A la par, el gobierno de Noboa busca una consulta popular para convocar  a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución a su medida. El No a la consulta popular ya está presente en las consignas de las diversas protestas de un Paro Nacional descentralizado, expandido en distintas ciudades y que sigue su cocina a fuego lento.

Por Ana Acosta –  @yakuana (Publicado originalmente en Wambra) | Fotos: Wambra

La convocatoria al paro

Una mujer indígena, con falda, botas de caucho levanta su mano frente a un pelotón de al menos treinta militares armados y protegidos con escudos, cascos y máscaras, en una carretera en Imbabura. Un joven con la bandera de Ecuador baila sobre el techo de una parada de transporte público, en Quito, mientras otros y otras cantan. Una movilización de más de 100 mil personas recorre las calles de Cuenca, como un río: “el quinto río”, lo llamaron, en defensa del agua y en contra de la minería en Kimsacocha, una reserva de agua de la tercera ciudad más grande del país. Indígenas y campesinos con poncho rojo caminan en Latacunga para decir que “si sube el diésel sube todo” y que el trabajo de las manos del campo no van a “subsidiar a los de arriba”. En la Amazonía, mujeres indígenas levantan su palabra y le dicen al gobierno que la selva no está en venta.

Desde el 19 de septiembre de 2025, Ecuador vive varios vórtices de protestas, en distintas ciudades del país y con diversas demandas contra el gobierno de Daniel Noboa. El activador fue el decreto 126, que elimina el subsidio a diésel, firmado el 12 de septiembre, con el que el precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, y podrá subir o bajar dependiendo del costo del barril de petróleo West Texas Intermediate, WTI, que el gobierno adoptó, cuyo valor fluctúa diariamente debido a la oferta y demanda de petróleo o a factores geopolíticos.

La medida de Noboa cumple con los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de un nuevo préstamo de 4 mil millones de dólares, el tercero entregado a Ecuador en los últimos seis años. Medida que ya la intentaron cumplir dos gobiernos anteriores.

En 2019, Lenín Moreno y, en 2022, Guillermo Lasso emitieron decretos para eliminar este subsidio. Sin embargo, en las dos ocasiones, un Paro Nacional y un Levantamiento Indígena sostenido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y otras organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, feministas, disidencias, estudiantes, trabajadores, detuvieron la medida. Noboa vuelve a implementar la misma receta, y, como era de esperarse, las protestas vuelven a surgir. Pero en esta ocasión, hay varias cosas que marcan una diferencia, tanto para el gobierno como para la organización social.

Militarización y criminalización de la protesta en un contexto de autoritarismo

Militares en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, el miércoles 01 de octubre durante manifestación de estudiantes y artistas. foto: Wambra medio comunitario.

Ecuador no es el mismo de 2019 y 2022. Desde enero de 2024, con el llamado “conflicto armado interno” que el gobierno de Daniel Noboa declaró mediante decreto 111, el país se embarcó en un camino sinuoso que combina una política de militarización de la seguridad, un creciente autoritarismo que ha decantado en graves violaciones a derechos humanos y un aumento de la desigualdad.

Como dice el informe de Amnistía Internacional, del 23 de septiembre de 2025,  Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador : “Las autoridades ecuatorianas han apostado por la militarización de la seguridad pública, a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional y que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos”.

En esta política, el gobierno de Noboa sostiene que hay una guerra con “enemigos internos” y como respuesta anunció la implementación del llamado Plan Fenix, pero hasta ahora, los indicadores de inseguridad no dejan de subir. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios  intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo  periodo en 2024. “La cifra de homicidios semestral es la más alta  registrada en la historia reciente de Ecuador.” dice el informe.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su informe «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador», registra 33 personas detenidas desaparecidas por patrullas militares durante el 2024 en provincias de la costa, 7 de ellas son menores de edad. Además se conoce de 9 personas detenidas desaparecidas registradas por la Defensoria del Pueblo del Ecuador, que estarían en investigación por parte de la Fiscalía. Es decir, serian 42 personas detenidas desaparecidas por militares.

Siguiendo la misma política de gobierno por decreto, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias de Ecuador, por 60 días, con medidas que incluyen la suspensión de la libertad de reunión y la participación de militares en el control de la protesta. A esto se sumó, el  trasladó la sede del ejecutivo a Latacunga, y la sede de la vicepresidencia a Imbabura. Dos provincias con mayor población indígena y dos de los puntos de mayor convocatoria de las movilizaciones de 2019 y 2022. Latacunga, además, es la cuna de Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y uno de los más sólidos liderazgos de izquierda anticapitalista dentro del movimiento indígena y social. Mientras que Otavalo, en Imbabura, es la ciudad natal de la actual vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. La estrategia buscaba neutralizar los puntos políticos del movimiento indígena y mantener a la capital, Quito, alejada de las acciones de hecho; sin embargo, el efecto fue diferente: la protesta se descentralizó y se expandió a otros territorios.

En este contexto, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció un Paro Nacional, el 19 de septiembre, y las protestas se activaron en distintas ciudades, el gobierno de Noboa buscó establecer una relación entre los grupos de delincuencia organizada y narcotráfico, con las organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de la naturaleza y los derechos humanos que convocaron a la protesta. Esta narrativa tampoco es nueva.

Guillermo Lasso y su ministro de gobierno, Patricio Carrillo, durante el Paro de 2022, afirmaron que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico, sin poder probarlo. Lasso dejó la presidencia después de la llamada “muerte cruzada” con varias acusaciones de corrupción en su contra. En 2024, Danilo Carrera, su cuñado y  ex directivo del Banco de Guayaquil, fue sentenciado por la Fiscalía a diez años de prisión por el delito de “delincuencia organizada” en el Caso Encuentro. Carrera también fue relacionado con uno de los narcotraficantes de la mafia albanesa, Rubén Cherrez.

Patricio Carrillo, en cambio, en 2023, fue censurado en un jucio político por incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de junio de 2022 por la falta de seguridad en el país, la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada por su pareja, Germán Cáceres, un Policía en servicio activo, dentro de una Escuela Policial, en 2022.

El gobierno de Noboa volvió a levantar la misma narrativa para deslegitimar las protestas. El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, en una entrevista en Radio Centro, vestido con chaqueta de camuflaje militar lo dijo: “Cualquiera que atente contra las fuerzas del orden, sea policías y militares, están atentando contra la seguridad nacional”. Ante la pregunta del periodista “¿ustedes van abatir al enemigo?”, el ministro respondió: “no es abatir o no abatir, sino neutralizar al enemigo y sacarlo de circulación, porque las calles son para la gente de bien y la cárcel para los malos. La forma es entregarles a la justicia por los actos de terrorismo que están causando”

En la misma línea, después de la detención de 13 personas en las protestas de Otavalo, el presidente Noboa publicó un tuit en el que relacionó, sin colocar pruebas que lo demuestren, a los manifestantes con las mafias: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua.” Esto porque una de las personas detenidas es de nacionalidad venezolana. La organización “Corredores Migratorios” denunció que William Rojas es migrante de Venezuela, padre de una hija y antes de su detención trabajaba como vendedor de boletos en unos juegos mecánicos. La organización denunció, además, que su hija, Deysimar, de dos años, quedó sola.

William es parte de los 13 detenidos en las protestas de Otavalo a quienes la Fiscalía los acusa de “terrorismo” y busca responsabilizarlos por la quema de vehículos policiales y del Comando y la Policía Judicial de Otavalo. Este delito está tipificado con hasta 30 años de prisión. Los otros detenidos son jóvenes indígenas, comuneros y campesinos. A ellos se suma Gina Cahuasquí,  una joven indígena que fue detenida cuando pedía a los policías que no lanzaran más bombas lacrimógenas. Gina fue liberada pero continúa judicializada, mientras los 12 detenidos fueron trasladados a cárceles en otras provincias, lejos de sus familias, en Portoviejo y Esmeraldas, donde ocurrió una masacre con 17 personas fallecidas, esto a pesar de que las prisiones se encuentran militarizadas desde enero del 2024.

No son los únicos. La Fiscalía ha accionado denuncias penales contra de una diversidad de líderes sociales. Defensores del agua de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, fueron notificados por el delito de “asociación ilícita”. Nohelia Ochoa, dirigente estudiantil de la Universidad de Cuenca, fue denunciada por “paralización de servicios públicos”. Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie, fue acusado por “instigación” en el Paro, esta denuncia se suma a otras por “secuestro” y por “terrorismo”.

Frente a esto, las personas movilizadas impulsaron la campaña para decirle al gobierno: “Somos campesinos, no terroristas; somos estudiantes, no terroristas”

Bloqueo de cuentas bancarias y suspensión de medios comunitarios

El gobierno de Noboa no sólo desplegó la Fuerza Pública como si las protestas de sectores sociales significaran una declaración de guerra, sino que también puso en acción a organismos de control y vigilancia estatal, cuyos fines eran controlar a las mafias.

Desde el 19 de septiembre, líderes sociales denunciaron el bloqueo de cuentas bancarias. El gobierno usó un artículo de la llamada Ley de Fundaciones, aprobada por la Asamblea Nacional para controlar el flujo de dinero ilícito y el lavado de activos. Sin embargo, la ley no se usó para las mafias, ya que el ministro de gobierno, John Reimberg,  aceptó que lo usaron para controlar el “financiamiento de la protesta”. La Fiscalía abrió una investigación a 58 personas por el delito de “enriquecimiento privado no justificado”. Entre las personas que bloquearon sus cuentas está el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas; defensores del agua de Cuenca; la viceprefecta de Imbabura, defensores del bosque de Intag, líderes amazónicos; ex dirigentes y dirigentas de la CONAIE, ECUARUNARIA, CONFENIAE y de Pachakutik, la directora de Fundación Pachamama, entre otros.

A esto se sumó el hostigamiento a medios de comunicación comunitarios y alternativos. El 23 de septiembre, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, suspendió la señal del canal 47 UHF TVMICC, la televisión comunitaria del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. En la resolución dice que esto se hace “con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional”. TVMICC es la primera televisión comunitaria de Ecuador y realizó las coberturas de las movilizaciones que indígenas y campesinos de Latacunga realizaron para rechazar la presencia del presidente Noboa en la gobernación de Cotopaxi.

La muerte de Efraín y el uso de armas letales

Un video de cámaras de seguridad muestran a una persona tirada en el piso. Varios manifestantes se acercan a auxiliarla, pero un camión con militares armados llega. Solo un manifestante se queda junto al cuerpo y lo abraza. Militares se acercan, lo patean, lo golpean con sus armas, a él y al cuerpo de su compañero herido, hoy sabemos, de muerte.

Efraín Fueres murió durante las protestas en Pinsanquí, Imbabura, el domingo 28 de septiembre. Tenía 46 años, padre de dos niños, artesano y maestro de construcción, comunero indígena y líder comunitario de Cuicocha, comunidad Inguintzala perteneciente a la organización UNORCAC. Dayuma Amores, abogada de INREDH, participó en el levantamiento del cadáver y cuenta que Efraín muere por el impacto de una bala de arma letal que entró por su espalda, esto, para ella, demuestra que las Fuerzas Armadas no están haciendo el uso progresivo de la Fuerza para controlar las protestas:  “Hemos visto, sobre todo en el caso de Efraín, que las armas de fuego fueron la regla general, disparando sin ninguna contemplación a los manifestantes y puede ser eso, ya lo determinarán las investigaciones, pero podemos presumir que por eso el disparo de Efraín entra por su espalda, porque los manifestantes están corriendo desprotegidos, desarmados y que reciban un disparo por la espalda muestra que el uso de la Fuerza no fue progresivo, fue letal y fue con la intención de causar un daño letal”.

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Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

La Alianza de Derechos Humanos, en su monitoreo de vulneraciones del Paro 2025, con corte del 28 de septiembre, documenta 109 reportes de vulneraciones a derechos humano. La organización registra 63 personas detenidas y al menos 48 personas heridas, 6 personas detenidas desaparecidas y 1 persona fallecida “todos estos hechos se han dado en el marco de las acciones de intervención de miembros de la fuerza pública.” Hasta el momento no existen cifras oficiales actualizadas, incumpliendo con ello la obligación estatal de proporcionar información oficial oportuna y transparente. La última cifra que entregó el Ministerio del Interior de fecha 26 de septiembre fue de aproximadamente 100 personas detenidas.” dice el informe.

