justificar la represión. El discurso que las vincula con el “terrorismo” se ha convertido en sentido común institucional, y permite acciones estatales de alta intensidad sin cuestionamiento social ni judicial.

“Creemos que este es un mensaje aleccionador del Estado argentino contra el pueblo mapuche, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Desean demostrar de lo que son capaces cuando hay proyectos extractivistas detrás. No hay límites para su violencia y arbitrariedad para despojarnos de los territorios y dárselos a las empresas”, señalaron desde el Lof Pillán Mawiza. La figura de Vic, como activista acompañante de procesos de recuperación territorial, fue utilizada para enviar un mensaje a quienes defienden la Mapu.

En este contexto, la campaña mediática no fue menor. La cobertura de algunas empresas de comunicación replicó sin cuestionamientos las versiones oficiales, reforzando una narrativa estigmatizante y racista. Desde la comunidad sostienen que se montó una operación propagandística “llena de odio racista y misógino, aleccionadora para quienes se acercan y se comprometen con la defensa de la tierra y con nosotres”.

Territorio y extractivismo: detrás de la represión, los negocios

Las comunidades mapuche no dudan en vincular esta avanzada represiva con el avance de proyectos extractivos. En cada territorio allanado existe un interés económico o empresarial identificado: turismo, rutas nacionales, hidroeléctricas, proyectos inmobiliarios, plantas de tratamiento de residuos. En el caso de la comunidad Pillán Mawiza, el conflicto se vincula con un proyecto hidroeléctrico sobre el río Carrenleufú. Pocos días después de la detención de Vic, el gobernador, Ignacio Torres, firmó un acuerdo con Mekorot, empresa estatal israelí, para la gestión del agua en Chubut.

“Nos quieren dispersos, con causas, encarcelades, para así poder avanzar sobre nuestros territorios”, afirman desde el Lof. “Vemos que hace unos años, como siempre ha sucedido en el Puel Mapu, se criminaliza y persigue a las comunidades que están defendiendo su derecho a vivir la espiritualidad y la identidad, lo que requiere de un territorio sano”. El vínculo entre criminalización y extractivismo es directo: “Semanas después de los allanamientos y detención de Vic, el gobernador firma un acuerdo por el cual el agua dulce corre peligro, ya que esa empresa israelí administraría el agua. Se irá privatizando tanto las fuentes como los reservorios”.

Este modelo no es nuevo: forma parte de un patrón regional que busca desarticular la resistencia territorial a través del miedo, la judicialización y la represión estatal y paraestatal. La militarización de los territorios, a través del Comando Unificado, ha profundizado esa lógica. “Las consecuencias son la militarización, los desalojos violentos, la negación al diálogo, la derogación de las pocas leyes que nos resguardan como naciones indígenas”, remarcan desde la comunidad.

Mujeres, diversidades y organización en contextos de persecución

El impacto de la persecución se hace sentir con especial crudeza en las mujeres y diversidades que sostienen la defensa de los territorios desde una mirada de cuidado y vida comunitaria. La detención de una lamngen, su aislamiento forzado, la vigilancia constante y la amenaza latente cambian por completo la cotidianeidad de las comunidades. “Este contexto nos deja una alerta constante, porque así como le inventan una causa a una persona, todas corremos peligro. A su vez, los derechos humanos están en riesgo a diario, qué nos queda a nosotres en los territorios, ¿a dónde podemos ir a denunciar?”

El relato de los allanamientos da cuenta de un uso desmedido de la fuerza. El allanamiento en el Lof Pillán Mawiza fue muy violento. Desde la comunidad denuncian que en el lugar había niñeces y un anciano. Duró 10 horas aproximadamente, más de 100 efectivos de distintas fuerzas: “Estuvimos totalmente incomunicados, aislados y secuestrados en nuestras propias casas”. Este nivel de violencia institucional no sólo busca obtener información o evidencia (que no existía), sino desestructurar los lazos organizativos.

“El hecho de que una de nuestras lamngen esté detenida a 100 km transforma el día a día. Desde enero el Lof está siendo vigilado, y nosotres investigades por la fiscalía de Esquel”, señalan. Por ese motivo, explican, el juez no permite el retorno de Vic a su hogar. La persecución ya no se reduce al Estado, se articula con grupos civiles racistas, paramilitares o contratados por empresas: “Ya no se trata solo de cuidarnos del Estado represor, sino también del crimen organizado. Nos amenazan civiles contratados por empresas y terratenientes”.

Absueltas y organizadas: el futuro de la resistencia

Desde el 8 de abril, la campaña por la libertad de Vic cambió su consigna: #AbsoluciónParaVicYa. La comunidad reconoce la importancia de haber conseguido su salida de prisión, pero advierte que no está libre. La vigilancia continúa, la causa sigue abierta, y la amenaza es permanente. “Pudimos celebrar que ha salido y pudimos abrazarnos, pero recordemos que aún no está libre ya que no puede regresar a su casa ni salir de Esquel”, sostienen en su último comunicado.

Las comunidades mapuche exigen que se visibilice el montaje y que se entienda la persecución en su contexto: “Pedimos que la ciudadanía vea claramente cómo se relaciona esta persecución con los avances extractivistas sobre los territorios”. El acompañamiento a la lucha territorial no puede ser criminalizado. La solidaridad no es delito.

El 12 de mayo se realizará una nueva audiencia. Será una instancia clave para exigir justicia y para denunciar la utilización del aparato judicial como herramienta de represión política y racial. Desde las comunidades llaman a estar alertas, a acompañar, a difundir y a visibilizar que la defensa de la Mapu es una lucha común.

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Por Laura Salomé Canteros, Camila Parodi y Nadia Fink | Fotos: Lizbeth Hernández, Mariano Dalaison y Pepe Mateos

En cada crisis, en cada represión, en cada escenario de injusticia, la pregunta es la misma: ¿quiénes nos cuidan? Y, al mismo tiempo, ¿quiénes son los que ejercen la violencia?

Nos quieren hacer creer que la violencia está del lado de quienes protestan, de quienes cortan una calle, de quienes cubren sus rostros, de quienes llevan una bandera de su club. Pero los hechos muestran otra cosa: la violencia es estatal. El cuidado es popular.

El miércoles, en la Plaza Congreso, lo vimos con brutal claridad. La represión feroz desatada contra jubiladas y jubilados que se movilizan contra el ajuste se convirtió en una cacería indiscriminada. Pero no estaban solos ni solas. Hinchas de distintos clubes de fútbol llegaron para sostener la lucha, para gritar junto a ellas y ellos que una jubilación de 290 mil no alcanza para vivir. Antes de que la marcha pudiera siquiera consolidarse, la policía arremetió con gases, palos y balas de goma.

En medio de ese humo, en medio de la brutalidad, hubo quienes se quedaron, quienes pusieron el cuerpo para resistir y cuidar. Son los conocidos de siempre.

Nos repiten que los encapuchados son los violentos, que los piqueteros generan caos, que las hinchadas son el problema. Pero quienes estaban reprimiendo no eran ellos. Eran las fuerzas federales que responden al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. Eran las mismas que en cada movilización cargan contra el pueblo, las mismas que golpearon a una mujer de 87 años y la dejaron tirada, las mismas que dejaron en coma a un fotógrafo con una granada de gas lacrimógeno.

Es urgente disputar la narrativa. Porque la violencia no está de este lado. Porque quienes cuidan son les que ponen el cuerpo.

Genealogía del cuidado: de Fuentealba a Darío y Maxi

Pablo Grillo hoy podría estar muerto, aunque su pronóstico continúa incierto. Le dispararon una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, como a Carlos Fuentealba en 2007. Pero sobrevivió porque alguien corrió a auxiliarlo en los primeros segundos. Un encapuchado lo sacó de la línea de fuego, lo estabilizó, sostuvo su cabeza y acompañó hasta que pudiera recibir atención médica en el hospital Ramos Mejía.

Lo registró Pepe Mateos, el mismo fotógrafo que en 2002 capturó la imagen de Darío Santillán quedándose junto a Maximiliano Kosteki, en plena masacre de Avellaneda. La policía los cazaba; Darío no huyó. Se quedó para intentar salvar a Maxi y lo mataron por eso.

Sus manos intentando parar las balas son íconos de toda una generación militante.

Nos repiten que los encapuchados son violentos, pero en los momentos críticos son quienes ponen el cuerpo. Nos dijeron por más de tres décadas que los movimientos piqueteros eran el problema, cuando fueron y son quienes organizan la resistencia contra el hambre y la miseria. Nos quieren convencer de que las hinchadas son el enemigo, cuando son quienes estuvieron ahí el miércoles, defendiendo a las y los jubilados, enfrentando la represión.

La policía dispara. La calle cuida.

Así en la plaza como en el tablón

Imaginemos que María Elena Walsh nos susurra al oído una canción: “Vamos a ver cómo es el reino del revés”, mientras volvemos a ver, en un loop obsesivo, las imágenes de la represión de ayer. Ahora dejemos de imaginar, porque ya estamos ahí.

La jornada de protesta prometía ser masiva. La convocatoria de hinchas, que comenzó con Chacarita el miércoles pasado, creció con fuerza. La presencia de distintos clubes anunciaba una foto histórica: hinchas de equipos rivales, juntos, defendiendo a las jubiladas y los jubilados. Pero el gobierno decidió que esa imagen no debía existir. Como tantas veces en la historia, el operativo represivo fue preventivo: romper, pegar y dispersar antes de que la protesta se consolidara.

