Cuba atraviesa un momento crítico marcado, en primer lugar, por el corte del suministro de petróleo que sostenía buena parte de su sistema energético, una situación directamente vinculada a la política exterior del gobierno de Donald Trump. A través de sanciones, presiones e intervenciones en la región —particularmente sobre Venezuela—, la administración estadounidense promovió un reordenamiento geopolítico orientado al control de recursos estratégicos, cuyo impacto golpea de lleno a la isla. La interrupción de ese flujo energético no es un hecho aislado, sino una consecuencia concreta de esa estrategia, que se suma al recrudecimiento del bloqueo histórico impuesto por Estados Unidos.

Este escenario profundizó una crisis estructural que ya estaba tensionada por el impacto persistente de la caída del turismo tras la pandemia —una de las principales fuentes de ingresos de la isla—. En los últimos días, la situación se volvió aún más urgente con apagones totales que dejaron a amplias zonas del país sin electricidad durante horas, afectando la vida cotidiana, el funcionamiento de hospitales y la producción de alimentos. Con la llegada del verano, cuando aumentan las temperaturas y la demanda energética se intensifica, el escenario plantea desafíos inmediatos para el sostenimiento de servicios esenciales.

Pero esta no es solo una historia de crisis. Es también —y sobre todo— una historia de solidaridad.

Una tradición internacionalista basada en el cuidado de la vida

Durante más de seis décadas, Cuba ha construido una política internacionalista que pone en el centro el cuidado colectivo. En contextos donde el mercado no llega o llega excluyendo, la isla ha enviado lo más valioso: conocimiento, trabajo y compromiso.

Desde 1963, más de 600.000 profesionales de la salud cubanos han trabajado en 165 países, con una presencia sostenida en América Latina, África y el Caribe. Han estado en territorios atravesados por la pobreza estructural, conflictos armados y emergencias sanitarias, muchas veces en condiciones adversas.

En la pandemia de COVID-19, brigadas médicas cubanas llegaron a decenas de países, incluso a regiones donde los sistemas de salud colapsaban. También intervinieron en crisis como el ébola en África y en escenarios de catástrofes naturales.

La “Operación Milagro”, por su parte, permitió realizar millones de cirugías oftalmológicas gratuitas, devolviendo la vista —y con ella autonomía y dignidad— a personas históricamente excluidas.

Alfabetizar como práctica de justicia social y emancipación

Otro de los pilares de la solidaridad cubana es la educación. El método de alfabetización “Yo, sí puedo”, desarrollado desde una perspectiva pedagógica popular, permitió que millones de personas aprendieran a leer y escribir en sus propios territorios y lenguas.

Su enfoque parte de lo cotidiano, de lo que cada persona ya conoce, y se adapta a contextos diversos: comunidades rurales, pueblos originarios y personas con discapacidad. En América Latina, este método contribuyó a que países como Bolivia y Venezuela fueran reconocidos por la erradicación del analfabetismo.

La alfabetización, en este sentido, no es solo una política educativa: es una herramienta de autonomía, participación y dignidad.

El internacionalismo cubano como práctica sostenida de cooperación entre pueblos

La solidaridad cubana no se limita a intervenciones puntuales, sino que constituye una política sostenida en el tiempo, basada en la cooperación entre pueblos y no en la lógica de la ayuda condicionada. A lo largo de décadas, Cuba ha formado gratuitamente a miles de estudiantes de América Latina, África y Asia, especialmente en áreas estratégicas como la medicina, generando capacidades locales que luego se traducen en sistemas de salud más accesibles en sus países de origen.

Este internacionalismo también se expresa en la capacidad de respuesta ante emergencias. Brigadas especializadas han intervenido en huracanes, terremotos y crisis sanitarias en distintos continentes, muchas veces siendo las primeras en llegar a territorios donde otras asistencias no arriban. Esa presencia no se limita a la atención inmediata, sino que suele incluir procesos de acompañamiento y reconstrucción.

A su vez, Cuba ha compartido desarrollos científicos, tecnológicos y organizativos: desde vacunas y tratamientos médicos hasta modelos de atención primaria y experiencias comunitarias en salud y prevención. En todos los casos, se trata de una práctica que prioriza el fortalecimiento de capacidades locales y la construcción de vínculos duraderos, antes que la dependencia o el endeudamiento.

Una crisis que impacta de lleno en la vida cotidiana

La actual crisis no se expresa solo en indicadores económicos, sino en las condiciones concretas de vida. Los apagones prolongados afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua, la conectividad y el funcionamiento de servicios básicos. En los hogares, implican reorganizar rutinas enteras en función de la disponibilidad intermitente de energía.

En el sistema de salud, la falta de electricidad y combustible tensiona el funcionamiento de hospitales, equipos médicos y cadenas de frío necesarias para medicamentos y vacunas. En paralelo, las dificultades para el transporte impactan en el acceso a centros de atención, al trabajo y a la producción.

También se ve afectada la vida comunitaria: desde escuelas que deben adaptar sus horarios hasta espacios productivos que reducen su actividad. La crisis energética, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino un factor que atraviesa todas las dimensiones de la vida social.

El convoy internacional: solidaridad sin fronteras frente a la asfixia económica

En este contexto, se organizó una respuesta internacional que busca no solo aliviar la emergencia, sino también disputar el sentido político del aislamiento. Un convoy impulsado por una coalición de movimientos sociales, sindicales, organizaciones humanitarias y referentes públicos de distintos países se prepara para llegar a La Habana con más de 20 toneladas de ayuda.

La iniciativa incluye alimentos, medicamentos, insumos de higiene, equipamiento médico y, de manera clave, sistemas de energía solar —paneles y generadores— destinados a sostener hospitales y servicios esenciales en medio de la crisis eléctrica. La articulación con redes internacionales y activistas también pone en agenda la relación entre soberanía energética y justicia global.

El convoy no es solo una acción humanitaria: es también una intervención política que busca visibilizar el impacto del bloqueo y afirmar que la cooperación internacional puede construirse desde abajo, entre organizaciones y pueblos, sin condicionamientos.

Redes de solidaridad desde Argentina: energía para sostener la vida

En Argentina, también se activan redes de apoyo concretas. La Casa de la Amistad Argentino-Cubana impulsa una colecta solidaria para la compra de paneles solares, una herramienta clave en el actual contexto de crisis energética.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias 191017385501730301010032 a nombre de Casa de Amistad Arg Cubana (CUIL 30-70127094-7), aportando a una iniciativa que busca sostener servicios esenciales desde una lógica de cooperación entre pueblos.

Una responsabilidad colectiva frente a la crisis: Si Cuba fue capaz de sostener la vida en tantos territorios cuando más se la necesitaba, la pregunta que se abre hoy es qué significa sostener a Cuba.

Source

Un reducido grupo de corporaciones controla entre el 70 % y el 80 % del comercio mundial de granos y aceites de semillas, según un nuevo informe publicado por el Grupo ETC. El estudio advierte que esta creciente concentración del poder corporativo en la cadena alimentaria industrial podría agravar los riesgos para la seguridad alimentaria global ante futuras crisis.

El documento, titulado Codicia y oligopolios: especulación con las materias primas agrícolas, sostiene que un pequeño número de empresas comercializadoras ocupa una posición cada vez más dominante en el sistema alimentario global, controlando enormes volúmenes de alimentos comercializados y ejerciendo una influencia significativa sobre los mercados internacionales.

Entre los principales actores del comercio mundial de materias primas agrícolas figuran compañías como Cargill, COFCO, Bunge, Archer Daniels Midland y Louis Dreyfus Company. De acuerdo con la investigación, estas firmas concentran entre el 70 % y el 80 % del comercio global de granos y aceites de semillas.

El informe se publica en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en las cadenas de suministro. “Sabemos desde hace tiempo que la cadena alimentaria industrial global es extremadamente vulnerable y, con la renovada y creciente violencia en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz afectando ya los envíos de fertilizantes y arroz, así como los precios de los granos, cada vez más personas están tomando conciencia de esta realidad”, señaló Taarini Chopra, investigadora del Grupo ETC. “Con impactos climáticos crecientes, inestabilidad y guerras, un sistema dominado por unos pocos comerciantes amplifica estas debilidades existentes y multiplica los riesgos para la seguridad alimentaria global”.

El estudio también subraya la magnitud de la infraestructura logística que controlan estas empresas. “La capacidad total de almacenamiento de solo tres empresas -ADM, Bunge y COFCO- equivale aproximadamente a la cantidad de trigo que Estados Unidos, el Reino Unido y Turquía consumen juntos en un año”, afirmó Marcos Filardi, del Grupo ETC.

Además de su tamaño, el informe alerta sobre la falta de transparencia que rodea a estos actores. “No hay transparencia: estas empresas no tienen la obligación de revelar cuántas existencias tienen, qué tipo de productos almacenan ni dónde se encuentran”, añadió Chopra. “Eso significa que, si entramos en una crisis alimentaria regional o incluso en la próxima crisis global, estos grandes comerciantes de granos tienen el poder de acaparar y retener cantidades enormes de alimentos mientras esperan que suban los precios”.

Datos clave del informe

El documento reúne varios indicadores que ilustran el peso económico y financiero de estos conglomerados:

• 3.310: es el número total de empresas subsidiarias operadas por los cinco mayores comerciantes de materias primas agrícolas. Según el informe, estas estructuras corporativas complejas les permiten operar con instrumentos financieros, seguros e inversiones de forma similar a los bancos, pero sin la misma supervisión regulatoria.
• 730 mil millones de dólares: fue el ingreso combinado en 2023 de los ocho principales comerciantes agrícolas del mundo, una cifra cercana al valor total de todas las exportaciones de Canadá ese mismo año.
• 8.200 millones de dólares: fue el valor de la megafusión entre Bunge y Viterra, concretada en julio de 2025 y que dio origen a uno de los mayores actores globales del comercio de materias primas agrícolas.
• 80 %: es la participación adquirida por Saudi Agricultural and Livestock Investment Company en la comercializadora agrícola Olam Agri a comienzos de 2025. El informe también recuerda que una empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos compró el 45 % de Louis Dreyfus Company en 2020.

El informe también destaca el creciente uso de datos y sistemas de análisis basados en inteligencia artificial por parte de estas compañías. Según el documento, los grandes traders poseen plataformas que monitorean cultivos y cadenas de suministro en tiempo real, lo que les permite anticipar movimientos del mercado y obtener ventajas estratégicas que ni siquiera están disponibles para gobiernos o instituciones multilaterales.

Recomendaciones a los gobiernos

Ante este escenario, el Grupo ETC insta a los gobiernos a fortalecer la regulación del comercio global de alimentos. Entre otras medidas, propone combatir la especulación y el lucro excesivo en los mercados de materias primas, cerrar vacíos regulatorios que permiten que los grandes comerciantes operen como “instituciones financieras en la sombra” y exigir mayor transparencia sobre las reservas de granos y los movimientos de productos alimentarios en el comercio internacional.

El informe completo puede ser descargado en la web del Grupo ETC. 

Source

El fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo, la diversidad en el deporte se hizo presente en el CEMEF de San Martín para celebrar nuevamente su torneo: el Torneo de Todes. Se trató de la tercera edición de un encuentro que busca, desde su concepción, luchas por el deporte sin fronteras de género, donde la competencia se distribuya en base a  las condiciones de cada participante y su performance en el deporte más allá de su identidad.

Lo que comenzó como una propuesta local hoy se consolida como un faro regional. Esto es posible gracias a la construcción conjunta de las diferentes organizaciones deportivas LGBT que llenan las canchas y piletas del país cada vez más.

Con más de 616 deportistas preinscritos y 50 equipos provenientes de toda la Argentina, Brasil y Uruguay, el evento apeló a la necesidad de espacios seguros y competitivos para la comunidad LGBT+ y demostró que la lucha por conseguirlos no conoce fronteras.

La diversidad como política de Estado

El éxito del “Todes” no es casualidad. San Martín se destaca históricamente por ser el tercer municipio del país en contar con un área de diversidad, un espacio que ha trabajado de manera transversal a lo largo del Estado durante años. Según los organizadores, el orgullo del torneo no es solo que suceda, sino cómo sucede: es una política municipal integral que involucra desde logística y prensa hasta salud y educación.

“Tener el ‘Todes’ acá es la conjunción de un montón de trabajo que no necesariamente se pensó solo para el deporte, sino para meter la diversidad en los organigramas del municipio”, explicó Pablo Eva Larrosa, coordinador general de Diversidades y Disidencias. Esta estructura permite que la inclusión sea cotidiana: el distrito ofrece entrenamientos semanales de vóley, básquet, natación y fútbol en sus sedes deportivas habituales, rompiendo la lógica de “sedes aparte” para el colectivo.

Habitar el espacio: El derecho al cuerpo y al goce

Más allá de los resultados en el fútbol o el vóley, el torneo interpela las lógicas tradicionales de la infraestructura deportiva, ofreciendo vestuarios seguros para todos los géneros y la existencia de una única categoría: la open, que busca dar por tierra con las separaciones por género en el deporte y organiza la competencia en base a otras variables deportivas, como el tiempo. Esta categoría nació como un impulso conjunto de las organizaciones deportivas diversas en el circuito de la natación y busca, a la larga, implementarse en el circuito profesional deportivo en todos los ámbitos y deportes. En ese sentido, el Todes incluyó esta vez no sólo natación, sino también fútbol, vóley y básquetbol, uniendo a más de 616 atletas en dos días a pura competencia.

El torneo también incluyó, clases abiertas de waterpolo y nado sincronizado organizadas por Dogos, grupalidad perteneciente a CABA, ampliando el acceso a deportes históricamente vedados para ciertas identidades y visibilizando su existencia en el colectivo. El cierre estuvo a cargo de una Kiki Session que reunió a los mejores talentos de la escena ballroom en la entrada del CEMEF para un show lleno de glamour y brillantina.

La categoría Open y la lucha por la inserción deportiva

El Todes funciona, además, como un manifiesto político por el deporte del futuro. Desde su concepción, la idea del torneo es la de que exista una categoría única, sin género, donde las categorías genéricas sean reemplazadas por nuevas categorias que sean específicas a los deportes y se ajusten a ellos sin cambiar la dinámica fundamental de la competición, demostrando que no hay necesidad deportiva de separar alos deportistas por su género. El sueño del Todes es el sueño de los que construyen el deporte diverso: ver a los mejores jugando juntos, en un futuro sin género, profesional y federado, popular y divertido, accesible y, a la vez, que genere ganancias, rentas y empleos.