Una Consulta Popular y el deseo de una Asamblea Constituyente a la medida

Como si de una máquina acelerada se tratara, días después del decreto de eliminación del diésel, Noboa emitió el decreto 148, para una Consulta Popular que apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al igual que lo hizo con el Derecho Internacional, cuando invadió la embajada mexicana, Noboa buscaba pasar por encima del control de la Corte Constitucional y que el Consejo Nacional Electoral, CNE, incluyera la pregunta sobre la constituyente dentro de la Consulta Popular ya aprobada.

Según la Constitución ecuatoriana toda propuesta de consulta popular debe pasar por la revisión de la Corte, quien debe analizar la constitucionalidad de las preguntas y emitir un dictamen favorable o no. En la noche del viernes 19 de septiembre, Noboa emitió el decreto y el CNE convocó para las ocho de la mañana para sesionar sobre el inicio del proceso electoral. Pero la Corte sesionó en la noche para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto. Esa noche, policías rodearon la Corte y obligaron a las y los jueces a salir por una supuesta amenaza de bomba. Esto fue visto como una forma de presión y hostigamiento a la Corte para que no emita una resolución.

El domingo 21 de septiembre, el CNE, sesionó y dio inicio al proceso electoral con las preguntas ya aprobadas por la Corte sobre si se permite la instalación de bases militares extranjeras, algo que hoy prohíbe la Constitución; y una pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, algo que busca desfinanciar a los partidos y movimientos opositores. Mientras que sobre la pregunta referente a la Constituyente, el CNE solicitó a la Corte que se pronuncie.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y sociedad civil expresaron su preocupación frente “al clima de hostigamiento y presión” contra la Corte y advirtieron que esto se suma “a un contexto de presiones externas que incluyen interrupciones en el normal funcionamiento de la Corte, campañas de estigmatización pública contra sus integrantes y la reducción de medidas de seguridad previamente otorgadas”.

Ya para el 24 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y dio paso a la Consulta Popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si quiere o no una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. El CNE anunció que la consulta será el 16 de noviembre y tendrá un costo de 59,7 millones.

El No a la constituyente ya está presente dentro de las consignas y carteles en las diversas protestas en todo el país en un Paro Nacional que se sostiene a fuego lento. La CONAIE  presentó diez demandas donde ya hizo un llamado para votar no en la consulta como una forma de rechazar al gobierno de Noboa y sus medidas de ajuste.

Es así que el Paro de 2025 tal vez no logre que el gobierno dé marcha atrás en el decreto de aumento del diésel; sin embargo, el crecimiento del descontento,  la negativa al diálogo y los ataques a múltiples organizaciones están configurando una articulación anti Noboa que pueden tener un efecto en los resultados de la consulta popular y detener el anhelo de una Constitución a la medida del autoritario de Carondelet.

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Foto: Lucas Martins para Midia Ninja

El ex mandatario fue condenado este jueves: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, sostuvo la ministra Carmen Lúcia. Ella fue quien, al cabo de una semana de especulaciones, dio el voto clave para condenar a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión.

El atentado contra la soberanía popular en Brasil no quedó impune. Este jueves el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus aliados considerados parte del “núcleo crucial” fueron condenados con distintas penas que van desde los 19 a los 27 años de prisión luego de que la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) considerara que quedó efectivamente comprobado que existió una organización criminal que -entre julio de 2021 y el 8 de enero de 2023- llevó a cabo un plan “sistemático y progresivo” para atacar al sistema electoral y “minar el libre ejercicio del voto”. Quien tuvo la decisión clave fue nada menos que la única mujer del Tribunal, Carmen Lúcia: “Que esto sirva como un remedio para la democracia”, dijo al cabo del juicio histórico, que sorteó las presiones y las amenazas internas y la abierta injerencia de Estados Unidos.

“Tá na hora do Jair/Tá na hora do Jair/Ja ir embora” la melodía de esa música se hizo popular en 2022, cuando el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones de ese año. Hace un juego de palabras que se refiere a la salida del gobierno de Bolsonaro, que buscó perpetuarse en el poder con un golpe de Estado. Fue esa melodía la que volvieron a cantar miles en las calles de todo Brasil y la que entonó un trompetista en las afueras del STF, en Brasília, el jueves por la tarde minutos después de que se definieran la sentencia y la pena definitiva contra el expresidente y líder de la organización criminal que atentó contra la democracia.

Con él, otras siete personas fueron condenadas: Alexandre Ramagem, actual diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN); Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional; Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa; Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.

Cid y Braga Netto fueron condenados por unanimidad, mientras que el resto por la mayoría de 4 votos contra 1 con la disidencia del juez Luiz Fux. El magistrado le imprimió un halo de dramatismo al proceso judicial con más de 12 extensas horas de lectura y sorprendió hasta a los propios bolsonaristas con su postura por la “nulidad absoluta” al considerar que la acción penal debería haber estado a cargo del pleno del STF, conformada por once jueces. Ese aire de esperanza que le dio a los aliados de Bolsonaro ya quedó sofocado por la contundencia de los argumentos y de las penas dadas por sus colegas: Alexandre de Moraes, relator del caso; Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.

Las penas que recibieron fueron consecuentes con las responsabilidades y para dejar en claro un mensaje, dijo De Moraes: “Para que la historia no se repita”.

Las palabras resuenan en el continente que en la misma fecha de la condena también se conmemora el golpe de Estado en Chile que dio inicio al primer experimento neoliberal de la región, por lo que vale la pena levantar esta condena como un “nunca más” a la violencia estatal contra los pueblos y que Brasil, hasta el momento, nunca había pronunciado por haber aprobado en 1979 una ley de amnistía que impidió juzgar a los criminales de la dictadura militar-empresarial (1964-1985).

Un Brasil que tampoco juzgó a quienes perpetraron el “golpe blando” contra la expresidenta Dilma Rousseff.

Claves de un juicio histórico para América Latina y el Caribe

La investigación para este proceso comenzó hace dos años a manos de la Policía Federal, que separó a lxs responsables en cinco núcleos de acuerdo con las funciones que cumplieron durante la tentativa del golpe. El “núcleo crucial”, el número uno, fue el que ideó y planificó, según la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR). Con la sentencia de la Corte ahora queda escrito para la historia que las ocho personas que lo conforman fueron los autores intelectuales.

La trama que idearon tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023, pero a entender de la Justicia comenzó mucho antes: en julio de 2021 y contó con varios elementos más allá de la invasión a los Tres Poderes del Estado con más de mil personas que se habían apostado durante semanas en las puertas de comandos militares y que, aquel domingo a la tarde no “salieron de paseo después de almorzar y pidieron permiso para entrar a las sedes del poder central” -como dijo Dino-, sino que se levantaron con la intención de exigir su intervención para la perpetuación en el poder de su líder, en contra de la voluntad popular que había elegido a Lula como presidente.

En más de 800 páginas la PGR detalló reuniones, mensajes, documentos, escuchas telefónicas, allanamientos, testimonios y confesiones que dan cuenta cómo un gobierno elegido -como fue el de Bolsonaro en 2018- puede ejecutar un plan para convertirse en dictadura. Algo así como un paso a paso de cómo la democracia puede morir y de cómo un presidente puede perpetrar acciones que debilitan las instituciones democráticas.

¿Cómo lo hizo? Bolsonaro atacó públicamente al sistema electoral brasileño para deslegitimarlo, así como al STF y sus ministros, hizo reuniones con sus ministros y con embajadores en las que difundió información falsa sobre las falencias en las urnas y usó una milicia digital para la difusión de fake news. Se reunió con sus ministros y accionó para que se restringiera la movilidad de las personas el día de las elecciones en el balotaje, tenía un decreto de estado de sitio preparado en caso de perder y, junto con su ministro de Defensa y general del Ejército, instigó a los jefes de todas las Fuerzas Armadas para perpetrar el golpe.

“Preso, muerto o con una victoria”, dijo que saldría de Brasilia -una frase similar pronunció el mandatario argentino, Javier Milei, que dijo que saldría de la Casa Rosada “con los pies para adelante”-.

Pero había más. Bolsonaro y sus aliados idearon el “Plan Puñal Verde-Amarillo” para asesinar a Lula, al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al mismo De Moraes.

En eso se basó el “plan progresivo y sistemático” que buscó “minar el libre ejercicio del voto”. En palabras de la magistrada Lúcia se ejerció la violencia institucional y política y se perpetraron una serie de prácticas “pensadas para la radicalización social y política” -es decir se tensionó para provocar una fuerte polarización- todas ellas necesarias para que el líder de la organización criminal contara con un ferviente apoyo de un sector de la sociedad para perpetuarse en el poder: quienes efectuaron la invasión a los Tres Poderes.

Juzgar más allá de las presiones internas y externas

Los cuatro jueces que conformaron la mayoría para el juicio histórico llevaron a cabo un proceso más allá de los embates y de las amenazas: todxs fueron amenazadxs de muerte y los ataques a las instituciones no cesaron. En esta misma semana, de hecho, hubo un nuevo intento de invasión a los Tres Poderes y, en noviembre pasado, un hombre -que murió- instaló bombas en autos en derredor de la explanada de los ministerios.

Los bolsonristas, en tanto, traman distintas estrategias para buscar la impunidad de los crímenes y miran a las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, en el Congreso presionan por una ley de amnistía “amplia e irrestricta” para beneficiar a las más de 600 personas ya condenadas por el 8 de enero y, también, al líder criminal. Por otro, el gobernador de San Pablo, Tarcício de Freitas, prometió el indulto con la esperanza de que conquistar seguidores para su campaña presidencial. Ambas opciones fueron descartadas por inconstitucionales según la Corte, aún así, se prevé que insistirán.

El juicio, además, se convirtió en un fuerte acto de soberanía nacional que resiste a las sanciones políticas y económicas impuestas al país y a lxs magistrados con la abierta injerencia del Estados Unidos de Donald Trump.

Ninguno de esos embates antidemocráticos -y hasta con aires colonialistas- consiguió evitar que Brasil escribiera una de las páginas más relevantes de su historia en defensa de la soberanía y de la autonomía del pueblo para que estos actos no se repitan nunca más.

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Por Carla Perelló, desde Brasília  | Foto: Lucas Martins para Midia Ninja

En Brasilia el viento suave que corre entre los enormes edificios no amilana el calor sofocante y seco. Tampoco se lleva con él las presiones que llegan desde Estados Unidos ni las que surgen desde dentro del Congreso Nacional. Nada para el calor, sino todo lo contrario. “Brasil demoró para conquistar la democracia. Tuvimos 20 años de dictadura, no es posible normalizar volver a esos años oscuros de la historia”, sostuvo el ministro relator del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Alexandre de Moraes pronunció esas palabras al dar a conocer el primer voto en favor de la condena en el marco del juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro -apuntado como líder- y siete de sus aliados por cinco crímenes contra el estado democrático de derecho. A él, se le sumó el ministro Flávio Dino y sólo faltan tres de cinco para pronunciarse.

Mientras tanto, la rosca está a la orden del día y atraviesa las paredes del legislativo nacional con la abierta injerencia de Estados Unidos, que impuso tasas de más de 50% a los productos brasileños porque el mandatario Donald Trump consideró que su aliado -el expresidente- es víctima de una “cacería de brujas”. Al mismo tiempo, bolsonaristas pujan por una ley de amnistía, mientras que aliados del Gobierno petista le bajan la expectativa.

La acción penal está a cargo de los cinco magistrados de la Sala Primera del STF: De Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. Este martes ya se conocieron dos votos a favor de los tres que se necesitan para que los ocho acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) sean condenados. Todos señalados por ser considerados parte del “núcleo crucial” de la tentativa del golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión.

Los acusados y la acusación

Alexandre Ramagem, diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN);

Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina;

Anderson Torres, exministro de Justicia;

Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional;

Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa;

Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.