Con la tragedia de Bahía Blanca aún resonando y la solidaridad de todo el país volcada en las calles, se hubiera pensado que el gobierno evitaría otro escándalo generado motu proprio. Pero adictos a la atención eligieron la represión. Y, con la complicidad de las empresas de comunicación, instalaron un escenario de combate contra un enemigo fabricado: “los barrabravas”.

Argentina es un país donde el fútbol mueve multitudes, donde las hinchadas son comunidades enteras. Es cierto que las barras bravas se vinculan con los poderes políticos y policiales, que controlan negocios turbios y que, incluso, han sido infiltradas por el narcotráfico. Pero la hincha y el hincha son otra cosa.

Y de eso se pobló la plaza y las inmediaciones del Congreso ayer: de amor a la camiseta, de deseo de comunidad y de tolerancia. Pero también de quienes saben, desde siempre, lo que es la represión. Porque la violencia policial en el fútbol no es nueva. Desde la “maldita policía” de los 90, que armaba cordones montados para bastonear al azar, hasta el asesinato de hinchas en las tribunas mientras inventaban junto a sus socios políticos un enfrentamiento entre equipos.

Hoy, con el público visitante prohibido, la represión sigue en los estadios, contra hinchas y familias que solo quieren ver un partido. Por eso, ¿cómo no iban a estar en la plaza defendiendo a las jubiladas y jubilados si conocen en carne propia la violencia policial?

Las genealogías de resistencia y solidaridad se entretejieron ayer. Cantaron y se abrazaron más allá de sus camisetas solo un rato. Hasta que todo fue humo, gas pimienta y cacería despiadada.

¿Y si las capuchas fueran feministas?

Las capuchas tienen una historia. Nos quieren hacer creer que son sinónimo de delito, de caos, de peligro. Pero, en realidad, son símbolo de resistencia y protección.

Encapuchadas fueron las que resistieron al terrorismo de Estado, en la clandestinidad, en las brigadas internacionalistas. Encapuchadas fueron las trabajadoras que tuvieron que ocultarse para no ser despedidas por sus ideas políticas. Encapuchadas fueron las Madres y Abuelas que se cubrían para seguir buscando a sus hijxs sin ser identificadas.

Encapuchadas son las que sostienen los cordones de autocuidado en las marchas feministas, las que organizan la seguridad en las manifestaciones, las que enfrentan la represión protegiendo a otras. Las que trascienden fronteras.

Nos dicen que la capucha es violencia, pero el miércoles, como tantas veces, la capucha fue cuidado.

Lo que pasó en la Plaza Congreso no fue un hecho aislado. Es parte de una historia más grande, de una disputa por el sentido de la violencia y el sentido del cuidado. Quedó claro: quienes luchan son quienes sostienen la vida.

Que en este país, la policía nos mata y la calle nos salva.

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Por Pablo Flores Fotos Mariano Dalaison @dalaison.foto

Quizás la expresión más elevada de la crueldad del ajuste es la situación que viven los jubilados y jubiladas. Estos son el sector que, a partir de la licuación de sus ingresos, sostienen el superávit fiscal tan celebrado por el gobierno nacional.  El sobrante fiscal es “a costa de congelar los ingresos de personas que no tienen muchas alternativas para genera otros nuevos y para quienes el ajuste pasa por sus cuerpos y esperanza de vida”, sobre todo por sus cuerpos a fuerza de garrote y gases como cada miércoles por la tarde cuando se movilizan al Congreso. 

 Durante varios miércoles vimos por los medios de comunicación y las redes sociales cómo los jubilados son paliados y gaseados por ejercer el derecho a la protesta. Pero cuando hace pocas semanas, se lo vio a Carlos, hincha de Chacarita, con la camiseta de su club siendo golpeado por la policía, creció la bronca en un sector particular: los hinchas del fútbol argentino. Primero se sumaron un grupo de hinchas de Chacarita para defender a los jubilados de la represión. Ver a estos hinchas siendo reprimidos por defender a la población más vulnerable y sobre los cuales cae el ajuste de Milei, generó una respuesta inmediata. Al otro día empezaron a circular flyers de hinchas de otros clubes convocando a la siguiente movilización. Con el paso de los días parecía que se estaba gestando una gran movilización de hinchas del fútbol argentino para cuidar a los jubilados. 

¿Cuánto puede movilizar la camiseta de un equipo de fútbol?

 En nuestro país el fútbol es uno de los espacios más populares. Inclusive puede ser entendido como un termómetro social. En las identidades futboleras quizás aún podemos encontrar emociones y sentimientos contrarios a la crueldad. La naturalización de que caguen a palos a los jubilados se corta desde un ámbito tan complejo como es el fútbol. Sin embargo, lo que en un principio nos llamó la atención encuentra fundamentos en una realidad objetiva. Dentro de la espontaneidad existe algo que se llama organización. Y los clubes son espacios donde la organización popular encuentra sustento: peñas de hinchas, agrupaciones antifascistas, comisiones y departamentos de derechos humanos y colectivos populares que se referencian en los clubes de fútbol, es decir, la dinámica de la vida social de estos, son el soporte previo para este tipo de movilización pueda ser posible. En este proceso también se inscriben los tres espacios que tratan de funcionar como articulación: la coordinadora de hinchas, la del futbol feminista y la de derechos humanos del futbol argentino. 

 Que un sector de los hinchas de los clubes hayan salido a la calle para defender a los jubilados demuestra que hay un salto cualitativo en el rechazo y la resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Son pocos los que están embanderados políticamente y sindicalmente. Es un sector de la clase trabajadora que, quizás con poca experiencia, quiere manifestar su descontento. Una respuesta inédita pero esperable para una país que se caracteriza, justamente, por la enorme cantidad de episodios de resistencia que pasaron a la historia y de expresiones organizativas distintivas. Una vez más, la anomalía argentina. 

 Hinchas y no barras

 El principal argumento que utilizaron desde el gobierno y los medios de comunicación cómplices de su política de ajuste y represión, como Clarín y La Nación, para descalificar y desmovilizar, fue la de sostener que detrás de la convocatoria estaban las barras bravas de los clubes de fútbol con sus vinculaciones políticas, municipios y dirigentes del peronismo. La deplorable nota de opinión de Gonzalo Abascal en el diario Clarín es la síntesis periodística de este argumento. Allí, el principal editor del diario, amparado en información falsa, tergiversada y con errores, sostiene que “la movida en redes sociales utiliza la pasión por los clubes para llamar a marchar en el Congreso. La identidad futbolística para esconder la pertenencia política”. 

Quien alguna vez haya transitado un estadio de fútbol y una tribuna, conoce cómo se manejan las barras bravas. La mayoría de ellas tiene vínculos con diferentes sectores internos del peronismo. El ojo del hincha puede reconocer cuando las acciones son comandadas por las barras o son expresiones espontáneas de las mayorías de hinchas que no forman parte de esos colectivos. 

 El argumento de la utilización de la camiseta para hacer política es un intento en vano de querer quitarle peso a lo sustantivo del hecho: sectores plebeyos, desorganizados y despolitizados se sumaron a una resistencia concreta contra la crueldad del ajuste. En las calles del Congreso se veían rostros de cientos de pibes y pibas, con las camisetas de sus diferentes equipos, mostrando su bronca contra la represión de las fuerzas del Estado al grito de “Hay que ser muy cagón para pegarle a jubilado”. 

Todas las camisetas contra la represión

Los días previos a la concentración estuvieron cargados de mensajes de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que hacía imaginar un escenario represivo. Con el intento de evitar algún grado de masividad, estos mensajes generaron el efecto contrario. Desde temprano los hinchas se iban acercando con sus camisetas y banderas para defender a los jubilados.  Por la calle Entre Rios, lado sur, estaban cientos de hinchas, todos juntos mezclados con sus colores resistiendo ante el impedimento, por parte de las fuerzas represivas, de ingresar a la plaza del Congreso. 

 Las calles del Congreso se convirtieron en una tribuna. Y como a veces, los hinchas pueden mostrar su reacción, como cada fin de semana cuando la policía reprime en los estadios, la tribuna de Congreso respondió con resistencia. A las balas de goma y los gases de la policía, los hinchas aguantaron con piedras. Porque toda violencia ejercida desde arriba encuentra su legítimo acto de defensa desde abajo. 

Pequeñas notas del panorama que se abre

 El primer dato distintivo de la jornada fue la brutalidad de las fuerzas represivas del estado que participaron del operativo definido y decidido por Bullrich. La política de orden va a ser compleja de derrotar si las movilizaciones no se dan en forma masiva y organizada. 

 La represión a un supuesto enemigo interno es una política de estado y va de la mano de la aplicación de su programa económico que todavía no encuentra rumbo. En este sentido es preciso poner el foco en el momento de debilidad política del gobierno. La reacción a los dichos en Davos que se materializó en la marcha antifascista del 1F, la criptoestafa, el rechazo y repudio en Bahía Blanca en el marco de las inundaciones, y ahora, la represión en Congreso, puede potenciar un aumento del descontento popular. 