Es por ello que en 2025 se creó el Seleccionado Argentino Diverso de Deportes Acuáticos, una iniciativa en conjunto de las grupalidades pertenecientes a la natación (quizás uno de los ambientes deportivos diversos más políticamente articulados hasta el momento) que, con el apoyo de la Confederación Argentina de Deportes, viajó a Washington DC a competir en el mundial IGLA+ 2025. El seleccionado argentino marcó un hito histórico, llevando al exterior a representar a nuestro pueblo marica criollo a los mejores atletas de la diversidad. Travestis, gays y lesbianas argentines que hicieron historia e inspiraron a competidores trans de otros países a participar, generando un efecto dominó mundial que lleva a la creciente demanda por la inauguración de una categoría deportiva certificada por los entes reguladores mundiales que permita a todas las personas competir.

Pero los logros no concluyeron ahí: a fines de 2025 se acordó una alianza entre la Confederación Argentina de Deportes, la Federación Argentina LGBT y la unidad deportiva para construir el camino a la categoría open a nivel nacional, buscando la aprobación por parte de los entes reguladores de cada disciplina. Este naciente 2026 le presenta a la diversidad deportiva la oportunidad de encarar un proceso reformador que le permita participar a nivel profesional en el deporte, que le permita a las travas y los travos llenar las piletas de Parque Roca y los otros circuitos deportivos oficiales del país para demostrarle al mundo que somos atletas de élite que merecen competir con los más grandes.

Un desafío político y regional

El Torneo Todes no es solo una cita deportiva; es un posicionamiento político. En un contexto de avance de discursos excluyentes, el evento se planta como una respuesta colectiva. “El desafío es que las políticas conservadoras y de derecha nunca más gobiernen nuestra patria”, señaló Pablo Eva Larrosa. Para el Todes, el deporte es, ante todo, una herramienta de construcción de ciudadanía y soberanía.

Este torneo, nuestro torneo, es el resultado de la unidad deportiva que lograron las grupas acuáticas en un contexto de degradación total del lazo social que nos une y del ataque cruento hacia la solidaridad que el sistema político y económico ejerce sobre nuestros cuerpos. El Todes que la Liga Deportiva Travesti, Trans y No Binaria forjó es más fuerte hoy porque las grupalidades lo hacen suyo participando, festejando los logros y lagrimeando las derrotas, generando abrazos entre compañeros de distintas grupalidades porque aquí nadie es rival de nadie.

Con esta tercera edición, el torneo se despide con la promesa de seguir contagiando a los distritos vecinos, demostrando que cuando se eliminan las barreras, la diversidad no divide: multiplica, potencia y construye comunidad. Mientras el resto de los ámbitos políticos se encuentran divididos, en el deporte está la diversidad más fuerte que nunca, reunida y lista para demostrar que se puede alcanzar un nivel profesional incluso con los pocos recursos disponibles.

Source

Por Camila Parodi | Foto portada: Agencia Télam

Desde Catamarca

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestro agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este ‘mate’ del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

Source

Los precios de los alimentos en el mundo se incrementan día a día. Más allá de contextos específicos, como pueden ser guerras o desastres naturales, la responsabilidad de la inflación alimentaria se suele identificar fácilmente: el control monopólico de las corporaciones agroalimentarias. 

En el contexto de penetración de las Big Tech en casi todos los ámbitos de la vida, la cadena productiva de alimentos no se queda afuera, y hasta puede empeorar ese escenario. Alianzas entre gigantes del agro (Bayer, Syngenta, Cargill, por ejemplo) con gigantes del sector de tecnologías (Google, Meta, Microsoft, Amazon, entre otras) encienden alarmas y preocupaciones, especialmente entre comunidades campesinas e indígenas. Investigaciones recientes alertan sobre la profundización de su dependencia, la conversión de saberes colectivos ancestrales en mercancía y una posible exacerbación en la contaminación. En las próximas líneas, analizaremos los impactos de esta digitalización de la agricultura en los derechos campesinos.

Gigantes del agronegocio digitalizado

La concentración corporativa en el agro no es una novedad: los oligopolios ya dominan la cadena alimentaria mundial. Estas empresas controlan desde las semillas, genéticamente modificadas, hasta los llamados insumos agrícolas: agrotóxicos y fertilizantes para monocultivos, insostenibles por su impacto ambiental y deterioro de la tierra. Un sistema que genera consecuencias directas en los modos de producción campesinos, quienes sostienen la “columna vertebral” de la alimentación en nuestra región.

Esta industria ha entrado ahora en una nueva etapa. Según el nuevo reporte del Relator de la ONU sobre Derecho a la Alimentación, las empresas agroalimentarias están recurriendo cada vez más, mediante la digitalización, a las nuevas tecnologías digitales y al procesamiento de grandes cantidades de datos para desarrollar sus negocios. El documento plantea que estas innovaciones crean “nuevos desafíos en materia de derechos humanos en los sistemas alimentarios”. El último informe del Grupo ETC sobre el tema, describe al fenómeno como un “Caballo de Troya en los campos”: bajo la promesa de tecnología e innovación, esconde más control corporativo y menos autonomía para las comunidades agricultoras.

Acelerada por la pandemia del Covid-19, la digitalización del agro es promocionada por las transnacionales del sector como solución a ciertos problemas del cambio climático, y una transformación inevitable para lograr un modelo productivo más eficiente, como lo viene planteando hace años también el Banco Mundial. Con ese bombo publicitario y marketinero, florecen las startups de agricultura digitalizada (“AgriTech” en sus términos) en la región, donde Argentina y Brasil albergan casi 3/4 partes de las empresas de esta índole.

La semilla del bot en los campos

Ya no resulta extraña la presencia de drones en los cielos, sensores en los suelos, tractores guiados por GPS o productores trabajando con tablets y dispositivos donde utilizan aplicaciones y sistemas específicos para sus tareas. La digitalización en la agricultura implica el uso generalizado de herramientas como la IA, la ciencia de datos y la biotecnología para mapear tierras, almacenar información y crear nuevos sistemas digitales para gestionar los modos de producción rural.

La alianza entre Big Tech y corporaciones monopólicas de la agroindustria está promoviendo una datificación del conocimiento vinculado a agricultura y del comportamiento de los ecosistemas y bienes naturales comunes, como nunca antes. Se trata de un extractivismo masivo de datos que, además, en muchos casos están vinculados con historias y tradiciones comunitarias y colectivas. Quienes tengan mayor capacidad de recolectarlos y controlarlos, serán quienes puedan modelar los sistemas alimentarios y las políticas agrícolas para su propio beneficio, un mercado de negocios que no considera a la alimentación como un derecho humano y menos reconoce la existencia de derechos campesinos. No se trata de cuestionar la introducción de nuevas tecnologías en abstracto, sino más bien de preguntarse al servicio de quién están, quiénes las controlan, qué modelos productivos profundizan y qué tratamiento de datos hacen.

Repasemos algunos de los principales riesgos de este proceso. Suscribirse a un modo de producción gestionado a través de una plataforma digital implica para las y los agricultores una dependencia aún mayor: se vuelve un circuito en el cual desde la toma de decisión de qué semilla plantar hasta el sistema de pagos y cobros, todo debe pasar por servicios virtuales. El Relator de la ONU lo plantea con claridad: “En estas nuevas explotaciones digitales, los agricultores dejan de actuar según su libre determinación y en su lugar pasan a ser objetos de cosecha”. Como en la mayoría de los trabajos regulados por plataformas, no hay reglas claras y transparentes sobre el uso de datos ni políticas de privacidad sólidas, lo cual no sólo da lugar a la explotación de esos datos en términos mercantiles, sino que también habilita nuevas prácticas de control, que algunos grupos denominan como “agricultura de la vigilancia”. Considerando que América Latina es una de las regiones más hostiles para defensores y defensoras ambientales, esta forma de espionaje resulta preocupante.

Además, en una región con una gran brecha digital, donde muchos de nuestros países enfrentan las tarifas más elevadas de internet móvil del mundo, el acceso a la red ocasiona nuevos gastos a las comunidades, lo cual empeora sus condiciones de vida en los territorios. Más aún si consideramos los altos costos de la maquinaria inteligente. Sumado a esto, y siguiendo las conclusiones del informe de ETC, se estima que millones de puestos de trabajo en el campo serán sustituídos por drones y robots, sin planificar nuevas fuentes laborales para el sector. En algunos países, incluso se les prohíbe reparar su maquinaria porque contiene software patentado. Por último, como ya venimos planteando en Derechos Digitales, la enorme demanda de recursos naturales, como agua y energía, para alimentar toda la infraestructura digital necesaria para estos emprendimientos, es posible que traiga mayores niveles de contaminación y profundización de la crisis climática.

El big data en la agricultura se convierte así en una herramienta de dependencia, vigilancia y control que pone en riesgo la autonomía campesina y la biodiversidad agrícola.

¡A desalambrar las tecnologías!

“El mundo no necesita ni más datos ni más alimentos, sino que las personas tengan más autoridad y control sobre los datos en los sistemas alimentarios”, advierte la ONU. Como se dijo unos párrafos más arriba, no estamos poniendo en discusión la incorporación de las tecnologías digitales, sino más bien qué uso se les da y los modelos que sustentan. Las comunidades campesinas pueden hacer una utilización favorable de las herramientas tecnológicas, que aporten al bien común y no a las ganancias concentradas en unas pocas manos. ¡Y muchas ya lo vienen experimentando!

Las organizaciones que planifican integralmente modelos agroalimentarios alternativos desde los territorios, piensan en cada etapa del circuito: desde que el alimento se siembra (sus insumos, la fuerza de trabajo, etc) hasta que llega al plato de comida de las personas en sus casas (el comercio, traslados, etc). Existe una idea-frase bastante utilizada, que sintetiza muy bien esta propuesta: “Del campo a la mesa”. Por ello, las experiencias de colectivos vinculados al trabajo rural, a la defensa del ambiente, a comunidades indígenas, y a los derechos digitales, pueden abarcar distintos eslabones de este modo de producción, basado en la nociones de Agroecología y Soberanía Alimentaria.

El proyecto Territorios Libres, Tecnologías Libres, impulsado por Intervozes junto a comunidades quilombolas y rurales de Brasil, fue una iniciativa que marcó un interesante precedente en lo que respecta a analizar los usos y concepciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en territorios campesinos. A la vez, existe la Red de Evaluación Social de Tecnologías en América Latina (Red TECLA) que abarca algunos proyectos dedicados a la agricultura. La Herramienta de monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación, proyecto de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, sirve de guía a las comunidades, los movimientos, la sociedad civil, el mundo académico e incluso el funcionariado público en el monitoreo del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Además, la Asamblea de Innovaciones de Base para la Agroecología (GIAA en inglés) es una articulación global que está fortaleciendo experiencias de tecnologías de base aplicadas a la agroecología.

Si pensamos en la cadena productiva, hay desarrollos vinculados directamente con los momentos de la siembra y los cultivos, como por ejemplo la aplicación Lunagro (FIAN Colombia), un calendario agropecuario basado en la interpretación del ciclo lunar. Además, La Mierda de Vaca brinda cursos presenciales y a distancia sobre cómo llevar adelante una agricultura orgánica.

Tanto el aislamiento y distanciamiento preventivo que impuso la pandemia del Covid-19, así como también los debates que introdujo respecto a la alimentación saludable, llevaron a un incremento exponencial en la demanda de bolsones de verduras orgánicas o agroecológicas por parte de la ciudadanía. En Argentina, Más Cerca es Más Justo, y en Brasil, Alimento de Origem, son ejemplos de las decenas de plataformas pertenecientes a redes de comercio justo existentes en América Latina, las cuales buscan nuevas formas de intercambio, evitando intermediarios y sobreprecios, y conectando más estrechamente a productores con consumidores.

Para poder aprovechar las imágenes satelitales en beneficio de la producción local y la conservación de bienes comunes naturales, muchas organizaciones trabajan con Organic Maps, una aplicación GPS y de mapas sin conexión centrada en la privacidad, desarrollada por la comunidad de código abierto. También, existen numerosos proyectos que unen activismo, sector académico y comunidades, como por ejemplo “Gobernanza Hídrica con el pueblo originario Yaqui en México”, analizado en nuestro Glimpse 2024, ideado para desarrollar estrategias efectivas de gestión comunitaria del agua.

Por último, vale destacar la importancia de sitios de información y debate que impulsan la agenda de estos movimientos y favorecen la divulgación de ideas vinculadas con modelos alimentarios alternativos. Entre ellos, podemos mencionar a Agro é Fogo, quienes difunden  “el rastro del fuego del agronegocio global”; BiodiversidadLA, desarrollado por la  Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina; y Agencia Tierra Viva, impulsada por la Mesa Agroalimentaria Argentina, entre muchas otras iniciativas regionales.

Soberanía alimentaria y digital para vivir mejor

Los desafíos que viene planteando la digitalización en el campo son variados y complejos. Mientras se impulsan tecnologías digitales desde la sociedad civil y el Estado para el beneficio de las comunidades y los territorios, es fundamental generar marcos normativos nacionales, regionales y globales, que puedan proteger la privacidad y los datos en manos de las corporaciones que están desarrollando la datificación en el sector rural. El Estado de Brasil diseñó hace algunos años el Cadastro Ambiental Rural (CAR), como una herramienta que podría ser útil para monitorear el ambiente y los territorios, lo que dio lugar a un debate más que pertinente desde Data Privacy en relación a los datos personales de integrantes de comunidades. Incluso, algunos sectores vienen planteando como alternativa tratar los datos del sistema alimentario como un bien público para abordar esta problemática. Necesitamos que se reconozcan y protejan los saberes tradicionales del campesinado, como así también sus derechos colectivos, para potenciar herramientas tecnologías que respeten estas particularidades.

La complejidad del tema y los gigantes involucrados nos obliga a afinar los diagnósticos y, sobre todo, propiciar articulaciones entre el movimiento de los derechos digitales y las organizaciones campesinas e indígenas para dar respuestas integrales. Por ejemplo, unos años atrás, IT for Change publicó el reporte “Las oportunidades del ecosistema digital para la agricultura india” como resultado de un ciclo de encuentros de debate e intercambio entre diversos actores implicados en estos asuntos.

Podemos discutir la digitalización, la datificación, cómo se obtienen los datos, dónde se alojan y quiénes tienen control sobre ellos, pero si no abordamos las preguntas radicales sobre nuestros modos de vida y de alimentación, es probable que nos perdamos en el camino. ¿Para qué necesitamos tecnologías digitales en los sistemas agroalimentarios? ¿Qué papel tienen las comunidades campesinas e indígenas en la definición de estas nuevas herramientas a incorporar en los modos de producción? ¿Qué modelos priorizan la soberanía alimentaria y digital, y los derechos campesinos y de comunidades indígenas en su autodeterminación?

Lo que está en juego no es solo el acceso a nuevas tecnologías, y el resguardo de los datos, sino, principalmente, la soberanía alimentaria de los pueblos y el derecho humano a decidir cómo producir y consumir nuestros alimentos, de manera justa y sustentable.

* Encargado de Comunicaciones en Derechos Digitales.