Todos, excepto Ramagem, van a juicio por cinco crímenes acusados por la PGR de: 

• liderar una organización criminal armada
• tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho 
• Golpe de Estado
• Daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión
• Deterioro del patrimonio histórico

En el caso de Ramagem, se suspendió parcialmente la acción penal por considerar que el bolsonarista tiene inmunidad parlamentaria contra los hechos ocurridos después de haber asumido como diputado, que son los delitos de daño y deterioro del patrimonio histórico. El proceso sobre los demás está vigente ya que sucedieron antes de que asumiera.

Votos de De Moraes y Dino y la divergencia de Fux 

El magistrado estrella de la Corte, quien en las calles se ganó el apodo amistoso de Xandão, habló durante más de cinco horas, desde las 9 hasta pasadas las 14. La primera interrupción llegó a los siete minutos de su discurso por parte del juez Fux cuando rechazó los planteos de las defensas respecto a la naturaleza procesal del caso. El tercero en la lista de votación planteó que en su votación ratificará su desacuerdo con ese punto, ya que considera que el juicio debería haberlo llevado adelante el pleno de la Corte conformado por once ministros.

Salvado ese punto, De Moraes estructuró su discurso en torno a las pruebas y a las acusaciones, que mostró y leyó. En cada punto insistió en que hubo una organización criminal, que los acusados usaron las estructuras del Estado para cometer los crímenes y que lo que intentaron fue un golpe de Estado. 

“El líder de la organización con el cargo de líder y jefe de Estado (Bolsonaro) criminal se unió a individuos de extrema confianza para la realización de un golpe de Estado y para perpetrar la ruptura de las instituciones democráticas”, apuntó sobre el plan que, considera, comenzó en julio de 2021 y contó con la escritura de la minuta del golpe, reuniones de Bolsonaro con sus aliados y con embajadores para deslegitimar el sistema de votación, una acción que tuvo su pie en las redes sociales con la difusión de fake news.

“Los acusados practicaron todas las infracciones penales imputadas por la PGR en concurso de agentes en concurso material”, sintetizó al cierre de su veredicto, en tanto que la cantidad de años que pedirá para cada uno de los acusados se sabrá recién el viernes. Sobre Bolsonaro, en tanto, sostuvo que ejerció como líder de la organización criminal. Un plan que tenía entre las posibilidades el asesinato del actual presidente, el vice y el ministro relator Luiz Inácio Lula da Silva, Gerardo Alckmin y De Moraes, en lo que se conoció como “Plan Puñal Verde-Amarillo”.

A De Moraes le siguió Dino, ex ministro de Justicia del gobierno lulista, que se encargó de echar por tierra la posibilidad de una amnistía. “Este tipo de crímenes no son susceptibles de amnistía”, apuntó Dino. 

El ex ministro de Justicia justificó su voto en poco más de una hora, descartó las cuestiones procesales y consideró que “no hay la menor duda de que hay distintos niveles de responsabilidades”. A continuación hizo la separación y se diferenció de De Moraes: Bolsonaro y Braga Netto con “culpabilidad bastante alta”; y Garnier Torres y Cid en el siguiente escalón, con la posibilidad de beneficios al ex capellán por haber aportado pruebas y testimonios.

Sobre Sergio Nogueira, Heleno y Ramagem dijo que tuvieron “una participación de menor importancia”. Sobre Ramagem marcó que salió del gobierno bolsonarista en marzo de 2022; y sobre Heleno que no participó de las reuniones para la planificación del golpe. Mientras que Nogueira participó “hasta cierto punto”. 

En contexto: la investigación y la posición de las defensas 

Tras más de dos años de investigación de la Policía Federal, el pasado 2 de septiembre comenzó el histórico juicio: es la primera vez que un exmandatario y jefes militares son juzgados por un tribunal civil por el intento de golpe de Estado que tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023. No sucedió ello con los criminales que estuvieron al frente de la dictadura militar-empresarial, ni contra quienes llevaron adelante el golpe “blando” de 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff.

La acusación 

A Bolsonaro se lo acusa de ser el líder de la organización criminal que articuló reuniones en el Palacio de la Alvorada, editó la minuta y presionó a militares para atentar contra la soberanía popular. Podría decirse que todos ellos están en el banco de los acusados, pero lo cierto es que ninguno de ellos hizo presencia en la Sala Primera del STF, sino que todos siguieron el desarrollo del juicio desde sus casas.

La posición de las defensas 

Durante las sesiones de la semana pasada, las defensas expusieron sus posiciones: todos negaron la participación de sus defendidos en el plan de golpe de Estado que la investigación sugiere que comenzó en 2022, mucho antes de las elecciones con la deslegitimación de las instituciones electorales.

Los que más complicaron la posición del expresidente fueron las defensas de Heleno, que sostuvo que el ex jefe de Seguridad Institucional estaba “alejado” de Bolsonaro. La de Nogueira, en tanto, afirmó que el ex jefe de Defensa intentó que Bolsonaro “desista” de la tentativa golpista.

La presión por una amnistía con la actuación estelar de Estados Unidos

En paralelo al juicio la rosca se mueve para todos lados: al mismo tiempo que comenzó el proceso la semana pasada, bolsonaristas pusieron manos a la obra. Los protagonistas de la obra son los senadores Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente) y Sergio Moro (ex ministro de Justicia). En la Cámara de Diputados se lleva adelante el mismo movimiento con los líderes del Partido Liberal -al que pertenece bolsonaro-. Todos ellos exigen una ley de amnistía, igual que lo manifestaron unos miles de sus seguidores el pasado domingo cuando salieron a las calles paulistas con una enorme bandera de Estados Unidos para ¿festejar? el Día de la Independencia brasileña. 

Son dos las propuestas que circulan, una del PL y otra que propone negociar el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Partido Unión), a la que llaman “light”. La primera, beneficiaría tanto a las más de 620 personas ya juzgadas por los actos golpistas del 8 de enero, como a la cúpula que acompaña a Bolsonaro y al mismo exmandatario. Incluso le devolvería sus derechos políticos retirados por el Supremo Tribunal Electoral hasta 2030 por haber puesto en duda a las instituciones electorales.

Una de las figuras de ese encuentro fue el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien apoya a Bolsonaro. Hasta ahora había procurado no radicalizarse demasiado, pero no aguantó: adoptó una posición totalmente diferente en lo que parece ser su apuesta para las elecciones presidenciales de 2026 para defender una amnistía “amplia e irrestricta” y hasta prometió el indulto para el exmandatario. “Motta (el presidente de la Cámara de Diputados, que parecía estar aliándose a los bolsonaristas) se sintió incómodo, lo que la semana pasada estaba acordado, esta semana, ya no”, sostuvo en off un legislador cercano al gobierno.

El STF, en tanto, ya dejó trascender que la propuesta del PL es inconstitucional, ya que no es posible amnistiar crímenes contra la democracia, mientras que la otra está en veremos.

La presión de Trump

Al mismo tiempo, el Gobierno de Lula lidia con una crisis diplomática sin precedentes tras las amenazas de Trump, que este fin de semana volvió a la carga acusando al ex líder metalúrgico de “radicalizarse” y reconoció que fue por eso que aplicaron tarifas de hasta el 50%. Para responder, el Gobierno actúa en conjunto con bufetes de abogados en Estados Unidos para accionar en cortes locales, junto con empresarios y diplomáticos, así contrarrestar el lobby realizado por otro de los hijos del expresidente, el diputado en licencia Eduardo Bolsonaro.

La idea es, justamente, presionar para conseguir la amnistía de Bolsonaro. Por el momento, los miembros del Poder Judicial prestan testimonio en el juicio histórico en favor de la autonomía y la soberanía de la mayor democracia de América Latina. 

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y se le soltó un patín

a él, que era el rey de esta jungla,

se le soltó un patín.

Patricio rey y sus redonditos de ricota (1993)

Todo poder tiene un final, 

todo lo hecho hay que pagar.

Guillermina, (2004)

Por Pablo Nolasco Flores

I

 Es importante aclarar que las notas que uno puede tomar y luego volcar en un escrito más o menos ordenado son producto de charlas con otras personas. Si durante el 2024 nos la pasamos tratando de comprender -con altos niveles de pesimismo- como Milei llegó al poder, lo que va del 2025 puede pensarse como una transición a otro estadío que pueda alejarnos de esa impotencia y malestar. La mejor manera de poder transitar estos procesos es encontrarse en el diálogo con otros. En principios con quienes pensamos parecido y estamos convencidos de que el capitalismo no tiene nada bueno para ofrecer a la humanidad. Algunas de estas notas lograron encontrar síntesis a partir de la palabra de otros. Sergio, con más de cincuenta años de militancia, aerografista y profesor de historia en escuelas secundarias, siempre dice que cuando uno no sabe para donde ir, hay que bajar y escuchar.

II

 Lucía, una artista y estudiante del profesorado en artes visuales, comentó que andaba pesimista. “El año pasado le puse el cuerpo a todo”. Lucía está pesimista. Como muchos. El pesimismo de Lucía y de muchos tiene que ver con la sinergia de la persona con consciencia social y de clase. Apostar a las luchas. Marchar, marchar y marchar. El problema es que cuando se apuesta a la movilización sin comprender el escenario, el optimismo ingenuo de la lucha de clases nos puede arrastrar al peor de los pesimismos. Hay que decirlo. Luchamos durante todo el 2024 y el ajuste pasó. Pasó porque hubo un consenso del ajuste durante todo el año pasado. La política le daba la espalda a la lucha de clases. Este año algo se movió. Primero con la marcha anti fascista, luego con el combate de los hinchas que salieron a defender a los jubilados en marzo, el paro general de CGT, y la enorme cantidad de conflictos, sobre todo el Garrahan y la de los discapacitados. Parecerìa que hay algo en progresión. Que esto madure no solo depende de la voluntad y no surge por espontaneidad. Una de las conclusiones que sacamos con Lucía era que hay que saber cuando vale la pena hacer cagar a palos. Estas luchas lograron sumar indignaciones, masa crítica y batallas discursivas contra la crueldad. Parece que pegarles a los jubilados todos los miércoles y haberle volado la cabeza a un fotógrafo no fue gratis. Ahora estamos en un tiempo político y la disputa pasó por lo electoral. No hay dudas que algo de todo este proceso de luchas y de broncas se expresó en los resultados de ayer.   

III

 El escándalo de las coimas en discapacidad generó una crisis política sin precedentes. En primer lugar, salpicó al régimen político. De hecho, en el rechazo al veto del aumento en discapacidad, el caso jugó un papel fundamental: era difícil acompañar al presidente en esta cruzada después de ver como su hermana se robaba la plata de un sector vulnerable que estaba sufriendo el ajuste. La clase política le empezó a soltar la mano. Pero además, el hecho de corrupción le pone un límite moral a la cruzada libertaria: ya no puede haber más ajuste ni motosierra. El triunfo de los discapacitados y sus familias no puede leerse sólo como producto de la lucha. Hubo algo de la crisis política que funcionó como elemento de posibilidad para el rechazo al veto. La elección de ayer, ¿terminó de confirmar la crisis política? 

IV

 Cristian, doctor en historia, asesor en temas económicos de sindicatos y docente en profesorados de la Provincia de Buenos Aires, entiende que las malas decisiones políticas aceleraron los tiempos que eran esperables en temas económicos. Lo que uno esperaba a mediano plazo, sucede en el corto. Siempre es bueno repetirlo, la economía es política. Y en el caso argentino más aún. De hecho, a Milei se le quemaron los papeles y escondió sus dogmas. La suerte de su programa económico se la dejó a una elección de medio término desdoblada. Había sido que no todo marchaba acorde a plan. El gobierno libertario transita los intentos de una estabilización inestable donde todavía la inflación no es un problema del pasado, se sostiene el superávit fiscal a costa de no gastar en nada, los dólares escasean y son pocos los sectores que pueden acceder a algunos consumos de bienes importados. Por ello, es necesario dejar de comparar a este proceso con el menemismo. Menem partió de un amplio consenso político para poder votar leyes que posibilitaron las futuras reformas económicas. La ley de convertibilidad fue aceptada por la política y las diferentes fracciones de la burguesía que operaban en el país cerraron filas y nació la comunidad de negocios. Con los primeros años de la convertibilidad, la economía argentina se capitaliza a base de privatizaciones e inversiones extranjeras directas. Las clases medias accedieron al crédito y al consumo, no había inflación, ni déficit fiscal y comercial. Es decir, la estabilización macroeconómica se combinó con la principal fuente de consenso social que tuvieron los gobiernos históricamente para construir hegemonía: consumir. Luego de los resultados de ayer, Milei habló y prometió más ajuste para sostener el esquema. ¿Habrá devaluación antes de las elecciones nacionales de octubre? ¿Cuántas devaluaciones más puede aguantar esta sociedad que ya soportó un año y medio de ajuste? Leandro Bartolotta e Ignacio Gago vienen insistiendo hace rato en que una sociedad cansada y ajustada no le regala gobernabilidad y representatividad a nadie. Mientras no se resuelva lo económico va a estar dificil gobernar.