 Es en este marco donde se debe ubicar “la marcha de los hinchas”. Que un sector de los hinchas de los clubes hayan salido a la calle para defender a los jubilados demuestra que hay un salto cualitativo en el rechazo y la resistencia a las políticas de ajuste de este gobierno. Son pocos los que están embanderados políticamente y sindicalmente. Muchos de ellos provienen de los sectores populares. Es muy probable que formen parte de la enorme cantidad de trabajadores precarizados. La movilización de “las personas sueltas” son las acciones a reivindicar. Cuando salen a la calle estos sectores, los gobiernos empiezan a profundizar su pérdida de credibilidad. 

 La movilización, la represión, la resistencia y el saldo de heridos y detenidos podría abrir un nuevo panorama. A su vez funcionó como un doble mensaje para la superestructura. Uno es directamente para el gobierno. Se incorporan nuevos sujetos desorganizados con sus prácticas naturales de resistencia. El otro es para las centrales sindicales. Se está haciendo una experiencia contra este gobierno en relación a la crueldad del ajuste y la represión. A medida que este proceso se acelere, las organizaciones que representan a los trabajadores tendrán que motorizar las próximas acciones para ganar masividad. 

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La teoría del testimonio nos dice que las personas que los ofrecen suelen tener la intención de contar una parte de la verdad que no fue dicha en su tiempo. Pero también funcionan para rellenar huecos que quedaron sin cubrir por los relatos y las narrativas de la historia oficial.

Revisando las historias y los testimonios sobre la caza de las operadoras de justicia en Guatemala en los últimos cuatro años, observaba que se había desatado una nueva cacería de brujas, en el sentido que lo entiende Silvia Federici, porque durante el trayecto de represión en su contra, estas mujeres van perdiendo paulatinamente su poder social y su calidad de sujetas.

Esta nueva cacería se ha ejecutado sobre mujeres pensantes, un tanto excéntricas, que desafían las estructuras políticas de lo más duro del sistema patriarcal, en espacios que han sido tradicionalmente masculinos y donde se producían y se producen sólidas complicidades entre hombres. Sabemos hoy que los pactos y las complicidades patriarcales forman parte de los nudos estructurales de las desigualdades de género que sostienen la violencia en sus distintas modalidades.

La cacería se recrudece porque ellas representan hoy cerca del 45% de mujeres que son abogadas, fiscales, defensoras de derechos humanos o juezas y debaten su destino en un medio peligroso de por sí, que se encuentra tomado por la corrupción y donde priva una intensa atmósfera de impunidad y violencia; en esos espacios todavía los cuerpos femeninos pueden ser sacrificados para mantener el equilibrio del sistema. 

Las operadoras de justicia que han sido criminalizadas durante este periodo de la historia del país son víctimas de operativos de hostigamiento y represión por atreverse a defender a personas, mujeres y hombres del sector justicia, que han sido acusados y acusadas injustamente por las estructuras criminales que manejan esos espacios desde hace mucho tiempo, y se han enquistado de tal forma que no permiten los quiebres que una genealogía de mujeres ha provocado, sin que se dieran cuenta, pues iban avanzando lentamente, colándose por las grietas y fisuras abiertas por el mismo sistema corrupto. Y es que las genealogías femeninas contribuyen a poner en evidencia, las herencias recibidas de otras épocas, culturas y sociedades diferentes. 

No es casual que las operadoras de justicia fueran cayendo una detrás de la otra, porque se encontraban conscientemente luchando contra una estructura que opera al revés, se encuentra totalmente carnavalizada porque invierte el mundo real, no hace justicia, sino produce, provoca y reproduce injusticia y desigualdad, dejando desprotegida a la población casi sin remedio. Y todo esto se realiza como en un carnaval delante de la población que no acierta a entender los alcances de la inversión de sentido y de sus efectos, que incluso aparecen ante su vista ridiculizados. 

Sin embargo y muy a pesar de esto, esta genealogía de mujeres no se ha detenido. Lograron resistir a los embates abusivos y represivos de las propias autoridades, que decidieron castigarlas y las castigaron cuando pudieron hacerlo. Las hicieron salir huyendo y exiliarse, las retuvieron en cárceles, las aislaron y les quitaron la oportunidad de hablar, además de minar su dignidad, puesto que las dejaron en espacios solitarios, feos, peligrosos y sucios, sin contacto con familiares, periodistas o defensores de los derechos humanos. Utilizaron una serie de estrategias de intimidación que se estilan en esta postmodernidad cruel, sobre todo porque siendo libres y pensantes, retenerlas y dejarlas sin poder hablar, se constituía en uno de los primeros castigos para disciplinarlas. De hecho, en algunos videos durante las audiencias se les manda a callar. Como si eso fuera posible, pues están entrenadas para discutir, rebatir, argumentar y tener la razón.

Estas operadoras de justicia son un grupo de “mujeres de color”, mujeres que ocupan el centro de las preocupaciones de María Lugones para analizar el andamiaje jerárquico y violento que sostiene la colonialidad del poder.  Mujeres de distintos orígenes que están defendiendo un territorio simbólico, el de la justicia que conocen y donde se han especializado, llegando a tener control de una disciplina que pocas logran. Además, accedieron a puestos que en el pasado eran territorio masculino y que ellas fueron interviniendo poco a poco. 

Cuando se revisan los casos iniciales que ellas llevaban o defendían, entendemos que se encontraban en espacios verdaderamente peligrosos. Poseen experiencia legal y formación en asuntos ligados a la impunidad, ya que algunas tenían experiencia de formación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y con organizaciones de derechos humanos que se habían hecho presentes en el país después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. 

En cada uno de los casos de estas operadoras de justicia, los señalamientos y los cargos por los cuales las intentan retener se realizan con métodos similares con los que otras genealogías de mujeres pensantes eran denunciadas para ser castigadas. Se trataba de una serie de infundios de los cuales no se podían escapar aunque no tuvieran sentido. Se les acusaba de crímenes mixtos, tanto de tipo civil como religioso. Estaban condenadas al sufrimiento, y a dejar de practicar los conocimientos que traían consigo, y que eran entendidos como herejía, pero principalmente tenían como propósito atemorizarlas, anularlas. La cacería en el pasado tiene el mismo valor instrumental que la persecución y castigo que se realizó sobre las operadoras de justicia, ya que era necesario mediatizarlas para ser colocadas bajo la tutela del Estado, que fue lo que sucedió en casi todos los casos. Veamos algunos ejemplos.

La jueza Erika Aifán entre 2018 y 2022 contaba con 100 procedimientos penales, 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, 30 procedimientos de antejuicio, etc. El exceso de denuncias provocaba que la jueza dedicara buena parte de su tiempo a exculparse, y no podía seguir dándole seguimiento a los casos que llevaba. Sobre todo porque trabajaba como jueza en el Juzgado de Mayor Riesgo D, en donde fue acusada de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y por resoluciones violatorias a la constitución. Antes de salir al exilio, Aifán había detectado una red de corrupción entre jueces, magistrados, abogados y otras personas. La jueza finalmente renuncia a su cargo a través de un video donde denuncia que la habían amenazado de muerte y con eso logra salir al exilio sin darles oportunidad de aplicarle el castigo que le tenían preparado.

En el año 2022 se realizan una serie de detenciones de mujeres que habían laborado para la FECI y también para la CICIG; se trata de Aliss Morán, Paola Escobar, Leily Santizo y Eva Siomara Sosa. Habían sido también detenidas con acusaciones similares a las de Aifán. En el caso de Morán y Escobar, se les acusaba de coacción para el caso de las Comisiones Paralelas 2020, y el acusador era un abogado. Estas dos auxiliares de la fiscalía pasaron de una cárcel a otra, y no pudieron defenderse de las acusaciones que se les hacían. No es sino hasta septiembre de 2023 que recobran la libertad. 

En Quetzaltenango, en el mismo año 2022, Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción, es detenida y llevada a Guatemala al Mariscal Zavala. Las acusaciones iniciales contra ella datan de 2018 y 2019, emitidas por un juez, acusándola de haber filtrado información confidencial de la FECI en los periódicos. Se trataba de denuncias de carácter administrativo. Y Laparra venía defendiéndose desde esas fechas de dichas acusaciones. Las denuncias eran similares a las de las otras mujeres, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones, y por supuesto el Ministerio Público (MP) había despedido a Laparra.

La detención de Virginia Laparra tenía un perfil similar al de las otras operadoras de justicia. No se le había concedido audiencia de primera declaración dentro de las 24 horas que se encuentra reglamentado. Tampoco había suficientes razones para tenerla detenida, en suma las acciones del Ministerio Público estuvieron fuera de la ley. Además, se le trató como persona en riesgo de fuga, y por lo tanto se le aplicaron medidas de seguridad especiales. Los argumentos de los abogados de Laparra no lograron cambiar estas medidas, que parecían ser una réplica de las aplicadas a las otras detenidas.

Cuando Laparra llevaba presa más de siete meses, se emitió desde Quetzaltenango una orden adicional de arresto. No fue sino hasta en noviembre de 2022 cuando Amnistía Internacional intervino nombrando su caso como “presa de conciencia”, declarando que el juez que llevaba el caso era también sospechoso de corrupción. Sin embargo, se le volvió a acusar en diciembre a cuatro años de cárcel por abuso continuado de autoridad. Y no será sino hasta en 2023 que el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU declaró que su detención era arbitraria y pidió su libertad. La vida de Laparra seguiría en riesgo, puesto que el 8 de julio de 2024 fue de nuevo condenada a otro juicio en su contra. Por eso el 18 de julio de 2024 salió al exilio, como le sucedió a Aifán, que también temía por su vida y la de su familia. 