Source

Por Karina Ocampo* 

“El camino es horrible”, dice Román Guitián, 49 años, coya, cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano. La mirada al frente, el ceño fruncido por la concentración y el sol; cuenta que suele llevar en su camioneta a los turistas que vienen a ver con sus propios ojos las rocas del Campo de Piedra Pómez, el salar de Antofalla o el volcán Galán. También hace circuitos para gente que llega desde Australia o Canadá, atraídos por la provincia y el tema de la minería. Pero justo el viaje hacia el Salar del Hombre Muerto es uno de los peores. “Muy poco lo hacen porque se rompen las cubiertas, los amortiguadores”, insiste. Los trabajadores y las visitas oficiales llegan en avión, directo a la pista de aterrizaje privada.

Estamos en la Puna catamarqueña. La vegetación se adapta a las temperaturas extremas y ralea en alturas que superan los 4 mil metros. Sobre nuestras cabezas, el cielo, de tan puro, deslumbra. El resto es inmensidad desértica. 

Quedan algunos ranchos aislados, vestigios de existencias pasadas. También ovejas, llamas y vicuñas que buscan el alimento de la tierra. Y proyectos de extracción de litio que modifican las condiciones de la vida en esta región del planeta. “¿Quién te mandó?”, pregunta, hasta que los nombres conocidos penetran la piel de la cautela y ya algunos dientes asoman a su sonrisa. 

Hoy lo que conserva ese salar parece indispensable para la vida moderna: Litio. 

El resumen ejecutivo de la Secretaría de Economía de México define al litio como un elemento metálico, blanco plateado, químicamente reactivo, el más ligero en peso de todos los metales, y de bajo punto de fusión. Su símbolo en la tabla periódica es Li. “Es un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos”.

Su nombre proviene del griego “lithos”. Piedra. Y si bien los proyectos activos crecieron en los últimos años, el precio del carbonato de litio cayó de US$75.000 por tonelada en 2023, a US$10.500 en 2024. Se mantuvo la tendencia y en Sudamérica llegó a US$9.600 en 2025, números significativos para futuras inversiones. 

El uso más extendido a nivel global no constituye una novedad: es el de acumular energía. Móviles, y computadoras portátiles. La tienda Apple destaca que los iones de litio permiten rapidez en la carga, ligereza y mayor duración. En la industria energética el metal es valioso para los paneles solares y los molinos eólicos, que suponen una evolución tecnocientífica en energías renovables. En el caso de las baterías recargables de los autos eléctricos de BMW y Tesla, se asegura que el litio es indispensable para la “transición energética”, con el fin de dejar atrás los combustibles fósiles. Electromovilidad, afirman los expertos. 

¿Quién lo tiene, quién lo extrae y quién controla la cadena de valor?

De lo que no se habla en las cumbres a las que asisten gobernantes de los países que forman parte del mal llamado Triángulo del Litio, como nombran a la zona comprendida entre Argentina, Bolivia y Chile ——que concentra cerca del 65% del mineral a nivel mundial—, es del costo ambiental para los territorios y los seres vivos. Con la sanción definitiva de la Ley Bases, en julio de 2024, Argentina abrió la puerta al RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que promete beneficios imperdibles, como 30 años de estabilidad fiscal y flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria a quienes invirtieran más de US$ 200 millones en el país.

Al cumplirse un año de su implementación, el Observatorio del RIGI, conformado por organizaciones ambientales entre las que se encuentra la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), monitoreó los proyectos y arribó a datos no tan favorables: 

“Se han presentado 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 fueron aprobadas y 1 rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares. Sin embargo, estas inversiones prevén apenas poco más de mil empleos directos. Una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen. El sector minero concentra la mayor cantidad de proyectos con un total de 10 propuestas por una inversión estimada de 19.312 millones de dólares. Cinco de los proyectos están vinculados al sector del litio, localizados en Salta y Catamarca. Y otros cuatro en San Juan”. Entre los aprobados se destaca Rincón, en Salta, una de las grandes apuestas de la empresa Río Tinto, que también estrenó Director Ejecutivo, el danés Simon Trott.  

Desde FARN, Leandro Gómez, que es Coordinador del Programa Inversiones y Derechos, explica que, en términos energéticos, se trata del “aseguramiento de la cadena de suministros de minerales críticos”. Se refiere a que la mentada transición no es para todos, sino para quien haga las mejores alianzas. Dentro del marco de disputas geopolíticas en el llamado Norte Global, Estados Unidos busca una mayor participación en esta cadena, algo que China logró antes y mejor. Por eso, programas como Minerals Security Partnership (MSP), buscan acelerar los procesos, “en cooperación con la industria y otros gobiernos para apoyar proyectos estratégicos en países ricos en minerales y fomentar la inversión en toda la cadena de valor por parte de empresas mineras de buena reputación”. 

El papel de China, agrega Gómez, es crucial. Que haya dejado de otorgar beneficios fiscales, tanto a sectores empresariales como al consumo de vehículos eléctricos, fue visto por el mercado como una sobreoferta, principalmente de litio. Así se produjo una situación difícil para el mercado global, y en ese contexto, Arcadium decidió suspender en 2024 la planta de procesamiento de Sal de Vida que estaba construyendo, y utilizar la de Fénix en forma alternada. El 6 de marzo de 2025, Río Tinto concretó la compra de Arcadium Lithium, y ambos proyectos continuaron vigentes. La presencia de la empresa es importante, con la adquisición del Salar de Olaroz, en Jujuy.

La empresa no tiene buenos antecedentes. Basta con hacer una breve búsqueda para saber que “comenzó sus operaciones en 1873 como una mina de cobre en España, pero ahora opera en seis continentes, 35 países, con mayor presencia en Australia y Norteamérica. Sus productos incluyen aluminio, cobre, diamantes, carbón, uranio, oro, mineral de hierro y minerales industriales (boratos, dióxido de titanio, sal y talco)”. Y litio, claro. El Proyecto de Investigación Corporativa que recurre a bases de datos sobre mala conducta corporativa en el mundo, reporta que Rio Tinto, con sedes en Londres y Melbourne, “es una de las corporaciones más controvertidas de una industria controvertida”.

Entre las acusaciones se destacan: negativo impacto ambiental de las minas a cielo abierto en la flora y fauna, violación a los derechos humanos, incumplimiento de los derechos laborales, que en algunos casos culminó en huelga. Contaminación del agua y destrucción del hábitat, que anuló otras actividades económicas y que presionó el desplazamiento de poblaciones. 

En Madagascar, las movilizaciones por niveles nocivos de uranio y plomo en las vías fluviales derivaron en protestas de la organización activista LuSud. En un artículo del medio The Ecologist, del 20/10/2024 se reportan al menos tres asesinatos producidos el año anterior en manos de las fuerzas represivas locales durante una manifestación pacífica contra la minera QMM, filial de Río Tinto. 

Bienvenidos al antropoceno

A esta altura, respirar cuesta. En una camioneta todo terreno la única manera de viajar sin sufrir el “mal de montaña”, que es la hipoxia o falta de oxígeno, es adaptarse poco a poco. Román baja la velocidad y repasamos los recursos: una pastilla que nos dio un médico antes de partir, mascar coca, tomarla en té, ponerle pupusa al mismo té. Pupusa es una hierba de la zona. Mezclar todo y si falla, cuando asome el mareo, aspirar agua florida, un destilado vegetal que proviene de la jungla peruana y que además de purificar el aire, purifica a la persona.   

Los antofagasteños que todavía habitan en la zona del salar son pocos y están en retirada. Hasta no hace tanto, vivir de la ganadería era una opción porque los animales encontraban el alimento en las alturas. Criaban animales, hasta podían cosechar papas, el clima era más predecible. Ahora no alcanza y hay que disponer de dinero para comprarles el forraje durante los meses de escasez.

Es sábado y la actividad minera es limitada. Por lo general los camiones andan juntos, llevan escolta, el trayecto es pacífico, salvo el traqueteo. “Por ahí te cruzás nueve, diez camiones. Pero cuando cae nieve acá no pasa nadie, ni los mineros. Sufren una barbaridad porque no pueden hacer todo el transporte y llevar el personal y la logística”. 

La materia prima, el carbonato de litio, se traslada a Salta. La ruta habitual es la provincial 17 hasta la estación Salar de Pocitos, por tren se la llevan a Chile. Saldrá del puerto de la línea ferroviaria que une San Antonio de los Cobres con el paso fronterizo de Socompa, en Salta. Esta vía férrea es la extensión hacia el oeste del famoso Tren de las Nubes. Continúa por Chile hasta el puerto de Antofagasta, una vez que llegan a esta ciudad ubicada en las costas del océano Pacífico Sur, los minerales se cargan para su envío a Estados Unidos, Europa y Asia oriental. De ahí ya está en condiciones de salir del país. “Nadie controla nada, hacen lo que quieren”, asegura Guitián. 

A largo plazo, la industria espera que la producción del hidróxido de litio se desarrolle más. La mayor parte de la producción y exportación de litio en el país es de carbonato de litio, con dos plantas en la provincia de Jujuy, y otras dos en Catamarca. El carbonato tiene un menor costo de producción, aunque también menor duración que las baterías de hidróxido. El gobierno de Salta anunció en octubre de 2024 la inauguración de la primera planta de hidróxido de litio en Argentina, que pertenece al proyecto Sal de Oro, de la minera coreana Posco, con una capacidad de producción de 25.000 toneladas al año. 

El viento es una presencia imponente, tanto que, si se abriera la puerta de la camioneta a destiempo, tal vez esa puerta volaría como un juguete. Pasamos por las ruinas de Inca Huasi, un sitio turístico que muestra una pequeña porción de la historia de la minería en la provincia, acá se explotó oro, cobre y bórax, pero ya no queda o lo que queda no resulta rentable. La ocuparon diaguitas, incas del Tawantinsuyu y jesuitas. La última vez fue en 1950: ahora es un pueblo deshabitado. Pura piedra y barro, silencio puneño y viento.  

La promesa es llegar durante el mediodía al rancho que todavía mantiene con su hermano, aunque hace años ya viva en el pueblo. Con hijas adultas, solo espera que la más chica termine la escuela para emprender nuevos horizontes. “Yo nací y me crié en Salar del Hombre Muerto. Después fuimos a vivir al otro lado de Salar, y había una escuelita. Crié a mis hijos aquí, terminaron la primaria. Con tanta minería tuvimos que irnos de ahí, yo fui el primero que hice la punta en Antofagasta”.

Otra de las familias que se oponen a que la minería de cobre y litio se apropie del agua son los Morales-Mamani. Ya en el siglo XIX, los Morales habitaban la región cercana al Volcán Galán, donde pastoreaban y cuidaban a sus animales en corrales. Justo ahí, la empresa Volcán Lithium tiene dos proyectos de carbonato de litio en un territorio que abarca 36.000 hectáreas de salar. En el pueblo, Alfredo y su compañera, Elisabeth Mamani, hacen un trabajo de hormiga, y aprovechan cada oportunidad para contarles a los viajeros la razón de su activismo; el valor de las tierras desde una perspectiva no capitalista. Los Morales son guardianes de un sitio sagrado con petroglifos de alrededor de 4500 años en Peñas Coloradas —al que visitaremos días después—. El arraigo tiene que ver con una historia que define su identidad.  

El hombre de apariencia juvenil a sus 56 años cuenta, como la mayoría, que el problema es el agua. No en invierno, que todo se congela, sino en verano, que no alcanza “ni para los animales”. En su currículum tiene un rechazo de la minera cuando era joven; lo agradece. No tenía profesión ni experiencia y eso lo obligó a irse y aprender otras cosas. Sonríe y nos desafía: “sé hacer de todo, gracias a Dios. Soldadura, construcción, chofer, maquinista, de lo que me digan. Y si no lo sé, aprendo”. Asegura que ahora son más los que no quieren que la minera destruya todo y entienden que es “pan para hoy, hambre para mañana”. Tener un hijo dentro, del lado “enemigo”, no invalida su lucha. “¿Cuál es el problema? Si está en su tierra. Hasta los mismos del pueblo te juzgan. Ahora porque nosotros reclamamos, ¿ya no tenemos derecho a nada de nada? Eso planteamos nosotros. Tendríamos que tener más derechos que los otros que vienen de afuera”. 

Las familias puneñas encabezaron manifestaciones en la ruta, antes de que el amparo se hiciera realidad. Al igual que el hijo de Alfredo y Elisabeth, algunos ingresaron en la minera y ya no se opusieron; la resistencia se debilitó. En la fusión de las empresas, fueron despedidas cerca de 300 personas. Román Guitián reflexiona: “Mineral, ¿quién come? Nadie. Todo viene del campo, si no fuese el campo no tendríamos vida. Si tenés una planta tenés el oxígeno. Todo nace ahí, la tierra y bueno, la materia prima. Pero ahora nada queda para nosotros”. 

En 2023, la generala (R) del Ejército de Estados Unidos jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson dijo en una visita al país: “¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, está el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.  

Guitián pide respuestas concretas. “Ellos consumen el agua dulce para su proyecto a 4 mil metros, nosotros estamos a 3000 msnm. Lo que tiran al salar desde la planta supuestamente vuelve en la misma cantidad y tiene el mismo PH. “Entonces por qué no levanta el caudal de la laguna? Si dicen que es agua no contaminada, ¿por qué tienen que ingresar con barbijos? ¿por qué ese olor tan fuerte?”.   

El término Antropoceno fue utilizado por primera vez a principios de siglo para designar las repercusiones que tienen las actividades humanas en el clima y la biodiversidad. Una época geológica —la actual—, en donde se incrementan los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI) en el cambio climático, se dañan los ecosistemas y los plásticos duplican la cantidad de masa de los animales terrestres y acuáticos.

Antropoceno es un término aún no reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) para describir el impacto de la humanidad en la Tierra. Capitaloceno. El hombre que mira a la tierra como un recurso infinito. 

Frenamos cerca del proyecto Fénix: ahí está la vega afectada y el acueducto.  

Historia de una vega seca

Román Guitián dice que la vega del Río Trapiche está seca. En realidad, que la secaron. La vega es un humedal —en este caso, de altura—, un terreno fértil con pastizales nativos, la memoria de la biodiversidad del río.

El hombre de piel puneña cuenta que la minera cortó el cauce y después hizo un dique en el río Trapiche. “Le dijeron a la gente que vivía al costado del río: bueno ustedes se van a tener que correr de aquí, les vamos a hacer una casa allá y vamos a poner agua. No hicieron nada, hicieron la casa, pero nada más”. Prometieron que cuando se llenara el dique, el agua volvería a correr, pero eso nunca ocurrió. Siete kilómetros de río desaparecieron. Conservar un ganado se hizo más difícil, sin alimento en la zona, los animales quedaron expuestos a la caza del puma y el zorro. Y ahí empezó a morir todo. 