V

 En definitiva, la elección de la Provincia de Buenos Aires terminó siendo la forma en que se dirimió el malestar económico y social. La piña electoral a Milei puede leerse como una nueva muestra de un acto defensivo de una mayoría contra algo que se eligió para repudiar a lo viejo que fracasó, pero que no funcionó. Si esto es así, el pueblo estaría acumulando una nueva experiencia de frustración. Quizás el peronismo logra aglutinar esa defensiva, pero no convoca, no enamora ni propone una alternativa. En ese marco, la izquierda no logra capitalizar el descontento. A simple vista no hay programa alternativo. No hay ideas y las nuevas referencias no surgen. Corremos peligro si la política se vuelve a comer todo como en el 2017, cuando el peronismo dijo “hay 2019”. Sin nuevas referencias políticas genuinas que salgan desde abajo ni un programa alternativo, corremos el riesgo de volver a sumarnos a la repetición de viejas recetas que nos llevaron a un Milei presidente. 

VI

 Una última idea. Es evidente que hay un piso desde donde podemos resistir, discutir y proyectar. Hay núcleos del buen sentido común que nos pueden ayudar a pensar en futuros mejores. Pero para ello hay que quitarse el lastre de las formas de hacer política desde arriba. Hay que romper la lógica del posibilismo, animarse a transgredir con la palabra y contagiar a otros. Diego Sztulwark escribió en su último libro, El temblor de las ideas, que “la indignación sin lucidez combativa se torna complacencia”. Con Sergio venimos insistiendo en la idea de romper con el malestar politizando todo los espacios que podamos porque no alcanza con la indignación. Y la forma que encontramos es provocando. Aprovechemos este envión para que seamos una mayoría quienes empecemos a provocar y romper con esa complacencia. 

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A pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia, el panorama político y social está atravesado por la fragmentación del movimiento popular, el desgaste del oficialismo y la falta de representación en las opciones que llegan a la contienda electoral. En este contexto, conversamos con Mijail Miranda, periodista y Director Editorial y Estratégico del medio boliviano Muy Waso, quien analiza con claridad las tensiones internas del MAS, los efectos de la estrategia del voto nulo y el rol de la figura de Evo Morales en la izquierda boliviana.

“Creo que es importante mencionar que ninguno de los candidatos, ninguna de las ofertas que está dentro de la carrera electoral de manera oficial supera el 20% de votación. Y ese es uno de los síntomas más claros de lo que está sucediendo en la política boliviana: una representatividad y una legitimidad bastante bajas”, advierte Miranda.

Desde Muy Waso, sostienen que la debilidad del bloque popular no puede explicarse únicamente por el avance de la derecha, sino por la implosión interna del Movimiento al Socialismo. “La posible irrupción de la derecha en el gobierno boliviano tiene que ver más con la destrucción interna del MAS propiciada por sus mismos liderazgos, antes que por méritos propios de la derecha”, afirma.

“La figura de Evo Morales es una sombra más que un aporte”

Miranda sostiene que el movimiento indígena, campesino y popular en Bolivia ha sido históricamente diverso y complejo, pero que la concentración del liderazgo en torno a Evo Morales ha reducido esa pluralidad.

“Creemos que es importante desmitificar la idea de que el bloque popular, campesino, indígena y trabajador es uno solo. Y también desmitificar la figura de Evo como el único liderazgo posible. Esta mirada oculta una realidad que está presente hace al menos una década: el cuestionamiento interno al liderazgo de Evo Morales y a ciertos cuadros del MAS que desplazaron a las bases para tomar decisiones sin consulta”.

Desde su lectura, estos conflictos internos han deteriorado las organizaciones populares. “El quiebre en el MAS también representó una fractura en los movimientos de base. Y no fue producto de luchas justas, sino de una disputa de poder al interior del partido, que aún está en el gobierno. Reconstruir esos vínculos rotos va a llevar décadas”.

En ese sentido, advierte que Evo Morales hoy genera más obstáculos que articulaciones: “A estas alturas representa más una sombra y un estigma antes que un verdadero aporte aglutinador de las luchas populares. En muchas regiones ya se cuestiona por qué no puede aportar desde otro lugar, que no sea necesariamente la presidencia”.

“El voto nulo tiene riesgos concretos”

Respecto al creciente apoyo al voto nulo, Miranda propone una lectura crítica y diferenciada. Por un lado, reconoce que expresa descontento e incertidumbre ante una oferta electoral limitada. Pero, al mismo tiempo, subraya que no se puede perder de vista su impacto práctico en la configuración del poder legislativo.

“Desde sectores afines a Evo, el voto nulo se promueve simplemente porque él no está en la papeleta. Es una postura utilitaria, que no reconoce la diversidad de motivaciones que hay detrás del voto nulo. Pero más allá de eso, hay un problema concreto: el voto nulo va a favorecer a que la derecha tenga más de dos tercios en la Asamblea Legislativa. Eso significa que van a tener una aplanadora para hacer con el país lo que deseen: ajustes económicos, agendas extractivistas y recortes que van a afectar a los sectores más vulnerables”.

Además, anticipa que Morales utilizará ese porcentaje para reposicionar su liderazgo en la escena política. “Desde el evismo, un alto porcentaje de voto nulo será un recurso de campaña post electoral. Como ya ha hecho antes, Evo intentará instalar un nuevo ciclo de movilizaciones, no necesariamente en función de demandas populares, sino para seguir forzando su liderazgo como figura única dentro de la izquierda”.

“Se viene una reconfiguración dolorosa, pero necesaria”

Para Miranda, lo que está en disputa no es solo una elección presidencial, sino el futuro del campo popular en Bolivia. “Seguramente a partir de esta coyuntura se podrán generar alternativas y liderazgos nuevos. La cuestión será salir a marchar no por Evo, sino por las ollas, por el alimento de las familias, por los territorios y contra el saqueo del Estado que ya comenzó”.

“Sabemos que la derecha está esperando la oportunidad para volver, pero no se puede seguir culpando únicamente a los sectores conservadores. El problema central es que el MAS y sus liderazgos destruyeron por dentro el proyecto político que representaban. Ahora, lo urgente será pensar cómo se organiza la resistencia sin tutelaje, sin verticalismos, y con una apuesta real por las demandas populares”.

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Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el país atraviesa un proceso vertiginoso de desmantelamiento del Estado y en paralelo una crisis económica, institucional y social de gran magnitud. En menos de dos años, su gestión impulsó un programa de ajuste feroz con recortes drásticos en áreas clave como educación, salud, desarrollo social, cultura y ciencia. Bajo la consigna de combatir lo que denomina “la casta política” y reducir el llamado “gasto público”, las políticas de Milei provocaron un desplome del poder adquisitivo, un aumento acelerado de la pobreza y una paralización de la economía real que golpea particularmente a los sectores populares y a las clases medias.

A la par del ajuste económico, el gobierno desplegó una estrategia de confrontación directa contra múltiples actores sociales: trabajadorxs de prensa e integrantes de sindicatos, movimientos de feministas, cooperativas y partidos políticos de oposición. La criminalización de la protesta se convirtió en la nueva norma, así como las detenciones arbitrarias, la represión violenta en manifestaciones. El armado de causas judiciales hoy busca disciplinar a quienes se manifiestan. Mientras, el presidente ataca públicamente a periodistas, intelectuales y activistas con una retórica que niega derechos fundamentales y reproduce discursos de odio con un tono abiertamente misógino, sionista, antiderechos y autoritario.

Pero la violencia durante el gobierno de Milei no es solo simbólica: el 6 de mayo de 2024, cinco lesbianas fueron quemadas vivas mientras dormían y cuatro de ellas murieron. El supuesto agresor, Juan Barrientos fue un vecino que las insultaba sistemáticamente por su orientación sexual. El triple crimen de Barracas estremeció a la comunidad y fue un antes y un después para la sociedad argentina, ya que fue entendido como una consecuencia directa de la crueldad y el clima de desinformación, discriminación y agitación promovido por el Estado. Por eso, frente a este panorama, las calles argentinas comenzaron a convertirse en el escenario de una resistencia que es transversal pero con un fuerte componente feminista y LGBTIQ+.

Al 1 de febrero antifascista le siguieron movilizaciones masivas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 3 de junio, en el décimo aniversario del Ni Una Menos, cuando feminismos, sindicatos y movimientos sociales ocuparon el espacio público para rechazar el avance represivo y defender los lazos de solidaridad construidos tras cuatro décadas de recuperación democrática en el país. Y solo en junio, otra de las protestas más multitudinarias sacudió al gobierno, la que tuvo lugar tras el intento de proscripción de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que reactivó una fuerte defensa frente al uso del aparato judicial con fines persecutorios.

Ante este escenario, las respuestas organizadas no se limitaron a la ciudad de Buenos Aires. En distintas provincias —de Catamarca a Córdoba, de Río Negro a Chaco— se multiplican las expresiones de resistencia: gremios, organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas barriales se mantienen en estado de alerta. 

Mientras tanto, en la capital, cada miércoles, frente al Congreso Nacional, se realiza una marcha encabezada por jubilados, acompañados por trabajadores de la salud, de la educación y referentes feministas. Esa imagen, repetida semana tras semana, se ha convertido en un símbolo del presente argentino: en medio de los recortes, la represión y el abandono estatal, la población toma las calles para defender lo común y organizar la esperanza.

La violencia política contra las mujeres avanza 

“Este gobierno es profundamente antifeminista. Se encargó de desarmar todas las políticas que nos beneficiaban y amenaza con tirar atrás las leyes más importantes que conseguimos”, advierte a Truthdig, Victoria Tesoriero, socióloga y exsubsecretaria de Asuntos Políticos de la Nación. Fundadora de la organización feminista Proyecto Generar, es una de las primeras que comenzó a sensibilizar y medir la violencia política patriarcal sobre activistas de los partidos políticos. 

“Este ataque tiene que ver con varias cuestiones: por un lado, el potencial de cambio del feminismo que es el único movimiento que se masificó y creció exponencialmente en los últimos años con capacidad de movilización y de instalación de su agenda; pero también, porque las mujeres somos las más perjudicadas por el modelo económico que impulsa el gobierno”, agregó.

“Este gobierno es profundamente antifeminista.”

En el informe “De lo personal a lo colectivo. Una radiografía de la violencia política en Argentina”, el equipo de trabajo de Tesoriero retrató que “siete de cada 10 entrevistadas dijo sufrir o haber sufrido violencia política” y advirtió que estos resultados atentan contra el ejercicio de los derechos de participación y de representación de mujeres y LGBTQI+. Se realizó en 2021, por lo que resultó una evidencia de que cuando se restringe el acceso de esta población, lo que se deteriora es el sistema democrático. “Hoy se perpetúan discursos de odio en el presidente mismo, en foros internacionales y en diferentes espacios”, reflexionó la socióloga. “Este odio es planificado, financiado por un esquema de ONGs que perpetúan estos discursos de discriminación y tratan de deslegitimar a nuestro movimiento feminista”. 

Tesoriero sostuvo que “enfrentamos una contraofensiva conservadora” y agregó que “la persecución y el aumento de la violencia contra mujeres políticas, especialmente a la figura de Cristina, tiene que ver con que es la representante más importante de la oposición a este gobierno. En la semana en que anunció que iba a ser candidata fue inmediatamente encarcelada”. La persecución judicial y política contra la expresidenta, contra militantes cercanas a su partido y los ataques del propio presidente a periodistas feministas como Julia Mengolini o María O’Donnell evidencian este escenario. Entretanto, los sectores sociales más vulnerables —particularmente las mujeres, las juventudes y los jubilados— enfrentan las consecuencias del ajuste, pero también se organizan: sostienen redes comunitarias, cuidan, resisten y defienden los derechos conquistados. 