Laparra escribió una carta explicando por qué se iba, por qué abandonaba el país por el cual había estado luchando contra la corrupción durante todos esos años. Para ese momento había estado presa por dos años y le aparecía una sentencia de cinco años más, que le resultaban peligrosos, alucinantes e intolerables. Convencida de que ya había hecho lo que podía por denunciar y luchar contra la impunidad, decide escribir la carta e irse. 

Su carta se constituye en un testimonio autorial, o sea, escrito por su propia mano. Los testimonios autoriales tienen una fuerte carga autobiográfica, se mueven entre la autobiografía, el género epistolar y en su caso, el ensayo de reflexión política al haber laborado y luchado tanto tiempo contra la impunidad y la corrupción del sector justicia. La carta de despedida, escrita por Laparra se conoce también de forma pública, allí le declara al pueblo que teme por su vida, y que no hay manera de cambiar su situación actual, por lo que decide largarse. 

Habría que revisar más, pero todas las detenidas sufrieron vejaciones distintas y variadas, dependiendo de su propia psicología individual. En general, experimentaron vejaciones sobre sus derechos esenciales durante su periodo carcelario, sin embargo se hace evidente que retener por demasiado tiempo a Laparra pone en discusión si acaso los grupos de poder político de Quetzaltenango la veían como alguien más peligrosa que el resto de defensoras acusadas. 

La detención de Claudia González Orellana cierra de alguna manera el ciclo genealógico de detenciones de las operadoras de justicia sobre las que se comenta en este escrito. González es abogada y tiene reconocimiento internacional por trabajar en pro de los derechos humanos. Desempeñó un cargo en la extinta CICIG, lo que la colocó en la mira de las mafias y los grupos corruptos en el poder. Por eso se le detuvo por orden de un juez que le decretó prisión provisional. Fue detenida durante el periodo más fuerte de su participación en defensa de otros operadores de justicia que ya se encontraban criminalizados. Entre sus defendidos se encontraban Virginia Laparra, Siomara Sosa, Juan Francisco Sandoval, Paola Escobar y Leily Santizo, implicados en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. El efecto logrado fue el de dejar sin defensa a estas mujeres que se encontraban encarceladas injustificadamente, como una medida de temor y presión contra la genealogía de mujeres que ha estado luchando contra la impunidad.

González también se encontraba acusada de abuso de autoridad. Había litigado sobre el caso de una magistrada que buscaba favorecer a su hijo en el caso IGSS-Pisa, en 2017. Al igual que le sucedió a las otras operadoras de justicia, González venía arrastrando varias acusaciones en su contra, por eso cuando es detenida en el año 2022 sí tenía conocimiento de las acusaciones, pero no sabía exactamente cuántas eran y de qué exactamente se le acusaba, puesto que no era trabajadora pública y el Ministerio Público no daba información. Se encontraba sindicada de abuso de autoridad, que en su caso no tenía sentido, porque ella no era trabajadora pública, sino que laboraba con una organización internacional, reconocida en el país.

La forma en que actuaron con González era ligeramente distinta que con las otras operadoras de justicia. Allanaron su casa y confiscaron su laptop, celular y memoria USB, todo con la autorización del Juzgado B de Primera Instancia Penal. Sin embargo, el propio papel del juzgado no explicaba de qué se le acusaba. Para ella y sus defensores, las acciones ejecutadas fueron ilegales. Y como un operativo todavía más raro, allanaron las viviendas de sus defendidos ya en el exilio, Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval.

Las acciones posteriores a su arresto tienen coincidencias con las de las otras operadoras de justicia. No le brindaron audiencia las 24 horas siguientes, y tampoco le informaron sobre sus cargos, esto continuó durante 25 días. El 22 de septiembre del 2023 se celebró la primera audiencia, y el juez la sindicó de abuso de autoridad, aunque esto no le correspondiera. Además, le dio prisión preventiva por tres meses. Pasó aproximadamente 80 días en prisión hasta que el juez le concedió el arresto domiciliario, con la obligación de presentarse cada 15 días para firmar lo que llaman registro de control. En marzo de 2024 el juez Jimi Bremer dictaminó que deberá ir a juicio por abuso de autoridad y que podría implicar 3 años de cárcel. Este asunto del abuso de autoridad, que en el caso de González iba contra toda lógica racional, permite comentar que la realidad ha sido trastocada de tal manera desde la visión del poder, que no tuvieron empacho en plantear este tipo de cargos, que con un mínimo de conocimiento legal, es absurdo a todas luces.

A manera de conclusión se podría decir que todo este relato revela que se trata de operativos represivos con fuerte impacto de género, diseñados para minar la salud, tanto mental como física, de un grupo político de mujeres, de una genealogía que se atreve a insertarse y dar opinión calificada en un medio que se encuentra cooptado por las mafias y que representa lo peor de un sistema que es patriarcal y excesivamente dominante y perverso. Y es que la colonialidad del género, como decía Lugones, forma parte de una caja de herramientas en permanente proceso de construcción, que hunde sus raíces en las genealogías feministas más visibles.

Bibliografía

Daverio, Andrea. “En memoria de María Lugones. La colonialidad de género”. Brecha. 12 de marzo de 2021. Recuperado 30.9.24. https://brecha.com.uy/la-colonialidad-del-genero/

Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpos y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños, 2010.

Neau, Adeline y Josefina Salomon. “Temporada de caza contra operadores de justicia en Guatemala”. Amnistía Internacional. 2 de noviembre de 2023.

Paz, Ivan.“Silvia Federici desde el fuego al cuerpo: de la caza de brujas a la historia del capital, el trabajo doméstico y la reproducción de lo común”. Argentina: UBA, 

Ramos, María Dolores y Víctor Ortega Muñoz. Reflexiones sobre genealogías, memoria y escritura de mujeres: experiencias y palabras al descubierto. Argentina: La Aljaba, Universidad Nacional de la Pampa, 2019. https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/aljaba/article/view/4081

“Todo el sistema en contra. Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”. Amnesty International 2024.
Toledo, Aida. Meter la mano en las entrañas: sobre teoría y prácticas del género testimonio. Guatemala: Editorial Cara Parens, 2021.

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Por Claudia Korol

El viernes 6 de diciembre se suspendió una Audiencia Pública convocada en el Congreso argentino por el bloque de diputados del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U). La actividad tenía como fin informar sobre la Campaña Internacional por la libertad de Abdullah Öcalan, líder del pueblo kurdo encarcelado en Turquía desde 1999, y visibilizar la situación de las comunidades kurdas en Siria en un contexto de escalada guerrerista. La suspensión, según se informó, fue resultado de presiones de la Cancillería argentina.

El pueblo kurdo, compuesto por aproximadamente 45 millones de personas, habita una región dividida entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Su lucha por la autodeterminación y el reconocimiento de su identidad enfrenta históricamente la represión de los Estados en los que se encuentran. En Turquía, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan ha implementado políticas represivas contra los kurdos, encarcelando a líderes políticos, activistas y miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Abdullah Öcalan, fundador del PKK, es una figura central en este movimiento. Desde 1999, se encuentra detenido en condiciones inhumanas en la prisión de la isla de İmralı, en Turquía. Su propuesta política, conocida como “confederalismo democrático”, promueve la convivencia pacífica entre etnias y géneros, desafiando al sistema capitalista.

Presiones externas y denuncias

Luciana Mariel, directora de diplomacia del Congreso, notificó la cancelación de la actividad a los diputados del FIT-U. Para Vanina Biasi, diputada del Partido Obrero (PO) y una de las gestoras de la audiencia, esta suspensión evidencia una injerencia externa: “Es obvio que intervino directamente la Embajada de Turquía para impedir que se realizara esta acción. Esto muestra que tenemos un gobierno y una conducción de la Cámara de Diputados absolutamente postrados a intereses políticos y extranjeros”.

Biasi también vinculó la cancelación con una política sistemática de censura: “Impiden con métodos antidemocráticos la libre expresión, no solo de la población en general, sino también de los propios diputados y diputadas”, manifestó. En este contexto, la legisladora resaltó que exigirán explicaciones a las autoridades de la Cámara y buscarán el pronunciamiento de otros diputados y diputadas.

Por su parte, Nicolás del Caño, diputado del PTS en el FIT-U, calificó la decisión como un acto de censura inédito en el Congreso: “Teníamos planificada esta actividad con las Mujeres del Kurdistán y nos encontramos con esta prohibición. Rechazamos firmemente esta resolución y nos pronunciamos por la libertad de Öcalan y de los más de 10 mil presos políticos kurdos”. Además, agregó que “las bancas del Frente de Izquierda están a disposición de la lucha contra la persecución y por el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo, como planteamos también en un proyecto que presentamos esta semana”.

La respuesta en las calles

A pesar de la prohibición, las organizaciones involucradas se autoconvocaron frente al Congreso y realizaron una conferencia de prensa. Para Carlos “Sueco” Lordkipanidse, integrante de la Plenaria Memoria, Verdad y Justicia, la calle se convirtió en el lugar natural de la lucha: “Estamos acostumbrados a dar nuestras luchas en este espacio. No lograron silenciarnos, al contrario, nos hicieron un favor. Esto que iba a ocurrir entre cuatro paredes ahora tiene mayor visibilidad”.