En 2018 una docente difundió un video de la vega desde un drone, un charco negro, sin vida. Aunque llevaba años seca, para el pueblo de Antofagasta fue un revuelo. Por esa época el cacique denunció el uso excesivo del agua por parte de la empresa Livent y sus consecuencias para el ecosistema. Aunque inició la batalla “en soledad” para presentar una acción de amparo contó con el apoyo de Pucará, un espacio que concentra asambleas territoriales en Catamarca.

Al año siguiente la empresa informó que empezaría a construir un acueducto de más de 30 kilómetros para extraer agua del río Los Patos. Si la situación ya era grave, el avance de las obras obligaba a la comunidad a buscar formas de resistencia.

Así Román se presentó en el tribunal de la provincia, con representación legal. En el documento menciona, entre otras cosas que, desde 1997, se iniciaron los proyectos de exploración, extracción y procesamiento, sin haber tenido el consentimiento asambleario de la comunidad de Antofagasta, ni de la comunidad. El hecho es tan recurrente que se volvió una regla no escrita. No se respetaron ni los tratados de Derechos Humanos de la Constitución, como el derecho que garantiza un ambiente sano, ni el Convenio 169° de la OIT, también ratificado por ley nacional, que protege el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los afectan. Aún menos el Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, que proporciona acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, y además protege a los defensores de la naturaleza. 

Por eso el fallo se consideró ejemplar. Y una sorpresa que se reprodujo en los medios. Mientras Román avanza por el sendero irregular, aclara que no todos los integrantes de la comunidad están en contra de los proyectos. Sí, de la manera en que se impusieron. Algunos solo quieren trabajo en condiciones dignas, no son antimineros. Pero hay un consenso: el agua es un bien común básico que se debe respetar. Tampoco quieren que las empresas se lleven las ganancias sin dejarles beneficios a las comunidades. La oposición tiene su gradualismo, es difícil resistirse a semejante desigualdad en las fuerzas. En marzo de 2024 salió en las noticias: “La Corte de Catamarca ordenó paralizar la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto por el reclamo de un cacique”. 

Cerca del rancho de la familia Guitián, a metros del salar, dos tumbas son testimonio de la historia de la comunidad. Una de ellas remite al “hombre muerto”, la que está a su lado es la del bisabuelo de Román, Bernardo Guitián, que encontró ese cuerpo y le dio la sepultura. 

Ahí nacieron y se criaron sus antepasados entre animales y paisajes de sal. Nunca les faltó comida, los animales no escaseaban, el río rebosaba de truchas y patos.   

No hay regeneración posible

Si bien el proyecto Fénix tenía autorización para utilizar el agua del río Trapiche, la evaporación de la vega fue un proceso que se comenzó a percibir a principios del 2000. En período de pandemia, Livent destinó un presupuesto para la mano de obra y los materiales de una supuesta restauración. El encargado fue Rodolfo Tarraubella, presidente de la Fundación EcoConciencia. 

Rodolfo se presenta como especialista en finanzas sustentables, cuenta que los trabajos comenzaron en condiciones climáticas extremas y aclara que la ONG no recibió dinero de la empresa. Bajo la nieve y con excavadoras encontraron un piso geológico que aún contenía cierta humedad. Trasplantaron cerca de 25 mil plantas y la compañía minera puso su propia gente para hacer monitoreo y seguimiento. 

“Creo que tardará en crecer al menos 8 años para que uno pueda verla verde en todas las zonas que restauramos”, dice Tarraubella y explica que hubo una segunda mesa de diálogo entre la empresa, el gobierno y la comunidad, en la que no hubo ninguna oposición al avance de las obras. La versión de la comunidad es diferente.  

Lo que parece un atisbo de esperanza para algunos, para otros solo es humo que tapa lo importante, un “show” de la regeneración del río Trapiche. “Hay un daño que es irreversible”, asegura Verónica Gostissa, abogada integrante de la Red de Asambleas Pucará, que trabaja en una asesoría federal y es coordinadora de OPSAL en Argentina. Entre bocado y bocado de su almuerzo tardío, asegura: “No es como el ciclo del agua, el agua no vuelve más. Pero si quisiéramos parar, tienen que liberar el dique. Mientras haya un dique que no permite que la vega Trapiche vuelva al cauce de la subcuenca a la que pertenece, no se recupera nada. Lo están regando, es una vergüenza”.

La abogada de pelo rizado y mirada encendida describe al proyecto como un “Frankenstein biológico”, con un cerco de madera y una vega trasplantada, “Greenwashing”, como se define a una lavada de cara que se presenta como sustentable, pero solo en apariencia. Tanto el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente como el de Minería permitieron el uso del río Trapiche, primero, y la construcción del acueducto que llega del río Los Patos, como segunda fuente de agua disponible.  

El cacique Román cuenta que le discutió a Tarraubella. “Me dijo que  soy negativo. Pero yo tengo toda mi vida acá. Entonces yo sé por qué se muere y no vuelve de la misma manera; requiere mucha agua. Si no tiene agua no florece, no reverdece”. 

Derecho de Naturaleza

Previo a la sentencia emitida el 20 de marzo de 2024, el abogado Santiago Kozicki entró en escena. Heredero de una estirpe de abogados y jueces, después de diez años de trabajo en el Poder Judicial necesitaba un giro en su vida y eligió participar en causas ambientales. Así se enteró de lo que estaba pasando en Catamarca y habló con Verónica Gostissa, integrante de la asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) que, desde su rol en la Defensoría General, asesora a la comunidad. Santiago se convirtió en una pieza clave en ese engranaje. 

En un café de Buenos Aires, Kozicki explica los aspectos legales: “Formalmente, el amparo lo presenta Román con el patrocinio de la Defensoría General. En el territorio, hay articulaciones entre Román, la comunidad, Pucará y la Defensoría. Cuando se hace el amparo se plantea en la Justicia Federal, que interviene el Estado Nacional, a través de sus órganos federales”. A su vez, el amparo también se hace contra el gobierno provincial por la forma en que se autorizaron los permisos a las empresas en relación al Río de los Patos, en particular, y en general al Salar del Hombre Muerto. 

En 2020 había ocho empresas instaladas en la zona. Cinco estaban autorizadas para extraer agua dulce del Río de los Patos. Sus informes de impacto ambiental habían sido aprobados de forma individual. Pero nunca se había estudiado el impacto acumulado de estas empresas. 

A fines de los 90 poco se sabía lo que el litio iba a significar para los territorios. Tecnología de avanzada al estilo ciencia ficción. Un metal liviano capaz de mantener en vilo a países como Chile y Bolivia que, junto con Argentina, forman el llamado “triángulo del litio”, con sus extensiones de sal en retroceso. Tan estratégico como para que el llamado “Norte Global” negocie en el sur los beneficios para su consumo. 

Los salares son los más aptos y económicamente más convenientes para la extracción por evaporación pero el litio también se encuentra en el fondo del mar y entre las piedras, como en Puno, Perú, en donde se requiere un procedimiento diferente, con una mina a cielo abierto para separar el litio del uranio, tal como lo retrata la periodista Gabriela Wiener en una crónica publicada en revista Orsai. La crisis sociopolítica que se transformó en estallido social en 2023 contra la represión del gobierno de la entonces presidenta, Dina Boluarte, dejó 18 muertos y más de cien heridos. La profunda desigualdad que sufren las poblaciones aymaras incluye, entre otras cosas, que las comunidades no cuentan con la soberanía de los minerales pero sufren las consecuencias del extractivismo en sus propios territorios. El proyecto Falchani, de Macusani Yellowcake —subsidiaria de American Lithium—anunció el retraso del inicio de las operaciones para 2029. Cuestiones legales y técnicas son algunas de las causas pero los conflictos sociales también pesan en esta decisión. 

La historia la escriben los que ganan 

La Ley de Inversiones Mineras de 1993 que le puso un tope de 3% a las regalías de las provincias fue la puerta de entrada para las explotaciones a gran escala. La primera minera de litio que se instaló en esos 600 km2 de salar que comparten Salta y Catamarca fue en 1997 y durante varios años fue la única que reinó en la tierra salada. Fue gracias a Fabricaciones Militares que la provincia obtuvo la concesión del salar, de la exploración y explotación se hizo cargo la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium Corp. La empresa norteamericana renombrada como Livent, en 2023 se fusionó con la australiana Allkem y formaron Arcadium. 

En marzo de 2025 se completó la venta de los activos globales por 6.700 millones de dólares en efectivo a la empresa anglo-australiana Río Tinto. Las regalías para el litio aún se mantienen, aunque podrían quitarse en un futuro. En agosto, por decreto del Gobierno nacional, se eliminaron las retenciones a más de 230 productos mineros, como el hierro y el cobre, para impulsar la competitividad del sector. No al litio, todavía. 

Un sector privado en el aeropuerto de la Dirección de Aviación Civil de Salta, una pista de aterrizaje a pocos metros del pueblo de Antofagasta, otra en la zona del salar, aviones que trasladan a profesionales y operarios, movimiento semanal constante. 

El proceso comienza con la extracción de la salmuera a más de mil metros de la superficie y su traslado a piletones en los que a través de un método evaporítico, separan el preciado litio de otros minerales, como potasio, calcio, cloruro de sodio o sulfato. En esos piletones, que pueden superar el tamaño de una cancha de fútbol, se deposita la salmuera durante nueve a doce meses. El carbonato de litio toma el aspecto de un polvo blanco que, con el agregado de cobalto y níquel, servirá para la fabricación de una batería. En el Documento de Posición sobre la Minería de Litio en los Andes de Sudamérica, de la organización mundial Wetlands, dice que se utilizan dos millones de litros de agua para obtener una tonelada. Equipar a un auto eléctrico, implica cinco kilos de litio, por lo tanto, esta cantidad abrumadora de agua podría destinarse a unos 200 vehículos.

El concepto más extendido en la red de asambleas, comunicadores, abogados, biólogos y antropólogos, es que la minería de litio, en realidad, es minería de agua. En el documental “Antes del lito”, el licenciado Néstor Ruiz, perito ambiental y miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) afirma que el método de producción es obsoleto y que 30% de la mezcla que se vuelca a los piletones consiste en agua dulce. Agua de los ríos y subterránea. Agua que corre y se evapora. Hoy se apuesta por un método de extracción directa que, según afirman, utiliza menor cantidad de agua, pero es aún más costosa. 

Frente a la polémica del freno legal, que repercutió en otros países, la estrategia fue abrir sus puertas a la prensa. En septiembre de 2024, desde un hotel en Buenos Aires viajaron medios argentinos hasta Salta y de ahí realizaron un trasbordo en aviones particulares hacia la planta procesadora de Fenix. Según sus imágenes ofrece la tecnología de avanzada para “optimizar el proceso productivo”. 

En ese espacio inaccesible para el periodismo ambiental, asistieron a charlas en las que les explicaron el proceso de producción. Las crónicas hicieron referencia a los beneficios que la actividad minera llevaba a la población y al confort que tienen los trabajadores —por ejemplo, espacios de recreación con una sala de música—. También aludieron a la intención de modernizar el uso del agua dulce. 

En representación de la empresa, el entonces Gerente de Operaciones de Arcadium (ahora Río Tinto), explicaba que había una confusión al respecto. El medio argentino Infobae publicó un textual de Luciano Mancuso: “El agua que fluye hacia el salar, la usamos nosotros o nadie; a 4 kilómetros no hay nadie más”. La negación de otras formas de vida se vuelve patente en este modelo de producción. Mientras que el agua de la salmuera no sirve para consumo, afirma, el agua subterránea apenas se vio afectada en 25 años. Con respecto a la superficial, se utiliza solo un 10% del acuífero. La mención al río Trapiche es inevitable, pero también alude a la remediación de la vega seca. 

La verdadera historia

La doctora en Biología, Patricia Marconi, forma parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Su trabajo con la investigación de los flamencos altoandinos (la parina grande y la parina chica) la llevó a conocer la problemática minera de cerca. “Para nosotros directamente este tema es una amenaza sobre la biodiversidad, por la metodología que utilizan y por las características de estos humedales que son oasis en medio de una matriz desértica. Cualquier intervención —ni hablar de estas que son a muy gran escala—, tiene un efecto muy negativo sobre el funcionamiento de estos humedales y todos los servicios ecosistémicos que brindan”.

Hace 30 años que la Fundación Yuchán trabaja en el altiplano. Patricia, a través de una llamada virtual, cuenta que la minería de litio siempre estuvo presente en Catamarca, pero a muy pequeña escala o con un proyecto puntual, como el caso de Fénix. Esto cambió drásticamente a partir de 2016 cuando se eliminaron las retenciones y hacia 2018 apareció la alta demanda de litio para un modelo de transición energética corporativa. Con el apremio de la supuesta transición verde en el llamado “Norte Global”, las empresas llamaron a duplicar la producción. 

Los proyectos se multiplicaron de manera indiscriminada en los humedales, “dependiendo exclusivamente de la concentración del mineral, no de si estaban dentro de un área protegida o había una comunidad dependiendo de esos humedales”. Según la bióloga, todo el ordenamiento territorial previo y los usos preexistentes fueron ignorados, como si la ola de extracción de litio hubiera borrado las leyes y los derechos. 

La búsqueda de cobre también es una amenaza para la biodiversidad. Durante 2023 se aprobaron dos pedimentos de cobre por lo que una vez dados los derechos para la prospección, sería el turno de la exploración y finalmente la explotación. “Dada la alta demanda de cobre y el alto precio del cobre en el mercado, sumado al RIGI, y esta desesperación mortal por obtener divisas de cualquier manera, la zona está en alto riesgo”. Los humedales son importantes, allí existe la mayor concentración de la parina chica.” Cada verano se congregan un promedio de 15.000 flamencos, es decir, el 10% de la población global. En algunos años llegamos a contar 19.000 y además es un sitio de nidificación regular, que son muy pocos en toda el área de distribución”. 

En los últimos años, las noticias sobre flamencos muertos han aumentado. En 2023 se determinó que el hallazgo de 220 ejemplares se debió a la gripe aviar. “Es difícil atribuirlo a la actividad minera”, contesta la bióloga frente a la pregunta, pero los estudios continúan. La minería a cielo abierto implica alta probabilidad de derrames ácidos, con cianuro y explosiones, una contaminación letal e inmediata. “En el caso de la minería de litio, el proceso es mucho más lento porque no lo vemos. Porque el 98% del agua de la Puna es subterránea”.

Parecida a la extracción de hidrocarburos, así es la exploración del litio en salmuera. “Se hacen pozos, se perforan a distintas profundidades, se van tomando muestras y aquellas profundidades que presentan mayor concentración, bueno, ahí ya se establecen pozos permanentes de extracción, de bombeo. Y se bombea la salmuera”.