El estilo confrontativo de Milei no es un fenómeno aislado. Su discurso y su lógica de poder encuentran fuertes paralelismos con figuras como Donald Trump, con quien el presidente argentino no ha ocultado su afinidad. Mientras Milei ataca de forma directa a periodistas, nombrándolxs y ridiculizándolxs en redes sociales y actos oficiales, Trump lo ha hecho de manera más generalizada contra los medios de comunicación demócratas, a los que ha tildado sistemáticamente de “enemigos del pueblo”. Ambos líderes alimentan una narrativa que busca desacreditar cualquier voz crítica y legitimar un clima de hostilidad y violencia hacia quienes ejercen la libertad de expresión.

Sindicalismo en pie

Para lxs trabajadorxs estatales, estos años bajo el gobierno de Javier Milei han significado no solo un avance del ajuste presupuestario, sino también una ofensiva directa sobre su existencia como sujetos políticos. “Somos blanco específico del ataque de este gobierno que llegó diciendo que era el topo que iba a destruir el Estado desde adentro”, advierte Clarisa Gambera, dirigente sindical de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y referente feminista. En ese escenario hostil, la respuesta fue doble: resistir en las calles, pero también sostener emocional y colectivamente a quienes se encuentran bajo amenaza constante.

La ofensiva gubernamental se expresó en despidos masivos —incluso de personas que ingresaron por cupos de inclusión laboral para identidades trans y no binarias, violando normativas vigentes— en prácticas persecutorias como exámenes arbitrarios para validar idoneidad laboral y en la estigmatización sistemática del empleo público. Frente a esto, los sindicatos impulsaron estrategias jurídicas, presentaron cautelares, acompañaron a las personas despedidas y construyeron espacios de cuidado mutuo. “Fortalecimos la agenda feminista porque no estamos dispuestas a soltarla y porque nuestras formas de hacer política son más amorosas y permiten acompañar la angustia de este tiempo”, explica Gambera.

Esa angustia tiene cifras: según la Encuesta Nacional sobre Violencias y Políticas en contexto de ajuste impulsada por ATE en 2025, el 43% de las personas encuestadas declaró consumir medicamentos para gestionar el estrés o síntomas físicos vinculados a la situación socioeconómica y laboral actual.

Pese al desgaste, la experiencia organizativa se profundiza. Espacios como la Intersindical Feminista resultaron fundamentales para articular con otros sectores y sostener una respuesta común. La marcha antifascista del 1 de febrero, por ejemplo, fue impulsada por agrupaciones de distinto origen y representó un límite claro frente a la violencia gubernamental. “Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva”, señala Gambera. En esa línea, el último 3 de junio (Ni Una Menos) también se amplió el espacio de asamblea para incorporar a sectores como los jubilados, en una consigna que hoy sintetiza el momento histórico.

Frente al aumento de la violencia política, las sindicalistas feministas también se organizan para dar respuesta. Tras la detención de Kirchner en junio, se expresaron en una asamblea unitaria con referentes políticas para denunciar el atropello a la democracia. Y hoy, ante la judicialización de militantes por participar en protestas, continúan en alerta. “Son nuestras compañeras las que están detenidas”, subraya Gambera. Y con ellas, también está en disputa la libertad de todas.

Salud en peligro: la lucha por el Garrahan y el derecho a cuidar

Entre las luchas más sostenidas y representativas se encuentra la del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico público del país, cuyxs trabajadorxs protagonizan desde hace meses una batalla ejemplar por la defensa de la salud pública y de sus condiciones laborales. Frente al congelamiento del presupuesto 2025 —que mantiene el mismo monto nominal del año anterior, pese a una inflación acumulada que supera el 117%—, el hospital sufre un vaciamiento progresivo que impacta tanto en los insumos como en los salarios. El deterioro no es abstracto: en lo que va del año, más de 220 profesionales han renunciado ante la imposibilidad de sostener sus tareas en condiciones dignas.

“Estamos ante un gobierno que nos declaró la guerra y eso nos obligó a acelerar procesos de unidad defensiva.”

La situación es especialmente alarmante si se considera el rol estratégico del Garrahan en el sistema de salud argentino: es el hospital de referencia para niñxs con enfermedades complejas de todo el país. Familias enteras viajan desde las provincias más alejadas para recibir tratamientos y cirugías que no pueden realizarse en sus lugares de origen. El desfinanciamiento del hospital, por tanto, no solo afecta a su personal, sino también a miles de pacientes pediátricos cuya vida y bienestar dependen del acceso a una atención de alta complejidad, gratuita y de calidad.

La respuesta del personal ha sido contundente y creativa: paros escalonados, bicicleteadas, festivales abiertos a la comunidad, abrazos simbólicos y una convocatoria nacional para marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna de defender el Garrahan, el Posadas y toda la red de salud pública. Con el acompañamiento de figuras del mundo cultural y una fuerte articulación multisectorial, lxs trabajadorxs del Garrahan insisten en que no defienden solo sus sueldos o sus puestos de trabajo, sino el derecho de toda la sociedad —y en especial de las infancias— a una atención médica de calidad. “Cuando atacaron la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por los hospitales. Nos atacan a todos”, señalan en sus acciones de visibilización.

En este entramado de resistencias, donde se cruzan las luchas sindicales, feministas, territoriales y jubiladas, se expresa una disputa de sentido que va más allá de los números del déficit: se pelea por el presente y el futuro, por el derecho a vivir, a cuidar y a ser cuidados. Y aunque el gobierno persista en su narrativa de “equilibrio fiscal” a costa de la vida, en las calles argentinas se sigue ensayando otra política: la de los vínculos, la dignidad y la persistencia.

Lxs jubiladxs, nueva “casta” del ajuste

Durante su campaña presidencial, Javier Milei prometió terminar con los privilegios de “la casta política”. Sin embargo, en la práctica, quienes están cargando con el peso del ajuste fiscal no son lxs funcionarixs ni los grandes empresarios, sino los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, lxs jubiladxs ocupan un lugar central. En nombre del “equilibrio de las cuentas públicas”, el gobierno ha recortado ingresos, eliminado medicamentos esenciales, y desmantelado políticas de protección para las personas mayores, convirtiéndolas en variable de ajuste de su programa económico.

En julio de 2025, el Congreso argentino aprobó una ley para recomponer parcialmente los haberes jubilatorios: un aumento del 7,2%, que representa apenas US$20, y la elevación del bono mensual de emergencia de 70.000 a 110.000 pesos (aproximadamente US$92), con actualización automática por inflación. Hoy, incluso con el bono incluido, la gran mayoría de lxs jubiladxs no percibe más de 379.000 pesos mensuales, es decir, unos US$320 al tipo de cambio oficial. Pero lejos de celebrar la medida, el presidente Milei la definió como “un acto de desesperación” por parte de la clase política, anunció que vetará la ley, y amenazó con judicializarla si su veto es rechazado. El argumento: ese aumento “rompe el equilibrio fiscal”. Para el gobierno, garantizar que un jubilado no caiga por debajo de la línea de indigencia representaría una amenaza mayor que mantenerlo en la pobreza.

Frente a este escenario, surgieron reacciones espontáneas y organizadas en todo el país. Una de ellas tuvo lugar en Catamarca, cuando tres militantes históricos —sobrevivientes de la represión de los años setenta— salieron a la plaza con un cartel de repudio tras conocerse el veto a un aumento anterior de apenas 17.000 pesos. Entre ellos estaba Emperatriz “Monena” Márquez, ex presa política y defensora de los derechos humanos. “Era como un caramelo por día”, recuerda a Truthdig, indignada. Esa pequeña acción fue grabada por una joven que pasaba por el lugar. El video se viralizó y fue el inicio de una movilización que hoy continúa cada semana en diversas provincias, en articulación con otras luchas populares.

Para Márquez, la lucha actual no es solo por los derechos de quienes hoy cobran una jubilación, sino también por las generaciones futuras: “Luchamos por nosotros y por los que vendrán”. Señala con claridad cómo el retroceso actual afecta sobre todo a quienes trabajaron en condiciones precarias: amas de casa, trabajadores rurales, personas que no pudieron hacer aportes regulares. La eliminación de la moratoria previsional significa para muchas de ellas quedar completamente fuera del sistema.

Más allá del impacto económico, Márquez destaca la dimensión política y simbólica del vaciamiento estatal: “Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra. Nos considera una carga, un descarte”. Sin embargo, subraya también el papel activo del colectivo jubilado: lejos de la imagen pasiva o resignada, muchas personas mayores siguen participando, organizando, proponiendo. 

“Queremos seguir viviendo con dignidad, tener una vida plena, y también una muerte digna. Por eso luchamos”, afirma. Entre sus demandas están el acceso real a medicamentos, el fortalecimiento del PAMI (obra social de jubilados), la devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a la seguridad social, y el desarrollo de viviendas colectivas para personas mayores en situación de soledad o vulnerabilidad.

La economía del despojo: cuando el ajuste se dirige contra la vida

El modelo impulsado por Milei no puede entenderse sólo como un programa de ajuste. Es, sobre todo, una reacción política al avance de los feminismos y a los derechos conquistados en la última década. La economista Candelaria Botto lo plantea con claridad: “El surgimiento y crecimiento de Milei en la Argentina se da en oposición a la marea feminista, a los movimientos feministas. Él se presenta por primera vez en 2021 como reacción justamente a todo el crecimiento que tenían los movimientos feministas y también a un gobierno que tenía, al menos en la narrativa, un discurso feminista o de inclusión. Se sustenta sobre eso”. En ese marco, no sorprende que una de las primeras decisiones de su gobierno haya sido desmantelar las políticas de género y eliminar los organismos institucionales que las sostenían.

Sin embargo, Botto subraya que este vaciamiento no se limita a la cuestión de género: “Su modelo económico es un modelo de reducción en los servicios públicos, de empeoramiento en la calidad y en la cantidad de servicios relacionados a la salud, al mundo de la educación —sobre todo las universidades— y también a las jubilaciones, en el sentido de licuar e incluso de eliminar la moratoria para nuevos jubilados y jubiladas”. 

Este rediseño del Estado no tiene como objetivo reducir el déficit, sino reorientar el gasto: “No quiero decir un sesgo de ajuste fiscal, porque no es solo eso. Estamos en un año donde se achican estas prestaciones públicas pero crece el pago en intereses de la deuda. Entonces, no es simplemente achicar el gasto público sino reorientarlo, donde los servicios públicos quedan obviamente como los primeros recortados”.

“Este gobierno no reconoce ninguno de nuestros derechos; directamente los borra.”

En esta lógica, el bienestar colectivo deja de ser una prioridad. El acceso a la salud, a la educación y a una vejez digna se convierte en un privilegio, mientras los recursos del Estado se destinan a garantizar ganancias financieras y a sostener privilegios de los sectores más ricos. En este punto, la economista señala un rasgo que Milei comparte con otros gobiernos de extrema derecha: “Comparten una agenda que tiene que ver con la reducción de los impuestos a los ultra ricos, a las personas con más ingresos. En Argentina se dio con esta baja de Bienes Personales y en Estados Unidos también avanza con este tipo de iniciativas”.

Las diferencias entre Milei y Donald Trump en materia de política exterior son evidentes: “Trump tiene una visión mucho más proteccionista que la de Milei, que es una suerte de revival del Consenso de Washington de los 90”, afirma Botto. Sin embargo, más allá de los matices, ambos expresan un mismo proyecto: el debilitamiento de lo público, la deslegitimación de los derechos colectivos y una narrativa que culpa a los sectores más vulnerables —mujeres, jubilados, migrantes, pobres— de las crisis estructurales.