Lordkipanidse también destacó el carácter internacional de la campaña: “Esta es una campaña que ya reunió más de 500 firmas de organizaciones y personalidades. Se pide la solución política del conflicto en Kurdistán y la libertad de Öcalan, quien lleva 26 años preso. Es una situación grave que refleja la alianza del gobierno argentino con regímenes genocidas como el de Turquía”.

La lucha kurda como inspiración

María Elena Naddeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se sumó al repudio, señalando que esta acción demuestra un deterioro democrático: “Estamos perdiendo la democracia y el Estado de Derecho. Esto se asemeja a las peores prácticas de las dictaduras militares”. Además, destacó el rol transformador de las mujeres kurdas en la resistencia: “Las mujeres del Kurdistán son un ejemplo de lucha contra el fundamentalismo económico, por una sociedad donde varones, mujeres y diversidades convivan en libertad”.

Desde el Movimiento de Mujeres de Kurdistán, una de sus representantes reflexionó sobre el rechazo a la actividad en el Congreso argentino: “Este acto de censura refleja las presiones globales contra el pueblo kurdo. Abdullah Öcalan representa la voluntad de 45 millones de personas, y su detención es parte de una estrategia de exterminio y negación de derechos. Sin embargo, la solidaridad internacional mostrada por los movimientos feministas argentinos y organizaciones de derechos humanos nos fortalece en esta lucha”.

De distancias y cercanías

La decisión del Congreso Argentino de impedir la audiencia pública por la libertad de Öcalan es funcional al orden mundial prohibicionista y negacionista. Este orden busca obstaculizar la construcción de solidaridades entre pueblos en lucha y silenciar experiencias revolucionarias como la de Rojava, donde las mujeres kurdas lideran un modelo de resistencia y autogestión. Hoy, este territorio enfrenta una guerra genocida que intenta destruir su ejemplo transformador. Sin embargo, las organizaciones populares continúan encontrando caminos para informarse y resistir, porque la paz en Medio Oriente es esencial para la paz mundial.

En la actualidad, asistimos a dos genocidios brutales: en Palestina y en Kurdistán. Estas tragedias son parte de una estrategia que busca naturalizar el horror y adormecer la sensibilidad frente a otras injusticias, como las que afectan a los pueblos originarios en Abya Yala. Estas políticas responden al negocio de la guerra, las invasiones y la ocupación de territorios, siempre al servicio de unos pocos dueños del poder mundial.

El gobierno de Javier Milei se alinea con este orden internacional subordinado a potencias como Estados Unidos, Israel, Turquía y Europa. Su política nacional prioriza los intereses de estos actores sobre la vida de los sectores populares y la protección de la naturaleza. Frente a esta realidad, el desafío es recuperar la capacidad de respuesta y acción, resistiendo la degradación de la política y las mal llamadas democracias que se han convertido en regímenes autoritarios y decadentes.

La lucha pasa por permanecer en las calles, abrazar a los pueblos en resistencia y levantar sus banderas en todos los rincones del mundo. Se trata de construir puentes de solidaridad, multiplicar la palabra verdadera y pintar en las paredes la palabra Libertad. Libertad para Öcalan y para todas las personas encarceladas por luchar, venciendo el aislamiento y la soledad que intentan imponer.

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El martes 12 de noviembre, el Tribunal de la Cámara del Crimen de Charata, Chaco, bajo la Presidencia de Juan Carlos Clauter, integrado por las vocales de segundo y tercer voto, Andrea Fabiana Sánchez y Patricia Lorena Cimbaro Canella, decidió la absolución de los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa, Carlos Agustín Diaz, quienes persiguieron, hostigaron, torturaron y mataron a Leandro Bravo, el 26 de Febrero del 2022.

Por Claudia Korol* | Fotos del juicio: Pablo Capra

Al momento del crimen, Leandro Bravo, de 37 años, estaba por recibirse de abogado. Tenía dos hijos pequeños, Santi e Isa. Santi, que hoy tiene 16 años -tenía 14 entonces-, estuvo atento a la sentencia, y luego escribió en sus redes: “Hoy, en el día de la sentencia, me siento profundamente indignado y decepcionado. Todo el juicio fue una mentira, una vergüenza, que nos dejó con un sabor amargo en la boca. A pesar de la evidencia contundente presentada, resulta incomprensible que no se haya podido acusar a los cuatro asesinos de mi papá.

Es una injusticia que duele profundamente y me llena de bronca. ¿Cómo es posible que la justicia no haya sido justa? ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que han fallado a mi familia y a la memoria de mi papá? Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis tías, abuelos, y a la gente de Pañuelos en Rebeldía, que han estado siempre junto a mi familia, luchando incansablemente por la justicia. Su apoyo y solidaridad han sido un sostén para nuestras heridas.

Aunque hoy nos duele, no nos rendiremos. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia. A los responsables de esta injusticia, les digo que no pueden silenciarnos. No pueden hacer que olvidemos. La memoria de mi papá vive en nosotros y seguirá siendo un faro que guíe nuestra lucha por la verdad. Estoy orgulloso de mi familia y de todos aquellos que han luchado junto a nosotros. Juntos, seguiremos adelante, sin perder la fe en la justicia y en la humanidad.” Estas palabras contundentes, expresan con claridad el descrédito que va ganando la mal llamada justicia, frente a la juventud y a un pueblo que carece de ella. Nos muestra de qué modo aprenden los jóvenes a no creer en la “justicia”, en estos tiempos en los que los tribunales se han vuelto cuevas de crueldad, de mentira, de apañe al poder.

Florencia Sánchez, una de las hermanas de Leandro Bravo, decía luego de la sentencia a los medios de comunicación locales: “Siento muchísimo dolor y muchísima impotencia, porque lo que acá ocurrió fue que asesinaron a una persona, y eso parece no ser relevante para este tribunal, que hizo un recorte totalmente parcializado de las pruebas que constaban dentro de la causa. La ciudadanía tanto como ustedes, no tuvieron la posibilidad de acceder a las pruebas testimoniales, pero nosotros como familia sí. Hay filmaciones de las audiencias, que deberían ser públicas, para que la gente sepa lo que verdaderamente ocurrió.”

En la sentencia, se tergiversa en muchos tramos lo que se dijo en los testimonios. Continúa Florencia: “Betty es una vecina que se acercó amablemente a nosotras, la familia, para contarnos que Leandro le fue a pedir ayuda, que ella salió a socorrerlo, y le ofreció agua. En la sentencia dieron otra versión. Dicen que Betty le tenía miedo y que fue ella quien llamó a la policía. Eso es totalmente falso, no es real, es la versión policial. Fue dicho por la propia testigo en una de las audiencias. Es más, en la sentencia se dice que la familia de Leandro Bravo, posiblemente haya persuadido a la testigo para que revierta su primera denuncia. Cuando la policía la fue a buscar para que denunciara a Leandro, le hicieron firmar una denuncia redactada por el oficial Fleitas, y ella dijo en la audiencia que la firmó porque tuvo miedo.”

Además de estar plagada de tergiversaciones, en la sentencia también hay una descalificación permanente tanto a Leandro como a su familia, a la que estigmatizaron diciendo que habían “abandonado a su hijo y hermano, porque él “estaba drogado, alcoholizado, viviendo en situación de indigencia”. Preguntada por los periodistas locales Florencia respondió: “En este pueblo todos sabían que Leandro estaba en una situación de consumo problemático. Como familia hemos tratado de acompañarlo durante años como pudimos, como supimos, con las herramientas que teníamos y con las que no. Porque el sistema de salud no está preparado para acompañar, cuidar y proteger a quienes están en situación de consumo. Leandro durante cinco años luchó con este flagelo, entró y salió de rehabilitación muchísimas veces. Pero … ¿abandonado por la familia? Eso no es verdad.

El día del asesinato Leandro llamó a sus hermanas, nos pidió ayuda, tenía miedo de la policía que lo estaba siguiendo. Cinco años atrás él había sido detenido y golpeado brutalmente por la policía, y quedó con mucho pánico después de esa situación. Pero no se trata solamente de Leandro. Hay muchos pibes en Charata que fueron golpeados y torturados por la policía. Hay también muchos chicos afectados por situaciones de consumo problemático. Yo trabajo en la salud pública. Hay un montón de pibes que llegan en este tipo de situaciones, y el sistema de salud no responde. Muchos pibes llegan golpeados por la policía, en el contexto de detenciones legales, cuando se supone que dentro de un procedimiento, si una persona está cometiendo un delito, hay que detenerlo pero siempre con dignidad. Hay que respetar la condición humana. A Leandro lo golpearon, lo torturaron, lo quemaron, lo asfixiaron, y lo llevaron muerto a un hospital”.

La sentencia parece dirigida a condenar a Leandro Bravo y a su familia, y no a los policías que lo mataron. Por eso se encargó también de estigmatizar los testimonios de las y los testigos, e incluso de las profesionales altamente calificadas que hicieron la segunda autopsia, como las doctoras Gabriela Lamparelli y Virginia Creimer. En otro hecho de arbitrariedad manifiesta, el Tribunal desestimó el informe de esta última. Es un tribunal que avala la violencia institucional, y da licencia para matar a los pibes.