La puna catamarqueña es una zona árida por naturaleza, “se evapora siete veces más agua de la que ingresa a través de precipitaciones o de nieve”, dice Patricia Marconi y explica que en la actualidad no existen inventarios de los recursos hídricos subterráneos en el Altiplano, como existen en el Acuífero Guaraní o Puelche. “Por la característica del plegamiento andino, hay acuíferos a distintas profundidades, y hay acuíferos confinados que no tienen conexión con la superficie y en muchos casos es de donde se extrae la salmuera. No hay reposición ni recarga. Es agua que quedó ahí entrampada, muy antigua. Se la denomina agua fósil y ese es un recurso no renovable, absolutamente no renovable”. 

En el seminario web realizado en octubre de 2024, Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio, Javier Oviedo, asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), habló del consumo del recurso hídrico y explicó que cuando se extrae la salmuera de un salar, esos acuíferos que quedan vacíos se equilibran con el agua dulce subterránea, que se termina salinizando. Al mismo tiempo, se utilizan los acuíferos de agua dulce para su procesamiento. “La industria minera del litio no considera que la salmuera sea agua. Hace un uso consuntivo del recurso, significa que el agua que se extrae no se devuelve al medio. Porque se consume totalmente, o cambia sus características y no se puede volver, o simplemente se pierde”. Que la tasa de evaporación es alta y no se devuelve al ecosistema, lo reafirma la bióloga marina Cynthia Escares en el mismo seminario y agrega que un ligero cambio en el balance hídrico afecta las condiciones ambientales y las relaciones simbióticas. 

La justificación de que no tiene perjuicio para el ambiente queda invalidada frente a los ejemplos, como el del Salar de Atacama, que menciona Patricia Marconi. “Se está hundiendo porque es tanta el agua, es tanta la salmuera que han extraído que ya pierde volumen, pierde sustento y está descendiendo todo el salar. Ese es un efecto dramático a nivel geológico, es realmente muy muy grave y además imparable, o sea es irreversible”. Según la bióloga, esa región de Chile es nuestro futuro distópico en términos ambientales y en lo que nos tenemos que enfocar: los oasis y vegas secas, las comunidades que se tuvieron que trasladar en busca de sustento porque no tenían lugar donde pastorear sus animales, ni agua dulce para su consumo. “No es algo inmediato, cuando se detecta, ya es tarde”. 

En base a su razonamiento, la minería sustentable no existe, ya que es una actividad extractiva que reduce la probabilidad de uso para las siguientes generaciones. “Podría ser responsable, pero para que sea responsable tenemos que saber en qué clase de sistema estamos interviniendo”.

Las lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca fueron declaradas “sitios Ramsar” en 2009, lo que significa que se consideran “humedales incluidos de importancia internacional”, dentro de la Convención sobre los Humedales. Previo a que Fénix se propusiera duplicar la producción, ya extraía 220 mil litros por hora, lo que representaba que en 15 días de funcionamiento la empresa consumía el agua potable de un año entero para las 2 mil personas que habitan la sierra. Si a eso se le suman Sal de Vida, también de Río Tinto; los proyectos Hombre Muerto West y Candelas, de Galán Lithium Limited; Salar de Oro, de la empresa surcoreana Posco; Virgen del Valle, de Minera Santa Rita; y La Veguita, (trece en total) el impacto ambiental podría resultar alarmante. 

En febrero de 2023 un empleado de la minera envió a la Asamblea Pucará una denuncia anónima, con fotos y videos del mal manejo de residuos químicos en el aire libre, polvo blanco que según el empleado era carbonato de litio cayendo sobre la tierra, una caldera de humo tóxico que funciona las 24 horas del día y vicuñas que comían de la basura química que generaba la empresa.

A comienzos de octubre de 2024 el proyecto La Veguita fue denunciado públicamente por la comunidad debido a la intención de realizar la prospección en un territorio ocupado por la casa del cacique Román Guitián. Recién ocho meses después el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso, ya que se comprobó que el consentimiento firmado por el cacique era falso. 

El objetivo de la mayor parte de la comunidad es que Antofagasta de la Sierra deje de ser una zona de sacrificio. “Agua para los pueblos, no para las mineras”, se puede leer en las paredes del pueblo, en donde el arte deja constancia de la rebeldía. 

Red de Resistencia 

El 18 de febrero de 2017, nació en Andalgalá Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación —Pucará—, “con el propósito de fortalecernos en experiencias, información y alternativas y generar un espacio de confluencias, acciones y compromisos”.

Desde diferentes ciudades confluyeron para fortalecerse y tejer redes frente al extractivismo que es la estrategia política y económica de la provincia, que considera a la minería su principal fuente de ingresos. Mientras tanto, la red denuncia la desaparición de otras actividades regionales y el deterioro de la calidad de vida. Así, El Algarrobo, de Andalgalá, comparte experiencias sobre sus casi 16 años de caminatas ininterrumpidas, —como forma de resistencia pacífica—, con asambleas más jóvenes, como la de Belén, Santa María o Fiambalá. 

A esta red de asambleas pertenece Manuel Fontenla, profesor de Filosofía de la Universidad de Catamarca (UNCA), Doctor en Estudios Sociales de América Latina, y apasionado por el mundo de la escalada. En una clase abierta y pública en el Día de la Biodiversidad, Fontenla se refirió a la problemática del litio para el ambiente. Explica que al contrario de lo que se promociona, el litio no es la panacea ni está destinado a salvar el mundo. Las baterías de litio tienen la función de almacenar energía, no de generarla, y ese es un punto importante. “Vienen a resolver un problema específico que es la producción de gases de efecto invernadero que se da cuando quemamos combustibles fósiles”. 

Hablar del litio en la transición energética significa enfocarse en un solo eje de toda la problemática del cambio climático. Se trata de un reduccionismo —dice el profesor—, lo mismo que referirse solo a los autos eléctricos para hablar de electromovilidad.

Según la Agencia Internacional de Energía la demanda global de energía aumentó un 2.2% en 2024. Las energías renovables y la nuclear cubrieron alrededor del 40% de la generación total de electricidad. El pronóstico es que el declive del petróleo sucederá en 2030 y será necesario cubrir esa demanda que no frena. Por otra parte, estadísticas de la Red de la Huella Global, muestran que se necesitarían 5,8 planetas para cubrir el ritmo de uso de recursos de los Emiratos Árabes, o 4,9 en el caso de Estados Unidos. 

Encontrar una solución en verdad sustentable para ambos hemisferios implica no explotar ríos ni tierras como se realiza hoy. Manuel Fontenla opina que pocos se refieren al decrecimiento económico como opción. “Tiene pésima prensa, nadie quiere discutir sobre cómo achicar el mundo y cómo reducir el consumo en cuanto a energía”. Entre las voces referentes, habla de la politóloga Flavia Broffoni, que se refiere a la  descomplejización de las sociedades como una manera de enfrentar un colapso que ya está aconteciendo. Producción, consumo y distribución local, opuestos a la globalización de hoy. 

Argumentos sobran para defender el salar, coinciden los integrantes de la red Pucará. Desde la ciencia, se explica que los ecosistemas de humedales salinos son sumideros de carbono, por lo tanto, ideales para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. En 2010, María Eugenia Farías fue una de las microbiólogas que participó en el descubrimiento de estromatolitos fósiles y vivos en la Puna salteña. El Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA) encontró “microorganismos extremófilos que se adaptan a condiciones inhóspitas, similares a las del planeta hace 3.400 millones de años”, cuenta un artículo de CONICET. Estos sistemas microbianos, “asociación de algas y bacterias que precipitan minerales y son capaces de captar dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno”, son la forma más antigua de vida descubierta en el planeta y, por lo tanto, valiosos para su estudio y conservación. 

“Llegamos a este punto donde solo la solución es posible a través de la tecnología y de los minerales porque se destruyeron todas las alternativas que hubo durante muchos años. Yo sí cargo de responsabilidad a ciertos sectores de poder”, dice Fontenla que anima a que la transición energética sea una discusión transversal, en todos los ámbitos. 

Mirada hacia un futuro incierto

El Ministro de Minería de la provincia de Catamarca, el ingeniero Marcelo Murúa Palacios no accede al pedido de entrevista. La comunicación se hace por una nota formal, la respuesta por Whatsapp es que el ministro está de viaje, o está ocupado, que no puede atender. Tampoco es posible hablar con la ingeniera Teresa Regalado, y menos con Luciano Mancuso, ex director de operaciones para Argentina de Río Tinto Lithium. Su secretaria deja de contestar. A través de las redes laborales, el mensaje queda en visto. Meses después, su nombre, como ex presidente de la subsidiaria de Livent, Minera del Altiplano, queda vinculado a un caso de subfacturación, a un posible contrabando de exportación de litio en el marco de la causa “Sales de Jujuy S.A. y otros s/ Infracción a la Ley 22.415”. Se los imputa porque habrían realizado 146 exportaciones de carbonato de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado entre junio de 2022 y octubre de 2023, entre un 30 y 45% por debajo del valor del mercado, lo que representa una pérdida fiscal de más de 200 millones de dólares. 

La que responde pronto es Verónica Gostissa. Su historia en Catamarca se remonta a 2013, cuando todavía cursaba la carrera de abogacía. Había salido con sus amigas desde Buenos Aires haciendo autostop en la ruta y en Jáchal, San Juan, se encontró con una problemática que desconocía: un camionero le mostró cómo una minera había secado el río; la impactó tanto que a su regreso se propuso investigar temas de derecho ambiental. Tiempo después conoció Andalgalá, en el centro de la provincia catamarqueña. “Ahí empezamos a acompañar a la gente”. Se refiere a las caminatas de los sábados en contra de la megaminería y para cuidar el agua que baja por la sierra Capillitas y alimenta a la ciudad; caminatas que en quince años ya superaron las 800. Hay suficiente cobertura en la prensa y en las redes sobre las historias de los vecinos que no se resignan a quedarse inmóviles ante el desastre ambiental que dejó la mina de oro y cobre La Alumbrera, y el avance de los proyectos MARA-Agua Rica. 

Verónica eligió concursar por un cargo en la Defensoría Pública para quedarse en Catamarca. En una actividad universitaria le presentaron al cacique Román Guitián, así se involucró en el caso del Salar del Hombre Muerto. “Cuando fuimos al salar, me decían: acá hay un río seco. Eso fue lo más triste que vi en mi vida”. Presentaron el amparo en la justicia federal, y aunque esta se declaró incompetente y la causa quedó en la provincia, no dejó de participar en la protección del territorio y sus habitantes, con ellos formó un vínculo que todavía persiste. Ahora trabaja en una asesoría federal y es parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) y de la Alianza por los Humedales. 

Según la cronología de la abogada, cuando se difundió que el río Trapiche estaba seco y hubo un revuelo en la comunidad, el intendente actual, Mario Cusipuma, aprovechó para ponerse una camiseta alusiva al río y sumar el tema a su campaña, semanas antes de ganar las elecciones. No le resultó extraño a la comunidad que el integrante del partido Unión por la Patria, luego se olvidara de sus promesas. “Entonces empezaron a tener episodios de violencia institucional. A la familia Morales la quisieron desalojar para crear un bypass minero en Antofagasta. En su momento, hicimos la denuncia de violencia institucional, la policía golpeó a las mujeres y a las familias, a Lulú, una señora de 90”.

La persecución que sufrían las familias opositoras se vio agravada por la pandemia, eso contribuyó a desactivar los movimientos de resistencia. Gostissa afirma que durante la pandemia la gente estuvo muy encerrada, muy controlada con la policía. “Las mineras, por decreto, tenían autorización para trabajar, por lo que hubo un avance fuerte en ese tiempo. La gente no podía protestar, no accedíamos a tanta información”. 

Parte de la comunidad denuncia que se ha naturalizado que la minera intervenga en la sociedad. La abogada es categórica: “despliega una ingeniería social fuertísima, empiezan a dar becas, trabajo de tres meses y todo precarizado. Los pibes de 18 años se pueden comprar una moto, no importa que en un año no tengan más trabajo o se enfermen o no”. 

En un comunicado del 29 de diciembre de 2024, Minería autorizó la creación de otro camino alternativo, para que Arcadium transportara las salmueras de Sal de Vida al proyecto Fénix, hacia la planta de procesamiento. Pero en realidad ese camino ya existe y es comunal, de pastoreo. Se encuentra muy cerca de las tumbas sagradas, por lo que La Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano difundió otro comunicado sobre el avasallamiento de sus derechos. El descubrimiento de vicuñas atropelladas “demuestra el impacto directo y devastador que tendrá este camino sobre nuestra vida y el equilibrio natural del Salar del Hombre Muerto”. 

Los frentes se multiplicaron, lograron frenar el avance del proyecto minero La Veguita, ya que el consentimiento de Guitián había sido falsificado, por lo que el Ministerio de Minería de Catamarca suspendió el permiso. El conflicto principal todavía se encuentra en el informe de impacto ambiental acumulativo. 

En octubre de 2024 Teresa Regalado, la secretaria de Desarrollo Minero de Catamarca, contaba en una entrevista para una radio local que habían llegado a la metodología apropiada con la colaboración del Conicet y de otras fundaciones, y que se había firmado contrato por financiamiento con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora local especialista en temas ambientales, sociales y económicos. Siete meses después el Estudio y Gestión de Impacto Ambiental Acumulativo (EGIA) en el río Los Patos y el Salar del Hombre Muerto se presentaba según lo solicitado por la Corte de Justicia: “Los modelos hidrogeológicos validados anticipan que el acuífero conservará su capacidad de recuperación aún bajo escenarios de explotación. Estos resultados refuerzan la importancia de mantener y fortalecer los programas de monitoreo, clave para una gestión hídrica precautoria y adaptativa”. Total normalidad. En las redes sociales el gobernador Raúl Jalil, anunciaba un plan de gestión integral “con enfoque preventivo, adaptativo y participativo, orientado a cuidar nuestros recursos y asegurar decisiones sostenibles para todas las comunidades”. 

La participación ciudadana fue destacada, en concordancia con el acuerdo de Escazú. Verónica aclara que se presentó en el marco del amparo un equipo interdisciplinario de la comunidad para poder también ser parte activa del proceso de evaluación: una bióloga, una hidrogeóloga y una antropóloga. Mientras que el gobierno presentó un cronograma de evaluación, el equipo de la defensa de Guitián realizó observaciones sobre las irregularidades en el modo en que el gobierno entendía la evaluación. 

Cómo se mira lo que se mira. Cómo se evalúa el daño. Ahí está la cuestión. “De hecho, la característica un poco de todos estos proyectos locales es que no tienen línea de base. Ni siquiera podemos todavía pensar en evaluar los proyectos si no conocen el río”. La abogada cuenta que la línea de base en un salar no empieza de cero, sino en 1997. “Entonces, hay mucha información previa que debe pensarse para que puedan analizar cómo es la situación de todos los proyectos a la vez. Y, además, la cuestión territorial”.