Frente a un gobierno que promueve el despojo como política de Estado, las calles argentinas vuelven a ser territorio de disputa y de construcción. En los cuerpos que marchan, en los hospitales que resisten, en las plazas tomadas por jubilados, docentes, trabajadoras y estudiantes, se expresa una voluntad colectiva que no se resigna. No hay épica en la miseria ni virtud en el sufrimiento: lo que está en juego es la posibilidad misma de vivir con dignidad. Y en esa lucha, que no empieza ni termina hoy, se traman vínculos, se recupera la memoria, y se defiende lo que aún no ha sido vencido. Porque mientras existan quienes resisten, también seguirá existiendo futuro.

Como afirma la sindicalista Gambera: “unir las luchas es la tarea”. Y esa tarea ya está en marcha, articulando generaciones, territorios y demandas diversas que convergen en la defensa de lo común. En esa línea, Márquez, ex presa política y referente de derechos humanos, lo resume con claridad: “Nuestra lucha es también por todos aquellos que un día serán jubilados. Porque estos derechos han costado vidas. Ningún derecho se ha conseguido sin pelea”. En sus palabras, y en los cuerpos que no se rinden, se cifra la promesa de un porvenir más justo.

* Nota publicada originalmente en Truthdig.com

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Por Carla Perelló, desde Rio de Janeiro.

“La bipolaridad nos está matando”, sostuvo en entrevista con Marcha Noticias la académica coordinadora del think tank BRICS Policy Centre, María Elena Rodríguez. En medio de la fuerte crisis geopolítica sistémica que atraviesa el mundo, Fernández analizó el rechazo del gobierno de Argentina a cargo del ultraderechista Javier Milei y su impacto en América Latina. En esa línea, la académica destacó que las propuestas que traen los países que conforman el bloque de los BRICS -que por primera vez se reunió en su versión ampliada durante una semana en Rio de Janeiro para finalizar con la XVII Cumbre de mandatarios- buscan modificar la gobernanza global construida después de la Segunda Guerra Mundial, así generar condiciones de mayor equidad para el crecimiento de los países desde una perspectiva sustentable.

Fernández es profesora de la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, doctora en Sociología por el IESP-UERJ, es abogada por la Universidad de Antioquia y tiene una larga trayectoria en trabajos en Colombia y Brasil en temas como derechos sociales, humanos, constitucionales, acceso a la justicia y activismo judicial, entre otros.

En esta entrevista con Marcha Noticias, hizo un recorrido sobre los términos en los que se da la disputa global en donde el bloque de los BRICS se coloca como contrapeso del G20 y del G7, en donde se reúnen los países más poderosos del planeta, y como una alternativa a la iniciativa de los Estados Unidos de Donald Trump, que intenta instalar un sistema unilateral hegemónico echando por tierra la arquitectura global construida después de la Segunda Guerra Mundial. 

Los BRICS nacieron en 2009 formalmente y, desde el año pasado, aumentaron en cantidad de miembros permanentes y de socios consolidando un bloque que reúne el 39% del PBI del mundo y la mitad de la población mundial. Los socios permanentes son: Brasil, Rusia, India, China, África do Sul, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emirados Árabes Unidos e Indonesia. Mientras que sus socios son: Bielarusia, Bolivia, Kazajstán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia, Nigeria y Uzbequistán.

– ¿Cómo definiría al bloque BRICS y cuál es la importancia de la participación de América Latina en este bloque? 

Creo que en las últimas discusiones de BRICS el concepto de Sur Global quedó bien fuerte y más en este contexto internacional que estamos viviendo hoy. O sea, queriéndolo o no, la posición de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump trae de alguna manera el fortalecimiento de los BRICS al amenazarlos con la imposición de tarifas a quienes tengan “políticas antiestadounidenses”. Mismo que no quiera, provocó que los países del Sur Global se sientan más fuertes, con un posicionamiento más cohesionado y más consolidado. En ese sentido, pienso que la participación de América Latina es fundamental, porque nosotros estamos en una posición bien estratégica teniendo a Estados Unidos aquí de ladito al tiempo que vuelven a traer esa idea de recuperar su “patio trasero”, como se ha dicho desde que Trump asumió. Entonces, una posición consolidada, integrada de la región es fundamental para pensar no simplemente en cuestiones geopolíticas, sino también en cuestiones económicas para enfrentar las desigualdades que estamos viviendo o para pensar los modelos de desarrollo. 

Argentina es uno de los países justamente que iba a entrar al bloque, incluso fue una apuesta del mismo Lula, pero el gobierno de Javier Milei decidió desistir del ingreso. ¿Por qué es importante para los BRICS la participación de Argentina y para Argentina estar en los BRICS? 

Bueno, Brasil no quería estar solo. Si vemos todos los continentes, ninguno está solo. (Participar del bloque) daría mucha más fuerza para la posición de América Latina. Brasil ya es un gigante por sí mismo y creo que tiene que tener mucho cuidado de no ser el representante de América Latina, no es la voz de América Latina, porque hay muchas diversidades en la región. Entonces, esa idea de conformar los BRICS con otros socios era un poco eso, mostrar que hay diferentes voces de América Latina más o menos articuladas en un propósito más global. Lamentablemente no pasó. Me parece que es un déficit para Argentina, es una falla para el país porque tiene muchas posibilidades de cooperación y muchas posibilidades de intercambio y BRICS sólo tiende a crecer. Ahí, me atrevo a decir que Milei tiene una lectura equivocada, porque no es un bloque antioccidental. Nadie está contra Estados Unidos. No se quiere ser contrario a Estados Unidos. Los BRICS mostraron una maduración, que está mostrando su posicionamiento, que no es una contraposición a algo, sino que traen un modelo propio para construir. No es un bloque occidental, no es confrontacional. Esas lecturas geopolíticas como la de Milei, con la crisis de las instituciones de después de la Segunda Guerra Mundial, nos colocan a veces en la misma discusión de la Guerra Fría y creo que esa bipolaridad nos está matando. La misma actitud de Trump de amenazar con la imposición del 10% de las tarifas, es decir eso mismo: están allá o están aquí y yo creo que el mundo es más que eso. Esa bipolaridad supuestamente acabó en 1989, pero todavía nos empujan un poco hacia ese lado. El mundo es multipolar y el mundo es multilateral. Esa lectura hace daño y creo que fue la que tuvo Milei, que hizo perder una oportunidad de mayor integración.

Dijo que Brasil no quiere estar solo, da la sensación de que ese escollo fue sorteado con la institucionalización del Consejo Civil y Popular, en donde participaron representantes de países que no están en el bloque, como Colombia (recientemente integrada al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS) y Venezuela (vetada por Brasil el año pasado luego de las elecciones, lo que generó una crisis diplomática entre ambos países). En el Consejo, incluso, hubo un pedido y un reclamo por parte de las organizaciones por Venezuela. 

Eso tiene un contexto político que es importante. También participé del Foro Civil y Popular, que nació en Rusia, no fue una iniciativa de Brasil. Fueron tres organizaciones que obviamente tienen una determinada tendencia ideológica y por eso traen esa reivindicación. Pero me parece importante contar con un espacio así, de hecho, ya era una reivindicación desde 2012 y, en 2014, cuando se hizo aquí el primer BRICS. Fue una discusión enorme y las organizaciones habían hecho propuestas para el Gobierno brasileño. Ese empujón de Rusia fue interesante. De todas maneras, es una participación muy mediada y muy indirecta. Tal vez lo más interesante, es efectivamente que algunos países realmente entren. Aquí están de invitados, está Chile, Colombia, Uruguay, México y sé que Brasil hizo tratativas para que Chile presentara una solicitud para ingresar, Colombia también. En ese momento tal vez las cuestiones políticas internas no estaban mucho para eso, pero creo que es una es una bandera de Brasil que se amplíe y que los países latinoamericanos efectivamente hagan parte. No solamente como socios, como Bolivia y Cuba, sino como miembros permanentes.

Además, en paralelo, se realizaron el Foro Económico y el de las Mujeres, en donde también participaron instituciones y líderes que no necesariamente hacen parte del bloque. Pareciera que hay una intención ahí de que exista participación más allá de los gobiernos.

Y es que una cosa son los gobiernos y, otra, las sociedades, las personas, que también hacen a las instituciones de alguna forma, que presionan y que hacen recomendaciones y que participan. Una de las cosas que discutimos siempre es que los BRICS no son los gobiernos. Lo que necesitamos en los BRICS es articulación, participación y cooperación de todos, de los ciudadanos, de las poblaciones. Detrás de ello, hay mucho trabajo porque nuestra articulación. Por ejemplo, yo coordinó el BRICS Policy Center y ahí el intercambio que tenemos con todos los países es inmenso. Antes no existía algo así con Etiopía, con Egipto, obviamente es más desde el punto de vista académico y de una forma bastante periférica, pero desde el punto de vista de las organizaciones, de los movimientos, de las personas encontrándose, eso es importante. Eso es lo que dá una verdadera integración, no simplemente las decisiones de los presidentes y de los ejecutivos. Eso que nos va a dar de verdad carne en ese proceso de integración.

Se refirió a una posición estratégica de la región respecto a Estados Unidos, pero China también aparece en la disputa y es parte de los BRICS, ¿cómo debemos entender esa participación? 

En ese sentido es que tenemos un desafío enorme con los BRICS porque la centralidad de China es bastante grande. Una de las cosas que siempre estoy diciendo es que no podemos salir de una dependencia para otra. Vos ves los países de BRICS y casi todos dependemos económicamente de China, es el primer socio comercial de casi todos los países. Los chinos dicen que es win-win, pero ese win-win a veces no es tan beneficioso para todos, sino que nos lleva a una reproducción de un modelo que ya vivimos hace mucho tiempo: somos productores de materias primas y China es nuestro socio tecnológico. A eso creo que hay que darle una vueltica. Lo que me llamó la atención de la última declaración de Lula (N de R: la que hizo en la apertura de la sesión de Ambiente, COP30 y salud global) fueron dos cosas: fue muy claro diciendo que no somos más países que vamos a sólo exportar recursos naturales, creo que eso es muy importante. Y, segundo, que la transferencia tecnológica va a ser fundamental. Esa es una agenda, al menos interna de Brasil, muy grande. Hay cuestiones estratégicas como minerales críticos y el litio, que tenemos los países del bloque, que van para China y eso es lo que tenemos que ir cambiando, la reproducción del modelo de la fuerza internacional de trabajo, de los que tienen recursos y los que tienen la tecnología y los que tienen la industria. Creo que es un objetivo fundamental. 

En ese discurso, Lula también se refirió a un nuevo paradigma de desarrollo como respuesta a la crisis sistémica global, ¿es posible ya empezar a visualizar algunas características de esa construcción que se está llevando adelante? 

Ese punto me pareció interesante porque hasta ahora no se había dicho tan claro. Sabemos que tenemos una crisis sistémica, una policrisis o el término que queramos usar, pero llegamos a un punto crítico. Y vuelvo a lo de Trump: quedó en evidencia que efectivamente ese modelo moldeado por ese norte global, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, no está funcionando y hay que tener cambios radicales. Las normas de ese modelo liberal, como se planteó, ya no dan cuenta. En esa línea, los BRICS fueron muy asertivos desde el comienzo en esa propuesta para la mayor participación en la gobernanza global, de proponer pensar un nuevo multilateralismo. Es imposible que países como India, Indonesia o Brasil no participen de las decisiones globales. Sobre todo, porque esos mecanismos se paralizaron y están paralizando el mundo. Quedamos en suspenso. La Organización Mundial del Comercio no funciona desde 2001, el Consejo de Seguridad es una tragedia y muchas otras organizaciones de Naciones Unidas no funcionan simplemente porque tienen el poder hegemónico de un “soberano” que decide que no está a favor de ellas y quiere cambiar las reglas de juego solito. Entonces, eso está mostrando realmente la crisis y, lo cierto, es que ya no era más tiempo de esperar y de sólo hacer discursos bonitos y una cosa simbólica. Ahora, un nuevo modelo hay que pensarlo, porque insisto: no podemos pasar de una hegemonía para otra, porque no es ese el tránsito que queremos y espero que ellos no lo estén pensando así. Me imagino que no. 

Lo que proponen parece una combinación con lo ya construido, porque plantean recuperar las instituciones que fueron creadas….