Una fiscal a medida de la impunidad

Una parte de la sentencia se construyó a partir del alegato de la fiscal de Cámara Silvana Rinaldis, quien en lugar de acusar, como debería haber sido su rol, pidió la absolución de los policías. Nora Nieto, mamá de Leandro, expresó al finalizar la audiencia en la que se presentaron los alegatos: “Con respecto a la fiscal Rinaldis, que era la encargada de acusar en el juicio por mi hijo, ella no acusó, sino que hizo un alegato en favor de los imputados. Al principio la posición que ella tomó nos sorprendió, dado que en otras oportunidades la defensa había solicitado que le den la libertad a los imputados y ella con mucho énfasis sostuvo esa prisión preventiva, diciendo que eran peligrosos por su comportamiento, y además porque se podían fugar. Nos sorprendió, pero hay que tener en cuenta que esta fiscal ya en dos oportunidades anteriores dejó libres a imputados: en una oportunidad por una violación a una niña”.

La legitimación de la tortura policial

Roberto Sotelo, uno de los abogados querellantes, es coordinador del Área de Asuntos Jurídicos del Comité para la Prevención de la Tortura. En Conferencia de Prensa afirmó al terminar el juicio: “Esto fue un circo, que denota que aquí en Charata reina la impunidad frente a la violencia institucional, a la brutalidad policial. Esta sentencia es incongruente, arbitraria, discriminatoria, porque en todo momento se lo juzgó a Leandro Bravo, no a los cuatro policías que estaban acusados por el delito de tortura seguida de muerte. Creo que refleja un clima de época. No es casualidad de que el presidente sea Javier Milei, que el gobernador sea Zdero, y que el jefe de la policía sea Fernando Romero, quien fue a visitar a los acusados a la comisaría donde se encontraban detenidos, afirmando que eran inocentes”.

Para Sotelo, se trata de una sentencia aberrante por varios motivos y remarcó los que más le preocupan: “La construcción de la “mala víctima” respecto a Leandro, porque es algo que le queda cómodo al Poder Judicial. Plantear que Leandro consumía, o que presuntamente robaba, cuando varias veces durante las audiencias insistimos en que no se estaba investigando la vida de la víctima, porque no se está juzgando a las víctimas sino a los imputados. Por otro lado, la falta de perspectiva en relación a la situación de la familia, atentando contra la ley de derecho y garantía de víctimas y familiares de los delitos, que establece que justamente las víctimas de violencia institucional se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Me preocupa la criminalización de las testigos, tratarlas de mentirosas, y que esto podría conllevar algún tipo de consecuencia jurídica. Es un precedente nefasto, que afectaría en causas futuras contra el personal policial o inclusive el personal penitenciario. Leandro Bravo fue muerto a manos de la policía, fue torturado, entonces este crimen necesita obtener un juicio y una reparación que responda a la realidad de los hechos, de las pruebas”.

El racismo criminal

Cesar Luis Collado, abogado defensor de dos de los policías imputados, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, dio muestras en sus declaraciones públicas del racismo visceral y criminal que lo mueve. Decía a los medios de prensa, refiriéndose a la testigo Romina Aguirre: “El falso testimonio va a tener que ser investigado, una vez que quede firme la sentencia. Corresponde a la señora Romina Aguirre, que es como la mapuche del caso Santiago Maldonado, que con los binoculares vio lo que nadie vio. Ella vio que había sangre, patadas en la cabeza, en el cuerpo, pero los videos muestran lo contrario. Es una gran mentirosa que fue presionada por la familia.”

¿La mapuche del caso Santiago Maldonado? La comparación discriminadora y racista habla por sí sola. Abogado de la policía, construyendo relatos para justificar el salvataje de sus defendidos, y amenazando a quienes dan testimonio. Este tipo de declaraciones, sobre las testigos, sobre las profesionales que actuaron en el caso, alientan las intimidaciones y amenazas que vienen soportando, en redes, y en algunos casos, de manera directa en sus domicilios.

Romina Duarte, abogada del Comité para la Prevención de la Tortura, agregó al análisis: “Llama la atención la cantidad de veces que la sentencia le falta terriblemente el respeto a la víctima. Si los testigos se vinculan con la víctima y testimonian a favor de la víctima los criminalizan. Es grave porque justamente genera miedo en quien ya es testigo y en quien podría ser testigo de otra causa. Un dato no menor es que la familia y las testigos son mujeres todas. Ese dato hay que tenerlo en cuenta, porque ya lo hemos visto en las audiencias de prisión preventiva, por ejemplo, donde los abogados defensores atacaban a las testigos por ser mujeres.

La familia, las hermanas, y la mamá, están siendo atacadas todo el tiempo a través de las redes sociales y en las propias audiencias. Eso es bastante llamativo y muy grave. Cuando la doctora Lamparelli quería explicar, en las audiencias del juicio, el juez la frenaba, cuando a todos los hombres que fueron a declarar los dejaba expresarse, y que hablen dos tres horas. Hemos asistido a otra jornada donde se torturó a Leandro Bravo. Se lo torturó el 26 de febrero del 2020, y se lo torturó el 12 de noviembre del 2024.”

Negación de la tortura como práctica policial

Uno de los temas que se puso en discusión en la sentencia fue el concepto mismo de tortura. Respecto a este tema explicó el abogado Roberto Sotelo: “Claramente lo que intenta hacer este fallo es no reconocer la existencia del delito de tortura en época de democracia. Pero la realidad es que se tortura en democracia, a la luz del día, en aparente legalidad. El caso de Leandro Bravo fue una prueba concreta y material de que esto ocurre. No es menor la responsabilidad funcional de las fuerzas de seguridad y de la justicia que actúa en complicidad: la policía tortura y la justicia avala.

El Comité para la prevención de la tortura, durante los alegatos, ha planteado cómo se aplicaba la modalidad de torturas en el cuerpo de Leandro Bravo. Para que se requiera tortura la ley exige que existan sufrimientos físicos y psíquicos que tengan gravedad suficiente. Tenemos en cuenta la multiplicidad de lesiones que tenía el cuerpo de Leandro Bravo, donde claramente se ha visto en los vídeos que durante la persecución su cuerpo estaba totalmente indemne, inalterable, y llega 40 minutos después al hospital sin vida y con múltiples lesiones.

Si no es tortura el hecho de contar con quemaduras de tercer grado, si no es tortura la multiplicidad de lesiones en diferentes partes de su cuerpo, si no es tortura las maniobras de sofocación de asfixia mecánica por comprensión de la caja toráxica. Una asfixia intermitente es tortura. Es una maniobra muy conocida y utilizada por las fuerzas de seguridad durante la época de la dictadura que es la práctica del submarino. A través de esta técnica se provoca el sufrimiento de la víctima por la sensación inminente de muerte. Si no es tortura, teniendo en cuenta la fase psicológica del hostigamiento y la persecución a la que Leandro Bravo fue sometido obligándolo a correr”.

La lucha por la justicia continúa ahora con la apelación en otros ámbitos judiciales, nacionales e internacionales, pero sobre todo en los esfuerzos para que sea conocido el crimen, y para que la sociedad, los movimientos populares, sepan lo que sucedió, y construyan frente a la cruel policía, y a la justicia maloliente, una profunda y sistemática condena social. Leandro Bravo lo merece, y lo necesitan los pibes y pibas de Charata, y quienes en cualquier rincón del país, viven bajo la amenaza del hostigamiento y la represión policial.

* Educadora y comunicadora popular, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.

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Por Maru Waldhüter

Con la foto de Gustavo colgando del cuello, el prendedor de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, inhala coraje y le hace el nudo al pañuelo debajo del mentón. “Listo, ya está”, dice Norita Cortiñas en una de las imágenes que le da comienzo a la película que lleva su nombre. Es la imagen de un ritual que se repitió durante 47 años, prepararse y estar lista para salir en busca de su hijo Carlos Gustavo Cortiñas detenido y desaparecido por la última dictadura cívico militar el 15 de abril de 1977 con 24 años de edad. Desde entonces Norita empezó a caminar, recorrió sola y luego con otras madres los pasillos de hospitales, comisarías, hasta que se encontraron en una forma de lucha inédita, en un acontecimiento histórico, la ronda en la Plaza de Mayo con los pañales de sus hijos e hijas en la cabeza que luego se transformarían en sus emblemáticos pañuelos blancos. 

Norita caminó tanto que recorrió el mundo y supo enlazar su pañuelo con otras luchas en un compromiso inquebrantable de Memoria, Verdad y Justicia. “Viene Norita”, se solía escuchar el rumor en actos y movilizaciones. Nos contagiaba vida con el brillo de sus ojos siempre maquillados y su sonrisa inolvidable que nos hizo tanto bien. La encontraremos en sus pasos, en su legado y ahora en su película.  

El documental que se estrenó en las salas de todo el país los primeros días de noviembre, está dirigido por el australiano Jayson McNamara y Andrea Carbonatto Tortonese que también tuvo a su cargo la realización de las ilustraciones animadas de la película que cuenta la historia de la inolvidable Norita. “La conocí en el marco de mi primer documental sobre la dictadura, El mensajero y trata sobre la valiente labor del ex director del diario Buenos Aires Herald, Robert Cox, al denunciar los crímenes de la dictadura, recibir en su redacción y publicar en tapa las notas que llevaban las madres. Entrevisté a Norita para ese documental y me quedé enamorado de ella”, cuenta el director. “Fue un proceso hermoso, ella era una mujer con una capacidad para conversar y conmover extraordinaria. Sabía trabajar en equipo y compartir sus emociones y pensamientos porque es lo que hizo gran parte de su vida con sus compañeras de lucha. Ella construía pensamiento a partir del diálogo, siempre en comunidad y siempre en contacto con lo más profundo y hermoso de la condición humana, el afecto”, recuerda la codirectora del documental que ya conocía a Nora por sus años de trabajo y colaboración en Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora entre 2012 y 2016.