Observar solo una vega y dos ríos resulta insuficiente, consideran desde el punto de vista científico y legal. Verónica Gostissa analiza: “Cómo pensamos la dimensión territorial de una evaluación ambiental de este estilo, más allá de lo interjurisdiccional en términos de lo político y lo hidrogeológico”. Hay una unidad de cuenca en el lugar, si solo miro este tramo, no estoy viendo que todo es una gran unidad”. 

En ese expediente se presentaron tres organizaciones como “Amicus Curiae”, que es Amigos del Tribunal, que es FARN, DEPS y AIDA, que son tres organizaciones de la cultura ambiental, también apoyando el pedido de Román de la comunidad y dando más motivos técnicos, científicos. 

La asamblea Pucará acompaña los reclamos con una perspectiva ambiental que los integra, dentro de un contexto global nada favorable. Entre las discusiones y estrategias, la minería metalífera y litífera son grandes ejes para analizar, cuenta Verónica. Lo que sucede en el territorio, los convoca. Organizan talleres en escuelas, encuentros y cumbres por el agua, a la que concurren de otras regiones para integrar problemáticas y resistencias. 

El espacio de Alianza por los Humedales, junto con Chile y Bolivia realizó, una asesoría con talleres, comunicación, acompañamiento jurídico y una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con una audiencia sobre el  impacto en los derechos humanos del extractivismo de litio. Ahí viajó Verónica, a Washington, el 15 de noviembre de 2024. “Presentamos un informe escrito, nos recibieron integrantes de la comisión. Estaba el relator de Derechos Económicos Sociales, Culturales (Javier Palummo Lantes). Había cinco comisionados, y hubo media hora para exponer los casos de Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Ellos hicieron preguntas, y se armó un espacio de debate y discusión. La idea es que también se abran otras líneas estratégicas posibles”.

Mientras que en Catamarca el tema queda invisibilizado, hacia el exterior, Antofagasta de la Sierra es un destino que está en la mira de la cartera de negocios. “En la semana de minerales críticos viajan los gobernadores a decir que está todo bien. Bueno, no puede ser la única voz que esté ahí. Hay que estar, para decir que está todo mal”. Uno de los objetivos de La Alianza por los Humedales es tener incidencia estratégica en espacios de discusión internacional. “Porque guste o no, la discusión está instaladisima. El litio está instaladisimo. No es que va a desaparecer la discusión. Entonces, o se participa o te pasa de largo”. 

Si el agua se va, la gente también.

El mayor temor de Román Guitián es que el espacio en el que su familia creció sea un pueblo fantasma, que en el futuro queden solo viejos. “Yo quería que venga el gobernador, que la gente pida una terciaria, que los chicos se capaciten aquí, y puedan ejercer su estudio acá. No puede ser esto que los chicos tengan que ir a otro lado a estudiar. Se enamoran de otra provincia y no vuelven”.

El Doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Estudios Sociales y Culturales, Horacio Machado Aráoz, dice que el extractivismo es la base material de los regímenes autoritarios. “Es la negación radical de la democracia. La apropiación oligárquica de la tierra es la negación básica y absoluta de la soberanía popular, es la base material de un régimen político de pocos y para pocos”. Integrante de la organización territorial, Be.Pe, Machado sintetiza el pensamiento de las asambleas y habla de democratizar la tierra para democratizar la sociedad. Mientras el gobierno de Catamarca continúa con la promoción de eventos costosos y exclusivos, como la edición XIV del Seminario Internacional de Litio en Sudamérica, la respuesta de las asambleas es generar conocimiento abierto. El 29 de septiembre se realizó el festival Ambiente y Primavera que reunió a la red de alianzas y comunidades de la región en defensa de los humedales. Su objetivo fue poner en común acciones de resistencia, alertar sobre las consecuencias del litio (y de políticas extractivistas), y alentar las economías regionales. Con música y feria, en una plaza pública, las personas que participaron dejaron en claro lo primordial que resulta la conservación del agua para la vida.

* Karina Ocampo: Periodista. Licenciada en Comunicación. 

Source

Por Mariángeles Guerrero y Camila Parodi*

Desde Belém, Brasil

Foto portada: Lourdes Albornoz / Colectivo Mujeres diaguitas, ancestras del futuro

En este 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra las Mujeres y Disidencias Sexuales, el mundo vuelve a denunciar las violencias patriarcales. Mientras en la COP30 empresas y gobiernos discutieron medidas para enfrentar la crisis climática, las mujeres que defienden sus territorios viven cada día una doble violencia —de género y extractiva— que busca silenciar sus voces, fracturar sus comunidades y disciplinar sus decisiones políticas. María Ivete Bastos, campesina de Santarém (Pará) fue amenazada y sufrió una serie de atentados contra su vida por oponerse al monocultivo de soja. Sin embargo, convoca a no rendirse: “Luchamos por la vida. Y es la vida del río, la vida del bosque, la vida de nuestra gente”.

Cada 25 de noviembre se conmemora y repudia el asesinato de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en 1960 a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Seis décadas después, la criminalización, amenazas, hostigamiento y desgaste emocional forman parte de un entramado que sigue fuera de las negociaciones oficiales de la diplomacia de la COP30.

Los contextos cambian, los nombres de las empresas varían, los gobiernos se renuevan, pero las formas de control y fragmentación son las mismas. La historia de María Ivete muestra una realidad que viven quienes se enfrentan a grandes proyectos mineros o del agronegocio. Recientemente, casi fue atropellada por un auto en plena calle. Su compañera, Maria do Espírito Santo da Silva, también defensora contra el extractivismo, fue asesinada a balazos junto con su esposo José Cláudio Ribeiro da Silva en 2011.

América Latina y el Caribe es el continente más peligroso para quienes defienden la tierra, el agua y los bosques. Desde la Puna hasta la Amazonía, pasando por los Andes, el Cerrado brasileño y las costas del Pacífico, la escena se repite con una precisión que desgarra: criminalización, causas judiciales inventadas, campañas de difamación, quiebre de vínculos comunitarios, estrés y depresión, aislamiento y amenazas que avanzan al ritmo de los proyectos extractivos. 

El último informe de Global Witness, publicado en septiembre de 2025, reporta que al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo en 2024. La cifra global acumulada desde 2012 asciende a 2.253 casos. América Latina vuelve a ocupar el epicentro: 117 de las víctimas del último año —el 82 por ciento— vivían en la región. Un tercio de las víctimas eran indígenas. El informe denuncia que en 2024 aumentaron otras formas de ataque como detenciones ilegales, criminalización judicial, acusaciones falsas de terrorismo y persecución por vías administrativas. 

La mayoría de quienes resisten en primera línea son indígenas, campesinas y campesinos, personas profundamente arraigadas a sus territorios. Aunque los pueblos originarios representan sólo el seis por ciento de la población mundial, protegen el ochenta por ciento de los bosques del planeta. Allí, en los márgenes donde la acción climática no es una promesa sino una práctica cotidiana, sostienen la vida frente al colapso ambiental. 

Elizabeth Mamani, defensora de los humedales andinos

La historia de Elizabeth Mamani muestra, sin eufemismos, lo que significa enfrentar el avance minero en el norte argentino. Defensora de los humedales andinos, integrante de la comunidad de Atacameños del Altiplano y parte de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencias Diaguitas Ancestras del Futuro, vive en un territorio donde las autorizaciones extractivas se otorgan sin consulta previa (como establece la ley) y a una velocidad que supera cualquier posibilidad de control comunitario.

“La situación de mi territorio es cada vez más preocupante”, dice. Frenar estos proyectos se volvió prácticamente imposible. Si bien en la actualidad un fallo de la Corte provincial de Catamarca de 2024 frena nuevos proyectos hasta que se realice la evaluación de impacto integral y acumulativo, los doce proyectos que están en proceso de explotación y exploración ya generaron un impacto irreversible. Un ejemplo es la desecación de la Vega Trapiche, por la explotación en la zona del Salar del Hombre Muerto (en Catamarca) y el desplazamiento de las economías rurales.

Su testimonio es claro: la defensa territorial no solo implica confrontar a empresas y gobiernos, sino asumir un desgaste social profundo. “La vida de los defensores es muy complicada”, explica. La sociedad muchas veces se da vuelta, los gobiernos persiguen, las mineras intentan comprar silencios “con migajas”. Y las familias sienten el peso de un conflicto que cae siempre sobre las mismas personas. A eso se suma la criminalización y la sensación constante de estar peleando en desventaja. “No tenemos el apoyo suficiente de la población”, resume.

Elizabeth no habla desde la excepcionalidad, sino desde una experiencia común a muchas comunidades: poner el cuerpo, la voz y el tiempo de vida en un conflicto en el que todo parece jugar en contra. Cuando intenta explicar de dónde sale la fuerza para sostener esa lucha, no lo hace desde una épica militante sino desde la necesidad y el deseo de preservar la vida. Defender el territorio —dice— es pensar en quienes vienen después, en no dejar un ambiente destruido y sin agua para las generaciones futuras. Su impulso está ahí: en evitar que el daño de hoy se convierta en una condena para quienes incluso todavía no nacieron.

Bertha Cáceres Zúñiga, defensora de los ríos

Hablar con Bertha Cáceres Zúñiga es escuchar una memoria viva que continúa enfrentando las mismas violencias que acabaron con la vida de su madre, la líder indígena Berta Cáceres, en 2016. “Bertita”, como la nombran sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sabe que su país, Honduras, funciona como un enclave extractivista histórico atravesado por una tensión permanente. “Estamos en un momento de mucha tensión política”, dice, marcada por unas elecciones inminentes y un clima de violencia que “se conserva de manera general”. 

Ese contexto no puede entenderse sin nombrar lo que ella identifica como el corazón del conflicto: “el tema de tierras, de pueblos indígenas, bienes comunes de la naturaleza, proyectos de privatización, temas de financiamiento, esa es la razón central del problema en nuestro país”.

Bertita subraya que esos problemas se expresan en un punto clave: la disputa territorial. Explica que las agresiones contra las defensoras y defensores están directamente vinculadas a los intereses económicos que operan sobre los ríos, los bosques y los territorios indígenas. “Estas situaciones son reflejo de las tensiones entre intereses políticos y económicos que siguen existiendo en Honduras”, afirma. Y advierte que, aunque en el caso del femicidio político de su madre hubo avances judiciales, el problema de fondo no cambió. “Las estructuras criminales no se han desestructurado, continúan activas y pretenden los territorios”, denuncia.

Su presencia en la COP30 no buscó maquillajes diplomáticos, sino colocar en el centro de la discusión climática lo que ocurre en los territorios. Lo dice sin vueltas: mientras defender un río o una montaña implique enfrentar violencia política, económica y criminal, cualquier debate sobre transición energética o protección ambiental carece de sentido. Plantea: no se puede hablar de futuro climático sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes, todos los días, defienden la vida de sus territorios y comunidades.

María do Bosque, defensora de la tierra

Maria do Bosque vive en Alagoas, nordeste de Brasil, zona de playas paradisíacas y de explotación de caña de azúcar. La historia colonial allí tiene sus orígenes en esa región (más precisamente en Bahía, un poco más al sur), donde la caña de azúcar fue el monocultivo que trajo aparejado el tráfico de esclavos desde África. Las huellas de esa historia permanecen: si bien el país abolió la esclavitud en 1988, esa práctica permanece en las zafras.

María pertenece al Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), que se movilizó a Belém con sus banderas y gorras violetas para participar de la Cumbre de los Pueblos. Explica con una sonrisa que su nombre responde a su territorio: “Somos muchas María, entonces nos identificamos según de dónde venimos”. Sobre las discusiones oficiales que se producen en la COP, cuestiona: “Vemos que todo es solamente para el lucro”.

En Alagoas hay más gente sin tierra que con tierra. Grandes extensiones están en pocas manos y el 90 por ciento está dedicado al monocultivo de caña, que a su vez se destina a la exportación. La explotación genera degradación del suelo y contaminación de las aguas. María avizora otro monocultivo en ciernes: el de eucaliptus.

Como ex cortadora de caña conoce de cerca esa realidad: “Si un cortador de caña no junta seis toneladas por día, no es considerado bueno. Eso implica un costo para la vida del trabajador, la perspectiva de vida es muy pequeña ya que se trabaja con altas temperaturas, sin sombra siquiera para el momento de comer”. 

Asegura que la principal problemática para ellas son las múltiples formas de violencia, muchas veces invisibilizadas por ocurrir lejos de las ciudades. Agrega que la falta de tierras es una forma de violencia: “No es posible tener una vida digna si la mujer del campo no tiene agua, ni tierra ni su territorio libre. Eso es muy fuerte para nosotras”. Explica que su lucha es por una vida donde las mujeres puedan tener la libertad de plantar su alimento, de comer saludablemente, de cuidar de las semillas y de sus comunidades.

El MMC trabaja con una perspectiva campesina y agroecológica, que busca introducir cultivos de verduras o trigo. Sin embargo, esa práctica artesanal que subvierte la lógica corporativa tiene su costo: la Policía y grupos cercanos a los latifundistas destruyen sus instalaciones colectivas y envenenan el agua de sus pozos como forma de amedrentamiento. Pero María no duda: “Apostamos a esa salida para la agricultura, una salida donde haya vida y dignidad”.

Margarita Aramayo, defensora de los cerros

Margarita Aquino Aramayo coordina la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre de Tierra en Oruro, Bolivia. Desde la Cumbre de los Pueblos, afirma: “Somos indígenas que estamos defendiendo a la Madre Tierra y los derechos de las mujeres que están siendo violados por la contaminación minera. Denunciamos la violencia medioambiental contra las mujeres”. Y explica que los grandes emprendimientos son de extracción de estaño, plata, plomo, litio y oro.

Asegura que el extractivismo afecta el derecho a la salud, al trabajo, a la consulta libre, previa e informada, a vivir en un ambiente sano, al agua. “Sin agua no hay vida”, enfatiza, con la bandera de Bolivia entre sus manos. Y agrega: “A nosotros nos expulsaron de nuestro territorio, contaminaron nuestra agua y nuestras tierras”.

“Nuestras autoridades nacionales están poniendo la mira en los pueblos indígenas. Pero estamos preparados para resistir a la minería”, expresa. Alza la voz frente a otras mujeres, en el gimnasio de la Universidad Federal de Pará, donde se lleva a cabo la cumbre. Afirma que la COP no las representa. Los aplausos hacen eco en el sopor del mediodía. Y precisa: “No nos representa porque allí no están las voces de las mujeres indígenas ni de los pueblos indígenas. Allí van los estados y las transnacionales a decidir cómo va a ser nuestro futuro”.

Un clamor cada vez más potente

En la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP), las defensoras no fueron protagonistas. La toma de decisiones continúa secuestrada por Estados y las corporaciones y negociadores, que suelen estar muy lejos de los territorios donde se juega el presente y el futuro del clima.