Exacto. Es un “vamos a recuperar, que renazca ese multilateralismo con unas nuevas bases”. Pero efectivamente hay que hacer muchos cambios también, porque la asimetría dentro de BRICS es fundamental. Eso hay que verlo. Hay que trabajarlo y no sé hasta qué punto también las hegemonías dentro de los BRICS están dispuestos a esos cambios, pero creo que es un proceso. Ahí creo que hay un acomodamiento, digamos, de lo que entendemos y de lo que puede ser BRICS, porque de alguna manera hay un fortalecimiento de ese grupo. Una cosa que me llamó la atención es que el consenso se dio a pesar de las heterogeneidades. Claro que no coincidimos en puntos muy críticos, pero al menos los puntos fundamentales llegamos a un consenso. 

Otro punto que se puede destacar del último discurso de Lula antes de la conferencia de prensa de cierre es que trajo los derechos humanos y se refirió a los derechos sexuales y reproductivos, esta última una agenda que no suele abordar…

Fue muy interesante y una sorpresa porque trajo una cosa que no es banal, que es derechos sexuales y reproductivos, que es una agenda muy cara para Brasil. Obviamente, tuvo consenso, porque eso fue discutido meses y meses y meses más allá de las interpretaciones que pueda hacer cada país después. Pero traer ese tema de la igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos, me pareció interesante e innovador.

Brasil sigue al frente de la presidencia hasta fin de año, el año que viene pasará a India, ¿qué podemos esperar a partir de lo visto y consensuado en esta Cumbre?

India tiene algunas agendas importantes, en algunas cosas son parecidas con Brasil, como el tema de la desigualdad y de salud. India es una potencia en salud, en vacunas, en genéricos y patentes y eso ha sido muy importante. Entonces, creo que esas agendas van a continuar. Lo que me parece que es un interrogante es geopolíticamente cómo va a ser. India también es equilibrado como Brasil, sólo que va un poco más para el otro lado porque tiene relaciones muy fuertes con Estados Unidos y Francia… hace parte de un grupo que se llama Quad (o Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) en el que están Australia, Japón y Estados Unidos que se articulan para contener China en la región. Habrá que ver cómo se va a equilibrar en ese caso, porque la relación con China no es buena y (el primer ministro hindú, Narendra) Modi no es el más democrático que tengamos, pero no sé si esos consensos que salieron ahora pueden ser un norte para esa discusión. Por lo menos son un antecedente.

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Por Florencia Pagola

Yamandú Orsi, un docente de secundaria de 57 años, se convierte en el noveno presidente electo de Uruguay después del retorno a la democracia, tras 12 años de dictadura cívico-militar (1973-1985), que formó parte de la Operación Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por gobiernos de Estados Unidos. La asunción de Orsi marca un hito significativo: 40 años de democracia ininterrumpida, el periodo más largo de estabilidad política que el país ha experimentado. En este contexto, la toma de posesión se convierte en una celebración de la fortaleza democrática que ha permitido que Uruguay sea considerado uno de los países más democráticos en la región.

Durante el recorrido presidencial desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia, un evento simbólico resaltó la conmemoración del pasado reciente del país. Por primera vez, tanto Orsi como la nueva vicepresidenta Carolina Cosse se detuvieron para saludar a los familiares de los desaparecidos durante la dictadura, encabezados por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos. Este gesto de cercanía es un recordatorio de la deuda histórica que aún persiste en Uruguay con aquellos que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, y subraya el compromiso del gobierno entrante con la justicia y la memoria histórica.

Un detalle que marcó la asunción de Orsi fue el uso, por primera vez en la historia, de un automóvil eléctrico para el traslado presidencial. Orsi y Cosse se desplazaron en un Hyundai Ioniq 5, un modelo eléctrico que simboliza la apuesta del nuevo gobierno por continuar y profundizar las políticas de movilidad sostenible, basadas en energías renovables. Este gesto va en línea con los esfuerzos previos de Uruguay para liderar la transición energética en la región, un área en la que el país ha sido pionero gracias a su modelo de energías limpias.

La víspera de la asunción presidencial fue escenario de un encuentro trascendental para los liderazgos progresistas de América Latina. En la residencia del embajador brasileño en Montevideo, se celebró una cumbre de alto nivel entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, y Orsi. Esta reunión reflejó el esfuerzo por consolidar la unidad de las fuerzas progresistas de la región, buscando caminos comunes para fortalecer la democracia y enfrentar los retos que plantean los gobiernos de corte reaccionario que han ido ganando terreno a nivel global. La cumbre destacó la voluntad de estos líderes de fortalecer la cooperación regional en momentos de creciente polarización política.

A pesar de los avances democráticos, aún persisten desafíos en términos de igualdad de género. En el parlamento uruguayo, la representación femenina sigue siendo insuficiente, con solo un 29% de participación en las Cámaras. No obstante, la elección de Carolina Cosse como vicepresidenta es un paso significativo en la historia del país. Es la segunda vez que una mujer asume este cargo, luego de la vicepresidencia de Beatriz Argimón. Aunque la paridad total aún no se ha logrado, el ascenso de Cosse es un hito en la política uruguaya y un recordatorio de que, aún en las democracias más avanzadas, la representación política plena de las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente.

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Por Maru Waldhüter

Faltan tres días para los comicios y la moneda todavía gira en el aire. Con pronósticos muy reservados en materia estadística las consultoras no arriesgan ninguna tendencia para ninguno de los dos lados. Por el momento, se habla de un empate técnico con distancias muy estrechas entre la actual vicepresidenta y candidata por el partido demócrata, Kamala Harris, y el ultraderechista Donald Trump. La atención está puesta sobre siete estados oscilantes, conocidos como “swing states”, caracterizados así por alternar su voto entre ambos partidos en las últimas elecciones. A esto, se suma otro elemento de tensión que es el sistema electoral de Estados Unidos ya que, no es el voto popular directo el que define quién ingresará a la Casa Blanca, sino el Colegio Electoral. De hecho, se puede ganar la elección por mayoría en el voto popular y perderla si el candidato no alcanza los 270 votos en el Colegio Electoral compuesto por 583 representantes. En estos siete estados péndulo, la disputa es por el estado de Pensilvania que cuenta con la mayor cantidad de representantes en el Colegio Electoral. 

El historiador, investigador del CONICET y autor de “Nuestra América frente a la doctrina Monroe. 200 años de disputas”, Leandro Morgenfeld, conversó con Marcha para analizar el escenario político de Estados Unidos y cuál podría ser el impacto de los resultados electorales en América Latina.

Hace pocos días, aún con  estos números en las encuestas, arriesgaste que: “Kamala Harris gana finalmente Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Trump gana Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Arizona. Kamala termina ganando el Colegio Electoral 270 a 268. Trump denuncia fraude”. ¿Cuáles son las claves de esta “predicción”?

Hay siete estados que van a definir las elecciones, en el resto está prácticamente definido quién gana. En esos estados oscilantes, los “swing states”, estaban repartidos hace tres semanas mitad para cada uno y empatado Pensilvania. Todos los días hay encuestas distintas, pero los promedios dan una leve ventaja a Trump en estos siete estados. Así que, la mayor parte de la gente cree que lo más probable es que Trump sea el próximo presidente.

Yo afirmé eso en Twitter porque hay una luz de posibilidad, en función de lo que está pasando con el cambio en la votación de los hombres blancos y el cambio en la votación de las minorías. Trump podría ganar en los cuatro estados en disputa en el Cinturón del Sol (Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte), y en los tres estados oscilantes del Cinturón del Óxido (Pensilvania, Michigan y Wisconsin) la diferencia es a favor de Trump pero con menos de 0,5%, hay un empate técnico que está dentro del margen de error de las encuestas. A Trump le está yendo mejor con las minorías, paradójica y aparentemente, y a Kamala le estaría yendo mejor con la votación de los blancos. Entonces hay una luz de posibilidad de que ocurra que en esos tres estados gane Kamala Harris, con lo cual, quedaría casi empatado el Colegio Electoral, pero con dos electores más para Harris. Es una posibilidad, por supuesto, el estado clave es Pensilvania, si Trump logra ganar Pensilvania que hoy está 0,5 puntos arriba se queda con el Colegio Electoral. 

A este claro bipartidismo y la polarización social se suma la crisis interna que se viene acumulando en Estados Unidos ¿Trump está leyendo esa polarización y decide profundizarla como estrategia frente a Kamala Harris que viene con una agenda más cerca de los derechos civiles?

Trump fue muy hábil hace 8 años en detectar ese descontento social y que ese descontento social no fuera contra el 1% la clase dominante que gobierna contra el otro 99%. Es decir, que no fuera en contra del sector de la clase capitalista más concentrada del cual él es parte. Entonces construyó la idea de que hay una élite, sobre todo en Washington y en las grandes ciudades, que representa al capital globalizado transnacional, financiero que apoya la agenda de la cultura progresista a la que había que atacar, al igual que a los inmigrantes sobre todo latinos, estigmatizándolos y señalándolos como los culpables de la inseguridad, de la pérdida de trabajo, y del proceso de transformación demográfica y social en Estados Unidos. Atacó aquello que Nancy Fraser denominó el neoliberalismo progresista que se expresó en 2016 en la candidatura de Hillary Clinton. Trump sigue utilizando esa estrategia de estigmatizar lo que ellos llaman la “agenda woke”, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, los derechos por los que lucha el feminismo, los derechos civiles, de las minorías, de afrodescendientes, de la población LGTBIQ+, de los pueblos originarios, de la lucha contra el cambio climático, de los derechos reproductivos. Recordemos que Trump designó tres jueces ulraconservadores que voltearon el fallo histórico de la Corte de 1973 que avalaba la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Eso que inauguró en 2016, y que fue un faro para las ultraderechas en todo el mundo, es lo que está replicando en esta elección, profundizar todas las grietas y tener una campaña muy agresiva. Incluso, está diciendo cosas que en otro momento hubieran sido intolerables en la política norteamericana, desde insultos a su contrincante política como lo que escuchamos el domingo en el acto en el Madison Square Garden donde hubo también, expresiones violentamente xenófobas y racistas contra los puertorriqueños. Trump no apunta a ganar el apoyo de la mayor parte de la sociedad, porque no lo tiene. En 2016 votó menos de 60% del padrón y ganó apenas,con el 27% de esos votos, es decir, de los votantes posibles totales. El voto no es obligatorio en Estados Unidos así que, hay que leer qué opinan los que van a votar. Claramente  esta campaña violenta ya la vimos en 2020, él nunca reconoció que perdió esas elecciones, y la vimos en 2016 contra Hillary Clinton, la está replicando, actualizando y profundizando todavía más. 

¿Cómo podría impactar el resultado de estas elecciones en América Latina y, particularmente en Argentina, donde el gobierno espera un triunfo de Trump y lleva una política exterior de total subordinación a Estados Unidos?

Estas elecciones tendrán repercusión en todo el mundo y particularmente en América Latina porque desde 1823 Estados Unidos estableció en la Doctrina Monroe que todo el continente americano sería su área exclusiva de influencia. Son prácticamente doscientos años de lineamientos políticos con una posición dominante hacia América Latina y el Caribe. Obviamente, esto fue cambiando en la historia y tiene matices entre gobiernos demócratas y republicanos en las últimas décadas, pero hay un elemento de continuidad y es que Estados Unidos no va a tolerar que otros poder extra hemisféricos desafíen su hegemonía en la región. El problema es que Estados Unidos está en un momento de declive hegemónico relativo a nivel global, sobre todo, con clarísimos indicadores económicos. China y otros actores de Asía Pacífico están emergiendo como polos alternativos y hay una fractura en la clase dominante norteamericana desde 2016 con la llegada de Trump, entre una estrategia más globalista que expresan los demócratas y una estrategia más “americanista” de Trump. 

En los últimos años creció la presencia de China en la región y Estados Unidos en su última estrategia de seguridad nacional definió a China y a Rusia como rivales estratégicos en América Latina y el Caribe. Eso hace que, por ejemplo, que la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en los últimos dos años haya visitado muchos países de la región diciendo explícitamente que nuestros recursos estratégicos tiene que cuidarlos Estados Unidos y presionando al gobierno de cada país para que no avancen en profundizar vínculos comerciales, traer inversiones o, financiarse sobre todo con capitales chinos, e incluso con Rusia y con el grupo BRICS en general. 