De la intimidad a lo público

La película alcanza momentos de mucha intimidad en los relatos de Nora que son también relatos de la historia argentina. Aunque, por momentos, la idea del protagonismo no la convenciera del todo porque, como cuenta el director, “las Madres tenían una forma horizontal de hacer política y no le gustaba al principio la idea o la posibilidad de que ella sobresaliera”. Desde el comienzo el equipo se puso al servicio de contar la historia de Nora, comenta Andrea, “eso implicó involucrarnos en su vida cotidiana y comenzar una conversación con ella que duró los 7 años de trabajo. Fue muy orgánico que ella comandara, necesitábamos tener presente siempre su mirada y su voz de una manera muy concreta para lograr contar su historia desde un ángulo personal. Ella estuvo siempre al tanto de los avances y brindando su mirada a cada paso”. Incluso, cuentan, que fue la propia Nora la que le pidió al compositor Gustavo Santaolalla una canción para la película y terminó haciendo la música original del documental. 

En esa intimidad que se abre está el relato de Juanita Morales, la hermana de Nora, el recuerdo de Carlos, su marido, desde el momento en que se conocieron, las fotos de la boda, el nacimiento de los hijos, hasta aquel año trágico de 1977 que transformaría la vida de la familia para siempre. Nora y Carlos no volvieron a ver a su hijo, y Marcelo perdió a su hermano mayor. “La película no sólo da cuenta de la permanencia del dolor que provoca la desaparición forzada y cómo afecta a las familias, también generó una reflexión muy íntima de Nora y la posibilidad de que ella pudiera acercarse más a su hijo menor quien además de sufrir la pérdida de su hermano, también vivió muchos años la ausencia de su madre”, cuenta Andrea. 

Norita navega entre flores de irupé

Entre fotografías del álbum familiar, material de archivo de los años de la dictadura y registros más contemporáneos, se componen escenas de animación que, tal como recuerda Jayson McNamara, fueron desde el comienzo del proyecto un pilar del documental. Las escenas animadas se convierten en pasajes poéticos que permiten otra forma de contar el dolor y recrear situaciones relatadas por Nora. “Las animaciones van hilando los distintos materiales a lo largo del documental, como bien decís, de una manera poética”, dice Andrea, a cargo del arte de la película. “Lo poético siempre nos permite emocionarnos, contemplar y reflexionar de una manera muy particular. Necesitábamos abordar algunas cuestiones que no se podían contar con el material de archivo: acompañar algunos relatos que contaban ciertos climas emocionales de Nora con su familia, o momentos siniestros que requerían abordarse de una manera soportable y profunda a la vez. También necesitábamos algunos momentos de transición que nos llevaran a estados más contemplativos, tan necesarios para respirar en determinados momentos de la narración”. 

2018. “Acá tenés las pibas para la revolución”

Quienes fuimos parte de las calles de 2018 cuando el proyecto de Ley por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito ingresó por primera vez al debate en el Congreso de la Nación, en algún momento vimos llegar a Norita entre la marea verde. Al ritual del pañuelo y la foto de Gustavo, se incorporó el pañuelo verde en la muñeca izquierda que con el tiempo también incorporó los colores del orgullo LGTBIQ+ como parte de la misma lucha. En los 8M, las movilizaciones de Ni Una Menos, o en los pañuelazos por el aborto se podía escuchar “Norita, Norita, Norita corazón, acá tenés las pibas para la revolución”. Una nueva generación había comenzado a enamorarse de la Madre de Plaza de Mayo y la recibía entre bengalas violetas y verdes en cada acto como una auténtica rockstar, ahora, en las luchas feministas. Estos años ocupan un lugar especial en el documental, “previo al 2018 estábamos buscando (entre comillas) una lucha de las de Norita, de las que acompañaba como marco en el cual retratarla”, dice Jayson McNamara que recuerda que eran tantas las actividades y aunque todas confluían en luchas por los derechos humanos, también eran muy diversas. “Era muy difícil contar todas sus luchas en una sola película. Queríamos enfocarnos en una y mágicamente, como era Nora, surgió la lucha por el aborto. Vimos el acompañamiento de Norita durante tantos años y de repente, la primera vez desde la dictadura, se generó una expresión popular masiva, revolucionaria, que se venía generando desde las bases y nos parecía hermoso que Norita fuese como una especie de puente entre una generación y otra. Desde ya, todo ese proceso de confrontar el machismo de las instituciones, de la Iglesia como ella había hecho en la dictadura, a estar envuelta y embebida en una nueva época para cuestionar esas cosas también provocó una reflexión muy profunda en ella, sobre su familia, sobre el su rol de mamá y algo de eso quedó en la película también”, contó McNamara.

Ana María

El documental cuenta con el relato de Antonia Carrizo, compañera de Gustavo durante sus años de militancia, las Madres de Plaza de Mayo Elia Espen, Haydée Gastelú y Marta Vasquez que recuerdan sus historias personales y la lucha compartida junto a Norita. El relato de Nora Strejilevich, sobreviviente a la tortura y el secuestro, trae a Norita con la imagen de una luciérnaga por su capacidad de iluminar aún en la oscuridad de la noche.

Entre esas historias está la de Ana María Careaga, sobreviviente al centro clandestino de detención Club Atlético. Ana tiene un rol clave en el documental, su historia se enlaza con la de Norita en una amistad inseparable. “Ana María Careaga fue secuestrada estando embarazada de su hija Anita, ambas sobrevivieron.  A su vez, es hija de Ester Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo desaparecidas”, cuenta Andrea Tortonese. Esther, fue secuestrada junto a Azucena Villaflor, María Ponce y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Todas eran parte del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz donde se infiltró el genocida Alfredo Astiz. “Ana forjó un lazo profundamente amoroso con Norita. Su testimonio aporta a la historia aquello que tantos y tantas no pudieron contar; a su vez reconstruye la historia de su madre de la mano de Norita. A ambas las une el dolor de sus pérdidas y el compromiso inclaudicable en la lucha por la verdad y la justicia”, contó la directora de la película. 

Norita internacionalista

Las Madres entendieron rápidamente la importancia de contar a la prensa extranjera lo que sucedía en el país. Era imprescindible replicar en el exterior que en Argentina había personas desaparecidas en el contexto de una dictadura militar, por eso, en 1978 mientras la selección nacional de fútbol ganaba la copa del mundo, las Madres aprovechaban para hablar con la prensa extranjera. La película trae imágenes de 1981 de Nora hablando ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Desde allí exigió respuestas sobre la desaparición de su hijo y por miles de personas en la misma situación. Nora recorrió el mundo, llevó su lucha y acompañó tantas como las de las mujeres en el Kurdistán, o como lo que recuerda el director, “uno de sus últimos viajes fue a Japón a conocer a las mujeres que fueron esclavas sexuales del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En Corea esas mujeres tomaron la plaza enfrente de la embajada japonesa para protestar cada miércoles, se sentaban en sus sillitas y miraban con la mirada clavada en la embajada”. Sin dudas, la acción recuerda a la forma de lucha que encontraron las Madres de Plaza de Mayo y como señala el director, también por la forma de ocupar el espacio público. “Norita era una persona que hilaba estas diferentes luchas en diferentes puntos del mundo. Era una internacionalista desde casi los primeros días de la lucha de las Madres. Norita entendía la condición humana como algo universal más allá de las naciones. Creo que es muy importante resaltar esto porque estamos ante una vuelta del nacionalismo muy fuerte en el mundo”, reflexionó Jayson McNamara. 

Los hilos de Norita costurera

El andar de Norita no se detiene, ahora sigue en forma de película. Su historia es también parte de la nuestra y la película extiende sus luchas. “Sentimos esa continuidad”, dice Andrea Tortonese,  “la película es una extensión de ella y era su deseo acompañar su película por toda la argentina y por el mundo. Lamentablemente no pudo hacerlo, su partida fue devastadora. A la vez una parte de ella y de su historia, que es la historia de muchas madres y de nuestro país, permanecerá por siempre cada vez que queramos visitarla. Norita nos dejó una película para no olvidar”. En buena medida, los hilos de aquella Norita costurera se convirtieron en una trama de luchas y una suerte de amparo ante el terror y la crueldad. El hilo que en las animaciones va hilvanando la madre de todas las batallas, “la convierte en costura mientras Norita hace camino, ese hilo de esa mujer costurera que decide salir a la calle a buscar a su hijo. Sin dudas, Norita nos pasa este hilo para que sigamos su legado. En estos tiempos en donde vuelven a instalarse discursos negacionistas y de odio, la película de Norita viene a reponer, una vez más y cada vez que lo necesitemos, un pedazo de historia de nuestro país. Para decir una vez más y todas las que hagan falta que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que los derechos humanos tienen que estar por encima de cualquier cuestión partidaria. Este documental es un pedazo de historia contado de primera mano por Norita y tres mujeres que sobrevivieron a la dictadura, muy cercanas a ella. La potencia de los testimonios conmueven la condición humana y proponen los tiempos de la reflexión, bajar la velocidad para volver a conectarnos desde un pensamiento profundo y crítico. Es vital volver a conmovernos para reflexionar”, sostiene Andrea Tortonese.