El contraste entre lo que sucede dentro y fuera de la COP30 en Belém lo dejó claro. Mientras en los pabellones oficiales se repetían discursos cuidadosamente medidos, en las calles, en los ríos y en las aldeas se escucharon las denuncias que la diplomacia evita nombrar. La Marcha Global por el Clima del 15 de noviembre, encabezada por comunidades amazónicas y delegaciones de distintas regiones del mundo puso en el centro la defensa territorial como la acción climática más efectiva.

En la Cumbre de los Pueblos el movimiento indígena brasileño fue categórico: las demarcaciones territoriales son urgentes. En Brasil existen 107 tierras indígenas listas para demarcar pero llevan años de espera. La demarcación implica preservar los territorios indígenas de proyectos extractivistas. El anuncio realizado por el ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos —20 demarcaciones nuevas— fue celebrado, pero las organizaciones dejaron claro que es apenas un inicio frente a la escala del reclamo. Otra exigencia fue el financiamiento directo para las comunidades que protegen la biodiversidad. 

Esta COP no dejó grandes expectativas en términos de acuerdos, pero sí mostró que las defensoras y guardianas de la vida ya no están hablando en los márgenes. Partícipes de la Cumbre de los Pueblos y de espacios de incidencia colectiva, organizan estrategias, planifican límites a la impunidad y marcan el tono de una transición que no puede repetir los caminos que condujeron al colapso.

Ivete Bastos dice que no abandonará la lucha por su territorio, pese a los peligros. “Lo que me da coraje es ver tanta injusticia, tanta desigualdad. Por eso cuando pienso en quedarme en mi rincón, en mi lugar, cuidando mi vida privada, me siento muy incómoda. Si mi voz se escucha y capta la atención de alguien, me alegra mucho porque es como si alguien me mirara y dijera: ‘mira, tiene esta edad, el pelo blanco, y sigue viva entre otros, alzando la voz, buscando, denunciando, así que vale la pena’. Eso me anima a vivir y a seguir luchando”.

*Cobertura Colaborativa de Marcha Noticias, LatFem, Kaja Negra, Muy Waso y Agencia Tierra Viva.

Source

Fue una cumbre intensa, irregular y profundamente politizada, donde los pueblos pusieron el cuerpo pero los gobiernos —y las corporaciones— siguieron marcando límites.

Estas son las cinco claves de lo que dejó esta COP histórica en participación, pero débil en compromisos.

Por Camila Parodi | Foto: Midia Ninja – Cobertura Ninja *

1. La fuerza de la calle y de los territorios que transformó la COP

Belém se convirtió desde el primer día en un territorio en movimiento. La marcha global de 70 mil personas, las intervenciones feministas, campesinas e indígenas, las flotillas amazónicas, el funeral de los combustibles fósiles y la presencia artística, espiritual y política de los pueblos hicieron de esta COP una cumbre más popular que gubernamental.

La participación indígena fue inédita: más de 900 lideresas y líderes acreditados, tres veces más que en conferencias anteriores. Ocupaciones directas en la Zona Azul, interpelaciones a negociadores y acciones dentro del Salón Azul dejaron en claro lo que los textos oficiales no quisieron nombrar: no hay transición justa posible sin pueblos, sin territorios y sin frenar el modelo fósil.

La Aldea Indígena celebró un anuncio histórico: la demarcación de 20 territorios indígenas en Brasil, avanzando en el Paquete de Tierras Indígenas.

La tarde del viernes dejó la imagen más poderosa de toda la cumbre: la Plenaria de los Pueblos —organizaciones socioambientales, feministas, campesinas, juveniles e indígenas— ocupó el Plenario Tocantins, el espacio más simbólico de la negociación. No fue una irrupción: fue una reconfiguración política. Allí se denunciaron violencias territoriales, greenwashing corporativo, retrocesos en financiamiento y la negativa persistente a nombrar a los combustibles fósiles.

Mientras tanto, incluso cuando un incendio obligó a evacuar parte del predio, las negociaciones siguieron a puertas cerradas hasta la madrugada. El fuego frenó eventos, no decisiones. Lo que ardió fue la fachada de la COP, no la diplomacia

2. El “Mutirão Global”: una idea comunitaria atrapada en un texto débil

La Presidencia brasileña intentó ordenar la cumbre bajo la propuesta del “Mutirão Global”, inspirada en el mutirão, una práctica comunitaria tradicional: trabajo colectivo para resolver lo que una persona sola no podría. Construir una casa, cosechar, reparar, limpiar.

Brasil quiso trasladar ese espíritu al plano internacional: cooperación para implementar el Acuerdo de París. Pero el texto oficial —incluyendo el artículo 18, donde se reconocía la posición de más de 80 países— quedó lejos de esa fuerza colectiva. El Mutirão:

• no mencionó los combustibles fósiles,
• no definió una hoja de ruta para abandonarlos,
• evitó referencias firmes al 1,5 °C,
• apostó a mecanismos voluntarios,
• y lanzó una “Misión de Belém” sin efectos vinculantes.

La calle pedía transición justa. El Mutirão ofreció moderación diplomática.

3. La presión internacional por una hoja de ruta fósil: el bloque que se plantó

Mientras el texto anfitrión evitaba nombrar a los fósiles, se consolidó un bloque decidido a exigir claridad. Colombia encabezó una carta firmada por 28 países de América Latina, Europa y Oceanía que reclamó que ningún resultado final fuera aprobado sin un compromiso real para abandonar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón.

Entre los firmantes: Austria, Bélgica, Chile, Costa Rica, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, México, Países Bajos, Panamá, España, Suecia, Reino Unido, Vanuatu, entre otros. El mensaje fue directo: si la COP no habla de combustibles fósiles, no está hablando de cambio climático. Sin embargo, todos los borradores finales evitaron la expresión “abandonar los combustibles fósiles”, confirmando la persistencia del poder petrolero y gasífero.

Aun así, algo cambió: por primera vez, la demanda de la calle sí llegó a las salas de negociación. La transición justa ya no es un reclamo marginal. Es un camino inevitable.

4. Adaptación debilitada, retrocesos en género y territorios bajo amenaza

Uno de los objetivos clave de esta COP era acordar los indicadores globales de adaptación. La región latinoamericana —liderada por Colombia, México, Panamá, Uruguay, Chile y Costa Rica— defendió su importancia. Pero el resultado decepcionó:

• se pasó de 100 indicadores a 59,
• fueron modificados sin debate,
• y quedaron alineados con posiciones africanas y árabes que resistían su adopción.

La plenaria llegó a suspenderse entre objeciones, reclamos y falta de transparencia.

A esto se sumó un retroceso alarmante: el debilitamiento del lenguaje de género. Mary Robinson advirtió que las menciones a mujeres y niñas habían sido recortadas de varios apartados. Delegaciones como Argentina, Paraguay, Irán y la Santa Sede impulsaron ese recorte, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos y feministas.

En simultáneo, la violencia en los territorios volvió a quedar expuesta. El asesinato del líder guaraní-kaiowá Vicente Fernandes, ocurrido durante la COP, mostró que la defensa de los bosques ocurre en contextos atravesados por economías ilícitas, minería ilegal y amenazas armadas, mientras los discursos oficiales celebran “soluciones basadas en la naturaleza”.

5. Un lobby corporativo que fue, otra vez, la delegación más grande

Si bien esta COP tuvo una participación histórica de personas pertenecientes a pueblos indígenas, según datos relevados por Periodistas por el Planeta, la conferencia contó con una presencia arrolladora del sector corporativo:

• 1.600 representantes del gas y el petróleo,
• 531 promotores de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS),
• 302 representantes del agronegocio.

Estos números superaron, nuevamente, a la mayoría de las delegaciones nacionales y marcaron toda la negociación. En total, uno de cada 25 participantes fue lobby empresarial.

Ninguna delegación nacional tuvo un tamaño comparable. El lobby fósil y agroindustrial presionó para evitar menciones a los combustibles fósiles, impulsar mecanismos de mercado y expandir iniciativas de greenwashing como créditos de carbono, monocultivos para etanol y minería de litio bajo el relato de la transición “limpia”.

Este poder corporativo influyó directamente en:

• la eliminación de la referencia a fósiles,
• la defensa de mercados de carbono sin integridad,
• la expansión de monocultivos para etanol y minería para “transición verde”,
• el refuerzo de tecnologías distractivas como CCS.

Mientras tanto, unos 80 países firmaron una declaración por una transición energética justa con foco en derechos humanos. Un avance político, pero insuficiente: nuevamente, no se nombró al petróleo, el gas y el carbón.

Un cierre sin sorpresas, pero con un protagonista inesperado: la fuerza colectiva

La COP30 no ofreció resultados transformadores.No hubo hoja de ruta fósil. La adaptación quedó debilitada. El financiamiento volvió a ser ausente. El lobby corporativo ganó más que la justicia climática.

Pero esta COP dejó algo imposible de ignorar: la irrupción histórica de una fuerza popular, indígena, feminista y comunitaria que ya no retrocede.

Los territorios ocuparon la COP por dentro y por fuera. La Plenaria de los Pueblos tomó el plenario. La Aldea Indígena marcó agenda. Las flotillas amazónicas ampliaron la escala del movimiento. Y 70 mil personas en las calles mostraron que la transición justa no es un acuerdo entre Estados, sino un mandato social.

Nadie esperaba mucho de la COP. Y, sin embargo, Belém dejó una certeza: la justicia climática no vendrá de los documentos oficiales, sino de la presión colectiva que ya se volvió protagonista.

*Este artículo forma parte de la cobertura colaborativa de la COP30 realizada en conjunto con Marcha Noticias, Agencia Tierra Viva, Muy Waso y Kaja Negra.

Source

A la par, el gobierno de Noboa busca una consulta popular para convocar  a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución a su medida. El No a la consulta popular ya está presente en las consignas de las diversas protestas de un Paro Nacional descentralizado, expandido en distintas ciudades y que sigue su cocina a fuego lento.

Por Ana Acosta –  @yakuana (Publicado originalmente en Wambra) | Fotos: Wambra

La convocatoria al paro

Una mujer indígena, con falda, botas de caucho levanta su mano frente a un pelotón de al menos treinta militares armados y protegidos con escudos, cascos y máscaras, en una carretera en Imbabura. Un joven con la bandera de Ecuador baila sobre el techo de una parada de transporte público, en Quito, mientras otros y otras cantan. Una movilización de más de 100 mil personas recorre las calles de Cuenca, como un río: “el quinto río”, lo llamaron, en defensa del agua y en contra de la minería en Kimsacocha, una reserva de agua de la tercera ciudad más grande del país. Indígenas y campesinos con poncho rojo caminan en Latacunga para decir que “si sube el diésel sube todo” y que el trabajo de las manos del campo no van a “subsidiar a los de arriba”. En la Amazonía, mujeres indígenas levantan su palabra y le dicen al gobierno que la selva no está en venta.

Desde el 19 de septiembre de 2025, Ecuador vive varios vórtices de protestas, en distintas ciudades del país y con diversas demandas contra el gobierno de Daniel Noboa. El activador fue el decreto 126, que elimina el subsidio a diésel, firmado el 12 de septiembre, con el que el precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, y podrá subir o bajar dependiendo del costo del barril de petróleo West Texas Intermediate, WTI, que el gobierno adoptó, cuyo valor fluctúa diariamente debido a la oferta y demanda de petróleo o a factores geopolíticos.

La medida de Noboa cumple con los planes requeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, para el desembolso de un nuevo préstamo de 4 mil millones de dólares, el tercero entregado a Ecuador en los últimos seis años. Medida que ya la intentaron cumplir dos gobiernos anteriores.

En 2019, Lenín Moreno y, en 2022, Guillermo Lasso emitieron decretos para eliminar este subsidio. Sin embargo, en las dos ocasiones, un Paro Nacional y un Levantamiento Indígena sostenido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, y otras organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, feministas, disidencias, estudiantes, trabajadores, detuvieron la medida. Noboa vuelve a implementar la misma receta, y, como era de esperarse, las protestas vuelven a surgir. Pero en esta ocasión, hay varias cosas que marcan una diferencia, tanto para el gobierno como para la organización social.

Militarización y criminalización de la protesta en un contexto de autoritarismo

Militares en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, el miércoles 01 de octubre durante manifestación de estudiantes y artistas. foto: Wambra medio comunitario.

Ecuador no es el mismo de 2019 y 2022. Desde enero de 2024, con el llamado “conflicto armado interno” que el gobierno de Daniel Noboa declaró mediante decreto 111, el país se embarcó en un camino sinuoso que combina una política de militarización de la seguridad, un creciente autoritarismo que ha decantado en graves violaciones a derechos humanos y un aumento de la desigualdad.

Como dice el informe de Amnistía Internacional, del 23 de septiembre de 2025,  Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador : “Las autoridades ecuatorianas han apostado por la militarización de la seguridad pública, a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional y que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos”.

En esta política, el gobierno de Noboa sostiene que hay una guerra con “enemigos internos” y como respuesta anunció la implementación del llamado Plan Fenix, pero hasta ahora, los indicadores de inseguridad no dejan de subir. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el primer semestre de 2025, Ecuador registró 4.619 homicidios  intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo  periodo en 2024. “La cifra de homicidios semestral es la más alta  registrada en la historia reciente de Ecuador.” dice el informe.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su informe «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador», registra 33 personas detenidas desaparecidas por patrullas militares durante el 2024 en provincias de la costa, 7 de ellas son menores de edad. Además se conoce de 9 personas detenidas desaparecidas registradas por la Defensoria del Pueblo del Ecuador, que estarían en investigación por parte de la Fiscalía. Es decir, serian 42 personas detenidas desaparecidas por militares.

Siguiendo la misma política de gobierno por decreto, Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias de Ecuador, por 60 días, con medidas que incluyen la suspensión de la libertad de reunión y la participación de militares en el control de la protesta. A esto se sumó, el  trasladó la sede del ejecutivo a Latacunga, y la sede de la vicepresidencia a Imbabura. Dos provincias con mayor población indígena y dos de los puntos de mayor convocatoria de las movilizaciones de 2019 y 2022. Latacunga, además, es la cuna de Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, y uno de los más sólidos liderazgos de izquierda anticapitalista dentro del movimiento indígena y social. Mientras que Otavalo, en Imbabura, es la ciudad natal de la actual vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. La estrategia buscaba neutralizar los puntos políticos del movimiento indígena y mantener a la capital, Quito, alejada de las acciones de hecho; sin embargo, el efecto fue diferente: la protesta se descentralizó y se expandió a otros territorios.

En este contexto, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció un Paro Nacional, el 19 de septiembre, y las protestas se activaron en distintas ciudades, el gobierno de Noboa buscó establecer una relación entre los grupos de delincuencia organizada y narcotráfico, con las organizaciones indígenas, campesinas y defensoras de la naturaleza y los derechos humanos que convocaron a la protesta. Esta narrativa tampoco es nueva.