Obviamente, si la presidenta es Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta, habrá elementos de continuidad y va a haber algunos aspectos hacia la política interamericana que van a ser distintos si gana Trump. Hay elementos muy fuertes de continuidad en la política interamericana de Estados Unidos, haya administraciones demócratas o republicanas, pero eso no quiere decir que sean iguales y que tengan las mismas tácticas para conseguir los objetivos. 

En los últimos años la política interamericana de Estados Unidos con administraciones demócratas, sobre todo en el período de Obama, tuvo que ver con lo que se llamaba “smart power”, un poder inteligente y presentarse como un gobierno que promueve a través de instancias multilaterales como la OEA o la Cumbre de las Américas, la democracia, los derechos humanos, la libertad, etc. En el caso del gobierno de Trump apeló a una política que denosta a los organismos multilaterales y prevaleció una negociación bilateral con cada país de la región. Estados Unidos tuvo una política de militarización de su política exterior hacia la región, cedió el Departamento de Estado al Pentágono, a las Fuerzas Armadas, a los organismos de inteligencia, el Comando Sur, la direccionalidad de la política hacia la región y volvió a ser muy duro con gobiernos no alineados, en particular con Cuba mientras que Obama había iniciado un período de distensión y normalización de las relaciones. Por supuesto, también con Venezuela y recordemos que se barajó en el 2019 la posibilidad de una intervención armada que fue resistida por otros países de América Latina. 

Trump promete incrementar la guerra comercial que empezó contra China y otros países en 2018, y esto tiene que ver con una política proteccionista que afectó las exportaciones argentinas de biodiesel, agrícolas y de limón, por ejemplo. Una política más proteccionista de Trump sería un problema para Argentina. 

¿Y en términos más políticos e ideológicos y lo que esperan las ultraderechas de la región? 

Un triunfo de Trump empoderaría a las ultraderechas en la región, en particular pienso en Bukele en El Salvador y Milei en Argentina que dieron varias muestras y se reunieron con Trump siendo opositor este año en Estado Unidos y apuestan a que un triunfo de Trump les de aire político y los saque del relativo aislamiento que tienen. En cambio, un triunfo de Kamala Harris, dejaría muy aislados a estos gobiernos de ultraderecha y estas políticas que plantean que lo que hay que hacer es una guerra cultural contra cualquier cosa que no sea el neoliberalismo extremo y lo señalan como socialista o comunista. 

Por otra parte, hay profundisimas grietas en Estados Unidos y este año es bastante posible que tengamos una elección donde no se acepten los resultados, quizás similar a lo que sucedió en 2020. Pero gane quien gane, va a haber fracturas políticas, culturales, sociales y económicas, al interior de Estados Unidos y hacia afuera. Hay mucha expectativa y mucha incertidumbre con lo que pueda pasar en Europa y, sobre todo, en América Latina y el Caribe.

Durante este año se extendieron los acampes en diferentes universidades de Estados Unidos para repudiar el respaldo a Israel y el genocidio que comete en Gaza ¿Qué peso pueden tener estas críticas a la posición demócrata y el apoyo a Israel?

Todo el año hubo protestas en distintas ciudades, sobre todo jóvenes en los campus universitarios por el apoyo de Estados Unidos a Israel, al gobierno de Netanyahu.  Concretamente, fue un financiamiento de 17 mil millones de dólares para la ofensiva de destrucción de Gaza, de avance sobre Cisjordania y ahora sobre otros países. Esto genera muchas resistencias al interior del Partido Demócrata ya que, sigue sosteniendo públicamente que defiende la solución de los dos Estados pero que, en los hechos, está asistiendo financiera y políticamente la decisión del gobierno de Israel que está cometiendo un genocidio en Palestina. Trump, por otra parte, es aliado y amigo personal de Netanyahu. Hay muchos sectores demócratas que detestan a Trump, de la izquierda que han votado a demócratas para que no gane Trump y ahora no están dispuestos a votar a una candidata, que es actual vicepresidenta, y que no tuvo una actitud de condena del genocidio que se está perpetrando en Gaza. Muchos dicen que puede perder algunos votos estratégicos que, en contexto de una elección tan apretada, podría hacerle perder la elección al partido demócrata.

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Por Francis Lopes desde San Pablo, Brasil 

A las 19.39 de la tarde, en la sala de prensa del PSOL se escucharon gritos y festejos. El escrutinio estaba en 95,45% en una elección sumamente polarizada, en una campaña que estuvo atravesada por los discursos violentos, misóginos, fake news, hasta golpes entre asesores de prensa y un sillazo que se hizo viral en las redes sociales. ¿La paciencia se acabó o fue un show? Como sea, en la ciudad más importante de América Latina la disputa se dio entre tres candidatos: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (actual intendente – MDB) y el coach ontológico Pablo Marçal (PRTB), que en el último mes consiguió una disparada en la intención de votos con una subida de siete puntos. 

Desde entonces, todas las encuestas avizoraron un empate técnico entre los tres. Dos de ellos se disputan el electorado del bolsonarismo, pero en el cierre de la noche, Nunes acabó encabezando la partida con 29,48% de los votos y le siguió Boulos, el líder del mayor movimiento urbano que existe en Brasil, con 29,07. A Marçal no le alcanzaron los centésimos: quedó en tercer lugar con 28,14.

“Quiero agradecer a los más de 1 millón 700 mil que votaron por el cambio, que votaron 50. También quiero dialogar con quienes no nos votaron”, afirmó Boulos en su bunker de campaña apenas conocidos los resultados irreversibles. “Nuestro compromiso es que la riqueza no quede en la Avenida Paulista, sino que llegue a todos”, agregó, “esta segunda vuelta va a ser una comparación de trayectorias, nosotros tenemos una lucha comprometida; del otro lado tenemos un candidato apoyado por Bolsonaro”.

Apenas se conoció que era parte de la segunda vuelta electoral para gobernar la ciudad más importante, el referente del MTST, analizó la elección y caracterizó su plan de gobierno: “La gran mayoría votó por el cambio”, declaró, y llamó a votar el próximo 27 de octubre por “por la comida en la mesa” y por “mejorar la seguridad, la salud y el transporte” construyendo un “proyecto de justicia social de una ciudad más humana y solidaria”.

“San Pablo es la ciudad más rica. Nuestra misión es hacer que esa riqueza llegue a todas las personas”, afirmó, “vamos a enfrentar un desafío; no va a ser fácil pero, ¿cuándo fue fácil para el pueblo? Sin embargo, tengo mucha confianza de que en tres semanas, el 27 de octubre, vamos a estar celebrando la victoria de la esperanza, la victoria de San Pablo”.

“De acá a tres semanas vamos a poder decir que San Pablo derrotó un proyecto golpista, a la dictadura militar”, arengó Boulos ante la militancia que lo esperaba después de la conferencia de prensa. Y agregó: “Porque San Pablo no acepta autoritarismo ni negacionismo, le va a decir no a la extrema derecha. Por eso, cuento con ustedes para que en cada esquina, hablando con todes, consigamos más y más votos para hacer que el 27 de octubre la celebración sea en la Avenida Paulista”.

Eran nueve los candidatos en San Pablo: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (actual intendente – MDB), Pablo Marçal (PRLB), Tabata Amaral (PSB – partido del vicepresidente Alckmin), José Luiz Datena (PSDB), Maria Helena (Novo), Beto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU).

Al finalizar la jornada, Tabata Amaral declaró que apoyará a Boulos en la segunda vuelta y Bpulps le agradeció ese apoyo. La candidata que enfrentó los embates machistas de Marçal en los todos debates pertenece al Partido Socialista Brasileño (PSB) -al igual que el vicepresidente Gerardo Alkcmin-, que hace parte de la alianza nacional de partidos.

Una elección de importancia nacional y regional 

San Pablo es la ciudad más importante de Brasil. Con una población de 11.45 millones de personas, según el censo de 2022. Es la tercera ciudad en términos de presupuesto con 111,8 billones de reales para 2024 y de 120 billones de reales para 2025, después del Estado Nacional y del Estado de San Pablo. Es el epicentro económico del país, la ciudad más importante de América Latina y el Caribe y centro de la disputa electoral entre las fuerzas de izquierda y de extrema derecha.

Pero no sólo eso: estas elecciones permitirán ver el rearmado de los partidos políticos de cara a los comicios de 2026, cuando el electorado brasileño deberá asistir nuevamente a las urnas para elegir: presidente, gobernadores, diputados y senadores estaduales y nacionales. En otras palabras: quiénes pueden llegar a ser los sucesores del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; y del ex presidente Jaie Bolsonaro. En el primer caso, un liderazgo del tamaño del ex líder metalúrgico pareciera no asomar hasta el momento. Diferente sucede con Bolsonaro: el movimiento, el bolsonarismo, superó ya su figura que, además, fue declarado inelegible por la Justicia Electoral en julio del año pasado. El gobernador de San Pablo, Tarcísio Freitas (Republicanos); el de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o el propio Marçal le disputan el poder al expresidente.

Un dato que aportó CELAG en el entramado de estos comisiones que el conservadurismo es el espacio político que “más creció en términos de candidaturas (entre prefectos, viceprefectos y concejales)”, hasta un 42% más candidaturas que en 2020, en siglas como Novo, PRTB (partido por el que se postuló Marçal) o el PL, del expresidente Bolsonaro que incrementó sus candidaturas en un 33%. 

Los grandes partidos de centro -conocidos como centrão- como el MDB -victoriosos en la pasada elección- gobiernan aún en la mayor parte de las ciudades, pero presentaron un 17% menos de candidaturas. Partidos de izquierda, como el PSOL y Rede (Marina Silva, ministra de Medio Ambiente), aumentaron en un 11% sus candidaturas y las del PT cayeron en la misma proporción. Más allá de esas lecturas, en el Gobierno la esperanza es que estas elecciones permitan ampliar la base de los partidos que hacen parte de la alianza nacional: PSOL, PSB, PCdoB y Rede, entre otros.

Vale tener en cuenta que, a diferencia de Argentina, en Brasil las listas son abiertas y las candidaturas uninominales. Eso quiere decir que es posible votar una lista completa (la 50 de Boulos, por ejemplo, lo que beneficiará a les candidates de su partido en el coeficiente final) o votar por separado: intendente y sólo un concejal/a/e.

La elección de les que luchan

Estas elecciones registraron un récord de candidaturas LGBT+: fueron 3.099 en 28 partidos, según el relevamiento de Vote LGBT+ a partir de los datos difundidos por el Tribunal Supremo Electoral. Un registro histórico ya que fue la primera vez que les candidates tuvieron la posibilidad de dar cuenta de su identidad de género y de su orientación sexual.

En el escrutinio propio que llevaron adelante desde la organización en la noche del domingo identificaron, hasta las 20.45: 117 candidatas LGBT+ electas, 115 concejales, 2 intendentes que pertenecen a 19 partidos. Ellos, ellas y elles están en 22 estados y en 104 municipios.

En Río de Janeiro, Monica Benicio fue reelecta como concejala mientras que Benny Briolly, la primera travesti electa en el Estado, fue la mujer más votada de Niteroi. Tainá de Paula también fue reelecta y la más votada de Río. Tres políticas consagradas que seguirán sosteniendo la agenda feminista, LGBT+ y ambiental.

En Natal, Thabatta Pimenta fue electa concejala. Fue la más votada en la ciudad y es histórica, ya que es la primera vez que una travesti es electa llevando además una agenda por los derechos de las personas trans. En Recife, Dani Portela realizó una gran elección a diputada estadual y en San Pablo, Luna Zarattini fue reelecta concejala afirmando la lucha por los Derechos Humanos. En la ciudad más importante, también fue electa concejala con más de 100 mil votos, la candidata travesti Amanda Paschoal, amadrinada por la mejor diputada federal, Erika Hilton. Es además la candidata más votada de la izquierda.

La “bancada feminista” del PSOL, un mandato simbólico que refuerza la importancia de la representación de proyectos colectivos en las legislaturas locales, también fue reelecta en San Pablo. Un proyecto sin precedentes pero con réplicas en varios territorios de la región que visibiliza las demandas populares en temáticas como salud y educación construyendo políticas públicas para la garantía del derecho a la ciudad y por una vida libre de violencias.  

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