La amiga

Jayson McNamara recuerda a Norita como una amiga, una educadora, “por quien siento un agradecimiento muy fuerte. Confió en mí y me ayudó a entender gran parte de mi propia historia y también la historia de Argentina que es un país que considero como propio, me siento adoptado, muy agradecido y muy asombrado por la vida que dejó, a pesar de no haber encontrado a su hijo, porque Gustavo Cortiñas sigue desaparecido”. “Tuve la suerte de estar muy cerca de ella y recibir el regalo de su amistad”, dice Andrea Tortonese, y “aunque su cuerpo haya partido sigue siendo una luz que nos guía en la oscuridad. Quienes quedamos en este mundo tenemos la responsabilidad de continuar con su legado. Se lo debemos a ella, a todas las madres y a los 30.000. Todos los que hicimos la película cumplimos con la responsabilidad de contar su historia y ahora vamos a trabajar para cumplir con lo que ella quería para esta película: que Norita camine tanto como Norita”.

*Foto de portada: ARCHIVO HASENBERG-QUARETTI

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Por Redacción Marcha

Con honores e impunidad, esa fue su despedida oficial. De los 25 años de condena solo cumplió 16 ya que, entre alianzas y favores políticos logró un indulto por razones humanitarias. Su salida de la cárcel fue cuestionada en diferentes oportunidades, incluso por tribunales internacionales. En 1992 Fujimori dio un autogolpe de Estado con apoyo de las fuerzas militares, cerró el Congreso y se hizo del resto de poderes del Estado. En 1993 reformó la Constitución, de esta forma, logró consolidar el régimen autoritario y la estructura económica neoliberal con normativa constitucional. 

Años más tarde, su hija Keiko Fujimori, fundó el partido Fuerza Popular y se transformó en líder de la derecha peruana. En tres oportunidades llegó a la segunda vuelta en elecciones presidenciales, en 2011 ante Ollanta Humala, en 2016 frente a Pablo Kuczynski y, en 2021 contra Pedro Castillo. Aunque sin ganar las elecciones, el fujimorismo fue ganando poder en el Congreso, ámbito institucional que ha impulsado la vacancia de varios presidentes, incluido Castillo, quien a pocos meses de haber asumido fue destituido. En su lugar, y con un gran rechazo popular asumió Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo, que no dudó en reprimir cada una de las manifestaciones en todo el país que la consideran una presidenta ilegítima. 

A propósito de la muerte del dictador y la situación actual de Perú Marcha conversó con Lucía Alvites, es socióloga, docente de la Universidad de San Marcos y feminista. 

Murió Fujimori, pero ¿su legado de impunidad prevalece?

Definitivamente, Fujimori ha muerto en completa impunidad. Es el responsable de crímenes de lesa humanidad, sentenciado por eso y no debió acceder a un indulto trucho, como le decimos acá. Bajo leguleyadas y mentiras consiguió la libertad. Debió permanecer en la cárcel, murió sin pagar ni un sol de los más de 54 millones de soles que debía en reparación civil por todo el daño que había causado al Estado y la sociedad en su conjunto. Esto demuestra que el legado de impunidad permanece.

Sin embargo, Dina Boluarte ordenó una despedida con honores.

Todo este despliegue que ha hecho el régimen de Dina Boluarte con dinero del Estado para rendir honores a un genocida, a un corrupto como fue Fujimori expresa que hay un interés supremo para que la impunidad continúe. Este interés supremo de impunidad tiene que ver con que es funcional al régimen de hoy. No podemos olvidar que el régimen de Dina Boluarte representa una salida a la crisis que restituye el régimen neoliberal en una lógica política y económica con la misma estrategia que impuso el neoliberalismo de Fujimori en los 90′: la violación a los derechos humanos y la minimización del Estado. Mientras Dina Boluarte y su régimen rendía honores al dictador en el Perú teníamos una emergencia en diversas regiones del país, más de 20, que estaban siendo afectadas por los incendios forestales. Ahí podemos calibrar de qué estamos hablando cuando hablamos de ese legado de impunidad que tiene el fujimorismo. Esta impunidad también se ve en el Congreso de la República que, hace unas semanas, aprobó una ley en la que prescriben los delitos de lesa humanidad. Algo que contradice cualquier mandato de organismos internacionales sobre lo que supone un crimen de esa envergadura. Esto es una norma para exculpar, no solo a Fujimori, sino al conjunto de militares que están presos por crímenes de lesa humanidad, por casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos como el de la Universidad de La Cantuta o Barrios Altos.

¿Cuál fue la repercusión de la noticia? 

Hay que decir que se hizo lo que muy bien se aprendió de los años 90′. Fujimori impuso una dinámica de política del espectáculo, construía relatos y narrativas que contradecían la verdad y convertía en la práctica una situación en un gran fake news que terminaba ocultando la realidad o negando situaciones objetivas. Lo que han hecho con el fallecimiento del dictador Alberto Fujimori, tanto en los medios de comunicación de la gran prensa peruana, como desde el Estado y sectores políticos que siguen apostando por este modelo neoliberal, es querer convertir en héroe a quien cometió violaciones a los derechos humanos, asesinatos, robos y lo hizo de forma sistemática en su gobierno. Además, trazó toda una arquitectura de corrupción en el Estado y lo convirtió básicamente, en una forma de mantenerse en el poder. 

Decías que el legado de impunidad del fujimorismo sigue vigente, de hecho, su hija Keiko fue quien disputó las elecciones y perdió contra Pedro Castillo. Después de la destitución de Castillo, asumió Dina Boluarte ¿Cómo se sostiene hoy en el poder alguien con tanto rechazo popular? ¿Qué rol juega el fujimorismo en esto?

Boluarte se sostiene en el gobierno gracias a la alianza entre sectores políticos del Congreso de la República donde está el fujimorismo y otras representaciones de la derecha como los sectores empresariales, las grandes corporaciones y, la gran prensa peruana. El régimen de Dina Boluarte es absolutamente ilegítimo ya que es la expresión de una salida restituyente del modelo neoliberal a la crisis que tenía Perú. Ella usurpa el poder con la venia y correlación de fuerzas de estos sectores para sacar a quien era el legítimo presidente, el profesor Pedro Castillo. Se mantiene gracias a esa comunión de poderes políticos, económicos y mediáticos. Recordemos que en Perú hemos tenido más de 60 compatriotas asesinados por esta dictadura en menos de 6 meses desde diciembre de 2022 cuando empezó el régimen dictatorial de Dina Boluarte asesinando al pueblo peruano y donde además, hay víctimas menores de edad. Este régimen se hizo apagando la protesta a sangre y fuego de una forma absolutamente criminal y se ha mantenido gracias a estos poderes fácticos que hemos mencionado. Dina Boluarte tiene un dígito de aprobación que, hasta podría ser un error estadístico. Esto plantea muy bien como se expresa la ilegitimidad de su gobierno. 

La situación de Perú es muy compleja, en una crisis permanente atravesada también por una crisis económica muy fuerte que se ve en cifras como la suba de los niveles de anemia de las infancias. Podríamos hablar de muchos datos sobre la situación que se vive actualmente y que, de alguna forma, muchas veces colaboran para que haya una desafección de la política porque la gente está en la supervivencia. Sin embargo, las protestas nunca han parado. Hemos tenido momentos con niveles muy fuertes de protesta social, con cientos de miles a nivel nacional movilizados y momentos de mucho reflujo, pero no hay mes que no tengamos una expresión y episodios donde se sigue mostrando la protesta del pueblo peruano ante este régimen dictatorial.

Ilustración: @amapolay

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La Caravana trabaja en cinco comisiones (Derechos Humanos, Género, Salud, Cultura, y Comunicaciones) y realiza un informe acerca de cinco territorios (Antioquia, Bolívar, Arauca, Chocó y Cauca) declarados en crisis humanitaria.

Este miércoles 14 de agosto, la Caravana se encontró con la comunidad indígena de Catrú, perteneciente al pueblo Embera. El intercambio con este pueblo, cuyo nombre significa “gente del río”, estuvo marcado con danza tradicional, atuendos de colores y tatuajes de jagua. Al momento de iniciar el trabajo de las comisiones, en materia de salud se atendieron casos, mayoritariamente, asociados a infecciones que se presentan por la contaminación del río Baudó. El principal medio no solo de comunicación sino de subsistencia de los embera.

La mayoría de los liderazgos en Catrú demostraron miedo al momento de referirse a los actores armados y el fenómenos del paramilitarismo, ya que se limitaron a enunciar este fenómeno como el “conflicto armado”. La comisión de género contó con una armonización de tejido de collares para luego conversar acerca de las violencias en medio de la crisis humanitaria.

Pese a todo lo anterior, la mayoría de indígenas conservan su lengua, danzas y música.

En el departamento Arauca, más de mil personas celebraron el 10 de agosto del reconocimiento gubernamental a los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Dicho acto político, realizado en el municipio Fortul, destacó esta forma de territorialidad campesina, ahora reconocida por el gobierno del presidente Gustavo Petro a través del Decreto Presidencial 0780. El acto político estuvo protagonizado por comunidades campesinas, y la Caravana estuvo allí. En efecto, la misión humanitaria no solo registra información acerca de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario sino también las propuestas que tienen las comunidades para vivir dignamente en el marco del conflicto armado.

El próximo 23 de agosto en la ciudad de Cali la Caravana entregará públicamente un informe preliminar con sus hallazgos. La Iglesia católica y parlamentarios recibirán oficialmente el documento.

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