Guillermo Lasso y su ministro de gobierno, Patricio Carrillo, durante el Paro de 2022, afirmaron que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico, sin poder probarlo. Lasso dejó la presidencia después de la llamada “muerte cruzada” con varias acusaciones de corrupción en su contra. En 2024, Danilo Carrera, su cuñado y  ex directivo del Banco de Guayaquil, fue sentenciado por la Fiscalía a diez años de prisión por el delito de “delincuencia organizada” en el Caso Encuentro. Carrera también fue relacionado con uno de los narcotraficantes de la mafia albanesa, Rubén Cherrez.

Patricio Carrillo, en cambio, en 2023, fue censurado en un jucio político por incumplimiento de funciones durante el Paro Nacional de junio de 2022 por la falta de seguridad en el país, la crisis carcelaria y el femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada por su pareja, Germán Cáceres, un Policía en servicio activo, dentro de una Escuela Policial, en 2022.

El gobierno de Noboa volvió a levantar la misma narrativa para deslegitimar las protestas. El ministro de defensa, Gian Carlo Loffredo, en una entrevista en Radio Centro, vestido con chaqueta de camuflaje militar lo dijo: “Cualquiera que atente contra las fuerzas del orden, sea policías y militares, están atentando contra la seguridad nacional”. Ante la pregunta del periodista “¿ustedes van abatir al enemigo?”, el ministro respondió: “no es abatir o no abatir, sino neutralizar al enemigo y sacarlo de circulación, porque las calles son para la gente de bien y la cárcel para los malos. La forma es entregarles a la justicia por los actos de terrorismo que están causando”

En la misma línea, después de la detención de 13 personas en las protestas de Otavalo, el presidente Noboa publicó un tuit en el que relacionó, sin colocar pruebas que lo demuestren, a los manifestantes con las mafias: “Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua.” Esto porque una de las personas detenidas es de nacionalidad venezolana. La organización “Corredores Migratorios” denunció que William Rojas es migrante de Venezuela, padre de una hija y antes de su detención trabajaba como vendedor de boletos en unos juegos mecánicos. La organización denunció, además, que su hija, Deysimar, de dos años, quedó sola.

William es parte de los 13 detenidos en las protestas de Otavalo a quienes la Fiscalía los acusa de “terrorismo” y busca responsabilizarlos por la quema de vehículos policiales y del Comando y la Policía Judicial de Otavalo. Este delito está tipificado con hasta 30 años de prisión. Los otros detenidos son jóvenes indígenas, comuneros y campesinos. A ellos se suma Gina Cahuasquí,  una joven indígena que fue detenida cuando pedía a los policías que no lanzaran más bombas lacrimógenas. Gina fue liberada pero continúa judicializada, mientras los 12 detenidos fueron trasladados a cárceles en otras provincias, lejos de sus familias, en Portoviejo y Esmeraldas, donde ocurrió una masacre con 17 personas fallecidas, esto a pesar de que las prisiones se encuentran militarizadas desde enero del 2024.

No son los únicos. La Fiscalía ha accionado denuncias penales contra de una diversidad de líderes sociales. Defensores del agua de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, fueron notificados por el delito de “asociación ilícita”. Nohelia Ochoa, dirigente estudiantil de la Universidad de Cuenca, fue denunciada por “paralización de servicios públicos”. Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie, fue acusado por “instigación” en el Paro, esta denuncia se suma a otras por “secuestro” y por “terrorismo”.

Frente a esto, las personas movilizadas impulsaron la campaña para decirle al gobierno: “Somos campesinos, no terroristas; somos estudiantes, no terroristas”

Bloqueo de cuentas bancarias y suspensión de medios comunitarios

El gobierno de Noboa no sólo desplegó la Fuerza Pública como si las protestas de sectores sociales significaran una declaración de guerra, sino que también puso en acción a organismos de control y vigilancia estatal, cuyos fines eran controlar a las mafias.

Desde el 19 de septiembre, líderes sociales denunciaron el bloqueo de cuentas bancarias. El gobierno usó un artículo de la llamada Ley de Fundaciones, aprobada por la Asamblea Nacional para controlar el flujo de dinero ilícito y el lavado de activos. Sin embargo, la ley no se usó para las mafias, ya que el ministro de gobierno, John Reimberg,  aceptó que lo usaron para controlar el “financiamiento de la protesta”. La Fiscalía abrió una investigación a 58 personas por el delito de “enriquecimiento privado no justificado”. Entre las personas que bloquearon sus cuentas está el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas; defensores del agua de Cuenca; la viceprefecta de Imbabura, defensores del bosque de Intag, líderes amazónicos; ex dirigentes y dirigentas de la CONAIE, ECUARUNARIA, CONFENIAE y de Pachakutik, la directora de Fundación Pachamama, entre otros.

A esto se sumó el hostigamiento a medios de comunicación comunitarios y alternativos. El 23 de septiembre, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL, suspendió la señal del canal 47 UHF TVMICC, la televisión comunitaria del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. En la resolución dice que esto se hace “con el fin de precautelar el orden público y la seguridad nacional”. TVMICC es la primera televisión comunitaria de Ecuador y realizó las coberturas de las movilizaciones que indígenas y campesinos de Latacunga realizaron para rechazar la presencia del presidente Noboa en la gobernación de Cotopaxi.

La muerte de Efraín y el uso de armas letales

Un video de cámaras de seguridad muestran a una persona tirada en el piso. Varios manifestantes se acercan a auxiliarla, pero un camión con militares armados llega. Solo un manifestante se queda junto al cuerpo y lo abraza. Militares se acercan, lo patean, lo golpean con sus armas, a él y al cuerpo de su compañero herido, hoy sabemos, de muerte.

Efraín Fueres murió durante las protestas en Pinsanquí, Imbabura, el domingo 28 de septiembre. Tenía 46 años, padre de dos niños, artesano y maestro de construcción, comunero indígena y líder comunitario de Cuicocha, comunidad Inguintzala perteneciente a la organización UNORCAC. Dayuma Amores, abogada de INREDH, participó en el levantamiento del cadáver y cuenta que Efraín muere por el impacto de una bala de arma letal que entró por su espalda, esto, para ella, demuestra que las Fuerzas Armadas no están haciendo el uso progresivo de la Fuerza para controlar las protestas:  “Hemos visto, sobre todo en el caso de Efraín, que las armas de fuego fueron la regla general, disparando sin ninguna contemplación a los manifestantes y puede ser eso, ya lo determinarán las investigaciones, pero podemos presumir que por eso el disparo de Efraín entra por su espalda, porque los manifestantes están corriendo desprotegidos, desarmados y que reciban un disparo por la espalda muestra que el uso de la Fuerza no fue progresivo, fue letal y fue con la intención de causar un daño letal”.

.

Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

Marcha en Quito durante las jornadas del Paro Nacional. Foto: Wambra medio comunitario

La Alianza de Derechos Humanos, en su monitoreo de vulneraciones del Paro 2025, con corte del 28 de septiembre, documenta 109 reportes de vulneraciones a derechos humano. La organización registra 63 personas detenidas y al menos 48 personas heridas, 6 personas detenidas desaparecidas y 1 persona fallecida “todos estos hechos se han dado en el marco de las acciones de intervención de miembros de la fuerza pública.” Hasta el momento no existen cifras oficiales actualizadas, incumpliendo con ello la obligación estatal de proporcionar información oficial oportuna y transparente. La última cifra que entregó el Ministerio del Interior de fecha 26 de septiembre fue de aproximadamente 100 personas detenidas.” dice el informe.

Una Consulta Popular y el deseo de una Asamblea Constituyente a la medida

Como si de una máquina acelerada se tratara, días después del decreto de eliminación del diésel, Noboa emitió el decreto 148, para una Consulta Popular que apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al igual que lo hizo con el Derecho Internacional, cuando invadió la embajada mexicana, Noboa buscaba pasar por encima del control de la Corte Constitucional y que el Consejo Nacional Electoral, CNE, incluyera la pregunta sobre la constituyente dentro de la Consulta Popular ya aprobada.

Según la Constitución ecuatoriana toda propuesta de consulta popular debe pasar por la revisión de la Corte, quien debe analizar la constitucionalidad de las preguntas y emitir un dictamen favorable o no. En la noche del viernes 19 de septiembre, Noboa emitió el decreto y el CNE convocó para las ocho de la mañana para sesionar sobre el inicio del proceso electoral. Pero la Corte sesionó en la noche para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del decreto. Esa noche, policías rodearon la Corte y obligaron a las y los jueces a salir por una supuesta amenaza de bomba. Esto fue visto como una forma de presión y hostigamiento a la Corte para que no emita una resolución.

El domingo 21 de septiembre, el CNE, sesionó y dio inicio al proceso electoral con las preguntas ya aprobadas por la Corte sobre si se permite la instalación de bases militares extranjeras, algo que hoy prohíbe la Constitución; y una pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, algo que busca desfinanciar a los partidos y movimientos opositores. Mientras que sobre la pregunta referente a la Constituyente, el CNE solicitó a la Corte que se pronuncie.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y sociedad civil expresaron su preocupación frente “al clima de hostigamiento y presión” contra la Corte y advirtieron que esto se suma “a un contexto de presiones externas que incluyen interrupciones en el normal funcionamiento de la Corte, campañas de estigmatización pública contra sus integrantes y la reducción de medidas de seguridad previamente otorgadas”.

Ya para el 24 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y dio paso a la Consulta Popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si quiere o no una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. El CNE anunció que la consulta será el 16 de noviembre y tendrá un costo de 59,7 millones.

El No a la constituyente ya está presente dentro de las consignas y carteles en las diversas protestas en todo el país en un Paro Nacional que se sostiene a fuego lento. La CONAIE  presentó diez demandas donde ya hizo un llamado para votar no en la consulta como una forma de rechazar al gobierno de Noboa y sus medidas de ajuste.

Es así que el Paro de 2025 tal vez no logre que el gobierno dé marcha atrás en el decreto de aumento del diésel; sin embargo, el crecimiento del descontento,  la negativa al diálogo y los ataques a múltiples organizaciones están configurando una articulación anti Noboa que pueden tener un efecto en los resultados de la consulta popular y detener el anhelo de una Constitución a la medida del autoritario de Carondelet.

Source

A pocos días de las elecciones generales del 17 de agosto en Bolivia, el panorama político y social está atravesado por la fragmentación del movimiento popular, el desgaste del oficialismo y la falta de representación en las opciones que llegan a la contienda electoral. En este contexto, conversamos con Mijail Miranda, periodista y Director Editorial y Estratégico del medio boliviano Muy Waso, quien analiza con claridad las tensiones internas del MAS, los efectos de la estrategia del voto nulo y el rol de la figura de Evo Morales en la izquierda boliviana.

“Creo que es importante mencionar que ninguno de los candidatos, ninguna de las ofertas que está dentro de la carrera electoral de manera oficial supera el 20% de votación. Y ese es uno de los síntomas más claros de lo que está sucediendo en la política boliviana: una representatividad y una legitimidad bastante bajas”, advierte Miranda.

Desde Muy Waso, sostienen que la debilidad del bloque popular no puede explicarse únicamente por el avance de la derecha, sino por la implosión interna del Movimiento al Socialismo. “La posible irrupción de la derecha en el gobierno boliviano tiene que ver más con la destrucción interna del MAS propiciada por sus mismos liderazgos, antes que por méritos propios de la derecha”, afirma.

“La figura de Evo Morales es una sombra más que un aporte”

Miranda sostiene que el movimiento indígena, campesino y popular en Bolivia ha sido históricamente diverso y complejo, pero que la concentración del liderazgo en torno a Evo Morales ha reducido esa pluralidad.

“Creemos que es importante desmitificar la idea de que el bloque popular, campesino, indígena y trabajador es uno solo. Y también desmitificar la figura de Evo como el único liderazgo posible. Esta mirada oculta una realidad que está presente hace al menos una década: el cuestionamiento interno al liderazgo de Evo Morales y a ciertos cuadros del MAS que desplazaron a las bases para tomar decisiones sin consulta”.

Desde su lectura, estos conflictos internos han deteriorado las organizaciones populares. “El quiebre en el MAS también representó una fractura en los movimientos de base. Y no fue producto de luchas justas, sino de una disputa de poder al interior del partido, que aún está en el gobierno. Reconstruir esos vínculos rotos va a llevar décadas”.

En ese sentido, advierte que Evo Morales hoy genera más obstáculos que articulaciones: “A estas alturas representa más una sombra y un estigma antes que un verdadero aporte aglutinador de las luchas populares. En muchas regiones ya se cuestiona por qué no puede aportar desde otro lugar, que no sea necesariamente la presidencia”.

“El voto nulo tiene riesgos concretos”

Respecto al creciente apoyo al voto nulo, Miranda propone una lectura crítica y diferenciada. Por un lado, reconoce que expresa descontento e incertidumbre ante una oferta electoral limitada. Pero, al mismo tiempo, subraya que no se puede perder de vista su impacto práctico en la configuración del poder legislativo.

“Desde sectores afines a Evo, el voto nulo se promueve simplemente porque él no está en la papeleta. Es una postura utilitaria, que no reconoce la diversidad de motivaciones que hay detrás del voto nulo. Pero más allá de eso, hay un problema concreto: el voto nulo va a favorecer a que la derecha tenga más de dos tercios en la Asamblea Legislativa. Eso significa que van a tener una aplanadora para hacer con el país lo que deseen: ajustes económicos, agendas extractivistas y recortes que van a afectar a los sectores más vulnerables”.

Además, anticipa que Morales utilizará ese porcentaje para reposicionar su liderazgo en la escena política. “Desde el evismo, un alto porcentaje de voto nulo será un recurso de campaña post electoral. Como ya ha hecho antes, Evo intentará instalar un nuevo ciclo de movilizaciones, no necesariamente en función de demandas populares, sino para seguir forzando su liderazgo como figura única dentro de la izquierda”.

“Se viene una reconfiguración dolorosa, pero necesaria”

Para Miranda, lo que está en disputa no es solo una elección presidencial, sino el futuro del campo popular en Bolivia. “Seguramente a partir de esta coyuntura se podrán generar alternativas y liderazgos nuevos. La cuestión será salir a marchar no por Evo, sino por las ollas, por el alimento de las familias, por los territorios y contra el saqueo del Estado que ya comenzó”.

“Sabemos que la derecha está esperando la oportunidad para volver, pero no se puede seguir culpando únicamente a los sectores conservadores. El problema central es que el MAS y sus liderazgos destruyeron por dentro el proyecto político que representaban. Ahora, lo urgente será pensar cómo se organiza la resistencia sin tutelaje, sin verticalismos, y con una apuesta real por las demandas populares”.

Source